Mediante el Decreto 1083/24, publicado el martes pasado en Boletín Oficial, quedó sin efecto la ley 26.160. Esta norma, vigente desde hace 18 años, declaraba la emergencia territorial, ordenaba el relevamiento de comunidades indígenas y prohibía los desalojos hasta que completarse el relevamiento de las tierras ancestrales.

El decreto dio por “finalizada la emergencia en materia de posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades indígenas originarias del país”. Entre los argumentos utilizados por el Ejecutivo para derogar la norma, aparence las sucesivas prórrogas a la situación de emergencia que terminaron generando “inseguridad jurídica y una grave afectación al derecho de propiedad de los legítimos dueños, o los derechos de sus arrendatarios”, “un uso abusivo, subjetivo y discrecional del reconocimiento previsto por la ley en cuestión, por parte de las comunidades indígenas”.

El decreto refiere a empresas y particulares como “legítimos propietarios”. Federico Sturzenegger, Ministro de Desregulación y Transformación del Estado, celebró la medida, aludiendo a una supuesta lesión al “derecho a la propiedad” (privada). Sin embargo, para organizaciones, activistas y expertos, esta decisión representa un triunfo del modelo extractivista a través de la confiscación a los pueblos originarios. Se espera que al menos 250 causas judiciales puedan reactivarse, lo cual afectaría la permanencia y subsistencia de comunidades, a lo largo y ancho del país. 

“Desde 1492, los pueblos originarios, sujetos preexistentes a los Estados, venimos sufriendo un atropello sistemático de genocidio y etnocidio por parte de la empresa colonizadora e imperialista. Hoy, el Gobierno retoma ese camino de persecución, odio y racismo”, aseguran desde el Encuentro Nacional de Organizaciones Territoriales de Pueblos Originarios (ENOTPO).

“Derogar derechos por decreto es propio de un gobierno autoritario. Negar la registración comunitaria y la delimitación territorial es violentar los derechos adquiridos, contradiciendo la Constitución Nacional y los derechos internacionales”, agregan.

La Constitución reconoce en su artículo 75 “la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas”. Asimismo, establece la obligación de garantizar “la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan” y “regular la entrega de otras aptas y suficientes para el desarrollo humano”. 

El Convenio 169 de la OIT, incorporado mediante la ley 24.071, es considerado el marco más completo para el reconocimiento de los derechos indígenas. Argentina, además, ha adherido a múltiples declaraciones de la ONU y la Organización de Estados Americanos en esta materia.

ENOTPO denuncia que el país busca “congraciarse con las élites del poder concentrado mundial, poniendo al país en un estado de inseguridad jurídica muy peligrosa”. Y que el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas se ha convertido en “una oficina libertaria que convalida los atropellos, saqueos y usurpaciones”. 

Uno de los conflictos más resonantes fue el que la comunidad mapuche Paicil Antriao de Bariloche mantuvo con el ex basquetbolista Emanuel Ginóbil por 12 hectáreas de las 625 que el Estado nacional le reconoció a esa comunidad a principios del siglo XX. Ginóbili había denuniciado por usurpación a la comunidad, pero la justicia acabó dándole la razón a los mapuches cuyas tierras habían sido relevadas en el marco de la ley 26.160.

Impacto en los derechos indígenas

María José Venancio, abogada del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), explica que la ley 26.160, de 2006, venía siendo “vaciada en su contenido y vulnerada en sus principios de protección de los territorios indígenas”. Muchos relevamientos territoriales habían sido suspendidos y se emitieron decenas de órdenes de desalojo, incluso contra comunidades con relevamientos concluidos y aprobados.

El CELS va a informar de la reciente derogación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la Relatoría de pueblos indígenas y al Alto Comisionado de derechos humanos de Naciones Unidas.

La letrada destaca que la mayoría de las disputas actuales se concentran en la Patagonia –con fuerte presencia mapuche– y en el norte. Ambas regiones fueron las primeras en adherir al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), que favorece las industrias extractivas.

En estas provincias se vulnera el derecho a la consulta y al consentimiento de los pueblos indígenas. Se han promovido protocolos y modificaciones legislativas, como en Jujuy, para simular procesos de consulta, sin respetar los órganos de representación histórica. Esto ocurre especialmente en territorios vinculados a la minería, hidrocarburos, litio y negocios inmobiliarios“, señaló la letrada. Además, afirma: ”Los derechos humanos se convierten en un obstáculo para el desarrollo de estos modelos productivos, sustentados en discursos racistas y discriminatorios“.

Sin ir más lejos, en 2023, el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo afirmó que “no hay ni hubo mapuches en Mendoza”. En enero de este año, el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, apuntó, sin pruebas, contra el pueblo mapuche por un incendio en el Parque Nacional “Los Alerces”, cuestionando su identidad. Al enfrentamiento contra el pueblo mapuche se suma la Ministra de Seguridad Patricia Bullrich, responsable de frases como “basta de terroristas disfrazados de mapuches en Argentina”.

Una ¿segunda “campaña al desierto”?

Gabriel Jofre, profesor de historia y autoridad de la organización Identidad Territorial Malalweche (perteneciente al pueblo mapuche en la provincia de Mendoza), enfatiza que no se debe hablar de “retroceso” como un hecho consumado. En cambio, sugiere que se vive un momento de enfrentamiento de modelos, con lugar para la resistencia.

Jofre señala que la sanción de la ahora derogada ley 26.160 había representado un punto cúlmine en el derecho indígena en Argentina. “El proceso de relevamiento visibilizó disputas en áreas donde las comunidades luchaban por permanecer en sus territorios ancestrales o recuperar aquellos de donde habían sido desplazadas. También mostró los intereses económicos en zonas ricas en bienes naturales”.

“El actual gobierno nacional ha profundizado esta tensión, avanzando en políticas que priorizan los intereses corporativos”, alega Jofre. En este contexto, enmarca la cada vez mayor convergencia de las demandas indígenas y ambientalistas. 

Para Jofre, el modelo impulsado por el gobierno nacional de desarrollo perpetúa las lógicas de “neocolonialismo”; una nueva “campaña al desierto”. “Históricamente, los pueblos indígenas han sido acusados de fragmentar los Estados nacionales o promover el separatismo. Sin embargo, no buscan dividir, sino replantear la relación entre las comunidades y los territorios, considerando una cosmovisión donde el vínculo espiritual y cultural con la tierra trasciende las divisiones geopolíticas modernas”, concluye.

La posición de La Libertad Avanza quedó evidenciada en noviembre, cuando Argentina votó en contra de una resolución de la ONU para fortalecer el marco normativo internacional de protección a los derechos humanos de los pueblos indígenas. “Hay una campaña de estigmatización y persecución del gobierno, y tiene que ver con los recursos naturales. Solo en Mendoza, hay 34 proyectos mineros que no han sido consultados”, indica Sandra Silva. Ella es werkén del Lof mapuche Pewel Katuwe, de San Rafael Mendoza, y referente de la Organización Nacional Mujeres Originarias en Lucha por el Territorio (MOEL).

De acuerdo con MOEL, los derechos conquistados peligran, de la mano del “cambio climático, la situación económica, el avasallamiento a los pueblos”. La cuestión de género se mezcla con la ambiental e indígena. “Creemos en la dualidad, pero nuestra cultura es matriarcal”. Insiste en que la presencia de las mujeres originarias es fundamental para defender el territorio. 

Derechos de la naturaleza y comunidades originarias

Diversos tratados vinculados a la protección del medioambiente también resguardan los derechos de los pueblos originarios. Ana Di Pangracio, directora ejecutiva adjunta de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), detalla que el rol de los pueblos originarios como custodios de la biodiversidad fue reconocido hace más de dos décadas, en el texto del Convenio sobre la Diversidad Biológica de 1992, ratificado en el país mediante la ley 24.375. 

Este año, durante la Conferencia sobre Biodiversidad (COP16) en Cali, se creó un órgano subsidiario para proteger los conocimiento tradicionales de los pueblos indígenas y las comunidades locales asociados a la biodiversidad. Sin embargo, hay una gran brecha entre el texto y la implementación.

Pía Marchegiani, también directora ejecutiva adjunta de FARN, destacó que el Acuerdo de Escazú exige proteger a quienes defienden el ecosistema. “El gobierno está ignorando estas obligaciones”, advirtió. La especialista enfatizó que el modelo extractivista actual promueve una explotación de recursos sin criterios responsables ni evaluaciones de impacto ambiental, lo que pone en riesgo tanto el medio ambiente como el diálogo democrático e intercultural que el país debería consolidar.

JB/MG

Este artículo contó con el apoyo de la Fellowship impulsada por Earth Journalism Network en el marco de la COP16.

El pasado 4 de septiembre, Enrique Acosta, Consejero de Pueblos Indígenas y miembro de la comunidad Sentimiento de mi Tierra, del pueblo originario sanavirón, esperaba ansioso en la puerta de una escribanía de Añatuya, en Santiago del Estero. Ese mismo día, a 900 kilómetros de ahí, Javier Milei ordenaba reprimir con palos y gases lacrimógenos a los jubilados que se manifestaban frente al Congreso de la Nación contra el veto a la Ley de aumento jubilatorio. Pero esa no era la preocupación principal de Acosta, sino que nada modificara lo acordado días antes con Norberto “Beto” Milei, padre del Presidente: la firma de un acuerdo transaccional que pondría fin a un conflicto territorial de 30 años con su comunidad.

Al entrar a la oficina junto a compañeros del Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE) y otros referentes indígenas, Acosta vio que “Beto” Milei ya estaba allí. Milei anunció: “Yo les dí mi palabra hace 60 días de que iba a firmar y aquí estoy”. Al volver a su comunidad de Pampa Atun, en el Departamento de Mitre, el dirigente indígena descargó las lágrimas que había contenido durante la jornada, se abrazó con su familia y organizó una reunión con la comunidad para festejar: “Por fin, después de treinta años, ahora estamos pisando nuestra tierra”.

Si bien el paraje de Pampa Atun es habitado por las familias de la comunidad sanavirona Sentimiento de mi Tierra desde antes de la conformación del Estado Argentino, fue adquirido en 1995 por la empresa agropecuaria La Ponderosa SA, cuyo principal dueño es Norberto Milei. Durante 30 años mantuvieron un conflicto legal que se tradujo en sucesivas denuncias, notificaciones judiciales y una sentencia de desalojo. Mediante el acuerdo firmado la empresa finalmente reconoció a la comunidad aproximadamente el 50% de las 5.800 hectáreas que poseía en la zona.

La situación territorial de las comunidades indígenas y campesinas de Santiago del Estero históricamente se ha caracterizado por la inseguridad jurídica: si bien son poseedores de las tierras ancestrales que ocupan, en la mayoría de los casos no han podido acceder a los títulos o escrituras. 

En 1996 se sanciona en La Ley Catastral de la Provincia (N° 6.339) que regulariza el registro, ordenamiento y control de los títulos de propiedad o de la posesión ejercida. Pero la empresa La Ponderosa SA adquirió las tierras un año antes en el marco de una situación de anomalía registral, especificaron referentes del MOCASE a elDiarioAR. Durante aquella época, muchos títulos se generaban por adjudicaciones a personas que no ejercían posesión en las tierras, que eran objeto de la adjudicación a través de un sinnúmero de escrituras circulando por el registro de la propiedad, escribanías, cafetines, o remates en entidades financieras y bancos. 

Un documento aportado por la organización detalla que en estos remates había quienes invertían dinero y compraban campos a sabiendas de que existen personas viviendo en el lugar. “Al llegar se encontraban con la realidad de que esas personas eran familias de varias generaciones de vida y posesión continuada en esas tierras”, detalla.

Así fue que La Pondersa SA adquirió las tierras de Pampa Atun y otros campos de la zona sur de la provincia, más cercanas a la ciudad de Pinto (cabecera del Departamento Aguirre), a pocos kilómetros de la localidad conocida como Casares.

La Ponderosa SA se dedica a la producción de maíz, algodón, trigo y a la ganadería vacuna. En las tierras de Pampa Atun nunca entró en actividad, lo va a hacer próximamente una vez que se hagan las limitaciones acordadas. La zona, sin embargo, no es muy adecuada para la agricultura: se conecta con los pueblos más cercanos de Villa Unión y Pinto por caminos de tierra rodeados de sectores poco aptos para el cultivo, donde las precipitaciones forman acumulaciones de agua conocidas como bañados. Por eso, cuando la comunidad tuvo que elegir un nombre para registrarse ante el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), fue fácil decidirse: Pampa, porque en su lengua significa limpio, y Atun, por grande. En ese territorio grande y limpio habitan hoy 17 familias que viven de la producción: crían ganado, aves de corral y hacen apicultura.

Acosta todavía era chico cuando comenzó el conflicto con la empresa. Un día de 1995, su abuelo y su papá amanecieron raros, distintos. Al ir a los corrales, vieron que estaban intentando entrar con topadoras a las tierras de la comunidad. Todas las familias se organizaron rápidamente para impedirlo.

En esos días, llegó a la comunidad una carta del dueño de la empresa, aún desconocido, con una propuesta: donarles veinte hectáreas a la comunidad y venderles treinta. “Imagínese, las familias querían enloquecer, sólo veinte hectáreas, teniendo vacas, cabras, ovejas y todo. No”, dice Acosta. Se organizaron entonces en el MOCASE a principios de 1996, lo cual no impidió nuevos intentos de desalojo en Pampa Atun, pero le garantizó a la comunidad una estructura política mayor para resistir y negociar.

En el año 2007 llegó la última orden de desalojo. Montaron en la comunidad una carpa de nylon negro y allí resistieron durante 45 días hasta que llegó un grupo de 60 policías a desalojarlos. Sin embargo, gracias a la intervención del MOCASE, quienes se hicieron presentes en el lugar, lograron impedir el desalojo.

“Investigando nos enteramos que la empresa es del padre de Milei. Y nosotros como comunidad indígena, viendo la situación del país después de que asumió este año, y sabiendo que tenemos órdenes de desalojo, que hemos peleado ya casi 30 años, tuvimos una reunión con la ministra de seguridad y el gobernador para ver qué es lo que quería de la comunidad”, explica Acosta.

El gobierno provincial confirmó a elDiarioAR que el acuerdo se logró a través de la intervención de la mesa de diálogo que suele convocar a solucionar los conflictos de tierras. Las negociaciones llevaron casi tres meses de trabajo, cuenta Adolfo Farías, de ir con el equipo técnico al territorio a hacer los mapas y tomar los puntos GPS para establecer las mediciones. Desde el principio, dice el dirigente, “fuimos muy claritos de que lo que queríamos era el territorio relevado en el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas hace años”.

Tal relevamiento se llevó a cabo en el marco de la Ley Nacional 26.160 de Emergencia Territorial Indígena sancionada a fines del año 2006, que el actual gobierno de Javier Milei pretende derogar. La normativa prohíbe los desalojos y avanza en la regulación y registro de las tierras indígenas ancestrales. Si bien no garantiza la entrega de títulos a las comunidades, establece la realización del relevamiento técnico-jurídico-catastral de la situación dominial de las tierras, importante paso para su posible consecución.

En el año 2009, la Comunidad Sentimiento de mi Tierra adquirió su personería jurídica y en el año 2012 culminó el proceso de relevamiento de sus territorios ancestrales por el INAI.

El trámite en Añatuya terminó rápido, pero para los representantes del MOCASE, fue un hecho histórico: significa que la comunidad no tendrá que vivir con miedo de volver a enfrentar un desalojo. Mientras tanto, el gobierno de Javier Milei sigue tomando medidas contrarias a los derechos indígenas, como el desfinanciamiento del INAI tras sus anuncios de disolución, la derogación de la Ley de Tierras y la reciente creación de un Comando Unificado de fuerzas para reprimir conflictos ambientales. Por eso, para Acosta y la comunidad de Pampa Atun, la consigna de lucha no ha cambiado: “Aunque ya no nos volteen las casas, seguiremos resistiendo”.

LB/DTC

La comunidad de Tres Ombúes se encuentra ubicada en la Ruta Provincial Nº4 (más conocida como Camino de Cintura), entre la Autopista Richieri, el Río La Matanza y la Avenida Monseñor Bufano. Un cartel con la leyenda “Territorio Ancestral Indígena Tres Ombúes” indica el ingreso. Los miembros del espacio sostienen que allí se encuentra un cementerio indígena ancestral. El sitio ya fue declarado Yacimiento Arqueológico después de un estudio a cargo de un grupo de arqueólogos que encontró vestigios de utensilios y herramientas que pertenecieron a la Comunidad Querandí.

Este hallazgo abrió, también, una puerta de investigación sobre la posibilidad de encontrar allí restos humanos. Es que, en ese lugar, según Delia Claros -referente territorial de Tres Ombúes- “se inició el genocidio indígena más grande de Argentina”. Según su testimonio, allí se inició en 1536 la Batalla de Corpus Christi y luego, con la fundación de la Provincia de Buenos Aires (1586), se profundizaron “estos crímenes de lesa humanidad”. “El Río de la Matanza lleva ese nombre porque allí se derramó un lago de sangre”, le dice a elDiarioAR y renueva su pedido para que sea declarado como Cementerio Indígena Ancestral.

La comunidad multiétnica Tres Ombúes está compuesta por aymaras, quechuas, guaraníes y qoms, entre otras etnias, que se conformaron a partir de similitudes culturales, lingüísticas, históricas y raciales y conviven en el mismo territorio territorio. El 25 de septiembre de 2023, en un hecho histórico para los pueblos originarios, se les otorgó la personería jurídica a través del Consejo Provincial de Asuntos Indígenas (CPAI) que depende de la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. “Nosotros, como indígenas, no necesitamos un papel que diga quiénes somos. Pero, para realizar algunos trámites, estos documentos nos sirven muchísimo: por ejemplo, solicitar delimitaciones, gestionar subsidios y realizar proyectos”, agrega Delia.

EL ORIGEN DEL CONFLICTO: LA DISPUTA POR LA TITULARIDAD DE PUENTE 13

 La crisis habitacional en la Provincia de Buenos Aires es una demanda que lleva años. Entre la dificultad de poder tener un acceso a una vivienda digna y el aumento de los alquileres, algunas familias deciden construir sus casas en un territorio del que muchos saben que no tienen título de propiedad y en algunos casos desconocen que son propiedad del Estado, lo que los lleva a caer en estafas inmobiliarias que juegan con la necesidad de las familias con pocos recursos económicos.

En 1945, el presidente Juan Domingo Perón expropió la zona de Ezeiza, partido de La Matanza, para la construcción de la Autopista Richieri, y en el proceso de la realización de estas obras quedó libre el predio Puente 13. Según un informe realizado por el periodista Bruno Yacono para el canal TN, la Agencia de Administración del Estado (AABE) adquirió el espacio en 1976 y luego lo entregaron al Sr. Carballo para la crianza de caballos. Cuando falleció, su hija, María Isabel Carballo, tomó posesión del territorio y dijo que era propietaria del lugar por el concepto legal de usucapión, que es un modo de adquirir una propiedad cuando transcurre un tiempo fijado por ley. A la fecha la justicia falló en contra de ella y el Estado aún reclama el terreno.

En paralelo a este conflicto judicial, desde 2013, se conformó el Barrio Puente 13 con un grupo de 10 familias que, según el testimonio de uno de los vecinos que fue parte de la fundación del barrio, compraron los terrenos de buena fe pese a no tener el aval de la municipalidad.

Desde Tres Ombúes reconocen la formación del barrio y cuentan que en acuerdo con ellos delimitaron algunas zonas para que no se siguiera avanzando con las obras de construcción que generan destrozos en el territorio, en el que se destruyen arboles nativos, se pierden animales autóctonos y sobre todo la deforestación de los arbustos termina con un espacio verde que genera aire fresco para los vecinos residentes de la zona y alrededores. Sin que a la fecha tengan algún aporte del Estado, ellos se organizan en grupos para recorrer las delimitaciones que colocaron; ponen carteles señalizadores, hacen zanjas para que los camiones de materiales de construcción no puedan ingresar, pero en pocos días esto se destruirá por parte de algunos vecinos del barrio Puente 13 y de nuevo deberán hacer las delimitaciones.

En 2016, por orden del gobierno municipal de turno de ese entonces, se realizó el desalojo del lugar en el cual algunas viviendas fueron destruidas con topadoras, y durante el operativo policial quedaron detenidos algunos vecinos por resistencia a la autoridad. “Nos gritaban ´bolivianos de mierda, váyanse a su país´”, contó uno de los vecinos damnificados que sufrió la represión. Con ayuda de organismos de Derechos Humanos y organizaciones sociales, los detenidos recuperaron la libertad. Ellos, además, les brindaron herramientas legales a los vecinos para que conformaran una organización para luchar por sus derechos. Surgió así la Asociación Civil Barrio Puente 13 con personería jurídica desde 2022.

En ese mismo año, 2016, el ReNaBaP (Registro Nacional de Barrios Populares) reconoció la conformación del Barrio Puente 13 donde se censó un total de 440 familias. “Con este reconocimiento, el Estado nos reconoció dentro del mapa nacional y dice que acá se debe realizar un proceso de urbanización”, contó otro vecino que se capacitó para acompañar y relevar el proceso de instalación de servicios básicos que instaló el gobierno municipal. “Nosotros pagamos la luz e impuestos”, dijo un vecino e informó que este servicio es escaso en otros sectores del barrio.

En la actualidad el barrio está compuesto por cuatro zonas: A, B, C y D, y a la fecha no hay un censo actualizado que determine cuántas familias habitan porque año tras año las viviendas crecen.

PERMANENCIA PACÍFICA

El vínculo entre los integrantes de Tres Ombúes y los vecinos del barrio Puente 13 por momentos es pacífico, pero por otros hostil. Desde la comunidad afirman que buscan la protección del sitio ancestral indígena, pero hay un grupo que continúa avanzando en el territorio indígena, lotea terrenos y los venden generando situaciones de conflicto a pesar de que sobre el lugar haya una medida cautelar de “No Innovar”, que quiere decir que no se debe construir ninguna vivienda en el sitio hasta que se resuelva el conflicto judicial.

Ante el avance de la construcción del nuevo barrio, que año a año crece y como consecuencia se profundiza la destrucción de la flora y la fauna autóctona del territorio, integrantes de la comunidad multiétnica Tres Ombúes iniciaron desde el 2 de noviembre de 2021 una permanencia pacífica.

El viernes 22 de noviembre del año pasado, por la noche, un grupo de personas ingresó a la zona con una pala mecánica y destruyeron más de 10 metros cuadrados del territorio “Esto es un etnocidio ¿Acaso nuestra Pachamama no tiene derechos? ¿Se tiene que poner una cruz para que respeten el lugar?”, dijo, indignada, Delia. Paula Alvarado, abogada e integrante de la comunidad, comentó que se realizó la denuncia ante la Justicia Federal en lo Criminal y Correccional de Morón para que ordenara la protección del lugar una vez más.

¿Cuál sería el rol del Estado con el gobierno actual?

Con el gobierno anterior, los vecinos del Barrio Puente 13 exigían tener el título de propiedad de sus viviendas, pese a que sobre sus hogares estuviera el conflicto judicial entre el Estado y Carballo, y solicitaban el proceso de urbanización. Otro vecino dijo que “sobre el lugar sigue vigente la orden de desalojo, pero al ser el barrio reconocido dentro del ReNaBaP el Estado no puede hacer nada”. En este contexto de cambio de gobierno desde la asunción de Javier Milei, algunas cosas se van modificando. La Ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, propuso ante los medios una medida de expulsión de extranjeros que tomen terrenos del Estado. Esta situación pone en alerta a los vecinos del barrio popular porque ninguno tiene título de propiedad; muchos son migrantes de países limítrofes y podría reactivarse el orden de desalojo del territorio estatal.

Preocupa a los integrantes de la comunidad multiétnica de Tres Ombúes el DNU presentado por el gobierno nacional, que deroga la Ley de Tierras promulgada en diciembre del 2011 (Ley 26.373), la cual limitaba la compra de terrenos naturales por parte de extranjeros en defensa de la soberanía nacional. Advierten que esto abre a políticas extractivistas y de contaminación en el país.

“Esto va a afectar a los hermanos de las comunidades que no tienen en trámite legal sus territorios ni un relevamiento territorial”, y alertó que “si lo pensamos en frío nosotros no tenemos que demostrar con papeles que nuestros territorios son indígenas ni demostrar nuestra identidad originaria, pero desde el Estado nos ponen en estas situaciones”.

La comunidad multiétnica Tres Ombúes ya posee su personería jurídica, cuenta con el apoyo del CPAI, leyes nacionales, provinciales y municipales previas a este DNU y eso “significa un gran respaldo porque se confirma que es un territorio indígena, de memoria ancestral y que debe ser respetado”, afirmó Claros, y que como comunidad articularán con las nuevas autoridades para que las leyes de protección, reconocimiento y las medidas de no construir viviendas en el territorio se cumplan.

WMC/MF

La vicepresidenta de la Nación Victoria Villarruel, su Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, y el gobernador de Chubut, Ignacio Torres (PRO), reinstalaron en apenas tres semanas el relato que señala al pueblo mapuche como enemigo del Estado. Sucesivas declaraciones y gestos de estos funcionarios lograron poner el foco sobre un tema que en los últimos años había salido de la agenda pública nacional.

El denominado “conflicto mapuche” tuvo su cenit en 2017, cuando las sucesivas cargas represivas de las fuerzas dependientes del Ministerio de Seguridad conducido por Patricia Bullrich provocaron la desaparición y muerte de Santiago Maldonado y el asesinato de Rafael Nahuel.

Desde entonces, el cambio del signo político nacional y algunos fallos judiciales permitieron bajar los niveles de tensión, de un proceso que incluye reclamos espirituales, territoriales y culturales, y que el poder político de las provincias patagónicas y de la Nación no han logrado abordar integral y políticamente.

El caso más grave de acusación sobre los mapuche llegó desde Chubut, cuando esta semana el gobernador Ignacio Torres señaló a integrantes de ese pueblo de haber sido los responsables del inicio intencional del fuego que afecta al Parque Nacional Los Alerces y ya consumió mil hectáreas.

Torres –hombre del PRO ligado a Patricia Bullrich– se reunió este lunes con el juez federal Guido Otranto para pedirle celeridad en la investigación sobre la supuesta intencionalidad en el inicio del fuego. Fuentes del Gobierno provincial aseguraron que en la conversación no incluyó una acusación a ningún integrante del pueblo mapuche. Sin embargo, en declaraciones radiales el gobernador apuntó específicamente contra la RAM (Resistencia Ancestral Mapuche), de cuyos integrantes dijo “son delincuentes que tienen un negocio inmobiliario. ”El problema no son los pueblos originarios sino estos delincuentes que bajo falsas banderas toman tierras. Lo hacen en Neuquén, lo hacen en Río Negro, lo hacen en Chubut y creo que es momento de ponerle un parate definitivo“. Sin dar precisiones sobre la información con la que contaría para realizar esa acusación, Torres aseguró que ”lo hacen para tomar tierras“.

En realidad la Resistencia Ancestral Mapuche hace ya más de tres años que no se adjudica ninguna acción, y en su actividad nunca provocó un incendio forestal. En lo que denomina “acciones de autodefensa”, la RAM dijo haber sido responsable hasta 2021 del incendio de maquinaria de empresas extractivistas y forestales. El líder de la RAM, el lonko (jefe) Facundo Jones Huala, se encuentra detenido en Chile desde 2018.

Los dichos de Torres provocaron indignación entre referentes del pueblo originario. Mauro Millán, lonko de la comunidad Pillán Mawiza –en el noroeste de la provincia de Chubut–, dijo a elDiarioAR que “lo que está pasando en el país y las provincias cada vez se asemeja más a una dictadura. El incendio ha desatado una andanada de difamación, criminalizando al pueblo mapuche sin pruebas, simplemente con el objeto de desviar la atención sobre un hecho claro: el poder político está otorgando un beneficio extraordinario a multinacionales, como parte del negocio inmobiliario”.

Millán calificó a Torres como “un nuevo personaje que es la fusión del corrupto de (el ex Gobernador, Mario) Das Neves que empobreció la provincia, la Sociedad Rural y el discurso racista, violento y supremacista de Patricia Bullrich”. Para el referente mapuche, el Gobernador “no tiene idea de lo que significa el pueblo mapuche, su vínculo con el territorio que cuidamos permanentemente, su historia en estos territorios antes de la creación del Estado provincial”. Finalmente, Millán planteó que “se sabe de los negocios de Torres con el poder en relación a las tierras”, y adelantó que “se tomarán acciones legales” contra el Gobernador y se realizarán “acciones políticas”.

La situación creada por las declaraciones de Torres en relación al incendio, no fue el único hecho de esta reedición de la creación de un supuesto enemigo interno.

La visita del 6 de enero pasado de Villarruel a San Carlos de Bariloche –donde fue declarada Huésped de Honor por el Intendente Wálter Cortés–, y puntualmente a la Escuela Militar de Montaña del Ejército, sirvió como contexto para la primera referencia del nuevo Gobierno nacional al tema de la disputa de tierras con los mapuche. A través de su cuenta de X, Villarruel señaló que “una de las problemáticas que enfrentan en la Escuela (Militar de Montaña) son las usurpaciones de grupos autodenominados originarios. Los cuales usurpan, lotean y venden terrenos que no les pertenecen y lo han hecho bajo el aval del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas. Vergonzoso que el mismo Estado se socave a sí mismo”.

La referencia de la funcionaria apunta al conflicto que sostiene el Ejército con la comunidad mapuche Millalonco Ranquehue por una fracción de tierras de 180 hectáreas ubicadas sobre la ladera oeste del cerro Otto, y a unos 8,5 kilómetros del centro de la ciudad. El relevamiento realizado en el marco de la Ley 26.160 de Emergencia de Comunidades Indígenas, validó la presencia ancestral de la comunidad en el lugar.

A pesar de esa presencia y con posterioridad a la denominada Conquista del Desierto, la zona fue anexada inicialmente a Parques Nacionales y en 1937 al Ejército. Pero la comunidad recuperó el territorio. El último desalojo se produjo en 2020, pero no terminó por consumarse ya que en 2022 una juez federal subrogante de Bariloche avaló la presencia de la comunidad en el lugar. En esa sentencia ordenó al Estado, a través del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI), a entregar el título de propiedad comunitaria correspondiente.

Sin embargo, el caso sigue pendiente de resolución a partir de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que suspendió la entrega del título hasta que se resuelva una causa penal iniciada por la falta de apelación en tiempo y forma por parte de los abogados del Estado. 

Fuentes empresariales ligadas al turismo y del Gobierno provincial que participaron de algunas de las reuniones con Villarruel en Bariloche, confirmaron a elDiarioAR que en cada uno de los encuentros la Vicepresidenta mencionó el tema mapuche, específicamente en lo relacionado con la comunidad Lafken Winkul Mapu desalojada el pasado 4 de octubre de 2022 del territorio en Villa Mascardi.

Ese caso también formó parte de la agenda de la Directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado, Claudia Rucci, quien arribó a la ciudad unos pocos días después de la visita de su jefa Villarruel.

Rucci se reunió con “damnificados de la violencia del grupo RAM” (Resistencia Ancestral Mapuche), según informó a través de una gacetilla de prensa. La funcionaria aseguró que “es inconcebible que en los últimos años, quienes usurpaban, incendiaban y agredían con armas a vecinos, guardaparques y fuerzas de seguridad hayan recibido el apoyo explícito de funcionarios de distintos niveles del Estado nacional, provincial y municipal”.

Además, a través de su cuenta de X felicitó al gobernador Torres tras sus dichos sobre la responsabilidad del incendio. “Muy claro el Gobernador @NachoTorresCH!!! Y yo le agrego: .. y que violan permanentemente los derechos humanos de los ciudadanos que habitan las zonas que quieren capturar para ese negocio inmobiliario!!!”, señaló en relación a los mapuches.

Desde Bariloche, Rucci dijo que “los derechos a la vida, la propiedad, la seguridad están consagrados en nuestra Constitución y en tratados internacionales a los que nuestro país adhiere. Esos derechos fueron vulnerados en Villa Mascardi y es nuestra responsabilidad trabajar para que  situaciones similares no vuelvan a repetirse”.

En 2017, en Villa Mascardi, más precisamente en el territorio en disputa entre la comunidad Lafken Winkul Mapu y Parques Nacionales, fue asesinado por la espalda el joven mapuche Rafael Nahuel. El pasado 29 de noviembre, el Tribunal Oral Federal de General Roca condenó a cinco integrantes de la Agrupación Albatros de la Prefectura Naval Argentina por ese crimen.

SR/DTC

Andrea Despó escribió, dirige y actúa en una obra de teatro. Interpreta a Doña María Epul de Cañuqueo, una reconocida machi -líder espiritual y religiosa del pueblo mapuche. Como Doña María, Andrea vive en Chubut. Y en su sangre y en su ascendencia, en sus antepasados también hay una machi.

Desde hace más de 15 años con la obra recorre la Patagonia, gana premios, pero sobre todo se relaciona con comunidades, personas y experiencias mapuche a lo largo de todo el sur.

Andrea internalizó su pertenencia al pueblo mapuche durante la adolescencia en su Trelew natal, y la profundizó cuando se fue a estudiar a Neuquén. Dice, sin embargo, que el momento de mayor vínculo con sus ancestros lo tuvo cuando nació su hija.

El martes 4 de octubre estaba en la comunidad Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi terminando su tratamiento con la machi Betiana. Pero más de 150 miembros de la Policía Federal irrumpieron en el territorio y la llevaron detenida, junto a otras seis mujeres.

La obra de teatro se llama “Sueños de agua”.

Este 12 de octubre, la Coordinadora del Parlamento Mapuche de Río Negro organizó una movilización por las calles céntricas de Bariloche en “defensa del territorio”, reclamando la liberación de las seis mujeres que permanecen detenidas tras el desalojo de la comunidad en Villa Mascardi, y pidiendo una mesa de diálogo para el abordaje del conflicto en el sur. La movilización fue encabezada por mujeres mapuche.

Integrantes de diversas comunidades, organizaciones sociales, gremios enrolados en la Central de Trabajadores y Trabajadoras de la Argentina (CTA), partidos de izquierda, vecinos y vecinas participaron de la convocatoria que finalizó con discursos en el Centro Cívico de la ciudad.

La bandera que encabezó la marcha decía “Nunca más balas - Nunca más cárcel por defender el territorio”, a la que se sumaron dos telas blancas escritas con aerosol que señalaban: “Retorno ahora de nuestra machi Betiana a su rewe” y “Lof Lafken Winkul Mapu resiste”. 

Al finalizar la marcha y ocho días después del desalojo, Orlando Javier Carriqueo, vocero de la Coordinadora del Parlamento Mapuche, denunció la continuidad de un delito de lesa humanidad contra el pueblo originario, “desde la Conquista del Desierto hasta nuestros días”.

Planteó que el operativo organizado por el ministerio de Seguridad que conduce Aníbal Fernández y la formación de un Comando Unificado para actuar en la zona constituyen una acción de “terrorismo de Estado”.

“Es un gobierno nacional y popular que se dice defensor de los derechos humanos, pero para los indios no hay derechos humanos”, aseguró.

Andrea Despó canta, baila en “Sueños de agua”, utiliza unos pocos objetos, representa el despojo material que rodea la vida de la machi María Epul de Cañuqueo en el paraje Cerro Negro. “La puesta teatral rescata en su esencia esta historia y también condiciona su espacio y búsqueda estética a conceptos propios de la cosmovisión mapuche, para la que hombre-tierra-naturaleza-universo constituye un solo ser”, según escribió para presentar la obra.

Andrea cree que hombre-tierra-naturaleza-universo son un solo ser, y dice que para el pueblo mapuche es “muy importante que la machi esté bien”. La machi a la que se refiere es Betiana, integrante de la comunidad desalojada, madre de un bebé de pocos meses. A ella fue a verla el fin de semana anterior al desalojo, para que la ayude, la sane física y espiritualmente.

Durante el desalojo se quedó junto a otras mujeres frente a la casa de la machi, y “llegaron más milicos, nos rodearon, nos decían que nos tiremos al piso, la machi decía que le dejen sacar las cosas del bebé, a ella le tiraron un gas adentro de su casa”.

En 2017 Betiana se levantó como machi luego que el pueblo mapuche no tuviese, durante décadas, una líder espiritual al este de la cordillera. “Eso significa mucho”, dice Andrea a elDiarioAR, es “el retorno de nuestra cultura, nuestra fuerza, nuestra fortaleza, nuestra espiritualidad, y el cuidado de la mapu (tierra). Es muy importante”.

Un genocidio. Orlando Carriqueo dijo que lo que sufrió el pueblo mapuche fue un genocidio. Y que los asesinatos de Rafael Nahuel en 2017 y de Elías Garay en 2021 son continuidad de esa política de exterminio que comenzó durante la Conquista del Desierto, a fines del siglo XIX.

Ante el micrófono y durante diez minutos de alocución de Carriqueo giró en torno a un “pacto” entre los Gobiernos nacional y provincial que permita “crear las condiciones para profundizar las políticas extractivistas”. Pidió, en ese sentido, “que se levanten los permisos de cateo mineros, que haya consultas” a las comunidades. Dijo además estar en contra del desarrollo de los proyectos de hidrógeno verde en la Meseta de Somuncura.

Pidió finalmente la “devolución del sitio sagrado de la machi, el rewe, eso es importantísimo. Es una de las condiciones para sentarnos al diálogo”, dijo.

Andrea Despó encabeza la marcha de este 12 de octubre, un día después de recuperar su libertad. De las siete detenidas fue la primera en ser sobreseída y liberada. Dice ante el micrófono del acto que sufrieron “tortura psicológica” durante el encierro en las celdas de la Policía de Seguridad Aeroportuaria en Bariloche y en la cárcel de Ezeiza, que recién al quinto día de detención les informaron de qué delito están imputadas, que las palparon, desnudaron, que durante más de 12 horas de detención no pudieron tener contacto con su abogada.

¿Dónde estabas cuando comenzó el operativo de desalojo?- preguntó elDiarioAR. 

Nos estábamos preparando para el gillipun, ceremonia de comienzo del día, estaba dispuesta para partir a mi mapu en la costa de Chubut, y estaba esperando a la machi que iba a salir a hacer ceremonia. Empezaron a sonar los kul kul (instrumento mapuche) de aviso y empezamos a sentir disparos, y de repente muchos corrieron, nosotros estábamos esperando a la machi, y se sintieron los gases muy cerca. Fue entre las 7,30 y las 8, fue rapidísimo. Los gases empezaron a caer muy cerca nuestro. Entraron por la tranquera de la comunidad y los costados. Yo corrí hasta el rewe porque sabíamos que lo teníamos que resguardar y cuando agarraron a las otras lamien (hermanas) se llenó de milicos que nos decían ‘al piso o disparamos al piso o disparamos’, de hecho dispararon, no gases sino tiros, nos empujaron. Uno de ellos nos trató de una manera muy despectiva. Un milico nos dijo ‘así que a ustedes así les gusta vivir, al piso mierda o las matamos’, y yo le dije que era un viejo nazi y me dijo ‘a mucha honra’, y los demás lo estaban frenando porque me agarró del brazo y quiso tirarme.

Detuvieron a las mujeres, ¿qué pasó con los menores?

Algunos niños, pichis, salieron corriendo. Y ahí los perdimos. Los más pequeñitos, de cuatro años para abajo se quedaron con nosotras. Nos obligaron a bajar a la tranquera donde supuestamente estaba la jueza, y nunca estuvo. Nos empujaron hasta la ruta. La jueza y la fiscal aparecieron dos horas después, junto con la defensora de niños, porque los milicos decían que les iban a sacar los chicos a las lagmiens. Cuando se hace presente la jueza le pregunto dónde estaba la orden de desalojo y por qué apareció dos horas después de esta represión. Y me dijo ‘yo soy el papel’. De qué se nos acusa, le pregunté. ‘Secreto de sumario’, me respondió. No nos dijo nunca nada.

“Estado fascista vos sos el terrorista”, “las tierras robadas serán recuperadas”, “que se escuche, que se escuche, este territorio es de la Nación Mapuche”, “no estamos todas, faltan las presas”, cantan los y las participantes de la movilización.

Una intermitente nevisca acompaña la marcha por las calles céntricas de Bariloche. Turistas y estudiantes en viaje de egresados fotografían a los mapuche con sus ropas tradicionales, sus instrumentos, su wenufoye (bandera) que ondea al revés, con el rojo arriba. “El Estado nos vuelve a declarar la guerra, el rojo significa sangre”, explica Carriqueo a este medio.

Entre foto y foto algunos turistas aplauden.

Andrea Despó termina su mensaje ante quienes marcharon. Finalmente está a punto de viajar a Trelew para reencontrarse con su familia. Tal vez la próxima función de “Sueños de agua” incluya una escena del desalojo, un viaje en el tiempo que una la historia de la machi María con las órdenes de tirarse al piso, la persecución, los niños llorando, la defensa del rewe, los gases, los tiros, los kul kul sonando.