En medio del escándalo que envuelve desde hace meses a la Asociación del Fútbol Argentino y a sus principales dirigentes, Claudio Tapia y Pablo Toviggino, el organismo que rige el deporte más popular del país emitió en las últimas horas un comunicado en su página web para desmentir acusaciones y los dichos del titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, que hace un mes acusó a la AFA de no tener balances aprobados “hace 8 años” y de estar “funcionando con reformas estatutarias que tampoco están aprobadas y nadie dice nada”.

De acuerdo a Vítolo, la FIFA “actúa como si fuese un país y las federaciones que la integran como embajadas, y que esta situación de impunidad se ha vivido ”al margen de la ley durante años“. 

Tras la embestida del Gobierno de Javier Milei contra el “Chiqui” Tapia, con diversas denuncias desde el fuero penal, desde el ARCA que investiga posibles delitos económicos y la propia IGJ, con foco en los manejos de la AFA con contratos millonarios, y con el tesorero Pablo Toviggino en la mira por su relación con sus posibles testaferros, Luciano Nicolás Pantano y Ana Lucía Conte, más la relación del ente del fútbol con el empresario Javier Faroni, la Asociación hizo su descargo con un comunicado extenso.

Mientras la Justicia actúa en varios frentes y a días de que la Cámara Federal en lo Penal Económico determinara la habilitación de la feria judicial de verano para continuar con la investigación penal, la AFA salió al cruce de las acusaciones “ante las reiteradas manifestaciones públicas realizadas durante las últimas semanas por el Inspector General de Justicia, Dr. Daniel Roque Vítolo, y frente a la intimación cursada por dicho organismo”. En su comunicado, el máximo organismo del fútbol argentino reveló que este lunes “se procedió a contestar la intimación de la IGJ, como también a responder las vistas contables con relación a los ejercicios contables por los años 2017 a 2023”. 

En su descargo, consideran “objetivamente falso afirmar que la AFA 'se escapó', que no informó su cambio de jurisdicción o que dicho cambio sea ilegal”. Y describe los hechos:

Para la AFA, “estos actos —todos documentados— demuestran de manera inequívoca que la IGJ conoció, participó y certificó el cambio de jurisdicción desde su etapa inicial. Cualquier afirmación en contrario resulta incompatible con los propios actos del organismo”.

Asimismo, aclara que la AFA “nunca desconoció la existencia de trámites pendientes ante la IGJ, circunstancia que fue expresamente informada a sus socios en la Asamblea del 28 de octubre de 2025 (previo al raid mediático del Dr. Vitolo), en la cual se trataron los puntos necesarios para culminar dichas actuaciones. Asimismo, corresponde destacar que durante todo el año 2025 la AFA fue contestando, de manera progresiva, las vistas formuladas por dicho Organismo en el trámite de reforma de estatuto cuya inscripción se encontraba pendiente”.

Y agrega: “Por lo tanto, es falso afirmar que la AFA pretendiera eludir obligaciones o sustraerse al control estatal. Lo que existió fue —y es— el ejercicio regular de un procedimiento legal previsto por la normativa de ambos organismos. Del mismo modo, carece de todo sustento la afirmación del Inspector General de Justicia en cuanto a que el cambio de jurisdicción de AFA a la Provincia de Buenos Aires respondía a la falta de aprobación de una reforma estatutaria por parte de la IGJ. Muy por el contrario, aun después de haber resuelto dicho cambio y durante todo el año 2025, la AFA continuó adecuando dicha reforma a los sucesivos y cambiantes requerimientos formulados por la IGJ, con el exclusivo objeto de obtener su aprobación”.

Más adelante, en el extenso comunicado, la AFA describe de qué manera presentó “en tiempo y forma” la información y balances requeridos por la IGJ desde 2017 a la fecha, con lujo de detalles, dispara: “El incumplidor no es la AFA, sino el propio Organismo, que además tiene el atrevimiento de recorrer los medios de comunicación acusando a la AFA de incumplimientos inexistentes. Nadie puede ser acusado de incumplir obligaciones que jamás le fueron requeridas. Ello torna particularmente grave que el Inspector haya manifestado públicamente que la AFA habría expresado un supuesto 'no te voy a mostrar nada', afirmación absolutamente falsa, que no consta en ningún expediente ni en presentación alguna”.

Además, aclara que la IGJ “no tiene facultades para aprobar ni desaprobar balances, función que corresponde exclusivamente a los socios su rol se limita al control de legalidad formal, debiendo además fundar y notificar debidamente cualquier observación a los mismos”.

De acuerdo a la AFA, el organismo dependiente de la FIFA “se encuentra en la actualidad bajo la fiscalización exclusiva de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires, conforme surge de la normativa vigente y de los propios actos administrativos dictados, tanto de la Inspección General de Justicia (CABA), como de la Dirección Provincial de Personas Jurídicas (Pcia Bs de As). En consecuencia, la IGJ carece de competencia actual para ejercer funciones de fiscalización, sin perjuicio de la fiscalización sobre los trámites pendientes de finalización originados con anterioridad al cambio de jurisdicción”.

El descargo final de la AFA

“La AFA niega categóricamente la existencia de incumplimientos de su parte.

Reafirma su voluntad de cumplimiento normativo y su disposición a responder —como siempre lo ha hecho— por los canales institucionales y legales correspondientes.

Lo que sí resulta preocupante es la reiterada utilización del espacio mediático para formular imputaciones graves, sin respaldo en hechos documentados, en abierta contradicción con actos propios del organismo y en un contexto que ya ha merecido pronunciamientos judiciales previos por desviación de poder y falta de imparcialidad manifiesta. Recordemos que incluso, insólitamente, el Inspector General ha filtrado y divulgado en entrevistas periodísticas información contenida en los balances de la AFA, datos que forman parte de expedientes administrativos y que se encuentran protegidos por deberes de reserva, confidencialidad y custodia. Esta conducta no solo resulta incompatible con las obligaciones legales del Organismo, sino que confirma la utilización indebida de información administrativa con fines ajenos a la función de control y en clara línea con la presión pública que se intenta ejercer sobre la AFA.

En ese marco, el Dr. Vitolo ha afirmado públicamente que la AFA incumple desde hace ocho años, cuando la realidad es exactamente la contraria: jamás se le requirió información alguna durante todo este tiempo. La única vista que fue efectivamente cursada y debidamente notificada a la AFA fue contestada en tiempo y forma. Posteriormente, y recién a partir de la intimación reciente, la AFA se presentó voluntariamente en todos los expedientes, se notificó espontáneamente de las vistas y procedió a contestarlas en su totalidad.

Resulta absolutamente falso —y no existe constancia alguna que lo respalde— que la AFA haya manifestado a la Inspección General de Justicia que “no te voy a mostrar nada” o que se haya negado a exhibir información. Tal afirmación nunca fue realizada, no consta en ningún expediente ni en ninguna presentación, sencillamente porque es falsa.

También es falso que la IGJ desconociera el cambio de jurisdicción de la AFA: el Organismo participó de la Asamblea a través de dos veedores, emitió el certificado necesario para que la AFA pudiera inscribirse en la Provincia de Buenos Aires y fue formalmente notificado por la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires de la inscripción de AFA en provincia de Buenos Aires.

En contraste, lo que sí es real y se encuentra debidamente documentado es que la Inspección General de Justicia demoró, en algunos casos, más de 700 días hábiles en siquiera analizar los trámites presentados por la AFA. Las vistas fueron emitidas tardíamente, suscriptas por funcionarios que carecerían de competencia, incorporadas en expedientes sin foliar o con hojas que contienen la leyenda “No foliar”, y posteriormente archivadas sin motivo alguno.

A todo lo anterior se suma un hecho central: ninguna de las vistas que el Inspector afirma que la AFA no contestó fue debidamente notificada. No existe una sola constancia documental de notificación de esas observaciones que hoy se utilizan para imputar incumplimientos inexistentes. La ley es clara y exige notificación fehaciente, lo que en este caso nunca ocurrió.

La única vez que el Organismo notificó válidamente una vista, la AFA la contestó en tiempo y forma. Entonces cabe preguntarse quién es realmente el incumplidor: ¿la Inspección General de Justicia, que demora hasta tres años en analizar estados contables y emitir una vista que nunca notifica por los medios legales establecidos, o la AFA, a la que año a año se le expiden certificados dejando constancia de que se encuentra al día con sus obligaciones frente al Organismo y que nunca recibió requerimiento alguno que contestar?

El incumplidor no es la AFA, sino la propia IGJ, que intenta construir un relato artificioso de una entidad reticente al control e incumplidora para encubrir años de inactividad, irregularidades administrativas y una falta absoluta de diligencia en el ejercicio de sus funciones.

El Organismo ha actuado con una desidia gravísima a lo largo de los años. Resulta inadmisible que, aprovechando la coyuntura política, pretenda ahora valerse de su propia inacción para presentar falsamente a la AFA como incumplidora.

La AFA no se “escapó” de ninguna jurisdicción para eludir controles. La realidad es exactamente la contraria: lo que aquí queda expuesto es un Organismo que actuó de manera irregular y con desidia, que durante años no impulsó los trámites, no notificó observaciones y archivó expedientes sin motivo, y que ahora, en el contexto político de enfrentamiento entre el Gobierno y la AFA, pretende reactivar de manera intempestiva esos mismos expedientes para utilizarlos como herramienta de presión y construir un relato ficticio de incumplimiento.

Estamos, así, frente a una evidente instrumentalización del procedimiento administrativo, utilizada con fines ajenos a aquellos para los cuales ha sido legalmente concebido, como mecanismo de presión y no como un cauce regular, objetivo e imparcial de control“.

 Qué había dicho la IGJ

El titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vítolo, arremetió en diciembre pasado contra la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y la Superliga, al sostener que “se mueven al margen de la ley” y anunciar la citación a los auditores que certificaron sus balances millonarios.

En una comunicación que tuvo con Radio Rivadavia, a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, Vítolo abordó la supuesta corrupción y la falta de control en ambas entidades al explicar que operaron con una estructura de impunidad durante años, negándose a responder a la IGJ sobre balances no aprobados y cifras millonarias sin detallar.

Vítolo señaló que tanto la FIFA como la AFA se conciben como si fuesen “países independientes”, a raíz de que evadirían la Justicia ordinaria y las normativas argentinas.

El funcionario ejemplificó esta situación con lo que ocurre con la FIFA, que tiene una estructura “montada como si fuera un país independiente y hace creer a la gente que en realidad o se considera ella que en realidad no es una federación de asociaciones civiles de 211 países del mundo, sino que se trata de un país independiente que tiene sus propias reglas”.

Además, reveló que la AFA intentó realizar acciones irregulares, como crear una “universidad” sin la debida aprobación y mudar su jurisdicción para escapar de la fiscalización.

Señaló que las federaciones de la AFA, por estatuto, tienen prohibido recurrir a la Justicia de sus países o a autoridades administrativas para resolver conflictos, los cuales “solamente se pueden resolver dentro de un tribunal arbitral o de diversos tribunales arbitrales que tiene la AFA y perdón, la FIFA”.

Y agregó: “Esto se replica en cada uno de los estatutos de las federaciones”. Como ejemplo de esta situación, citó el caso de Verón y la sanción aplicada, la cual, para ser revisada, “tiene que ir a un tribunal en Loyan Suiza, que pertenece a la FIFA”.

El titular de la IGJ sostuvo que la FIFA actúa como si fuese un país y las federaciones que la integran como embajadas, y que esta situación de impunidad se ha vivido “al margen de la ley durante años”. Recordó que la CONMEBOL, hasta el estallido del FIFA Gate en 2015, tenía estatuto de embajada en Paraguay.

También desestimó la amenaza constante de que la FIFA pueda separar de los torneos internacionales a los países donde sus gobiernos o la justicia intervienen en las asociaciones, mencionando que en casos como Bolivia y Brasil, “la FIFA no hizo absolutamente nada ni descalificó a las elecciones”.

Vítolo diferenció el caso de la AFA con el de las sociedades y pymes: mientras en estas últimas la autoridad de contralor no aprueba balances, sino que solo realiza un análisis formal, en el caso de las asociaciones civiles, “los balances solamente tienen efecto cuando son aprobados por la autoridad de contralor”.

Consecuentemente, la AFA está funcionando “hace 8 años con balances que no están aprobados y es más está funcionando con reformas estatutarias que tampoco están aprobadas y nadie dice nada”. Además de operar con balances irregulares, la AFA incurrió en acciones como la creación de una universidad que “no existe, sin aprobación universitaria, con carreras que no existen, con carreras que no están aprobadas por la CONEA”, con un rector y vicerrectores para una sociedad que “no está ni siquiera constituida”.

También comentó que la AFA, en un intento de “blindarse políticamente”, buscó incorporar en su Consejo Directivo a funcionarios públicos, plan que fue rechazado por la IGJ en 2023.

Superliga

Respecto de la Superliga, vinculada a la AFA y que maneja la comercialización de derechos de transmisión por “cifras multimillonarias”, Vítolo expresó que hace lo mismo que la AFA: “La inspección de justicia le ha pedido durante 5 años que explique algunas rendiciones de cuentas que están en el balance, por ejemplo, rendiciones de cuentas a los clubes por valor de 70 millones de 120 millones de dólar donde no han informado cuánto le han dado a cada club”.

El titular de la IGJ anunció que no tolerarán más esta situación y que si las entidades no dan explicaciones, designarán un veedor “para que vaya con la fuerza pública, abra todas estas cuentas para que nosotros las podamos analizar”. Ante esta presión, la AFA se mudó de jurisdicción a la provincia de Buenos Aires, en un acto que Vítolo considera “absolutamente nula” porque no se cumplieron las normas necesarias, ya que “para poder mudarse de jurisdicción, primero tiene que resolver las cosas pendientes en la jurisdicción actual”.

Vítolo anticipó, además de poder pedir la intervención del Ministerio de Justicia –aunque aclaró que no es un escenario que estén considerando en lo inmediato y de haberla sería acotada a la designación de un informante–, una medida inminente es la citación a los auditores: “Estamos citando en un sumario que se abre a los auditores también, es decir, esto ya no es un tema solamente del AFA, sino que estamos ni de la Superliga”.

La Justicia legitimó que se lleve a cabo la Asamblea General Ordinaria en la Asociación del Fútbol Argentino, prevista para este jueves, a pesar del fallo de la Inspección General de Justicia (IGJ) luego de la denuncia presentada por Andrés Fassi, presidente de Talleres de Córdoba.

La misma, finalmente tendrá lugar desde las 16 hs en el predio de Ezeiza y contará con diversas modificaciones en el estatuto.

A su vez, la Justicia afirmó que los plazos para que AFA pueda apelar la resolución de la IGJ continúan vigentes, por lo que no existiría ningún impedimento para que el próximo 17 de octubre, se lleve a cabo la decisiva reunión.

En primer lugar, será un hecho que la primera división del fútbol argentino contará con la participación de 30 equipos.

Si bien todavía no se conoce con exactitud el formato que tendrá el campeonato, lo que sí está claro es que no habrá descensos de la máxima categoría hacia la Primera Nacional.

Aunque restan 10 fechas para la finalización de la Liga Profesional de Fútbol, tanto Tigre (último de la tabla anual) como Independiente Rivadavia de Mendoza (último en la de promedios), podrían respirar tranquilos dado que este año no peligraría su permanencia.

Por otro lado, también se modificará el domicilio social de la AFA, que se mudará al predio de Ezeiza ubicado en la Provincia de Buenos Aires, procedente de la calle Viamonte 1366.

Esta medida tendrá como consecuencia que, justamente, la IGJ no pueda intervenir ya que únicamente tiene incidencia sobre asociaciones civiles que se encuentran en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Además, otro de los tópicos a discutir en la Asamblea, es el cambio en el artículo 35 del estatuto para que se permita que los miembros del Comité Ejecutivo puedan tener cinco mandatos de manera consecutiva, que actualmente solo admite cuatro.

Asimismo, se confirmará la reelección de Claudio Tapia como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino.

Las advertencias de la IGJ

Ante la decisión de la AFA de convocar a la Asamble General, el director de la Inspección General de Justicia (IGJ), Daniel Vitolo, afirmó hoy en una entrevista radial que: “Están violando la ley y el estatuto y además asumen un riesgo: pueden incurrir en el delito de desobediencia”, señaló.

Según Vitolo, “La AFA pretende reformar su estatuto social para mudarse a la Provincia de Buenos Aires y escapar al control que efectúa la IGJ, aparentemente porque hay un acuerdo político con el gobernador (Axel Kicillof) para moverse con mayor libertad”, declaró Vitolo, argumentando que: “No solo viola el estatuto de la FIFA, que no permite la injerencia política en las instituciones, sino que también viola el Código Civil y Comercial de la Nación porque este código establece que las asociaciones civiles de segundo y tercer grado, en el caso de la AFA, los miembros del comité ejecutivo del consejo directivo deben ser asociados”.

La politización de la Asamblea General de la Asociación del Fútbol Argentino no solamente es palpable en las referencias de Vitolo a una posible complicidad entre Tapia y Kicillof, sino también en la “campaña” del presidente Milei, que suele atacar abiertamiente al presidente de la AFA. Ayer mismo, el presidente compartió en sus redes sociales una viñeta del humorista gráfico Nik que retrataba a Tapia como a un dirigente corrupto.

DM con información de agencia NA

El Gobierno informó que, a partir del 1° de noviembre, los clubes del fútbol argentino podrán convertirse en Sociedades Anónimas Deportivas (SAD), resolución que permite el ingreso de capitales privados y que es uno de los temas en los que más insistió en los últimos días el presidente Javier Milei, en consonancia con la participación de la Selección Argentina de fútbol en la Copa América, de la que resultó campeona el pasado domingo.

A través de un DNU firmado por Daniel Roque Vítolo, titular de la Inspección General de Justicia (IGJ), se aprobaron modificaciones para registrar públicamente sociedades y entidades civiles.

Según dispuso la IGJ, de acuerdo a los artículos 346 y 347 del DNU 70 de desregulación de la economía que Javier Milei dio a conocer a poco de asumir su gestión, “debe aceptarse la participación de las asociaciones civiles y fundaciones como accionistas en sociedades anónimas y la transformación de las asociaciones civiles en asociaciones anónimas”, y agrega que debe “simplificarse la inscripción de entidades de bien común constituidas en el extranjero para el desarrollo de su actividad en la república argentina”.

Esto fue confirmado por el Gobierno, que informó la resolución de la IGJ a través del Boletín Oficial N°35.461: “Las Normas que se aprueban por medio de la presente Resolución General entrarán en vigencia el día viernes 1 de noviembre del año en curso”.

La obsesión de Milei, el rechazo de la AFA

Milei volvió a insistir el pasado viernes con la transformación de los clubes argentinos en Sociedades Anónimas Deportivas, tema que introdujo en el DNU 70 de desregulación de la economía que presentó a días de asumir en el Gobierno en el que dispone “una modificación de la ley de sociedades para que los clubes de fútbol puedan convertirse en sociedades anónimas si así lo quisieran” y que fue suspendido por la Justicia tiempo después.

Para aprovechar la vigencia de la Selección Argentina de fútbol en la cima del deporte mundial y a poco de disputar la final de la Copa América de Estados Unidos 2024 (en la que el domingo venció a Colombia para cononarse bicampeón), el mandatario se preguntó en redes sociales que, si desde la AFA se oponen a la iniciativa que impulsa la gestión libertaria, “¿por qué motivo permite que el plantel titular provenga de estas sociedades? ¿Acaso será que los resultados son importantes y las SADs tienen a los mejores? No más socialismo pobrista en el fútbol”, apuntó el Presidente desde su cuenta personal de X, con una foto donde se ve al equipo titular del seleccionado nacional y debajo de la imagen de cada jugador, a qué club pertenece, todas instituciones del exterior.

El debate en redes

El posteo de Milei volvió a abrir un polémico debate, en la red social, sobre si los clubes argentinos deberían convertirse en Sociedades Anónimas.

Uno de los usuarios le respondió al Presidente que “todos los futbolistas se formaron en clubes que son de los socios” y las SAD se encargan de comprar los talentos generados en los barrios. Ante esto, Milei respondió: “Se nota que sos muy orgulloso con la ajena y obviamente no te interesa la calidad del espectáculo ni el nivel de competitividad de nuestra liga. Tu romanticismo (con la ajena) más temprano que tarde matará a nuestro querido fútbol argentino”.

“Seguí romantizando la pobreza que así verás la destrucción de los clubes y del fútbol argentino”, fue otra de las duras respuestas del libertario a un usuario que no está de acuerdo con la privatización.

Por otra parte, otra persona le cuestionó por qué la AFA define el tipo de societario cuando los clubes están asociados a otras federaciones nacionales por los diferentes deportes que practican.

“Es que no debería, ya que la AFA no debería estar por encima de las reglas de otras instituciones del país. A su vez, recordemos que se plantea la opción, esto es, no es obligatorio”, fue la respuesta del mandatario.

“Hay muchos clubes interesados en invertir en la Argentina”

Desde que comenzó su gestión presidencial, Milei planteó como uno de sus objetivos la necesidad de que lleguen capitales privados (y sobre todo extranjeros) a los máximos niveles del fútbol argentino: “Hay muchas inversiones esperando. Hay muchos clubes de fútbol internacionales que quieren invertir en la Argentina. No hace falta que diga que Argentina es una cuna de cracks. Entonces, hay un montón de negocios para hacer con el caso argentino. De repente, podría estar representando en un lapso muy corto de tiempo inversiones por más de mil millones de dólares”, sostuvo el mandatario a fines de año.

Y agregó: “En este contexto, donde estamos ajustando y necesitamos una rápida respuesta... De hecho, apenas salió el decreto, el Chelsea (club de la Premier League de Inglaterra, donde juega Enzo Fernández, miembro de ”La Scaloneta“) se vio interesado en invertir en la Argentina”, aseguró.

¿Qué cambios propone el DNU de Milei en los clubes de fútbol?

El decreto establece que las asociaciones civiles que decidan transformarse en SAD deberán cumplir con los siguientes requisitos:

El decreto también establece que las SAD podrán participar de los beneficios impositivos y previsionales previstos en la Ley de Deportes.

Impacto potencial de la medida

La medida de Milei tiene el potencial de revolucionar el fútbol argentino. La transformación de los clubes en SAD podría generar un importante cambio en la estructura de los clubes, su forma de gestión y su relación con los socios.

Algunos de los posibles impactos de la medida incluyen:

Sin embargo, la medida también podría generar algunos riesgos, como:

Qué dice el artículo 334 del DNU

En el artículo 334 del DNU conocido a fin de 2023 se modifica la Ley de Deportes y se establece a quiénes “se consideran asociaciones civiles deportivas integrantes del Sistema Institucional del Deporte y la Actividad Física”.

En primer lugar, se menciona a “las personas jurídicas previstas en el artículo 168 del Código Civil y Comercial de la Nación, que tienen como objeto la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física, de acuerdo con los principios generales enunciados en el Capítulo I de la presente ley y reúnen las características que se indican en los artículos 20 y 20 bis”.

En segundo lugar, se menciona a las “personas jurídicas constituidas como sociedades anónimas reguladas en la Sección V de la Ley N° 19.550 y sus modificatorias, que tienen como objeto social la práctica, desarrollo, sostenimiento, organización o representación del deporte y la actividad física, de acuerdo con los principios generales enunciados en el Capítulo I de la presente ley”.

Qué dijo la Justicia

A fines de enero, el Juzgado Federal de Mercedes hizo lugar a un pedido de la Liga de Fútbol de Salto, entidad afiliada a la AFA, y dictó una medida cautelar sobre los artículos de Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, de Javier Milei, referidos al ingreso de las Sociedades Anónimas Deportivas en el fútbol argentino.

De acuerdo con fallo judicial difundido el 30 de enero por la AFA, la medida cautelar de la Liga de Fútbol de Salto ordenaba al Estado Nacional la suspensión de los artículos 335º y 345º del DNU Nro. 70/2023, publicado en el Boletín Oficial, con fecha del 20 de diciembre de 2023, cuya entrada en vigencia operó el 29 de diciembre del pasado año, hasta tanto sea dictada la sentencia definitiva.

“La modificación que se impulsa (obligación de incluir una forma societaria hoy prohibida) urge ser suspendida, pues resultaría el daño ocasionado por el transcurso del tiempo desde el inicio de la presente acción y la sentencia definitiva, por lo tanto para asegurar la eficacia práctica de la decisión final, puedo tener por acreditado los presupuestos de admisibilidad del remedio cautelar, sin perjuicio de lo que las pruebas puedan llegar a demostrar en el transcurso del proceso”, indica uno de los párrafos más destacados del despacho FSM 121/2024.

La postura de la AFA

La AFA reaccionó de manera inmediata ante la aparición del DNU a fin del año pasado con un rechazo pleno a los SAD y su mensaje fue acompañado por la mayoría de los clubes que componen la primera división del fútbol argentino, a excepción de Talleres de Córdoba, cuyo titular, Andrés Fassi, alienta por su ingreso. 

“Nosotros somos defensores de las Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Estoy más convencido que nunca que ese es el fútbol argentino que todos queremos y por eso este es un tema terminado. No vamos a pelear contra algo que no existe. Los felicito porque en las páginas de sus clubes ya se han manifestado en contra de las SAD”, dijo Claudia Tapia, presidente de la AFA, durante la Asamblea Ordinaria de AFA, en el predio Lionel Andrés Messi, en noviembre de 2023.

Los argumentos del DNU de la IGJ

En los considerandos de la resolución, el Gobierno asegura que al asumir en diciembre de 2023, “la República Argentina se encontraba atravesando una situación de inédita gravedad, generadora de profundos desequilibrios que impactaban —y aún impactan— negativamente en toda la población; en especial en lo económico y social; y la severidad de la crisis puso —y aún pone— en riesgo la subsistencia misma de la organización social, jurídica y política constituida, afectando su normal desarrollo en procura del bien común”.

Asimismo, destaca que ningún gobierno federal “había recibido —hasta entonces— una herencia institucional, económica y social peor que la que recibió la actual administración de donde resultaba —y aún resulta— imprescindible adoptar medidas que permitan superar la situación de emergencia creada por las excepcionales condiciones económicas y sociales negativas que la Nación padece, especialmente, como consecuencia de un conjunto de decisiones políticas e institucionales —a las que no escapan aquellas que se relacionan con la inadecuada y excesiva intervención del Estado en el modo en el cual las personas jurídicas privadas desarrollan su actividad, ya sea como operadores económicos organizados bajo estructuras jurídicas societarias en la producción de bienes y servicios, o como organizaciones de la sociedad civil en otros ámbitos vinculados, más directamente, con el bien común y el servicio social—”.

A través de los argumentos, la IGJ reclama “reconstruir la hoy deteriorada capacidad de los operadores económicos y de las organizaciones de la sociedad civil, de poder llevar adelante emprendimientos de producción e intercambio de bienes y prestación de servicios en el mercado; y una de las vías más efectivas para que tal reconstrucción se pueda lograr es —sin duda— la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden el normal desarrollo y desenvolvimiento de las empresas, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción de nuestro país en el comercio mundial, con el objeto de corregir la crisis terminal que enfrenta la economía argentina y conjurar el grave riesgo de un deterioro aún mayor y mucho más grave de la situación social y económica”.

“Para lograr los objetivos perseguidos”, sostiene el Gobierno, “la inversión extranjera es crucial, especialmente en los casos de la búsqueda de desarrollo de los países emergentes, ya que la aludida inversión actúa como un motor significativo para el crecimiento económico y la modernización de sus infraestructuras. La llegada de capital extranjero permite la creación de nuevas empresas, la expansión de las existentes y la generación de empleo formal y de calidad, lo que contribuye a reducir los niveles de pobreza y desigualdad. Además, las inversiones extranjeras suelen venir acompañadas de transferencia de tecnología y conocimiento, mejorando la competitividad y productividad de los sectores locales. Estas inversiones no solo impulsan el crecimiento económico a corto plazo, sino que también establecen una base sólida para el desarrollo sostenible a largo plazo”, exponen.

Para el Ejecutivo, “cuando los capitales locales se destinan a la creación de nuevas empresas o a la transformación de las existentes, se genera un ciclo positivo de reinversión dentro de la economía nacional. Esto no solo facilita la creación de empleos y el aumento del poder adquisitivo de la población, sino que también contribuye al desarrollo de infraestructuras y tecnologías propias; y al depender gradualmente en menor medida del capital extranjero, las empresas locales pueden mantener —así— el mayor control sobre sus operaciones y decisiones estratégicas, adaptándose mejor a las necesidades y características del mercado interno, como —al mismo tiempo— poder generar un perfil exportador”.

Entonces, concluye que, como “la República Argentina requiere y necesita de inversión local y extranjera para comenzar a transitar el proceso de superación de la situación jurídica, económica, financiera y social heredada de la administración anterior, resulta imprescindible facilitar tanto la operatoria económica y jurídica de la sociedades, entendidas —éstas— como estructuras organizacionales de naturaleza jurídica a la cual recurren los productores de bienes y servicios en el mercado, como también de las organizaciones de la sociedad civil que desarrollan su actividad sin fines de lucro, o con propósitos lícitos que no sean contrarios al interés general o al bien común en los cuales el lucro no sea el fin principal, eliminando los obstáculos que han introducido en el pasado diversas resoluciones administrativas de esta INSPECCIÓN GENERAL DE JUSTICIA, y que —bajo un conjunto de argumentos carentes de sustento y veracidad, así como meramente ideológicos y sin anclaje en la realidad— han conformado una indebida y antijurídica injerencia del Estado en la registración, fiscalización y control de funcionamiento de las personas jurídicas privadas sujetas a su autoridad”.

De acuerdo al DNU, “uno de los problemas más comunes en la administración pública —además de la desnaturalización de sus verdaderas funciones— es la burocracia excesiva, que muchas veces se traduce en trámites engorrosos y procedimientos innecesariamente complicados, disponiendo exigencias desmedidas e inconducentes, a cargo de los administrados. Simplificar estos trámites importa una obligación ineludible del Estado ya que ello reduce significativamente la burocracia, permitiendo que los ciudadanos, las empresas y las organizaciones de la sociedad civil, puedan acceder a mejores servicios y realizar gestiones y trámites de un modo más ágil y eficiente, de manera —también— no sólo de ahorrar tiempo, sino de reducir el nivel de tensión y de frustración de los administrados en su interacción con entidades gubernamentales”.

Por eso establece “la simplificación de los trámites administrativos ante los organismos públicos es un tema de vital importancia en la gestión de cualquier administración moderna. Este proceso no solo busca facilitar la vida de los ciudadanos y empresas, sino que también tiene implicaciones profundas en términos de eficiencia, transparencia y desarrollo económico”, lo que considera “un objetivo fundamental para cualquier administración que aspire a ser eficiente, transparente y promotora del desarrollo económico. Ello en razón de que reducir la burocracia, mejorar la eficiencia, fomentar la transparencia, impulsar el desarrollo económico, garantizar la accesibilidad y promover la participación ciudadana son solo algunos de los beneficios que se derivan de este proceso; resultando imperativo que los gobiernos deban trabajar en la implementación de medidas que simplifiquen los trámites y faciliten la interacción de los ciudadanos con las instituciones públicas, brindándoles a aquéllos tiempos de respuesta más rápidos, y a los organismos públicos una mayor capacidad para atender un volumen cada vez más alto de solicitudes y requerimientos”.

Con información de agencias.

IG

Martin Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, dispuso este miércoles la intervención por 180 días hábiles del Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil (IEES), presidido por la precandidata presidencial Patricia Bullrich de Juntos por el Cambio (JxC), por irregularidades contables y otros cargos.

Según se precisó en un comunicado, mediante la Resolución 742/2023, se “busca normalizar la situación institucional de la entidad, luego que las actuaciones sumariales realizadas por la Inspección General de Justicia (IGJ) verificaran irregularidades contables y el desarrollo de acciones ajenas al objeto social para el cual fue autorizada a funcionar”.

En ese contexto, Soria dispuso la intervención de la asociación civil con sede social en la ciudad de Buenos Aires en los términos del artículo 10, inciso J, de la Ley 22.315.

La medida generó un duro cruce entre Soria y Bullrich a través de la red social Twitter.

“Sergio Massa decidió continuar atacándome, esta vez a través del ministro de Justicia, en lugar de ocuparse de la inflación galopante y del estado calamitoso de la economía”, acusó la precandidata presidencial y agregó: “Quiero compartir con la gente que estemos fuertes, porque los ataques seguirán en las próximas semanas. Buscan correr la atención de su gestión desastrosa y de la miseria que genera el kirchnerismo”.

Rápidamente, Soria le contestó por el mismo medio: “La IGJ depende del Ministerio de Justicia, no sabés ni las competencias de cada ministerio pero decís que hay que cerrarlos. Dejá la campaña de lado y empezá a explicar el sistema ilegal de recaudación que armaste para tu partido político, mucho antes de que seas candidata!!”.

La intervención, solicitada por el Inspector General de Justicia Ricardo Nissen, se fundamenta en la instrucción realizada por ese organismo, donde se determinó que desde el instituto presidido por Bullrich “se desplegaron acciones ajenas a su objeto social y fue utilizado para fines distintos para los que se le otorgó autorización para funcionar”.

Las actuaciones sumariales realizadas determinaron que -bajo el amparo de una persona jurídica sin fines de lucro como es el IEES- “se ha estructurado un sistema de ingresos y egresos destinado a financiar, en todo o en parte, acciones de proselitismo político, en franca contradicción con el objeto social autorizado y los fines de creación de la persona jurídica de que se trata”, indicaron oficialmente.

Además, se detectaron irregularidades contables y administrativas: se verificó un “crecimiento exponencial” de los ingresos y egresos del instituto, “pasando en pocos meses de no tener fondos para solventar los gastos corrientes, a recaudar más de 90 millones de pesos”.

En esa línea, se explicó que el incremento de los ingresos es “coincidente con actividades políticas personales desplegadas por Patricia Bullrich y pagos de facturas telefónicas vinculadas a líneas que están registrados bajo el partido Unión por la Libertad”.

El sumario, instruido por la IGJ incluyó “visitas de inspección, documentación aportada por la propia entidad, compulsa de información de acceso público, entre otras medidas, y fue iniciado de oficio luego de que los diarios Perfil, El Cronista y Página/12 den cuenta de la realización de actividades proselitistas, como almuerzos y cenas de campaña, impulsadas por Bullrich y pagos a Gerardo Milman vinculados al IEES”.

La intervención por 180 días hábiles dispuesta el día de la fecha se concreta después que la resolución recaída en la causa “Inspección General de Justicia c/Instituto de Estudios Estratégicos en Seguridad Asociación Civil s/Medidas Precautorias” (CIV 24775/2023), que tramita ante el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Civil N° 28, adquirió firmeza.

Por último, la IGJ determinó que la “utilización estructural y financiera” del IEES para la campaña política nacional de Bullrich “no sólo vulnera las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación en materia de asociaciones civiles”, sino que también podría “implicar una violación de la ley 26.215 la cual regula la financiación de partidos políticos”.

“La Ley 22.315 establece en su artículo 10 inciso J, que la IGJ podrá solicitar al Ministro de Justicia de la Nación la intervención de asociaciones civiles o fundaciones cuando se verifiquen actos graves que importen violación de la ley, si existen irregularidades no subsanables o no pueden cumplir su objeto, o cuando la medida resulta necesaria en resguardo del interés público, entre otros”, recordaron.

Cabe destacar que la IGJ es el organismo encargado de verificar la legalidad de los objetos sociales de las asociaciones civiles, autorizar su funcionamiento y realizar el control permanente de dichas entidades para evitar la indebida utilización de la persona jurídica registrada.

El ministro Soria explicó en declaraciones a Radio 10 que se demostraron “un cúmulo de irregularidades tremendas” en el funcionamiento de la organización civil y criticó a los dirigentes del PRO al asegurar que se trata de una “muestra más de la impunidad”.

“Arman sociedades de mentirita para encubrir sus objetivos políticos, evadiendo impuestos para financiar sus campañas proselitistas y utilizan estas fachadas para perseguir opositores”, lanzó el titular de la cartera de Justicia.

El pasado 10 de abril, la IGJ había resuelto la intervención judicial de la asociación civil y el desplazamiento de los integrantes de su comisión directiva, tras investigar los movimientos dinerarios y actividades de sus directivos en 2022. En respuesta, la abogada Silvina Martínez denunció al titular de la IGJ por abuso de autoridad y persecución contra organizaciones afines a la coalición, al señalar que se utilizó “el poder del Estado” para perseguir “a entidades civiles que presiden dirigentes opositores”.

Posteriormente, en mayo, el fiscal Carlos Stornelli ordenó el allanamiento a la sede del IGJ, mientras que su titular, aseguró: “El allanamiento es una cosa que no se vio nunca. Es un amedrentamiento inaceptable para un organismo del Estado especializado en estas cosas, es un mensaje mafioso, una intimidación berreta”.

Reacciones de la oposición a la intervención de la fundación de Bullrich

Propuesta Republicana (PRO) respaldó a la precandidata presidencial por la intervención de la IEES. En particular, su adversario en la interna de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, consideró que el accionar de la IGJ constituye una campaña sucia y apoyó a la ex ministra de Seguridad. “Utilizar el estado para perseguir opositores es ABSOLUTAMENTE INACEPTABLE. Todo mi apoyo a @PatoBullrich. El 10 de diciembre esto se termina”, aseguró vía Twitter.

La ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires y actual diputada nacional, María Eugenia Vidal, se expresó en la misma línea. “Pasan las elecciones, pero las campañas sucias del kirchnerismo continúan. No van a parar el cambio, ni inventando mentiras, ni generando miedo. Mi solidaridad con @PatoBullrich”, publicó.

El ex mandatario Mauricio Macri también extendió su respaldo a la precandidata presidencial y cuestionó el accionar de la gobierno nacional. “Un atropello más de la IGJ y el Ministerio de Justicia, esta vez contra Patricia Bullrich y su fundación en plena campaña. Celebro que ya falta poco para que dejen de usar la AFIP, la IGJ y las agencias del Estado con el fin de atacar y perseguir opositores”, sostuvo en redes sociales. Su primo y precandidato a jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, afirmó que se trata de un golpe bajo para ensuciar a Bullrich por el temor de una eventual pérdida del oficialismo en las elecciones nacionales.

Con información de agencias

La Inspección General de la Justicia determinó este martes que no hubo “controversias” en la colecta del Club Atlético Independiente, encabezada por el influencer Santiago Maratea, que lleva recaudado el 10 por ciento del objetivo final tras casi dos meses de su inicio.

En una conferencia de prensa llevada adelante en el edificio de Microcentro porteño de la IGJ estuvieron Ricardo Nissen, titular del organismo, junto con Maratea y también Juan Marconi, vicepresidente de la institución de Avellaneda.

El primero en tomar la palabra fue Nissen, quien explicó: “Cuando vemos algo raro, ponemos objeciones. En este caso en particular no hubo controversias, sí discrepancias en metodologías al llevar el fideicomiso a Neuquén. No había razón para llevarlo allá porque los puntos de contacto eran de Buenos Aires”.

“Analizamos profundamente la letra del fideicomiso, tanto Santiago Maratea como sus letrados nos dieron la razón y otras las discutieron. Nosotros llegamos a la conclusión que ahora está todo bien, con presunción de legalidad y desde las 10.30 de la mañana fueron inscriptos como corresponde. La colecta nunca estuvo en peligro, ahora ya depende de ellos. Nosotros sólo controlamos”, agregó el Inspector General de Justicia.

Acto seguido, Maratea se mostró un tanto agotado y fastidioso por algo que repitió “muchas veces” en diferentes medios de comunicación. “Todo lo que lleva transparencia me parece muy bien. Estoy siendo el responsable de mucho dinero y necesito estar tranquilo. Nos presentamos de manera voluntaria, entiendo que lo que hacemos es novedoso y eso genera dudas en todos”, comentó.

El influencer reiteró que cobrará un cinco por ciento de lo recaudado, que hasta el momento es 879 millones de pesos sobre los 22 millones de dólares pretendidos -se llevan alrededor de 3,5-, aunque advirtió que podría “bajarlo”. “Yo había dicho que en 10 días y luego en un mes íbamos a conseguirlo y aprendí que no es así. Falta un tiempo. Con esta colecta estoy aprendiendo otras cosas. Es diferente a las demás que fuimos haciendo”, se excusó.

Además, el fideicomiso finalizará el 31 de octubre de este año, “tal como se adelantó en el inicio” y rechazó el término “limpio” porque “siempre lo fue”. “Los hinchas son los que menos cuestionan y más confían en esto que estamos haciendo. Los hinchas de Independiente son millones”, afirmó Maratea. “Podemos aprender desde esta colecta para el futuro. Tuvimos que presentar cómo es el funcionamiento de Mercado Pago, ya que hay un gris porque no es un banco, y así lo aprobaron de cara al futuro”, insistió.

Por otro lado, Marconi, quien no había hablado públicamente hasta el momento desde la renuncia del presidente Fabián Doman, destacó: “estoy en nombre de la comisión directiva del club. Aceptamos la idea de fideicomiso y también decidimos después de dos meses de iniciada decidimos mantener un bajo perfil. Posiblemente esto llevó a pensar que no estábamos detrás y fue todo lo contrario”.

“Entiendo las ideologías políticas pero a Santiago Maratea hay que apoyarlo, necesitamos muchos como él para el país. Como amigo le quiero agradecer. Es el vehículo de toda la gente de Independiente, que está siendo parte de la historia para devolver al club donde debe estar”, enfatizó el también periodista y conductor televisivo.

A su vez, el hijo del exárbitro y gremialista Juan Marcioni contó que hay “acercamientos” con América de México para cancelar la deuda por Cecilio Domínguez (valuada en 5.700.000 de dólares) para poder levantar la inhibición. “Es mejor tardar un poco y hacerlo de manera seria. La deuda la vamos a pagar”, sentenció.

“Tenemos la posibilidad de ir por el camino del dólar oficial, la idea es esa. Lo estamos trabajando y le agradezco a cada hincha por su paciencia. A veces no es que no queremos informar sino que estamos esperando el momento justo”, detalló. “Lo que se está llevando adelante con todas las partes está planificada pero no lo queremos adelantar. Estamos en eso”, completó Marconi.

LC con información de agencia Télam

La Inspección General de Justicia (IGJ) declaró “irregular e ineficaz” el fideicomiso del Club Atlético Independiente armado por el influencer Santiago Maratea, el cual lleva a cabo la recaudación para pagar la deuda del club de Avellaneda.

El organismo del Ministerio de Justicia da cuenta de la “exorbitante” suma recibida por Maratea en la coleta y de los “gastos y honorarios” de los integrantes del fideicomiso.

El “Fideicomiso Maratea Rojo Gogo” tenía la pretensión de inscribirse en la provincia de Neuquén, de ahí la presentación ante la IGJ, pero luego de varias prórrogas que otorgó el organismo, el trámite nunca se efectivizó: “No se ha iniciado al día de la fecha el trámite de inscripción del aludido fideicomiso”, especificaron en la resolución.

En esa línea, el Colegio de Escribanos de la provincia de Neuquén y/o el Registro Público de Contratos de Fideicomisos a cargo de esa corporación notarial tampoco informó a la IGJ sobre si se presentó allí el Fideicomiso Maratea.

De ahí el origen del contrapunto de la IGJ, ya que Independiente tiene domicilio real en provincia de Buenos Aires y Maratea en la Capital Federal. Para que el fideicomiso pueda registrarse en un determinado distrito, deben tener los bienes en cuestión en la misma o bien las personas que lo integran deben tener domicilio allí.

“La relevancia de la inscripción del carácter fiduciario de un conjunto de bienes, que puede estar constituido por aportes voluntarios, radica en el otorgamiento de publicidad al dominio fiduciario, haciéndolo oponible a terceros, siendo que la inscripción del contrato en un registro específico, por su parte, hace oponibles a terceros las demás disposiciónes contractuales, en especial aquellas referidas a las limitaciones de las facultades del fiduciario sobre los bienes fieicomitidos”, señaló la IGJ.

Ahora Maratea puede apelar la decisión de la IGJ ante la Justicia. Según la última actualización, la iniciativa del influencer lleva recaudado poco más de 800 millones de pesos.

LC con información de agencia NA

Ciento cuarenta después de que un “entusiasta conjunto de caballeros”, tal como anuncia en su presentación, decidió fundar el Jockey Club, la justicia acaba de ordenarle a la entidad que llegó el momento de adecuarse a estos tiempos y aceptar mujeres entre sus socios.

En los papeles, no hay una norma que impida el ingreso de mujeres. Sin embargo, para la justicia pesaron dos datos. El primero que en casi un siglo y medio nunca hubo una socia y que entre sus sus 6.000 adherentes actuales sólo se encuentren varones. Y en segundo lugar, los jueces remarcaron que al hacer explícito que se aceptan yernos pero no se mencionan nueras se da por sobreentendido que cuando se refiere al ingreso de hijos o sobrinos también se excluyen las hijas y sobrinas

 “El Estado Argentino asumió diversos compromisos internacionales, entre los que se encuentran la de condenar la discriminación contra la mujer en todas sus formas”, señala el fallo de la Sala M de la Cámara Civil.

Fundado el 15 de abril de 1882 por Carlos Pellegrini, el objetivo del Jockey Club fue darle un ámbito formal a las carreras de caballos. Pero esa no fue su única misión. Además, se buscó convertirlo en “un centro social de primer orden, similar a los mejores clubes europeos que todos ellos -sus socios- habían conocido durante sus viajes por Francia e Inglaterra”. Desde su origen y hasta hoy, el Jockey Club representó la aristocracia y la exclusividad. En ese ámbito, las mujeres no tuvieron cabida ya que los únicos socios permitidos fueron varones.

Fue la Inspección General de Justicia (IGJ), la que tomó la iniciativa y en junio envió una intimación a la Asociación Civil Jockey Club para que regularice su situación respete la “diversidad de género”. Y recomendó que una manera de comenzar era integrando socias mujeres al directorio. “En el seno del Jockey Club existían situaciones de patriarcado, misoginia, restricción y discriminación, lo que difería de lo informado por sus autoridades”, dijo el organismo y señaló que la entidad debía “abstenerse de realizar cualquier práctica que importe la restricción de acceso de mujeres a la condición de asociadas de la institución”.

El Jockey había alegado que no existía ningún impedimento para que las mujeres pudieran asociarse.

Ahora, la Cámara Civil avaló la actuación de la IGJ y ordenó al Jockey Club a remover todas las normas que impiden sumar mujeres entre sus asociados:  “El tribunal no puede soslayar que la redacción que contiene el artículo 23 del estatuto del Jockey Club, al mencionar: socios, hijos, sobrinos, nietos y yernos (pero no menciona a las nueras) sugiere con suficiente grado de certeza que la afirmación que hicieron el presidente y secretario general de la institución, en cuanto a que no hay restricción al ingreso para mujeres, no se corresponda con lo que efectivamente sucede en el club”, dice el fallo que lleva las firmas de los jueces Carlos Calvo Costa, María Isabel Benavente y Guillermo González Zurro.

Para los camaristas, la postura de la ICJ “no solo se ajusta a las facultades reglamentarias y legales conferidas al órgano estatal, sino que es coincidente con los compromisos internacionales asumidos por la República Argentina, que condenan la discriminación contra la mujer en todas sus formas”.

La IGJ había ordenado también al Jockey que “reglamente detalladamente el mecanismo de presentación de solicitudes de afiliación y el tratamiento de las mismas, ello a los efectos de que las personas interesadas, independientemente de su género o condición sexual, puedan iniciar el trámite”.

  El Jockey Club apeló la decisión, pero el tribunal respondió que “el reconocimiento de sus autoridades de que nunca hubo a lo largo de la historia socias mujeres ni tampoco en la actualidad, a pesar de no existir formalmente restricciones al ingreso y contar con 6.000 socios, permite suponer que el mecanismo de ingreso al club tiene, en los hechos, una barrera que impide el acceso de mujeres”.

Por esa razón, los camaristas agregaron que  “la restricción contra determinado grupo en razón del género, al que se impide de hecho el pleno ejercicio de sus derechos por sus características innatas, al margen de los méritos o comportamientos individuales, afecta en definitiva la propia dignidad del ser humano”, añadieron.

Con información de NA