Cuando el profesor Samuel Redman termina una de sus clases de historia en la Universidad de Massachusetts, no puede evitar pensar si los comentarios que ha hecho en el aula podrán ser usados por el Gobierno de Donald Trump para señalarlo y perseguirlo. En la Universidad de Columbia, la profesora Jane Brooks —nombre ficticio para preservar el anonimato— explica que muchos de sus alumnos y colegas están considerando aparcar sus tesis e investigaciones porque tratan temas relacionados con Palestina o políticas de diversidad. Ella, que también trabaja en este área, ha optado por el perfil bajo. “En estos últimos tres meses ha aumentado la paranoia sobre lo que se habla en clase. Incluso a mis alumnos se les ve desconfiados y con miedo a expresarse abiertamente. Desconfían unos de otros”, dice Brooks a elDiario.es.

La Universidad de Massachusetts no está en la lista negra de centros educativos contra los que Trump está librando su guerra cultural. Columbia sí: el Gobierno le suspendió us$ 400 millones en fondos bajo diversas exigencias para intervenir en el funcionamiento del centro. A pesar de la diferencia entre ambos lugares, el relato de Redman y Brooks es similar. Ambos ya conviven con esa voz del “¿y si…?” que hace que revisen sus palabras en medio de la persecución ideológica que el presidente estadounidense está librando dentro de las instituciones culturales.

Universidades, museos, centros de artes —ya sean públicos o privados— son susceptibles de caer bajo la maquinaria coercitiva del Ejecutivo trumpista. La guerra contra la disidencia se extiende también a los estudiantes particulares que denuncian el genocidio en Gaza; los periodistas que no compran la agenda del presidente o que siguen utilizando el nombre de Golfo de México en lugar de Golfo de América; los jueces que cuestionan la legalidad de sus medidas; e incluso los abogados que defienden esos casos ante la Justicia.

Durante la campaña, Trump prometió poner fin a lo que la extrema derecha y los conservadores consideran la agenda “woke”. En el Project 25 ya se hablaba de volver a restaurar y recuperar todos los valores relacionados con la familia tradicional. Que el presidente iba a atacar temas como la cuestión palestina, las políticas de diversidad e igualación y el cambio climático era algo esperable. “El problema es que creo que nadie esperaba que las cosas se pusieran tan mal en términos de violencia cultural e intelectual como lo que ha estado haciendo la gente de Trump hasta ahora. Creo que eso fue un error, podríamos haber estado más preparados”, expone Christia Mercer, catedrática de filosofía de Columbia.

Mercer es una de las académicas que lideró la iniciativa para reclamar a la dirección de la universidad que se retractara de su decisión de claudicar ante las exigencias de Trump para descongelar las subvenciones. Inicialmente, Columbia había aceptado que se nombrara a una nueva persona para que revisara el contenido de los cursos del Departamento de Oriente Medio y también había aceptado la presencia de agentes con autoridad para practicar arrestos dentro del campus. Esta misma semana, a raíz también de la decisión de Harvard de plantarse ante una situación similar, la dirección del centro matizó su postura y decidió rechazar cualquier acuerdo con Trump que erosionase su independencia académica.

“Como no estábamos preparados, el golpe nos tiró por un momento al suelo, pero ahora creo que nos estamos levantando y vemos la importancia de estar unidos para enfrentarlo”, reflexiona Mercer, y añade: “Cuanto más tardemos, más difícil será poder responder”. A pesar de que ahora se ha puesto en la primera línea de frente para intentar que Columbia no acabe cediendo del todo a los deseos intervencionistas del presidente, también reconoce que hace meses que en sus clases ya vigilaba la manera en que habla sobre el racismo, el feminismo o la causa palestina.

“En el semestre del pasado otoño ya decidí ser mucho más cuidadosa que nunca antes. Tenía miedo a ser señalada. Era algo que ya había pasado con otros profesores”, relata, y señala cómo este temor ya existía en Columbia antes de que Trump llegara al poder. Los republicanos pusieron a la universidad en el punto de mira tan pronto como empezaron las protestas contra la guerra de Gaza, poco después del 7 de octubre. Durante la acampada de la primavera pasada, el ambiente ya estaba enturbiado por las acusaciones de “antisemitismo” que ahora el Gobierno usa tanto como criterio para denegar visas, detener activistas y cortar fondos a instituciones.

También apunta que, en su caso, al ser ciudadana estadounidense, puede permitirse hablar abiertamente en contra de lo que está pasando en el campus. “Cuando el departamento de Filosofía redactó una carta contra la detención de Mohsen Mahdawi, decidimos que no incluiríamos los nombres de los profesores que la firmamos. Lo hicimos en nombre del Departamento porque algunos de nuestros miembros están aún con la green card [el permiso legal de residencia y trabajo], pero creíamos que no era seguro que la firmaran”, expone Mercer.

Presión económica contra instituciones

Mahdawi, que es estudiante de Filosofía, es el último alumno de Columbia que, a pesar de tener un estatus legal en el país, ha sido detenido por su implicación en las protestas propalestinas y ahora se enfrenta al riesgo de deportación. De hecho, el miedo a las represalias por parte del Gobierno de Trump se hace sentir más entre los alumnos y académicos que no tienen la ciudadanía. Una de las razones por las que Brooks prefiere mantener el anonimato es esta, de hecho. “Ahora mismo estoy conviviendo con esta posibilidad de tener que volver a mi país. No solo por las represalias, sino porque lo que Trump está haciendo con las universidades afectará a cómo se hace toda la investigación en general. No solo en áreas culturales. Tengo colegas investigadores en medicina que están revisando determinados enfoques con relación a las personas LGTBIQ”, expone.

La presión, principalmente económica, que está ejerciendo el Gobierno estadounidense contra las instituciones de educación superior es la misma que también ha aplicado a colegios e institutos. Trump firmó dos órdenes ejecutivas para eliminar las políticas de diversidad en los centros de educación primaria y secundaria. Una es la titulada “Poner fin al adoctrinamiento radical en la enseñanza K-12” y la otra fue la que firmó para prohibir la participación de las mujeres trans en las ligas femeninas. En esta última, amenazaba con cortar la financiación a los centros que siguieran permitiendo participar a mujeres trans en sus competiciones y equipos.

“Está claro que Trump se está fijando en las universidades porque son el centro neurálgico de la disidencia discursiva. Donde siempre nacen las resistencias”, defiende Brooks. Del mismo modo que la nueva administración intenta despojar de poder a estas disidencias discursivas actuales, también quiere aplicar un revisionismo del discurso a la historia. Es por ello que ahora los museos y centros de conservación federales también han caído bajo la inquisidora revisión del Gobierno.

El pasado 27 de marzo, el presidente firmó una orden ejecutiva titulada “Restaurando la Verdad y la Cordura en la Historia Estadounidense”, donde ordenaba eliminar la “ideología inapropiada, divisoria o antiamericana” de los museos del Instituto Smithsonian. Trump acusaba al complejo museístico, educativo y de investigación más grande del mundo de intentar reescribir la historia sobre temas relacionados con la raza o el género.

El profesor de historia Samuel Redman recuerda cómo el Smithsonian, a pesar de ser una institución federal, “siempre ha tenido una separación de sus mecánicas de funcionamiento con el Gobierno”. A pesar de que indirectamente algunos gobiernos han intentado influir a su manera sobre el trabajo de documentación, recolección y estudio de los museólogos e investigadores del Smithsonian, Redman apunta que nunca antes se había visto una confrontación tan directa como la de Trump.

“Esto es una alarma de nivel de emergencia para la historia pública, la ciencia y la educación. Y sin duda los archivistas, historiadores y conservadores están pensando —y deben pensar— en este momento cuáles son algunas de las formas en que podemos prepararnos y resistir. Y a veces eso implica hacer cosas como documentar en ordenadores personales y en discos duros personales el material histórico que está en bases de datos del Gobierno”, expone Redman. Reconoce que es algo que se ha planteado hacer él mismo. El profesor, especializado en la historia americana de los siglos XIX y XX, explica que prepara buena parte de sus clases con el material que tiene publicado la institución.

Poco después de que Trump firmara la orden ejecutiva para interferir en las mecánicas del complejo museístico, se descubrió que la página web del Servicio de Parques Nacionales había borrado de la página sobre el ferrocarril subterráneo las referencias a Harriet Tubman, una figura histórica en la lucha contra el esclavismo. En un caso más reciente, este viernes, el Gobierno de Trump sustituyó las páginas web sobre el COVID (como covid.gov) con una nueva interfaz donde defiende que el virus que causó la pandemia salió de un laboratorio de China. La página, titulada “Lab Leak, el auténtico origen del COVID”, también acusa al doctor Anthony Fauci, exdirector del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas, de promover una “narrativa favorecida” según la cual el COVID se originó de forma natural.

Ataques a la prensa

Bajo esta premisa de “restaurar la verdad”, el presidente también está atacando a los medios de comunicación tradicionales, a quienes llama legacy media. En las comparecencias, tanto Trump como su secretaria de prensa, Karoline Leavitt, no han tenido problema en atacar abiertamente a periodistas de estos medios. Los comentarios pasivo-agresivos a las preguntas de los medios que el Gobierno considera que fabrican fake news son una constante.

En aplicación de esa política contra los medios, la Casa Blanca ha vetado el acceso a los periodistas y fotógrafos de la agencia Associated Press (AP) a los viajes y convocatorias de Trump en el Despacho Oval por no referirse al Golfo de México como Golfo de América. Tras recurrir ante la Justicia, AP ha logrado que un juez ordene a Trump revertir la decisión invocando la libertad de expresión y la libertad de prensa. En el mismo sentido, tanto la Casa Blanca como algunos departamentos han reducido el acceso a los grandes medios a sus instalaciones, ruedas de prensa y coberturas para dar espacio a pseudomedios y canales de YouTube de tendencia ultraconservadora y favorable al presidente.

Pero no solo eso. Trump está empleando la, en teoría independiente, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC en sus siglas en inglés) para iniciar investigaciones contra los medios de comunicación que no apoyan sus políticas. El pasado domingo, el presidente instó al nuevo responsable de la FCC, Brendan Carr, a castigar a la CBS por emitir dos reportajes críticos con su postura sobre Ucrania y Groenlandia en el programa ’60 minutos’, uno de los programas informativos más prestigiosos del país. “La CBS debería perder la licencia”, llegó a decir Trump en un mensaje en su red social, Truth Social. Aunque la FCC se ha centrado tradicionalmente en la autorización de compraventa de licencias, fusiones y asuntos de competencia, Carr ha entrado de lleno en las coberturas de los medios cuyas licencias supervisa y ha amenazado con investigaciones a CNN o NBC por el tono de sus informaciones sobre las deportaciones de migrantes.

El lunes, durante la reunión en el Despacho Oval, el presidente salvadoreño Nayib Bukele comentaba cómo era posible que las cifras sobre el descenso de cruces fronterizos no salieran en las noticias. “Bueno, las fake news como la CNN se salen con la suya. A la CNN, que está aquí, no le gusta dar buenas cifras, porque solo les gusta publicar esto otro. Creo que, de hecho, odian nuestro país”, respondió Trump. Como reprimenda, a la hora de empezar la ronda de preguntas, el magnate se permitió decir: “No empecemos con la CNN”.

Este viernes por la mañana, la cuenta oficial de la Casa Blanca publicaba una captura del titular del New York Times sobre el encuentro del senador por Maryland con el hombre deportado por error a la prisión de El Salvador, Kilmar Abrego García. El titular es: “Senador se reúne con el hombre de Maryland deportado por error en El Salvador”. Con unas rayas en rojo, aparece cambiado el titular por “Senador se encuentra con un inmigrante ilegal del MS-13 en El Salvador que no va a volver”. Y añadía en la descripción del post: “Lo he arreglado para vosotros, New York Times. Ah, y por cierto, senador Chris Van Hollen, NO va a regresar”.

La Casa Blanca, que en su momento reconoció que había deportado a Abrego García por error, ahora se agarra sin pruebas a la afirmación de que es un miembro del MS-13, la Mara Salvatrucha, y en que no puede devolverlo a Estados Unidos.

Objetivo jueces y abogados

Un grupo de abogados presentó una petición de emergencia al Tribunal Supremo pidiendo a los jueces paralizar las deportaciones de inmigrantes indocumentados a prisiones de terceros países como El Salvador de Nayib Bukele. Este sábado, la Corte Suprema ha fallado contra Trump y ha ordenado al presidente detener temporalmente las deportaciones basadas en la Ley de Enemigos Extranjeros, un texto aprobado en 1798 y solo utilizado en tres ocasiones en periodos de guerra.

En su choque con el poder judicial, el presidente estadounidense, Donald Trump, está buscando atajos. Los jueces federales se han convertido en la primera línea de defensa contra sus ambiciones de extralimitar el poder presidencial, pero para que los magistrados puedan bloquear las órdenes ejecutivas, es necesario que los abogados presenten el caso.

Mientras la Casa Blanca desafía abiertamente la autoridad de los tribunales, en un segundo plano está atacando y acorralando a las firmas legales que han iniciado procesos contra sus políticas. La lógica es clara: sin abogados que interpongan demandas, no es necesario enfrentarse a los jueces, pues estos no pueden tomar partido.

El presidente ha firmado una serie de órdenes ejecutivas en las que ha acusado a grandes bufetes de abogados —como Paul Weiss, Jenner & Block, Covington and Burling y Perkins Coie— de instrumentalizar el sistema judicial. Además, también ha señalado una serie de despachos que, según él, le han perjudicado de algún modo: ya sea trabajando para sus rivales políticos o bien impulsando casos contrarios a su agenda de gobierno. En total ha habido hasta ocho bufetes que han sido blanco directo del presidente. 

Algunos de los despachos han plantado cara al presidente, alegando en demandas judiciales que las órdenes ejecutivas buscan meter miedo en el sector y disuadirlos de aceptar determinados casos. Otros han optado por llegar a acuerdos con Trump, comprometiéndose a dedicar decenas de millones de dólares para apoyar legalmente iniciativas de la Administración.

MU

Por momentos, en la Argentina estamos condenados a las repeticiones eternas. Cambian las máscaras, a veces también los actores, pero no determinados comportamientos. Estos, que de alguna manera se imponen a las personas, son los engranajes de una suerte de máquina que se volvió autónoma y parece actuar por encima y más allá de los argentinos. Una máquina que nos hace decir que “esto no cambia más”, que “los argentinos somos así” y que hay que bajar la cabeza y tirar para adelante porque “las cosas siempre fueron iguales”.

Pienso en la inflación, en el aumento de la pobreza, en los déficits de infraestructura, en la decadencia de la educación, en los problemas con el sistema judicial, en la corrupción general, en la inseguridad, en los bajos salarios, en la economía informal, en la inequidad tributaria, en la fragmentación social, en la corrupción, en la deuda externa. La lista podría ser inagotable. Estos fenómenos nos condenaron a pensar solo en sobrevivir al día a día y, en consecuencia, nos privaron y nos privan de pensar en el futuro; de proyectarnos sobre una idea y de arrojarnos hacia ella. Nos privaron y aún nos privan de aspirar a tener una buena vida. De alguna manera, generan la falsa sensación de que las cosas son irreversibles.

Recordemos a Neo, el protagonista de Matrix, que debía elegir entre una pastilla azul y una roja. La azul prolonga el estado de las cosas. La roja, en cambio, puede cambiar la realidad. Este libro está enmarcado en esa metáfora, que utilizo para analizar el modo en que se ha sedimentado una forma de ejercicio del poder político en la Argentina. Más allá de las coaliciones que ocasionalmente ocupan los roles de gobierno, siempre nos sentimos condenados a la repetición. Esta es la pastilla azul.

Pero también voy a plantear que está en nuestras manos desenredar esa madeja que constriñe la potencia de las grandes mayorías. Hablaré, por lo tanto, sobre la posibilidad de generar nuevos escenarios desde los cuales pensar ejercicios diferentes del poder político. Si lo logro, se verá con mucha claridad que la condena no existe, que vivir de otro modo es posible, que para ello no hacen falta grandes traumas sociales sino tomar algunas decisiones atadas a una idea diferente de sociedad, a sueños grandes, pero alcanzables. Estas decisiones quizá no tengan la capacidad de llamar la atención pública pero, en cambio, tal vez sean capaces de transformar la realidad desde nuevas bases. Esta es la perspectiva de la pastilla roja.

La pastilla azul, la de la permanencia, es la concepción científica de la política, que no es otra que la del liberalismo político. Sin embargo, no es el liberalismo político en sí mismo el problema, sino la forma en que ese liberalismo fue recibido en estas tierras. Es decir, su imbricación con formas culturales muy específicas. Desde mi punto de vista, allí está la clave de que en nuestro país las mayorías no logren tener una buena vida. Transformar la perspectiva liberal —es decir, dejar de consumir la pastilla azul— es un imperativo moral que se completa con la decisión firme de tomar la pastilla roja, que contiene como principio activo la milenaria tradición republicana y democrática.

Recordemos que, de acuerdo con las constituciones de Occidente, todos deberíamos tener una vida relativamente buena y feliz. Y, de hecho, la tradición republicana pivotea sobre dos grandes principios que deberían generar las condiciones para que la vida del hombre de carne y hueso sea como las constituciones occidentales la describen: garantizar a todos el derecho a la existencia y conseguir la extensión universal del derecho de propiedad. Juntos hacen posible una concepción diferente de la libertad. Esta se define por no reconocer otro señorío que el de la ley, entendida como expresión de la voluntad común, y que no acepta siquiera la posibilidad de una interferencia externa. Se distingue así de la concepción liberal de la libertad, concebida en términos negativos frente a los demás.

La pastilla roja contiene el principio activo del cambio. Los elementos que la componen no son externos al mundo, no están fuera de la historia. Yacen en el interior de cada persona, son parte constitutiva de la condición humana. Dios, o la Naturaleza, nos dotó de razón. A la par, nos hizo criaturas débiles para otras cosas. No toleramos el frío sin abrigos o el calor sin la sombra de los árboles, por ejemplo; no tenemos velocidad para huir de los depredadores, ni fuerza física suficiente para vencerlos. Pero Dios, o la Naturaleza, nos hizo naturalmente sociables para paliar nuestras debilidades. Esta es una gran diferencia, porque los humanos tendemos a asociarnos para hacer posible el milagro de sobrevivir y vivir la vida en común, aun en medio de la discordia constante o potencial.

Kant sostenía que el antagonismo era la fuente de desarrollo de las disposiciones del hombre y la causa de los órdenes legales, específicamente por lo que llamaba “insociable sociabilidad” de los hombres. Esto es, la inclinación natural a formar una sociedad que convive con la amenaza de disolverla. Pero es la misma sociabilidad la que nos vuelve perfectibles. En palabras de Rousseau, “existe una cualidad muy específica que los distingue [a los hombres]… y ella es la facultad de perfeccionarse; facultad que, con ayuda de las circunstancias, desarrolla sucesivamente todas las demás…”. Esto es genial. Los humanos modificamos nuestra forma de vida en la intersubjetividad. Es decir, afectándonos con los semejantes.

Gracias al rasgo de la sociabilidad, tendemos a juntarnos con otros. También tendemos a tomar productos de la naturaleza, transformarlos e intercambiarlos para poder garantizar nuestra existencia. Los seres humanos también nos organizamos naturalmente para vivir en común, bajo algunas reglas establecidas por acuerdo. Sin los demás no podemos lograrlo. Pero tampoco nos gusta someternos a nadie. Por eso nos servimos de sistemas de reglas basadas en nuestro consentimiento. Se trata de crear las condiciones para que los más fuertes no sometan a los más débiles. Sin embargo, a veces un conjunto de reglas, por más perfectas que sean, no alcanzan. Es preciso también crear algunas condiciones básicas como sustrato para vivir juntos en una comunidad. Por esa razón nos servimos, además de las leyes, de algunas disposiciones institucionales que las complementan. De ello va la pastilla roja.

Sin embargo, los argentinos consumimos la pastilla azul. Sus principios activos van en contra de las disposiciones de la condición humana. Sus efectos, o sus posibilidades de hacerse reales, lo revelan con claridad. No obstante, el paradigma de la pastilla azul se nos impone y la realidad se nos presenta como un conjunto de hechos consumados. Veamos algunos ejemplos. Desconfiamos de los demás. Vivimos en una competencia destructiva latente (y a veces permanente) con otras personas. Nos aprovechamos o sufrimos las asimetrías de poder. Asignamos dispensas morales a los amigos y exigimos una severa aplicación de la ley con los que no lo son. Trazamos fronteras artificiales para dividir la vida en pública y privada, aunque la vida es una.

Esta es una escisión más profunda que separar las esferas públicas —como puede ser una instancia de diálogo colectivo— de los tópicos de la vida privada, como los hábitos de vida en el hogar. Es distinto porque fija las fronteras de lo que se puede modificar y lo que no. Es en definitiva la base real que hace posible la gobernanza de la pastilla azul. 

ED

A 12 días del balotaje, el presidente Alberto Fernández llamó a la militancia a salir a la calle a dialogar con los argentinos y explicarles que lo que se juega en estos comicios es la continuidad de la democracia o el retorno del autoritarismo. Lo hizo durante un acto que se realizó hoy en la Legislatura porteña en homenaje al dirigente peronista y último titular del Concejo Deliberante local, Víctor “Tito” Pandolfi.

“Hoy la lucha de los compañeros peronistas vuelve a ser preservar la democracia en su mejor calidad, salir a las calles a convencer a los argentinos porque la verdadera disputa es la democracia o el autoritarismo y 40 años de democracia no se pueden perder detrás de un autoritarista”, sostuvo en el acto impulsado por el legislador de Unión por la Patria, Claudio Ferreño. Del homenaje participaron también familiares de Pandolfi y dirigentes del Partido Justicialista en la Ciudad de Buenos Aires.

En este marco, apuntó contra el candidato presidencial de La Libertad Avanza, Javier Milei, por su oposición a la intervención estatal y los derechos humanos a 40 años de la recuperación del régimen constitucional. “Es contrario a la democracia quien habla de que no haya más justicia social, quien dice que quiere recortar derechos a los que trabajan y quitarles derechos a las mujeres, que los hombres puedan renunciar a la paternidad y quien propone que perdamos nuestra moneda”, indicó en referencia a la propuesta de dolarización que lleva como bandera el economista y el proyecto de renuncia a la paternidad de Lilia Lemoine, diputada electa del partido libertario.

Fernández también reivindicó el rol de Pandolfi ─a quien calificó como “un militante de la paz”─ en la defensa del sistema democrático. “Que recordemos a Tito en un momento como el de hoy es muy importante. Fue alguien profundamente democrático, un militante excepcional que pensó antes en la militancia que en la dirigencia”, expresó en el Salón Dorado del Parlamento porteño.

En la misma línea, la ministra de Trabajo, Raquel “Kelly” Olmos recordó al ex presidente del Concejo Deliberante de la Ciudad de Buenos Aires como un querido compañero de militancia a nivel local. A su turno, Ferreño describió a Pandolfi como un “ferviente militante y dirigente político del campo nacional y popular” y destacó su trabajo y militancia en el barrio porteño de Villa Lugano, Comuna 8. Precisamente en dicho barrio ─y, en particular, en una unidad básica y centro de jubilados de tal barrio ubicados en Avenida Soldado de la Frotnera 5229─ se colocará una placa con su nombre a modo de reconocimiento.

ACM con información de agencias.

La mitad de las democracias liberales del mundo está en declive, mientras los regímenes autoritarios extienden su influencia, según el informe anual del Instituto para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA Internacional) difundido este miércoles.

Problemas como las restricciones a la libertad de expresión, la desconfianza en la legitimidad de las elecciones, el desencanto con los partidos, la corrupción y el auge de fuerzas de extrema derecha han hecho que el número de países en retroceso democrático se sitúe en su punto más alto en los últimos años y que el proceso afecte incluso a las democracias más consolidadas.

“Creo que este deterioro viene desde hace tiempo, algunos de los factores son muy estructurales, tienen que ver con la instalación de niveles muy altos de polarización en prácticamente todos los sistemas democráticos del mundo, con el empeoramiento de los niveles de desigualdad que hacen que las sociedades se vayan disgregando”, explica a Efe el secretario general de IDEA, Kevin Casas-Zamora.

Casas-Zamora, que habla de retos “severos” a la democracia a nivel global, alude también a “la percepción cada vez mayor, la brecha creciente entre las expectativas sociales de bienestar y las capacidades de las instituciones democráticas para satisfacerlas, particularmente en tiempos de crisis”, así como a la corrupción.

A los factores estructurales se suman otros de tipo coyuntural, como el impacto político de la pandemia de coronavirus, la crisis económica y la guerra de Rusia contra Ucrania.

El “Informe global sobre el estado de la democracia” -que mide aspectos como el sistema político, los procesos electorales, control sobre el ejecutivo, independencia judicial o medios de comunicación- resalta que el número de países moviéndose hacia el autoritarismo duplica al de los que van en sentido contrario.

Más de dos tercios de la población mundial vive ahora en democracias en retroceso o en regímenes autoritarios o híbridos.

Casas-Zamora explica ese fenómeno por la pérdida de capacidad de las potencias para llevar el “mensaje democrático” a otras partes y menciona “errores monumentales” como la guerra de Irak, la crisis financiera o la experiencia “terrible” del gobierno de Donald Trump en Estados Unidos, así como la competencia de otros modelos como el chino.

CAÍDA EN UN TERCIO DE LAS DEMOCRACIAS EN EL CONTINENTE AMERICANO

Mientras Europa afronta un proceso de estancamiento democrático, en Asia-Pacífico se vive un claro retroceso y una “solidificación” del autoritarismo y África se mantiene “resistente” a la inestabilidad, con mejoras en países como Gambia, Níger y Zambia.

En el continente americano, un tercio de las democracias han experimentado un descenso en la calidad democrática, con países como Brasil o Estados Unidos a la cabeza, aunque en estos dos casos desde altos niveles.

En Estados Unidos persisten las amenazas democráticas, ilustradas en el retroceso de derechos largamente establecidos o en la polarización, que se mantiene a niveles “tan altos” como en la época de Trump, afirma Casas-Zamora.

La herencia de los años anteriores, plasmada en la creencia en la ilegitimidad del resultado electoral y en que uno de los dos grandes partidos sea un actor “semileal” de la democracia, convierten a este país en un caso “claramente problemático”, aunque lejos de estar a las puertas del “colapso democrático”, explica.

Frente a la agudización de la “represión” en países como Nicaragua, Haití o Venezuela y el proceso “autocrático” de El Salvador, el informe resalta algunos aspectos positivos en forma de procesos electorales y alternancia en el poder, como Colombia u Honduras.

NUEVOS CONTRATOS SOCIALES Y AUGE DEL ACTIVISMO

La decadencia de las democracias liberales es un fenómeno en fase inicial y los próximos años se presentan “muy complicados” a escala global, sostiene Casas-Zamora.

“La resaca política de la crisis de la covid y de la guerra están apenas empezando, no hemos aprendido a lidiar de manera competente con las amenazas que acechan como la desinformación o la polarización”, asegura.

El informe recomienda impulsar contratos sociales “más equitativos y sostenibles”, reformar las instituciones políticas existentes y reforzar las defensas contra el retroceso democrático y el autoritarismo.

Pese a la tendencia negativa generalizada, Casas-Zamora apunta a dos “reservas positivas”: el vigor del activismo cívico y la robustez del componente electoral de la democracia, que quedó de manifiesto en la celebración con éxito de elecciones en condiciones extremas durante la pandemia.

Entre los ejemplos de activismo cívico, el informe resalta los movimientos a favor de la lucha climática o los derechos indígenas, iniciativas comunitarias sobre cuidado infantil en Asia o el impulso a las libertades reproductivas en América Latina.

Con información de EFE.

IG

En los últimos meses, la esfera pública local ha sido escenario de eventos con implicancias disímiles que, sin embargo, han capturado la atención de una parte significativa de la ciudadanía. Desde el estremecedor y lamentable intento de asesinato a la vice-presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hasta el destrato jactancioso por parte de la propietaria de una camioneta cuatro por cuatro a un encargado de edificio, pasando por la toma de las escuelas públicas en la ciudad, la adhesión de políticos vernáculos a agrupaciones políticas de extrema derecha en Italia, España y Brasil y la represión policial indiscriminada en la provincia de Buenos Aires durante un partido de fútbol al que asistieron familias enteras con menores de edad. A pesar de sus enormes e insoslayables diferencias, todos estos eventos confluyen en un punto. Iluminan, con mayor o menor grado, un trágico y prolongado proceso de abandono de “lo público” por parte de la política democrática.

El régimen político democrático se define por sus elecciones libres y competitivas y ciertas garantías constitucionales básicas. Pero en una mirada más amplia, la democracia como ordenamiento social presupone una concepción específica de “lo público” organizado en base a una ética igualitaria. Es decir, lo público concebido democráticamente refiere a pautas de reciprocidad y respeto que nos identifican más allá de las diferencias de clase, género, e ideologías. Implica, entre otras cosas, la existencia de bienes, servicios, espacios, instituciones, discursos y símbolos atados a la promesa siempre latente de inclusión social. En todas sus encarnaciones, el espacio público es el lugar donde internalizamos un sentimiento y una disposición—el respeto cívico—fundado en la idea de que el ordenamiento político democrático lo construimos y sostenemos entre todos. Desde la escuela, el transporte, la plaza, la calle, la urna e inclusive el lugar de trabajo, la ética democrática requiere un cuidado y respeto entre ciudadanos en virtud de compartir las cargas y beneficios sociales, los derechos y las obligaciones que sostienen nuestra sociedad.

La interacción democrática presupone virtudes cívicas que no se despliegan necesariamente en otros regímenes políticos. Por ejemplo, pensadores como Burke y Tocqueville observaron, con distintas luces, que las virtudes aristocráticas son diferentes e incompatibles con las de una democracia. Ciertamente, “nobleza obliga” no es el principio ético rector en una comunidad política de iguales. Las expectativas tácitas de respeto conciudadano democrático no derivan ni del paternalismo, ni de la indiferencia, ni de la caridad de clase, mucho menos del odio o el resentimiento. Por el contrario, la esfera pública democrática es el ámbito cotidiano de la socialización de la igualdad política. En este sentido, lo público no es solamente un espacio común transitable por todos. La construcción democrática refiere a sentidos colectivos y compartidos, a una ética del cuidado, que presupone una causa y un proyecto común. Es una forma de experiencia colectiva que define nuestra subjetividad política. Dicho de otro modo, en democracia, lo público establece fronteras colectivas a nuestra individualidad ciudadana.

Como tal, el espacio público es el marco para dirimir desacuerdos acerca de qué bienes públicos queremos proveer como sociedad y así delimitar, moral y simbólicamente, la estima recíproca entre ciudadanos. Para ello, la política se organiza a través de sus líderes, partidos, y agrupaciones para que esos debates—siempre álgidos e inerradicables—se den dentro de parámetros de respeto que consagren el ideal igualitario. Sin embargo, hace años que la política argentina, cansina, desgastada, descreída y carente de un proyecto común, ha perdido eficacia en instalar pautas democráticas para dirimir diferencias. Cada vez más, asistimos al abandono de lo público por parte de la política democrática que, gradualmente, ha sido incapaz de proveer bienes públicos fundamentales o articular un discurso que nos incluya en la diferencia. Con la política democrática en retirada, asistimos, lamentablemente, a la anarquía de lo público.

¿Qué sucede cuando “lo público” no es organizado democráticamente? Como los memes de la pandemia que mostraban manadas de animales apropiándose de los espacios urbanos despojados de un orden que les impidiera ingresar, la esfera pública hoy ha sido progresivamente intervenida por actores con inclinaciones y prácticas autoritarias. Miramos atónitos como un grupo de jóvenes sin claridad ideológica, motivados por un resentimiento sin rumbo ni destino, toman la arena pública para asesinar a una vice-presidenta democrática; o cómo una mujer, recostada en su cuatro por cuatro, se ufanó menospreciando a un trabajador en la vía pública; o las estridencias e insultos de Milei destruyendo las pautas mínimas de decencia cívica; o el Estado, que en lugar de imponerse a través de la educación, se impone con su fuerza represiva en un espectáculo familiar. A pesar de sus marcadas diferencias, cada una de estas instancias nos impacta no sólo por los gritos o el maltrato o el descuido o el sonido del tiro que nunca salió, sino porque dejan al desnudo la retirada democrática del espacio público.

La democracia no se hace entre extraños que nunca interactuaron en escuelas, barrios, marchas, o espectáculos callejeros. Sin embargo, cada vez más la opción de “exit” del espacio público es la estrategia predominante. Nos recluimos y amparamos en ghettos de consumo, barrios, viajes, educación, cultura, y acceso a servicios básicos como la salud y la seguridad. Abandonamos de distintas formas aquello que nos une—y que es imprescindible para mantenernos unidos. La utopía libertaria consiste precisamente en privatizar lo público para que emerja espontáneamente un orden social de cooperación entre individuos egoístas motivados por sus propios intereses. Pero en lugar de la magia que transforma ese vicio individual en virtudes públicas, el abandono democrático ha dejado atrás una estela nihilista de jóvenes reactivos que irrumpen en un escenario público anárquico. Una generación que toma por asalto la vida pública—los escombros democráticos de los comunes—que nosotros no supimos cuidar debidamente.

La apropiación de lo público con fines privados y sectarios no consiste sólo en la malversación de fondos públicos. Es también el uso indebido de lo público con fines facciosos—nuestros discursos, instituciones, e ideales puestos al servicio de un proyecto de poder individual. El uso y abuso de instituciones y símbolos pilares de nuestro régimen político como la calle, la desobediencia civil, o la Casa Rosada pierden su sentido democrático cuando se utilizan con fines sectarios y personales. Maquiavelo lo denomina, corrupción, es decir, la política como instrumento de la ambición personal. Llamativamente, tanto las propuestas reaccionarias y libertarias como la política democrática a la deriva y degradada convergen en un punto: son dos formas de privatización de lo público.

En estas últimas semanas, se ha debatido con fervor la película, “Argentina, 1985”, que relata el extraordinario y ejemplar juicio a los dictadores de las juntas militares. El contraste fue notorio. La emoción vertida en el espacio público sin los condicionantes reductivistas de la grieta nos unió una vez más en aquellas disposiciones democráticas que no debiéramos descuidar. Alfonsín logró instalar la idea de que en democracia no sólo se vota sino que se habita lo público de una manera distintiva que se cuida entre todos. Y el peronismo, por su parte, ha dejado un legado de formación de identidades colectivas en el espacio público inmensamente valioso. Pero hace tiempo—con sus vaivenes y momentos de conquista—esa manera de entender lo público se ha ido desgarrando.

CC