En Latinoamérica, el país con el servicio militar más estricto es Cuba: es obligatorio para los hombres a partir de los 18 años, con una duración de dos años.

Es un requisito para acceder a la educación superior. Las exenciones son mínimas, casi siempre por razones médicas. Quien intenta evadirlo puede llevarse una multa de hasta 7.000 pesos cubanos, unos 300 dólares al cambio oficial.

En el resto de América Latina, el panorama es mixto: países como México, Venezuela, Brasil, Bolivia, Paraguay y Chile tienen sistemas que en teoría exigen servicio militar obligatorio, pero en la práctica abundan las exenciones.

Un centenar de judíos ultraortodoxos han protestado este lunes a las puertas del centro de reclutamiento militar de Tel Hashomer, en la periferia de Tel Aviv, en el primer día de reclutamiento en el Ejército israelí, después de que el Supremo israelí tumbara la exención del servicio militar de la que han disfrutado durante décadas.

Se espera que se produzcan más protestas, ya que este lunes 600 haredim (término en hebreo para referirse a los ultraortodoxos) están llamados a presentarse en las oficinas de reclutamiento israelíes, y otros 500, mañana, martes, según el diario israelí Yedioth Ahronoth. El periódico ha informado de que la Policía había bloqueado las carreteras a la entrada de Tel Hashomer para impedir que los manifestantes se encontraran con los reclutas que han elegido presentarse para ser reclutados.

En un vídeo difundido por el diario Haaretz, se puede ver a los jóvenes ultraortodoxos tratando de bloquear una carretera, mientras los agentes tratan de despejarla y de dispersarles.

Según una fuente de las Fuerzas Armadas citada por Haaretz, el Ejército calcula que sólo el 30% de los que han sido llamados a filas acudirán.

A las puertas del centro de reclutamiento, algunos manifestantes han distribuido panfletos con el contacto de asociaciones haredim con el siguiente mensaje: “Querido joven, ¿has tenido problemas con las autoridades militares? No lo dudes, contacta a una de estas organizaciones para obtener asistencia gratuita”.

Los propios líderes espirituales ultraortodoxos han llamado a ignorar las órdenes de reclutamiento del Ejército. El pasado 11 de julio, el rabino Dov Lando cargó contra el sistema judicial israelí después de que eliminara la exención militar de los ultraortodoxos, asegurando que la Justicia había “declarado la guerra al mundo de la Torá”.

Algunos anuncios pegados en el barrio ultraortodoxo de Jerusalén, Mea Shearim, rezan: “Desde la creación del Estado hasta hoy, nunca se había producido un holocausto tan terrible contra los jóvenes del judaísmo ultraortodoxo en Tierra Santa, nunca se había levantado la espada de reclutamiento de 1.000 jóvenes en dos días, y esto es solo el principio”.

El Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel, uno de los principales grupos que han reclamado la integración de los jóvenes ultrarreligiosos en el Ejército, ha condenado las manifestaciones violentas frente a la oficina de reclutamiento. El grupo, además, ha señalado que enviar apenas un par de miles de órdenes de reclutamiento no es suficiente para cumplir con la orden del Supremo, agregando que utilizará “todos los medios legales” a su disposición para asegurar la igualdad en el servicio militar.

A comienzos del pasado abril, expiró una norma temporal que permitía mantener la exención para los haredim y sectores de la sociedad civil, así como del Ejército, han reclamado acabar con los privilegios de este grupo, que representa alrededor del 13% de la población israelí.

Tras meses de polémica sobre si la medida continuaría en vigor, el Supremo israelí decidió que “no existe base legal para excluir a los hombres ultraortodoxos del reclutamiento” y que si estos no sirven en el Ejército tampoco deben recibir subvenciones educativas y de asistencia social financiadas con fondos públicos. Ahora, los 67.000 hombres haredim elegibles (el equivalente a cinco divisiones militares) se enfrentan a su entrada gradual en las Fuerzas Armadas. 

DM/Agencia EFE

Contra algunos pronósticos (¿ilusiones? ¿esperanzas?), este 10 de diciembre nuestra sociedad se encuentra en clara fragmentación (de personas, de valores). Hace 40 años, el día de la asunción de Raúl Alfonsín, volvíamos a soñar con un mundo mejor; hoy, pese a las certezas quebradas, a un tejido social dañado y a los 30.000 desaparecidos que todavía nos duelen, seguimos celebrando la recuperación de la democracia y contamos con una plataforma sólida a partir de la cual reconstituir un bien preciado: los Derechos Humanos (DDHH).

Este 10 de diciembre se cumplen 75 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Ante los estragos provocados por el nazismo el siglo pasado, en 1948 la ONU decidió establecer parámetros mínimos de humanidad que los Estados firmantes debían respetar, proteger, asegurar y promover de ahí en adelante, a fin de que el horror del genocidio no se volviera a repetir nunca más. Si bien nuestro país adhirió a la Declaración ya en aquel momento, a nivel popular recién supimos de su existencia en los años 70 con la violación sistemática a estos derechos durante la última dictadura cívico-militar y por eso solemos asociar DDHH exclusivamente al terrorismo de Estado y a los delitos de lesa humanidad. Sin embargo, los DDHH son mucho más abarcativos. Incluyen una larga lista de derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y ambientales jurídicamente exigibles, universales, irrenunciables e inalienables que también son progresivos: a medida que la humanidad cambia y se adapta a nuevas situaciones, se consagran nuevos DDHH cuya existencia no elimina ni reduce los ya conquistados.

Este 10 de diciembre también se cumplen 40 años de democracia ininterrumpida en Argentina y, aunque no todos los DDHH se encuentran en plena vigencia, en estas cuatro décadas nuestro país delineó una notable trayectoria en materia de Géneros y Sexualidades que es referencia ineludible en la región y en el mundo. El primer paso en este sentido fue la sanción definitiva del divorcio vincular. Con la primavera alfonsinista, y pese a las presiones de la Iglesia católica, en 1987 se sancionó la ley n° 23.515 que permitió la disolución de la unión matrimonial ya no por “incumplimiento de las obligaciones conyugales” como en versiones anteriores sino por pura voluntad de las partes. A partir de ese momento, el matrimonio pasó de ser una obligación para toda la vida a ser una opción, y se inauguró así un avance virtuoso en materia de derechos civiles y sociales que debió esperar hasta el nuevo siglo para tomar cierto ritmo. Con una democracia débil y permanentes amenazas de levantamientos militares en reacción al histórico Juicio a las Juntas militares en 1985 que proclamó el #NuncaMás como marca registrada en resistencia y reparación contra crímenes de lesa humanidad, durante los gobiernos de Alfonsín y Carlos Menem se sancionaron leyes de impunidad conocidas como “Punto Final” (1986), “Obediencia Debida” (1987), y decretos de indulto que marcaron un retroceso significativo en materia de DDHH en general. Aun así y gracias a la movilización popular, en 1994 Menem tuvo que derogar por decreto la ley de Servicio Militar Obligatorio tras el asesinato del conscripto Omar Carrasco, como consecuencia de una brutal paliza que le propinaron sus mismos compañeros por orden de un subteniente, quien escondió el cuerpo del muchacho durante 20 días y lo acusó ante la familia de desertor. La tragedia sirvió al menos para eliminar ese entrenamiento en violencia masculina que había sido la colimba desde su creación en 1901.

Piquete y cacerola

La crisis económica y social que estalló en el trágico diciembre de 2001 durante el gobierno de Fernando De la Rúa propició manifestaciones desde las clases medias, bajas y desocupadas, con cacerolazos, piquetes, robos a supermercados y la consigna mayoritaria “Que se vayan todos”. El siglo XX argentino se despidió con gran desasosiego e incertidumbre, pero con una inusitada participación popular en todo el país, que se tradujo en un estado asambleario que llegaría para quedarse y en la permanencia de la protesta callejera. Fue en ese caldo en el que se retomó con fuerza la lucha a favor del aborto libre y gratuito que ya las feministas venían cocinando retomada la democracia. 

Con el nuevo siglo y una vez apaciguada la conmoción social, en 2002 se sancionó la ley n° 25.673 de anticoncepción gratuita con el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable, otro histórico reclamo feminista desde los años 70 y 80. Aquel mismo año, la ley n° 26.130 amplió los derechos no reproductivos con la gratuidad en contracepción quirúrgica (vasectomía y ligadura de trompas), leyes que vinieron a confirmar que los varones también eran responsables de la anticoncepción y que el destino de las mujeres no debía estar inexorablemente asociado al matrimonio o a la maternidad.

Durante el gobierno de Néstor Kirchner (mayo de 2003-diciembre de 2007) hubo grandes avances en materia de DDHH. En 2003, siendo secretario de DDHH Eduardo Luis Duhalde, y a partir de un proyecto de la diputada Patricia Walsh, se derogaron las leyes de impunidad, lo que permitió que dos años después, el 14 de junio de 2005, la Corte Suprema declarara inconstitucionales ambas leyes y constitucional su nulidad, y así se habilitó la reapertura y el inicio de nuevos juicios a cientos de represores, civiles y militares cuyos enjuiciamientos iniciados en 1985 se habían interrumpido con aquellos instrumentos de impunidad.

En 2005, por decreto n° 1.454 de Kirchner, millones de mujeres pudieron jubilarse a pesar de no contar con los aportes necesarios. La medida, popularizada como “jubilación para amas de casa”, estuvo pensada para aquellas mujeres que, por haberse dedicado al cuidado familiar, no habían podido desarrollar una profesión. Así, el Estado reconocía a las tareas domésticas como trabajo no remunerado y compensaba a quienes se habían dedicado por entero al bienestar ajeno.

En 2006, se sancionó la ley n° 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) para enseñar en todas las escuelas a cuidar el cuerpo y la salud, a conocer los derechos, a fomentar la afectividad, a identificar los estereotipos de género y a valorar la diversidad humana. Esta ley todavía hoy encuentra numerosos obstáculos para su aplicación pero, gracias a estos contenidos esenciales, muches niñes pudieron reconocer y denunciar que sufrían abuso sexual intra-familiar, muchas adolescentes aprendieron a exigir el uso del preservativo y evitaron así infecciones y embarazos no deseados, y muchas personas se sintieron habilitadas a construir una identidad en base a sus propias sensaciones y no a rígidos estereotipos impuestos. Aunque la ley sigue recibiendo acusaciones infundadas de “promover la homosexualidad” y ser “ideología de género”, los beneficios individuales y colectivos de la ESI son fácilmente verificables y es la propia juventud la que reclama su efectiva implementación transversal en las instituciones educativas. 

En 2009 se sancionó la ley n° 26.485 de protección integral a las mujeres para prevenir, sancionar y erradicar las violencias. Si bien se pensó en un primer momento exclusivamente para mujeres cis, la ley se conoce como contra la violencia de género, en un intento activista por ampliar derechos a toda persona violentada por esa razón.

El 15 de julio de 2010 ocurrió un hecho bisagra en el país y en Latinoamérica. Con la sanción de una nueva ley de matrimonio civil n° 26.618, Argentina fue el primer país en la región en legalizar la unión de cualquier pareja, independientemente de su sexo, su género o su identidad. Popularizada estratégicamente como “matrimonio igualitario”, esta ley fue el resultado de muchos años de militancia en reclamo por iguales derechos ante la ley para todas las personas que quisieran casarse y formar una familia. Si bien la ley se ocupó de no especificar identidades y, por lo tanto, de no discriminar a nadie, el hecho de que las personas travestis y trans no hubieran sido mencionadas todavía en ninguna ley fomentaba la invisibilización de este colectivo. Entonces, después de años de lucha, en 2012 se sancionó la ley n° 26.743 de identidad de género, pionera en el mundo, que permite no sólo modificar legalmente el nombre, la imagen y el sexo en los documentos, sino que garantiza la cobertura de tratamientos hormonales y cirugías de reasignación de sexo en caso de que la persona lo requiera. Este fue un cambio de paradigma extraordinario que no sólo despatologizó a las disidencias sexuales, sino que eliminó a la medicina deshumanizada/deshumanizante como autoridad en la materia.

Ese mismo año se redactó una modificación crucial en el artículo 80 del Código Penal Argentino, que incluyó la figura de violencia de género. De este modo, se intentaba dar por tierra con siglos de culpabilización a las mujeres víctimas de maltratos y abusos domésticos: a la “emoción violenta” como atenuante se contraponía la violencia de género como agravante.

Sin embargo, o justamente por el auge de los feminismos, por la visibilización de las disidencias sexuales y de los avances en materia de derechos, el 3 de junio de 2015 surgió el movimiento #NiUnaMenos como un grito desesperado ante una serie de femicidios cada vez más frecuentes y con metodologías cada vez más crueles. Un movimiento que creció de manera exponencial en las calles, asambleas, grupos de trabajo y redes, y que Argentina exportó al resto de Latinoamérica y a otros países del mundo. Pero toda acción genera una reacción: en octubre de ese año asesinaron a Diana Sacayán, activista en DDHH y referenta del colectivo travesti, primera en recibir su DNI modificado luego de la sanción de la ley de identidad de género.

En 2015 se modificó el Código Civil y Comercial de la Nación. El nuevo texto simplifica el trámite de divorcio para que baste la voluntad de una sola de las partes, sin necesidad de invocar una causa ni esperar plazos, lo que evita que una persona siga casada contra su voluntad, a la vez que clausura la manipulación que antes se daba dentro de la ex pareja al negarle a la otra parte el divorcio. Además, lo que antes se conocía como Patria Potestad (el poder del pater sobre les hijes) ahora se llama Responsabilidad Parental para deslegitimar el autoritarismo doméstico y poner el foco en los deberes de les progenitores para una mejor protección de les niñes.

A estas alturas, Argentina ya era considerada precursora en Latinoamérica en cuestiones de género, por lo que no sorprende que haya sido el primer país en hacer un paro de mujeres en 2016 para reclamar acciones del Estado contra las repetidas violencias de género. Los femicidios se multiplicaban en la región y ese mismo año asesinaron en Honduras a la activista indígena Berta Cáceres, quien luchaba por defender a los ríos del extractivismo. En una región en la que mujeres y disidencias lideran los movimientos en defensa del territorio-cuerpo y el territorio-tierra, era previsible que el 8 de marzo de 2017 se realizara el Primer Paro Internacional de Mujeres, mientras en Argentina el gobierno macrista daba muestras de racismo, colonialismo y sexismo, y exacerba la persecución contra los pueblos originarios.

Con el aumento de los femicidios, muches niñes y adolescentes quedaron a cargo de familiares que no siempre contaban con recursos para cubrir sus gastos. Por eso, en 2018 el Congreso sancionó la ley n° 27.452 conocida como “Ley Brisa” que prevé una reparación económica para hijes de hasta 21 años cuyas madres hubieran sido víctimas de femicidio.

La ley del aborto llega al Congreso

El 2018 también marcó un momento clave en materia de activismos populares y construcción de DDHH desde abajo. Con la consigna “Iglesia y Estado, asunto separado”, las militancias llevaron adelante una extendida Apostasía Feminista para que las personas bautizadas contra su voluntad pudieran renunciar a la iglesia católica. Desde 2006 la Campaña Nacional por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito venía presentando una y otra vez en el Congreso su proyecto de interrupción voluntaria del embarazo sin lograr que el proyecto ingresara, y era necesario entonces allanar el camino hacia un Estado laico ahora que los icónicos pañuelos verdes reclamaban masivamente “ESI para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir”. Previsiblemente, muy pronto aparecieron las fuerzas de choque de las iglesias, con pañuelos celestes y fetos de papel maché parlantes apuntando violentamente contra el derecho de las mujeres y disidencias a elegir un proyecto de vida propio. El uso creciente de lenguaje inclusivo en las adolescencias progresistas y su rápida expansión a otras edades y condiciones contribuyó a que la idea de diversidad fuera el blanco elegido por los sectores conservadores en toda Latinoamérica. Ese mismo año asesinaron en Brasil a Marielle Franco, política, socióloga, lesbiana y militante en DDHH que se definía como “feminista, negra e hija de la favela”.

Los siguientes dos años se caracterizaron por un creciente protagonismo de movimientos populares que recurrieron al espacio público y al arte para divulgar su mensaje feminista: cantos, consignas y coreografías sostuvieron la lucha cuando, luego de su aprobación en la Cámara Baja, el Senado rechazó en 2018 la legalización del aborto. La frustración fue grande, pero quedó en las militancias la convicción de que el tema había quedado despenalizado socialmente. Los días de debate abierto en el Anexo del Congreso recibieron a especialistas y a militantes que presentaron cada semana innumerables argumentos a favor y en contra de la interrupción voluntaria de embarazos, pero fueron los Martes Verdes los que convocaron a una multitud transversal que devino marea y barrió con todo dogmatismo celeste.

En 2019 se sancionó la ley n° 27.499 conocida como “Ley Micaela” en homenaje a Micaela García, una joven que en 2017 fue violada y asesinada por un reincidente que había sido dejado en libertad por un juez ignorante en cuestiones de género. Por eso, la ley establece la capacitación obligatoria en género y en violencia de género para todas las personas que integran los tres poderes del Estado y, a partir de su vigencia, ya nadie cuestiona a las víctimas de violencia sino a los violentos.

Ese mismo año, la ley n° 27.501 suma para las mujeres la protección ante violencia en el espacio público como una nueva modalidad y deja atrás para siempre la idea de “piropear” a una desconocida como algo positivo. La ley n° 27.533, por su parte, suma dos nuevos tipos de violencia: la política, aquella que se dirige a obstaculizar o impedir la participación política de la mujer, y la público-política, aquella que, fundada en razones de género, impide o limita el desarrollo de la carrera política de una mujer.

Este 10 de diciembre se cumplen también cuatro años de la existencia del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad, creado por decreto por Alberto Fernández el mismo día de su asunción para diseñar las políticas de género que la realidad estaba demandando. Desde entonces, el ministerio trabaja fuertemente en la prevención de las violencias a través de capacitaciones, publicaciones y la línea telefónica 144 para consultas y asesoramiento, y ofrece además el Programa Acompañar para fortalecer la independencia económica de mujeres y personas LGBT+ en situación de violencia. Una política institucionalidzada a punto de desintegrarse. Por eso, desde ese MInisterio, se viralizó un mensaje que propone bajarse materiales de su acervo editorial ingresando al link: https://editorial.mingeneros.gob.ar/

En plena pandemia, sobre el final de 2020 se aprobó finalmente la ley n° 27.610 de acceso a la interrupción voluntaria y legal del embarazo (IVE/ILE) para toda persona con capacidad de gestar. La ley no sólo garantiza la práctica hasta la semana 14, sino que incluye la atención posaborto y la provisión de anticonceptivos para evitar que la experiencia se repita. En 2021 se informó la realización de 73.487 interrupciones y en 2022 fueron 59.267, lo que demuestra que la legalización promueve la responsabilidad. En aquella misma sesión parlamentaria de fin de año se aprobó también la ley n° 27.611 de atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia conocida como “Ley de los 1000 días” para garantizar derechos durante la gestación y hasta los 3 años de las criaturas en contextos de mayor vulnerabilidad.

A partir de 2020 la pandemia obligó a las militancias a abandonar el espacio público, y los medios hegemónicos y las redes sociales lograron impulsar otras agendas, más individualistas y no exentas de discursos de odio. Aun así, las militancias no decayeron y en 2021 se sancionó la ley n° 27.636 de promoción del acceso al empleo formal para personas travestis, transexuales y transgénero que lleva los nombres de dos recordadas activistas travestis impulsoras de la inclusión laboral: Diana Sacayán y Lohana Berkins, esta última fallecida en 2016 por causas asociadas a una vida de discriminación y abandono estatal. La ley prevé que el Estado nacional debe ocupar al menos el 1% de su plantilla con personas que se autoperciben con una identidad de género que no se corresponde con el sexo asignado al nacer.

También en 2021 se conoció la primera sentencia por delitos contra la integridad sexual de las personas secuestradas en dictadura. Si bien estos hechos ya habían sido denunciados oportunamente por varias declarantes, las violaciones sexuales habían sido invisibilizadas bajo el paraguas de “tortura” y se había negado así su especificidad de género. Con esta sentencia, además, se probó la sistematicidad de estos actos aberrantes, por lo que se estableció que los delitos sexuales también constituyen crímenes de lesa humanidad.

En octubre de 2021 el Ministerio de Género junto al de Trabajo, Empleo y Seguridad Social creó el Programa Registradas para reducir el trabajo informal en trabajadoras de casas particulares, fomentar su bancarización y propiciar su permanencia en el empleo. Además, en caso de despido, la trabajadora tiene derecho a tramitar el seguro de desempleo. Se trató de una política largamente esperada en un rubro históricamente precarizado e incluso explotado.

En una sociedad cada vez más tecnológica, en 2023 se agregó una nueva modalidad de violencia de género. Conocida como “Ley Olimpia”, la ley n° 27.736 incorpora la violencia digital para condenar a quien violente mujeres con la asistencia, utilización y/o apropiación de las tecnologías de la información y la comunicación. La norma aborda los delitos que violen la intimidad sexual de las personas a través de medios digitales y la difusión sin consentimiento de cualquier contenido privado, además de condenar discursos de odio, contenidos sexistas, acoso y espionaje.

La lucha por desarticular las violencias de género continúa y hace pocos días la provincia de Santa Fe fue la primera en aprobar una ley de reparación histórica pos-dictadura para travestis y trans por violaciones sistemáticas a sus DDHH perpetradas por fuerzas de seguridad entre 1983 y 2012. Pero todavía nos quedan muchos DDHH por reclamar y este 10 de diciembre comienza en Argentina un nuevo gobierno cuyos integrantes parecen desconocer su función en términos de protección a los DDHH. Todavía quedan reclamos por hacer, leyes que promulgar, derechos que reclamar y por los cuales luchar. Son deudas pendientes de una democracia a defender. Algunos fueron consignas en las últimas marchas del 8M, 3J o 25N, hashtags que las redes habilitan y que, como el #Nuncamas o el #NiUnaMenos, llegaron para quedarse como #VivasYDesendeudadasNosQueremos, #Edadismo, #SoberaníaAlimentaria, #Humedales, #Ecocidio.

GS/MZ/MG

La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación lanzó este jueves una convocatoria para exconscriptos que hicieron el servicio militar obligatorio entre 1975 y 1983, y que pudieron ser testigos involuntarios de delitos cometidos durante la última dictadura cívico-militar.

“Durante la última dictadura cívico-militar, miles de jóvenes que tuvieron que hacer el servicio militar obligatorio fueron testigos involuntarios de los delitos cometidos en dependencias militares y en operativos de las fuerzas represivas en todo el país”, estableció la Secretaría en un comunicado.

El organismo presidido por Horacio Pietragalla Corti explicó que promueve esta iniciativa porque “ante el pacto de silencio de los miembros de las fuerzas armadas y de seguridad, su voz puede ser fundamental para obtener justicia por esos graves crímenes”. Remarcó que en los últimos años esos testimonios “fueron fundamentales y permitieron condenar a responsables de crímenes de lesa humanidad”.

Para aquellos con información, la Secretaría habilitó contactos por correo electrónico o por teléfono a fuicolimba@jus.gob.ar o al (011) 5300 4139. Más información en este link.

Las denuncias que se reciban “tendrán el carácter de confidencial para garantizar la seguridad y la contención adecuada”.

Entre las causas con testimonios de exconscriptos, se encuentra la investigación de los crímenes cometidos en la causa “Vuelos de la muerte de Campo de Mayo”. La misma se basó en sus declaraciones para conocer el funcionamiento de vuelos clandestinos utilizados por el Ejército y poder condenar en 2022 a cuatro jefes militares del Batallón de Aviación 601.

Además, en el juicio por los crímenes del grupo de tareas del Regimiento de Mercedes, se pudo reconstruir un gigantesco operativo represivo en una casa que funcionaba como imprenta secreta del PRT-ERP en la localidad bonaerense de San Andrés. Se logró que tres exoficiales del Ejército fueran condenados por el secuestro y torturas a dos personas y por un homicidio.

Los excolimbas también fueron importantes para probar la planificación y la participación de diferentes destacamentos militares y policiales en la masacre de la quinta “La Pastoril”, donde fueron secuestrados 8 militantes del PRT-ERP y otros 7 fueron asesinados.

La iniciativa cuenta con un espacio en el sitio institucional de la Secretaría, con entrevistas a tres excolimbas y microrrelatos hechos a partir de declaraciones de exsoldados.

La primera campaña de este tipo fue impulsada por la Secretaría en el 2010 bajo la consigna “El servicio militar ya no es obligatorio; el silencio, tampoco”. Permitió recopilar más de 40 testimonios, voluntarios y anónimos, que sumaron información y datos relevantes para avanzar sobre los juicios.

LC con información de agencia Télam

BTS, el exitoso grupo surcoreano de K-pop, anunció que realizará un alto en su carrera para que sus integrantes puedan cumplir con el servicio militar, que en su país es de carácter obligatorio y dura entre 18 y 21 meses.

Así lo anunció oficialmente la agencia que representa al grupo, al destacar que Jim, el mayor de los miembros de la banda con 29 años será el primero en sumarse a las filas militares.

Por su parte, la compañía Bighit Music, que administra los destinos de la banda, también emitió un comunicado en el que arriesgó que BTS volverá a estar junto en 2025.

“Tanto la compañía como los miembros de BTS esperan volver a reunirse como grupo alrededor de 2025 después de su compromiso de servicio militar”, dice el comunicado.

Más allá de este anuncio, la banda había informado meses atrás que se tomaría un descanso para que cada uno de sus integrantes se abocara a sus respectivas carreras solistas.

Sin embargo, el sábado pasado BTS ofreció un concierto gratuito en la ciudad de Busan para apoyar la candidatura de Corea del Sur como sede de la Expo Mundial 2023.

En Corea del Sur, el servicio militar es obligatorio para hombres de entre 18 y 28 años, aunque históricamente se han tramitado algunas excepciones para deportistas y artistas que representan al país en el plano internacional.

En ese sentido, varios legisladores pidieron en su momento un tratamiento especial para los integrantes de BTS, quienes desde 2013 es el grupo de exportación más importante en la historia de ese país.

NB con información de agencia Télam.