La Justicia condenó al Sindicato de la Sanidad a pagar más de $7 millones y costas por hechos de abuso sexual en el ámbito laboral cometidos por su superior de rango jerárquico hacia una empleada durante nueve años. La sentencia condena a la agrupación gremial que lidera Héctor Daer, uno de los jefes de la CGT junto con Carlos Acuña, jefe del sindicato de empleados de estaciones de servicio (el otro triunviro, el camionero Pablo Moyano, renunció la semana pasada a ese puesto en la central obrera) a pagar la indemnización por despido, más daño moral y psicológico por la violencia sufrida por la mujer y por no haber hecho nada para detenerla, es decir, por incumplimiento de sus deberes como empleador.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada.

El fallo sienta un precedente importante ya que no es tan común que se obligue a un empleador a responder por un subordinado en casos enmarcados en violencia de género y además por el hecho de que se condene a un sindicato. organización que debe velar por los derechos de las y los trabajadores, por no proteger a una empleada

La decisión corresponde al Juzgado Nacional de 1ª instancia del Trabajo Nº 73. El fallo fue dictado el lunes último, 25 de noviembre, Día Internacional de la lucha contra la Violencia hacia las Mujeres, en contra del Sindicato de la Sanidad filial Buenos Aires, que lidera Daer, con la firma del juez Diego Fernández Madrid.

“Cuando mis abogadas me lo comunicaron tuve una mezcla de emociones muy difíciles de explicar. Alegría, lágrimas, alivio y por sobre todo paz. Sentí paz en mi alma, después de tanto dolor, tanta violencia. El proceso fue durísimo”, contó a elDiarioAR la demandante a la que llamaremos S. Z.

La víctima ingresó a trabajar al sindicato en 2013 a instancias del secretario general de Asociación de Trabajadores de la Sanidad de la República Argentina (ATSA), Héctor Ricardo Daer, y en 2022 se consideró despedida.

El fallo da por probado que su jefe inmediato, David Israel Cardozo, delegado de la entidad sindical en el Instituto Privado de Oncología “Alexander Fleming” y que luego ocuparía el cargo de Presidente, tenía un trato “peyorativo, despectivo e insultante”.

“Así se sentaba en su sillón, se apropiaba de su computadora ignorando su presencia, en una clara muestra de superioridad, le decía 'gorda', 'sucia', 'negra', etcétera. En más de una oportunidad tuvo que cerrar los cajones de su escritorio con llave porque sustraía documentación de trabajo tales como recibos y dinero del cobro de las capacitaciones y comprometía su tarea”. Además hubo dos situaciones de manoseos y violencia física, según el expediente.

Entre los hechos que configuraron hostigamiento, acoso y abuso sexual por parte de Cardoso, hubo:

Todos esos años, S. Z pidió ayuda a sus superiores Mónica Consoli (secretaria de Acción Cultural y Capación) y a Norberto Maschio (secretario de Prensa), pero lejos de ayudarla, respondieron en la misma línea de agresión y desprecio contra ella: “Cerrá todo con llave y métetela en el culo”.

En un momento, Maschio volvió a revictimizarla, le dijo que si Cardozo, su jefe inmediato, la tocó fue 1) porque él “lo permitió”, 2) “porque era mi amigo”, 3) porque “me rasqué el orto tres años”, 4) porque “era una simple empleada que hacía inscripciones y pertenecía a ATSA”, 5) porque “podían hacer lo que quisieran conmigo”, 6) “porque por el historial que tenés no podés quejarte, sabés que te trajo Daer”. Todo eso, acompañado de gestos descalificativos que daban a entender una presunta relación sentimental con aquel, que nunca existió.

A raíz de estas situaciones de violencia física y psicológica S.Z sufrió una serie de padecimientos psíquicos y físicos. Entre ellos insomnio, angustia, depresión, ataques de pánico, parálisis del brazo izquierdo; falta de apetito y su consecuente pérdida de peso y caída significativa del cabello.

El juez determinó en su fallo que “llamativamente, los superiores de la accionante (la secretaria Consoli y el secretario Maschio) estaban al tanto de los desagradables episodios vividos por aquella, y no hicieron nada al respecto”. “Como elemento adicional, resulta insoslayable que la actora fuera a denunciar esta cuestión ante secretario general (Daer) y tampoco tuviera respuesta satisfactoria. Dentro de este marco, cabe destacar que los actos de violencia que fue víctima la actora ocurrieron en el seno de una entidad sindical, lo que agrava aún más el cuadro de situación, porque precisamente su actividad es velar por la protección de los trabajadores”, dice el fallo.

El caso fue patrocinado por las abogadas Silvina Lico, Muriel Killian y Lorena Mambrud. En diálogo con elDiarioAR, Lico dijo que “lo importante de la sentencia radica en la perspectiva de género para fallar, especialmente en la apreciación de la prueba y la referencia a la ley 26.485, de Violencia hacia las Mujeres”.

Por otra parte, agregó, “responsabilizar a la parte empleadora por los abusos cometidos por su dependiente en el ámbito laboral refleja fielmente lo dispuesto por el Convenio 190 de OIT (Organización Internacional del Trabajo) encuadrándolo en un incumplimiento grave de su parte”.

“La persona que cometió estos abusos fue denunciado penalmente, pero es el sindicato el su rol de empleador el que debe garantizar que sus empleadas no sean víctimas de violencias de género o, en su caso, enterado de lo sucedido actuar en consecuencia. Es paradójico que en un sindicato la actitud adoptada sea intentar tapar todo y no hacer cargo a los responsables, como se intentó en este caso”, aseveró la abogada.

Finalmente, S. Z explicó que decidió accionar contra su empleador, y no solo contra el abusador, porque al ser mujer es “consciente de que el machismo es transversal a todos los espacios de la sociedad y son [los varones] quienes ocupan espacios de poder [y por lo tanto] los que tienen la responsabilidad de no mirar hacia otro lado”.

“Era la oportunidad de exponer e intentar poner fin con la cadena de violencia que vivimos las mujeres a diario”, sostuvo y agregó: “Como mamá no puedo permitirme el lujo de renunciar a cada trabajo en el que he estado expuesta a situaciones de violencia, y como mamá también es que siento la responsabilidad de dejarles un legado de valentía”.

SS/JJD

El 20 de octubre de 2010, una patota conchabada por los máximos dirigentes de la Unión Ferroviaria terminó con la vida de Mariano Ferreyra, militante del Partido Obrero. La emboscada criminal perpetrada en Barracas contra un conjunto de trabajadores tercerizados del ferrocarril y militantes de izquierda no solo asesinó a Ferreyra: hirió gravemente a Elsa Rodríguez y a otros compañeros presentes. El episodio de Barracas conmovió al país: un joven de 23 años había sido asesinado por defender derechos fundamentales de la clase obrera. Los hilos del crimen conducían al corazón de la clase capitalista, del gobierno y del Estado. 

Mariano Ferreyra participaba de la lucha por el pase a la planta permanente de los tercerizados del ex ferrocarril Roca. El sindicato que supuestamente debía acompañar y encabezar su reclamo, la Unión Ferroviaria, era, por el contrario, quien llevaba adelante la mayor escalada de agresiones contra los propios tercerizados. Las amenazas contra los “zurdos de mierda” era la moneda corriente con la cual los dirigentes y matones de la UF trataban a los trabajadores en lucha. El Ministerio de Trabajo, cómplice de esta hostilidad, ignoraba el reclamo por el pase a planta. 

La investigación del crimen de Mariano puso de manifiesto las razones económicas de esta complicidad de la burocracia sindical y el Estado para con la tercerización. Los trabajadores en condición precaria eran contratados por cooperativas fraudulentas, algunas de las cuales pertenecían a los propios dirigentes de la Unión Ferroviaria. A través de estas “cooperativas”, que servían a los contratistas privados del ferrocarril, tenía lugar una fabulosa malversación de subsidios estatales en favor de los concesionarios y de la propia cúpula sindical. La tercerización laboral le permitía a éstos pagarle a los trabajadores la tercera parte de los fondos públicos que recibían, y desviar a sus arcas la diferencia entre el salario de convenio y el que efectivamente percibían los precarizados. Este régimen corrupto, extendido al conjunto del servicio, explicaba también el desquicio general del mantenimiento ferroviario: un año y tres meses después del crimen de Mariano, se produjo la masacre de la estación de Once, con 52 víctimas fatales. 

El crimen de Mariano reveló otra asociación criminal: la de la burocracia que perpetró el crimen, por un lado, con el Estado y su aparato represivo, del otro. El juicio penal puso de manifiesto la “liberación” de la zona del crimen por parte de la policía Federal, y el intento de ocultamiento de esa conducta -y de los propios responsables del crimen- a través de la manipulación de los videos policiales que registraron los hechos. El entonces jefe de gabinete y actual ministro de Seguridad, Anibal Fernández, fue el encargado de reivindicar esa complicidad policial: “la policía hizo lo que tenía que hacer”, señaló horas después de la emboscada. 

Por sobre todas las cosas, el asesinato de Mariano Ferreyra desató una impresionante movilización popular. Al día siguiente del crimen, 60.000 personas marcharon a Plaza de Mayo reclamando justicia. La movilización, que se extendió luego al interior de las organizaciones obreras, juveniles y barriales, golpeó con fuerza al corazón del gobierno. No podía ser de otra manera, ya que sacó a la luz la conspiración política, económica y criminal que unía al Estado y al gobierno con los concesionarios del ferrocarril y la burocracia de los sindicatos. Semanas antes del crimen de Mariano, Cristina Kirchner había participado de un acto con Pedraza y otros dirigentes de la UF, a los que elogió como representantes del “sindicalismo que construye”. Intentando borrar las huellas de esta complicidad, el gobierno kirchnerista quiso cooptar la lucha por Mariano. Pero la movilización por el juicio y castigo a sus asesinos se desarrolló sin la menor confianza en el gobierno y el Estado. Sobre esa base, se logró la condena a sus responsables materiales y a sus organizadores e instigadores, en la cabeza del propio Pedraza. La justicia, sin embargo, dejó impune al elenco de funcionarios y empresarios que ampararon o encubrieron el plan criminal. 

El crimen de Mariano fue un punto de inflexión en nuestra reciente historia política y, naturalmente, en la de nuestra clase obrera. Desnudó, por un lado, el carácter parasitario de los intereses sociales y políticos que se agitaban detrás de la pretendida “reconstrucción de la burguesía nacional”, uno de los lemas fundamentales del kirchnerismo. El gobierno “nacional y popular” resultaba el ejecutor de una operación de desfalco de los fondos públicos en beneficio del capital. Su expresión mayor fue el pago “serial” de la deuda externa en favor de los fondos internacionales. La burocracia de los sindicatos, ya devenida en burocracia empresaria, mostraba como nunca antes su hostilidad visceral para con la clase obrera. Desde entonces a hoy, el kirchnerismo ha sobrevivido en el escenario político como una criatura subordinada de esa misma burocracia y del pejotismo Con ellos, improvisó a la coalición política que recogió los restos de otro desfalco nacional – el que consumó el macrismo. 

En otro plano, Mariano Ferreyra es la expresión de una juventud entregada a la causa de la clase obrera y el socialismo, en oposición a la exaltación cosmética o “identitaria” de una juventud asociada al carrerismo estatal o parlamentario. Doce años después, varios de los nombres y apellidos ligados al crimen de Mariano transitan los escritorios ministeriales y recintos parlamentarios. Lo hacen como responsables de la precarización laboral creciente, del 50% de pobreza y del acuerdo a rajatablas con el Fondo Monetario Internacional. Son los espectros de una historia que los condenó, sin remedio, hace doce años atrás. 

MR