Mabel cuida. Se levanta a las 5.30, pone a calentar agua para el mate y mientras tanto carga el lavarropas, corta pan, lo tuesta, pela verduras para las viandas. Su orquesta de tareas domésticas empieza a sonar al alba y se silencia a la medianoche. Vive en la localidad de Villa Adelina, provincia de Buenos Aires, trabaja por las mañanas en el barrio porteño de Montserrat, donde limpia oficinas. Tiene una hora y media de viaje, primero toma el 140, después el 17. Antes lleva a su hijo Lucas a la escuela, a la Juana Manso de Villa Adelina, y a la pequeña Marisol la deja en lo de una vecina. Los cría sola desde que el padre se fue a trabajar a Uruguay. A veces él manda algo de plata. A veces. Mabel entonces trabaja más horas. Por las tardes, cuida a una señora de casi 80 años en la zona de Villa Ballester, justo a dos cuadras de la iglesia de La Merced, donde la lleva a pasear.  

Mabel es una de las miles de mujeres jefas de hogar en Argentina, donde hay 1,6 millones de hogares monomarentales, lo que representa el 25% del total de hogares con niños, niñas y adolescentes, según datos de Fundar. A su vez, dos de cada tres de estos hogares monomarentales no perciben la cuota alimentaria, o la reciben de manera aleatoria (UNICEF). 

Cuidar es un trabajo

Como tantas otras mujeres, Mabel dedica su vida a cuidar, de forma remunerada y no remunerada. Limpiar, cocinar, lavar ropa, bañar, llevar a la escuela, a turnos médicos, ayudar con las tareas escolares, dar medicamentos, acompañar y contener emocionalmente: todas estas tareas implican trabajo y han sido históricamente invisibilizadas. Se nos enseñó que eran actividades realizadas por amor, amor de madres, amor abnegado, pero como dice la filósofa e historiadora Silvia Federici “eso que llaman amor es trabajo no pago”. Aunque haya amor, hay en el cuidado además un trabajo imprescindible para el sostenimiento de la vida. Y lo hacen mayoritariamente las mujeres en el mundo entero sin obtener una remuneración económica a cambio: “Es la base sobre la que se sostiene el capitalismo”, explica Federici, autora de ‘Calibán y la bruja’.

Los movimientos feministas han logrado introducir la temática de los cuidados en la agenda pública. La pandemia hizo lo suyo: cuando el mundo se detuvo, lo único que parecía seguir girando, irremediablemente, era el disco rayado de los cuidados. Todas las actividades habían quedado suspendidas en el tiempo, salvo cocinar, limpiar, higienizarse. La rueda sinfín de los cuidados nunca se detiene. Como Bill Murray en la película ‘El día de la marmota’, que se desespera ante el sonido perturbador de su despertador cada mañana, que le anuncia el inicio del mismo acto rutinario, agobiante por lo reiterado. 

Otra vez sopa, otra vez a cuidar. 

Tiempo, bendito tesoro

Según la Encuesta Nacional de Uso del Tiempo, elaborada por el INDEC, podemos observar claramente que las mujeres argentinas invierten tres horas diarias más que los varones en trabajo no remunerado, y esto se traduce en menos tiempo para educarse, para generar ingresos, para descansar, socializar, ir al cine, leer. En definitiva, las mujeres tienen menor calidad de vida y menos autonomía, lo que a su vez eventualmente limita sus posibilidades de salir de vínculos violentos. Las mujeres, entonces, son más pobres, más dependientes, más sometidas. 

A pesar de las transformaciones culturales conquistadas por los movimientos feministas y de la diversidad, persiste fuertemente la división sexual del trabajo, que promueve tareas productivas fuera del hogar para los varones y tareas reproductivas domésticas para las mujeres. Valga como ejemplo que las trabajadoras de las casas particulares son el último eslabón en el mercado laboral, el peor pago, el más informal y precario. Según el Ministerio de Trabajo, 99,3% de este trabajo es realizado por mujeres. 

Las que cuentan con mayores recursos contratan a otras mujeres. Es lo que se conoce como feminización de los cuidados. Las pobres se ocupan de los cuidados de las ricas. Las pobres también cuidan a las pobres, en los comedores populares, en los barrios más vulnerables, en las organizaciones comunitarias. Las mujeres sostienen el mundo. 

En la década del 90 las feministas italianas consiguieron lo que se conoció como la “ley del tiempo” y pudieron hablar de la injusticia en el uso del tiempo. Treinta años después, las feministas argentinas lograron otro hito histórico: la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró al cuidado como un derecho humano, y por lo tanto los Estados tienen la obligación de garantizarlo. 

El cuidado ya no es invisible: ahora es un derecho humano 

En enero de 2023, Argentina había presentado en la Corte Interamericana de Derechos Humanos una solicitud de opinión consultiva sobre “el contenido y el alcance del derecho al cuidado y su interrelación con otros derechos”. La respuesta llegó en agosto de 2025. Fue contundente: reconoció por primera vez que el cuidado es un derecho humano. Esto significa que todas las personas tenemos derecho a recibir y brindar cuidados, y también al autocuidado. No es un privilegio ni es un asunto privado, todas las personas necesitamos recibir cuidados en alguna etapa de nuestra vida, y el Estado debe garantizarlo.

Quienes cuidan tienen que tener derechos laborales, los Estados deben cuidar a quienes cuidan. La Corte dijo algo más: la distribución desigual del trabajo de cuidado es una forma de discriminación estructural de género, que tiene consecuencias concretas en la vida de las mujeres, como la pobreza, la dificultad de acceso al trabajo remunerado y de calidad, a la educación y a una jubilación digna. Los Estados deben reconocer esas desigualdades y generar herramientas para garantizar el acceso al cuidado en tanto derecho humano. Fue clara la Corte: es hora de compartir los cuidados entre las familias, la comunidad, el mercado y los Estados. 

El cuidado es un derecho y es un asunto colectivo. 

Quiero tiempo no enjaulado 

Ya lo decía María Elena Walsh en la ‘Marcha de Osías’, allá en 1966: queremos tiempo no apurado, no enjaulado, tiempo de jugar, de gozar, estudiar, viajar, pensar, leer, soñar. 

Las mujeres del Partido Comunista Italiano fueron pioneras: en el año 1990 presentaron un proyecto que se llamó “Ley de los Tiempos”, en el que planteaban que la gestión del tiempo era un problema político. La iniciativa cuestionó el reparto sexista del tiempo y planteó una reivindicación fundamental: un tiempo para vivir. Las feministas italianas tomaron la delantera: el artículo 1 de la ley reconocía el derecho de toda persona a prestar y recibir cuidados y a disponer de recursos y de tiempo para ello. Algo similar a lo que declaró la Corte Interamericana de Derechos Humanos este 2025. 

El proyecto de las italianas incluía un artículo sobre el tiempo en la ciudad: decía que los horarios comerciales, bancarios, de oficinas públicas, escolares eran incompatibles con el horario del empleo remunerado y que eso exigía que alguien, léase las mujeres, renunciaran a su propio tiempo. Proponía que los Estados crearan planes para ordenar los tiempos de la ciudad. 

Roma entonces reordenó los ritmos urbanos. “Estuve ahí en ese momento. Vi los cambios en el sistema de transporte romano, la creación de clubes de mujeres, el doble horario de la oferta educativa. Empezaban a tocar una nueva música las italianas feministas”, recuerda con emoción la socióloga y pionera en temas de cuidados Virginia Franganillo.

“Si los varones no cambian, cambiemos las ciudades”, decían las italianas. Lograron que se sancionara parte del proyecto de ley. Así pusieron el tema sobre las mesas italianas, lo colaron en los debates intelectuales y crearon herramientas para medir el uso del tiempo. Su lucha resonó en otros países de Europa, y también en América Latina, donde hoy las feministas lideran la discusión pública sobre el tiempo de los cuidados. 

“En los 60 discutíamos sobre la división sexual del trabajo. Militantes y académicas argentinas debatimos sobre cuidados durante veinte años, pero no se había logrado crear una política pública. Años después, el gran espaldarazo fue el primer paro de mujeres”, recuerda Franganillo. Era el 8 de marzo de 2017. Argentina daba a luz el primer Paro Internacional de Mujeres. ‘Si nosotras paramos, se para el mundo’: los cuidados salieron del clóset doméstico y fueron parte de los reclamos que ese día ocuparon las calles. 

¿Y quién podrá cuidarnos?

El mundo cambió: se extiende el promedio de vida. El envejecimiento poblacional implica que las personas viven más años y que habrá mayor cantidad de personas adultas mayores que demandarán cuidados. Además, bajan las tasas de natalidad, por lo tanto habrá menos personas jóvenes para cuidar a las mayores. A su vez, cambian los modelos de familia: a los tradicionales se suman los monomarentales, monoparentales, matrimonios igualitarios con y sin hijes, personas que viven solas, modelos que se arman y se desarman. Si históricamente los cuidados eran asuntos familiares, domésticos, las nuevas formas de vida familiar contarán con menos personas para brindar cuidados. 

Según la Encuesta del Uso del Tiempo de 2002, en Argentina el 70% del cuidado de las personas mayores lo hacen las familias. Bueno, las mujeres de las familias. En el 30% restante, el cuidado lo gestionan personas externas (otros familiares, la comunidad, el mercado). Quienes pueden contratar servicios de cuidados remunerados en el mercado representan menos de 10% de los hogares, según el último informe de Fundar. 

En la medida en que la demanda de cuidados cambia más rápido que la oferta de infraestructura y servicios, existe una sobrecarga de responsabilidades de cuidado en las familias. Bueno, en las mujeres de las familias. 

Hoy los Estados se ven ante la necesidad de abordar los cuidados con políticas públicas. Es una oportunidad para el empleo y el desarrollo de las ciudades. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), solo en Argentina la economía del cuidado podría crear alrededor de 1,8 millones de puestos de trabajo hacia 2030. 

En los últimos años, Argentina venía avanzando a paso firme en el diseño de las políticas de cuidados, a través del Mapa Federal del Cuidado (un portal para localizar la oferta de espacios y servicios de cuidado y de formación para personas cuidadoras), el Programa Casa Activa de acceso a complejos de vivienda colectiva para personas adultas mayores, el proyecto de ley presentado en el Poder Legislativo para crear un Sistema Integral de Cuidados, la mesa interministerial de cuidados, la creación de 500 centros de Desarrollo Infantil de atención integral para infancias hasta los 4 años de edad, kits de lactancia, el Sello Igualar para generar espacios laborales más inclusivos. 

Desde la asunción de Milei en diciembre de 2023 el panorama es otro: de 50 políticas de cuidado sólo 3 quedan activas. Son datos del último informe de la Cocina de los Cuidados, un espacio intersectorial de monitoreo de las medidas gubernamentales en el campo de los cuidados, integrado por representantes de organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos, iglesias, la academia, funcionarias y legisladoras de distintas fuerzas políticas. 

Cuidado descuidado

Algunos de los resultados del informe: 1,4 millones de personas adultas mayores quedaron por fuera de la cobertura de medicamentos de PAMI, ya no se distribuyen anticonceptivos, cunas para bebés, equipamiento para maternidades, medicamentos para el embarazo, hierro para recién nacidos, se redujo a un tercio el presupuesto para cuidadoras comunitarias, se cerraron 50 Casas de Atención y Acompañamiento Comunitario para personas con consumo problemático, que es una de las pocas herramientas de contención para jóvenes con problemas de consumo en los barrios populares. 

“En el gobierno anterior habíamos creado programas ejemplares para el resto de la región -explica Lucía Cirmi, Economista y ex Subsecretaria de Igualdad en el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad-. Desarrollamos una batería de políticas con una escala muy por encima de lo que se manejaba en el resto de América Latina. Por ejemplo, el Mapa Federal de los Cuidados después se replicó en Colombia, Brasil y Chile. El programa Registradas (creado para reducir la informalidad laboral en el sector de trabajadoras de casas particulares y promover su acceso y permanencia al empleo registrado), que alcanzó acá a 43 mil mujeres, tenía cuatro veces la cobertura de lo que tiene un programa similar en Chile. Nuestra política de vivienda activa y colectiva para personas adultas mayores fue la primera experiencia pública en Latinoamérica. Todas políticas que se replicaron en otros países y que desarmó el gobierno de Milei”. 

Al menos nueve países latinoamericanos ya avanzaron en leyes integrales de cuidado y otros quince modificaron políticas para ampliar sus sistemas (Cepal, 2025). Es la antítesis de Argentina: acá se enfocó el ajuste en las personas que cuidan y en quienes necesitan recibir cuidados, a quienes hunde en el abandono. 

En agosto de este año tuvo lugar la XVI Conferencia Regional sobre la Mujer de América Latina y el Caribe, organizada por la CEPAL, ONU Mujeres y el Gobierno de México. El centro del debate: la sociedad del cuidado, un modelo que reconoce el cuidado como un derecho humano, un trabajo productivo y un pilar del bienestar social. En la conferencia se acordó una nueva hoja de ruta para los próximos 10 años a través del ‘Compromiso de Tlatelolco’. El gobierno argentino no se presentó. Sí lo hizo la ministra de las Mujeres y Diversidad de la provincia de Buenos Aires, Estela Díaz, que firmó un convenio bilateral con México. 

Buenos Aires ha logrado sostener algunas políticas de cuidados al margen de la motosierra nacional: obras de infraestructura para la primera infancia, el Plan Qunita de acompañamiento integral para madres y recién nacidos, el registro y formalización de trabajo de cuidadoras de personas adultas mayores. Las provincias de Chaco, Santa Cruz y Tierra del Fuego pudieron avanzar en proyectos para crear sistemas de cuidados. También han sostenido algunas políticas de cuidados La Pampa, La Rioja, Catamarca y Santa Fe. 

“Es imposible mantener las políticas nacionales que han sido desmanteladas; de todos modos, estamos sosteniendo programas locales como el Cuidar, y optamos por no visibilizar programas para evitar los castigos y así protegerlos”, explica Alicia Tate Rubio, Secretaria de Mujeres, Género y Diversidad de Santa Fe. 

Desde la Cocina de los Cuidados pensaron una estrategia: un proyecto de ley presentado a través de la diputada Mónica Macha que pretende obligar al gobierno nacional a dar marcha atrás en el desmantelamiento de las políticas públicas declarando la emergencia en políticas de cuidados. “Pensamos no solo una política pública sino en construir un paradigma del cuidado, una perspectiva que transforme al Estado en un Estado que cuida. Para los feminismos es un tema de agenda muy actual y seguimos trabajando en medio de este contexto tan hostil”. 

“Estamos en una profunda regresión, peleando contra el hambre. Pero hemos logrado algo: concientizar sobre el cuidado como un trabajo. De esa no nos bajamos”, dice Virginia Franganillo desde los pasillos de un hospital, mientras cuida a una amiga que está atravesando una enfermedad grave. Sabe de cuidados. 

El discurso de odio contra la población LGBTI+ que dio el presidente en Davos le rebotó como un bumerang: en febrero de este año la Marcha Federal del Orgullo Antifascista y Antirracista se convirtió en una de las movilizaciones de resistencia más rotundas. Hoy, las embestidas contra las poblaciones que más necesitan ser cuidadas van delineando otro dique de resistencia ante la crueldad. 

“Échame tierra y verás cómo florezco”, dijo alguna vez Frida Kahlo, en rebelión ante el dolor y las injusticias. 

MK / MA

¿Cuidar es un derecho humano? La respuesta es un rotundo sí. El 29 de octubre fue declarado como el Día Internacional de los cuidados y apoyos por la Asamblea General de Naciones Unidas en 2023, con el objetivo de hacer visible a nivel global la relevancia que tienen. Fue el inicio de una decisión de instalar la importancia del trabajo de cuidado para la sostenibilidad de la vida, de la economía y del planeta. También fue el inicio de un impulso y una promoción de las responsabilidades que tienen los Estados respecto a todo lo que implica cuidar a otras personas, resolver la vida cotidiana, de qué manera las personas son cuidadas, cómo se cuidan a ellas mismas y qué apoyos resultan imprescindibles para favorecer el ejercicio de autonomía de las personas con discapacidad. 

Desde el inicio del sistema de protección universal, con la Declaración Universal de Derechos Humanos en 1948 en adelante, se establecieron compromisos claros al respecto. En cada Pacto y Tratado Internacional de derechos humanos, tanto del sistema de protección de Naciones Unidas como en el Interamericano, encontramos disposiciones que obligan a los Estados a respetar, proteger y garantizar el derecho que tiene cada persona a vivir una vida digna y libre, que implica el derecho a cuidar, a ser cuidada y a ejercer su autocuidado.  

Los cuidados han atravesado la historia de la humanidad pero, hasta el momento, poco se había hecho para garantizarlos y distribuirlos. Estas actividades fueron históricamente asignadas a las mujeres en los hogares. El cambio de perspectiva implica la necesidad de que sean distribuidas en toda la sociedad, de manera justa y corresponsable. Así, el cuidado debe ser resuelto igualitariamente en los hogares y en la comunidad entre sus responsables, generando también los distintos apoyos para que las personas con discapacidad puedan ejercer su propio derecho al cuidado. El Estado debe garantizarlo no sólo a través de políticas públicas, sino también instar al sector privado y los mercados a un ejercicio justo y corresponsable. 

Con ese mandato, el Estado argentino solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que esclarezca el alcance de las obligaciones en materia de cuidados, en enero de 2023. Este pedido, y su posterior admisibilidad, abrió un período de debate que incluyó la presentación de 130 escritos de amicus curiae con distintos argumentos a favor de su reconocimiento y una audiencia pública que se celebró en marzo de 2024 para exponer los distintos argumentos frente a las y los magistrados de la Corte IDH. De ese proceso participaron ocho Estados de la región (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay y Uruguay); la Comisión Interamericana de Derechos Humanos; la Comisión Interamericana de Mujeres (CIM); organismos especializados de Naciones Unidas (CEPAL, ONU-Mujeres, ACNUDH, el Comité y el Relator especial sobre los derechos de las personas con discapacidad); organismos de los ministerios públicos de varios países de la región; universidades latinoamericanas y europeas; organizaciones de la sociedad civil, feministas, de las diversidades sexuales y de derechos humanos; colegios de magistrados/as, de abogados/as; y un amplio número de personas interesadas en la agenda de cuidados.

En general no suele ser tan alta la participación en procesos similares en los que se han pedido opiniones consultivas de la Corte IDH, lo que muestra el interés que despierta el reconocimiento del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. Pero aún más notable resulta la contundencia de los argumentos jurídicos y políticos que sostienen la necesidad de que la Corte IDH interprete con amplitud el derecho al cuidado como un derecho autónomo y de satisfacción inmediata, reforzando la agenda de políticas públicas hoy presentes en mayor o menor medida, en cada uno de los países de la región. En efecto, cerca de 15 países de América Latina  cuentan con políticas de cuidados, sean los sistemas nacionales de cuidado, como el caso pionero de Uruguay, o experiencias locales como el sistema distrital de cuidados de Colombia, o diversas instancias en donde los Estados han avanzado en diseñar –o se encuentran haciéndolo- estrategias en base a sus obligaciones de respetar, proteger y garantizar el derecho humano al cuidado.   

La misma contundencia tuvo la representación de Argentina, en tanto Estado solicitante, durante las audiencias llevadas a cabo en marzo de 2024 en San José de Costa Rica, solicitando a la Corte IDH que defina estándares de cumplimiento. Sin embargo, pocos meses después, la República Argentina intentó desdecirse pidiendo a la Corte que interrumpa el proceso de debate y que retire el pedido de Opinión Consultiva. Este pedido ha sido rechazado por unanimidad por el Tribunal, exponiendo el desconocimiento del gobierno actual del funcionamiento del sistema interamericano y su intención de deslegitimar su rol a nivel regional.

Nuevamente la contundencia de la agenda de cuidados como global y parte central de derechos humanos ha sido reafirmada por la Corte IDH que seguramente en pocos meses ofrecerá un conjunto de estándares y principios jurídicos respecto al alcance del derecho a cuidar, a ser cuidados y al autocuidado y los sistemas de apoyos necesarios para su ejercicio. Confiamos nuevamente en la voluntad transformadora que tiene el sistema interamericano, que permitirá posicionar a la región como pionera en garantizar el cuidado como trabajo y como derecho humano de cada persona. En un contexto en el que nos quieren volver a convencer de que la violencia de género no existe y que el lugar natural que corresponde a las mujeres es solo el de las tareas del hogar, el Día Internacional de los cuidados y apoyos  es más relevante que nunca.  

La autora es socia fundadora y Presidenta del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA)

Cuando cuidamos hacemos esas tareas indispensables que posibilitan la vida de cada persona y el mantenimiento de la sociedad. Nos autocuidamos (nos alimentamos, higienizamos), cuidamos a otras personas (especialmente a quienes lo necesitan por su edad como niños, niñas y adolescentes o personas mayores), generamos las precondiciones para cuidar (preparamos alimentos, limpiamos el hogar en común) y gestionamos la vida cotidiana (coordinamos horarios, traslados, citas a centros de salud). Estas tareas históricamente fueron asumidas por las mujeres, sin remuneración y sin que se valorara mucho el tiempo y esfuerzo que conllevan, con impacto directo en su organización económica, social y política y sobre su autonomía. Así se fue conformando una injusta división sexual del trabajo (productivo y de cuidado). 

La definición del cuidado como trabajo fue parte de las contribuciones de robustas investigaciones feministas que demuestran que estas tareas producen valor económico y contribuyen directamente al producto interno bruto de los países, entre 15 y 27 puntos en América Latina. En promedio, las mujeres de la región trabajan el doble del tiempo que los varones, especialmente en tareas de cuidado, aunque no se reconocen en todo su aporte. A su vez, justamente como parte de esa injusta división sexual del trabajo, las mujeres generalmente tienen trabajos informales y precarizados, lo que genera que junto con los niños, niñas y adolescentes sean las más afectadas por la pobreza.

En promedio, las mujeres de la región trabajan el doble del tiempo que los varones, especialmente en tareas de cuidado, aunque no se reconocen en todo su aporte

El cuidado no es sólo un trabajo: el cuidado es un derecho. Históricamente, las leyes regularon las diversas prácticas de cuidado al interior de las familias pero reproduciendo sesgos de género. Un ejemplo fue la figura de la patria potestad, que en Argentina otorgaba a los varones el derecho de decidir sobre los hijos en común (elegir su nombre, definir su escolaridad, establecer el lugar de vivienda) hasta que fue modificada en 1985 para dar lugar a un derecho compartido entre ambos progenitores. Con la reforma posterior de 2015 se consolida un paradigma más igualitario en la regulación del derecho civil bajo el concepto de responsabilidad parental. 

El otro ámbito regulatorio por excelencia fue el derecho laboral y de la seguridad social. En un empleo formal, el tiempo (licencias), dinero (transferencias) e infraestructura (espacios de cuidado) también se destinan centralmente a las mujeres. En Argentina, bajo la Ley de Contrato de Trabajo los varones sólo disponen de dos días de licencias por nacimiento de hijas o hijos, menos que por mudanza o días de estudio. Los esquemas de protección social con los Programas de Transferencias Condicionadas de ingresos (PTCI) también vinculan la prestación a una posición (madre, pobre, vulnerable). Es decir, cuando existen prestaciones reconocidas, el universo de aplicación se concentra en las mujeres en su condición de madres, eludiendo las obligaciones de los varones como también las responsabilidades de otros actores a quienes corresponde proveer cuidados: el Estado, el sector privado y las organizaciones sociales y comunitarias que, junto a las familias, conforman el diamante del cuidado, como lo llama la literatura especializada.  

Buscando sortear estos límites y luego de un proceso regional de identificación de obligaciones ya existentes en Pactos y Tratados Internacionales, en enero de 2023, la República Argentina elevó una solicitud de Opinión Consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que recupera anteriores desarrollos y solicita al máximo Tribunal regional que se explaye sobre el alcance de las obligaciones de los Estados. Además, solicita que se aclare bajo qué estándares concretos debe respetarse, garantizarse y efectivizase el derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado. La Corte Interamericana de Derechos Humanos hizo lugar a esta solicitud y habilitó un proceso de participación de lo que se conoce como “amicus curiae” (amigos y amigas del Tribunal) para que durante un plazo pudieran remitir documentos que ofrezcan argumentos, doctrina, interpretación y evidencia empírica que resulten útiles en la tarea encomendada a la Corte. 

En el mes de noviembre, la Corte recibió cerca de 130 escritos de amicus elaborados por gobiernos de la región (Colombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, México, Panamá, Paraguay), organismos de los ministerios públicos de varios países, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Mujeres (CIM), organismos especializados de Naciones Unidas (CEPAL; ONU-Mujeres, la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos), Universidades latinoamericanas y europeas, organizaciones de la sociedad civil, feministas y de derechos humanos, colegios de magistrados/as, de abogados/as y un amplio número de personas interesadas en la agenda de cuidados.  No es habitual que haya un flujo de esta magnitud de documentos elaborados para estos espacios, lo que muestra el interés que despierta esta agenda. La abrumadora mayoría sostiene la necesidad de que la Corte interprete con amplitud el derecho al cuidado como un derecho autónomo y de satisfacción inmediata por parte de los países. 

Desde ELA, convocamos a nivel regional y local a profesores/as de iberoamérica, investigadores/as, defensores de derechos humanos, organizaciones feministas, personas destacadas por su accionar en la defensa de los derechos, magistrados/as, integrantes de comités de monitoreo internacional y ex comisionados/as de la CIDH, entre otros, para elaborar un documento conjunto que desarrolla con solvencia jurídica los fundamentos del derecho a cuidar, a ser cuidado y al autocuidado, ofreciendo elementos vinculados a la fijación de estándares de implementación, monitoreo y jurisprudencia para acompañar el proceso del máximo tribunal regional. 

Hace pocos días se llevó adelante en San José de Costa Rica una serie de audiencias para escuchar los argumentos orales de quienes participaron en el proceso como amigos del tribunal. Con la participación de 70 delegaciones, incluyendo la vicepresidenta de Colombia, Francia Marquez se llevó adelante una defensa profunda de la relevancia de los cuidados y su reconocimiento con derecho. La República Argentina, como estado solicitante, reafirmó el valor de esta consulta y la necesidad de establecer con claridad obligaciones, comprometiéndose en lo que respecta a garantizar y satisfacer el derecho a cuidar, ser cuidado y al autocuidado.

Con la escucha respetuosa y atenta de las 7 juezas y jueces que integran la Corte Interamericana, se produjo un diálogo con las delegaciones presentes, con preguntas precisas y respuestas concretas sobre la relevancia del trabajo de cuidados y su reconocimiento como derecho de cada persona. Con claridad, definimos que no estamos ante un derecho emergente sino con un derecho que fue invisibilizado por casi un siglo, pero que las demandas sociales, políticas y feministas han permitido su identificación. 

El proceso queda ahora en manos de la Corte. Cuando emita su Opinión Consultiva 31 podrá marcar un cambio de agenda a nivel regional e internacional ya que reforzará el carácter pionero que ha tenido América Latina en reconocer y obligarse respecto a los cuidados.  

Se trata de un proceso que lejos de ser estático es parte de una agenda global de cuidados que debemos fortalecer y demandar respuestas institucionales urgentes para garantizar el reconocimiento, respeto y garantías concretas para que cada persona pueda ejercer su derecho a cuidar, a ser cuidada y al autocuidado. 

La autora es investigadora CONICET especialista en cuidados y presidenta de ELA.

Las mujeres ganaron en promedio un 26,3% menos que los hombres en el tercer trimestre del 2022, de acuerdo a la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). El ingreso medio de las mujeres, durante ese período, fue de $68.310, mientras que en el caso de los hombres, la cifra ascendía a $92.655.

Del total de 24 jurisdicciones, 6 presentan una brecha salarial superior al promedio nacional: Santa Cruz (36,5%), Chubut (35,9%), Provincia de Buenos Aires (29,5%), Santa Fe (29,4%), Córdoba (29,2%) y Entre Ríos (26,5%). La Rioja fue la provincia con menor brecha, con una diferencia salarial entre hombres y mujeres del 14,1%, pero los salarios se encontraron entre los más bajos del país: $57.242 y $49.170 promedio para hombres y mujeres, respectivamente.

Ecofeminita, una organización interdisciplinaria centrada en la visibilización de las desigualdades de género, reveló que, durante el mismo período, la brecha de ingresos mensuales sin descuentos jubilatorios es incluso mayor y se eleva al 33,6%. Esto indica que la brecha se amplía cuanto peores son las condiciones de trabajo. 

Esta diferencia salarial se explica, en parte, por la histórica división sexual del trabajo que asigna roles de género. Los hombres, en este esquema, suelen realizar trabajo productivo mientras que las mujeres se desempeñan en trabajos reproductivos, es decir, tareas de cuidado que permiten garantizar el bienestar y la supervivencia del hogar. Los quehaceres domésticos, los cuidados de los más vulnerables y el apoyo escolar son tareas que recaen de manera asimétrica sobre las mujeres. Esta tendencia es constante independientemente de la edad, pese a que la brecha es más acentuada entre los 30 y 64 años.

La Encuesta Nacional de Uso del Tiempo 2021 del INDEC muestra que el 91,7% de las mujeres realiza trabajo no remunerado y le dedica un promedio de 6:31 horas diarias. En el caso de los hombres, sólo el 75.1% lleva a cabo este tipo de tareas y le dedican un promedio de 3:40 horas al día. “Frente a los datos del 2013 lo que vemos es que, en promedio, los varones incrementaron su dedicación a los cuidados en 10 minutos diarios. Mejoramos pero de forma ínfima. Es necesario seguir trabajando en transformar la división sexual del trabajo que todavía tenemos”, explicó a elDiarioAR Delfina Schenone Sienra, socióloga responsable del área de políticas del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género ELA. 

Cuando tienen personas demandantes de cuidado a su cargo, la cantidad de horas destinadas al trabajo no remunerado en ambos casos aumenta, pero la dedicada por las mujeres casi duplica a la de los hombres: alrededor de 9 horas y 4 horas y media, respectivamente. Esta feminización de las tareas domésticas y de cuidado ya había comenzado a profundizarse durante la pandemia de Covid-19. “Según datos del INDEC relevados en 2020 en el AMBA, el 73% de los hogares con niños, niñas y adolescentes incrementaron las tareas de cuidado y, de éstas, las mujeres realizaron el 64% de las tareas domésticas, el 70% de las tareas de cuidado de personas, y el 74% de las tareas de apoyo escolar”, detalló la especialista.

Iris Marion Young, filósofa política y feminista, advierte que esta división del trabajo consiste en una forma de explotación de las mujeres que trasciende la diferencia de estatus, poder y riqueza resultante de su exclusión de las actividades remuneradas. Que las mujeres realicen las tareas domésticas y de cuidado releva a los hombres de las tareas de cuidado y permiten su realización en el mercado laboral remunerado, otorgándoles mayor libertad, poder y estatus.

Esta desigual distribución de las tareas deja a las mujeres expuestas a otras formas de opresión. Para Schenone Sienra, la feminización de las tareas de cuidado afecta las posibilidades de estudio de las mujeres y de insertarse plenamente en el mercado laboral por lo que obtienen empleos más precarios con ingresos más bajos y tienen menor acceso a la seguridad social contributiva y peor calidad de vida. Esto condiciona la autonomía económica y física de las mujeres y las priva de los recursos materiales necesarios para romper con relaciones violentas. “Sin ingresos, sin empleo, sin una vivienda propia, difícilmente una mujer que sufre violencia pueda romper la dependencia con la pareja, más aún si tiene hijos a cargo. Por eso creemos que el foco de las políticas de género tiene que estar en pensar en la integralidad de la agenda y en todo el entramado de desigualdades”, sostuvo.

El techo de cristal al que se enfrentan las mujeres para acceder a cargos de liderazgo también contribuye con la brecha salarial de género. El estudio “Sexo y poder: ¿Quién manda en la Argentina?”, realizado en 2022 por el ELA, reveló que sólo 2 de cada 10 puestos de máxima jerarquía están ocupados por mujeres. En el ámbito empresarial, el liderazgo femenino cae al 5%. “Pero no sólo influye el techo de cristal, también hay que pensar que las mujeres no nos insertamos en todos los sectores de la misma manera y buena parte de las mujeres ocupadas lo hacen en actividades que tienen promedios salariales más bajos que ámbitos más masculinizados, como por ejemplo, el ámbito educativo o el de las trabajadoras de las casas particulares que tienen los salarios más bajos del mercado”, aseguró la socióloga a elDiarioAR.

El informe de Ecofeminita para el tercer trimestre de 2022 también señala que la brecha de género en relación tanto a la tasa de actividad como a la tasa de empleo rondaba el 19%. La tasa de desocupación alcanza el 7,8% en el caso de las mujeres mayores de 14 años, a comparación del 6,5% de hombres. La tasa de subocupación también es superior para las mujeres: 14,4% en oposición a un 8,4% de varones. “En promedio las mujeres se encuentran más subocupadas que los varones, lo que significa que trabajan menos horas de las que quisieran y, en general, esto sucede porque necesitan conciliar trabajos de cuidado con las responsabilidades laborales”, destacó Schenone Sienra.

ACM/MG