El Ministerio Público Fiscal de Mendoza (MPF) presentó los recursos formales contra la sentencia que absolvió en octubre último a todas las acusadas en el expediente por los delitos cometidos a menores hipoacúsicos en el Instituto Próvolo de la provincia, informaron hoy fuentes judiciales.

Se trata de la sentencia dictada por las juezas Gabriela Urciuolo, María Belén Salido y María Belén Renna, quienes absolvieron a las mojas Kumiko Kosaka, Asunción Martínez, la exdirectiva Graciela Pascual, entre otras imputadas, quienes habían llegado al juicio acusadas de participes en las causas conocidas públicamente como Próvolo II.

En un extenso recurso Alejandro Iturbide, fiscal jefe, y Gonzalo Nazar, fiscal adjunto penal, “han planteado todos y cada uno de los vicios de la sentencia”, informó hoy en un comunicado el MPF mendocino.

Añadieron que los funcionarios judiciales pidieron “su entera anulación a la Suprema Corte de Justicia, en pleno, es decir, con intervención de sus siete miembros dada la trascendencia de los temas aludidos que exceden el interés de las partes de este caso al referirse al tratamiento de personas con discapacidad”.

Entre los “agravios principales” destacaron “no haber valorado el testimonio de las víctimas conforme las pautas internacionales en casos de abusos sexuales ocurridos en la infancia, para mujeres en su mayoría, y personas con discapacidad”

Mencionaron, además, haber quitado valor a los informes del Equipo de Abordaje en Abuso Sexual dependiente del MPF ( E.De.A.A.S.) bajo el argumento de “trabajar sus profesionales sólo con sesgo de confirmación de los hechos”, siendo que las tres juezas “en momentos inmediatos anteriores a la sentencia e incluso en tiempo concomitante, dictaron otras sentencias condenatorias valiéndose de informes del mismo organismo, sin queja alguna y considerando valioso el aporte de sus profesionales”.

También cuestionaron “no haber tratado veintidós pruebas invocadas por la Fiscalía, entre testimoniales y documentales, que podrían haber dado un rumbo distinto a la sentencia. No hay una sola palabra sobre estas pruebas”.

Y las acusaron de “haber mejorado la posición de los defensores, en varias situaciones, realizando planteos que ellos no efectuaron y considerando pruebas que no produjeron en el debate”.

Las juezas dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate el 18 de octubre ultimo, que constó de más de 300 audiencias y la declaración de más de 100 testigos.

Nueve mujeres llegaron imputadas al juicio, aunque finalmente la parte acusatoria solo pidió condena para 5 de ellas en la etapa final, y entre ellas, Kosaka tenía 6 imputaciones como partícipe primaria y una como autora de uno de los abusos, mientras que para la exrepresentante legal del Próvolo, Graciela Pascual habían pedido 18 años de cárcel como partícipe primaria y para la monja, Asunción Martínez la parte acusatoria solicitó 10 años de prisión, también imputada como partícipe por omisión.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 25 años de prisión.

El primer juicio fue abreviado, el 25 de septiembre de 2018, en el que el monaguillo Jorge Bordón, también exempleado administrativo en el Instituto Próvolo, confesó la autoría de los hechos y recibió una pena de 10 años de prisión.

El segundo, el 25 de noviembre de 2019, fue el que condenó a los curas Nicolás Bruno Corradi a 42 años de prisión y a Horacio Corbacho Blanc a 45 años. El jardinero Armando Ramón Gómez, por su parte, recibió 18 años de cárcel.

MM con información de Agencia Télam.

Nueve mujeres que estaban acudas por el delito de abuso sexual contra niños hipoacúsicos o por omitir denunciar esos hechos, ocurridos en el Instituto Próvolo de Mendoza, fueron absueltas hoy al término del juicio oral que se les siguió en el ámbito del Tribunal Penal Colegiado 2 de esa provincia durante dos años. Se trata de las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, así como exdirectoras y empleadas del Instituto: Graciela Pascual, Gladys Pinacca, la cocinera Noemí Paz, Valeska Quintana, Laura Gateán, Cristina Leguiza y la psicóloga Cecilia Raffo.

Las juezas Gabriela Urciuolo, Belén Salido y Belén Renna dieron a conocer su veredicto luego de más de dos años de debate, más de 100 testigos y unas 300 audiencias.

Durante la etapa de alegatos de cierre, los defensores habían solicitado la absolución de las religiosas y de las otras imputadas, en tanto la fiscalía y la querella habían solicitado penas de 3 a 18 años de prisión.

La audiencia se desarrolló en las instalaciones del juzgado ubicado en el Polo Judicial Penal, de la ciudad de Mendoza, donde se desarrolló este tercer juicio por el llamado “Caso Próvolo”, que comenzó el 3 de mayo de 2021.

El Tribunal Penal Colegiado 2 mendocino dio a conocer su decisión luego de que las imputadas hicieran uso de su derecho a decir sus últimas palabras antes de darse a conocer el fallo.

Las primeras denuncias, en 1982

Hace 41 años se hicieron las primeras denuncias contra un grupo de sacerdotes de La Plata, entre ellos Nicola Corradi que había arribado a la capital bonaerense en 1972 proveniente de Verona, presumiblemente como parte de la política de traslados dado que su nombre aparece luego integrando a la lista de 26 curas pederastas elaborada por sobrevivientes de Verona, publicó tiempo atrás elDiarioAR. El sacerdote permaneció en La Plata hasta 1998, cuando fue enviado al recién fundado colegio Próvolo de Luján de Cuyo como su director.

En 2006, 50 integrantes de la asociación de ex alumnos del Próvolo de Verona se reunieron con el superior general del Instituto para solicitarle -sin éxito- que se separara de la institución a 26 sacerdotes acusados de pederastia. 

Pero el caso italiano irrumpió con fuerza en la agenda pública recién en 2009, cuando el semanario L’Espresso de Milano publicó los testimonios de 15 ex alumnos que aseguran haber sufrido abusos entre 1954 y 1984. 

Entonces, el Vaticano ordenó la creación de una comisión investigadora independiente que terminará condenando a solo uno de los sacerdotes inculpados, cuya pena consiste en la obligación de llevar una vida dedicada a la plegaria y a la penitencia, teniendo prohibido el contacto con menores.

MM con información de Agencia Télam

Fue una noche de 1999 en un campamento de los que organizaba la diócesis de Scranton, en Pensilvania. El joven, para quien hasta ese momento el sacerdote Carlos Urrutigoity era “perfecto, según lo que años después declaró en la justicia, se despertó con la mano del cura argentino sobre sus genitales.

“Le tenía una gran confianza y respeto, pensaba que era un sacerdote perfecto”, fueron sus palabras en la declaración que brindó en 2003. La causa no avanzó. Para la justicia de los Estados Unidos el delito estaba prescripto. Sin embargo, el adolescente sí logró que la diócesis firmara un acuerdo extrajudicial por el que recibió 380 mil dólares. Pero para cuando esto ocurrió Urrutigoity ya estaba lejos. Su nuevo destino era Paraguay.

El 14 de agosto de 2018,  la Corte Suprema de Pensilvania difundió un informe con el nombre de más de 300 sacerdotes de la diócesis de ese estado acusados de haber abusado de más de mil niños a lo largo de 70 años. Para los investigadores se trató también de un “plan sistemático” de encubrimiento por parte de la Iglesia Católica. El nombre del cura mendocina aparecía en la página 880.

Los traslados de sacerdotes denunciados por abuso de un país a otro o incluso dentro de una misma diócesis es una de las políticas más habituales para encubrir a los agresores.

Urrutigoity, que pertenece a la orden utlraconservadora de San Pio X, los lefebvristas, había tenido su primera denuncia cuando estaba en el seminario en La Reja, en el partido de Moreno. De ahí fue transferido a Estados Unidos en 1991. Tras la denuncia volvió a ser trasladado a Paraguay, a la Ciudad del Este, donde fue nombrado vicario de la juventud y número dos dentro de la diócesis.

Un enviado del Papa viajó en 2014 a investigar a Urrutigoity y a su superior, el obispo Rogelio Livieres Plano, pero no por las denuncias de abuso sino por el manejo poco claro de los fondos de la Iglesia.

Dos años más tarde, en 2016, Urrutigoity volvió a estar en el centro de la polémica. Un informe del diario La Nación de Paraguay daba cuenta de que al menos cinco sacerdotes argentinos habían elegido ese país para esconderse de la justicia. Además del mendocino, aparecían  Carlos Ibáñez, Raúl del Castillo y Luis Eduardo Sierra. Todos denunciados por abuso sexual de menores.

El informe agregaba un quinto integrante, Aldo Vara imputado por crímenes de lesa humanidad y prófugo hasta que fue detenido en Ciudad del Este, donde murió en junio del 2014.

Tras el escándalo, Urrutigoity volvió a su Mendoza natal donde nunca fue investigado.

Los traslados se aplican en el 30% de las denuncias

De los 128 sacerdotes, monjas y religiosos relevados por elDiarioAR en la investigación especial sobre abusos en la Iglesia católica de Argentina, 40 de ellos fueron trasladados. Es decir que en el 30 por ciento de los casos el cambio de destino funcionó como una manera de encubrir a los denunciados.

Italia, desde donde llegaron los cinco curas involucrados en los abusos en las sedes de Mendoza y La Plata del Instituto Próvolo, es el país que más intercambio de sacerdotes denunciados tuvo con Argentina. La siguen Estados Unidos y Paraguay.

El caso de Nicola Corradi, condenado a 42 años en el caso Próvolo, es quizás uno de los que mejor representa esta política de encubrimiento. Está acusado de haber cometido abusos en los tres destinos por donde pasó: Verona, La Plata y Mendoza. La primera denuncia pública se conoció en 2006 pero la investigación judicial comenzó diez años más tarde. La justicia mendocina dio por probado que los abusos habían comenzado al menos en 2005.

Carlos Miguel Buela es el fundador del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación ultraconservadora con sedes en 45 países. En diciembre de 2016 el Obispado de San Rafael -donde residía el sacerdote- emitió un comunicado en el que admitía “la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad”. Aunque rechazabn las acusaciones de abusos a menores sí admitía las de los adultos. Por orden del Papa Francisco, Buela fue recluido en un monasterio de España y el IVE sigue funcionando.

En otros casos, los traslados fueron de apenas unas cuadras. En 2004, el sacerdote Cristian Gramlich fue denunciado ante el obispado de San Isidro por abusos cometidos en 1998 contra alumnos del colegio Marin, uno de los más tradicionales de la zona norte. Ante las acusaciones, el obispo Jorge Casaretto decidió darle un nuevo destino: párroco de la Iglesia de Santa Rita, en Boulogne, de la cual depende otro colegio, el Juan XXIII.

Lo mismo ocurrió con César Fretes. En 2003, un grupo de padres del colegio ​​jesuita del Salvador, en la Ciudad de Buenos Aires, acusó al sacerdote de haber abusado de sus hijos que cursaban el sexto de la primaria. La respuesta fue trasladarlo a Mendoza donde falleció en 2015 sin condena.

MG

De 128 casos de curas o religiosos abusadores denunciados con posterioridad al caso Grassi, solo 6, el 4,6 por ciento, son mujeres, lo que la psicoanalista especializada en abuso sexual infantil Sonia Almada atribuye a las diferencias de género en la crianza, así como a la desigual distribución del poder dentro de la Iglesia, pero advierte que “una mujer pederasta en un lugar de poder causa el mismo estrago que un varón”

Contemporáneo al 20º aniversario del la investigación periodística que dio origen al Caso Grassi, resulta el segundo megajuicio por los abusos sexuales en el Instituto Próvolo para niños, niñas y adolescentes sordos que desde mayo del año pasado se está sustanciando en los tribunales mendocinos con la particularidad de que las nueve personas sentadas en el banquillo son mujeres, dos de ellas religiosas.

Las monjas que están siendo juzgadas en Mendoza, Kumiko Kosaca (46) y Asunción Martínez (53), integran la breve lista de las mujeres denunciadas por abuso sexual eclesiástico en las últimas dos décadas, junto a las religiosas Viviana Fleitas, María Alicia Pacheco, María Tellez Fajardo y Silvia Challú.

Habilidad para capturar a las “presas”

En el caso de Viviana Fleitas, su condición de presunta pederasta trascendió a partir de la publicación en 2014 del libro “Raza de Víboras” de la ex monja Sandra Migliore quien allí cuenta que la religiosa “tenía la habilidad de capturar a sus presas con un método infalible que consistía en hacerles sentir que eran lo más importante en su vida en ese momento, y que ese trato tan íntimo era exclusivo”.

María Tellez Fajardo, “Sor Marina”, y  Silvia Challiú, “Sor Silvia”, están acusadas de “abuso sexual reiterado gravemente ultrajante y agravado a cinco adolescentes de entre 12 y 17 años en un hogar de niñas en Boulogne. La causa ya fue elevada a juicio. María Alicia Pachecho fue detenida en 2016, en Salta, acusada por abuso sexual gravemente ultrajante. Cinco años después, el fiscal retiró la acusación porque la denunciante aseguró que ya no quería seguir adelante con la acusación.

“Si bien la pedofilia es una perversión, desde una mirada psicoanalítica la pederastia es una decisión, la de atacar a un niño y lastimarlo para siempre. Se da solo porque existe impunidad y desigualdad de poder. Tanto los hombres como las mujeres pederastas se ocultan y amenazan a sus víctimas para que callen”, dijo Almada en diálogo con elDiarioAR

Presidenta de la organización Aralma contra las violencias en la infancia, Almada publicó a principios de este año con gran repercusión el libro “La niña del campanario” dedicado al crimen impune y olvidado de una niña de 8 años violada y asesinada a mediados de los años '70 dentro de la iglesia San Marcelo lindera al colegio de Don Torcuato donde la víctima cursaba el tercer grado.

“Ya sea provocada por un hombre o una mujer, la violencia sexual padecida en la infancia es atroz y la visibilización de estos casos hace que muchas más personas se atrevan a hablar”, dijo.

“Por ello nosotras desde Aralma y (la campaña) Derecho al Tiempo Argentina presentamos un proyecto de ley que exige, entre otros términos, la creación de una Comisión de la verdad para investigar estos crímenes sexuales padecidos en la infancia en todos los ámbitos”, agregó.

El proyecto en cuestión también propone que sean imprescriptibles los delitos sexuales contra menores y dejar de lado la expresión “abuso sexual en la infancia” para utilizar la más correcta “violencia sexual contra la infancia y/o violencia sexual”.

De éstas y otras cuestiones, Almada se explayó durante una entrevista con elDiarioAR.

De los 128 casos relevados de curas o religiosos abusadores denunciados con posterioridad al caso Grassi, solo 6 corresponden a mujeres, es decir, el 4%. ¿Qué reflexión te genera esta relación proporcional?

El abusador sexual puede ser de cualquier clase social, etnia, raza, religión, estado civil y nivel educativo. Se confirma en todos los estudios  que la mayoría de los agresores son hombres, a la vez que se reconoce una minoría relevante de abusadoras: el 86,6% son varones  y entre el 13 y 20% son mujeres.

Yo creo que  además de la estructura perversa de personalidad, tiene que ver con los estilos de crianza -hacia hombres y mujeres-, con el tipo de instrucción que se les da a los seminaristas y monjas, y con la total impunidad con la que hasta ahora se han manejado en ámbitos eclesiásticos y de culto. 

Hay menos mujeres pederastas que hombres y esas mujeres tienen menos posibilidades de obtener lugares de poder. Una mujer pederasta en un lugar de poder causa el mismo estrago que un varón, es decir ataca a los niños, niñas y adolescentes. La oportunidad, el desvalimiento es lo que alimenta esta forma de perversión, en términos psicoanalíticos.

¿Qué características tienen los casos de las mujeres autoras de abuso sexual eclesiástico?

El interés sexual por los niños, niñas y adolescentes presenta una gran dificultad a la hora de evaluarse y pensarse cuando la agresora es una mujer. En mi clínica me he encontrado con varios casos de adultos que fueron abusados sexualmente en su infancia por mujeres: monjas, celadoras,  niñeras, abuelas, tías, madres. La mayoría de las víctimas eran varones pero en espacios institucionales dirigidos por mujeres que alojan niñas y niños –como por ejemplo, hogares convivenciales, instituciones, internados-,  la violencia sexual estaba dirigida a la única población vulnerable, las niñas. Era solo una cuestión de oportunidad. 

Los relatos de los pacientes abusados sexualmente por mujeres son aún más confusos que los de los violentados por varones. Las formas de crianza hacen que esperemos que la violencia se desate por el lado de la masculinidad y no tanto por la femineidad. Una mujer pederasta parece algo difícil de creer y soportar probablemente por el lugar sacralizado y también objetal donde se nos ha puesto a las mujeres: buenas, obedientes santas, o su contracara cuando no obedecemos, malas, putas, asesinas.

El adulto que recuerda la violencia sexual padecida en la infancia, cuando su agresora es una mujer, tiene el doble trabajo de desmontar los prejuicios estereotípicos mencionados, es decir, cómo una mamá va a hacer eso, cómo la monjita va a atacarme. Muchas veces creen que es una fantasía y les cuesta hacerle el espacio a esta cruda realidad. 

¿Cómo talla en estos casos el patriarcado?

Esta forma de  violencia sexual contra los niños evidencia un comportamiento perverso del adulto sostenido en  estructuras culturales y sociales basadas en la naturalización de  violencia hacia la infancia. La violencia sexual en la infancia, tanto si la ejercen hombres o mujeres viene del más próximo, aquel quien tiene a su cargo el cuidado del niño y su protección. Los elementos que se entrelazan en general son: cuidado, protección  y violencia. El niño o la niña puesto como objeto de goce del otro, sin límites, sin freno. 

Todavía no se conoce el alcance de la violencia inusitada en ámbitos eclesiásticos en todo el mundo. Hay comisiones de la verdad pero todavía falta hacerlo en Argentina. Allí tendremos más víctimas que todavía no han logrado denunciar".

Sonia Almada — Psicoanalista

El abuso sexual ha tomado múltiples matices, cada vez más cruentos: desde pornografía, la explotación sexual comercial, hasta la promoción del consumo a través de la erotización de los cuerpos infantiles. Los cuerpos infantiles  se presentan en el mercado como  objetos para consumir y eso es el patriarcado, invitando a transgredir, a consumir sin coto.  

Este tipo de consumo es más frecuentado por varones. Los casos de pederastia en mujeres se dan en ámbitos de orden íntimo, la casa, el ámbito clerical donde ocurre y mucho.

Siempre repito que el primer eslabón donde pega el patriarcado es en la infancia y por ello no es extraño conocer que son los niños y niñas las personas que soportan una de las peores formas de  violencia. El lugar objetal que todavía tiene la infancia, hace que se haga con ellos cualquier cosa y son pocos los frenos sociales  a esta problemática,

En 4 de los 6 casos relevados de religiosas pederastas, las víctimas son exclusivamente mujeres, ¿a qué crees que se debe?

A que el mayor porcentaje de víctimas de violencia sexual en la infancia son mujeres. Según ONU 1 de 5 mujeres y 1 de cada 13 varones fue víctima en la infancia. Las mujeres a medida que crecemos y después de los siete años estamos más expuestas a la violencia machista, especialmente a la sexual. El lugar objetal  que se nos asigna al nacer hace que quedemos expuestas como objeto de goce para el otro. Todavía no se conoce el alcance de la violencia inusitada en ámbitos eclesiásticos en todo el mundo. Hay algunas comisiones de la verdad como en Canadá, en Bélgica y Francia, falta hacerlo en Argentina, y creo que allí tendremos más víctimas varones que todavía no han logrado denunciar por lo menos de manera pública.

¿Es posible recuperar a los curas o monjas pedófilos, como confía la Iglesia cuando los manda un tiempo a “las cárceles de la Iglesia”?

La pedofilia o trastorno pedófilo se clasifica como una parafilia que consiste en la excitación o el placer sexual derivado de fantasías o actividades sexuales con niños y niñas. En general se utilizan indistintamente los términos “pedófilo” y “pederasta” pero, aunque estos conceptos están estrechamente vinculados, no son sinónimos. 

El pederasta es aquel que pasa al acto y agrede sexualmente al niño, niña o adolescente. La dimensión es ética. A sabiendas del daño que provocará, muchas veces irreparable,  el o la pederasta busca su satisfacción sexual que siempre está basada en la desigualdad de poder.

Hasta el momento no se conoce tratamiento ni intervención posible para cambiar el deseo pedófilo, es decir que un adulto deje de desear sexualmente a los  niños y los  mecanismos utilizados para agredirlos son  los mismos, tanto en hombres como mujeres: seducción, disuasión, coerción y amenaza.

MAA/MG

¿Quién más vulnerable que un niño, niña o adolescente con discapacidad auditiva, empobrecido, pupilo en un colegio a cientos o miles de kilómetros de sus padres y hermanos, a quien además se le impide aprender o utilizar la lengua de señas para comunicarse? Difícil pensar en una situación mayor de indefensión que aquella en la que se encontraban las infancias víctimas de abuso sexual eclesiástico del denominado Caso Próvolo.

Aunque cueste creerlo, al menos una treintena sacerdotes de este instituto educativo católico para niños y adolescentes sordos se aprovecharon tanto de estas circunstancias como de la impunidad con la que históricamente actuaron los curas y monjas pederastas para abusar a más de 100 menores en las sedes de Verona, La Plata y Luján de Cuyo entre 1960 y 2017.

Y si finalmente dos de ellos fueron condenados por la justicia mendocina, fue gracias a la valiente y perseverante denuncia de las víctimas.

“El caso Próvolo es uno de los más paradigmáticos en la historia del flagelo de los abusos sexuales eclesiásticos en la Argentina por la cantidad y la edad de las víctimas, por tratarse de chicos sordos y por mediar una cadena de encubrimientos que venía desde Italia”, dijo a elDiarioAR el abogado especializado en derecho canónico y ex representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi.

Antonio Próvolo (1801-1842) fue un sacerdote italiano interesado en la educación de personas sordas e hipoacúsicas que en 1940 crea la “Congregación de la Compañía de María para la educación de los sordomudos” –un instituto pontificio que depende directamente del Papa- en el marco del cual se funda un año más tarde el Instituto Próvolo de Verona.

“El Provolo fue para mi familia fue lo que para muchas: una oportunidad de futuro. Nosotros no somos de la provincia de Mendoza y nos fueron a buscar plateándonos un proyecto que representaba el sueño de cualquier familia con una persona con discapacidad: una propuesta académica por las mañanas, talleres laborales por las tardes, fonoaudiólogos, psicólogas y un albergue para quienes no éramos de allí”, cuenta Érica L. en el documental “Caso Provolo: el instituto del silencio” realizado por Unidiversidad,

“Era la oportunidad de inclusión que por fuera de esto la sociedad no tenía entonces y tampoco tiene hoy”, agregó.

En Argentina el Instituto Próvolo desembarcó en 1914, año en que se funda el colegio de La Plata, el primero de tres que tendrá la Congregación en la Argentina. Doce años después se crea otro en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires y en 1998 comienza a funcionar el de Mendoza, el único de los tres que dejó de existir como consecuencia del escándalo de los abusos.

1982: Las primeras denuncias

En 1982 se producen primeras denuncias contra un grupo de sacerdotes de La Plata, entre ellos Nicola Corradi que había arribado a la capital bonaerense en 1972 proveniente de Verona, presumiblemente como parte de la política de traslados dado que su nombre aparece luego integrando a la lista de 26 curas pederastas elaborada por sobrevivientes de Verona. El sacerdote permanece en La Plata hasta 1998, cuando es enviado al recién fundado colegio Próvolo de Luján de Cuyo como su director.

En 2006, 50 integrantes de la asociación de ex alumnos del Próvolo de Verona se reúnen con el superior general del Instituto para solicitarle -sin éxito- que se separara de la institución a 26 sacerdotes acusados de pederastia. 

Pero el caso italiano irrumpe con fuerza en la agenda pública recién en 2009, cuando el semanario L’Espresso de Milano publicó los testimonios de 15 ex alumnos que aseguran haber sufrido abusos entre 1954 y 1984. 

Entonces, el Vaticano ordenó la creación de una comisión investigadora independiente que terminará condenando a solo uno de los sacerdotes inculpados, cuya pena consiste en la obligación de llevar una vida dedicada a la plegaria y a la penitencia, teniendo prohibido el contacto con menores.

“Era común, lo hacían un poco todos los curas”, la confesión del cura Eligio Piccoli

“Pasado, pasado. Hay mucho de cierto (en las denuncias) (…) Era débil querido, ¿qué se le va a hacer? (…) En esa época era común, lo hacían un poco todos los curas. Cuando se descubría, eliminados, vía. Estaba don Turoti que hizo esas cosas y luego, a América. A la Argentina”, dice el cura condenado por un tribunal canónico, Eligio Piccoli,  en una cámara oculta que realiza en 2017 el portal de noticias Fanpage.it.

El referente de Rete L’Abuso Francesco Zanardi aseguró a elDiarioAR que la justicia ordinaria italiana no adoptó “ninguna” acción en relación a estas denuncias.

“Desgraciadamente, para la ley italiana los delitos están prescritos, por lo que el único trabajo de investigación realizado es el documentado por nuestra organización”, dijo el titular de esta asociación italiana de víctimas de sacerdotes pedófilos.

Un año después se abre la causa por abusos sexuales en el Próvolo de Mendoza con el testimonio de una víctima al que se van sumando más y más hasta totalizar 20, muchas de las cuales declaran primero como testigas pero con el tiempo y acompañamientos adecuados terminan contando que también fueron abusadas.

“Cuando fui la primera vez al Provolo me gustaba, era grande, hermoso. Después empecé a ver que era oscuro, que mis compañeros se autoflagelaban con cuchillos. Yo les preguntaba que les había pasado y decían ‘nada, nada’. Después de un tiempo me di cuenta que el cura Corbacho nos miraba a mis compañeras y a mí, hasta que me abusó. Me dijo que no le dijera nada ni a mi papá ni a mi mamá, porque si no me iba a matar”, contó una de las víctimas, Daiana L. a canal 9 Televida de Mendoza con ayuda de una intérprete.

Los enviados del Vaticano

Mientras se desarrollaba la instrucción de la causa, el Vaticano envío dos investigadores propios que nunca cumplieron en informar a la justicia ordinaria los resultados de sus pesquisas al punto que uno de ellos fue denunciado por una de las querellas por encubrimiento.

Promediando la instrucción penal preparatoria que desembocaría en el primer juicio oral, en 2018 el monaguillo Jorge Bordón se declara culpable de 11 cargos de abuso en un juicio abreviado y es condenado a 10 años de prisión.

Un año más tarde, el 25 de agosto de 2019 se inició el juicio oral conocido como Próvolo I que tuvo en el banquillo a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y al jardinero Armando Gómez: los tres llegaron acusados de abuso y corrupción por un total de 15 hechos.

El abogado querellante Oscar Barrera recordó en diálogo con elDiarioAR que el caso “superó los límites de lo esperable en la administración de justicia” en virtud de la “novedad y especial complejidad de la causa” que derivó en que todos los operadores de justicia “tuvieran que ir aprendiendo en el camino”, en el afán de juzgar a los responsables sin revictimizar a las y los sobrevivientes.

“Estamos hablando de personas sordas que necesitaban de la intermediación de intérpretes para poder contar lo que les pasaba, pero además de víctimas de un tipo de delito –la violencia sexual- caracterizado por el silencio, que además estaban insertas en un sistema de educación oralista que les había impedido desarrollar una buena comunicación”, dijo.

Para la querella quedó demostrada la “sistematicidad” con la que se cometieron los abusos ya que “no se trataba de hechos aislados” sino de acciones cuya recurrencia requería del funcionamiento de “un parasistema o un sistema parásito” .

Para Barrera si algo quedó demostrado es la “sistematicidad” con la que se cometieron los abusos dentro de la institución ya que “no se trataba de hechos aislados” sino de acciones cuya recurrencia requería del funcionamiento de “un parasistema o un sistema parásito” evidenciado a partir de “los conocimientos cruzados, las participaciones conjuntas y el hecho que hubiera personas que intervenían después” para borrar las huellas de los abusos.

Con sus actividades suspendidas preventivamente desde 2017, el cierre se tornó definitivo cuando al año siguiente el predio de 9 hectáreas fue vendido a la Municipalidad de Luján de Cuyo que instaló allí un polo judicial y administrativo.

45 y 42 años, las penas más altas en Argentina

Finalmente, después de tres meses de juicio y la declaración de 90 testigos, el 25 de noviembre de 2019 los jueces dictan sentencia: 42 años para Corradi, 45 para Corbacho y 18 años para Gómez, por el abuso y corrupción de 11 niños y adolescentes sordos de entre 7 y 17 años de edad.

A pesar de que la sentencia es la mayor condena contra sacerdotes en Argentina, ni Corbacho ni Corradi fueron expulsados del sacerdocio.

En total, los acusados fueron encontrados culpables de 15 hechos diferentes cometidos entre 2005 y 2016. Sus víctimas tenían entre 7 y 17 años de edad.

Los abusos en La Plata y una causa que quedó en nada

Como uno de los testigos del juicio contó haber sido abusado por Corradi pero en la sede La Plata del Instituto Próvolo en los años ’80 y ‘90, la fiscal Cecilia Corfield reabrió el expediente en esa ciudad bonaerense.

“Fue demasiada la violencia física que vivíamos. Yo me quedaba en el albergue, a 1.600 kilómetros de mi familia y se sentían libres de hacernos lo que querían. Nos abusaban cuando nos acostábamos, cuando nos bañábamos.  Además, enseñaban a otros sordos de qué manera violarnos. Dormíamos vestidos para que no pudieran abusarnos. Algunos de mis compañeros se suicidaron, ya no están”, contó el sobreviviente en cuestión, Daniel Sgardelis, al ser entrevistado por Canal 9 Televida de Mendoza.

En abril de 2019 Cordfield  solicitó la detención del profesor de informática José Brítez y la extradición del sacerdote Eliseo Pirmati, en ese momento de 83 años y viviendo en Verona. Pero mientras el primero es detenido en Misiones, Italia deniega la extradición del segundo. El tercer imputado, Corradi, ya purgaba pena en Mendoza.

En el pedido de elevación a juicio a Corradi se le adjudican tres casos de maltrato y cinco de abuso sexual cometidos en el Próvolo de La Plata, Pirmati es acusado de por lo menos tres hechos de abuso sexual, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada; todos ocurridos entre 1982 y 2002

Pero en 2020, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa y la Corte Suprema bonaerense confirmó esta resolución.

“Fue otro golpe para los denunciantes que por suerte están decididos a seguir luchando para que se haga justicia. Es inentendible que la justicia de la Plata no haya avanzado donde lo hizo la de Mendoza, pero es cierto que las prescripciones existen y son una herramienta utilizada no solo en Argentina sino en todas partes del mundo como método para beneficiar a los abusadores”, dijo la platense Julieta Añazco, referente de Iglesia sin Abusos.

No obstante, ese fallo fue objetado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja aún pendiente de resolución.

“La fiscal dice que los delitos no están prescritos utilizando el criterio de que para el momento de su comisión, Argentina ya había suscrito la Convención de los Derechos del Niño y según lo que ésta ordena, debieran existir formas legales para que no prescriban los delitos contra los niños”, dijo Sergio Salinas, uno de los querellantes en la causa de Mendoza y asesor de la querella de La Plata.

El letrado explicó que el máximo tribunal debe zanjar la cuestión de “si prevalece el principio de legalidad o la responsabilidad internacional que le cabe a Argentina” por haber suscripto la convención.

El segundo juicio contra las monjas

Mientras tanto, desde principios de mayo de 2021 se está desarrollando el juicio Próvolo II que tiene como acusadas a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de las ex directoras de la institución, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo. A ellas se les imputan los delitos de abuso y corrupción de menores en calidad de partícipes primarios o necesarios, y de encubrimiento.

“Creo que antes de fin de año vamos a tener una sentencia”, dijo Salinas, quien además preside la ONG de defensa de los derechos humanos Xumek.

Por otro lado, en enero pasado se produjo el primer fallo de la justicia civil por el caso Próvolo en virtud del cual la Iglesia fue condenada a pagar 14 millones de pesos a una víctima, aunque no se hizo efectivo por haber sido apelado.

Para el ex cura y escritor Adrián Vitali las razones por las cuales la Iglesia católica ha podido convivir con los abusos que se producen en su seno, hay que buscarlas en “la concepción antropológica que tiene del cuerpo”.

Para la Iglesia, el cuerpo no es tan importante como el alma y como lo que hay que salvar es el alma, lo que pasa con el cuerpo se resuelve en la confesión"

Adrián Vitali — Escritor y ex cura

“Para la Iglesia, el cuerpo no es tan importante como el alma y como lo que hay que salvar es el alma, lo que pasa con el cuerpo se resuelve en la confesión: el que cometió el delito de dañar el cuerpo, tiene que confesarse, pero allí mismo es absuelto y la víctima tiene que perdonarlo, si es buen cristiano. Esa concepción no ha cambiado y por eso en la edad media, la Inquisición podía hasta quemar vivas a las personas”, dijo.

El abogado Carlos Lombardi hace hincapié, por su parte, en el Código Canónico

“La Iglesia, a través del papa argentino, se muestra solidaria, acompañado a las víctimas de abuso con mucho dolor pero su verdadero rostro lo encontramos en los tribunales, donde la postura sigue siendo la misma: contraria a la legislación nacional y de  obsesiva defensa de su credibilidad en desmedro de las víctimas. Y esto es así porque el derecho canónico le sirve a la iglesia como estructura legal y normativa para esto”, dijo.

En 2020, tres víctimas de abusos en el Próvolo de Mendoza y La Plata viajaron a Ginebra con Xumek para denunciar al Vaticano ante cuatro diferentes relatorías de la ONU por encubrimiento, traslado de sacerdotes acusados de abuso, falta de colaboración con la justicia y de reparación integral a las víctimas de abuso eclesiástico. Desde allí viajaron a Ciudad del Vaticano para entrevistarse con el Papa, que no los recibió.

Al año siguiente, esas mismas relatorías envían un mandato conjunto al Vaticano en el que lo emplazan a para que en el término de 60 días brinde explicaciones, proporcione informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren en la Iglesia, entre ellos el caso Próvolo el cual es descripto con detalle. Aún están esperando una respuesta.

MAA/MG

En los últimos 20 años, desde que las denuncias contra el sacerdote Julio César Grassi fueron difundidas en televisión, 128 miembros de la Iglesia católica argentina estuvieron involucrados en casos de abuso sexual, desde el arzobispo Edgardo Gabriel Storni o el obispo Gustavo Óscar Zanchetta, hasta monaguillos y monjas. Es apenas una muestra.

En Argentina no existen datos oficiales. Lo que aquí aparece son los nombres que elDiarioAR logró recolectar en base a fuentes propias, datos aportados por las asociaciones sobrevivientes del abuso eclesiástico y la información que surge en los medios de comunicación.

Junto al nombre, se menciona quienes tuvieron una condena y quienes recibieron la expulsión del estado clerical, máxima pena que puede recibir un sacerdote dentro de la Iglesia católica.

MAA/MG