Fue una noche de 1999 en un campamento de los que organizaba la diócesis de Scranton, en Pensilvania. El joven, para quien hasta ese momento el sacerdote Carlos Urrutigoity era “perfecto, según lo que años después declaró en la justicia, se despertó con la mano del cura argentino sobre sus genitales.

“Le tenía una gran confianza y respeto, pensaba que era un sacerdote perfecto”, fueron sus palabras en la declaración que brindó en 2003. La causa no avanzó. Para la justicia de los Estados Unidos el delito estaba prescripto. Sin embargo, el adolescente sí logró que la diócesis firmara un acuerdo extrajudicial por el que recibió 380 mil dólares. Pero para cuando esto ocurrió Urrutigoity ya estaba lejos. Su nuevo destino era Paraguay.

El 14 de agosto de 2018,  la Corte Suprema de Pensilvania difundió un informe con el nombre de más de 300 sacerdotes de la diócesis de ese estado acusados de haber abusado de más de mil niños a lo largo de 70 años. Para los investigadores se trató también de un “plan sistemático” de encubrimiento por parte de la Iglesia Católica. El nombre del cura mendocina aparecía en la página 880.

Los traslados de sacerdotes denunciados por abuso de un país a otro o incluso dentro de una misma diócesis es una de las políticas más habituales para encubrir a los agresores.

Urrutigoity, que pertenece a la orden utlraconservadora de San Pio X, los lefebvristas, había tenido su primera denuncia cuando estaba en el seminario en La Reja, en el partido de Moreno. De ahí fue transferido a Estados Unidos en 1991. Tras la denuncia volvió a ser trasladado a Paraguay, a la Ciudad del Este, donde fue nombrado vicario de la juventud y número dos dentro de la diócesis.

Un enviado del Papa viajó en 2014 a investigar a Urrutigoity y a su superior, el obispo Rogelio Livieres Plano, pero no por las denuncias de abuso sino por el manejo poco claro de los fondos de la Iglesia.

Dos años más tarde, en 2016, Urrutigoity volvió a estar en el centro de la polémica. Un informe del diario La Nación de Paraguay daba cuenta de que al menos cinco sacerdotes argentinos habían elegido ese país para esconderse de la justicia. Además del mendocino, aparecían  Carlos Ibáñez, Raúl del Castillo y Luis Eduardo Sierra. Todos denunciados por abuso sexual de menores.

El informe agregaba un quinto integrante, Aldo Vara imputado por crímenes de lesa humanidad y prófugo hasta que fue detenido en Ciudad del Este, donde murió en junio del 2014.

Tras el escándalo, Urrutigoity volvió a su Mendoza natal donde nunca fue investigado.

Los traslados se aplican en el 30% de las denuncias

De los 128 sacerdotes, monjas y religiosos relevados por elDiarioAR en la investigación especial sobre abusos en la Iglesia católica de Argentina, 40 de ellos fueron trasladados. Es decir que en el 30 por ciento de los casos el cambio de destino funcionó como una manera de encubrir a los denunciados.

Italia, desde donde llegaron los cinco curas involucrados en los abusos en las sedes de Mendoza y La Plata del Instituto Próvolo, es el país que más intercambio de sacerdotes denunciados tuvo con Argentina. La siguen Estados Unidos y Paraguay.

El caso de Nicola Corradi, condenado a 42 años en el caso Próvolo, es quizás uno de los que mejor representa esta política de encubrimiento. Está acusado de haber cometido abusos en los tres destinos por donde pasó: Verona, La Plata y Mendoza. La primera denuncia pública se conoció en 2006 pero la investigación judicial comenzó diez años más tarde. La justicia mendocina dio por probado que los abusos habían comenzado al menos en 2005.

Carlos Miguel Buela es el fundador del Instituto del Verbo Encarnado, una congregación ultraconservadora con sedes en 45 países. En diciembre de 2016 el Obispado de San Rafael -donde residía el sacerdote- emitió un comunicado en el que admitía “la veracidad de las denuncias y la imputabilidad al padre Buela de comportamientos impropios con mayores de edad”. Aunque rechazabn las acusaciones de abusos a menores sí admitía las de los adultos. Por orden del Papa Francisco, Buela fue recluido en un monasterio de España y el IVE sigue funcionando.

En otros casos, los traslados fueron de apenas unas cuadras. En 2004, el sacerdote Cristian Gramlich fue denunciado ante el obispado de San Isidro por abusos cometidos en 1998 contra alumnos del colegio Marin, uno de los más tradicionales de la zona norte. Ante las acusaciones, el obispo Jorge Casaretto decidió darle un nuevo destino: párroco de la Iglesia de Santa Rita, en Boulogne, de la cual depende otro colegio, el Juan XXIII.

Lo mismo ocurrió con César Fretes. En 2003, un grupo de padres del colegio ​​jesuita del Salvador, en la Ciudad de Buenos Aires, acusó al sacerdote de haber abusado de sus hijos que cursaban el sexto de la primaria. La respuesta fue trasladarlo a Mendoza donde falleció en 2015 sin condena.

MG

¿Quién más vulnerable que un niño, niña o adolescente con discapacidad auditiva, empobrecido, pupilo en un colegio a cientos o miles de kilómetros de sus padres y hermanos, a quien además se le impide aprender o utilizar la lengua de señas para comunicarse? Difícil pensar en una situación mayor de indefensión que aquella en la que se encontraban las infancias víctimas de abuso sexual eclesiástico del denominado Caso Próvolo.

Aunque cueste creerlo, al menos una treintena sacerdotes de este instituto educativo católico para niños y adolescentes sordos se aprovecharon tanto de estas circunstancias como de la impunidad con la que históricamente actuaron los curas y monjas pederastas para abusar a más de 100 menores en las sedes de Verona, La Plata y Luján de Cuyo entre 1960 y 2017.

Y si finalmente dos de ellos fueron condenados por la justicia mendocina, fue gracias a la valiente y perseverante denuncia de las víctimas.

“El caso Próvolo es uno de los más paradigmáticos en la historia del flagelo de los abusos sexuales eclesiásticos en la Argentina por la cantidad y la edad de las víctimas, por tratarse de chicos sordos y por mediar una cadena de encubrimientos que venía desde Italia”, dijo a elDiarioAR el abogado especializado en derecho canónico y ex representante de la Red de Sobrevivientes de Abuso Eclesiástico en Argentina, Carlos Lombardi.

Antonio Próvolo (1801-1842) fue un sacerdote italiano interesado en la educación de personas sordas e hipoacúsicas que en 1940 crea la “Congregación de la Compañía de María para la educación de los sordomudos” –un instituto pontificio que depende directamente del Papa- en el marco del cual se funda un año más tarde el Instituto Próvolo de Verona.

“El Provolo fue para mi familia fue lo que para muchas: una oportunidad de futuro. Nosotros no somos de la provincia de Mendoza y nos fueron a buscar plateándonos un proyecto que representaba el sueño de cualquier familia con una persona con discapacidad: una propuesta académica por las mañanas, talleres laborales por las tardes, fonoaudiólogos, psicólogas y un albergue para quienes no éramos de allí”, cuenta Érica L. en el documental “Caso Provolo: el instituto del silencio” realizado por Unidiversidad,

“Era la oportunidad de inclusión que por fuera de esto la sociedad no tenía entonces y tampoco tiene hoy”, agregó.

En Argentina el Instituto Próvolo desembarcó en 1914, año en que se funda el colegio de La Plata, el primero de tres que tendrá la Congregación en la Argentina. Doce años después se crea otro en el barrio de Flores de la Ciudad de Buenos Aires y en 1998 comienza a funcionar el de Mendoza, el único de los tres que dejó de existir como consecuencia del escándalo de los abusos.

1982: Las primeras denuncias

En 1982 se producen primeras denuncias contra un grupo de sacerdotes de La Plata, entre ellos Nicola Corradi que había arribado a la capital bonaerense en 1972 proveniente de Verona, presumiblemente como parte de la política de traslados dado que su nombre aparece luego integrando a la lista de 26 curas pederastas elaborada por sobrevivientes de Verona. El sacerdote permanece en La Plata hasta 1998, cuando es enviado al recién fundado colegio Próvolo de Luján de Cuyo como su director.

En 2006, 50 integrantes de la asociación de ex alumnos del Próvolo de Verona se reúnen con el superior general del Instituto para solicitarle -sin éxito- que se separara de la institución a 26 sacerdotes acusados de pederastia. 

Pero el caso italiano irrumpe con fuerza en la agenda pública recién en 2009, cuando el semanario L’Espresso de Milano publicó los testimonios de 15 ex alumnos que aseguran haber sufrido abusos entre 1954 y 1984. 

Entonces, el Vaticano ordenó la creación de una comisión investigadora independiente que terminará condenando a solo uno de los sacerdotes inculpados, cuya pena consiste en la obligación de llevar una vida dedicada a la plegaria y a la penitencia, teniendo prohibido el contacto con menores.

“Era común, lo hacían un poco todos los curas”, la confesión del cura Eligio Piccoli

“Pasado, pasado. Hay mucho de cierto (en las denuncias) (…) Era débil querido, ¿qué se le va a hacer? (…) En esa época era común, lo hacían un poco todos los curas. Cuando se descubría, eliminados, vía. Estaba don Turoti que hizo esas cosas y luego, a América. A la Argentina”, dice el cura condenado por un tribunal canónico, Eligio Piccoli,  en una cámara oculta que realiza en 2017 el portal de noticias Fanpage.it.

El referente de Rete L’Abuso Francesco Zanardi aseguró a elDiarioAR que la justicia ordinaria italiana no adoptó “ninguna” acción en relación a estas denuncias.

“Desgraciadamente, para la ley italiana los delitos están prescritos, por lo que el único trabajo de investigación realizado es el documentado por nuestra organización”, dijo el titular de esta asociación italiana de víctimas de sacerdotes pedófilos.

Un año después se abre la causa por abusos sexuales en el Próvolo de Mendoza con el testimonio de una víctima al que se van sumando más y más hasta totalizar 20, muchas de las cuales declaran primero como testigas pero con el tiempo y acompañamientos adecuados terminan contando que también fueron abusadas.

“Cuando fui la primera vez al Provolo me gustaba, era grande, hermoso. Después empecé a ver que era oscuro, que mis compañeros se autoflagelaban con cuchillos. Yo les preguntaba que les había pasado y decían ‘nada, nada’. Después de un tiempo me di cuenta que el cura Corbacho nos miraba a mis compañeras y a mí, hasta que me abusó. Me dijo que no le dijera nada ni a mi papá ni a mi mamá, porque si no me iba a matar”, contó una de las víctimas, Daiana L. a canal 9 Televida de Mendoza con ayuda de una intérprete.

Los enviados del Vaticano

Mientras se desarrollaba la instrucción de la causa, el Vaticano envío dos investigadores propios que nunca cumplieron en informar a la justicia ordinaria los resultados de sus pesquisas al punto que uno de ellos fue denunciado por una de las querellas por encubrimiento.

Promediando la instrucción penal preparatoria que desembocaría en el primer juicio oral, en 2018 el monaguillo Jorge Bordón se declara culpable de 11 cargos de abuso en un juicio abreviado y es condenado a 10 años de prisión.

Un año más tarde, el 25 de agosto de 2019 se inició el juicio oral conocido como Próvolo I que tuvo en el banquillo a los sacerdotes Nicola Corradi y Horacio Corbacho, y al jardinero Armando Gómez: los tres llegaron acusados de abuso y corrupción por un total de 15 hechos.

El abogado querellante Oscar Barrera recordó en diálogo con elDiarioAR que el caso “superó los límites de lo esperable en la administración de justicia” en virtud de la “novedad y especial complejidad de la causa” que derivó en que todos los operadores de justicia “tuvieran que ir aprendiendo en el camino”, en el afán de juzgar a los responsables sin revictimizar a las y los sobrevivientes.

“Estamos hablando de personas sordas que necesitaban de la intermediación de intérpretes para poder contar lo que les pasaba, pero además de víctimas de un tipo de delito –la violencia sexual- caracterizado por el silencio, que además estaban insertas en un sistema de educación oralista que les había impedido desarrollar una buena comunicación”, dijo.

Para la querella quedó demostrada la “sistematicidad” con la que se cometieron los abusos ya que “no se trataba de hechos aislados” sino de acciones cuya recurrencia requería del funcionamiento de “un parasistema o un sistema parásito” .

Para Barrera si algo quedó demostrado es la “sistematicidad” con la que se cometieron los abusos dentro de la institución ya que “no se trataba de hechos aislados” sino de acciones cuya recurrencia requería del funcionamiento de “un parasistema o un sistema parásito” evidenciado a partir de “los conocimientos cruzados, las participaciones conjuntas y el hecho que hubiera personas que intervenían después” para borrar las huellas de los abusos.

Con sus actividades suspendidas preventivamente desde 2017, el cierre se tornó definitivo cuando al año siguiente el predio de 9 hectáreas fue vendido a la Municipalidad de Luján de Cuyo que instaló allí un polo judicial y administrativo.

45 y 42 años, las penas más altas en Argentina

Finalmente, después de tres meses de juicio y la declaración de 90 testigos, el 25 de noviembre de 2019 los jueces dictan sentencia: 42 años para Corradi, 45 para Corbacho y 18 años para Gómez, por el abuso y corrupción de 11 niños y adolescentes sordos de entre 7 y 17 años de edad.

A pesar de que la sentencia es la mayor condena contra sacerdotes en Argentina, ni Corbacho ni Corradi fueron expulsados del sacerdocio.

En total, los acusados fueron encontrados culpables de 15 hechos diferentes cometidos entre 2005 y 2016. Sus víctimas tenían entre 7 y 17 años de edad.

Los abusos en La Plata y una causa que quedó en nada

Como uno de los testigos del juicio contó haber sido abusado por Corradi pero en la sede La Plata del Instituto Próvolo en los años ’80 y ‘90, la fiscal Cecilia Corfield reabrió el expediente en esa ciudad bonaerense.

“Fue demasiada la violencia física que vivíamos. Yo me quedaba en el albergue, a 1.600 kilómetros de mi familia y se sentían libres de hacernos lo que querían. Nos abusaban cuando nos acostábamos, cuando nos bañábamos.  Además, enseñaban a otros sordos de qué manera violarnos. Dormíamos vestidos para que no pudieran abusarnos. Algunos de mis compañeros se suicidaron, ya no están”, contó el sobreviviente en cuestión, Daniel Sgardelis, al ser entrevistado por Canal 9 Televida de Mendoza.

En abril de 2019 Cordfield  solicitó la detención del profesor de informática José Brítez y la extradición del sacerdote Eliseo Pirmati, en ese momento de 83 años y viviendo en Verona. Pero mientras el primero es detenido en Misiones, Italia deniega la extradición del segundo. El tercer imputado, Corradi, ya purgaba pena en Mendoza.

En el pedido de elevación a juicio a Corradi se le adjudican tres casos de maltrato y cinco de abuso sexual cometidos en el Próvolo de La Plata, Pirmati es acusado de por lo menos tres hechos de abuso sexual, exhibiciones obscenas y promoción de facilitación de la corrupción de menores agravada; todos ocurridos entre 1982 y 2002

Pero en 2020, el Tribunal de Casación Penal bonaerense declaró prescripta la causa y la Corte Suprema bonaerense confirmó esta resolución.

“Fue otro golpe para los denunciantes que por suerte están decididos a seguir luchando para que se haga justicia. Es inentendible que la justicia de la Plata no haya avanzado donde lo hizo la de Mendoza, pero es cierto que las prescripciones existen y son una herramienta utilizada no solo en Argentina sino en todas partes del mundo como método para beneficiar a los abusadores”, dijo la platense Julieta Añazco, referente de Iglesia sin Abusos.

No obstante, ese fallo fue objetado ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación a través de un recurso de queja aún pendiente de resolución.

“La fiscal dice que los delitos no están prescritos utilizando el criterio de que para el momento de su comisión, Argentina ya había suscrito la Convención de los Derechos del Niño y según lo que ésta ordena, debieran existir formas legales para que no prescriban los delitos contra los niños”, dijo Sergio Salinas, uno de los querellantes en la causa de Mendoza y asesor de la querella de La Plata.

El letrado explicó que el máximo tribunal debe zanjar la cuestión de “si prevalece el principio de legalidad o la responsabilidad internacional que le cabe a Argentina” por haber suscripto la convención.

El segundo juicio contra las monjas

Mientras tanto, desde principios de mayo de 2021 se está desarrollando el juicio Próvolo II que tiene como acusadas a las monjas Kumiko Kosaka y Asunción Martínez, además de las ex directoras de la institución, Gladys Pinacca, Valeska Quintana, Laura Gateán, y Cristina Leguiza, la cocinera Noemí Paz y la psicóloga Cecilia Raffo. A ellas se les imputan los delitos de abuso y corrupción de menores en calidad de partícipes primarios o necesarios, y de encubrimiento.

“Creo que antes de fin de año vamos a tener una sentencia”, dijo Salinas, quien además preside la ONG de defensa de los derechos humanos Xumek.

Por otro lado, en enero pasado se produjo el primer fallo de la justicia civil por el caso Próvolo en virtud del cual la Iglesia fue condenada a pagar 14 millones de pesos a una víctima, aunque no se hizo efectivo por haber sido apelado.

Para el ex cura y escritor Adrián Vitali las razones por las cuales la Iglesia católica ha podido convivir con los abusos que se producen en su seno, hay que buscarlas en “la concepción antropológica que tiene del cuerpo”.

Para la Iglesia, el cuerpo no es tan importante como el alma y como lo que hay que salvar es el alma, lo que pasa con el cuerpo se resuelve en la confesión"

Adrián Vitali — Escritor y ex cura

“Para la Iglesia, el cuerpo no es tan importante como el alma y como lo que hay que salvar es el alma, lo que pasa con el cuerpo se resuelve en la confesión: el que cometió el delito de dañar el cuerpo, tiene que confesarse, pero allí mismo es absuelto y la víctima tiene que perdonarlo, si es buen cristiano. Esa concepción no ha cambiado y por eso en la edad media, la Inquisición podía hasta quemar vivas a las personas”, dijo.

El abogado Carlos Lombardi hace hincapié, por su parte, en el Código Canónico

“La Iglesia, a través del papa argentino, se muestra solidaria, acompañado a las víctimas de abuso con mucho dolor pero su verdadero rostro lo encontramos en los tribunales, donde la postura sigue siendo la misma: contraria a la legislación nacional y de  obsesiva defensa de su credibilidad en desmedro de las víctimas. Y esto es así porque el derecho canónico le sirve a la iglesia como estructura legal y normativa para esto”, dijo.

En 2020, tres víctimas de abusos en el Próvolo de Mendoza y La Plata viajaron a Ginebra con Xumek para denunciar al Vaticano ante cuatro diferentes relatorías de la ONU por encubrimiento, traslado de sacerdotes acusados de abuso, falta de colaboración con la justicia y de reparación integral a las víctimas de abuso eclesiástico. Desde allí viajaron a Ciudad del Vaticano para entrevistarse con el Papa, que no los recibió.

Al año siguiente, esas mismas relatorías envían un mandato conjunto al Vaticano en el que lo emplazan a para que en el término de 60 días brinde explicaciones, proporcione informes detallados e incluso modifique su normativa a fin de investigar con transparencia los abusos sexuales que ocurren en la Iglesia, entre ellos el caso Próvolo el cual es descripto con detalle. Aún están esperando una respuesta.

MAA/MG