El Gobierno y las principales consultoras privadas coinciden en que la inflación de junio habría perforado el 2% mensual. El dato oficial se conocerá el 10 de julio, cuando el Indec publique el Índice de Precios al Consumidor, pero las primeras proyecciones ubican la suba entre 1,8% y 1,9%.

El vocero presidencial, Adrián Ravier, estimó que el costo de vida se ubicará en 1,9%. “Me puedo equivocar y puede ser 2% o 1,8%, pero la tendencia es hacia abajo”, señaló, según un cable de Noticias Argentinas. Las consultoras privadas se mueven en un rango similar: Eco Go y C&T proyectaron 1,9%, mientras que Analytica estimó una variación de 1,8%.

La desaceleración es un dato político relevante para el gobierno de Javier Milei. Después de meses de aumentos más altos, una inflación por debajo del 2% le permitiría mostrar el número mensual más bajo del año y reforzar el relato oficial de ordenamiento macroeconómico. Pero para los trabajadores la discusión no termina en el promedio general.

Si junio cierra en 1,9%, la inflación acumulada del primer semestre quedará cerca del 16,9%. Si el dato fuera 1,8%, rondaría el 16,8%. En ambos casos, el año llegaría a la mitad con una suba de precios muy inferior a la de 2024, pero todavía significativa para salarios que no recompusieron plenamente el poder de compra perdido.

El IPC es un promedio. Esa aclaración parece técnica, pero es central para entender por qué la inflación puede bajar y, al mismo tiempo, el bolsillo seguir bajo presión. Ningún trabajador paga “el promedio” cuando va al supermercado, carga la SUBE, paga la luz, el gas, internet, el alquiler, la prepaga, los remedios o la cuota del colegio. Cada hogar enfrenta una canasta concreta, y esa canasta suele estar más cargada de consumos difíciles de reemplazar.

En mayo, el IPC había sido de 2,1% y acumulaba 14,7% en los primeros cinco meses del año. Pero varios rubros sensibles para los hogares trabajadores habían vuelto a moverse por encima o muy cerca del promedio: Comunicación subió 3,4%, Educación 2,9%, Recreación y cultura 2,8%, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles 2,6%, Salud 2,6% y Alimentos y bebidas no alcohólicas 2,5%.

Ese comportamiento importa porque los gastos más rígidos pesan más en la vida cotidiana. Un hogar puede postergar ropa, electrodomésticos o salidas, pero tiene menos margen para ajustar comida, transporte, servicios, conectividad, alquiler o salud. Por eso una inflación más baja no produce automáticamente alivio si los aumentos se concentran en los consumos que más condicionan el salario.

La diferencia entre el dato oficial y la experiencia cotidiana también se vincula con la forma en que se mide la inflación. El IPC vigente sigue apoyado en una estructura de consumo basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2004-2005. Esa canasta quedó vieja frente a los cambios ocurridos en las últimas dos décadas, especialmente en el peso de servicios, vivienda, transporte, conectividad y gastos financieros.

El Indec tenía previsto avanzar en 2026 con una actualización metodológica basada en la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares 2017-2018, pero el cambio fue postergado tras la salida de Marco Lavagna del organismo y la decisión del ministro Luis Caputo de demorar la implementación del nuevo índice hasta que la desinflación esté más consolidada.

Una canasta actualizada daría mayor peso a consumos que hoy ocupan una porción más grande del presupuesto familiar. Eso no significa que el dato oficial de junio sea falso, sino que puede resultar menos representativo del gasto real de muchos hogares, especialmente de los que destinan buena parte de sus ingresos a alquileres, tarifas, transporte, telefonía, internet, salud y educación.

El Gobierno mira la inflación como un indicador de éxito macroeconómico. Los trabajadores la miran desde otro lugar: cuánto queda del salario después de pagar lo indispensable. Esa diferencia explica por qué una inflación de 1,8% o 1,9% puede ser celebrada desde el Ministerio de Economía y, al mismo tiempo, sentirse insuficiente en los hogares que vienen de meses de pérdida de ingresos, endeudamiento y recortes de consumo.

La desaceleración de junio, si se confirma, será una novedad favorable para el Gobierno. Pero no borra el acumulado del semestre ni resuelve la brecha entre precios y salarios. Tampoco corrige el problema de una medición que todavía no incorporó plenamente los cambios en la estructura de consumo de los hogares.

JJD

El Banco Nación pone en marcha este lunes una nueva línea de refinanciación para clientes que acumulan más de tres meses de atraso en sus pagos. La medida alcanza a deudores en situación crediticia 3, 4 y 5, según la clasificación del Banco Central: perfiles de riesgo medio, alto o incluso considerados irrecuperables.

La novedad no está sólo en la existencia de otra herramienta bancaria. Está en el tipo de cliente al que apunta. El Nación ya había lanzado en mayo un paquete para consolidar deudas, refinanciar tarjetas y ofrecer alternativas a clientes con atrasos menores. Ahora la asistencia se extiende hacia moras más profundas, en un contexto en el que la deuda de los hogares dejó de ser un problema aislado y pasó a formar parte de la economía cotidiana de millones de trabajadores.

La nueva línea permitirá refinanciar deudas de consumo originadas en pesos o en UVA, con actualización por CER, y tendrá un plazo máximo de 120 meses. La tasa será diferencial: 12% nominal anual fija para quienes cobran su sueldo, jubilación o pensión en el Banco Nación, y 14% para el resto de los usuarios. Para mantener la tasa preferencial, el cliente deberá conservar el cobro de haberes en la entidad durante toda la vigencia del préstamo.

El programa estará disponible para trabajadores, jubilados, pensionados, autónomos, monotributistas y usuarios que no cobren sus ingresos en el banco. También podrán incluirse deudores vinculados al segmento de microempresas o emprendedores, cuando correspondan a cartera de consumo.

Quienes ya cobran en el Banco Nación podrán contratar, además, un tope de cuota atado al Coeficiente de Variación Salarial (CVS). Ese mecanismo busca evitar que la cuota ajustada por UVA supere la evolución de los salarios. En esos casos, si la cuota calculada por UVA queda por encima del CVS, se aplicará el límite salarial como referencia.

El anuncio llega después de un nuevo salto de la mora familiar. De acuerdo con el último Informe sobre Bancos del Banco Central, la irregularidad de los préstamos a familias alcanzó el 12,1% del total de créditos en abril. Un año antes, en abril de 2025, era de 3,7%. Es decir, el indicador más que triplicó su nivel en doce meses y llegó al máximo en más de dos décadas.

El deterioro también aparece en el total del financiamiento al sector privado. La cartera en situación de atraso llegó al 7,3% en abril, 0,3 puntos más que en marzo y 5,1 puntos por encima del mismo mes del año anterior. Pero el golpe más fuerte volvió a concentrarse en los hogares: la mora familiar subió 0,5 puntos en un mes y 8,3 puntos interanuales.

Las líneas de crédito más vinculadas al consumo cotidiano muestran la presión con claridad. La mora en préstamos personales llegó al 14,9%; en tarjetas de crédito, al 12,5%; en préstamos prendarios, al 7,3%; y en hipotecarios, al 1,5%. El crédito que durante meses funcionó como complemento del ingreso empezó a quedar fuera de calendario.

Ese recorrido ya venía apareciendo en los datos previos. En marzo, la mora de las familias había llegado al 11,5%, con préstamos personales en 14,2% y tarjetas de crédito en 11,7%. En febrero, las billeteras virtuales y entidades no financieras mostraban una irregularidad cercana al 30% en saldos familiares con más de 90 días de atraso. Mercado Pago, una de las principales puertas de entrada al crédito digital, había triplicado su mora hasta 14,7% entre enero de 2025 y enero de 2026.

La nueva refinanciación del Nación confirma que el problema escaló. Ya no se trata sólo de ordenar saldos de tarjeta o consolidar varias deudas en una cuota. La entidad estatal sale ahora a ofrecer una salida para clientes que llevan más de 90 días sin pagar y que, según el propio sistema financiero, ya entraron en categorías de riesgo más severas.

Según estimaciones de la consultora 1816 citadas por Infobae, hay 5,3 millones de personas con al menos un crédito irregular, es decir, impago hace al menos 90 días, ya sea con entidades financieras o no financieras. Sobre un universo de 20 millones de personas con préstamos, eso representa el 26,7% de quienes tienen algún tipo de financiamiento.

El dato marca un límite para el discurso de normalización del crédito. Durante buena parte de 2024 y comienzos de 2025, el endeudamiento ayudó a sostener consumos, cubrir gastos corrientes o estirar salarios golpeados. Pero una vez que la mora sube de manera sostenida, el crédito deja de funcionar como puente y empieza a convertirse en una carga que necesita ser reprogramada.

Para los bancos, la refinanciación permite reducir el riesgo de incobrabilidad y recuperar capacidad de pago de los clientes. Para los hogares, puede significar alivio inmediato: una cuota más baja, un plazo más largo y un calendario más ordenado. Pero también implica estirar hacia adelante una deuda que nació, muchas veces, porque el ingreso mensual no alcanzó.

La medida del Banco Nación tiene dos lecturas al mismo tiempo. Es una herramienta concreta para quienes quedaron atrapados en atrasos prolongados. Y es, también, una señal del tamaño del deterioro: cada vez más familias llegan al banco no para tomar crédito nuevo, sino para renegociar deudas vencidas que el salario ya no pudo sostener.

JJD

Un solo hijo o hija de entre 6 y 12 años demandó en mayo $665.950 por mes en la Argentina, es decir casi 460 dólares al tipo de cambio minorista del Banco Nación de este martes. En el mismo mes, el salario mínimo fue de $363.000, menos de 250 dólares. Es decir que para cubrir la canasta de crianza más alta hizo falta casi 1,8 salario mínimo, sin contar alquiler, servicios, transporte, comida, salud y el resto de los gastos de un hogar.

El dato surge del último informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) sobre la valorización mensual de la canasta de crianza de la primera infancia, la niñez y la adolescencia. El indicador mide cuánto cuesta sostener a niños y niñas de hasta 12 años y combina dos componentes: el valor de los bienes y servicios necesarios para la vida cotidiana y el costo del tiempo de cuidado.

La canasta más alta correspondió al tramo de 6 a 12 años, con $665.950 mensuales. Le siguieron los niños y niñas de 1 a 3 años, con $620.125. Para el grupo de 4 a 5 años, el valor fue de $529.756, mientras que criar a un bebé menor de un año demandó $520.569.

La cifra cambia según la edad, pero el problema se repite en todos los casos: ningún tramo de crianza queda cerca de los ingresos más bajos del mercado laboral. El salario mínimo de mayo alcanzó apenas para cubrir el 54,5% de la canasta más cara. Dicho de otro modo: un trabajador que cobró el mínimo no llegó ni siquiera a cubrir el costo mensual estimado por el Indec para criar a un solo hijo de 6 a 12 años.

El desfasaje también aparece cuando se mira la Asignación Universal por Hijo (AUH), uno de los principales programas de transferencia de ingresos para hogares con niños y niñas. En mayo, la AUH fue de $141.286 por hijo. Incluso si se toma el monto total, cubrió apenas el 21% de la canasta más alta. Como el pago mensual efectivo es del 80% y el 20% restante queda retenido hasta la presentación de la libreta, el ingreso directo fue todavía menor: alrededor del 17% de ese costo.

El informe vuelve a mostrar que criar no es sólo comprar alimentos, ropa, útiles, medicamentos o pagar transporte. También implica tiempo. Y ese tiempo tiene un valor económico, aunque en la mayoría de los hogares no aparezca en ningún recibo de sueldo.

En mayo, el costo del cuidado fue de $350.809 para menores de 1 año y de $400.925 para niños y niñas de 1 a 3 años. En esos primeros años de vida, el cuidado representó casi dos tercios del costo total de la crianza. Para el grupo de 4 a 5 años, el costo del cuidado fue de $250.578, y para el tramo de 6 a 12 años, de $319.628.

Ese componente se calcula a partir de las horas mensuales de cuidado requeridas para cada edad y de la remuneración del personal de casas particulares en la categoría “asistencia y cuidado de personas”. Según el Indec, un bebé menor de un año requiere 147 horas mensuales de cuidado; un niño o niña de 1 a 3 años, 168 horas; el grupo de 4 a 5 años, 105 horas; y el tramo de 6 a 12 años, 84 horas.

La estructura de la canasta muestra una tensión central para las familias trabajadoras. En los primeros años, el costo más alto no está en los bienes y servicios, sino en el tiempo humano necesario para cuidar. En el tramo de 1 a 3 años, por ejemplo, los bienes y servicios costaron $219.200, pero el cuidado ascendió a $400.925. El trabajo que sostiene la crianza vale más que el consumo, pero sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres y continúa mal reconocido por el mercado y por el Estado.

La situación cambia parcialmente en edades escolares. Para niños y niñas de 6 a 12 años, los bienes y servicios tuvieron un peso mayor: $346.321 frente a $319.628 de cuidado. Aun así, el costo total fue el más alto de todos los tramos, porque la canasta básica total aplicada a esa edad aumenta y porque la crianza sigue demandando acompañamiento, traslados, alimentación, controles de salud, escolaridad, actividades y tiempo adulto.

Respecto de abril, todos los tramos volvieron a subir. La canasta de menores de 1 año pasó de $511.763 a $520.569. La de 1 a 3 años subió de $609.574 a $620.125. La de 4 a 5 años pasó de $520.413 a $529.756. Y la de 6 a 12 años trepó de $654.221 a $665.950. Las subas mensuales rondaron entre 1,7% y 1,8%, por debajo de la inflación general de mayo, pero sobre valores que ya estaban muy lejos de los ingresos de buena parte de los hogares.

La comparación interanual también muestra una escalada sostenida. En mayo de 2025, criar a un niño o niña de 6 a 12 años costaba $516.113. Un año después, la misma canasta llegó a $665.950. El aumento fue de 29% nominal en doce meses, una carga adicional para familias que ya venían arrastrando pérdida de poder adquisitivo, endeudamiento y dificultad para cubrir gastos básicos.

La canasta de crianza se convirtió en un indicador especialmente sensible porque permite ver una zona del costo de vida que suele quedar diluida en otros índices. El IPC mide precios. La canasta básica mide pobreza e indigencia. Pero la canasta de crianza pone número a una pregunta concreta: cuánto cuesta sostener la vida cotidiana de un niño o una niña cuando se incorporan bienes, servicios y tiempo de cuidado.

Esa medición tiene impacto directo sobre la vida laboral. Muchas madres reducen horas pagas, rechazan empleos, aceptan tareas informales o dependen de redes familiares porque el costo de cuidar supera los ingresos disponibles. En hogares monomarentales, esa presión se multiplica: un solo ingreso debe cubrir alquiler, comida, transporte, escuela, salud y crianza, mientras el tiempo de cuidado limita la posibilidad de trabajar más horas o acceder a mejores empleos.

El informe del Indec no mide sólo un gasto privado. Muestra una transferencia silenciosa de costos hacia las familias y, dentro de ellas, hacia las mujeres. Cuando no hay jardines suficientes, licencias extendidas, horarios compatibles, políticas de cuidado, salarios adecuados o transferencias estatales proporcionales, la crianza se resuelve con sobrecarga, endeudamiento o renuncia a ingresos.

Por eso la discusión excede la administración doméstica. La canasta de crianza vuelve a poner sobre la mesa el vínculo entre salarios, cuidados y desigualdad. Si criar a un solo hijo cuesta hasta $665.950 y el salario mínimo queda en $363.000, el problema no es sólo cuánto suben los precios. También es cuánto vale el trabajo, cuánto acompaña el Estado y quién paga, con dinero y con tiempo, el costo real de sostener la vida.

El Indec puso otra vez la cifra. Criar a un hijo en la Argentina ya puede costar casi dos salarios mínimos por mes.

JJD

La inflación de mayo bajó a 2,1% y marcó el segundo mes consecutivo de desaceleración, pero está aún lejos de permitir hablar de un alivio al bolsillo de los trabajadores. El Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló 14,7% en los primeros cinco meses de 2026 y registró una suba interanual de 33,2%, según informó este miércoles el Indec.

El Gobierno consiguió el número mensual más bajo del año, después del 3,4% de marzo y el 2,6% de abril. Pero Javier Milei sigue sin cumplir la promesa con la que llegó a la presidencia: terminar con la inflación. En mayo, los precios volvieron a subir más de 2% en un solo mes, una velocidad que se suma al deterioro previo de los ingresos y al encarecimiento acumulado de alimentos, servicios, alquileres, transporte, salud y educación.

La desaceleración recorta la velocidad del aumento, pero no devuelve poder de compra por sí sola. Para los hogares que viven de un salario, el problema es qué precios siguen aumentando y cuánto pesan esos consumos dentro del presupuesto familiar. Un trabajador no paga el promedio sino la comida, el alquiler, la luz, el gas, el transporte, internet, la telefonía celular, los remedios y la cuota de la escuela. Y todo esto es lo que más sube.

En mayo, la división con mayor aumento mensual fue comunicación, con 3,4%, impulsada por los servicios de telefonía. Le siguieron educación, con 2,9%; recreación y cultura, con 2,8%; vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,6%; salud, también con 2,6%; y alimentos y bebidas no alcohólicas, con 2,5%. Todos esos rubros quedaron por encima del nivel general o muy cerca de él.

El dato alimentario vuelve a ser central. Alimentos y bebidas no alcohólicas aumentó 2,5% en mayo y fue la división de mayor incidencia en la variación mensual en casi todas las regiones del país. El Indec atribuyó ese impacto a los aumentos en pan y cereales y en productos lácteos.

El acumulado del año muestra mejor esa presión. Entre enero y mayo, alimentos y bebidas no alcohólicas subió 16,2%, por encima del 14,7% del nivel general. Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles aumentó 21,1%; educación, 22,5%; comunicación, 16,9%; transporte, 15,1%; y salud, 13,2%.

El nivel general subió 33,2% frente a mayo de 2025, pero varios rubros esenciales quedaron por encima de esa marca: vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles avanzó 48%; educación, 42,7%; transporte, 42,1%; comunicación, 37,4%; restaurantes y hoteles, 37,3%; y alimentos, 33,4%. Los números explican por qué la inflación, aunque “baja”, como dice el Gobierno, sigue siendo un ataque feroz a los hogares: el promedio baja pero los gastos fijos y los consumos básicos siguen corriendo a una velocidad que erosiona el salario.

Este último informe del Indec también muestra una presión mayor de los servicios. El mes pasado, los bienes subieron 2% y los servicios, 2,5%. La diferencia se agranda al mirar el acumulado: los bienes aumentaron 13,3% en los primeros cinco meses del año, mientras los servicios avanzaron 17,5%. En la comparación interanual, la distancia es todavía más fuerte: los bienes subieron 28,8% y los servicios, 42,8%.

Una inflación del Indec que es menor a la real

Ese dato tiene una lectura adicional: el IPC vigente todavía se calcula con una estructura de consumo vieja, basada en los hábitos relevados en 2004-2005. La actualización que el Indec tenía previsto aplicar desde enero de 2026, postergada tras la salida de Marco Lavagna del organismo, iba a tomar una canasta más reciente y a darle más peso a rubros como vivienda, servicios y transporte. Justamente esos gastos fijos —luz, gas, agua, alquileres, combustibles, telefonía, internet y transporte— son los que más condicionan el presupuesto de los hogares trabajadores y los que menos margen dejan para ajustar cuando el salario no acompaña.

Los precios regulados también volvieron a quedar por encima del nivel general. En mayo aumentaron 2,4%, por debajo del salto de abril, pero todavía más que el IPC. El Indec explicó esa suba por aumentos en combustibles, electricidad y agua. Los estacionales subieron 3,5%, por el aumento de verduras compensado parcialmente por la caída de frutas. El IPC núcleo, que excluye regulados y estacionales, avanzó 1,9%, con subas vinculadas a restaurantes, bares, casas de comida y productos farmacéuticos.

La inflación de mayo también debe leerse junto con los datos salariales disponibles. El último índice de salarios publicado por el Indec mostró que en marzo los ingresos aumentaron 3,4% y acumularon 8,6% en el primer trimestre, por debajo del 9,4% de inflación del mismo período. Dentro de ese promedio, el sector registrado subió 3% en marzo, menos que el IPC de ese mes, y encadenó otra caída real.

Esa brecha es la que define el poder de compra. Si los salarios llegan tarde o aumentan menos que los precios, una inflación mensual más baja no implica recuperación automática sino que el deterioro avanza a menor velocidad. Para que haya alivio real, los ingresos tienen que ganarle a los precios durante varios meses, además de recuperar lo perdido desde el salto inflacionario que siguió a la devaluación inicial del gobierno de Milei.

JJD

Los hogares trabajadores siguieron recortando compras en febrero y el dato más nítido volvió a aparecer en los supermercados, uno de los canales más sensibles del consumo cotidiano. Las ventas a precios constantes cayeron 3,1% frente al mismo mes del año pasado y acumularon una baja de 2,1% en el primer bimestre de 2026. El retroceso se apoyó sobre una secuencia previa de meses flojos: el INDEC había registrado una caída de 2,8% en noviembre de 2025, una suba de apenas 0,5% en diciembre y otra baja de 1,2% en enero.

Ese recorrido vuelve más difícil leer febrero como un tropiezo puntual. Lo que muestran los números es otra cosa: un consumo básico que no logra afirmarse aun después de varios meses sin saltos inflacionarios como los que marcaron el arranque del gobierno. Con la inflación recargada de 2026, el panorama es aún más incierto.

En la vida diaria, eso se traduce en changos más chicos, compras más medidas y una administración más estricta del ingreso. El informe oficial lo registra en cantidades vendidas y también en el empleo del sector: en supermercados, el personal ocupado fue de 97.839 personas, 2% menos que un año atrás.

En plata corriente, las ventas subieron; en volumen, no. Los supermercados facturaron en febrero $2,214 billones, un alza interanual de 23,5%, pero esa mejora nominal no alcanzó para revertir la caída en términos reales. El ticket promedio fue de $35.058, con una suba de 27,9% frente a febrero de 2025. Dicho de otro modo, los hogares dejaron más pesos en la caja, pero eso no se tradujo en una recuperación del consumo.

La composición de las ventas ayuda a ver dónde siguió concentrado el gasto. En supermercados, el rubro Almacén explicó el 25,3% del total facturado; Carnes, el 14,4%; Artículos de limpieza y perfumería, el 13,8%; Bebidas, el 11,9%; y Lácteos, el 11%. Son categorías muy pegadas a la canasta cotidiana. En varias de ellas hubo subas nominales fuertes, como Carnes, con 46,9%, y Verdulería y frutería, con 37%, mientras el volumen general vendido siguió retrocediendo.

El mismo cuadro apareció en los autoservicios mayoristas, otro canal al que muchos hogares van cuando buscan bajar el costo por unidad. En febrero, las ventas a precios constantes cayeron 1,2% interanual. El acumulado enero-febrero mostró un alza mínima de 0,1%, pero el dato mensual volvió a moverse para abajo. En este caso también hubo un deterioro del empleo más fuerte que en supermercados: el personal ocupado fue de 13.111 personas, con una baja interanual de 8%. El ticket promedio llegó a $44.110, un 23,7% más que un año antes.

Mayoristas no reemplazó la debilidad de supermercados; la acompañó. Ese dato es relevante porque habla de hogares que ajustan incluso en los canales donde suelen buscar precios más convenientes. En este segmento, Almacén representó el 42,6% de la facturación y Artículos de limpieza y perfumería, el 26,4%. También aquí el gasto se concentró en bienes de uso corriente, no en compras prescindibles.

Los medios de pago agregan otra capa a esa foto. En supermercados, la tarjeta de crédito explicó el 43,6% de las ventas de febrero, con operaciones por $966.076 millones. La tarjeta de débito concentró el 25%, el efectivo el 16,8% y los otros medios de pago —como billeteras virtuales o QR— el 14,6%, con un salto interanual de 54,9%. En mayoristas, en cambio, el efectivo tuvo un peso mayor: representó el 26,4% de las ventas y creció 57%, mientras las operaciones con débito cayeron 13,6%. Más allá de la mezcla de instrumentos, el punto central es otro: el consumo siguió sostenido con más pesos y distintas formas de pago, pero sin mejorar en términos reales.

El tercer informe publicado por el INDEC, el de centros de compras, funcionó más como confirmación del clima general que como eje de la historia. En febrero, las ventas a precios constantes en shoppings cayeron 2,1% interanual y acumularon una baja de 1,1% en el primer bimestre. El dato muestra que la flojedad del consumo no quedó limitada a los alimentos o a la reposición del hogar, aunque para leer el bolsillo trabajador el termómetro principal siga estando en supermercados y mayoristas.

La suma de los tres informes difundidos este jueves por el INDEC deja una escena conocida para millones de trabajadores: compras más caras, ventas débiles y empleo comercial en retroceso. En supermercados, febrero cerró con una caída real de 3,1%; en mayoristas, con una baja de 1,2%; en centros de compras, con otra de 2,1%. Los tickets promedio subieron en valores nominales y el volumen no acompañó. Los puestos de trabajo en los canales relevados tampoco mostraron mejora. Cuando el consumo masivo no levanta en supermercados ni en mayoristas, el dato remite directamente a los ingresos con los que los hogares llegan [o no] a fin de mes.

JJD

Criar a un hijo en la Argentina demandó en marzo de 2026 entre $515.236 y $676.431 por mes, según la edad, de acuerdo con el último informe del Indec. La cifra consolidó una tendencia de aumento sostenido del costo de vida para las familias trabajadoras, en un contexto donde los salarios formales siguen quedando por debajo de los precios.

El valor más alto correspondió al grupo de niños y niñas de 6 a 12 años, con una canasta de $676.431 mensuales, mientras que el tramo de 1 a 3 años alcanzó los $616.046. En los extremos, el costo fue de $515.236 para menores de un año y de $538.587 para el grupo de 4 a 5 años.

Una parte sustancial del costo correspondió al trabajo de cuidado. En el caso de niños de 1 a 3 años, por ejemplo, el Indec estimó $379.300 mensuales en cuidado frente a $236.746 en bienes y servicios. La estructura se repitió en todos los tramos etarios, con mayor peso del cuidado en los primeros años de vida.

El informe oficial definió la canasta de crianza como la suma de bienes, servicios y tiempo de cuidado valorizado económicamente. Este último componente se calcula en función de las horas necesarias para cada edad y del salario del personal de casas particulares.

El Indec estimó que un bebé menor de un año requirió 147 horas mensuales de cuidado, mientras que un niño de 1 a 3 años demandó 168 horas. Ese tiempo explica una parte decisiva del costo total. Criar no es solo consumir, sino trabajar. Y ese trabajo, en la mayoría de los casos, no está remunerado ni distribuido de manera equitativa.

El mismo indicador ya venía mostrando esta tendencia en los meses previos. En diciembre de 2025, por ejemplo, más del 60% del costo total en los primeros años correspondió al cuidado. En marzo de 2026, esa proporción se ubicó en el 64,4% para menores de un año y en el 61,6% para el tramo de 1 a 3 años, lo que confirmó su peso estructural dentro de la canasta.

Una escalada sostenida mes a mes

Según la tabla de evolución del propio Indec, el tramo de 6 a 12 años pasó de $513.720 en marzo de 2025 a $676.431 en marzo de 2026, lo que implicó un incremento nominal del 31,7% en un año.

El mismo patrón se repitió en el resto de las edades. En el grupo de 1 a 3 años, la canasta subió de $486.393 a $616.046 en el mismo período, con un aumento del 26,7% interanual.

El aumento del costo no encontró un correlato equivalente en los ingresos. Las notas previas sobre salarios ya habían registrado ese desfasaje: entre enero y noviembre de 2025, los salarios registrados crecieron 25,6% frente a una inflación de 27,9%, lo que implicó una caída real.

La combinación entre costos en alza y salarios rezagados es un problema que sufren las familias trabajadoras ya desde hace varios años, acentuado durante el gobierno de Javier Milei, y que mes a mes se confirma tomando distintos índices. Y el costo de la crianza es uno de ellos. En los informes previos del Indec, ningún tramo de edad figuraba por debajo de los $460.000 mensuales a fines de 2025, lo que colocaba el piso de la crianza muy por encima de muchas remuneraciones formales e informales.

El problema se profundiza en hogares con más de un niño o niña. Aunque el tiempo de cuidado no se suma de forma lineal, el gasto en bienes y servicios sí lo hace, lo que incrementa el peso total sobre los ingresos familiares.

El informe del Indec volvió a poner en evidencia que el componente más costoso de la crianza es el tiempo humano. Es decir que no se trata únicamente de alimentos, transporte o educación, sino de horas de trabajo necesarias para sostener la vida cotidiana. Y ese tiempo recae mayoritariamente sobre mujeres y condiciona su inserción laboral: les limita el acceso al empleo formal o bien las empuja a condiciones más precarias.

La valorización económica del cuidado no implicó su remuneración efectiva, sino su visibilización estadística. El costo existe, pero no está cubierto ni por el mercado ni por políticas públicas proporcionales.

JJD

El salario volvió a perder contra los precios en enero y el dato oficial confirmó que la mejora nominal no alcanzó para recomponer el poder de compra de quienes trabajan. Según el INDEC, el índice de salarios subió 2,5% respecto de diciembre de 2025, pero la inflación del mismo mes fue de 2,9%. Dentro del promedio general, el sector privado registrado aumentó 2,1%, el sector público 1,8% y el sector privado no registrado 4,4%. La foto mensual dejó así un nuevo retroceso para la mayor parte del empleo formal, en un contexto en el que los convenios corrieron detrás de los precios y el ingreso siguió sin recuperar lo perdido desde el cambio de gobierno.

La caída golpeó sobre todo a los trabajadores registrados, porque fueron justamente los dos segmentos formales los que quedaron por debajo del IPC. El dato del sector privado no registrado fue el único que superó la inflación de enero, pero esa mejora no puede leerse de manera lineal como una recuperación del empleo informal. En una nota previa de trabajAR, basada en la serie del INDEC, elDiarioAR ya había señalado que ese componente se calcula con promedios trimestrales móviles de la Encuesta Permanente de Hogares y con un rezago metodológico de cinco meses, por lo que no refleja de manera directa los ingresos corrientes del segundo semestre ni una mejora sostenida de las condiciones laborales.

El deterioro no quedó restringido a enero. Luis Campos sostuvo en X que “la caída promedio del sector formal contra noviembre de 2023 es del 8%”, con una baja de 2,4% en el sector privado registrado y de 17,8% en el empleo público. En el mismo hilo agregó que, excluidos los primeros meses de 2024, los salarios quedaron en los niveles más bajos de las últimas dos décadas, y que frente a los picos de fines de 2017 el retroceso fue de entre 21% en el sector privado y 35% en el público. Esos valores no forman parte del informe del INDEC sobre enero, pero sí aportaron una lectura de mediano plazo sobre la profundidad del ajuste salarial que atravesó el trabajo formal.

La pérdida arrastró una tendencia que ya se había consolidado en 2025. En otra cobertura reciente, trabajAR informó que el índice de salarios del sector privado registrado acumuló entre enero y noviembre del año pasado una suba de 25,6%, mientras la inflación del mismo período llegó a 27,9%. Esa diferencia implicó una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales incluso en el segmento con mayor cobertura sindical y negociación colectiva. También allí se advirtió que el ajuste había sido todavía más severo en parte del empleo público y que trabajar en blanco ya no garantizó sostener el poder adquisitivo.

El impacto sobre la vida cotidiana de quienes trabajan ya apareció en conflictos concretos. A fines de enero, este medio contó que los choferes de la Línea 60 denunciaron una pérdida de casi 62% de su salario real y siguieron sin paritaria desde noviembre. En esa nota, los trabajadores advirtieron sobre la deserción de personal por los bajos ingresos y las condiciones de presión en el sector. El caso funcionó como una expresión extrema de un problema más extendido: cuando el salario corrió sistemáticamente por detrás de los precios, el deterioro dejó de ser una discusión estadística y pasó a traducirse en abandono de puestos, pluriempleo, endeudamiento y dificultad para sostener gastos básicos.

El informe de enero también mostró una brecha nítida entre el discurso oficial y la realidad del ingreso. Mientras el Gobierno empujó una agenda de reforma laboral y desregulación, los salarios formales siguieron sin recomposición. El dato oficial no mostró recuperación en el empleo privado registrado ni en el público, y volvió a ubicar a los asalariados ante una negociación desigual: paritarias con aumentos más bajos, Estado sin política general de recomposición y un sector público particularmente castigado. La suba de 2,1% en privados registrados y de 1,8% en estatales quedó por debajo del aumento del costo de vida, con alimentos encabezando la inflación de enero con 4,7%.

La discusión de fondo volvió a ser cómo se sostuvo el trabajo cuando el salario ya no alcanzó. El indicador general de enero dejó un promedio positivo en términos nominales, pero la lectura laboral fue otra: la mayoría de los trabajadores registrados volvió a perder. En el sector público, además, la contracción resultó más profunda en la comparación con noviembre de 2023, según el relevamiento de Campos. En el sector privado formal, la caída fue menor pero persistente. Y en el empleo no registrado, aun con una variación mensual superior al IPC, el propio modo de medición impidió presentar esa cifra como una mejora efectiva y actual de las condiciones de vida.

Hasta ahora no apareció ningún dato que mostrara una recomposición sostenida del salario formal. El INDEC informó otra vez una suba nominal inferior a la inflación para privados registrados y estatales, y el deterioro acumulado desde noviembre de 2023 siguió abierto.

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En los últimos años, cada vez más personas que trabajan sienten que su esfuerzo rinde menos que antes: el 83,9% afirmó que su salario no le ganó a la inflación. El dato surge del Monitor de Opinión Pública, de la consultora Zentrix, correspondiente a marzo de 2026, y expuso una percepción masiva de pérdida de ingresos reales que se tradujo en restricciones concretas en la vida cotidiana. Solo el 11,9% consideró que su salario logró superar la suba de precios, lo que dejó en evidencia un escenario donde el ingreso laboral perdió capacidad de sostener el consumo básico.

El mismo informe registró que el 56,4% de los hogares tomó deuda en los últimos seis meses, una proporción que vinculó directamente el deterioro de ingresos con la necesidad de financiamiento para sostener gastos corrientes.

El destino de ese endeudamiento reforzó ese diagnóstico. El 26,2% se endeudó para cubrir gastos cotidianos, el 19,9% para pagar tarjetas de crédito y el 18,9% para cancelar otras deudas, según el informe.

Ese patrón muestra que el crédito no funciona como herramienta de inversión o mejora patrimonial, sino como mecanismo de supervivencia ante ingresos insuficientes

El impacto de la pérdida salarial también se reflejó en la capacidad de sostener el mes. Solo el 25,7% afirmó que llegó a fin de mes, mientras que un 16% dijo que además pudo ahorrar.

En contraste, una proporción significativa de trabajadores agotó sus ingresos antes de terminar el mes:

Más de la mitad (56,3%) no logró cubrir el mes completo con sus ingresos, según el mismo relevamiento.

Este dato da cuenta del deterioro directo en la reproducción cotidiana de la vida trabajadora: el salario deja de organizar el mes completo y pasa a fragmentarse en períodos cada vez más cortos.

El endeudamiento no solo se expandió sino que además se volvió difícil de sostener. El 41,9% declaró que pagó sus deudas con alguna dificultad y el 27,8% con mucha dificultad, mientras que un 13,8% se atrasó en pagos y un 5,9% afirmó que ya no pudo pagarlas. En conjunto, el 89,4% de quienes tenían deudas enfrentó algún nivel de dificultad para afrontarlas, de acuerdo con los datos del informe.

Siete de cada 10 trabajadores sostiene que su situación económica personal no es buena

El deterioro del ingreso también se expresó en la percepción sobre la situación económica personal. El 39,5% la calificó como negativa, frente a un 28,7% positiva y un 31,8% regular, según los resultados del relevamiento (página 4).

A nivel país, la evaluación fue aún más crítica: el 59,7% consideró negativa la situación económica de la Argentina, mientras que solo el 21,1% la evaluó como positiva.

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Desde este jueves 1° de febrero, los trabajadores de la Argentina deberán afrontar nuevos aumentos en servicios esenciales. Transporte público, medicina prepaga, telecomunicaciones, alquileres y patentes se encarecen con porcentajes que, aunque moderados en algunos casos, confirman una tendencia persistente: los ingresos formales siguen por debajo de los precios. La inflación estimada para enero oscila entre 2,3% y 2,6%, según relevamientos privados, lo que implica una desaceleración respecto al 2,8% de diciembre. Sin embargo, para quienes trabajan y viven de su salario, el alivio sigue sin sentirse.

En el transporte público, uno de los gastos ineludibles para millones de personas, los boletos subirán tanto en Ciudad como en provincia de Buenos Aires. En CABA, el pasaje mínimo de colectivo (tramo de hasta 3 kilómetros) pasará de $619,37 a $637,58, lo que representa un aumento del 2,8%. En PBA, el mismo tramo costará $721,08, con un incremento del 4,5%.

Para los tramos más largos, el impacto será mayor. En la provincia, un viaje de más de 27 kilómetros costará desde febrero $988,63. También subirá el subte: con SUBE registrada, el valor del pasaje será de $1.336, frente a los $1.259 actuales. El premetro, por su parte, costará $467,60.

A esto se suma una novedad que genera incertidumbre: los aumentos no aplican a los colectivos interjurisdiccionales, es decir, a las líneas que cruzan los límites entre CABA y PBA. La falta de actualización de tarifas en ese segmento, donde operan conflictos históricos por los subsidios cruzados, complica aún más la situación de quienes deben trasladarse por motivos laborales entre ambas jurisdicciones.

En el sistema de salud, las empresas de medicina prepaga anunciaron que las cuotas subirán en febrero un 2,8%, al igual que los copagos. Se trata del segundo aumento en dos meses consecutivos, lo que lleva a muchos trabajadores a replantearse la posibilidad de sostener una cobertura privada. El ajuste también alcanza a los servicios de telecomunicaciones, que aplicarán subas en torno al mismo porcentaje, aunque con variaciones según la compañía.

En paralelo, el nuevo régimen de subsidios a la luz y el gas ya está en vigencia. Se trata del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), que reemplaza a la segmentación anterior por niveles socioeconómicos. Con este esquema, solo se contemplan dos categorías: hogares que mantienen el subsidio y hogares que lo pierden. Para conservarlo, los ingresos familiares no deben superar el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT) del Indec para un hogar tipo 2. Existen excepciones, como la presencia de personas con discapacidad, pensiones vitalicias por guerra o certificados de vivienda del Renabap.

El trámite es 100% online, y quienes ya estaban inscriptos en el sistema anterior deben actualizar sus datos si hubo cambios en el hogar, ingresos o titularidad. Además, los beneficiarios del Programa Hogar tienen un plazo de seis meses para migrar al nuevo régimen, si desean mantener la asistencia estatal.

Otro de los rubros más sensibles que se encarece en febrero son los alquileres. Aunque ya fue derogada la Ley de Alquileres, muchos contratos aún vigentes se rigen por su fórmula de actualización. En esos casos, el índice aplicable este mes establece un aumento del 34,6%, según el Índice de Contratos de Locación (ICL).

Pero la mayor polémica del mes está en las boletas de patentes automotor en la Ciudad de Buenos Aires. Miles de propietarios recibieron notificaciones con aumentos de más del 100% respecto a lo que pagaron en 2025. El Gobierno porteño lo justificó por el cambio en el método de valuación: en lugar de usar la tabla de la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor (DNRPA), se adoptaron los valores del mercado real provistos por ACARA, la cámara de concesionarios.

De acuerdo con la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP), no se modificó la alícuota del impuesto. Sin embargo, un 16% de los vehículos del padrón registró aumentos por la revaluación, mientras que otro 16% pagará menos. El 68% restante mantendrá los valores de 2025.

Ante el malestar generalizado, el Gobierno de la Ciudad anunció un proyecto de ley para limitar los aumentos futuros al tope de la inflación. El objetivo, según el comunicado oficial, es que “ninguna patente se actualice por encima de la inflación” en 2026. Mientras los ingresos siguen rezagados —el salario formal promedio subió 25,6% entre enero y noviembre de 2025, frente a una inflación del 27,9% para el mismo período—.

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Los salarios formales en la Argentina volvieron a perder poder adquisitivo durante 2025. Según los datos publicados por el INDEC, el índice de salarios del sector privado registrado acumuló una suba de 25,6% entre enero y noviembre, mientras que la inflación para ese mismo período alcanzó el 27,9%. La diferencia implica una caída real de al menos 2,3 puntos porcentuales, incluso en el segmento que cuenta con mayor cobertura sindical y convenios colectivos.

En noviembre, los salarios privados registrados crecieron 2,1%, por debajo del índice de precios al consumidor del mes, que fue de 2,5%, según el IPC nacional. La desaceleración en los aumentos salariales formales, junto con el rezago de las negociaciones colectivas y la falta de actualización de tramos acordados a principios de año, explica el retroceso del ingreso real.

El informe señala que el índice de salarios total, que incluye al sector público y al privado no registrado, mostró una suba acumulada de 36,0% en el mismo período, empujado por una variación excepcional en los ingresos informales. En contraste, el empleo público tuvo un comportamiento más restringido: los salarios en ese segmento aumentaron 27,7% acumulado enero-noviembre, con fuertes disparidades. En el subsector público nacional, el crecimiento fue de apenas 19,0%, mientras que en las administraciones provinciales llegó a 31,2%.

Por su parte, el sector privado no registrado mostró una suba acumulada de 87,7%, lo que a simple vista sugiere una mejora considerable. Sin embargo, esa variación se debe a correcciones estadísticas sobre una base muy baja y a un rezago metodológico de cinco meses, ya que el índice se calcula con promedios trimestrales móviles a partir de la Encuesta Permanente de Hogares. El resultado no refleja los ingresos reales del segundo semestre ni implica mejoras sostenidas en las condiciones laborales.

Dado que el sector privado registrado representa más del 50% del índice total de salarios, y el sector público casi el 30%, más del 80% de la masa salarial relevada por el INDEC tuvo aumentos por debajo de la inflación acumulada a noviembre. Esto implica una nueva pérdida del poder adquisitivo del trabajo formal, que afecta directamente el consumo, la capacidad de ahorro y la estabilidad cotidiana de millones de hogares.

La caída del salario ocurre mientras el Gobierno impulsa una reforma laboral que propone desregular la jornada, recortar indemnizaciones y eliminar protecciones vigentes, como la ley de teletrabajo. En paralelo, se mantienen congeladas las paritarias del sector público nacional y no hay convocatoria a mesas de negociación general. La política salarial oficial apunta a contener el gasto público y “liberar” el mercado laboral, sin atender el deterioro que muestran los ingresos reales.

En varios sectores con organización gremial, se intentaron reabrir paritarias o negociar bonos compensatorios, pero en la mayoría de los casos no alcanzaron a empatar la inflación. La estrategia del Ejecutivo de no intervenir en los acuerdos colectivos ni habilitar incrementos en el empleo público contribuyó a consolidar la tendencia negativa.

Con diciembre todavía pendiente en la medición salarial, no es posible calcular el cierre anual completo. Pero los datos hasta noviembre ya permiten confirmar que el salario registrado volvió a quedar por debajo de los precios, en un país donde trabajar en blanco ya no garantiza estabilidad ni recuperación del ingreso.

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En diciembre de 2025, una familia tipo necesitó $1.308.713 para no ser pobre, según el informe oficial del Indec sobre canasta básica total (CBT) en el Gran Buenos Aires. En ese mismo mes, el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) fue de $334.800. La relación entre ambos valores revela el núcleo del problema: el ingreso mínimo legal cubre apenas el 25,5% del costo de vida estimado para un hogar con dos personas adultas y dos menores.

En otras palabras, no alcanza ni para cubrir la cuarta parte de las necesidades básicas de una familia trabajadora. Esa diferencia se mantuvo a lo largo de todo el año y se consolidó como una expresión estructural de pobreza en el mundo del trabajo.

La canasta básica total (CBT) calcula el costo mensual de bienes y servicios esenciales: alimentos, vivienda, transporte, educación, salud, vestimenta y algunos consumos no alimentarios mínimos. Su valor sirve para establecer la línea de pobreza. En 2025, esa canasta subió 27,7%, mientras que la canasta básica alimentaria (CBA) —que marca la línea de indigencia— aumentó un 31,2% .

Ambas crecieron por encima de muchos ingresos reales. Y aunque la inflación anual fue del 31,5%, según el IPC, los productos que más pesan en la canasta —alimentos, servicios y transporte— subieron aún más. Solo en diciembre, tanto la CBT como la CBA aumentaron 4,1%, una cifra superior al promedio general .

El problema no es solo cuánto suben los precios, sino cuánto valen los salarios. El SMVM se mantuvo por debajo de la línea de pobreza todo el año. Para hogares de cinco integrantes, el costo de vida en diciembre fue de $1.376.478, mientras el ingreso mínimo seguía fijo en $334.800. Esa diferencia responde a una estructura económica que devalúa el trabajo y no lo reconoce como medio suficiente de subsistencia.

Además del salario mínimo, otro indicador relevante es el RIPTE, que mide la remuneración promedio de los trabajadores formales con aportes previsionales. En septiembre de 2025 —último dato disponible al cierre del año— ese ingreso fue de $1.551.831 brutos. A primera vista, el número supera el costo de la canasta básica total (CBT), que en diciembre fue de $1.308.713 para una familia tipo. Sin embargo, el RIPTE no refleja el ingreso disponible en mano, ya que incluye aportes jubilatorios, descuentos de obra social y otras retenciones, por lo que el salario neto puede reducirse en un 17% o más.

Además, se trata de un salario individual que debe sostener a un hogar entero de cuatro personas. Aun si se lograra empatar el valor de la canasta con un ingreso neto equivalente, esa familia seguiría sin margen para cubrir alquiler, salud no cubierta, educación extracurricular o cualquier gasto imprevisto. Por eso, incluso los trabajadores formales con ingresos promedio enfrentan niveles de restricción material crecientes. La pobreza laboral, en este escenario, no es una situación excepcional: es una realidad estructural que atraviesa al conjunto del mundo del trabajo.

La pobreza laboral de la que se viene hablando ya desde la pandemia ya no es un fenómeno marginal: al parecer llegó para quedarse. Según la Encuesta Permanente de Hogares, más del 36% de los ocupados trabaja en condiciones informales. En ese universo, los ingresos no solo son más bajos: también carecen de paritarias, aguinaldo o actualizaciones automáticas frente a la inflación. En la mayoría de esos casos, el ingreso mensual ni siquiera cubre la canasta alimentaria, lo que ubica a esos hogares por debajo de la línea de indigencia.

Los sectores registrados tampoco quedaron protegidos. En muchos gremios, las paritarias cerraron por debajo del 30% anual, y aunque hubo revisiones, no alcanzaron a igualar el ritmo de aumento del costo de vida. Según estimaciones del Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, el salario mínimo perdió un 36% de su poder de compra entre 2023 y 2025.

Detrás de cada cifra hay una traducción concreta: el salario rinde cada vez menos para comer, para alquilar, para viajar, para pagar servicios básicos. En lugar de acercarse al umbral de la canasta básica, el ingreso real se aleja. La pobreza no es un resultado ocasional: es la forma habitual en que viven millones de personas que tienen trabajo.

Este desfasaje estructural se volvió constante: el ingreso por trabajo ya no garantiza superar la línea de pobreza. En muchos hogares, ni dos salarios mínimos combinados alcanzan para cubrir lo que el Estado estima como nivel de subsistencia sin pobreza. Esa es la definición más nítida de pobreza estructural en el mundo del trabajo.

Mientras el modelo económico no garantice que trabajar sea suficiente para vivir con dignidad, la pobreza seguirá reproduciéndose dentro del empleo, y no en los márgenes del sistema. Es una crisis del valor del trabajo, no solo del nivel de precios.

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En julio de 2026, el salario mínimo de Uruguay será 2,44 veces más alto que el de la Argentina, una diferencia que refleja la creciente asimetría entre los ingresos mínimos legales en ambos países. Según los cronogramas oficiales ya establecidos, el ingreso mínimo uruguayo será de US$620, mientras que el argentino, de $372.400, equivaldrá a US$254,20 al tipo de cambio oficial (precio de venta en la pizarra del Banco Nación) de $1.465 por dólar. La brecha será de US$365 mensuales, o un 143,9% a favor del país vecino.

La cifra surge al comparar los valores que regirán en julio de 2026, cuando ambos países habrán aplicado sus últimos aumentos previstos. En Uruguay, el gobierno de centroizquierda encabezado por Yamandú Orsi (Frente Amplio) dispuso un aumento anual del 7,54% dividido en dos tramos, que llevará el salario mínimo a 25.383 pesos uruguayos. En palabras de la directora nacional de Trabajo, Marcela Barrios, se trata de una política para “aumentar los salarios más sumergidos” en un contexto de inflación controlada.

En la Argentina, donde gobierna el libertario Javier Milei, el aumento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM) se fijó por decreto tras el fracaso del Consejo del Salario, que no logró consensuar una cifra entre representantes sindicales y empresarios. La Secretaría de Trabajo estableció un cronograma de subas mensuales que elevará el salario mínimo de $334.800 en diciembre de 2025 a $376.600 en agosto de 2026, con el valor de julio ($372.400) como referencia para esta comparación.

Aún con todos los aumentos aplicados, el salario mínimo argentino será muy inferior al uruguayo en términos reales.

Además, el valor en dólares del SMVM argentino viene en caída desde 2023, empujado por la inflación local y la devaluación progresiva. Hoy, el ingreso mínimo no cubre la canasta básica y ha dejado de ser un verdadero “salario vital y móvil”, como lo define la ley. Esto impacta en millones de trabajadores, tanto registrados como informales, que lo toman como base para sus ingresos.

En Uruguay, aunque el salario mínimo actúa como referencia general, las negociaciones sectoriales se ubican por encima de ese piso, gracias al funcionamiento activo de los Consejos de Salarios. También se prevé avanzar en 2026 con la adopción de normativas internacionales en materia de trabajo decente.

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Las ventas en supermercados volvieron a caer en septiembre. Según el Indec, retrocedieron 0,8% interanual a precios constantes y 0,2% en relación con agosto, lo que indica que la mejora macroeconómica no se traduce en una recuperación del consumo popular. El dato se conoce en un contexto en el que el propio organismo informó que la economía creció 5% interanual ese mes y 0,5% respecto del mes anterior, lo que permitió esquivar la recesión técnica.

La persistencia de la caída en supermercados —uno de los principales termómetros del poder de compra— expone el deterioro del ingreso de los hogares, a casi dos años del inicio del gobierno de Javier Milei con Luis Caputo a cargo del Ministerio de Economía. Aunque en términos acumulados el sector muestra una suba de 2,7% respecto a los primeros nueve meses de 2024, la tendencia mensual es negativa y el índice desestacionalizado lleva tres meses consecutivos en baja.

Más del 44% de las ventas se concretó con tarjeta de crédito, lo que confirma que muchas familias recurren al financiamiento incluso para compras básicas. Las tarjetas de débito representaron el 26,4% de las transacciones y el efectivo, apenas el 16,2%. Los canales online, con una participación marginal (3,5%), crecieron 34,8% interanual, impulsados por sectores con mayor poder adquisitivo.

El informe también muestra que el ticket promedio fue de $30.099, con un alza interanual del 31,2% que quedó muy por debajo de la inflación acumulada en el período. En cuanto a las ventas por metro cuadrado, se ubicaron en $580.046, con una mejora nominal del 23,5%.

Por fuera de los supermercados, las ventas en shoppings cayeron 3,4% interanual y en los autoservicios mayoristas, el desplome fue del 13,1%. Ambas cifras refuerzan la misma conclusión: el consumo sigue en retroceso, incluso en un escenario de reactivación de algunos indicadores de actividad.

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El primer año de gobierno de Javier Milei terminó con un resultado opuesto al que prometía su programa de superávit fiscal y equilibrio macroeconómico: la Argentina volvió a endeudarse con el mundo, ahorró poco y tuvo más salidas que entradas de dólares. Así lo muestra el informe “Ingreso y ahorro nacional” publicado por el Indec, que analiza los principales flujos económicos del país en 2024.

En términos concretos, el país cerró 2024 con un superávit neto de $5,3 billones frente al resto del mundo, revirtiendo el déficit de $5,4 billones registrado en 2023. Este dato puede leerse como un alivio coyuntural para el Gobierno, aunque detrás del número hay un problema de fondo: el saldo positivo no provino de una mejora estructural de las cuentas sino de un esquema que permitió la fuga de utilidades, dividendos e intereses al exterior. Así, la economía no retuvo más dólares ni generó mayor capacidad de financiamiento interno.

Entre las causas centrales del giro negativo está la salida récord de ganancias, intereses y otros pagos al extranjero. En 2023, empresas extranjeras, acreedores e inversores se llevaron del país $6 billones. En 2024, ese monto se triplicó y llegó a $17,6 billones. Son utilidades, dividendos, pagos de deuda y otros egresos que no quedaron dentro de la economía nacional.

Esta fuga de ingresos ocurrió en el primer año de un gobierno que promovió la apertura económica, la desregulación y la liberalización de restricciones al giro de utilidades al exterior. El contraste con 2023, cuando regían mayores controles a esos movimientos, fue notorio. El superávit comercial —haber exportado más de lo que se importó— no alcanzó para compensar esas salidas. La balanza comercial fue positiva, pero se licuó entre pagos al exterior y transferencias de ingresos, lo que derivó en nuevo endeudamiento.

El ajuste del gasto público tampoco se tradujo en una mejora del ahorro nacional. El informe muestra que el ahorro nacional bruto fue apenas 16,7% del PBI, una cifra muy similar a la de 2023, que fue de 16,2%. Es decir, la motosierra no generó un colchón interno de ahorro, sino más bien un traslado del esfuerzo a los hogares y empresas.

Esto se refleja también en el consumo: el gasto del Estado cayó de 16,3% a 14,9% del PBI, pero el consumo privado subió de 65,6% a 66,7%, pese a la caída del salario real y la recesión. El sector privado absorbió el ajuste sin ayuda estatal, y sin capacidad de ahorrar más.

La economía argentina cerró 2024 más vulnerable en sus cuentas externas, con menos herramientas de financiamiento genuino y mayor exposición al endeudamiento. El desequilibrio no se corrigió: no se logró retener dólares, ni mejorar el ahorro, ni evitar la necesidad de tomar deuda para cerrar el año.

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El programa económico libertario tiene contradicciones: una de las más cuestionadas es la intervención en los precios más importantes de la economía. El dólar, claro. Pero también los salarios. El gobierno del libre mercado, el que insiste con que la inflación es un fenómeno pura y exclusivamente monetario, impone un techo a las paritarias para que los salarios no echen leña al fuego inflacionario. Y efectivamente, desde enero, logra que los acuerdos cierren por debajo de la inflación mensual. 

Sin embargo, el mismo Gobierno también celebra que los salarios le ganen a la inflación. El ministro de Economía, Luis Caputo, compartió en twitter un gráfico en base a datos oficiales de evolución promedio de salarios del SIPA (Sistema Integrado Previsional Argentino, el organismo que administra los fondos generados con los aportes jubilatorios realizados por los trabajadores públicos y privados del país), con la leyenda: “El salario real privado registrado está en su máximo nivel desde agosto de 2018”. Y los libertarios respondieron: “Gracias toto, de a poco van recuperando el país del desastre kuka” (sic), “VLLC!” (sic), “Argentina será próspera”. 

Y en efecto, el último informe de la la Situación y Evolución del Trabajo Registrado que publica la Secretaría de Trabajo muestra que en febrero de 2025, el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales del sector privado fue 7% mayor al nivel de noviembre de 2023, mes previo al inicio de la actual gestión de gobierno. 

“¿Están creciendo los salarios aún cuando el Gobierno definió un techo muy estricto a los aumentos negociados en paritarias y no está homologando los acuerdos que superan esa pauta?”, se preguntan los investigadores del Programa de Capacitación y Estudios sobre Trabajo y Desarrollo CETyD, que pertenece a la Escuela Interdisciplinaria de Altos Estudios Sociales (IDAES) de la Universidad Nacional de San Martín. 

¿Qué festeja el Gobierno?

Spoiler alert: un aumento de intensidad laboral. Según el CETyD, entre fines de 2023 y 2024, el nivel de empleo cayó 2,3% pero crecieron un 5,1% las horas extra trabajadas.  

“Los trabajadores no están cobrando más porque hayan aumentado sustancialmente sus salarios, dado que las paritarias están pisadas. Por el contrario, sus ingresos se incrementaron porque están trabajando horas extra”, se responden desde CETyD. En efecto, si se excluye el crecimiento de las horas adicionales, el salario por hora trabajada creció apenas 2%, muy por debajo del 7% que festeja Caputo.

Esto puede deberse a que, en el actual contexto de inestabilidad, las empresas están optando por aumentar las horas de trabajo, más fáciles de desarmar en caso de parate del consumo, antes que contratar más trabajadores a sus plantillas. 

Este fenómeno no sólo visibiliza un aumento de la intensidad, sino que genera una mayor flexibilización del mercado laboral. Es que el aumento de ingresos basado en el incremento de las horas extra es inestable y corre el riesgo de ser rápidamente revertido si la actividad se estanca o se retrae. “A diferencia de los aumentos negociados en paritarias, las horas extra son el primer componente salarial que se elimina cuando el ciclo económico pierde dinamismo”, resume CETyD.

También se da el fenómeno del pluriempleo. Es decir, los mismos trabajadores aumentan la cantidad de horas trabajadas (en otros empleos) para poder compensar el salario bajo de su principal actividad. Todo eso aporta a la masa salarial que mide el SIPA. 

“Esta diferencia que observamos para fines de 2024, seguramente se haya profundizado a principios de 2025 (período para el cual no hay información disponible aún), considerando la acentuación del desacople entre los salarios efectivamente cobrados y los negociados en paritarias que ocurrió durante esa etapa”, aseguran desde CETyD.

Todo marcha acorde con el plan

“El propio ministro de Economía está diciendo que el salario efectivamente pagado, que incluye horas extras, aumentos fuera de convenios (NdR: como pueden ser cargos jerárquicos), fue con una velocidad mayor a la de la inflación, entonces el ancla no funcionó. ¿Para qué le pusiste el techo a las paritarias? ¿Cuál es la consecuencia? Más desigualdad en el mercado de trabajo”, asegura en diálogo con este diario el abogado laboralista y miembro del CETyD Juan Manuel Ottaviano.

En el marco teórico gubernamental, eso se llama competitividad: “Es decir, todo marcha acorde al plan. Pero el resultado es que tenés intensificación de la mano de obra, pluriempleo, trabajo informal, y gente que sale a buscar horas extras”, concluye Ottaviano.

El “logro” del que se jacta el Gobierno es una foto distorsionada: salarios que suben, sí, pero no por paritarias libres ni por una mejora genuina del poder adquisitivo, sino por más horas trabajadas, más precariedad y más desgaste. La estadística esconde la sobrecarga laboral y el deterioro de las condiciones de vida. Si la recuperación salarial llega de la mano del pluriempleo y la intensificación, el país no se encamina a la prosperidad sino a un modelo que reparte mejor las penurias que los derechos.

NR/JJD

En enero de 2025, el índice de salarios subió en promedio 2,9% respecto del mes anterior, según informó el Indec. Aunque el dato marca un incremento nominal, debe leerse con cautela: la inflación de ese mismo mes fue del 2,2%.

Así, el salario formal volvió a quedar en enero debajo de la inflación: subió 1,9% (es el promedio de publico y privado) frente a un Indice de Precios al Consumidor (IPC) del 2,2.

El sector privado no registrado es, según el organismo, el único de los tres relevados donde se logró un aumento real de ingresos.En este sector los salarios se incrementaron 8,6% mensual, una cifra que superó cómodamente al aumento de precios. En cambio, en el sector privado registrado, los sueldos apenas crecieron 2,3% y en el sector público subieron tan solo 0,9%, lo que representa una caída del poder adquisitivo en ambos casos.

Los datos del informe evidencian que, aunque el promedio general supera levemente la inflación, se trata de una mejora explicada casi exclusivamente por los trabajadores informales, un segmento que habitualmente queda rezagado, pero que en este contexto reaccionó con más velocidad.

Desde una perspectiva interanual, el índice salarial muestra una suba del 117% entre enero de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, en ese mismo lapso, la inflación acumulada —según datos previos del Indec— fue superior al 250%, lo que implica que ningún segmento del mercado laboral recuperó el poder de compra perdido. Los datos específicos lo confirman: el salario informal creció 189,6%, el del sector privado formal 111,0%, y el del sector público 97,5%.

Desde una perspectiva interanual, el índice salarial muestra una suba del 117% entre enero de 2024 y enero de 2025. Sin embargo, en ese mismo lapso, la inflación acumulada —según datos previos del Indec— fue superior al 250%, lo que implica que ningún segmento del mercado laboral recuperó el poder de compra perdido

Este deterioro del ingreso ocurre en un contexto de ajuste fiscal profundo promovido por el gobierno de Javier Milei, que mantiene congelados los salarios estatales, recortó transferencias, eliminó programas y redujo subsidios. En ese marco, el sector público se consolida como el más golpeado, con una evolución salarial prácticamente estancada desde diciembre.

Mientras tanto, el empleo formal privado depende de paritarias que, en muchos casos, se renegocian con rezago frente a los aumentos de precios. La falta de cláusulas de actualización automática en un contexto de inflación inercial impide que los trabajadores recuperen lo perdido.

En contraste, el trabajo informal —sin regulaciones ni convenios— ajusta de forma más rápida y brusca, aunque con una base más baja y condiciones más precarias. Esto permite, coyunturalmente, mejoras superiores al promedio, como se observó en enero, pero sin garantías de estabilidad o continuidad.

El informe también detalla la estructura del índice: el sector privado registrado representa el 50,16% del total, el sector público 29,91% y el no registrado 19,93%. La mejora del índice general, por lo tanto, no se explica por un avance homogéneo, sino por el fuerte impacto del incremento informal sobre una base estadística menor.

En términos reales, los datos son preocupantes. Si bien enero marcó una desaceleración inflacionaria respecto de diciembre, el nivel de precios aún erosiona cualquier suba que no supere el 2,2%. En ese contexto, el 2,9% de aumento promedio resulta engañoso: una gran parte de los trabajadores sigue perdiendo contra la inflación.

La política de déficit cero impuesta por el Gobierno busca estabilizar las cuentas públicas, pero no contempla mecanismos de protección del ingreso, y eso se refleja mes a mes en los datos oficiales.

El deterioro de los salarios formales se da mientras el Gobierno celebra logros fiscales y de mercado. Sin embargo, los números del Indec muestran que esa estabilidad se sostiene a costa de una caída prolongada en el poder de compra de trabajadores y jubilados.

Por lo tanto, aunque el gobierno de La Libertad Avanza lo festeje con bombos y platillos, lejos de anunciar una recuperación, el informe de enero advierte sobre un escenario desigual: solo el empleo informal mostró mejoras reales, mientras los sectores formales —que deberían ser el sostén de la economía— siguen perdiendo frente a los precios. Y si esa tendencia no se revierte, el ajuste económico continuará asentándose sobre los ingresos de quienes menos margen tienen para sostenerlo.

JJD

A diez meses de iniciado el gobierno de Javier Milei, el Ejecutivo celebra un logro: haber perforado el piso de 4% de inflación mensual que venía siendole esquivo en los cuatro meses anteriores: 4,2% en mayo, 4,6% en junio, 4% en julio y 4,2% en agosto. A su vez, el 3,5% de septiembre permitió retornar a una senda descendente, y desaceleró fuerte la inflación núcleo, es decir, aquella que deja de lado los precios regulados (en los que el Estado interviene, como las tarifas) y los estacionales (como las frutas y verduras o el turismo). De 4,1% en agosto, a 3,3% en septiembre. Los bolsillos argentinos celebran el alivio, pero lejos están de acompañar las buenas noticias.

Con el dato de septiembre, la inflación en lo que va de 2024 alcanzó el 101,6%, la inflación de la era Milei el 153% y la interanual 209%. ¿Qué rubros traicionaron al alza? El rubro con mayores aumentos fue “Vivienda, agua, electricidad, gas” con un incremento de 7,3%. Es el resultado del ajuste de tarifas y especialmente de alquileres. El rubro “Prendas de vestir y calzado”, a diferencia de los meses anteriores, ajustó sus precios por encima del promedio: 6%. En tercer lugar, “Educación” se movió en torno del 4,3% dados los aumentos autorizados para los colegios privados.

Por debajo del promedio destacó el rubro “Salud”, que mostró variaciones de 3,3%, como resultado del incremento en prepagas y de remarcación de 1,7% en los precios de medicamentos (y 4,9% en PVP PAMI aunque si se incluyen los medicamentos excluidos del vademécum recientemente el guarismo asciende a 9,7%).

Más destacable aún es el rubro “Alimentos y Bebidas”, que desaceleró fuertemente su incremento. Luego de 3,6% en agosto, 3,2% en julio, de 3% en junio, 4,8% en mayo, en septiembre alcanzó un 2,3%. En este punto colaboraron tanto la carne vacuna, que se movió a la baja en Hacienda -4,9% en promedio respecto al mes anterior, y las verduras que en el segmento mayorista se redujeron en 3,2%. En el primer caso, la caída del consumo está influyendo, y en el caso de las verduras, operó la estacionalidad. ¿Pero qué pasa con los ingresos?

¿A qué costo el Gobierno está desacelerando la inflación?

Los bolsillos de los argentinos no sólo no logran recuperar el poder adquisitivo de noviembre de 2023, sino que caen nuevamente: el dato publicado del RIPTE (Remuneración imponible promedio de trabajadores estables) arrojó un crecimiento de los salarios de 3,8% en agosto. Ese mismo mes, la inflación fue de 4,2%, por lo cual perdieron capacidad de compra.

Esta evolución de los precios, en septiembre, estuvo sostenida en la fuerte caída del consumo (la consultora Scentia midió en agosto un desplome del consumo masivo de 17,2%), el férreo control sobre el tipo de cambio oficial (que continúa en la senda del 2% mensual) y la moderación de los dólares financieros (el CCL bajó 4% punta a punta). También colaboró la medida del Impuesto PAIS, cuya alícuota el gobierno había aumentado en diciembre y retrotrajo a 7,5% el 1° de septiembre.

En octubre, la calma (con tendencia a la baja) en los dólares paralelos podría colaborar, así como la reducción del precio del gas y la nafta, si bien en este último caso, las empresas ya solicitaron aumentar nuevamente por el incremento del precio internacional en el marco de la tensión en Medio Oriente.

La cuestión es a qué costo el gobierno está desacelerando la inflación. Y allí preocupan seriamente los datos de actividad y empleo. Luego de sostener desde el Ejecutivo que lo peor ya había pasado, que comenzaba un sendero de recuperación, los datos de septiembre mostraron heterogeneidad: tanto las ventas de CAME como la construcción volvieron a caer contra el mes anterior (además de caer fuerte interanual): -0,5% y -5,43%.

Más grave aún es la situación del trabajo asalariado registrado: entre noviembre 2023 y julio de 2024 se perdieron 187.725 puestos, de los cuales 146.465 pertenecen al sector privado y 41.260 al ámbito público. Además, por segundo mes consecutivo, el sector industrial encabezó la caída con 2.855 empleos perdidos.

Con una economía que, según las propias previsiones presupuestarias del Gobierno, se dirige a terminar el año con una caída de 4%, el consumo privado derrumbado 6% y la inversión en el subsuelo de -22%, resulta difícil celebrar el dato de inflación.

CB/JJD

La Policía de Misiones rechazó este jueves la propuesta del 30% de aumento que les ofreció el gobierno provincial de Hugo Passalacqua, por lo que sigue el conflicto con epicentro en el Comando Radioeléctrico. Además, en la noche del jueves, una congregación de trabajadores de la educación y otros sectores se agrupó cerca de la Legislatura, exigiendo incrementos salariales. Esta protesta, como consecuencia de la cual se produjeron incidentes, ocurre en el contexto del séptimo día consecutivo de manifestaciones. Cerca de las 20.30, además, otro grupo de manifestantes se trasladó a la puerta de la casa del gobernador, Hugo Passalacqua, que fue protegida por efectivos de Infantería.

Los efectivos formaron un cordón con escudos y arrojaron gases lacrimógenos. Algunos manifestantes, en su mayoría docentes, atacaron el portal con piedras.

Más temprano, en la Legislatura, trabajadores de la educación y de otros sectores del Estado intentaron forzar la entrada al edificio moviendo las vallas. La protesta se había organizado específicamente para las 18, con el fin de que coincidiera con la sesión de la Legislatura. Por eso, el Gobierno había dispuesto la instalación de un vallado triple, por la mañana, con un refuerzo que incluyó soldaduras y tornillos para evitar que los manifestantes pudieran tirarlas. Pese a eso, algunos manifestantes lograron ingresar al hall del edificio.

De acuerdo con el medio local La Voz de Misiones, se trata de la tercera marcha docente hacia la Cámara de Representantes de la provincia. Junto a ellos marcharon también integrantes del servicio penitenciario, efectivos de la Policía, sanitarios y judiciales.

Ramón Amarilla, uno de los referentes y voceros de la protesta policial, afirmó que los funcionarios misioneros ofrecieron un 30% como “máximo esfuerzo”. La asamblea de policías rechazó rápidamente la oferta e insistió en el 100% de aumento salarial.

“Vamos a respetar lo que dice la asamblea. Nosotros respetuosamente vamos a tener que comunicarle que no aceptamos. El personal policial viene con una esperanza acá, ese monto es irrisorio”, aseguró Amarilla.

Más temprano, el ministro de Gobierno misionero, Marcelo Pérez, había asegurado que la “sublevación” de la Policía provincial es “inadmisible” y advirtió que se serán echados los efectivos que se plieguen a la medida de fuerza.

Según especificó Pérez en declaraciones radiales y consultado por el posible despido de los agentes, resaltó la existencia de una “denuncia penal y esa denuncia determinará las responsabilidades”. En esa línea, sumó: “No pueden utilizar bienes del Estado para protestar. Está fuera de la ley”.

Además, denunció “28 móviles policiales que fueron robados” y están “siendo utilizados para cualquier cosa”. Por ese caso, está abierto un conflicto en la Justicia local, que libró oficios para recuperar los móviles que están en la protesta desde la semana pasada.

En este contexto, Amarilla indicó que “no son delincuentes” e instó a que “si los quieren (a los móviles), que los vayan a buscar”. Según relató el vocero, uno de los comisarios del Comando Radioeléctrico les informó de la medida luego de que el pedido se efectuara, durante la mañana de ayer, por parte del titular de la Fiscalía de Instrucción N°6, René Casals. “Nosotros solo queremos solucionar nuestra cuestión salarial. Ellos dicen que los móviles no están operativos, pero hoy mismo trasladamos a un señor al hospital con uno de esos vehículos. Vengan, les daremos las llaves”, afirmó Amarilla.

JJD, con información de NA

Antes de dejar en offside a Martín Menem y a Victoria Villarruel con el aumento de las dietas de diputados y senadores —que en pocas horas anunciaron y retrotrajeron— Javier Milei se subió el sueldo al menos un 12%. Fue a través del decreto 206/24, del 28 de febrero, que firmó junto al jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

El artículo cuarto de la norma establece que el incremento pactado en la paritaria estatal “se extenderá a las retribuciones de las Autoridades Superiores de las Jurisdicciones, Entidades y Organismos del Poder Ejecutivo Nacional”, lo contrario a lo que disponía el mismo artículo del decreto 90/24, rubricado el 26 de enero por los mismos funcionarios y anunciado a los cuatro vientos como parte de la “motosierra contra la casta”. 

Al igual que las dietas legislativas, los sueldos de la planta política del Ejecutivo pueden seguir o no la evolución de la paritaria de los estatales que negocia UPCN. En el caso del Congreso, la tradición que decidieron seguir Menem y Villarruel fue la que dispusieron sendas resoluciones de los titulares de ambas cámaras en 2011 y se mantuvo desde entonces bajo distintos signos políticos, pero que depende de la voluntad de los jefes del Senado y de Diputados. 

Para los funcionarios del Ejecutivo con cargo de subsecretario para arriba, el decreto 90/24 estableció que el 16% de enero no se traslade a las remuneraciones. Pero Milei decidió que el 12% de febrero sí. Si se aplica a su propio salario bruto de diciembre ($4.066.018 divididos en un básico de $1.807.295 y un “complemento por responsabilidad del cargo” de $2.258.722, según publicó la agencia Noticias Argentinas), son $487.922 más. Una suba equivalente a casi tres salarios mínimos. 

Más allá de lo que deba o merezca ganar, la decisión contrasta con lo que el mismo Milei dijo el jueves por la noche para fulminar las pretensiones salariales de los legisladores a quienes Menem y Villarruel habían extendido el 30% pactado con la Asociación del Personal Legislativo (APL). “Que no me vengan con que a ellos no les alcanza porque hay muchísima gente que la está pasando muchísimo peor con muchísimo menos plata”, soltó por televisión. 

También contrasta con la pompa del anuncio de fines de enero, cuando el secretario de Transformación del Estado y Función Pública, Armando Guibert, dejó trascender que no ajustaría los salarios del ala política del Ejecutivo para sostener la “línea de austeridad” que le pidió imprimirle al cargo su jefe, Nicolás Posse. Ingeniero y de 75 años, Guibert ya había sido subsecretario de Reforma y Modernización durante los primeros años de la presidencia de Carlos Menem y acaba de sumar otro cargo —ad honorem, eso sí— como director del Banco Nación. 

Por cómo se calculan las remuneraciones de la planta política del Ejecutivo, en realidad, la suba del sueldo de Milei, sus ministros y sus secretarios y subsecretarios podría superar el 12% habilitado por el decreto 206/24 y llegar al 29,9%, casi lo mismo que se anunció para diputados y senadores y luego se revirtió en medio de acusaciones cruzadas internas. Es porque la base sobre la que se aplica la recomposición no es el salario de cada funcionario sino el del empleado mejor remunerado dentro del convenio de UPCN, que figura como “categoría A14” en una escala que va de la “A” a la “F” con subcategorías dentro de cada una. 

El Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP) establece que los subsecretarios ganen siempre un porcentaje por encima de ese sueldo más alto de la escala, de tal manera de evitar el solapamiento que también se da en muchas empresas privadas y que genera malestar entre quienes ganan menos que el personal a su cargo. Como ese salario de referencia ya se recompuso en un 16% en enero y es la base de comparación, aunque el decreto 90/24 haya procurado “desenganchar” los sueldos de la planta política, el decreto 206/24 volvió a engancharlos.  

“Me acaban de informar que producto de un decreto firmado por la expresidenta Cristina Kirchner en el año 2010, que establecía que los cargos políticos siempre debían cobrar más que los empleados de la administración pública, se otorgó un aumento automático a la planta política de este gobierno”, se escudó el presidente Milei, vía X, cuando se conoció la noticia, primicia de elDiarioAR. No es así. 

La medida no fue “automática”, sino que el decreto que dispuso el aumento de su sueldo y el de todos los miembros políticos de su equipo lleva su firma, además de la de la ministra Pettovello y del jefe de Gabinete, Nicolás Posse. 

Desde que asumió, y mientras aplica un ajuste inédito por su intensidad sobre jubilaciones, salarios públicos y programas de ayuda social, Milei viene intentando demostrar que da el ejemplo y que su “motosierra” implica también sacrificios del funcionariado que él encabeza. Esta semana, por caso, Presidencia anunció el traspaso a la Fuerza Aérea de dos aviones y tres helicópteros que hasta ahora constituían su propia flota. El vocero Manuel Adorni destacó que el mantenimiento correrá por cuenta de la cartera de Defensa, que conduce Luis Petri, aunque aclaró que, en caso de necesitarlas, el Presidente podrá usar las aeronaves.  

AB/DTC

Los primeros dos meses de gobierno del presidente Javier Milei arrojaron una fuerte aceleración en la inflación, con un índice que alcanzó el 51,4% entre diciembre y enero, y un aumento del dólar libre —un promedio entre el MEP y el blue— del 8,6%. En este sentido, la economía argentina enfrenta un periodo de ajustes y desafíos significativos a los cuales se le suma el encarecimiento notable en moneda dura que está experimentando, principalmente en bienes de primera necesidad.

Si se hace una comparación entre los precios de bienes y servicios básicos como fideos, leche, transporte público, nafta, pantalón de jean y remera se advierte que los precios se acercan a los de otros países del mundo como España o Estados Unidos, con la diferencia de que la brecha entre el nivel de salario es muy amplia.

Los sitios web de supermercados en Argentina, Estados Unidos y España muestran que, en el caso del litro de leche, el valor para nuestra economía se sitúa en los US$0,71 mientras que en la economía norteamericana el precio es de US$0,88 y en España oscila los US$0,99. Este caso es bastante esclarecedor ya que, si bien, el producto en Argentina sigue estando por debajo del precio internacional medido en moneda dura, si se toma el precio de diciembre, se evidencia un incremento de casi el 60% en dólares.

Algo similar sucede con el paquete estándar de fideos secos: al día de hoy, su cotización interna alcanza los US$1,02 mientras que en diciembre rondaba los US$0,55. En este caso, si bien sigue estando por debajo del precio en los supermercados estadounidenses ya superó los US$0,78 mostrados en góndolas españolas.

El caso de la nafta es muy parecido ya que, si bien hubo un salto cercano al 100%, aún el litro está por debajo de Estados Unidos y España.

Por otro lado, algo que se encarga de recalcar el equipo económico del presidente cada vez que puede es lo atrasadas que se encuentran las tarifas de los servicios públicos tales como luz, gas y transporte. Si bien se encuentra programado un aumento del 150% en luz y gas para los próximos meses, estas tarifas seguirán estando por debajo de los estándares internacionales. Lo mismo sucede con el transporte público —en este caso colectivo— que en nuestro país se paga un boleto de US$0,28, mientras que en Estados Unidos el precio alcanza los US$2,75 y en España los US$1,60.

Diferente es el caso de los bienes durables: por ejemplo, tomando como referencia una Jeep Cherokee nueva es posible ver que el precio de venta en Argentina alcanza los US$155.000 cuando en Estados Unidos se sitúa en el orden de los US$66.000 y en España alrededor de US$90.000. En otro orden de magnitud, pero similar relación se sitúan los precios de los teléfonos celulares.

Aunque Argentina no se encuentre cara en dólares, es evidente su encarecimiento durante los últimos dos meses. Sin embargo, no todos los precios experimentaron incrementos acercándose a los estándares internacionales. Uno de los precios más importantes de la economía experimentó un incremento de tan solo el 15,3% —en pesos— entre diciembre y febrero. El precio en cuestión es el precio del trabajo: el salario.

En términos referenciales, el Salario Mínimo Vital y Móvil se situaba en $156.000 durante diciembre de 2023 y en febrero de este año alcanzó los $180.000, lo cual arroja un valor de US$ 168. Muy diferentes son los casos de Estados Unidos y España, países en los cuales el Salario Mínimo ronda los US$ 1.300.

Si bien el Salario Mínimo Vital y Móvil sirve, principalmente, como una referencia para la política de asistencia social, Argentina cuenta con el sueldo mínimo más bajo de la región medido en dólares después de Venezuela.

A esto se le suma el hecho de que, en nuestro país, el trabajo no registrado —en términos relativos— crece a pasos agigantados lo cual genera una desprotección cada vez mayor dentro de este sector.

La consecuencia directa es la estrepitosa caída del consumo evidenciada durante los primeros meses del año. Según CAME, en enero, la caída interanual de las ventas en el comercio minorista PyME fue de 28,5%.

¿Es un problema de precios o es un problema de ingresos?

Fernando Morra, director de Análisis Macroeconómico en Suramericana Visión explicó que “durante los últimos años, con una brecha tan alta, el tipo de cambio real —tomando el financiero— hacía a Argentina muy barata. Con la compresión de la brecha, te estas yendo a un valor de bienes y servicios más parecido a precios internacionales”.

“El problema es que, con el salto cambiario, te quedaron salarios promedio de US$ 500. No es que los bienes y servicios estén caros y no te hagan competitivos internacionalmente, es que los ingresos están destruidos y ahí radica el problema principal porque Argentina no es un país de US$ 500 al mes de ingresos. Normalmente oscila entre los US$ 10.000 y US$ 12.000 anuales per cápita. No es que los precios estén altos en dólares, sino que los salarios están muy bajos”, agregó.

De cara al futuro cercano, el economista vaticinó que “el problema es que, cuando se muevan los salarios —sin aumento de productividad—, si los empresarios suben los precios para mantener margen, la consecuencia directa ahí sí se va a generar un gran encarecimiento en dólares”.

La pregunta sobre si es apropiado comparar los precios locales con los internacionales para determinar si están “atrasados” o no, lleva a un debate más profundo sobre las bases de dicha comparación. Argumentar que los precios locales deben alcanzar a los internacionales sin considerar factores como la productividad interna y los costos de producción locales podría llevar a conclusiones erróneas sobre la economía. En cambio, una evaluación que considere la productividad y los costos internos proporcionaría una perspectiva más equilibrada sobre si los precios están realmente “altos” o “bajos”.

IC/JJD