Luz Marina Velásquez acumula casi la mitad de sus 48 años recorriendo los 30 kilómetros que separan a la estación Parque del Este en Caracas de su casa en Guarenas, estado de Miranda, a 45 minutos de la capital venezolana. La vida se le va en un ida y vuelta continuo, de lunes a viernes, en transporte público. En este trayecto puede tardar de dos a cuatro horas dependiendo del lugar donde trabaja como empleada doméstica. Todo un trajín que la desvela y le quita el tiempo que bien podría disfrutar con sus hijos.

En 2008 vio por primera vez a un grupo de hombres con cascos y máquinas pesadas a un costado de la autopista que conduce a Guarenas. También padeció las largas colas de automóviles que se formaban por la interrupción constante del tráfico debido a las obras. Sin embargo, la esperanza aliviaba sus molestias. Se imaginaba montada en el vagón del Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

“Uno pensaba que el traslado sería más rápido. Que íbamos a dormir un poquito más y a tener más tiempo para compartir con la familia, con mis hijos”, recuerda Luz Marina. No sospechaba que esas enormes columnas de concreto que permanecen sobre la autopista formarían parte de la pieza clave del mecanismo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht en Venezuela, en la cual se gastaron casi 9 mil millones de dólares, producto de la sobrefacturación, sin que nunca empezara a andar.

Lo que sí comenzaron a rodar cuesta abajo fueron las esperanzas de Luz Marina. Sintió cómo su ilusión se desvanecía en cuestión de seis años, desde que vio los primeros trabajos del sistema de transporte en 2008 hasta 2014, cuando cayó en la cuenta de que el Metro Caracas-Guarenas-Guatire era otra promesa descarrilada del chavismo.

“Fue pasando el tiempo y uno veía esas columnas levantadas y que le montaban los rieles a unos tramos. Creía que de verdad se estaba haciendo un trabajo. Pero también veía que las columnas de otros tramos seguían sin terminar. Yo recuerdo que en 2014 mi hermana siempre me decía que ‘en la autopista para Caracas no están haciendo nada, no hay columnas ni túneles’. Era verdad. Entonces entendí que a eso todavía le faltaba mucho”, relata la mujer desde su casa en la urbanización Menca de Leoni, en Guarenas.

En realidad, al Metro Caracas-Guarenas-Guatire no le falta mucho sino casi todo. Según Transparencia Venezuela, hasta 2017 la obra presentaba apenas 27% de avance. Hoy de esos 8 millones 972 mil dólares entregados a Odebrecht entre 2006 y 2015 mediante contratos complementarios, solo quedan unas columnas que los políticos locales usan para pegar afiches en épocas de elecciones y que los alcaldes pintan como si fueran grandes logros de la gestión.

Una base de datos multimillonaria

Las cifras de la inversión asignada al Metro Caracas-Guarenas-Guatire corresponden a una base de datos que registra los documentos hallados durante dos allanamientos realizados el 14 de febrero de 2017 en dos oficinas de Odebrecht en Caracas.

La documentación encontrada por los fiscales y funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) fue revisada y procesada por un equipo conformado por  tres  expertos auditores, quienes organizaron toda la información en una tabla Excel, que recoge 275 contratos firmados por la constructora brasileña con el chavismo desde 2002 hasta 2015.

En esa tabla -de la cual se informarán más detalles en una próxima entrega del especial de Investiga Lava Jato- figuran los montos de los contratos, adendas, modificaciones de los presupuestos, los ministerios y empresas del Estado clientes de Odebrecht y los funcionarios firmantes tanto de Venezuela como de Brasil.

La información confidencial, a la que tuvo acceso la Alianza Rebelde Investiga (ARI), es reveladora. En el caso específico del Metro Caracas-Guarenas-Guatire evidencia el derroche y la corrupción que esconden las columnas de concretos abandonadas. La obra comenzó con un presupuesto de 1.303 millones de dólares y aplicó la fórmula de los sobreprecios para convertirse en la pieza clave del mecanismo de desfalco de Odebrecht en Venezuela. 

En 2006, Hugo Chávez aprobó un presupuesto de 1.303 millones de dólares para la obra y el monto fue firmado el 21 de diciembre de ese año por el entonces presidente del Metro de Caracas, Gustavo González López. Tras 24 modificaciones al presupuesto inicial, la mayoría de los cambios aprobados a través de puntos de cuentas -memos oficiales- firmados por el propio Chávez entre 2006 y 2012, el monto creció hasta los $8.981 millones. Se sumaron $7.678 millones en sobrecostos. Es decir, el valor de la obra se incrementó 589%. Terminó costando siete veces más.

González López, quien es actualmente director de la policía política (Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, Sebin), suscribió cinco contratos relacionados con esta obra entre 2006 y 2008, mientras ocupaba la presidencia del Metro de Caracas.

El contrato inicial por 1.303 millones de dólares en realidad era un presupuesto mixto expresado en dos monedas: bolívares y dólares (Bs. 1.423 millones; $640,7 millones). 

Transparencia Venezuela identifica que la fórmula mixta de los presupuestos, que en algunos casos, como el del Metro Caracas-Guarenas-Guatire, contemplaban euros además de bolívares y dólares, también se prestaba para las distorsiones en los pagos adicionales. Con el mismo criterio concuerda uno de los fiscales que investigó el caso, entrevistado para este reportaje.

Según expertos en contratos consultados por Transparencia Venezuela, en las modificaciones de los montos reflejados en diferentes monedas se encuentra un posible mecanismo de corrupción en los acuerdos con la constructora brasileña (Informe Odebrecht 2018). 

Quince adendas referentes a las “modificaciones de cláusulas de contrato” fueron las que recibieron mayores asignaciones, un total de 6.369 millones de dólares. Prácticamente la totalidad de ese monto por modificaciones (6.353 millones de dólares) fue aprobado por Haiman El Troudi como representante del Estado venezolano, según revela la base de datos sobre las obras de Odebrecht en Venezuela a la que tuvo acceso ARI.

Además, los datos demuestran que el presupuesto asignado para esta sola obra del gigante brasileño en Venezuela supera los 6.000 millones de dólares en sobrecostos de 50 obras de Odebrecht en siete países de Latinoamérica y África, develado en 2017 por la investigación de la Alianza Investiga Lava Jato, bajo la coordinación de Convoca. 

Además, el Metro Caracas-Guarenas-Guatire recibió otros aportes extra a las adendas. Según la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre, publicado a 9 años de que se firmara el contrato de construcción, esta obra recibió un crédito adicional de 7.267 millones de bolívares (más de 1.153 millones de dólares, a tasa de cambio oficial de la época), señala el decreto 1.639 publicado en la Gaceta Oficial 40.607 del 24 de febrero de 2015.

Por eso, cobra especialmente sentido la declaración que dio en diciembre de 2016 el exgerente general de Odebrecht en Venezuela, Alessandro Gomes, ante la Procuraduría de Brasil. Como parte de su acuerdo de cooperación en la investigación del Lava Jato, Gomes aseguró: “La obra que más generó para la Caja 2 (administración paralela desde donde se pagaban los sobornos) fue la de Caracas-Guarenas-Guatire, pues era la de mayor margen de lucro”.

Desde Brasil, Odebrecht respondió ante la consulta de la Alianza Investiga Lava Jato que “cuenta con importantes derechos y créditos, derivados de contratos públicos suscritos en Venezuela, para la realización de importantes obras de infraestructura de ese país”. “La empresa tiene una estrategia para hacer valer sus derechos contractuales para la terminación unilateral de proyectos, pero prefiere no comentar los valores o detalles de sus iniciativas”, afirmó la compañía.

El mecanismo de Odebrecht

Gomes explicó el mecanismo que usaron para alimentar las cuentas para el pago de extorsiones o sobornos, la llamada “Caja 2”, a cargo del Departamento de Operaciones Estructuradas de la constructora brasileña.

El ex ejecutivo brasileño menciona tres obras fundamentales para la Caja 2: Metro Los Teques Línea 2, Metro de Caracas Línea 5 y Metro Caracas-Guarenas-Guatire. “Estimo que, en el periodo de 2011 a 2015, el valor de la Caja 2 fue (de) entre 120 y 140 millones de dólares en estas obras del metro”, afirmó en su declaración en referencia al lucro obtenido a través de estos proyectos.

Las siguientes palabras del testimonio de Gomes son aún más claras: “En esta obra teníamos un lucro líquido real en torno a 23%, que fue reducido, por medio de los contratos ficticios y, como consecuencia, la generación para la Caja 2 fue de 13%. Las demás obras del metro, que tenían márgenes menores, en torno a 9% a 18% (sic), la posibilidad de generación de Caja 2 era muy menor”. Es decir, el margen de lucro para Odebrecht se reducía en la medida en que la compañía pagaba sobornos a través de los contratos ficticios realizados con empresas asociadas a los sobornados.

La exfiscal Raiza Sifontes, exdirectora encargada de Anticorrupción en la Fiscalía General de Venezuela, corroboró esa información cuando viajó a Brasil en julio de 2017, en una misión oficial junto a su colega Pedro Lupera, uno de los fiscales encargado de la investigación. El objetivo era interrogar a los involucrados en el caso Lava Jato. 

Aunque Sifontes no pudo completar su tarea e incluso jamás logró regresar a Venezuela, debido a las amenazas de detención contra ella y Lupera, sí conoció que con ese lucro generado por el proyecto Metro Caracas-Guarenas, Odebrecht no solo pagó los sobornos en Venezuela, sino también en otros países de Latinoamérica, de acuerdo con el testimonio de los ejecutivos de CNO que colaboraron con la justicia de Brasil.

La del Metro Caracas-Guarenas-Guatire es la historia de un tren multimillonario que aumentó casi 600% su valor sin mover nunca ni un solo vagón. Forma parte del grupo de 24 obras de un total de 33 encargadas a Odebrecht que jamás fueron terminadas, según determinó Transparencia Venezuela. Debía haber sido entregada el 15 de noviembre de 2019, de acuerdo con la Memoria y Cuenta 2015 del Ministerio de Transporte Terrestre. 

La amistad de Chávez y Euzenando Azevedo

Pocas veces una amistad debió resultar tan costosa para un país. De acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela en el Informe Odebrecht 2018, el total de sobrecostos de las obras de la empresa brasileña en Venezuela alcanzó los 29.974 millones de dólares.

Esa cifra tuvo su origen en la amistad entre Hugo Chávez y Euzenando Azevedo, gerente general de Odebrecht en Venezuela.

La relación comenzó a fraguarse en la campaña presidencial de 1998, de acuerdo con el relato de los fiscales venezolanos que forman parte del expediente que adelantaba el Ministerio Público antes de la destitución de Luisa Ortega Díaz. 

El exgolpista participó en una reunión para presentar su candidatura a los miembros de la Cámara Venezolana de la Construcción. Tras culminar su intervención, Chávez recibió el saludo de un brasileño. Era Euzenando Azevedo, con quien conversó durante 15 minutos.

En diciembre de 1998, ya con Chávez como presidente electo, Rafael Caldera, mandatario saliente, se alistaba a firmar un contrato con una empresa española para la construcción de la línea 4 del Metro de Caracas, pese a que, según dijo Azevedo a Chávez, la licitación la ganó Odebrecht.

Azevedo buscó a Chávez para contarle lo sucedido. Conversaron sobre la obra y Chávez le hizo una promesa: “Voy a hablar con Caldera porque no sería ético que él firmara un contrato de este tamaño, el mayor del país, cuando yo ya gané las elecciones”. Agregó que revisaría la licitación y si Odebrecht era la ganadora, le sería adjudicado el proyecto, destaca uno de los informes de los fiscales basado en declaraciones de Euzenando. 

Así nació una amistad muy costosa para los venezolanos, de acuerdo con la información revelada por los exintegrantes del Ministerio Público venezolanos que tuvieron acceso a la declaración del exgerente de Odebrecht en Venezuela.

Chávez, Maduro y Cilia Flores, en el piso legal

El siguiente paso en la fragua de tan cara amistad también estuvo relacionado con el expresidente venezolano Caldera, pero no con su segundo y último mandato, sino con el primero y un documento que dio piso legal a la entrega a dedo de las obras a Odebrecht.

En 1973, Rafael Caldera, en el último año de su primer periodo, aprobó el Convenio Básico de Cooperación Técnica entre los gobiernos de Venezuela y Brasil, el cual fue publicado en Gaceta Oficial en febrero de 1974.

En septiembre de 2005, 32 años más tarde, el chavismo modificó el acuerdo complementario número 1, para incluir obras de infraestructura en las regiones Amazónica y Orinoquense de Venezuela. En ese momento, Lula Da Silva acumulaba tres años en la presidencia de Brasil.

Con ese piso legal y al menos unos cuatro memorándums de entendimiento para la construcción de infraestructura, sector eléctrico, agrario y cooperación de vivienda y hábitat, se facilitó la aprobación de proyectos, no solo a un país, sino específicamente a una empresa, Odebrecht.

Los cuatro memorándums de entendimiento fueron refrendados entre 2007 y 2009, en la época en que Chávez era el presidente; Maduro, el canciller; y Cilia Flores se encontraba al frente de la Asamblea Nacional.

“Y es mediante el mandato del presidente Hugo Chávez Frías (F) que se generaron las condiciones legales para que la empresa Odebrecht interviniera en la totalidad de los proyectos de mayor importancia de las últimas décadas en el país y en diferentes áreas que comportaran grandes obras de infraestructura, todo lo cual se hizo por adjudicación directa”, apuntan los fiscales venezolanos en un informe al que accedió ARI. 

Los puntos de cuenta

Para completar la faena, se necesitaba una forma de asignar recursos sin pasar por la aprobación de la Asamblea Nacional. Chávez encontró la fórmula al utilizar el excedente petrolero. El barril de petróleo lo presupuestaron a un monto siempre inferior a lo que terminaba marcando el promedio anual.

Todo el monto que superaba lo presupuestado quedaba a disposición del líder del chavismo, quien con solo una firma, que él mismo llamaba “la rabo de cochino”, decidía a qué obras y qué monto se le asignaba, como lo contó Gomes a la Fiscalía de Brasil.

Ese artilugio del derroche fue utilizado por Chávez para favorecer a Odebrecht. Incluso, en 2012, un año antes de su muerte, firmó puntos de cuentas -memos oficiales- que favorecieron la gerencia de Azevedo, como por ejemplo para dar más recursos para la construcción de los talleres del Metro Caracas-Guarenas. De esa obra no existe nada en la actualidad, comprobaron en el lugar los reporteros de la alianza.

En 2011, con el apoyo de Rafael Ramírez, presidente de Pdvsa y ministro de Petróleo, Chávez y Odebrecht encontraron otra fuente para seguir con el pago de los contratos. Se trata del fideicomiso que generaron con la venta de nafta liviana, gasolina, que Pdvsa realizó a Braskem SA, la petrolera perteneciente al grupo Odebrecht, que cobraba las deudas con la nafta exportada. 

Con esos recursos financiaron obras como el Tercer Puente sobre el Río Orinoco (nunca entregado) y, por supuesto, el inacabado Metro Caracas-Guarenas-Guatire.

Ese fideicomiso lo constituyeron el 10 de mayo de 2011, de acuerdo con documentos de la investigación de los fiscales Sifontes y Lupera, el mismo año en el que Azevedo observó dificultades para cobrar los montos que reclamaba.

ARI consultó al expresidente de Pdvsa, quien aseguró que “el hecho de que se haya se haya establecido algún fondo con Brasil para pagar con petróleo o productos alguna obra (no recuerdo esto del metro), era un mecanismo usual entre los países y era una manera de aumentar el intercambio comercial y penetrar mercados, pero siempre era a precios de mercado”.

Del lobbista a Haiman El Troudi

Chávez, aún presidente, se encontraba en tratamiento médico por el cáncer. La administración de los recursos estaba en manos del funcionario multicargos Elías Jaua, Maduro y otros que lideraban el Gobierno.

A raíz de esa situación, el gerente general de Odebrecht en Venezuela contrató a un lobbista para ayudar a cobrar y recibir nuevos contratos. En la declaración de Gomes reluce el nombre Luis Enrique Delgado Contreras por la eficiencia de su trabajo y por los montos que cobraba.

Gomes recordó que en 2011 Azevedo le dio la instrucción de manejar la relación con Delgado, un hombre de negocios, quien tenía una oficina en Las Mercedes, en la que ya no opera.

“Luis Delgado usaba su poder de influencia para la aprobación de recursos para nuestros proyectos. Consecuentemente recibía las facturas de la compañía cuyo pago estaba atrasado; y en la aprobación de contratos adicionales que fueran de nuestro interés”, contó Gomes.

El alcance de las gestiones del lobbista permitía a los gerentes de Odebrecht conocer el contenido de los puntos de cuentas -memos oficiales- antes de que fueran firmados y, por lo tanto, cambiar y poner a su favor lo que les interesaba. 

En los allanamientos de febrero de 2017 a las oficinas de Odebrecht, los funcionarios encontraron documentos que solo debían estar en los archivos de la presidencia del Metro de Caracas y Los Teques, del Ministerio de Transporte y Comunicación o del Palacio de Miraflores.

Delgado recibió una comisión de 2% de todo lo que ingresó a las cajas de Odebrecht. Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7.700 millones de dólares, mientras que el lobbista obtuvo 100 millones de dólares.

El segundo lobbista fundamental en esta historia es Héctor Dáger, un abogado que gestionó el cobro de facturas y proporcionó información a Odebrecht sobre el proyecto Tocoma y la empresa Electricidad del Caroní (Edelca). 

Aunque también cobraba 2% de todo el dinero que ingresaba a la compañía brasileña gracias a su actividades e influencias, entre 2006 y 2009, llegaron a sus cuentas 28 millones de dólares, según la información de los fiscales venezolanos en el exilio. Es decir, 72 millones de dólares menos que lo atribuido a Delgado. 

ARI trató de contactarlos, pero en las oficinas asociadas a sus nombres negaron que estuvieran o los conocieran.

Luis Delgado también fue fundamental en la relación con Haiman El Troudi, expresidente del Metro de Caracas y exministro de Transporte y Comunicación. El Troudi aprobó 14 de las 25 modificaciones realizadas al contrato inicial en su gestión frente al Metro de Caracas.

Los testimonios documentales recogidos por fiscales brasileños y venezolanos y un proceso abierto en la Fiscalía General de la República establecen que existió un vínculo de negocios entre Delgado y El Troudi; con la esposa del exministro, María Eugenia Baptista Zacarías; y con su suegra Elita del Valle Zacarías. El proceso en la Fiscalía General terminó cerrado durante la gestión de Tarek William Saab en el Ministerio Público.

A las dos mujeres les enviaron 16,3 millones de francos suizos desde la cuenta de la empresa Alfa International SA, una de las firmas usadas por Odebrecht para repartir comisiones en los lugares donde tenían obras acreditadas en América Latina y África, de acuerdo con el testimonio de Euzenando Azevedo en Brasil.

ARI intentó contactar al exministro El Trouddi en la casa que le reconstruyen en el centro norte de Caracas, pero no fue posible ubicarlo. De acuerdo con información de personas cercanas al exfuncionario, hoy exonerado por la Fiscalía de cualquier investigación, su esposa y él pasan los días entre Aruba, Santa Lucía, San Martin y un barco con autonomía para navegar por un mes en el Caribe.

Obra paralizada por segunda vez

Odebrecht en Venezuela erigió impunidad. La fiscal Sifontes y el exvicefiscal Zair Mundaray aspiran a que llegue el momento de que se haga justicia. Saben perfectamente que mientras el chavismo se encuentre en el poder jamás se adelantarán las investigaciones que concluyan con el castigo para los responsables de un sobrecosto total en las obras de la compañía brasileña de más de $29.000 millones, según Transparencia Venezuela.

“De acuerdo con el relato de Alessandro Gomes, Hugo Chávez y luego Nicolás Maduro fueron copartícipes del delito de corrupción”, afirmó Mundaray para este reportaje. En febrero de 2017, el exvicefiscal, hoy exiliado en Colombia, viajó a Brasil con la entonces fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz. Se encontraban en ese país cuando secuestraron en Caracas a una de las hijastras y a un nietastro de la jefa del Ministerio Público.

Para un miembro de la Fiscalía que conoció el caso muy de cerca, la investigación no debió enfocarse solo en el pago de comisiones a los funcionarios públicos. Asegura que ese monto se acercó a los 1.000 millones de dólares y no se quedó en los 98 millones que los ejecutivos de Odebrecht reconocieron ante las autoridades de Brasil y Estados Unidos en diciembre de 2016, cuando estalló el caso Lava Jato en América latina. Venezuela encabezó entonces la lista de países con mayor flujo de sobornos de la constructora brasileña en la región, aparte de Brasil.

Según el exintegrante de la Fiscalía, el chavismo pagó todas las obras en 2012, pero se intentó refacturar montos más elevados para seguir sacando dinero de Venezuela.

En octubre de 2021 y en enero de 2022, el gobierno de Nicolás Maduro anunció la reanudación de las obras del metro pero la Alianza Rebelde Investiga (ARI) comprobó en el lugar que la supuesta reactivación quedó congelada en fotos oficiales. 

Hacia el final de esta ruta, no hay movimientos en la Justicia, o al menos noticias de ellos. De la construcción del Metro Caracas-Guarenas, solo queda el registro de las columnas levantadas para colocar sobre ellas el riel del tren, ubicadas en la autopista Guarenas-Guatire, que comprueban que la corrupción mata: en 2021, autoridades policiales registraron cinco fallecidos y 17 lesionados en 13 choques contra esas estructuras. 

Metodología

Las cifras publicadas en este reportaje corresponden a la filtración de una base de datos contentiva de los documentos confidenciales recabados durante dos allanamientos autorizados por el Ministerio Público en las oficinas de Odebrecht en Venezuela el 14 de febrero de 2017. Hasta hoy permanecían bajo la custodia del equipo de fiscales (hoy en el exilio) que hasta ese año investigaban el caso de la constructora brasileña en el país. Los datos debieron ser depurados, ordenados y clasificados en Excel para poder procesar las totalizaciones de contratos y adendas de 33 megaproyectos encargados a Odebrecht entre 2002 y 2015. 

Para este especial, se analizó en específico el proyecto del Metro Caracas-Guarenas-Guatire como emblema del mecanismo de corrupción de Odebrecht en Venezuela. En vista de que el presupuesto era mixto (expresado en en tres monedas: bolívares, dólares y euros) se concretó un solo monto convirtiendo los euros y bolívares en dólares calculados a la tasa oficial según la fecha de cada proyecto. 

Con la categorización de los datos, no sólo fue posible descubrir a los principales funcionarios que manejaron mayor número de contratos y recursos y la cantidad y tipo de adendas que se agregaron al presupuesto inicial sino que también permitió comparar que los exorbitantes montos de una sola obra en Venezuela superaban con creces el total de sobreprecios de 50 obras en 7 países calculados por la alianza transfronteriza Investiga Lava Jato, de la que forman parte Runrunes y El Pitazo. 

*La Alianza Rebelde Investiga (ARI) está integrada por los medios El Pitazo, Runrunes y TalCual. En este especial, los periodistas que integran la red para el especial “El costo de la corrupción” de Investiga Lava Jato son Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz. Base de datos: Carmen Riera. Fotos: Ronald Peña.

Nota: este artículo se corrigió el 3 de noviembre de 2022 a las 20:32. Donde decía que Gomes precisó que de 2011 a 2015, la empresa tuvo ingresos por 7,7 millones de dólares debía decir por 7.700 millones de dólares.

ED

Silvana Carrión Ordinola lidera la Procuraduría encargada del caso Lava Jato en Perú desde 2017, un organismo que nuclea a los abogados del Estado (equivalente a la Procuración del Tesoro en Argentina). Su rol como procuradora ad hoc es calcular y negociar las reparaciones económicas que su país les exige a las empresas que pagaron sobornos para obtener contratos de obra pública o privada. En una entrevista con el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* relató cómo Perú logró que Odebrecht una compensación económica por los daños que la corrupción le causó al Estado y explicó cómo fue el proceso que comenzó hace casi seis años. Un camino que no fue fácil y estuvo -está- plagado de obstáculos y que intenta alcanzar a otras empresas involucradas en el megacaso conocido como Lava Jato. 

En diciembre de 2016, Odebrecht reconoció el pago de sobornos por 788 millones de dólares en América (incluyendo Brasil) y dos países de África. En ese contexto, la constructora brasileña ha admitido el pago de 29 millones de dólares en sobornos a exfuncionarios peruanos para conseguir contratos de obra pública y privada (los PPP, en Argentina). Este jueves, el equipo periodístico de Investiga Lava Jato* -que integra elDiarioAR en Argentina- reveló que la constructora brasileña dio un giro a la historia y demandó al menos a cuatro países latinoamericanos por más de US$1.600 millones mientras los avances de las investigaciones penales contra la compañía en la mayoría de estas naciones han sido parciales o nulos. 

Si bien, casi seis años más tarde, Perú sólo tiene una condena por el caso Lava Jato, Carrión y su equipo han logrado que Odebrecht se comprometiera al pago de 190 millones de dólares al Estado peruano como reparación civil por los daños provocados por sus actos de corrupción. ¿Cómo lo hicieron?

Ese monto incluye 152,5 millones de dólares en reparación económica más 37,5 millones de dólares por intereses, ya que el pago será desembolsado a lo largo de 15 años. En el marco de ese acuerdo, en los últimos tres años, Odebrecht ha pagado a Perú unos 33 millones de dólares. 

Cuando se le preguntó qué garantizó el éxito contra la impunidad en su país -aunque parcial y posteriormente intervenido-, Carrión resaltó la importancia de la especialización de los funcionarios, fiscales y jueces con dedicación exclusiva en este tipo de casos complejos, pero también, y especialmente, “la voluntad de las cabezas en las instituciones”. “El Estado peruano creó en el Ministerio Público un equipo especial de fiscales a cargo de este caso Lava Jato y a su par, el Poder Ejecutivo, creó la Procuraduría Ad Hoc. Hubo incluso jueces que solamente estaban dedicados a atender estos casos del Lava Jato, pero ese sistema se desintegró, lo cual ha retrasado el avance judicial de los casos”, aseguró Carrión.

¿En qué influyó la especialización de fiscales, funcionarios y jueces?

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas de cómo se han comportado en muchos de los proyectos desde el brazo político, cómo fue la captación de las esferas de alto poder en la parte política, los funcionarios públicos a cargo de estos proyectos. Hemos visto el diseño legal como parte de este patrón criminal y detectar a los funcionarios públicos que estaban a cargo de las licitaciones y estaban comprometidos en este esquema de corrupción. 

Calcular el daño

Ese esquema de corrupción no sólo incluyó a los expresidente del Perú acusados en el caso sino que se extendió como una mancha venenosa desde la cabeza hasta la raíz. “Sobre todo Odebrecht, ha llegado a tener comprometidos o vinculados a los árbitros en los arbitrajes de controversias contractuales con el Estado: si no lo conseguían mediante la ejecución de contrato, lo conseguían vía laudos arbitrales pero con árbitros obviamente comprados”, explicó Carrión. 

¿Cómo se calcula la reparación civil de una empresa que ha sobornado durante años a agentes del Estado para obtener contratos? 

Nosotros como Procuraduría hacemos un rastreo temprano de bienes. Los empresarios o la gente vinculada a la esfera de alto poder  tratan siempre de esconder esos bienes para que cuando lleguen los juicios y las sentencias, finalmente no tengan nada a su nombre. Entonces, desde que comienza una investigación penal, a nivel preliminar, lo que hacemos es un rastreo de bienes de todas las personas que están siendo investigadas, de cara a pedir las medidas que correspondan. En un primer momento nosotros no podemos ir directamente al juez a pedir estas medidas, porque la norma procesal indica que hay un momento posterior, que se llama investigación preparatoria, en la que nosotros podemos acudir ante el juez. Pero en la etapa preliminar, que es donde los investigados intentan transferir sus bienes, tratamos de asegurar los bienes a través de la Fiscalía (que lleva adelante la investigación penal). Le hacemos estos pedidos a la Fiscalía porque sí tiene competencia para pedirle directamente al juez. 

Perú no tenía un escenario favorable para avanzar hacia la reparación civil, pero ideó y promulgó una ley que generó las condiciones para que las compañías también se acojan a la colaboración eficaz (no sólo las personas humanas, como antes) y aporten información como “arrepentidas”. 

¿Cómo sigue el proceso después de asegurarse los bienes?

El acuerdo con Odebrecht comenzó cuando no había marco legal para tener una colaboración eficaz empresarial. La Fiscalía hizo acuerdos preparatorios con la empresa, respecto a qué información iba a entregar; es decir, sobre qué proyectos (contratos) iba a entregar información la empresa, y luego se fue desarrollando la entrega de información. Luego, en el 2018, en marzo, se promulgó la ley 30.737, que crea el marco legal para la colaboración eficaz internacional y ya se adecua ese proceso de colaboración de Odebrecht a este marco legal y se siguen los casos que establece la norma. El juez que interviene en el caso penal tiene que analizar si todos los acuerdos a los que han arribado el colaborador con la Fiscalía y con la Procuraduría han cumplido o han seguido lo que dice la norma y ejecutar la sentencia. Las empresas tienen que pedir permiso si quieren vender efectivos, si quieren transferir dinero al exterior. Es una ley que combina ambas cosas: asegurarle a la empresa la cadena de pagos y la parte económica, que era lo que le interesaba también en ese momento al país, pero sin dejar desprovista de una eventual reparación civil. 

¿Qué información entregó Odebrecht?

Para que exista la reparación civil, se tiene que acreditar el daño. La manera de cuantificarlo es a través de fórmulas matemáticas que establece la ley. La empresa entregó información completa sobre cuatro proyectos (contratos), que fueron los primeros con los que se acogió a la colaboración. Entonces la Fiscalía corroboró estos cuatro proyectos, en los que estaban reconociendo hechos ilícitos. El acuerdo se cerró por estos cuatro proyectos y sobre esos contratos la Procuraduría fijó una reparación civil de casi 760 millones de soles (equivalente a casi 190 millones de dólares). Para cerrar el acuerdo, Odebrecht está en un fideicomiso que establece la norma, que es de retención de flujos. Entonces, lo que se diseñó con la empresa es que para que paguen esa reparación civil, mientras estuvieran en el fideicomiso legal se iba a cobrar la reparación de esa retención de flujos legales. Pero una vez que salieran de la ley, por efectos de la colaboración, se diseñó con la empresa un fideicomiso contractual con la Procuraduría, en la cual iba a capturar no solamente los flujos de los contratos públicos, sino también los privados, así como dividendos y otros conceptos que no incluía la ley. De alguna manera ampliamos la base de retención de flujos en ese fideicomiso consensuado con Odebrecht. El acuerdo con Odebrecht se aprobó en junio de 2019. Han pasado tres años y la empresa viene pagando casi 132 millones de soles (unos 33 millones de dólares). Viene cumpliendo con el cronograma de pago establecido. 

¿Odebrecht recurrió a tribunales para evitar pagar la reparación?

En el marco del acuerdo de colaboración que tienen con nosotros no ha habido ningún proceso en el cual ellos hayan pretendido no pagar la reparación civil. El acuerdo se viene cumpliendo desde que se firmó. Quizá (acudió a tribunales) respecto a otros proyectos que no forman parte de este acuerdo, porque este acuerdo es por cuatro proyectos. Quizá de otros proyectos ellos sí están reclamando en otras vías arbitrales, pero no forman parte de este acuerdo de colaboración. 

Qué hacer con el dinero

¿Qué hacen con el dinero de la reparación? ¿Cuál es el destino de los bienes?

El dinero de la reparación civil, según señala la ley va a las cuentas de la Procuraduría General, para el fortalecimiento del sistema. Eso es lo que dice la norma, pero ahora con el tema de la pandemia y todas las restricciones presupuestales que hay, han salido normas especiales de emergencia que indican que este dinero probablemente se vaya al Tesoro público, para la repartición de otros temas. Son cuestiones excepcionales. Dependemos del Ministro de Justicia y lo que está sucediendo ahora es que se le recortó el presupuesto y los fondos recaudados con la reparación civil no nos los pueden dar a nosotros. Ahorita estamos en riesgo de que nos recorten personal, está en riesgo la operatividad de la Procuraduría. a partir de 2023 todo el dinero como el del tema de la reparación civil que son recursos directamente recaudados va a pasar al Tesoro Público. Yo entiendo que debe ser por toda la situación económica y política que estamos pasando.

¿Han tenido colaboraciones internacionales? ¿Con qué países?

La cooperación internacional principalmente se ha dado con Brasil, porque ahí están los servidores de Odebrecht  y es la Fiscalía de Brasil la que ha ido facilitando también la entrega de esta información. También hemos tenido cooperación con Israel, con Uruguay. Básicamente con ellos. No con México. Ha habido algún pedido con México, pero es muy puntual, no es recurrente en todo caso. En el caso de (el expresidente Alejandro) Toledo, hemos conseguido en base a los instrumentos de Naciones Unidas que Estados Unidos nos repatrie alrededor de 800 mil dólares encontrados en las cuentas de Alejandro Toledo en Estados Unidos. En la cooperación internacional ha sido bastante útil para poder conseguir la información y evidencia de otros países entablar canales no formales de comunicación. Han funcionado muy bien. 

Para algunos países ha sido difícil lograr la cooperación de Brasil y Estados Unidos. ¿Cuál fue su experiencia?

No teníamos conocimiento previo de las autoridades de otros países. La relación se construía a partir de este caso. Influye mucho quiénes están a la cabeza de estas organizaciones, de estas instituciones, para poder lograr también ese acercamiento, y la voluntad de que exista esa cooperación por parte de la institución. La Fiscalía Lava Jato en Perú, que está a cargo del doctor Rafael Vela, construyó un acercamiento importante con el fiscal Orlando Martelo, que era el fiscal de Brasil a cargo de estos casos y de la cooperación internacional. Su relación con el doctor Martelo se fue construyendo a partir de intereses comunes y problemas comunes porque los problemas que nosotros hemos tenido acá con la empresa Odebrecht como empresa colaboradora ellos también ya lo habían vivido allá. Cada vez que había necesidad de recibir la declaración a los brasileños se coordinaba primero con Martelo y Martelo decía en qué fechas podrían asignarse a las audiencias y luego se hacía el pedido formal. Incluso yo he logrado entrevistarme con los fiscales (de Brasil), ellos nos explicaban cómo lo habían abordado y nosotros aprendimos, a pesar de que nosotros tenemos un marco legal distinto al que tiene Brasil. Tuvimos que combinar cosas para poder aplicarlo también en nuestro país.

Gracias a esa especialización, hemos podido visualizar que ha habido un patrón criminal de las empresas.

El frente penal y las otras empresas

¿Cuál es la situación de las investigaciones penales sobre presunta corrupción en la obra pública?

Tenemos dos casos en juicio oral y estamos entrando a más procesos administrativos. Tenemos a 24 sentenciados (una persona jurídica o empresa, 11 funcionarios públicos y 12 personas del sector privado); y 840 personas investigadas, de las cuales más del 50% son funcionarios o servidores públicos. El 28% son ejecutivos y trabajadores de empresas y otro 16% son particulares. Los contratos investigados son por más de 12.800 millones de dólares -aunque el Estado peruano no ha desembolsado todo- y las investigaciones no sólo alcanzan a funcionarios del Ejecutivo nacional sino también de la ciudad de Lima y otros nueve gobiernos regionales. Tenemos 160 procesos ahorita a cargo de la Procuraduría por el Lava Jato (contra personas y compañías) y 28 son de colaboración eficaz, algunos en trámite y otros ya firmados.

¿Cuál ha sido la actitud o la reacción a la colaboración que han tenido las otras empresas del caso Lava Jato?

Las empresas que se someten al proceso de colaboración eficaz están obligadas a entregar toda la información sobre los temas que ellos dicen que están sometiendo a colaboración. Entonces claro, ellos entregan una información sobre determinados proyectos y nosotros preguntamos. La regla de la colaboración es que el colaborador esté de manera voluntaria reconociendo ilícitos de manera total o parcial, o sea que ellos pueden reconocer parcialmente algunos delitos o hechos y otros no. Las compañías nacionales, donde la prueba de los ilícitos está, han tratado de entregar la mayor parte de la información porque quieren solucionar su problema en materia civil. Otras empresas que no se han sometido a colaboración deciden litigar de manera intensa, muy agresiva, y nosotros litigamos y procedemos a los embargos. Otras empresas se han acercado solamente a nosotros y nos han dicho que están siendo investigadas y que si bien niegan los cargos penales quieren arreglar el tema patrimonial con el Estado, llegar a un acuerdo extrajudicial de reparación civil porque, por ejemplo, una de ellas es consciente que participó en un consorcio donde su socia ya reconoció responsabilidad, entonces de manera objetiva va a ser alcanzada por la responsabilidad civil, como establecen las normas civiles.

¿Cuáles son las empresas brasileñas que litigan intensamente en Perú?

Camargo Correa, Andrade  y Queiroz Galvao, y otra que se transfirió a Lambra (operadora del proyecto Línea Amarilla, luego vendida a la francesa Vinci). La Fiscalía está pidiendo o ha requerido la cooperación de Brasil, pero no ha funcionado muy bien a partir de que se deshizo la Fuerza de Tareas -el equipo de fiscales dedicados al Lava Jato-. Entiendo que todavía no han recibido la información sobre lo que habría declarado Camargo Correa en Brasil y si habló de otros países.

*El equipo de Investiga Lava Jato es dirigido por Convoca.pe e integrado por Milagros Salazar, Gonzalo Torrico y María Alejandra Gonzales (Convoca.pe, Perú); Lisseth Boon, Lidk Rodelo, Jesús Abreu y César Batiz (El Pitazo, Runrunes y Tal Cual, Alianza Rebelde Investiga, Venezuela); Raúl Olmos (Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, México), Christian Zurita (Periodismo de Investigación, Ecuador), Alicia Ortegra (El Informe, República Dominicana); y Emilia Delfino (elDiarioAR, Argentina).