Un juez de la Corte Suprema de Brasil decidió este miércoles mantener a 140 personas detenidas como consecuencia de los ataques contra los edificios de los tres poderes del Estado y liberó a otras 60, con medidas cautelares, mientras las causas por delitos como “terrorismo” y “golpe de Estado” continúan.

El juez del Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes espera que analicen hasta el viernes los casos de 1.459 detenidos por el mismo acto cometido el 8 de enero en Brasilia por seguidores del expresidente Jair Bolsonaro.

El grupo de 140 detenidos pasó de prisión en flagrante delito a preventiva para garantizar el orden público y la eficacia de las investigaciones, según informó el magistrado en un comunicado que recogió el diario brasileño Folha de Sao Paulo.

Para el juez del máximo tribunal ocurrió “una flagrante afrenta al mantenimiento del estado democrático de derecho, en claro desacuerdo con la garantía de la libertad de expresión”.

Además consideró que hay pruebas en el expediente de la participación efectiva de los investigados en una organización criminal que actuó para tratar de desestabilizar las instituciones republicanas y destacó la necesidad de investigar la financiación de la llegada de los detenidos y la estancia en Brasilia.

Según de Moraes, hay pruebas de que los 140 detenidos cometieron delitos como actos terroristas, asociación delictiva, golpe de Estado y supresión violenta del estado democrático de derecho, entre otros, tipificados en la legislación brasileña, reseñó el portal de noticias G1, del grupo O Globo.

Sin embargo, según la ley, el crimen de terrorismo requiere que la acción se lleve a cabo “por razones de xenofobia, discriminación o prejuicio basado en raza, color, etnia o religión”, mientras que los disturbios fueron de naturaleza política.

El magistrado también consideró que las conductas ilícitas son “muy graves” y tenían como objetivo “coaccionar e impedir el ejercicio de las facultades constitucionales”.

El domingo 8 de enero, miles de personas identificadas con el exmandatario de ultraderecha invadieron y saquearon los edificios de la Presidencia, el Congreso y la corte suprema en Brasilia pidiendo a gritos un golpe de Estado contra el gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva, que llevaba una semana de gestión.

Más de 2.000 personas fueron detenidas de inmediato después de los ataques. De esos, unos 300 fueron detenidos en el lugar de los hechos, pero la mayoría fue aprehendida durante la redada a un campamento de bolsonaristas, a unos ocho kilómetros de las sedes de los poderes públicos, a donde habían regresado luego de haber participado en el asalto a las instituciones.

Diez días después, los 1.459 detenidos estaban recluidos en la cárcel Papuda en Brasilia y las mujeres en Colmeia, ambas sobrepobladas en consecuencia. Los acusados por la invasión están separados del resto de los presos.

“Muchos de ellos son de otros estados, otras ciudades y van a ser transferidos (...) fuera de Brasilia” en los próximos días para esperar juicio, según un fiscal que dialogó con la agencia de noticias AFP en condición de anonimato.

Más de 600 ya han sido liberadas mientras siguen las investigaciones. La mayoría son personas mayores, mujeres embarazadas o madres con niños pequeños.

Hasta el martes se habían realizado 1.400 audiencias. Su objetivo es confirmar que los derechos y bienestar de los detenidos está siendo respetado. Debido al enorme número de acusados, todas las audiencias fueron vía videoconferencia.

Los jueces de Brasilia fueron auxiliados por magistrados de otros distritos. La parte acusatoria también fue reforzada con personal de otras regiones.

MB con información de agencia de noticias Télam

El ex presidente de Brasil Jair Bolsonaro habló por primera vez en público sobre el intento de golpe de Estado en su país el pasado 8 de enero. Desde Estados Unidos lamentó los destrozos que ocasionaron los militantes que lo apoyan en los edificios de los tres poderes.

“Lamento lo que pasó el día 8, algo increíble, pero la gente aprendió en mi gobierno lo que es la política, conoció los poderes, empezó a valorar la libertad”, expresó el ex mandatario en un video que grabaron sus simpatizantes.

Desde la puerta de la casa de Orlando en la que está hospedado, Bolsonaro aseveró: “En cuatro años, todos los días eran lunes. ¿Hay algunos agujeros? Por supuesto que los hay. Cometemos algunos errores en casa, y ni digamos en el gobierno. Pero en casa sabemos quién es el responsable. Siempre somos nosotros, los maridos”.

Además destacó algunas medidas que tomó durante su mandato, entre ellas la flexibilización de la regulación de tenencia de armas de fuego.  Así, reconoció que en su gestión “el desempleo” había bajado, mientras que la economía “subía”.

Bolsonaro emprendió viaje hacia Estados Unidos el 30 de diciembre pasado, antes de que finalice su mandato. De esa manera, no le pasó la banda presidencial a Luiz Inácio Lula da Silva, que ganó las últimas elecciones y asumió su cargo el 1 de enero de este año.

El Supremo anula el último indulto de Bolsonaro a policías condenados

La presidenta del Tribunal Supremo de Brasil, Rosa Weber, anuló el último indulto de Bolsonaro a decenas de policías y militares que fueron condenados por el crimen de 111 presos durante un operativo en 1992 para sofocar un motín en una cárcel de San Pablo, lo que es conocido como como la masacre de Carandiru.

El indulto fue una de las últimas decisiones de Bolsonaro antes del final de su mandato, ensombrecido aún más después de que miles de sus seguidores hayan asaltado el pasado 8 de enero las sedes de los tres poderes, consignó Europa Press.

La decisión de Weber es una respuesta a un pedido del fiscal general de Brasil, Augusto Aras, quien envió a fines de diciembre de 2022 al Supremo una demanda de inconstitucionalidad contra una parte de este decreto, ya que contravenía las obligaciones internacionales del Estado brasileño de procesar y punir a los responsables de crímenes de lesa humanidad.

El proceso judicial se prolongó durante décadas y hubo que esperar hasta hace diez años para que la Justicia condenara a 74 de aquellos policías por la muerte de 77 presos.

Las penas contra ellas oscilaron entre los 48 y los 624 años de cárcel, pero ninguno cumplió con la pena, ya que la ley brasileña impide entrar en prisión para estar más de 40 años por un mismo crimen.

De los agentes condenados, cinco ya murieron -uno de ellos asesinado- y otros 69 continúan con vida. Más de 30 años después nadie entró en prisión, en parte gracias a la maniobra de las defensas que fueron apelando cada una de las condenas.

MB con información de agencias

A las seis de la mañana del miércoles, fuerzas especiales alemanas irrumpieron en una casa del barrio berlinés de Wannsee, junto al lago, donde y detuvieron a Birgit Malsack-Winkemann, exdiputada de la formación ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD). Tres minutos después, otra unidad entró en el pabellón de caza Waidmannsheil, en Bad Lobenstein (Turingia). Hubo redadas simultáneas en otros 30 lugares, entre ellos un taller de coches y uno de carpintería, así como en la estación de esquí de Kitzbühel (Austria) y en la ciudad de Perugia (Italia).

Entonces 25 personas fueron detenidas. Entre ellas, un abogado, un piloto, un chef de alto nivel, un soldado en activo del mando de fuerzas especiales, y un príncipe, el presunto cabecilla de los planes para derrocar al Estado alemán y sustituirlo por un “orden monárquico”.

Como dijo un diputado del partido de izquierdas Die Linke, parecía sacado de una novela negra. También lo compararon con la exitosa serie de televisión Babylon Berlin, ambientada en la capital alemana durante los embriagadores días de la época de Weimar, cuando abundaban los enfrentamientos violentos entre formaciones paramilitares al margen de la ley y la democracia estaba al borde del colapso.

Pero la trama es auténtica, por mucho que los fiscales hayan descrito a sus presuntos protagonistas como un “grupo variopinto” de personajes inverosímiles. También son auténticas las armas en su poder, las licencias para usarlas y el hecho de que entre ellos hay miembros en activo de la policía y del ejército.

Complots frustrados

El grupo de los reichsbürger es el que más predomina dentro de este “conglomerado de teóricos de la conspiración”, como fueron descritos los miembros del complot por los fiscales del Estado.

A los reichsbürger les une la creencia de que el actual Estado alemán es una construcción artificial sin legitimidad para sustituir al “Deutsche Reich” de la época nazi. Hasta ahora no se sabía mucho de ellos fuera de Alemania, pero en los últimos años se han vuelto cada vez más conocidos dentro del país, con varios complots frustrados. Entre ellos, el protagonizado en octubre por una profesora jubilada de 75 años.

El fiscal jefe de Alemania, Peter Frank, había alertado este verano de la radicalización en ambientes derechistas, señalando específicamente a los reichsbürger. Según Frank, los reichsbürger y otros conspiracionistas estaban cada vez “más dispuestos a usar la violencia”. “Sería una imprudencia no hacer nada ante el peligro”, añadió.

En su rechazo al Estado alemán moderno, los que se consideran parte del grupo se niegan a pagar impuestos y a menudo tienen conflictos con las autoridades. Algunos se autodenominan “selbstverwalter” o autogobernados.

Según la agencia de inteligencia interior de Alemania (BfV), hay unos 21.000 seguidores del movimiento reichsbürger en todo el país. Se estima que alrededor del 5% (unos 1.150) son extremistas de derechas. En 2021, la BfV les atribuyó unos 1.011 delitos extremistas.

Se ha puesto en duda la capacidad del grupo de llevar a cabo sus planes de derrocar al Estado alemán, asaltando el edificio del Reichstag para esposar y detener a los diputados. Pero el alivio porque no lo hayan conseguido también fue grande. La diputada de Los Verdes Sara Nanni dijo que no habían tenido la suficiente inteligencia como para llevar a cabo sus “fantasías violentas” (como las describió la ministra de Interior, Nancy Faeser), pero también envió un mensaje de precaución. “Por burdas que sean sus ideas y lo inútiles que sean sus planes, el mero intento es peligroso”, dijo Nanni.

Operación “sombras”

Las fuerzas de seguridad fueron elogiadas por la exhaustiva operación, considerada la mayor investigación contra actividades terroristas que se ha hecho en Alemania. Comenzó a principios de septiembre tras un soplo. Con el nombre en clave de schatten (sombras), comenzaron a seguir las actividades de 52 sospechosos.

Pero una pregunta sigue estando vigente: ¿Hasta qué punto las fuerzas de seguridad tuvieron suerte? ¿Hasta qué punto los reichsbürger representan un peligro para la Alemania actual? El grupo contra el que se actuó el miércoles parecía ir en serio. Según los investigadores, a sus miembros se les obligaba a firmar un acuerdo de no divulgación y cualquiera que pensara en romperlo era amenazado con la pena de muerte.

Para comunicarse entre ellos habían comprado teléfonos por satélite Iridium (valorados en 20.000 euros) que habrían funcionado si la red eléctrica se hubiera venido abajo, algo que al parecer también formaba parte de su plan para sembrar el caos. “Vamos a acabar con ellos ahora, ¡se acabó el tiempo de la diversión!”, se oye decir al príncipe Heinrich y presunto cabecilla en una conversación interceptada el último verano.

De acuerdo con las investigaciones, para comprobar la viabilidad de su plan y la fiabilidad de los miembros, el grupo llegó a contratar los servicios de videntes. En los mensajes hablaban de un “cambio de sistema” y de “exterminar” a sus enemigos.

Hace semanas se advirtió a la policía de que se preparase para intentos de asaltar el Parlamento y las autoridades aumentaron la vigilancia del edificio del Reichstag. También reforzaron la protección personal de los políticos en todo el país. La BfV creó un grupo de trabajo, con el nombre en clave de Kangal, para ocuparse de una amenaza que era considerada como muy real y creíble.

“Sería demasiado fácil tachar a esta gente de locos, de teóricos de la conspiración, gente a la que no hay que tomar en serio... pero eso sería ingenuo”, escribió Jörg Schmitt en un editorial del periódico Süddeutsche Zeitung. “Entre los 52 acusados de planear en Alemania el derrocamiento del sistema por medio del ejército hay gente que procede de la clase media, son profesores, médicos y empresarios”, escribió. “Esa gente de la que normalmente se espera que sean pilares de la democracia”.

Traducción de Francisco de Zárate

Lo primero que hay que decir es que no habrá Golpe de Estado. No habrá ruptura violenta de la institucionalidad. La democracia brasileña no corre (ese) peligro. Ni un golpe a la antigua, con tanques en las calles (como en Brasil en 1964, en Argentina en 1966, en Chile en 1973). Ni una renuncia presidencial arrancada bajo la amenaza del uso de una fuerza irreprimible (como en Argentina en 1962, en Bolivia en 2019). Lo segundo que conviene añadir es que la gravedad del peligro no se mide según esa escala. El golpismo brasileño actual no busca el derrocamiento directo del presidente electo Luiz Inácio Lula de Silva. Pero la sola invocación del Golpe como vía legítima para que el pueblo bolsonarista recupere el poder que le fue 'birlado' por las élites 'anti-pueblo´ del PT es instrumento eficaz para rehusar toda legitimidad al mandato electoral del presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva.

El vicepresidente de Brasil, general retirado del Ejército y senador electo por Rio Grande do Sul, Hamilton Mourão, garantizó el martes la disposición del oficialismo para llevar adelante el proceso de transición del Gobierno de Jair Bolsonaro hacia la asunción en Brasilia, el 1° de enero, del presidente electo, Luiz Inácio Lula da Silva.

Mourão hizo la aseveración al recibir en el Palacio do Jaburú, sede de la vicepresidencia, al vicepresidente electo. Geraldo Alckmin, del Partido Socialista de Brasil (PSB), encargado de comandar la transición de la gestión Bolsonaro a la administración de Lula. “La transición está en marcha. Nos reunimos con Alckmin y todo marcha correctamente. El presidente Bolsonaro no participa de la transición”, dijo Mourao a periodistas tras recibir al vicepresidente electo en el marco del traspaso de las funciones administrativas del Poder Ejecutivo.

El presidente Bolsonaro ha decidido no participar de la transición luego de haber sido derrotado en las elecciones del 30 de octubre por Lula, líder del Partido de los Trabajadores (PT) que asumirá su tercer mandato tras haber gobernado dos gestiones entre 2003 y 2010. Este fue el primer encuentro presencial entre Alckmin y Mourão, senador electo, de cara al cambio de Gobierno. Mourão dijo que Bolsonaro estaba “algo triste” por haber fracasado en su intento de reelección.

El vicepresidente electo Alckmin comanda el equipo de transición que sesiona en Brasilia, en la sede del Centro Cultural Banco do Brasil. Allí se han formado grupos de trabajo temáticos para analizar la documentación, estructura y presupuestos del área federal.

En este marco, el presidente electo Lula mantiene encuentros con senadores y diputados y líderes partidarios para conformar una alianza parlamentaria necesaria para aprobar los proyectos que enviará al Congreso su gestión. En esta serie de encuentros el Partido de los Trabajadores ha decidido apoyar la reelección del presidente de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, del Partido Progresista (PP), un aliado de Bolsonaro en los últimos dos años, mientras aguarda la aprobación de una enmienda constitucional que permita aumentar el gasto social a partir de 2023.

La sociedad incivil

El presidente Bolsonaro evitó cuidadosamente pronunciar la palabra 'derrota' para calificar el resultado del balotaje presidencial del último domingo de octubre, donde su rival Lula lo superó por 1,8 puntos porcentuales.

De inmediato, apenas conocidos esos números, se multiplicaron en Brasil cortes de rutas, favorecidos por los camioneros, profesión fiel al bolsonarismo. Muchos grupos fueron a los cuarteles, pidiendo la intervención militar.

El antipetismo de unas FFAA atiborradas de privilegios

Las FFAA, colmadas de privilegios, carecen de incentivo corporativo para intentar cualquier Golpe de Estado eficaz, cruento o incruento. A diferencia de lo que ocurría en el siglo pasado, carecen por completo de apoyo exterior, ni regional, ni de Washington, ni de ninguna potencia. En la Constitución brasileña de 1988, vigente, sin embargo, el artículo 42 hace de las FFAA el garante pero también el árbitro del buen desarrollo constitucional del gobierno democrático. Esto abre el ingreso a intervenciones diversas, pero no es una puerta que quieran abrir.

Dicho esto, dentro de la institución, una proporción no insignificante comulga con las ideas e indignaciones de esos civiles que los reclaman. El antipetismo militar, en determinados sectores, es firme. El PT ha buscado discutir lo que las FFAA no están dispuestas a discutir, el artículo constitucional 42 en cuestión. Pero es más antipetismo que antilulismo. De Lula tienen el buen recuerdo del gran gasto en infraestructura y armamentos, en helicópteros y navíos, en compra multimillonaria a Francia. De Dilma Rousseff, en cambio, el resentimiento con 'la ex guerrillera' que buscó poner las bases de una operativa Comisión de Verdad y Justicia que investigara los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la larga dictadura militar 1964-1985.

Tampoco quieren las FFAA discutir su autarquía. A pesar de que el Presidente es Comandante en Jefe de las FFAA, ni designa realmente a los más altos mandos de las armas, ni influye en las promociones: Presenta, motu proprio, los nombres y los avances que los militares sugieren, sin contradicción.

Bolsonaro y el Partido Liberal

El presidente Bolsonaro condenó la violencia de los manifestantes negacionistas, elogió a quienes se manifiestan por sus ideas, reivindicó el derecho absoluto a la libre expresión, y, junto con su partido, el Partido Liberal (PL), hicieron una presentación ante el Tribunal Superior Electoral (TSE) pidiendo explicaciones por anomalías en varios centenares de miles de votos.

Ni Bolsonaro, que busca constituirse en jefe de la oposición, ni mucho menos el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, que conoce muy bien a la Justicia de Brasilia, creen en la viabilidad del pedido de impugnación. Pero la denegación era necesaria para estar a la altura del escándalo del resultado de la segunda vuelta presidencial, que sólo así pueden explicar a su base más dura. El presidente del TSE, Alexandre de Moraes, rechazó de plano el pedido del PL y aplicó una multa de 22.991.544,60 reales al Partido por litigar de mala fe.

Para Bolsonaro, el enemigo exterior, el “comunismo”, tiene representantes internos. La respuesta del TSE demuestra, a sus ojos, que no se puede confiar en las instituciones: al contrario, hay que sospechar sistemáticamente de ellas, porque fueron capturadas por esa minoría elitista y antipopular que Moraes representa. En su discurso antisistémico, Bolsonaro representa la voluntad del pueblo, que lo elige por una aclamación que el voto refleja, pero ni funda ni establece. Entre Bolsonaro y el pueblo, la comunicación es directa, en los dos sentidos. Nada podrán, dice, las interferencias artificiales de la Justicia, electoral, tribunalicia.

El mayor éxito político de Bolsonaro fue el de fidelizar una sección importante del electorado antisistema. Llamarlo genocida, fascista, ignorante, equivale a despolitizarlo. Y a desconocer sus méritos tácticos y estratégicos. Acaso la tercera presidencia de Lula deba enfrentar el proceso de un cambio de objetivo. Si Bolsonaro se prpone trasmutar una oposición que es antissistema, y por lo tanto, no necesariamente antidemocrática, en una oposición a la democracia como tal.

AGB

La llegada del Grupo de Alto Nivel de la OEA a Perú el 20 de noviembre para analizar la tensa situación política del país andino, por pedido del presidente izquierdista Pedro Castillo, facilita un nuevo giro de la crisis que permite al mandatario ganar algo de tiempo, pero no resuelve un conflicto que acaso sólo podría superar el triunfo de las calles o el de los pasillos del poder.

El maestro rural y ex dirigente sindical docente Pedro Castillo, quien con el apoyo de la izquierda en las elecciones presidenciales de 2021 derrotó en segunda vuelta a la derecha representada por Keiko Fujimori, ha denunciado repetidamente “un golpe parlamentario en marcha”  promovido por la oposición de derecha liderada por el fujimorismo. Debido al permanente asedio de la oposición política, el presidente Castillo peticionó el 12 de octubre la intervención de la OEA en aplicación de la Carta Democrática Interamericana, un instrumento para velar por la institucionalidad democrática entre los países americanos firmantes, Perú entre ellos.

Los integrantes de la alta Misión de la Organización Americana

El Grupo de Alto Nivel de la OEA que visitó Perú está encabezado por el excanciller de Paraguay, veterano militante del Partido Colorado, Eladio Loizaga. El canciller argentino Santiago Cafiero, representante del gobierno peronista de Alberto Fernández  formaba también parte de este grupo, pero en su lugar llegó a Lima el secretario de Relaciones Exteriores Pablo Tettamanti.

Los otros integrantes de la misión son los cancilleres de Ecuador, Juan Carlos Holguín por el gobierno derechista de Guillermo Lasso;  de Guatemala, Mario Adolfo Búcaro por el gobierno conservador de Alejandro Giammatei, de Paraguay, Julio César Arriola por el gobierno conservador de Mario Abdo Benítez  y de Belice, Eamon Courtenay  del gobierno centroizquierdista de Juan Antonio Briceño y los vicecancilleres de Colombia, Laura Gil del gobierno izquierdista de Gustavo Petro y de Costa Rica, Arnoldo André del gobierno populista de Rodrigo Chávez . Después de la estadía en el país andino, que finalizará el 23 de noviembre, el Grupo  presentará ante el Consejo Permanente de la OEA un informe de la tensa situación política de Perú.

“Con todos nos vamos a reunir”

Conforme lo anunció a la prensa Loizaga, la misión del organismo mantuvo 27 reuniones con representantes de los tres poderes del estado y con organizaciones civiles. La primera, en el Palacio Pizarro, sede del gobierno en la ciudad capital de Lima, con el presidente Castillo, la vicepresidenta Dina Boluarte y los ministros, para escuchar su posición frente a la crisis política que enfrenta al Ejecutivo con el Congreso. El primer mandatario reiteró las existentes amenazas por parte de la oposición a la democracia y planteó la necesidad de “unidad, diálogo, consenso y acercamiento” para resolver los problemas del país.

La misión continental también se entrevistó con la mesa directiva del Congreso, controlada por la derecha. El titular opositor José Williams, negó que haya intención golpista del parte del Legislativo. “Les explicamos de las tres denuncias constitucionales (que hay contra Castillo), una de la fiscal de la Nación, otra de ciudadanos y la última de congresistas”, afirmó Williams, un eventual sustituto de Castillo en caso de que el mandatario sea suspendido o destituido por el Parlamento.

Seguidamente, con la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, la fiscal general, Patricia Benavides, autora de la denuncia constitucional que tiene en riesgo al mandatario y al Tribunal Constitucional.

En otras reuniones, los parlamentarios de diverso signo, desde el dividido oficialismo de izquierda hasta los grupos más radicales de la oposición de derecha, expresaron sus propias  perspectivas. La congresista Patricia Juárez, del partido de derecha Fuerza Popular, que tiene la mayor bancada y es uno de los más activos impulsores de la salida de Castillo, expresó a los visitantes que su colectivo y sus aliados están comprometidos con la democracia y no pueden ser tildados de golpistas.

Los encuentros incluyeron a otros interlocutores, entre ellos la directiva de la Conferencia Episcopal Peruana, cuyo primer vicepresidente, el cardenal Pedro Barreto, ha hecho varios esfuerzos para acercar a las partes, sin ser escuchado.

Memorial contra el Presidente

Los cargos que se le imputan al presidente Castillo se basan fundamentalmente en testimonios de ex colaboradores procesados por corrupción. La defensa había pedido el cierre de la investigación, pero el mismo lunes 21 el Tribunal Supremo falló autorizando a la Fiscalía a continuar las pesquisas.

La acusación ha sido presentada por la cuestionada fiscal de la Nación, Patricia Benavides, denunciada a su vez por utilizar su cargo para destituir a la fiscal que investigaba a su hermana, que es jueza y está acusada de liberar a narcotraficantes a cambio de sobornos. La oposición parlamentaria pretende llevar adelante el proceso para destituir a Castillo por este caso, a pesar que la Constitución no permite procesar a un presidente en funciones por los cargos que la Fiscalía le imputa al primer mandatario.

A este caso se suma una inusual acusación en el Congreso contra Castillo por “traición a la patria”, a raíz de  una declaración periodística para CNN, en enero 2022, cuando opinó a favor de la salida al mar para Bolivia, aunque no propuso ceder soberanía territorial. El tema quedó ceñido a esa declaración porque el gobierno no propulsó ninguna acción al respecto,  sin embargo la oposición logró que la acusación se aprobara en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El avance del caso señala que a la derecha peruana pareciera importarla más derrocar al presidente de izquierda que la institucionalidad.

La oposición ha intentado dos veces destituir a Castillo acusándolo por el ambiguo cargo de “incapacidad moral”, institución sui generis peruana creada por la Constitución de 1993, que se resuelve en un proceso sumario. Si bien no alcanzó los dos tercios de votos necesarios para aprobarla, ahora va por un tercer intento.

A la par de las acciones para destituir a al presidente, la oposición parlamentaria busca también inhabilitar a la vicepresidenta Dina Boluarte, para que así asuma la presidencia del país el titular del Congreso, el general en retiro Williams, que ha sido acusado de violaciones a los derechos humanos cuando estaba en actividad. Esto consumaría el golpe parlamentario de la extrema derecha que la delegación panamericana ha investigado durante su visita al Perú.

Las calles de Lima y los pasillos del poder

En los últimos días en las calles de Lima hubo movilizaciones a favor y en contra del gobierno, pero con poca concurrencia. Ni el gobierno ni la oposición han mostrado hasta ahora capacidad de convocar un importante apoyo a su favor.

El jueves 10 de noviembre,  miles de personas convocadas por sindicatos y grupos de izquierda marcharon en lo que se bautizó como “Toma de Lima”, para intentar cerrar el Congreso y frenar el proceso contra Castillo. El sábado anterior, otra manifestación multitudinaria se dio cita en la capital, pero pidiendo la renuncia del presidente.

Sin embargo, la interminable crisis política no interesa al grueso de la población que acaso con indiferencia observa el conflicto de poderes que comenzó en 2016, cuando el Congreso destituyó al entonces presidente Pedro Kuczinsky e inició una serie de sucesiones presidenciales truncadas y renovadas por congresistas cada vez más hábiles y expeditivos en dejar acéfalo el Poder Ejecutivo. Cuando Pedro Castillo asumió el 28 de julio después de que la Justicia Electoral zanjara a su favor una agria disputa con Keiko Fujimori sobre el escaso medio punto porcentual que los separaba en el balotaje, encontró un  Congreso, electo en la primera vuelta de abril de ese año, atomizado en una multitud de bloques, sin posibilidad de formar mayorías estables.

Muy por el contrario, las fuerzas populares no fueron capaces de unirse y presentar una alternativa a las recurrentes ofensivas del fujimorismo y sus aliados. Aunque no pasó a la oposición, el partido izquierdista Perú Libre, de Vladimir Cerrón, que dio el apoyo originario para que Castillo llegara a la presidencia, retacea su acompañamiento al mandatario, irritado por el lugar que éste dio en su gobierno a la izquierda “caviar” de Lima. El presidente tampoco disolvió el Congreso y para convocar una Constituyente , como le reclamaba Cerrón.

El presidente Castillo -según una reciente encuesta- tiene un respaldo de 28 % y un rechazo de 62 %, pero la desaprobación al Congreso, que lo quiere destituir, llega a 81%, con sólo 13 %  de aprobación.  La visita de la misión de la OEA le aporta un pequeño respiro al gobierno, pero no una solución. Mientras tanto, la crisis socioeconómica se agrava en la mayoría de las regiones del país. Se sumaron en las últimas semanas las protestas de los damnificados por los nuevos derrames de petróleo, de las mujeres de las llamadas “ollas comunes”  en exigencia de presupuesto para el 2023 . En este marco se agrega la contrarreforma conservadora en educación y derechos. Son muchas las peruanas y los peruanos que  temen perder sus empleos por la falta de medidas de fondo para superarla.

AGB

La situación política se agrava a cada hora en Brasil. Las protestas, ante la derrota del presidente Jair Bolsonaro el domingo último, abarcan a unos 20 estados. Impulsados por los camioneros, los piquetes afectan el acceso a las principales ciudades del país.