El embajador argentino Daniel Scioli acumulará dos grandes hitos de su misión en Brasil, que como él dijo fue de dos etapas. Una primera estuvo dedicada a reatar los lazos entre ambos países, muy deteriorados por las “diferencias ideológicas” entre los gobiernos de Alberto Fernández y Jair Bolsonaro. Ambos jefes de Estado se hablaron por primera vez, en videoconferencia, el 30 de octubre de 2020. Habían pasado más de 10 meses de la asunción del mandatario argentino. La conversación puso fin, de hecho, a las temibles roces entre ambos países. Ahora le toca un período nuevo, que sobreviene inclusive después de que el embajador retornara de Buenos Aires, donde ejerció durante un tiempo breve el comando del ministerio de Desarrollo Productivo. Con el presidente Lula da Silva la historia será muy diferente: “Vamos a asistir al renacimiento de la relación entre los dos países”.

Una parte larga de la entrevista, realizada en el palaciego edificio de la embajada argentina en Brasilia, estuvo dedicada a aclarar un asunto que circuló, con interpretaciones erróneas, tanto en los medios argentinos como brasileños. No hay en lo inmediato ningún proyecto de instituir una moneda única del Mercosur: “Eso exigiría un trabajo profundo y prolongado. Nosotros precisamos dar ciertas respuestas en el corto plazo”. Se refirió así al intercambio comercial entre los dos socios realizados con las respectivas monedas: el peso y el real. El dólar apenas entra a jugar a los 180 días, para las compensaciones. De tal suerte, no habrá ninguna influencia dañina para el empresariado brasileño, y al gobierno argentino le brindará la oportunidad de ahorrar las escasas reservas.

-Después de estos años de una relación compleja, y no siempre buena, con el gobierno saliente de Jair Bolsonaro ¿cómo impactará en nuestro país el retorno del presidente Lula da Silva al Palacio del Planalto?

-Desde ahora veremos el renacer de la relación entre Argentina y Brasil. Vamos a entrar en una etapa formidable de integración, porque el presidente Lula está convencido de que juntos, los dos países somos más fuertes. Él está persuadido de la necesidad de defender no solamente al Mercosur, al que deberíamos incorporar otros países, sino también la integración con Latinoamérica y otros lugares del mundo. Es claro que la relación con Argentina es privilegiada y una prueba es que el primer destino exterior del presidente brasileño, en su tercer mandato, será su viaje a Buenos Aires a fines de enero. Será para estar presente en la conferencia de jefes de Estado de la CELAC, pero además tendrá una bilateral con Alberto Fernández. Nosotros buscamos avanzar en un acuerdo binacional para ese momento, que contiene dos ejes fundamentales: la integración financiera y la energética. Pienso que para Brasil será clave para que no se detengan las exportaciones del país hacia la Argentina por las restricciones de divisas que tenemos. Es de interés común a ambas naciones ampliar el comercio bilateral, lo que puede ser totalmente factible con el uso de moneda local para las operaciones, que luego serían compensadas en un plazo de 180 días.

Buscamos avanzar en un acuerdo binacional para ese momento, que contiene dos ejes fundamentales: la integración financiera y la energética

-¿Cómo sería factible operar con reales y pesos en vista de las rápidas variaciones en la cotización de nuestra moneda?

-Se va haciendo la conversión de pesos y reales a dólares en cada transacción comercial y luego, al final de seis meses, se procede a la compensación entre los bancos centrales. Es un mecanismo que existe desde 2008 entre ambos socios, que fue impulsado por la entonces presidenta Cristina Kirchner y por su entonces colega Lula da Silva. Es decir, no hay que inventar nada. Este tema fue muy importante en el encuentro de Brasilia entre el ministro Sergio Massa y el futuro ministro de Hacienda de Lula, Fernando Haddad. Antes de su visita, tuvimos intercambios con los brasileños del Grupo de Transición sobre los puntos que figuran en el documento de un nuevo acuerdo bilateral y que le entregué personalmente al asesor especial del presidente Lula en asuntos internacionales, el ex canciller Celso Amorim. Si logramos instrumentar ese pago de importaciones y exportaciones para el primer semestre de 2023, se descomprime el uso de reservas. En lo inmediato esto va a potenciar el comercio bilateral sin restricciones. También se estudia una política de incentivos a las empresas brasileñas para que utilicen este mecanismo. Otra cuestión clave es que en junio ya estará operativa la primera etapa del gasoducto de Vaca Muerta y deberá comenzar el segundo tramo que llegará hasta la frontera con Brasil. Creo que es también un punto central para dialogar con Haddad.

-¿Por qué lo ve como el otro eje central?

-Hay un acuerdo firmado y lo que estamos haciendo es avanzar en lo que respecta al financiamiento de la segunda etapa del gasoducto. Comprar materiales de la tubería en Brasil puede servir en ese sentido. Ese es un tema de alto voltaje en el debate político, pero tengo que plantear estas cosas con responsabilidad. No sólo mirar el interés argentino sino también interpretar la mirada atenta de Lula en la defensa muy fuerte de los intereses brasileños. No dudo que es de interés para Brasil que la Argentina pueda transportar el gas de Vaca Muerta hasta la frontera en el tiempo más rápido posible. Quiero agregar el papel importantísimo que puede jugar nuestra minería: creemos, por ejemplo, que la Argentina tiene todas las condiciones para facilitarle a Brasil los minerales más demandados para fertilizantes. Finalmente, y no menos significativo, es el proyecto del nuevo gobierno brasileño de emprender una segunda etapa la industrialización, lo cual va a generar un gran flujo también para la industria argentina, porque podremos trabajar con las cadenas de valor bilaterales de sectores como la industria automotriz y la naval.

-Eso significaría revisar toda la estrategia del ex ministro de Economía Paulo Guedes, que quería incluir a Brasil como parte de las cadenas de valor globales, sin pensar en el Mercosur.

-Resolver ese litigio de la mejor manera fue, justamente, uno de los grandes logros de la Embajada argentina. Logramos impedir que Brasil impusiera, en ese momento, su voluntad de bajar el arancel externo común en un 50%, lo que hubiera generado estragos en la economía real de nuestro país. Finalmente prevaleció la posición argentina, de 10% como máximo, y que además dejó afuera de esa resolución a los regímenes especiales como los de la industria automotriz, la textil y el calzado. Fue de gran importancia en ese proceso la armonía que logramos entre las confederaciones industriales argentinas y brasileñas. Y es bueno recordar que en aquella instancia, Lula, quien aun no había oficializado su candidatura,  junto con al ex presidente Fernando Henrique Cardoso, salieron públicamente a acordar con nuestra postura. El ministro Guedes se enojó mucho conmigo y en una visita al Parlamento criticó mi trabajo, diciendo que él tenía la responsabilidad de los grandes lineamientos económicos brasileños, a los que yo debía supeditarme. Yendo un poco más atrás en el tiempo, el gran objetivo cumplido en la primera etapa de mi misión aquí con embajador fue precisamente ese. Fue preciso reencauzar una agenda con impacto positivo como ha sido el trabajo de revertir las controversias entre ambas naciones, y conseguir toda la energía que precisó la Argentina durante el invierno. Es más, el último viernes del año la administración Bolsonaro nos garantizó en coordinación con la argentina Camessa que las empresas privadas del sector van a continuar con la provisión de toda la energía eléctrica que necesitemos.

-¿Cómo se consiguió ese gesto de solidaridad del gobierno saliente?

-No es el primero, por el contrario. Logramos que Brasil nos apoyara en las negociaciones con el FMI. Ellos dieron el voto positivo a favor de Argentina, y eso lo hablé directamente con Bolsonaro.

-¿Cómo se logró habida cuenta de las veces en que el ex jefe de Estado habló públicamente mal de nuestro país?

 -Eso se debe a la diplomacia emocional que he venido ejerciendo aquí, con la convicción de que era imprescindible cerrar grietas. Le digo que no fue tan fácil llegar a ese nivel de relacionamiento.

-¿Qué le sugiere la enorme coalición que formó el presidente Lula para llegar nuevamente al poder?

-Cuando una observa el diseño de la campaña electoral para el balotaje puede entenderse perfectamente la coalición; una alianza que incluso definió durante su visita al ex presidente Cardoso. Lula es al alma del nuevo gobierno, y desde ese lugar integra la coalición al poder con personas especializadas y de confianza. Él interpreta con precisión lo que es la democracia política, que amplía la visión más allá incluso de la alianza.

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Desde muy temprano, y nada menos que en la víspera de año nuevo, un nuevo cántico sorprendió a los vecinos de Brasilia. Por donde fuera, en esta capital se escuchaban los ecos de los gritos de centenares de ciudadanos: “Lula lá”, que traducido significa “Lula en el Palacio del Planalto”. El clamor de los miles de lulistas, que vinieron a esta capital para ver a su ídolo en vivo y en directo, acalló de una vez las voces de los bolsonaristas. Estos habían bramado durante dos meses por la “intervención militar” y el golpe de Estado, que repusiera al “Mito” en el sillón presidencial.

Jair Bolsonaro, presidente cuyo mandato cesa exactamente a la cero hora de mañana, decidió desistir de la batalla que mostraba un destino inexorable: la derrota. Y que además ponía en jaque su situación legal, por lo que decidió hacer caso a sus abogados. Se tomó un avión oficial, que en apariencia todavía le correspondía, y se marchó raudamente hacia Florida, Estados Unidos. Poco después del mediodía llegó al aeropuerto de la ciudad de Orlando, el país de Disneylandia, donde lo recibieron algunos simpatizantes. 

Bolsonaro supo que su imagen iría a quedar “manchada” con lo que, aceptan todos, fue una huida. Antes de salir corriendo, vía aérea claro, dejó un mensaje atribulado para sus fieles, que lo habían seguido con una lealtad asombrosa. Les dijo: “Es injusto que se enojen conmigo”. Y agregó: “No imaginan lo difícil que fue quedarme callado durante dos meses, tiempo en el que busqué alternativas”.

Ahora es el turno de Lula, el hombre que estuvo preso entre abril de 2018 y noviembre de 2019, por unas condenas vinculadas al caso Lava Jato que luego se mostrarían “artificiales”. Si al ex presidente brasileño que gobernó entre 2003 y 2010 no lo hubieran encarcelado, difícilmente Jair Messias habría conseguido se elegido como el presidente número 38 de su país, hace cuatro años. Hasta entonces, y mientras el nombre de Lula se mantuvo como presidenciable, JMB no lograba salir del segundo puesto en la guerra electoral. Pero como escribieron los periodistas Aguirre Talento y Bela Magale en el libro super recomendable “El fin del Lava-Jato”, el caso habría de crear un “escenario de tierra arrasada, de completo descrédito de la política tradicional”. Para los autores, la prisión de Lula trajo entonces las consecuencias conocidas: “Era el ambiente perfecto para el surgimiento de un outsider, una persona que estaba fuera del sistema político tradicional y que se presentaba como la renovación”. 

Según advierten Magale y Talento, “el resultado del Lava Jato fue el ascenso de un viejo político, sin ninguna relevancia en la escena nacional, pero que de repente pasó a canalizar toda la insatisfacción popular con el sistema”. No se puede en consecuencia calificar las últimas horas de Bolsonaro en la presidencia como melancólicas. Su fuga es el resultado lógico de un ex diputado, que pretendió asumir los destinos de su país pero sin mostrar ningún afán por comandarlo.

Mañana al amanecer, decenas de miles de brasileños procedentes de los cuatro puntos cardinales irán a saludar a Lula: para ellos termina una pesadilla, sembrada de espantos ya fuera por la acción u omisión del gobierno saliente. La historia de este período revela el grave daño ocasionado a la salud de la población por funcionarios, como por ejemplo el ex ministro del área, el general Eduardo Pazuello (quien a partir de ahora pasará a ocupar el cargo de diputado federal, por obra y gracia de los votos de un remanente bolsonarista). Ni hablar del papel jugado por el propio jefe de Estado, para quien tomar la vacuna anti Covid era equivalente a ponerse dentro de la boca de un yacaré. Fue él quien dijo que esa epidemia, causante de 700.000 muertes en el país, era apenas una “gripecita”.  

Ante el panorama “desolador” en lo económico y social, encontrado por el grupo de transición que comandó el vice Geraldo Alckmin, e informado en un documento de libre acceso para el público, al presidente Lula da Silva le esperan urgencias inmediatas e impostergables. Las fundamentales: paliar el hambre de más de 30 millones de brasileños, que no comen y lo hacen salteado; garantizar la recomposición del sistema de salud y volver a invertir en un segmento tan indispensable como la educación. Por la habilidad política de ese hombre que ocupará ahora el sillón presidencial, el nuevo gobierno cuenta ya con una ley del Congreso que decidió aprobar recursos para esa misión por una cifra superior a los 35.000 millones de dólares.

Los desafíos, desde luego, abarcan el universo brasileño. Al punto que se precisará recuperar el país de una debacle, inclusive, de las relaciones con el resto del mundo. La expectativa es gigantesca: 60 delegaciones extranjeras estarán en la ceremonia, y 17 de ellas encabezadas por sus presidentes y jefes de gobierno. Entre los sudamericanos, estará Alberto Fernández, quien visitó a Lula en la cárcel cuando estaba en campaña por las presidenciales argentinas. De nada sirvió que el político detenido le aconsejara abstenerse de ese viaje: “Yo le respondí que quería hacerle la visita de cualquier manera, sin pensar en eventuales consecuencias” le comentó Fernández a esta periodista, que lo entrevistó justo a la salida de la prisión.

Habrá otros sudamericanos destacados, como el chileno Gabriel Boric y el colombiano Gustavo Petro. El uruguayo Luis Lacalle Pou incluyó, en la delegación, a otros dos ex presidentes de su país, Julio María Sanguinetti y José “Pepe” Mujica. Hay que decir, también, que estará la mandataria peruana Dina Boluarte, quien acaba de reemplazar al ex mandatario Pedro Castillo, destituido por un golpe. No se sabe, en cambio, si podrá asistir el venezolano Nicolás Maduro. Ocurre que recién este jueves, Bolsonaro decidió anular la medida que le impedía el ingreso a Brasil.

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Faltan tan solo dos días para que Lula da Silva asuma la presidencia de Brasil. El 1º de enero dará inicio a su tercer mandato, después de haber pasado por los juicios del Lava Jato, finalmente anulados, y por un largo período de prisión que duró desde abril de 2018 a noviembre de 2019. Es por eso que habrá grandes festejos en la asunción, incluido un festival de música con los 60 cantantes de Brasil más renombrados. Y no fue por acaso que bautizaron la fiesta como “Festival Brasil del Futuro. La Alegría Va a Asumir”. De la ceremonia oficial solo resta un interrogante: ¿quién va a colocar la banda presidencial en Lula?.

Hay una respuesta inmediata: el todavía jefe de Estado Jair Bolsonaro ya avisó que él no hará ese traspaso, como es usual. Tampoco cumplirá esa misión el vice saliente, Hamilton Mourao. Queda por ver si se acepta que la transferencia la haga el titular del Senado, Rodrigo Pacheco, o como imaginó el Partido de los Trabajadores, serán representantes de las organizaciones sociales quiénes cumplan con ese papel del rito tradicional. En cuanto a Bolsonaro, no se sabe si partirá mañana rumbo a Estados Unidos o permanecerá en Brasilia; una incógnita que aún se mantiene.

Hace dos semanas, el mandatario saliente se reunió con un miembro de la Corte Suprema, José Antonio Dias Toffoli, en una cena que compartieron además algunos políticos. El magistrado y los aliados le pidieron que hiciera algo para desmovilizar a los bolsonaristas, que mantienen campamentos en las puertas de los cuarteles militares de varias ciudades. El esfuerzo fracasó, pues Jair Messias no aceptó el encargo: “Yo no movilicé nada, y por lo tanto, tampoco tengo nada que desmovilizar” replicó. Aun así, juramentó que no iría a embarcarse en “ninguna aventura”.

La policía del Distrito Federal realizó una operación para eliminar esos focos de resistencia bolsonaristas. Sin embargo, fracasó su primera embestida en las puertas del Comando del Ejército, culpa en gran medida de la inacción de los militares. Los agentes policiales fueron cercados por los manifestantes, y debieron retirarse, según dicen, para evitar males mayores.

Los temores por lo que pueda ocurrir en los actos del 1º de enero distan de haber desparecido. Es que se espera la presencia de unas 300.000 personas, según cálculos del Grupo de Transición comandado por el vicepresidente electo Geraldo Alckmin.

Ese equipo reclamó el cierre de la Esplanada de los Ministerios, una ancha avenida a cuyos costados se elevan los edificios de las distintas carteras. La razón es descartar, a través de una revisación exhaustiva, eventuales amenazas de bombas. 

El gobierno de Brasilia, que debe decidir al respecto, ya dio su respuesta positiva, en función especialmente de los 65 jefes de Estado, que estarán presentes. A la Policía Federal Caminera le corresponde velar por la seguridad de esas personalidades mundiales, entre quienes se encuentran desde los presidentes de Alemania y Portugal, hasta los de Bolivia, Perú y Argentina. 

La policía federal brasileña resolvió extremar los cuidados respecto de los grupos bolsonaristas. Y ayer detuvo otros cuatro sospechosos de provocar actos vandálicos el 12 de diciembre, cuando Lula y Alckmin fueron diplomados como presidente y vice. Pero las investigaciones continúan, especialmente sobre aquellos contactos de los ya encarcelados. Se trata de “delincuentes” que habitan no solo en Brasilia sino también en otros estados provinciales como Pará, Mato Grosso, Ceará, San Pablo y Río de Janeiro. Ya está en curso la orden dada por Alexandre de Moraes, juez del Supremo Tribunal Federal, para detener preventivamente a 11 personas.

Un integrante del cuarteto detenido la víspera, Klio Damiao Hirano, se dedicó los últimos dos meses a transmitir a través de las redes sociales el desarrollo de las protestas. En una de ella, pidió: “Si usted es patriota, lo precisamos aquí” en referencia a la entrada del Palacio de la Alvorada, residencia oficial brasileña, que de hecho ya fue dejada por Bolsonaro. Ese mismo pseudo periodista indicaba: “Pedimos al Ejército para que entendiera lo que estamos pleiteando; lo que pedimos para nuestro presidente (Bolsonaro). Vamos a esperar ¿no? Misión dada, misión cumplida”.

A poco más de una semana de la asunción de Luiz Inácio Lula da Silva como presidente de Brasil, el próximo 1º de enero, el nuevo mandatario recibió de manos de los equipos de transición un informe devastador. La “transición”, un proceso previsto por ley, que reúne miembros del actual y del futuro gobierno, fue comandada por el vicepresidente Geraldo Alckmin. Este mediodía, el político socialdemócrata describió la situación dejada por Jair Bolsonaro como “mucho más difícil y triste” que cualquiera de las presidencias anteriores. Lula refrendó: “Recibimos un gobierno en situación de penuria. Ni siquiera fueron hechas las cosas más simples, porque el actual presidente prefería contar mentiras en vez de gobernar el país”.

El informe de la transición, publicado hoy, relata que el país tuvo “un enorme retroceso en educación. Aumentó la evasión escolar, y recursos esenciales como la merienda escolar quedaron reducidos a 36 centavos. A eso se sumó el colapso de institutos federales y de las universidades, lo que nos plantea un gran desafío por delante” . Según Alckmin, otro tanto ocurrió con la salud: “La mala conducción en el área, de manera displicente e irresponsable, llevó a Brasil a tener 11% de las muertes por COVID en el mundo, cuando apenas representa el 2,7% de la población mundial”.

Lula indicó que, contra toda sospecha, no piensa “hacer pirotecnia con este material y no pretendo montar el show del escándalo. Apenas quiero que la sociedad brasileña sepa en qué condiciones asumimos la gestión, después de cuatro años de mandato que nos entrega un gobierno en situación de penuria”. El nuevo gobernante, que irá a cumplir su tercer mandato (los dos anteriores transcurrieron entre 2003 y 2010), subrayó con énfasis que la victoria electoral obtenida en octubre “no fue solo por el Partido de los Trabajadores sino una obra de varios partidos políticos que, junto con nosotros, enfrentaron esa tempestad del fascismo”. Y para no dar espacio a las críticas, procedentes de las élites dirigentes del país, confirmó que habrá un “aumento del número de ministerios”, pero “no vamos a aumentar el gasto, por lo que todo el mundo en el gobierno tendrá que ajustarse el cinturón”. De hecho, habrá a partir del primer día de 2023 nada menos que 37 ministerios, contra los 23 existentes en el período bolsonarista.

El presidente electo nombró a 14 de sus futuros colaboradores en el gabinete ministerial; y tal como aseguró durante su discurso de este mediodía “nadie debe perder las esperanzas, porque aún faltan 21 designaciones”. Esa aclaración fue festejada con una risa general en el auditorio donde tuvo lugar el acto.

Hábil como siempre en las negociaciones, para dejar satisfechos a tirios y troyanos, los primeros cargos fueron cubiertos por su gente de extrema confianza. Es el caso de Fernando Haddad, ex alcalde paulistano y candidato presidencial en 2018, que perdió en la segunda vuelta contra el propio Bolsonaro. Al filósofo y sociólogo, con posgrado en economía, le entregó el comando de una cartera clave: la de Economía, que volverá a llamarse de Hacienda. Durante días, la figura cayó mal en los medios empresariales, especialmente del mundo financiero. Pero Lula advirtió: “Quién decidirá en la economía soy yo”. A posteriori, Haddad eligió personalidades “mixtas” para acompañarlo, es decir una mezcla de economistas heterodoxos y salidos del mundo financiero.

Otro caso que provocó conmoción fue colocar a Aloizio Mercadante, del propio PT, al mando del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (BNDES) . Esa institución es considerada clave porque dirige las políticas crediticias que irán alimentar emprendimientos tanto públicos como privados. Muchos creyeron ver con ese nombramiento la repetición de errores pasados en el área económica. Pero el futuro mandatario compensó esa decisión con otra inesperada respuesta: puso a su vicepresidente Geraldo Alckmin como ministro en uno de los segmentos de la mayor importancia: la cartera de Desarrollo, Industria y Comercio, que desde luego se relaciona activamente con el BNDES.

El círculo íntimo presidencial pasó a integrar aquel grupo de ministros con oficinas en el propio Palacio del Planalto (la casa de gobierno en Brasilia). Es el caso de Rui Costa, como jefe de la Casa Civil; de Alexandre Padilha, médico y diputado petista, que mandará en las Relaciones Institucionales y Marcio Macedo, vicepresidente del PT, que tendrá la misión de conducir la Secretaría General.

Otras áreas, como la de Salud, recibieron un cuidado especial. En ese puesto crítico fue nombrada Nisia Trindade Lima, que ejerció hasta ahora la presidencia de una célebre institución médica brasileña: la Fundación Fiocruz, que llegó a fabricar vacunas contra el Covid.

No menos importante es la presencia de Anielle Franco en el equipo ministerial. Ella es la hermana de Marielle Franco, la activista y concejal del PT asesinada por las milicias bolsonaristas en Río de Janeiro. Le toca dirigir, en el futuro, en el nada simple ministerio de Igualdad Racial.

El embajador Mauro Vieira, quien será canciller de Brasil a partir del 1º de enero próximo, dio su primera conferencia de prensa este mediodía en Brasilia. Allí, el diplomático enfocó las prioridades del próximo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva: retomar los contactos con los vecinos latinoamericanos, normalizar las relaciones con Venezuela y reconstruir los puentes con los socios tradicionales del mundo desarrollado, como Estados Unidos, China y Europa. En la reunión se confirmó la presencia del presidente Alberto Fernández el 1º de enero en la capital brasileña. En marzo próximo, en el contexto de la reunión de la Celac, el mandatario argentino y el flamante gobernante brasileño mantendrán una bilateral. 

Con la Unión Europea y con Washington, Brasil pretende mantener “una intensa relación productiva. Pero será equilibrada” afirmó el futuro ministro de Relaciones Exteriores. Aclaró que se trata de establecer “relaciones soberanas y desarrollar, dentro del interés nacional todas las posibilidades de cooperación y de intercambio, en todas las dimensiones”.

Vieira indicó que bajo su conducción “habrá una aproximación con las naciones latinoamericanas para recuperar organismos regionales como la Celac y la Unasur”. Pero a su juicio, la restauración de estos ámbitos “debe ser hecha con una mirada nueva, porque el mundo cambió. No es más el mismo de cuando esas entidades fueron creadas. Desde luego, que siempre vamos a basarnos en la solidaridad como países en desarrollo”. En ese contexto, el diplomático aseguró que Lula, el presidente diplomado este lunes último, estará presente en marzo próximo en la reunión de la Celac en Buenos Aires, en la reunión que se había programado para el lunes 12 de este mes y que debió ser suspendida. Confirmó también que en los próximos tres meses, Lula deberá visitar Estados Unidos y a China.

Recordó que, en breve, el nuevo presidente brasileño irá “a tomar medidas concretas en medio ambiente”. Ese fue el compromiso que suscribió en Egipto donde estuvo en la COP27, poco después de triunfar en la segunda vuelta. “Pretende también concretar la reunión de los países amazónicos. Y en simultáneo realizará la oferta concreta de hacer la cumbre COP30, en 2025, en la capital del Amazonas brasileño”.

Sobre las relaciones con Venezuela, no dejó dudas. Ante una pregunta de los periodistas sobre si reconocería también a Juan Guaidó como presidente del país, tal como hizo el gobierno de Jair Bolsonaro, Vieira replicó: “Con relación a Venezuela, el Presidente (Lula) me instruyó para reestablecer las relaciones, lo que haremos a partir del 1º de enero próximo. Primero enviaremos a la embajada en Caracas a un encargado de negocios, para recuperar los edificios que nosotros tenemos allá. Luego reabriremos la embajada e indicaremos el embajador. Desde luego que para nosotros el gobierno es el del presidente Maduro, que fue electo”.

Respecto a la Unión Europea, el nuevo ministro designado juzgó que las relaciones deben cambiar a partir de la nueva política ambiental. “Creemos que habrá un horizonte mejor teniendo en cuenta los cambios en la agenda del medio ambiente ya anunciada por el presidente Lula. Creo que eso debe destrabar una serie de dificultades en las negociaciones. Desde luego, lo consultaremos primero con nuestros socios del Mercosur”.

Con un excelente humor en relación a la prensa, Luiz Inácio Lula da Silva anunció el mediodía de este viernes quienes serán sus ministros claves a partir del 1º de enero próximo. Aseguró, también, que los nombramientos restantes del futuro gabinete serán definidos el martes, un día después que la justicia electoral entregue los diplomas de presidente y vicepresidente de Brasil, a él y a Geraldo Alckmin. Los efectivizados no constituyen una total novedad, ya que los medios habían anticipado esos nombres, filtrados por distintas fuentes.

Al frente del Ministerio de Hacienda estará Fernando Haddad, el ex candidato presidencial de 2018 por el Partido de los Trabajadores y también ex ministro de Educación y ex alcalde de San Pablo. Para el comando de la cartera de Defensa, la designación recayó en José Mucio, ex titular del Tribunal de Cuentas de la Unión, un órgano federal autárquico que tiene una influencia decisiva en el control externo de los organismos estatales. Gracias al prestigio de Mucio entre los militares, el ahora designado ministro fue rápidamente aceptado por las Fuerzas Armadas.

A cargo de la Cancillería brasileña estará el diplomático Mauro Vieira, quien se desempeñó al frente de la embajada en Argentina entre 2004 y 2010 para asumir, entre 2015 y 2016 la jefatura del Ministerio de Relaciones Exteriores. El futuro canciller es muy próximo al ex ministro Celso Amorim quien seguramente será, en el próximo gobierno, el asesor especial de Lula en asuntos internacionales. La lista se completa con otros dos nombres: Rui Costa que ocupará la jefatura de la Casa Civil (una función equivalente a la de ministro coordinador en Argentina) y Flavio Dino se encargará el ministerio de Justicia.

Rui Costa, gobernador del estado de Bahía hasta fin de año, es un economista hijo de un metalúrgico muy vinculado al movimiento sindical y que en los años 80 participó de la fundación del Partido de los Trabajadores. En cuanto a Dino, un político del Partido Socialista Brasileño, es también gobernador del estado nordestino de Maranhao hasta fines de este año; además de abogado, en su currículo figura el haber sido juez federal, un cargo que ejerció por 12 años.

Durante la conferencia de prensa, Lula anticipó que esta tarde debe reunirse con Mucio y los actuales comandantes de las tres armas para definir ya quienes serán los futuros jefes a ser nombrados antes incluso del fin de este gobierno. Esta decisión de adelantar los nombramientos produjo un rechazo por parte de Jair Messias Bolsonaro, a quien le restan 22 días al frente del Poder Ejecutivo. El actual presidente juzgó que, al estar todavía sentado en su despacho del Palacio del Planalto, le correspondía a él designar quienes serían los sucesores de los comandantes de Ejército, Marina y Aeronáutica. Pero esa demanda no fue aceptada por la cúpula militar, que se avino a acordar  hoy con Lula y Mucio, quienes son los candidatos. 

“A partir de hoy pueden hablar con cada uno de los ministros nombrados: con Haddad, con Dino y Mucio” dijo el presidente electo a los periodistas. Y agregó que el resto del gabinete será completado este domingo “cuando tenga en claro la cantidad de ministerios y de secretarias a crear en mi gobierno”. 

-¿Usted presentará en los próximos anuncios a mujeres, a indígenas y a afrobrasileños en las grandes carteras ministeriales, o los dejará confinados a las menos importantes?- preguntó un periodista en la posterior conferencia de prensa.

-Cuando se monta un gobierno, se mira el conjunto de la sociedad brasileña y su mega diversidad. Estos compañeros que hoy fueron designados, son absolutamente aptos para ejercer la función que les fue delegada. Desde luego, vamos a tener negros, mujeres e indios, en el futuro gabinete- dijo Lula.

El futuro mandatario aseguró a la prensa, brasileña e internacional, que “al terminar la transición, el martes próximo, vamos a presentar a la sociedad brasileña lo que hallamos del actual gobierno, pero sin hacer un show de pirotecnia”. Eso surge, según dijo, del hecho de “no querer cargar a en nuestras espaldas los desmanes de este gobierno”. Juzgó que el período de Bolsonaro, entre 2019 y fin de este año, “hubo un gobierno grande pero de cabeza pequeña: no consiguió resolver ninguno de los problemas del país”.

La fecha y el horario ya están marcados: será el lunes 12 a las 14 horas, cuando el presidente electo Lula da Silva y su vice Geraldo Alckmin reciban de manos de Alexandre de Moraes, el juez titular del Superior Tribunal Electoral, los diplomas que los habilitan en forma definitiva como los futuros gobernantes del país. A partir de ese momento, se torna cero la chance de cuestionar los resultados. La inminencia de esa solemnidad colocó al todavía jefe de Estado, Jair Messias Bolsonaro, en una suerte de callejón sin salida: las protestas de sus partidarios frente a los cuarteles, que fomentó desde su refugio en la residencia oficial a la voz de “intervención militar”, ya no tendrán destino. 

Recluido en el Palacio de la Alvorada después de su derrota del domingo 30 de octubre, el todavía mandatario brasileño decidió gastar el tiempo que le restaba para su salida en maniobras que supuestamente conducirían a la cancelación de los comicios y, eventualmente, a la convocatoria de un nuevo proceso electoral. Ninguno de los artilugios, ni siquiera aquel último montado a fines de noviembre por Valdemar Costa, presidente de su partido, tuvieron suerte. La expectativa de impugnación del cómputo electoral por supuestas irregularidades en 270.000 urnas electrónicas, duró tan solo 24 horas, cuando el TSE dio su veredicto negativo al reclamo y sancionó al PL con una multa multimillonaria.

En ese momento JMB entendió que se le habían cerrado los caminos para su operación de retorno al Palacio del Planalto, a partir de enero. La historia podría haber terminado sin más incidentes a no ser por la implacable sensación de fracaso que lo abrumó. El lunes decidió salir del retiro para asistir a una ceremonia militar en la academia Agulhas Negras, acompañado de su mujer Michele. Y en un momento del acto, con las cámaras que lo enfocaban, las lágrimas brotaron de sus ojos y recorrieron las mejillas. Fue el hecho más llamativo desde la derrota; entre otras cosas porque implicó reconocer que ya no podría cambiar el escenario a su favor.

Hay quienes opinan que su llanto no se debía exactamente al triunfo de su enemigo Lula, quien lo debe reemplazar a partir del 1º de enero. Lo que le produjo congoja fue percibir que carecía del apoyo militar para cuestionar la legitimidad de los comicios. Lo que más impactó a sus aliados fue la imposibilidad del presidente en ejercicio del poder, de ocultar sus sentimientos. “No es el llanto lo que esperábamos de él. Queríamos verlo a la cabeza de la oposición en el futuro gobierno lulista” admitió a la prensa brasileña uno de sus aliados. Su ministro jefe de la Casa Civil, Ciro Nogueira, no tuvo mejor idea que acentuar el desconcierto mediante un tuit que destacaba la “sensibilidad” presidencial. “Durante cuatro año, intentaron deshumanizar al presidente Bolsonaro. Intentaron retirar su sensibilidad, simplicidad y humildad. Contuvo las emociones dentro de él, pero ahora libre, Bolsonaro puede ser como él es”.

El presidente confió, desde los primeros tiempos de su administración en 2019, que contaría con el respaldo fiel de los militares para provocar tumultos que llevaran a la anulación de las elecciones. Pero estos últimos tiempos percibió que allí no podría buscar el apoyo necesario para dar vuelta ese proceso. Las Fuerzas Armadas no se mostraron dispuestas a abroquelarse detrás de los proyectos golpistas.  Nada pudo incentivar la famosa “intervención” reclamada por los bolsonaristas que acampan, aun, frente algunos cuarteles.

La soledad del mandatario fue en aumento, especialmente a medida que el mundo de los políticos se volcaba a las negociaciones con Lula. Nadie del espectro parlamentario de centro y centro derecha quedó afuera en la tramitación de esos acuerdos con las fuerzas que tienen representación en el Congreso. La mitad del propio partido de Bolsonaro ya negocia activamente con la nueva gestión.

Para completar la pantomima, los hijos del presidente no tuvieron mejor idea que correr a la embajada de Italia para gestionar la ciudadanía italiana, que según dijeron les corresponde por derecho. El senador Flavio, que confirmó la diligencia, dijo que no pensaba abandonar Brasil. A Bolsonaro le preocupa la situación legal de sus descendientes, especialmente la de Flavio, que tiene pendientes causas por delitos administrativos de cuando era concejal.

La reclusión del presidente, que lo lleva a permanecer estos días no más de un par de horas en su despacho, no impidió sin embargo que su gobierno continúe ejerciendo daños sobre la educación, la salud y el medio ambiente. Esta semana volvió a tijeretear el presupuesto para las universidades y los organismos de ciencia e investigación. En las altas casas de estudio no hay con qué pagar salarios docentes, menos aún abonar las becas estudiantiles o destinar recursos a proyectos de investigación.

Ya está confirmado: Lula da Silva viajará a Estados Unidos los primeros días de enero, para un encuentro con el presidente Joe Biden. El convite provino de Washington y fue presentado al futuro jefe de Estado de Brasil por Jack Sullivan, Consejero de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, en una reunión que mantuvieron hoy en Brasilia. Junto a Sullivan estuvieron en ese mitin Juan González, Asesor para América Latina y Ricardo Zúñiga, Secretario Adjunto de Estado para el Hemisferio Occidental. Del lado de Lula, se hallaba su núcleo más íntimo: el ex canciller Celso Amorim; el candidato a ocupar el ministerio de Hacienda, Fernando Haddad y el senador Jacques Wagner, quien irá a ocupar un cargo ministerial en el nuevo gobierno.

Lula asumirá su cargo el 1 de enero y el viaje a EEUU sería uno de los primeros al exterior. El presidente electo de Brasil había anunciado que antes de tomar posesión viajaría a Buenos Aires para visitar al presidente Alberto Fernández, pero aún no se conoce la fecha.

El futuro presidente brasileño declaró entusiasmado a través de las redes sociales: “Estoy animado para conversar con el presidente Biden y profundizar la relación entre nuestros países”. La satisfacción de Lula hay que entenderla tanto desde el punto de vista internacional, como también doméstico: la llegada a Brasil de la misión que encabeza Sullivan implicó una clausura definitiva del período de Jair Bolsonaro y de sus intentos por desconocer los resultados electorales del 28 de octubre. Esa fue la postura que el Consejero de Seguridad ratificó ante el gobierno bolsonarista en una reunión posterior con el almirante Flavio Rocha, actual secretario de Asuntos Estratégicos de Brasil.

Si las expectativas de Lula en esta cita se cumplieron, pues su apuesta con Sullivan era “hablar de política; de la relación de Brasil y Estados Unidos y del papel de Brasil en la nueva geopolítica mundial” ; también se vieron satisfechas las perspectivas estadounidenses. Para la administración demócrata, la salida de Bolsonaro significa un punto de quiebre para la ultra derecha mundial, comandada por Donald Trump y Steve Bannon. Con Lula podrán tener diferencias, pero saben que el político brasileño es pragmático y experimentado. Zúñiga, quien fue además cónsul norteamericano en San Pablo, valoró esos rasgos del futuro presidente brasileño: “Brasil es un gran actor multilateral” dijo, para añadir que “tiene un largo camino de negociaciones en procesos de paz, en la búsqueda de soluciones multilaterales para algunos problemas complejos de seguridad” dijo hace unos días en una conferencia en la Universidad de Harvard.

Entre los temas que convocan a ambos gobiernos figura la pauta de los cambios climáticos. Es uno de los asuntos donde la gran potencia del Norte puede tener notorias coincidencias con el futuro poder político brasileño, desde que el propio Lula señaló que una de las prioridades de su gestión será “tolerancia cero” para la devastación del Amazonas. La agenda seguramente contendría cuestiones referidas a la región sudamericana, como la de ayudar a erigir un puente entre Washington y Caracas. De hecho, el gobierno de Biden ya inició un proceso de eliminación de sanciones al gobierno de Nicolás Maduro, quien por otra parte habilitó el retorno a Chevron a Venezuela. La guerra de Ucrania no estará ausente de la agenda bilateral, con su impacto en la inflación mundial por cuenta del petróleo y de los granos. Para Lula, el conflicto bélico entre Rusia y los ucranianos “no tiene ningún sentido” en el mundo actual.

Por las características que tendrá este viaje, hay mucha semejanza con el que protagonizó Lula en 2002, aquella vez como presidente electo de Brasil. En la época se encontró con el republicano George W. Bush, en una gira que según se dijo entonces había sido alentada por el ex presidente Fernando Henrique Cardoso. 

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El jefe del Partido Liberal, Valdemar Costa Neto, insistió esta tarde ante el Tribunal Superior Electoral que su partido quiere la revisión de los resultados de la segunda vuelta, que el domingo 30 de octubre le dio el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva. Para el titular del PL, tal como dijo en posterior conferencia de prensa con medios nacionales y extranjeros, la apuesta es a la anulación de los votos computados en 280.000 urnas electrónicas, fabricadas con anterioridad al año 2020. Afirmó también que a partir de esta inversión, Jair Bolsonaro pasaría a detentar 51% de los votos válidos y Lula da Silva, a su vez, sería el derrotado de turno con 49%. 

En síntesis, si la justicia electoral aceptara semejante pedido, sería reelecto el mandatario actual. Durante el mitin con la prensa, Costa Neto dijo que los defectos de las urnas fueron “finalmente hallados” después de ocurridos los comicios, a pesar que todos los partidos políticos tuvieron muchos meses previos para realizar los chequeos. Inclusive, las Fuerzas Armadas brasileñas, a instancias del jefe de Estado, debieron encargarse de probar ellas mismas la eventual existencia de problemas. No obstante, en su informe final dijeron que no se había registrado ningún tipo de anormalidad.

Otro dato significativo es que, con semejante procedimiento defendido por el PL en su presentación judicial, quedarían simplemente anuladas las opciones presidenciales de 45% de los brasileños que participaron de la segunda vuelta. El magistrado Alexandre de Moraes, titular de la Corte Electoral, les había exigido a los liberales que llevaran a su despacho un informe adicional sobre lo acontecido en la primera vuelta. Pero Costa Neto, en comunión con Bolsonaro, sostuvo hoy que la solicitud no procedía por tener “terribles consecuencias”. En sus palabras, habría de provocar “un grave tumulto procesual”. Es que a juicio de los liberales bolsonaristas, “extender la verificación extraordinaria también para el primer turno traería como efecto la propia inviabilidad de la medida pretendida para la segunda vuelta”. En síntesis, la demanda sería válida para los candidatos a la presidencia, pero no para el resto de autoridades electas en el primer turno: gobernadores, diputados y senadores.

Este miércoles trascendió que el actual mandatario intervino directamente en la redacción y lanzamiento de la presentación ante la justicia electoral. El martes de la semana pasada se reunió con Costa Neto, con el abogado Marcelo Bessa y con el ingeniero Carlos Rocha, en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial en Brasilia. El asesoramiento del especialista le costó al PL nada menos que 350.000 dólares, según dijo el diputado Eduardo Bolsonaro (hijo presidencial), pero aclaró que fueron pagos con dinero privado. Curiosamente, la cúpula del Partido Liberal había dicho en agosto que ya en ese momento contaba con el informe técnico realizado por Rocha, pero que la decisión tomada en aquella oportunidad fue aguardar hasta diciembre para divulgarla. Como es obvio, no habrían de hacerla pública en caso de un triunfo de Bolsonaro.

Fue Jair Messias quien determino la fecha en que debía efectivizarse la presentación de la demanda, además de establecer los pasos a seguir por el trío. Fuentes consultadas por el sitio UOL, del grupo Folha de Sao Paulo, dijeron que el lunes 15 de noviembre –feriado nacional por la proclamación de la República brasileña—el jefe de Estado convocó a Valdemar Costa y le dijo que apresurase los trámites para dejar a punto la demanda judicial. Y este martes por la mañana, Bolsonaro convoco a los tres asesores para ejecutar la presentación. Allí se encontraba, además, el publicista político Duda Lima.

Bessa aconsejó poner, en el escrito, que “las inconsistencias (verificadas en las urnas) no permiten garantizar que el resultado electoral coincidiera con la real voluntad de los electores”.

“¿Cuál es el alcance real de esta maniobra?” indagó este medio a un importante miembro del Partido de los Trabajadores. En su visión “no irá muy lejos, terminará en breve”; pero el problema que observan en la dirección petista remite a las turbulencias políticas creadas por toda la situación que dificultará en forma significativa el proceso de transición comandado por el vice electo Geraldo Alckmin. 

Para el actual vicepresidente, Hamilton Mourao, la acción “no será bienvenida. Pero hay una franja de la sociedad que entiende que hubo problemas en el proceso electoral”. Dio a entender que podrán extenderse en el tiempo, y. tal vez crecer en intensidad, los piquetes realizados por los camioneros bolsonaristas.

Veintitrés días después de las elecciones en Brasil, que dieron el triunfo a Luiz Inácio Lula da Silva, este martes hubo un nuevo intento de desconocer los resultados, esta vez empujado por el Partido Liberal de Jair Bolsonaro. La demanda del PL se basa, una vez más, en los resultados presentados en septiembre pasado por el Instituto Voto Legal donde la entidad avisaba en un informe que había problemas de seguridad con las urnas electrónicas. La supuesta investigación de ese instituto, que ni siquiera tiene un site auténtico en internet, fue rechazada en su momento por el Tribunal Superior Electoral que juzgó el dossier de “falso, mentiroso, fraudulento y que apunta a tumultuar las elecciones”.

Según el grupo político del presidente brasileño saliente Bolsonaro, a quien le restan apenas 39 días en el poder, mencionó en su presentación “disconformidades irreparables de mal funcionamiento” (sic) de miles de urnas electrónicas. De acuerdo con la manifestación de los liberales, que fue firmada por su titular, el diputado Valdemar Costa Neto, habría 279.300 urnas que presentaban problemas crónicos. La eliminación del conteo de votos correspondientes a éstas, representaría un cambio radical en la perspectiva de los comicios del 30 de octubre último: en ese caso, el actual jefe de Estado obtendría 51,05% de los votos y Lula saldría perdedor con 48,95%. De ser aceptado ese criterio de revisión del Partido Liberal, implicaría anular el voto del 68% de los electores brasileños.

Desde luego, los aliados del actual jefe de Estado revistieron la presentación judicial con una pátina de seriedad. Afirman, por ejemplo, que las urnas invalidadas son aquellas producidas antes del año 2020: “Lo que se pretende es una verificación extraordinaria, para confirmar los indicios del mal funcionamiento presentados en el informe técnico, de modo de comprobar la falta de certeza de los resultados generados por las urnas electrónicas fabricadas previamente al modelo UE2020”.

La solicitud del partido oficialista, ante el Tribunal Electoral tiene un flanco débil: ocurre luego que el sistema electrónico electoral resultara aprobado, entre otros, por el Tribunal de Cuentas de la Unión (organismo oficial), la Orden de Abogados de Brasil y las propias Fuerzas Armadas, además de tres misiones internacionales de observadores. Otro elemento adicional fragiliza la operación que el Partido Liberal acaba de descerrajar: el cuestionamiento se refiere sólo a la segunda vuelta, es decir, no pide revisión de la primera. Y hay una razón para eso: poner en cuestión los resultados del primer turno implicaría el desconocimiento de los resultados que obtuvieron entonces gobernadores, diputados y senadores, elegidos de primera intención el domingo 2 de octubre. De hecho, dejaría desprovisto al PL de los 99 diputados que consiguió colocar en el Congreso nacional.

Con la perspicacia que lo ha caracterizado durante toda la etapa electoral de 2022, el juez Alexandre de Moraes, titular del TSE y miembro de la Corte Suprema, señaló: “Las urnas electrónicas que son apuntadas en el pedido, también fueron utilizadas en la primera vuelta. De modo que, so pena de rechazar la demanda, los autores deben adicionar al pedido inicial que abarque los dos turnos electorales (del 2 y del 30 de octubre”. En la resolución Moraes les dio un plazo de tan solo 24 horas para que introduzcan ese cambio. Con esa estrategia, el magistrado coloca a la cúpula del Partido Liberal en un callejón sin salida.

Este engendro de petición fue anunciado en una conferencia de prensa en Brasilia, la tarde de este martes, por Costa Neto. Y dio lugar a nuevos incidentes provocados por los bolsonaristas, que se agolparon en las puertas de las oficinas del político donde se encontraban los periodista. Como es habitual, insultaron a los medios e inclusive llegaron a la agresión física contra profesionales. 

Según los analistas brasileños, la acción del PL que se asemeja a la de un putch político, tiene escasas chances de prosperar. Todo indica que la Corte Electoral archivará el caso inmediatamente para impedir su “uso Indebido” por parte del gobierno de Bolsonaro.

El presidente electo de Brasil, Lula da Silva, reiteró este mediodía que tendrá “tolerancia cero” con la deforestación del Amazonas. En el discurso pronunciado en Sharm el-Sheik, el balneario del Mar Rojo donde se realiza la conferencia de las Naciones Unidas por el cambio climático, COP27, el futuro jefe de Estado garantizó: “Brasil está preparado para unirse a los esfuerzos de construcción de un planeta más saludable; de un mundo más justo, capaz de abrazar con dignidad a la totalidad de sus habitantes, y no apenas una minoría privilegiada”. 

Reveló que el combate a las emisiones de CO2 y la preservación de la selva tropical son una gran prioridad: “Tendrá el más alto perfil en la estructura del futuro gobierno”, aseguró.  Lo acompañaba, en la primera fila, la ex ministra Marina Silva, una de las estrellas de la conferencia de la ONU. En Brasilia, el vicepresidente Geraldo Alckmin, quien anunció que la ex funcionaria pasó a formar parte del equipo de transición bajo su comando, como también el senador Randolfe Rodrigues.

Lula mostró su percepción de lo mucho que está en juego. “La invitación que recibí no fue hecha para mí, sino para mi país y el pueblo brasileño. Es un reconocimiento de la prisa del mundo para que Brasil vuelva a participar de las discusiones sobre el futuro del planeta, que nos alerta sobre nuestra vulnerabilidad ante  la tragedia climática”. En su exposición también se refirió al agro de su país, de cuya producción depende la parte más gruesa de las exportaciones brasileñas. A ellos les dijo: “Tenemos 30 millones de hectáreas de tierra degradada y no precisamos deforestar ni siquiera un metro de vegetación para continuar como uno de los mayores productores de alimentos del mundo”. 

Advirtió, en ese contexto, que el mundo ignora en estos tiempos los alertas que da la naturaleza. “Gastamos billones de dólares en guerras que solo traen destrucción y muertes mientras 900 millones de personas en todo el mundo,  no tienen qué comer”, previno. Y se valió de ese momento para cuestionar, aunque sin mencionar específicamente a los contendientes, la guerra entre Rusia y Ucrania: “Sufrimos múltiples y crecientes tensiones geopolíticas, por la vuelta del riesgo de una guerra nuclear”. Como consecuencia “hay riesgos de desabastecimiento de comida, de energía y un aumento intolerable de la desigualdad”.

Convocó a las autoridades de las 193 naciones de la ONU, para actuar en la reversión  “de la escalada del calentamiento terrestre y sacar del papel los acuerdos que ya se firmaron. Para eso, es preciso poner recursos (financieros) a disposición de los países en desarrollo y en especial los más pobres, para que puedan enfrentar las consecuencias de un problema creado en gran medida por los países ricos, y que afecta de manera desproporcionada a los más vulnerables”.

Con voz ronca, debido a llagas en sus cuerdas vocales, debió detener su exposición al menos en dos oportunidades. Pero eso no desmereció en absoluto su disertación. Por el contrario, fue aplaudido al exponer los ejes de lo que será la política externa brasileña. Por ejemplo, durante el párrafo en el que objetó la guerra en Europa. Desde luego, no obvió criticar ácidamente a Jair Bolsonaro, quién continuará al frente del Palacio del Planalto hasta el 31 de diciembre próximo. Lula le endilgó a quien pronto se convertirá en su antecesor, la responsabilidad por la escalada de la devastación de la floresta tropical. Declaró, en ese sentido, que irá a recrear de inmediato todos los organismos de vigilancia y control para combatir los delitos ambientales. Le otorgó también un papel preponderante a los pueblos amazónicos originarios en la preservación de lo que aún permanece en pie.  Concluyó con el anuncio de la reanudación del flujo de financiación de fondos otorgados por Alemania y Noruega, y que trepan a 500 millones de dólares. “Estamos abiertos a la cooperación internacional para preservar nuestro biomas, sin que eso signifique desistir de nuestra soberanía”.

Para Marina Silva, el alegato de Lula da Silva adquiere una gran relevancia “para Brasil y para el mundo. El país vuelve al protagonismo en la agenda ambiental global. Coloca en forma acertada el debate del cambio climático asociado a la seguridad alimentaria”. Otro de los mencionados para cargos en el área del Medio Ambiente, el senador Randolfe Rodrigues, del mismo partido que Marina, celebró enfático el discurso del futuro presidente. “Brasil volvió pujante para mostrar lo que es en el mundo. Volvió con la dimensión de un país que conserva la mayor selva tropical del globo. Volvió a reestablecer la cooperación y reafirmar su posición en el mundo”.

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Después de pasar tan solo cuatro días de vacaciones con su mujer, en una playa del Nordeste, Lula da Silva retornó a Brasilia para protagonizar su primera reunión en el Congreso. Con el titular de la Cámara de Diputados, Arthur Lira, ya concretó una de las negociaciones. Como Presidente electo se comprometió a no interferir con un candidato propio en la elección del nuevo comando de la Cámara Baja, en febrero próximo. Y  en este entramado de dar y recibir, el diputado Lira le garantizó que “trabajará” para que se puedan cumplir con las dos promesas lulistas: convertir en permanente el subsidio de 600 reales (120 dólares) para los más pobres, que vence el 31 de diciembre próximo; y aumentar el salario mínimo, hoy de 240 dólares.  

Lula logró configurar lo que consideran es el “equipo económico de los sueños”. Por ahora se trata del grupo de economistas que actuará en la transición, pero nadie duda de que esos nombre estarán en los cargos más altos del área económica a partir del 1º de enero. Ellos son: André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello y Nelson Barbosa.

La nómina es un ejemplo preciso de cómo avanzará el líder petista en la conformación de su futuro gobierno, donde privilegiará un “gobierno que no será del PT”. De hecho, tanto Lara Resende como Arida, fueron los diseñadores del Plan Real en 1994, cuando Fernando Henrique Cardoso estuvo al frente del Ministerio de Hacienda (en la presidencia de Itamar Franco). Luego pasarían a ser funcionarios del primerísimo escalón durante la primera gestión de FHC. Ambos profesionales provienen del Partido Socialdemócrata de Brasil (PSDB)

Barbosa, del Partido de los Trabajadores, fue ministro de Hacienda y luego de Planificación durante el primer gobierno de Dilma Rousseff; también estuvo en la  segunda gestión de Lula (2007-2010) como secretario de Política Económica. El cuarto personaje es un economista joven, petista, que ejerce la docencia en la universidad. Todos los nombrados, sin excepción, tienen abultados currículos profesionales, varios de ellos con doctorados en el exterior.

Otra de las figuras que fue designada por Lula es Simone Tebet. Ella fue candidata a presidente y obtuvo el tercer lugar, con 6% de los votos; en la segunda vuelta, se volcó de lleno a trabajar en la campaña lulista. Pertenece al Movimiento Democrático de Brasil (PMDB) que en el pasado fue aliado directo del PT; de esa relación provino el nombramiento de Michel Temer, como vicepresidente de Rousseff, contra quien se dedicó a conspirar a partir de 2014. Fue un alma mater del impeachment en 2016, y eso explica que el político esté excluido ad eternum de cualquier negociación con el futuro gobierno.

Tebet, una abogada de 54 años, fue incorporada en la transición como responsable por el área de desarrollo social, uno de los asuntos más sensibles para Lula. 

En Brasilia, el gobernante electo estuvo con el diputado Lira en la residencia del legislador, durante algo más de dos horas, y luego se dirigió para almorzar con el titular del Senado, Rodrigo Pacheco. En ambas citas estuvo acompañado por su vice Geraldo Alckmin, junto también a líderes petistas como Gleisi Hoffmann y Aloysio Mercadante. 

En términos de planes para la economía, hay una fuerte expectativa empresarial. Como es de esperar, los dirigentes sectoriales pretenden marcar el rumbo; pero al mismo tiempo confía en la selección del grupo de economistas que tendrán como misión, aun antes de ser efectivamente gobierno, de lograr que el Congreso vote la “perforación del techo de gastos”. Para que se entienda, ese techo fue establecido mediante una enmienda constitucional votada por el Congreso y sancionada, en 2017, por el entonces presidente Temer. Esa enmienda vincula el ajuste presupuestario anual a la evolución inflacionaria, convertida así en un auténtico “techo” que limita, de hecho, las partidas presupuestarias para los distintos sectores.

Aunque el PSDB cardosista niega que vaya a formar parte del futuro gobierno, entre sus cuadros hay una clara tendencia a colaborar. No faltan razones. Tal como dijo Tasso Jereissati, uno de los históricos de la agrupación, “Brasil podrá mejorar con la victoria de Lula”, porque en su evaluación el gobierno de Bolsonaro “fue uno de los peores de nuestra historia”.

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En los seis días posteriores a la elección, el futuro presidente Lula da Silva ha desplegado un esfuerzo relevante para asegurarse un buen comienzo de gobierno el 1º de enero de 2023. Hay tareas impostergables, según comunicó a sus tropas, comandadas por el vice Geraldo Alckmin. Son las de garantizar dos compromisos de campaña: la continuidad del subsidio de 600 reales (120 dólares) para los más vulnerables; un reajuste del salario mínimo e inversiones del sector público. Por eso, el foco está puesto en las negociaciones con el Congreso. Varios subsidios para los más pobres sólo pueden ser habilitados por los parlamentarios, ya que implica perforar el techo establecido desde 2016.

En menos de una semana y contra cualquier suposición, este Parlamento conservador dio sobradas muestras de que irá a complacer al futuro mandatario. Claro que mantendrá algunas exigencias como moneda de cambio: una de ellas es que el futuro oficialismo evite intervenir en la designación, a partir de enero de 2023, de los nuevos titulares de Diputados y Senado. La otra es que preserve, por ahora, el sistema de enmiendas parlamentarias secretas; que le permitió al gobernante actual destinar fondos a los legisladores para obras y servicios en sus respectivos distritos electorales.

El flamante Congreso, cuya composición decidida en estas elecciones le dio peso al Partido Liberal (PL), aquel en el que está enrolado Jair Bolsonaro, mostró disposición a votar antes de fin de año un aumento del gasto fiscal. Los nuevos recursos serían destinados por el futuro gobierno al pago del “Bolsa Familia”, que recuperó su nombre original. El equipo liderado por Alckmin prevé además un incremento de las partidas presupuestarias para inversiones en el plan de construcción de viviendas “Mi casa, mi vida”, del orden de los 6.000 millones de dólares. De acuerdo con los legisladores, el proyecto de ley presupuestaria enviado en agosto por Jair Bolsonaro a la Cámara de Diputados, previó el menor destino de fondos en décadas a las inversiones del Estado. Y eso tuvo que ver con la necesidad del jefe de Estado de reparar el boquete fiscal que él mismo produjo en 2022.

“El presidente Lula tiene un conjunto de acciones que dependen de esas inversiones. Para el programa habitacional, el gobierno actual destinó apenas 6,7 millones de dólares para todo el país” declaró Wellington Dias, senador del PT designado para negociar la reforma del presupuesto. Los partidos del “centrón”, como los medios han bautizado esa pléyade política “pragmática”, ya dijeron que apoyarán a Lula del mismo modo que lo hicieron antes con el presidente saliente Bolsonaro.

Un ejemplo de la “buena disposición” es el cambio de humor en el bloque parlamentario de evangélicos. Antes del domingo 30 de octubre los pastores solían afirmar que el candidato petista iba a “cerrar iglesias”. El miércoles el obispo Edir Macedo, fundador de la Iglesia Universal, comentó que Lula ganó los comicios gracias a que fue “bendecido por Dios”.

En simultáneo con la acción entre congresistas, la futura gestión busca asegurarse el armado de un nuevo pacto federativo con los gobernadores, elegidos también en los comicios de octubre. El objetivo sería iniciar el mandato el 1º de enero sin nada que pueda sobresaltar a las nuevas autoridades. En ese sentido, los acuerdos con los 27 mandatarios electos se imponen como una urgencia, pues apenas 10 de ellos pertenecen a la Coalición de la Esperanza. Hay que señalar, además, el poder que tienen los poderes ejecutivos de estados provinciales, en la medida de su influencia sobre los legisladores. Ahora, le toca a esa alianza de partidos que rodeó a Lula, negociar con los gobernadores del bolsonarismo. Hay dos de ellos que tienen el mayor peso a nivel nacional: Claudio Castro, de Río de Janeiro, y Tarcísio de Freitas, de San Pablo.

El plan del futuro jefe de Estado es realizar una conferencia con todos los gobernantes provinciales en los primeros 15 días de enero. Allí habrá de plantear, según afirman en su entorno, que es imperioso retomar obras paralizadas. “Nuestra preocupación es que no haya interrupciones de servicios públicos” declaró Alckmin en conferencia de prensa ofrecida el jueves último.

Entre tanto, el empresariado le hizo llegar a Lula cuáles son los intereses que les gustaría preservar. Por un lado, no quieren que se toque la reforma laboral aprobada en 2017, cuando Michel Temer ocupaba el sillón presidencial. Al mismo tiempo, quisieran intervenir en las futuras reformas tributaria y administrativa.

En cuanto a la extrema derecha bolsonarista, a esta no le caen bien las “concesiones” prometidas por los legisladores. Y si bien fueron desmantelados “los focos de insurrectos”, con bloqueos de rutas y autopistas que complicó el escenario nacional a principios de la semana, hay de hecho una apuesta a continuar con la agitación. Hasta ahora, el presidente Bolsonaro optó por la reclusión en el Palacio de la Alvorada, la residencia oficial. Solo quebró el aislamiento cuando fue al Palacio del Planalto para saludar al vicepresidente electo Alckmin; y luego, cuando pidió por redes sociales a sus partidarios que discontinuaran las manifestaciones, con los cortes ruteros.

 EG

Brasil es una civilización tropical donde las familias pueden vivir sin heladera pero no sin televisor. Todo el año es primavera y todos los géneros y estilos brotan verdes y prenden en las pantallas. De lunes a viernes florecen el romanticismo bien domado y la ajustada narrativa coral de las telenovelas. Los fines de semana fructifica el realismo fantástico de los programas ómnibus. En período de elecciones, las cadenas de televisión de Río y de San Pablo se reparten los debates presidenciales. Para dejar en claro a qué hora, avisan que los futuros dueños del poder brasileño debatirán cuando termine Pantanal o tal o cual novela, según sea Globo o sea otra la red donde litiguen los presidenciables. ¿No será muy tarde ese horario?, siempre hay un despistado para preguntar. Ni Lula ni Bolsonaro ni nadie en sus políticos cabales será okupa del prime time popular.

Brasil nunca se cansa de la ficción. Después de la novela, espera que en el debate también le cuenten historias. El bolsonarismo, dice el profesor Wilson Gomes de la Universidad de San Pablo, es un arte de inventar historias. Por eso es tan quijotesco desfacer entuertos. Tan arduo, desmentir fake news, refutarlas una por una. Porque las fake news son ficciones, y las ficciones no son ni verdaderas ni falsas.

Fabricar esas historias que son las fake news es tan poco inocente como producir telenovelas. Pero puede ser más democrático, porque no todas las fake news con valor electoral se viralizan de arriba hacia abajo. No todas son destiladas por los gabinetes de odio de las campañas antagónicas. Muchas fake news llegan desde abajo, desde submundos fuera del radar de medios e instituciones, y suben hasta hacerse conocidas y difundidas. Se sabe, cualquiera puede contar una buena historia.

La extrema derecha es consumada maestra en el arte de contar historias. Así medró el bolsonarismo. Gracias a su idoneidad para transformar en comunidad a los que creen en las mismas narrativas.

Todos somos Balzac

Las personas que publican fake-news, no las publican porque les parezcan verdaderas, las publican porque esas fake news les gustan, y porque les gusta postear fake news en sus redes. Como les gusta una telenovela. No tienen confianza en la seguridad epistémica, en el valor de verdad de esas fake news. Ni les interesa. A los niños que empiezan a mirar telenovelas, si se asustan, les revelan que ´es mentira'. Con la noticia y el descubrimiento del fraude, se tranquilizan. A las personas adultas, hacer circular fake news les da innegable satisfacción. Es algo que las ratifica en su identidad, las reconfirma en su pertenencia a un grupo.

Como las grandes novelas realistas del siglo XIX europeo, las fake news se agrupan en series, se enlazan y entrelazan las historias de hoy con las de ayer hasta configurar una gran comedia humana, una totalidad suficientemente abarcativa. Marx y Engels decían que todos y cada uno de los giros en la trama que componen novelistas como Balzac, Dickens o Manzoni, aun en sus novelas históricas sobre la Revolución Francesa o la Reforma Protestante, serían declarados falsos sometidos a un fact-checking. Pero que eso importaba poco, a tal punto era acertada, veraz, la construcción de las dinámicas históricas, sociales: esa verdad que sus novelas volvían inteligible.

Las fake news conforman, perfeccionan, relatos plausibles, de sucesiones en el tiempo de causas y efectos que se vuelven mejor trabadas. Abren la historia a la comprensión de quienes las aprecian, dotan de sentido a un mundo hostil. Los acontecimientos ya no están delante de nosotros, nosotros estamos en los acontecimientos. ¿Qué decide el voto? Esa historia donde hay un papel que espera a cada votante y donde hay un lugar en un escenario al que nos invitan a subir para quedarnos.

Como en las telenovelas, hay episodios que gustan más que otros, que interpelan a algunos grupos más que a otros. Y hay ficciones más perfectas, más completas, más elaboradas en todos sus rasgos, más blindadas y más protectoras, más compensatorias, porque se dirigen a quienes más necesitan las compensaciones de la plenitud identitaria. Son las que ganan adhesiones fuertes, provocan ascensos napoleónicos, indetenibles hasta chocar contra sus límites. Estas historias acaban por ser antihistóricas, por estar cerradas a la historia y organizar la resistencia al cambio. 

Yo soy el tenebroso, el viudo, el desconsolado 

Hay flujos y reflujos temáticos. La saga de Lula-que-cierra- iglesias interesa más a los evangélicos, y los sigue interesando, a la vez que interesa más a otros, cuando se conecta con los capítulos de satanización, satanismo secreto, cultos diabólicos. Son temas presentes en la memoria, que a su vez gatillan la memoria de qué sentimientos corresponden a esos temas.

O Capeta, Coisa Ruim, Siete Pieles, Padre de la Mentira, Príncipe de este Mundo: de la ficción el Diablo es rey. Está en la telenovela Pantanal, donde el peón rural Trindade (interpretado por el muy sexy Gabriel Sater) hizo un pacto con el demonio para tocar la guitarra mejor que todo el mundo. Larga prosapia tiene el Maligno en las fake news políticas brasileñas. Cuando en 1992 escenificó ante los medios la denuncia que llevó al impeachment y a la destitución de Fernando Collor de Mello, su hermano ofreció pistas de la corrupción y pruebas del satanismo del presidente más joven y más popular de Brasil. En 2015, Rossane Malta -ex Rosanne Collor- describió los rituales de magia negra que su ex marido la obligaba a practicar. Ni a Satán se le niega una rehabilitación, y el ex presidente y senador Mello votó en 2016 por la destitución de la corrupta y satánica Dilma Rousseff. Al vice que sucedió a la presidenta petista destituida, una réplica airada a declaraciones de Lula le valió en agosto una ráfaga de memes donde se explicaba cómo Michel Temer había sido poseído por el demonio.

Las fake news bolsonaristas de que Lula había dejados olvidados, o encerrados, en los sótanos de Planalto a unos diablos que adoraba cuando presidente, y las fake news lulistas de que Bolsonaro participaba en el secreto de las logias masónicas es decir satánicas se volvían episodios nuevos de temporadas antiguas. Y alternaban con los flujos temáticos de la pedofilia, obsesión de QAnon y de la derecha trumpista, apropiado en 2022 por la campaña oficial lulista con spots que prohibió el Tribunal Supremo electoral. Con la saga de la sexualización-precoz-de-la-infancia, el crimen del que el diputado Bolsonaro culpabilizó al Partido de los Trabajadores (PT) cuando en 2016 se pronunció a favor de derrocar a Dilma. Las muertes de la pandemia, los cadáveres que le arrojan a Bolsonaro en los debates y las redes, son en su mayoría de personas mayores. Nunca excitarán las imaginaciones como aquellos niños que viven en peligro inminente. Con la corrupción personal de Lula, y de la familia de Lula, espejada en las ficciones de la corrupción personal de Bolsonaro y de sus familiares que compran bienes al contado. Con las ficciones que ejemplifican el presupuesto de que el PT es el partido más corrupto en la historia de la corrupción. Con las historias que cuentan que Lula es amigo de bandidos y que los delincuentes votan por Lula.

La mala educación sentimental

Las personas educadas formalmente quieren educar formalmente a las ineducadas. O informalmente: como sea. Lloran el analfabetismo digital, el analfabetismo mediático. Confían en que esos aprendizajes harán perder potencia a las fake news. Sin embargo, quienes hacen circular fake news, y quienes fabrican noticias, ineducados en las redes, sus vericuetos y sus yeites, no son.

Paralelamente, en las elecciones generales brasileñas se pudo ver hasta qué punto es inocuo el chequeo de fake news por plataformas especializadas o por la Justicia Electoral. En primer lugar por defecto, la cantidad chequeada es ínfima con respecto al caudal que circula, y es dudoso que sea representativa. En segundo lugar por exceso, porque la intervención judicial es apelable como censura, y se abre un nuevo frente de litigios sobre la libertad de expresión y de prensa.

Hay también un equívoco de nacimiento o bautizo, con respecto a las fake news. Es considerarlas mal periodismo, o periodismo perverso, para el cual el buen periodismo sería un antídoto o adversario. A la persona que difunde y consume fake news no le hace falta un periodismo que produzca información de calidad, que sea útil para orientar su vida. Porque no le interesa. No cambia de idea después de ver qué dijo el chequeo. No quiere información verdadera; busca, y encuentra, consuelo, consonancia, inspiración, buena onda. “¿Por qué se drogan los jóvenes?”, le preguntaron al escritor argentino Dalmiro Sáenz. “Porque les gusta”. Las campañas estatales de disuasión que enumeran riesgos para la salud poco disuaden del consumo.

Es tanta la verdad de su mentira

Las ficciones trumpistas o bolsonaristas sólo son hospitalarias para lo idéntico, sin resto pluralista. Son fuente de conversión: algo más profundo, menos revocable que la afiliación partidaria, que la participación facciosa.

Característica de la derecha ha sido su idoneidad para convertir en comunidades a quienes creen en las mismas narrativas. Proveen de ficciones que legitiman identidades. Pero la misma causa de la velocidad de su buen éxito temprano es la razón de la prontitud de su fracaso. Un rasgo determinante, central, en las biografías políticas de Trump y de Bolsonaro, una excepcionalidad marcante que comparten en sus respectivas historias políticas nacionales, es el de distinguirse por ser los únicos presidentes en funciones derrotados cuando aspiraron a una reelección inmediata. La perfección artística de sus ficciones proveedoras de identidades fue reveladora: provocaban un repudio tan firme como la adhesión, y finalmente más numeroso.

Una novedad de las cuatro semanas brasileñas de campaña de cara al balotaje fue que la campaña lulista usó de estas ficciones con tanta libertad como la derecha. Antes la izquierda no lo hacía. Las fake news conectaban los flujos temáticos derechistas preexistentes, y dirigían a Bolsonaro los mismos cargos que Bolsonaro hacía contra Lula. Porque no había servido de nada decir que Bolsonaro era golpista, fascista, antidemocrático, enemigo de la libertad. Los bolsonaristas replicaban que el capitán del Ejército es la reserva moral de Brasil contra Lula, y los liberticidas comunistas como el venezolano Maduro, el nicaragüense Ortega, y sus íntimos amigos asesinos de las libertades de opinar, rezar, comerciar.

Al momento mismo de la victoria electoral, la campaña del PT se desentendió de esos usos de la ficción en campaña. Lula tuiteó DEMOCRACIA. El campo democrático volvió a su única narrativa propia, la de la campaña de primera vuelta, la de la gran historia de la democracia brasileña amenazada por el bolsonarismo y salvada por la victoria del balotaje del último domingo de octubre. Siempre esperó que más y más personas creyeran en esta historia. ¿Es capaz de generar una comunidad consistente, duradera de creyentes? La insípida historia de la democracia bajo peligro de golpe militar fascista no inflamó los corazones con las llamas de la saga de la supuesta corrupción de la infancia consumada por la izquierda por medio de la inducción a la homosexualidad. Por más que la primera es una historia plausible y la segunda rigurosamente falsa.  

AGB

El espectáculo terminó y las luces se apagan. Los actores de reparto, aquellos cuyos camiones bloqueaban rutas, ya se dispersaron. Pero uno de los protagonistas, Jair Bolsonaro, no quiere dejar la escena sin diseminar ofensas contra su adversario, el presidente electo Luiz Inácio Lula da Silva. Cuatro días después de los comicios, todavía se resiste a pronunciar el nombre y apellido de su sucesor. Este jueves siguió con esa tónica, al recibir por dos minutos en el Palacio del Planalto al vicepresidente electo Geraldo Alckmin.

Al jefe actual del Planalto no le faltan sus razones para sentirse aborrecido con su reemplazante. Ocurre que, recién elegido para gobernar el país a partir del 1º de enero de 2023, Lula ya recibió dos convites internacionales: uno del gobierno de Egipto, para que participe de la COP 27, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre cambios climáticos; el objetivo es darle espacio para que pueda exponer la nueva política ambiental para Brasil. Otra invitación vino del Foro Económico Internacional, que le ofreció discursear en un panel especialmente dedicado al país.

Cumplido el trámite de saludar al futuro vice, Bolsonaro se retiró rumbo a la residencia oficial, el Palacio de la Alvorada, el refugio que eligió para pasar el tiempo hasta la entrega del poder. En cambio, dejó en la casa de gobierno a sus principales ministros, el de la Casa Civil Ciro Nogueira y el jefe de la Secretaría de Gobierno, Luiz Eduardo Ramos. Alckmin fue acompañado por los petistas Aloizio Mercadante y Gleisi Hoffmann, presidenta del Partido de los Trabajadores; y así lanzó oficialmente el proceso de transición entre los dos gobiernos, establecido por una ley de 2002.

Pero la cita más importante del trío representante del próximo gobierno ocurrió, por la mañana, en el Congreso. Allí se reunieron con el diputado federal Marcelo Castro, encargado de redactar el presupuesto nacional para 2023. A ellos se les sumó el senador Wellington Dias (también del PT), a quien Lula nombró encargado de negociar la reformular esa ley presupuestaria.

Lo que está en juego es mucho, al menos para el líder petista. Busca concretar dos compromisos claves: mantener el subsidio bautizado Auxilio Brasil de 600 reales (120 dólares) para los sectores más vulnerables de la población y proceder, tal como prometió, a un reajuste de 1,4% del salario mínimo que hoy es de 1.212 reales (240 dólares). Estos gastos son considerados como “impostergables” por el nuevo gobierno y por eso reclama que no pueden estar sujetos a estrecheces fiscales.

Como suele ocurrir en estas circunstancias, los economistas ya se dedicaron a calcular que “exceso” habría sobre el monto total de partidas presupuestarias. Unos dicen que llegarían a los 160.000 millones de reales, o sea 31.000 millones de dólares al tipo de cambio actual.  Pero en el Parlamento tienen estimaciones más moderadas. El diputado Castro estimó que el exceso será del orden de los 20.000 millones de dólares.

Para lograr esta “reforma” presupuestaria se requiere la aprobación de una enmienda constitucional. Los legisladores del actual oficialismo ya dijeron que están dispuestos a avanzar en la dirección requerida por el gobierno Lula.

En el ámbito parlamentario, el futuro presidente de Brasil no tendrá las dificultades que muchos pronosticaban. Los jefes de los distintos bloques ya anunciaron su disposición a negociar todo lo necesario. En ese sentido se expidió, inclusive, el jefe del bloque de religiosos evangélicos, el diputado Cezinha de Madureira (que pertenece por otro lado al partido PSD), aliado hasta ahora de Jair Bolsonaro. El congresista tuvo que jurar que su postura “no es ninguna traición” al mandatario saliente.

En una conferencia de prensa posterior, Alckmin subrayó que las reuniones con los parlamentarios y luego con el gobierno “fueron bastante provechosas” y destacó enfático: “La transición ya comenzó”. El gobierno próximo tiene derecho a nombrar 50 personas para trabajar en ese intercambio y, de acuerdo con el vice electo, ese medio centenar será engrosado con personal de todos los partidos aliados que estuvieron en la Coalición de la Esperanza, más los que adhirieron en la segunda vuelta, como el PSDB (la socialdemocracia de Fernando Henrique Cardoso) y la gente de la ex candidata presidencial Simone Tebet.

Las “fuerzas de choque” del bolsonarismo, integradas por camioneros y aliados, abandonaron las rutas; pero las protestas continuaron en el centro de las grandes ciudades: Brasilia, San Pablo, Río de Janeiro y Porto Alegre. Miles de manifestantes, envueltos en banderas brasileñas, se reunieron frente a edificios del Ejército para pedir “intervención federal”, una forma disimulada de exigir alguna acción militar. Hubo, además, un cambio de consignas: de los carteles desapareció cualquier mención específica a Jair Messias Bolsonaro, para evitar que el “líder” se vea eventualmente involucrado en algún proceso legal. 

En el lugar del apoyo específico al presidente brasileño, fueron montados carteles que rezaban “Lula en la prisión”. El cambio de orientación fue una orden de los dirigentes bolsonaristas que circuló a través de las redes sociales; a ellos les preocupó el hecho de relacionar al jefe de Estado con “acciones antidemocráticas”. 

Entre los políticos opositores, pero también oficialistas, se interrogaban este miércoles feriado en Brasil cuánto tiempo podrían prolongarse las movilizaciones callejeras, que cuestionan la legitimidad de los resultados electorales del domingo. Algunas respuestas, como las del intendente de Río de Janeiro Eduardo Paes, un político que se alió con Lula da Silva y que ya fue diputado federal, apuntan a darle poco tiempo de vida a las manifestaciones: “Estamos viviendo el último suspiro del bolsonarismo, que ni de cerca tiene la mayoría de las personas que votaron en Bolsonaro” sostuvo Paes. En su visión, el actual presidente “es un hombre que muestra, en su salida, que es cierto todo aquello que se habló de él: no consigue entender el juego de la democracia”. Más categórica aún fue la opinión de que no ve al gobernante “como líder político de la oposición. Y dudo, inclusive, de que se mantenga por mucho tiempo en el partido que lo albergó como candidato presidencial, el PL” sostuvo en una entrevista con la prensa local.

Con todo, no es posible ignorar sus capacidades para interpretar personajes que lo acerquen con algún carisma a los sectores más populares. “Él es esencialmente un vocalizador de las frustraciones de parte de la sociedad”. Desde luego, no se puede menospreciar esa capacidad. Pero el mandatario tendrá que cuidar su situación judicial en cuanto termine el mandato el 31 de diciembre próximo: junto con sus hijos es el blanco de varias causas que se tramitan en la Corte Suprema. Según un magistrado citado por el diario O Globo “Bolsonaro precisa actuar en dos frentes: primero, cuidar personalmente de él y sus hijos por las investigaciones judiciales; luego, preservar su grupo político, que a pesar de derrotado consiguió fortalecerse en estas elecciones”. 

Por otro lado, es clave la actitud asumida por varios de sus aliados más próximos: Artur Lira, presidente de la Cámara de Diputados, que actuó junto al gobernante, se apresuró el domingo a reconocer la victoria de Lula. Otro tanto hizo el gobernador electo de San Pablo, Tarcísio de Freitas, quien fue ministro del gobierno de JMB. 

A modo de interpretación de lo que ocurrirá en los próximos meses, y la capacidad del presidente electo para “unificar” su país –extremadamente polarizado, el carioca Paes sostuvo: “Lula tiene una exacta dimensión de lo que significa su victoria y de la oportunidad que se abre por delante”. Su triunfo es “fruto de un frente muy amplio” de político que decidieron apoyarlo convencidos que el dilema social era “democracia o barbarie”.

Esto explica y justifica la frase que se tornó ya reiterativa en el discurso lulista: “Mi gobierno no será del PT”. De hecho, Lula demostró casi de inmediato que está dispuesto a cumplir con ese principio y nombró a su vice Geraldo Alckmin para coordinar el proceso de transición entre el gobierno actual y el futuro, tal como lo establece una ley de 2002. Pero también indicó que ese gobierno no será sin el PT. Y designó para acompañar al vice en esa tarea a dos de sus personas más próximas: el ex ministro Aloysio Mercadante y la presidenta petista Gleisi Hoffmann. Los tres estarán este jueves en el Palacio del Planalto para reunirse con el ministro jefe de la Casa Civil Ciro Nogueira. Otra figura petista se hará cargo de negociar con el Congreso algunos cambios en la ley presupuestaria, de modo de poder mantener el subsidio Auxilio Brasil de 600 reales y gestionar un aumento real de los salarios.

Las movilizaciones y bloqueos aún continúan por las rutas brasileñas. En esta capital, hace poco menos de una hora a policía estadual logró desalojar con gases lacrimógenos a los manifestantes del bolsonarismo que mantenían clausurada una de las vías de acceso a la ciudad. Las fuerzas de seguridad indicaron que, dos días y medios después del fin de los comicios, hay todavía 150 localidades brasileñas con autopistas sitiadas. 

En cada uno de los 600 puntos de obstrucción de carreteras, que se verificaron a lo largo y ancho de Brasil entre el lunes y el martes, los manifestantes no pasaban de algunas centenas. No obstante, contaron con la inestimable fuerza de los camioneros, que con sus vehículos pudieron encerrar ómnibus y automóviles en gigantescos embotellamientos.  

Los episodios ponen de relieve que una parte de los 58 millones de votantes en Jair Bolsonaro, creyeron que en el futuro y con Luiz Inácio Lula da Silva en la presidencia de Brasil, el país podrá convertirse “en una Venezuela”. No dudaron en batallar con convicción por los principios ultraderechistas que todavía intentan imponer el jefe de Estado saliente y sus huestes políticas. Así, su movimiento es “libertario”, religioso y “defensor de la propiedad y la familia”.

 Desde luego, ninguna de las manifestaciones de estos días surgió de forma espontánea. Hasta lo admitió ayer la propia Policía Caminera Federal (PRF) en conferencia de prensa. “Hubo una organización estructurada” dijo la cúpula. Abundan los relatos que testimonian esa preparación previa. “Un manifestante, que ocultaba su rostro con una bandera de Brasil, le avisó al conductor de un ómnibus de larga distancia para que las empresas dejaran enviar sus flotas, ya que los bloqueos irían a intensificarse las próximas horas” relató un pasajero. “Al lado había otro hombre, también envuelto en una bandera, que dirigía el tránsito como si fuera un policía” concluyó.

Los Twitter y los mensajes de WhatsApp fueron los mecanismos predilectos para transmitir órdenes entre los movilizados. Eso se observó, por ejemplo, cuando convocaron a los bolsonaristas a reunirse delante de los cuarteles militares: allí fueron a pedir anoche la “intervención”. Para el presidente Bolsonaro, ese movimiento fue “el fruto de una indignación y sentimiento de injusticia de cómo ocurrió este proceso electoral”, donde los resultados le dieron el triunfo a Lula.  En el lenguaje presidencial “las manifestaciones pacíficas son siempre bienvenidas. Pero nuestros métodos no pueden ser los de la izquierda que siempre perjudican a la población, con la invasión de propiedades, la destrucción de patrimonio y el cercenamiento del derecho de ir y venir”. Eso fue lo que dijo sobre los piquetes en las rutas, en su brevísima declaración de 2 minutos en el Palacio del Planalto, ayer por la tarde. Vale recordar que con un silencio de dos días, sin admitir su fracaso, incentivó precisamente a los manifestantes a provocar un desorden inédito, que ha llevado a la falta de provisiones en los supermercados, a la cancelación de vuelos y a la permanencia durante horas de pasajeros de ómnibus en las rutas bloqueadas.

El Gobierno brasileño no tiene cómo esconder su participación en estos hechos, que se prolongaron desde el domingo por la noche hasta hoy. Directores de la Policía Caminera Federal dijeron, ayer, que habían identificado videos, donde se observó que agentes de la corporación “colaboraban” con los grupos de camioneros bolsonaristas. Uno de los directores, Wendel Benevides Matos, sostuvo que será investigados esos casos: “No dimos ninguna orden para que cumplieran ese papel. Tendrán que responder sobre lo ocurrido”. Pero, no es posible ocultar que Silvinei Vasques, comandante de la PRF, declaró su voto en Bolsonaro el mismo domingo de los comicios. 

Al mismo tiempo, hubo sectores de extrema derecha de los evangélicos, que convocaban a clausurar autopistas porque esa era “una declaración de guerra”. Así lo reveló un seguimiento de las redes sociales, realizados por investigadores.

Como ocurre casi siempre en la vida de Brasil, el fútbol también tuvo su participación. Solo que esta vez funcionó en el sentido contrario: una caravana de hinchas del club Corinthians, se desplazó sobre la autopista Dutra, que une San Pablo con Río de Janeiro. Así fueron desmontando los piquetes bolsonaristas y dejaron libre la ruta. Había una razón de fondo: hoy se enfrentan en la ciudad carioca con el Flamengo.

EG/MG

No bien terminó su declaración Jair Bolsonaro, de reconocimiento de su derrota, el ministro jefe de la Casa Civil Ciro Nogueira tomó el micrófono para anunciar: “Daremos inicio inmediato al proceso de transición con el próximo gobierno, tal como fue autorizado por el presidente de la República”. Era la señal más importante aguardada por el Congreso y el Poder Judicial, sobre la normalización política del país.

Aunque el jefe de Estado omitió mencionar que dejará el sillón presidencial el 1º de enero, las palabras de Nogueira actuaron como bálsamo. La “transición” a la que se refería el funcionario se desarrolla en los dos meses que suelen mediar entre el fin de las elecciones y el comienzo de la próxima administración. Es una misión que deben cumplir los distintos ministerios para entregar en forma ordenada las gestiones realizadas durante 4 años. Como dijo el jefe de la Casa Civil, se puso a disposición de los futuros gestores un salón del Palacio del Planalto. Hoy, señaló, se reunirá con el vicepresidente electo Geraldo Alckmin, quien fue designado por Lula da Silva como el coordinador del proceso de cambio de mando; lo ayudará en esa labor la presidenta del Partido de los Trabajadores, diputada Gleisi Hoffmann.

Poco antes del pronunciamiento de Bolsonaro, distintas entidades del establishment demandaron públicamente la “preservación” de la democracia, que implicó en los hechos la admisión de la legitimidad del triunfo lulista. Es el caso de la Confederación de Agricultura y Pecuaria de Brasil (CNA), tal como verbalizó en una nota hecha pública hace dos horas. Reconoció, en ese contexto, la condición de futuro presidente de Lula da Silva, pese a que la entidad llegó a pronunciarse a favor de la reelección de Jair Messias Bolsonaro. La federación empresarial reiteró su apoyo a la democracia, que considera “esencial para el desarrollo del sector” y señaló que está lista para “el diálogo y la cooperación con el gobierno electo, escogido por la mayoría del pueblo brasileño”.

Para la Confederación Nacional de la Industria, que reúne a la totalidad del sector manufacturero, se pronunció en forma categórica contra los bloqueos de rutas realizados por parte de grupos de camioneros bolsonaristas. Advirtió: “El sector industrial se manifiesta contrario a cualquier movimiento que comprometa la libre circulación de trabajadores y del transporte de cargas, pues provocan daños directos en el proceso productivo y en la vida de los ciudadanos”. Concluyó que esas movilizaciones son “antidemocráticas”.