El Jefe de gobierno de la Ciudad, Jorge Macri, le bajó el tono a su tensión con Horacio Rodríguez Larreta por la preadjudicación de contratos de grúas y afirmó durante una visita a la Expo Rural: “ El conflicto es con Moyano, fuerte y claro lo digo”.

Macri se refirió a la anulación de la preadjudicación del sistema de acarreo en CABA. Se trata de una operación que habría arrancado en la gestión de Horacio Rodríguez Larreta y en la que estaban en juego unos 360 millones de dólares que iban a otorgarse a 3 empresas por cumplir el servicio de grúas en la ciudad durante 10 años.

El funcionario dejó en claro que con Rodríguez Larreta no tiene ningún tipo de inconveniente .“Estoy al tanto de que Horacio también está en el predio, capaz nos encontramos. Esto es muy grande”, expresó

Por otra parte, explicó el motivo de su visita a La Rural. “ Venimos a firmar un convenio con la Sociedad Rural para trabajar en conjunto con las AppTech, vinculadas a la tecnología y campo”.

MM con información de la agencia NA.

El legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso denunció penalmente al secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, por extorsión en el marco de la puja por la licitación de las grúas en la Ciudad de Buenos Aires y el conflicto por la recolección de residuos de los barrios porteños. 

Del Gaiso señaló además irregularidades en las licitaciones con las empresas recolectoras de basura de la Ciudad, que fueron dadas de baja por el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y según reveló la familia Moyano tiene injerencia en las firmas Ashira y Transporte 9 de julio.

“Nos despertamos y vimos que se estaba levantando la basura en un 30%. Hasta el viernes pasado no había ningún problema, lo que sucedió es que se dio de baja la licitación de grúas”, planteó en declaraciones a Radio Rivadavia. 

Asimismo, detalló: “¿Qué tiene que ver la licitación de grúas con que los porteños suframos la extorsión de Moyano? En el año 2022 se cae el sistema de grúas en la Ciudad de Buenos Aires porque en la legislatura se arma una sesión especial, faltaba el voto de la CC, Carrió determina que había que ir a votar para que se caiga el sistema irregular de 20 o 25 años, y que pagaban 55 mil pesos por mes hasta el 2022. Como eso se iba a caer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determina estatizar el servicio en 24 horas”. 

“Esa licitación fue preadjudicada a tres empresas: Ashira, Transporte 9 de julio y Saem. Al menos una, no tengo pruebas, pero no tengo dudas de que está vinculada al Clan Moyano. Se adjudicó en 57 millones de pesos, y el jefe de Gobierno, Jorge Macri, lo dio de baja”. 

En la denuncia a la que pudo acceder la agencia Noticias Argentinas, el dirigente de la Coalición Cívica planteó que “resulta incongruente adoptar una medida de fuerza gremial, en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires no han sido formalmente denunciados antes las autoridades competentes, y en defensa de trabajadores de una eventual contratación por parte de dicho Gobierno; sin claro tener otras intenciones que la intimidación y extorsión de las autoridades locales”.

Por su parte, remarcó: “Que la amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires por los choferes agremiados en el Sindicato de Choferes de Camiones es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”.

Para el legislador, la medida de fuerza en defensa de los choferes “no tiene otra finalidad que obtener la firma del jefe de Gobierno, Jorge Macri, de la adjudicación de la Licitación Pública, beneficiando a las empresas Ashira S.A. y Transportes 9 de Julio S.A., ambas compañías, de pública vinculación con el Sindicato de Choferes de Camioneros, como ya fuera descripto ut-supra”.

“Hasta el viernes no había problemas, cuando se enteran de que va a caer la licitación, le tocaron los negocios a Moyano, los camiones no funcionan bien, las condiciones laborales no son buenas, y trabajan a reglamento”, cuestionó, y agregó: “El país de Moyano, en Moyanolandia, pasan estas cosas. No podemos soportar estas situaciones”. 

Por último, más allá del respaldo a Macri por la decisión de dar de baja la licitación, afirmó que hay “irregularidades que investigar”. “Hoy entras a la página de Buenos Aires Compra y está todo impecable, pero la pre adjudicación se hizo el 6 de diciembre, un día antes de que se vayan, y tocas el botón te aparece un acta que dice que el 11 de diciembre se reunió la Comisión de Adjudicación, que es el primer día de la gestión de Jorge Macri”, concluyó.

CRM con información de la agencia NA

El Gobierno decidió finalmente dar marcha atrás con la medida que iba a prohibir a las aseguradoras brindar el servicio de grúa y remolque a sus asociados. Fuentes de la Superintendencia de Seguros de la Nación informaron que la prohibición no entrará en vigencia como se había anunciado previamente. 

La medida había generado controversia, incluso el vocero presidencial, Manuel Adorni, había confirmado que no se revertiría la decisión de modificar el servicio de grúas ofrecido por las compañías aseguradoras en todo el país. La Resolución SSN 217/2024, que debía entrar en vigor el 1 de julio, eliminaba la obligación de las aseguradoras de incluir servicios de grúa y asistencia mecánica en sus pólizas de autos.

A finales de abril la Superintendencia de Seguros de la Nación (SNN), a cargo de Guillermo Plate, había anunciado que las empresas de seguros de autos debían excluir los servicios de grúas o remolques y asistencia mecánica en todo el país. Sin embargo, la SNN confirmó este viernes la firma de la resolución 269/2024, que revierte la medida.

La misma iba a regir desde el 24 de julio. La Resolución 217/2024, publicada en el Boletín Oficial, había planteado el objetivo de desregular el sector, “proteger al ciudadano” y aumentar la competencia. Algunas compañías de seguros ya habían empezado a enviar a sus clientes cartas con la notificación de este cambio en el servicio prestado.

“Se firmó una resolución que deroga la anterior, por lo que vuelve a estar el servicio de remolque y grúas en los mismos términos que estaba antes”, dijeron fuentes de la SSN. 

La modificación, de haber seguido adelante, implicaba además que las aseguradoras ya no estuvieran obligadas a cubrir los “desperfectos o problemas mecánicos, de batería, de arranque, eléctricos, pinchaduras, cortaduras y/o reventones de las cámaras o cubiertas o falta de combustible”. 

Solo tendrían la obligación de cubrir los costos de grúa y auxilio mecánico en los casos de “accidente, incendio y robo y/o hurto”. A raíz de esta medida impuesta por la SSN, la Asociación de Consumidores y Usuarios de la Argentina (ACUDA) había tomado una decisión el 28 de mayo: una acción colectiva en defensa de los derechos de los consumidores. 

Buscaban obtener la nulidad del artículo 2° de la Resolución, que imponía “modificaciones que afectan directamente las condiciones del servicio de remolques, privando a los consumidores de un beneficio que previamente estaba incluido en sus pólizas de seguro”.

MM con información de la agencia NA.

Un fiscal nacional del fuero Criminal y Correccional dictaminó este lunes que la denuncia presentada por el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Martín Soria, debe ser investigada por el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad. La misma es contra el titular de la cartera de Seguridad y Justicia porteña, Marcelo D'Alessandro, por supuestos delitos de corrupción.

La denuncia había sido presentada el viernes pasado, para que se investigue si el funcionario cometió delitos en el ejercicio de su función, vinculados con el acarreo de automóviles en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y con un intento de favorecer a una empresa que pretendía quedarse con una licitación para ocuparse de destruir una tanda de chalecos antibalas.

El dictamen lleva la firma del responsable a cargo de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°31, Marcelo Solimine, quien invocó la Ley 26.702 para señalar que los delitos denunciados forman parte de aquellos cuya competencia le fue transferida a la Justicia porteña, según informó el portal Fiscales, que depende del Ministerio Público Fiscal.

El escrito fue presentado ante el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°3, a cargo interinamente de Martín Peluso, a quien el fiscal le pidió “que se declare incompetente en razón de la materia y remita las actuaciones para que prosigan su sustanciación ante el Fuero Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad de Buenos Aires”.

En su presentación, el fiscal señaló que el Fuero Criminal y Correccional “sí era competente antes, cuando Buenos Aires era la Capital Federal” pero, a partir de 2003, se inició “un proceso de transferencia de competencias a la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en los que hoy se encuentran comprendidos todos los tipos penales en los que cabe encuadrar cada uno de los hechos que han sido denunciados y que quedaron reseñados precedentemente”.

El viernes pasado, por expresas instrucciones del presidente Alberto Fernández, Soria había presentado la denuncia contra D'Alessandro “por la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho (art. 256 CP), enriquecimiento ilícito (art. 268 CP), negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública (art. 265 CP), peculado (art. 260/261 CP) y exacciones ilegales (art. 266 CP)”.

La denuncia está basada en que diversas publicaciones periodísticas dieron cuenta de una supuesta intervención del ministro de Horacio Rodríguez Larreta en la “concesión del servicio de grúas, las licitaciones para la destrucción de chalecos antibalas de la Policía de la Ciudad y otros posibles hechos de corrupción”.

Al formalizar la denuncia, el ministro Soria explicó que “los hechos a ser investigados involucran al mencionado funcionario (D'Alessandro), empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, fiscales nacionales” y “la ex subdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia durante el gobierno de Mauricio Macri, Silvia Majdalani”.

Al presentarla, Soria reclamó que D'Alessandro entregue su celular, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación, ya que la información publicada en distintos medios daba cuenta de que los posibles delitos habrían quedado expuestos a partir de una filtración de información extraída supuestamente del teléfono del ministro porteño.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la Justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado por el funcionario del Gobierno Nacional ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las revelaciones periodísticas, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que sería “incompatible con un Estado de Derecho”.

LC con información de agencia Télam

Martín Soria, ministro de Justicia y Derechos Humanos, anunció este viernes que, por instrucción del presidente Alberto Fernández, presentó una denuncia penal para que “se investigue” al ministro de Seguridad y Justicia porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Es por los presuntos delitos de “incumplimiento de deberes de funcionario público, cohecho y peculado”.

“Por instrucción del Presidente presenté una denuncia penal en la justicia nacional para que investigue al ministro de Seguridad y Justicia de CABA, Marcelo D'Alessandro”, consignó el ministro en su cuenta de Twitter, donde replicó un comunicado del Ministerio de Justicia.

Soria informó que en la mañana de este viernes se presentó la denuncia ante la fiscalía correspondiente, donde pidió que D'Alessandro entregue su teléfono celular a la Justicia, al igual que todos aquellos que resulten relacionados con la investigación.

Según el comunicado, la denuncia requiere que “se investigue” al ministro porteño por “la posible comisión de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público, cohecho, enriquecimiento ilícito, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública, peculado y exacciones ilegales”.

En este sentido, Soria recordó que los chats “involucran” también a empresarios contratistas del Gobierno de la Ciudad, fiscales nacionales y la exsubdirectora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante la administración de Mauricio Macri, Silvia Majdalani.

“La promiscuidad entre sectores del poder político, de la justicia y grupos empresarios debe investigarse en profundidad a fin de garantizar el cabal cumplimiento de la Constitución y salvaguardar nuestras instituciones democráticas”, afirmó Soria.

El escrito presentado ante la Justicia plantea que, en caso de confirmarse las filtraciones, se demostraría “una connivencia escandalosa entre el funcionario del Gobierno de la Ciudad, con altos funcionarios judiciales, ex directivos del Servicio de Inteligencia del Estado Nacional y concesionarios de servicios públicos”, lo que es “incompatible con un Estado de Derecho”.

Por este motivo, la denuncia presentada por Soria pide también investigar los supuestos hechos de corrupción vinculados con el servicio de grúas de remolque de la Ciudad de Buenos Aires operado por la empresa Dakota S.A.

Asimismo, desde el Gobierno Nacional denunciaron que “la presunta existencia de un canal de pago de retornos y de negociados”, que estaría compuesta por D'Alessandro y Marcelo Violante, “podrían dejar ver el porqué de la decisión del gobierno de la Ciudad de no actualizar los montos que debía pagar la empresa Dakota S.A. por usufructuar el servicio público porteño”.

La denuncia se presentó tras la filtración en los últimos días de chats entre el ministro porteño y Silvio Robles, vocero del presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, en los que combinaban estrategias en el marco de la causa por el reparto de fondos de la coparticipación.

A continuación, el texto de la denuncia:

LC con información de agencia Télam

La Legislatura porteña eliminó hoy algunos de los motivos vigentes por los cuales las grúas acarrean los autos mal estacionados en la Ciudad de Buenos Aires, con el propósito que limitar la remoción de vehículos y que solo sea en situaciones graves y de fuerza mayor, como la obstrucción del tránsito o la accesibilidad.

La normativa obtuvo 52 votos positivos y dos abstenciones durante la sesión ordinaria del Parlamento a instancias de un proyecto elaborado por el diputado de Republicanos Unidos Roberto García Moritán.

La propuesta apuntó a modificar el Código de Tránsito y Transporte para suprimir una serie de situaciones en las cuales los autos mal estacionados demandan el acarreo; no obstante, la nueva reglamentación mantendrá el cobro de la multa por la respectiva infracción vial.

Puntualmente, ya no serán removidos los autos que estén en doble fila -mientras sea transitorio- , los vehículos pesados como ómnibus, microómnibus, camiones, casas rodantes, acoplados, semiacoplados y maquinaria especial que estén en la vía pública, y las unidades que estén estacionadas por más de 48 horas.

También quedarán fuera del acarreo los autos que estén sobre las entradas de locales de espectáculos públicos y frente de salas velatorias; y aquellos vehículos en zonas de estacionamiento medido, cuyo lapso de tiempo que fue abonado esté vencido.

Lograr que el acarreo no se convierta en regla, señaló Moritán y agregó que las grúas solo tienen que actuar siempre que se infrinjan las normativas, o por causas de fuerza mayor. Queremos reducir la posibilidad de remolcar vehículos al mínimo e indispensable, solo en los casos en los que de verdad se altere el orden público“.

En la actualidad, el servicio de grúas para el acarreo está a cargo del Estado tras la suspensión, en agosto, del contrato con las empresas que explotaban el sistema y que permanecían operando de manera irregular con prórrogas desde hace más de 20 años y con un canon congelado de $55 mil.

La remoción de los vehículos hasta una playa de acarreo implica el pago de $6.525, en tanto que las multa económica oscila de $5800 a $17500 según la gravedad de la infracción.

DA