Construir un futuro con menos combustibles fósiles para enfrentar la crisis climática, como han prometido los países del mundo en diversas conferencias internacionales, requiere una amplia gama —y cantidad— de minerales. La transición energética, advierte la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, es “fundamentalmente intensiva en minerales”. Paneles solares, turbinas eólicas, vehículos eléctricos y redes para transportar la electricidad dependen de una larga lista de esos elementos que hoy son considerados estratégicos.

Entre esos, el cobre se ha convertido en uno indispensable. Como explica Ana Carolina González, directora para América Latina del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI) —una ONG que apoya a países del sur global en la gestión transparente y responsable de las industrias extractivas—, “si estamos pensando en una economía descarbonizada, donde los procesos de electrificación van a ser altos, el cobre es un mineral muy importante”. Una sola turbina eólica contiene más de cuatro toneladas de este metal y los vehículos eléctricos utilizan, en promedio, casi cuatro veces más cobre que los automóviles de combustión. Los paneles solares y las baterías de almacenamiento también lo requieren en grandes cantidades.

Sin embargo, mientras la demanda crece, la Agencia Internacional de Energía (IEA) alerta que, para 2035, el mundo podría enfrentar un déficit de cobre cercano al 30 % debido a los “limitados descubrimientos de recursos y los largos plazos de ejecución” de nuevos proyectos. Esto, afirma González, pone a América Latina en un lugar “interesante”: la región concentra cerca del 40 % de las reservas mundiales de este metal, pero el desarrollo de proyectos de exploración y explotación aún sigue siendo bajo. Por eso, añade, no es casualidad que Estados Unidos, China e incluso la Unión Europea estén interesados en este potencial y persigan nuevas alianzas.

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De hecho, en Colombia ya se evidencia un boom para buscar este mineral. Mientras que entre 2001 y 2016 se presentaron, en promedio, alrededor de 10 solicitudes de títulos mineros al año —contratos que otorga el Estado para explorar y explotar minerales en un área determinada—, en la última década la cifra aumentó a casi 60 al año, según el análisis de datos realizado para esta investigación.

Pero esa expansión muestra una de las grandes tensiones de la transición energética: la extracción de los minerales estratégicos también avanza hacia zonas con ecosistemas sensibles, áreas de alto valor ambiental y territorios con alguna figura de protección, que son prioritarios para la conservación y que ayudan a enfrentar la crisis climática por su capacidad para capturar carbono y amortiguar los efectos del calentamiento global.

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Para dimensionar el avance de la minería de cobre en Colombia y Argentina, esta alianza periodística recopiló y geolocalizó, a partir de información oficial de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en Colombia y de la Secretaría de Minería de La Nación en Argentina, las iniciativas mineras que buscan extraer este mineral.

El análisis identificó 210 títulos activos y 746 solicitudes vigentes de mediana y gran escala en Colombia que incluyen al cobre entre sus minerales de interés, según el catastro minero de la ANM. En Argentina, se registraron 76 proyectos de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, una cifra que podría incrementar si se tiene en cuenta el descubrimiento reciente de grandes yacimientos.

También se pudo evidenciar que al menos 118 títulos para extraer cobre en Colombia y 21 proyectos en Argentina se encuentran en zonas de importancia ambiental (como áreas protegidas y reservas), y que más de 90 están en tierras comunitarias (resguardos o comunidades indígenas, territorios de comunidades afrodescendientes y zonas de reserva campesina).

Una demanda que acelera nuevos proyectos

Argentina y Colombia no han sido grandes protagonistas en la industria del cobre en la región, pero buscan abrirse paso en el mercado global.

En Colombia, la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME) ha destacado el potencial geológico del país “gracias a su diversidad de formaciones geológicas con manifestaciones en diferentes tipos de depósitos y regiones”. Sin embargo, actualmente solo hay una mina de cobre en explotación industrial y otra que, recientemente, obtuvo el permiso ambiental para iniciar la construcción del proyecto.

“Solo el 2.5 % del territorio del país tiene títulos mineros. Y, de eso, solo el 0.4 % es de proyectos de cobre”, señaló Lina Franco, presidenta de la Agencia Nacional de Minería en un evento para impulsar la exploración de cobre en 14 áreas definidas por su alto potencial y “bajo riesgo” de conflictos socioambientales, según afirmaron en la ANM.

Para José Cabello, geólogo chileno con más de 50 años de experiencia en el desarrollo minero en la región, el descubrimiento en Argentina de yacimientos como Taca Taca o José María —que podrían ser equivalentes a Chuquicamata, el yacimiento de cobre más grande del mundo ubicado en Antofagasta (Chile)— también son la muestra de que ese país tiene un gran potencial productivo. Sin embargo, hasta ahora la única mina activa en Argentina tiene una producción marginal y, según la Secretaría de Minería, las exportaciones de cobre representan solo el 1.7 % del total nacional.

Para hacerle frente a estos bajos números, Argentina ha impulsado programas como el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), que promueve la inversión de grandes proyectos a través de exenciones tributarias y fiscales. Un análisis de la consultora financiera Paspartú, publicado en junio de 2026, señala que siete de los 14 proyectos aprobados por el Gobierno Nacional argentino en el RIGI son de minería. De acuerdo con declaraciones de Juan José Carbajales, el titular de la consultora y exsecretario de hidrocarburos de Argentina, muchos de ellos serán proyectos de cobre.

González, del Instituto de Gobernanza de los Recursos Naturales (NRGI), destaca otro aspecto relevante: el avance de proyectos de cobre está ligado también a la necesidad de encontrar nuevas reservas. “En el mundo hemos explotado el cobre por muchos años y esto significa que los depósitos que existen se están agotando”, sostiene.

Un informe sobre el panorama global de minerales críticos señala que, en promedio, la ley de las minas de cobre —el porcentaje de metal valioso que contiene un depósito, en palabras sencillas— ha disminuido un 40 % desde 1991. “Cada vez necesitas más tierra, más extensión, para lograr la misma calidad que tenías antes”, afirma la experta del NRGI, lo que implica que la expansión de la frontera de extracción termine en zonas ambientalmente sensibles.

El mapa del cobre en Colombia y Argentina

Hasta mayo de 2026, Colombia solo tenía una mina de cobre en operación: El Roble, ubicada en el municipio de El Carmen de Atrato, en el Chocó biogeográfico, una región reconocida por su abundante biodiversidad. Pero eso empezó a cambiar a mediados de ese mes, cuando la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) le entregó al proyecto El Alacrán, al norte del país, el último permiso que necesitaba para iniciar su fase de construcción.

Como estos, cientos de proyectos buscan abrirse camino en la extracción del mineral clave para la transición energética. Según información del catastro minero de la Agencia Nacional de Minería, en Colombia hay por lo menos 210 títulos activos, de mediana y gran escala, que incluyen al cobre entre sus minerales objetivo. De estos, uno se encuentra en etapa de evaluación técnica anticipada (una fase previa a la exploración para evaluar el potencial mineral del área), 89 en etapa de exploración, 17 en construcción y montaje y 103 en explotación.

Sin embargo, como advierte un informe de la UPME, el número de títulos existentes en el país difícilmente refleja la realidad de los proyectos que se encuentran explorando o explotando este mineral, ya que “actualmente las solicitudes y títulos suscritos permiten incluir gran cantidad de minerales, elementos o materiales”. Por ejemplo, de los 210 títulos activos analizados, solo 10 establecieron al cobre como su único mineral objetivo. La mayoría, incluidos los grandes proyectos como El Alacrán y El Roble, incluyen también minerales como oro, plata, platino, plomo, molibdeno, entre otros; aunque no necesariamente extraen todos esos minerales.

“Cuando se solicita un título minero, el catastro está abierto para que el solicitante decida qué minerales van a ser concesibles en ese título [es decir, que podrían ser explotados económicamente mediante un Contrato de Concesión Minera]”, explican desde la Vicepresidencia de Promoción y Fomento de la Agencia Nacional de Minería (ANM) en entrevista. “Entonces, hay títulos que piden muchos minerales distintos y solo cuando avanzan en su Plan de Trabajos y Obras es que queda claro realmente qué mineral van a explotar”, añaden.

En Argentina hay al menos 76 proyectos que buscan extraer cobre que se encuentran registrados ante la Secretaría Minera de la Nación. De estos, 68 —es decir, casi el 90 %— se encuentran en fase exploratoria, siete se encuentran en fases previas a la explotación (como en estudios de prefactibilidad, factibilidad o en construcción) y solo uno se encuentra en explotación.

De acuerdo con los registros de la Secretaría de Minería de la Nación, obtenidos por esta alianza periodística, los proyectos que están más avanzados se ubican en las provincias de San Juan, Catamarca, Mendoza y Salta. Y, de todo el panorama de proyectos argentinos, en al menos seis casos se menciona la relación entre la extracción del mineral y la transición energética. Otros 11 proyectos mencionan temas como eficiencia energética, energías renovables y las metas climáticas globales.

El avance de proyectos mineros sobre ecosistemas sensibles de Colombia

En Colombia, datos de la ANM estiman que el 37 % del potencial de cobre en el país se superpone con Reservas Forestales de Ley Segunda —una categoría de protección que no permite las actividades mineras a menos que el área del título sea “sustraída” temporal o definitivamente, es decir, que se le retire su categoría de reserva—. Otro 22 % se encuentra en áreas donde se prohíbe hacer minería —conocidas, en términos técnicos, como áreas excluibles—.

El análisis geográfico realizado para esta investigación evidenció que, de los 210 títulos de mediana y gran escala que se encuentran activos para buscar cobre en Colombia, hay por lo menos 118 que se superponen con zonas de importancia ambiental como reservas forestales, áreas naturales protegidas, Distritos Regionales de Manejo Integrado, páramos (ecosistemas estratégicos de alta montaña), entre otras. De estos, al menos 24 se encuentran en zonas que actualmente se consideran excluibles (es decir, donde la actividad minera está prohibida), como las Zonas de Protección y Desarrollo de los Recursos Naturales Renovables de la Sierra Nevada de Santa Marta y del río Magdalena; los Parques Nacionales Naturales Tatama y Paramillo; y los páramos Chiles-Cumbal y Sotará.

Como explica Álvaro Pardo, expresidente de la Agencia Nacional de Minería (ANM) y experto en derecho minero-energético, uno de los grandes desafíos al llegar al cargo (en 2022) fue la “depuración” y actualización del catastro minero. “Teníamos una herencia difícil, porque antes se permitía entregar títulos sin mayores restricciones o consideraciones ambientales. Y eso ha sido, históricamente, un problema muy grande en Colombia”.

Cuando asumió la dirección de la ANM, tuvo a cargo la revisión de más de 7000 títulos mineros para, justamente, evitar que avanzaran en áreas con restricciones o prohibiciones. Aunque más de 600 títulos en áreas excluibles fueron archivados, caducaron o fueron devueltos, el problema —insiste— “es que en el pasado se blindó jurídicamente cualquier posibilidad de quitarlos. Cada título que se suprima alegando temas ambientales, se convierte en una posibilidad de una demanda”, señala.

En algunos casos, los títulos mineros se solicitaron cuando las zonas excluibles aún no estaban declaradas como tal. Por ejemplo, los páramos que actualmente tienen títulos mineros vigentes —Chiles-Cumbal (un título) y Sotará (dos títulos)— fueron delimitados por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible (Minambiente) en 2018, pero los títulos mineros que se encuentran allí se solicitaron entre 2006 y 2007, y fueron otorgados en 2009, antes de la delimitación. Ese sigue siendo uno de los mayores retos en el ordenamiento minero y ambiental en Colombia.

También hay solicitudes de títulos mineros que se han tramitado en áreas excluibles incluso después de que estas han sido declaradas áreas de conservación. En 2022, por ejemplo, se tramitó ante la ANM una solicitud —actualmente en evaluación— para un título de gran minería (más de 9000 hectáreas) que se superpone con el Parque Nacional Natural Chingaza, un área protegida declarada en 1977 y cuyo páramo terminó su delimitación en 2016. “Cuando un titular minero hace una solicitud sobre esas áreas, no se prohíbe inmediatamente, sino que el titular, a riesgo propio, avanza en los trámites y luego la entidad evalúa su procedencia”, aseguran desde la ANM.

Hay otra parte de los títulos activos en Colombia —94— que se traslapa con zonas ambientales restringidas, es decir, aquellas que también tienen vocación de conservación, pero que, en algunos casos, contemplan la “minería sostenible” o permiten solicitar la sustracción del área protegida para realizar actividades mineras con condiciones, como las Zonas de Reserva Forestal de Ley Segunda. Según el análisis, hay más de 170 000 hectáreas de reservas forestales de Ley Segunda que se traslapan con títulos activos.

Si se tienen en cuenta, además, las solicitudes para nuevos títulos de mediana y gran minería que ingresaron a la ANM (entre 1994 y 2026) y que se encuentran en trámite, al menos 46 se encuentran en zonas excluibles de minería y 308 en áreas con restricciones.

“Desde mi punto de vista, necesitamos los minerales. Y para la transición energética y reindustrializar la economía vamos a necesitar cobre. Pero necesitamos que esos minerales se extraigan con el cumplimiento de todas las normas ambientales que hay y teniendo en cuenta a las comunidades que viven allí”, señala Pardo, quien dejó en 2025 la presidencia de la autoridad minera. “No hacerlo, o flexibilizar esas normativas que llevan tantos años construyéndose, generaría una conflictividad terrible”, insiste.

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Proyectos mineros cerca de glaciares y áreas protegidas en Argentina

En Argentina, el análisis geográfico identificó que al menos 21 proyectos mineros operan en cinco áreas protegidas por acuerdos internacionales y por normativas nacionales y provinciales.

Una de las zonas con mayor cantidad de proyectos es el Parque Nacional San Guillermo, en la provincia de San Juan. Aunque fue declarada Reserva de la Biosfera por la Unesco, allí operan actualmente cinco proyectos mineros, dos de los cuales forman parte de una de las mayores inversiones mineras de los últimos años: los depósitos José María y Filo del Sol, que en conjunto integran el proyecto Vicuña.

De acuerdo con un Informe de 2023 del proyecto Vicuña, San Guillermo es un área “clasificada como una zona de uso múltiple designada para actividades de desarrollo como la minería, sujeta a requisitos de conservación y uso sustentable de los recursos naturales de manera mutuamente beneficiosa”, algo en lo que también coincide la información oficial y organizaciones ambientalistas consultadas.

También hay 10 proyectos que se superponen o se ubican cerca de geoformas de hielo, en su mayoría en zonas periglaciales: áreas de alta montaña donde el suelo permanece congelado —fenómeno conocido como permafrost— y donde el hielo se esconde mezclado con rocas y tierra.

En conjunto, estas áreas abastecen de agua de manera directa a más de siete millones de personas —el 18 % de la población argentina—, según el Atlas de Glaciares de Argentina, una cifra que equivale a más del doble de los habitantes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La mayoría de estas geoformas se encuentran en la provincia de San Juan, donde se geolocalizaron 16 proyectos mineros de cobre, entre esos, los proyectos de Los Azules y El Pachón, que figuran entre las iniciativas mineras más avanzadas.

Además, como explica Leandro Gómez, coordinador del Programa Inversiones y Derechos de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) de Argentina, legislaciones ambientales, como la Ley de Glaciares o la Ley de Bosques, se han flexibilizado para promover el desarrollo de esta industria.

Proyectos mineros y territorios comunitarios

El avance de proyectos para extraer cobre no solo presiona los ecosistemas estratégicos; también se expande en territorios indígenas y comunitarios.

En Colombia, los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes y los campesinos han sido reconocidos constitucionalmente como poblaciones sujetos de derechos y de especial protección. En sus territorios colectivos (resguardos indígenas y tierras de comunidades afrodescendientes), así como en las Zonas de Reserva Campesina, no está prohibida la minería, pero adelantar actividades de exploración y explotación requiere de instrumentos como la consulta previa y del reconocimiento de las regulaciones o restricciones ambientales de cada territorio.

El análisis geográfico evidenció que en Colombia hay al menos 94 títulos mineros activos de cobre que se superponen con tierras comunitarias: dos están en Zonas de Reserva Campesina, 38 en resguardos indígenas, 28 en Consejos Comunitarios de Comunidades Afrodescendientes y 26 más se superponen tanto con resguardos indígenas como con consejos comunitarios afro.

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En Argentina, las provincias en donde se encuentran los proyectos de cobre son habitadas por más de 110 comunidades pertenecientes a 14 pueblos originarios. Aunque el país reconoció desde 1994 la preexistencia de los pueblos indígenas y la propiedad comunitaria, sus territorios aún no están claramente delimitados: el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) no cuenta con polígonos sobre estos territorios, sino con algunas coordenadas de los puntos donde se instalan las comunidades.

Según Leandro Gómez, de FARN, esto ha puesto en un lugar cada vez más vulnerable a los pueblos indígenas que habitan el país.

El análisis realizado documenta que, de los 76 proyectos mineros inventariados por la Secretaría de Minería, 47 se encuentran a menos de 50 kilómetros de distancia de los territorios indígenas; 17 no superan los 15 kilómetros y hay tres —todos ubicados en la provincia de Salta— que están a menos de cuatro kilómetros. Allí viven comunidades de los pueblos calchaquíes y tastileas, de acuerdo con datos oficiales.

Minerales de Latinoamérica: en la mira de las potencias

El futuro de lo que puede aportar el mapa minero de América Latina al suministro de cobre (y de otros minerales estratégicos) ha hecho que China, Estados Unidos y la Unión Europea busquen intensificar su presencia y establecer nuevas alianzas en la región.

China, por ejemplo, ha impulsado inversiones y numerosas visitas de alto nivel. Solo entre 2013 y 2024, el presidente Xi Jinping visitó seis veces América Latina, más que todas las visitas juntas de los mandatarios estadounidenses Barack Obama, Joe Biden y Donald Trump. El país asiático también ha establecido en su más reciente documento de política sobre América Latina y el Caribe (una especie de declaración oficial sobre la hoja de ruta de prioridades y estrategias conjuntas a largo plazo) que está dispuesto a “ampliar y profundizar la cooperación” en temas de energías limpias y el “aprovechamiento sostenible de recursos minerales”.

El interés por parte de China no es nuevo, señala David Castrillón-Kerrigan, magíster en estudios de Asia y docente investigador de la Universidad Externado de Colombia. “Antes la demanda respondía a otras necesidades, como el desarrollo de infraestructura. Pero ahora la estructura económica china también ha cambiado y produce bienes de otro tipo, con valor agregado”, dice. El caso emblemático es, tal vez, el desarrollo de la industria de vehículos eléctricos y, con ellos, la demanda de minerales críticos.

Pero no son los únicos. La Unión Europea ha dicho que su demanda de cobre podría incrementar en más de un 50 % para 2050 y ha manifestado que América Latina es “estratégicamente más importante que nunca” para garantizar el suministro de materias primas necesarias para la transición. Trump también ha puesto los ojos sobre este y otros minerales: en enero de 2026 le ordenó a sus oficiales concluir acuerdos bilaterales con sus aliados para garantizar el suministro de cobre y otros metales con el objetivo de “no depender de las importaciones de adversarios extranjeros”, como China.

De hecho, su gobierno firmó en 2025 un acuerdo comercial con Argentina para impulsar el comercio de minerales y ofreció 20 000 millones de dólares de apoyo financiero al presidente argentino, Javier Milei.

En palabras de González, de NRGI, América Latina ha avanzado en marcos regulatorios con estándares mínimos en temas sociales, ambientales y de gobernanza, pero en momentos de inestabilidad política, como el actual, esos avances podrían ponerse en riesgo. “Si los países, como bloque, no se ponen de acuerdo en mantener esos estándares mínimos, puede comenzar lo que se ha llamado una ‘carrera hacia el fondo’ que, en palabras sencillas, se traduciría en bajar los estándares, reducir los trámites y flexibilizar normativas para obtener la inversión”, explica. Esa visión, insiste, resulta problemática porque está ganando terreno en la región como una forma de acelerar proyectos extractivos, aun cuando podría profundizar los conflictos socioambientales.

En su opinión, los países deben hacer todo lo contrario: posicionarse con fuerza para defender esos estándares mínimos, pedir a los proyectos que generen valor agregado y que aporten al desarrollo local. “Sabemos —dice— que la demanda [de cobre] tiene su raíz en temas energéticos, pero también tiene que ver con inteligencia artificial, con usos militares, entre otros. Si seguimos demandando minerales a ese nivel, no hay ecosistema ni planeta que aguante”.

* Este artículo fue producido con el apoyo de Climate Tracker América Latina y publicado originalmente en Mongabay Latam, puedes leerlo aquí

*Nota metodológica: el análisis de datos realizado para Colombia en este reportaje se hizo con base en títulos mineros activos y solicitudes de títulos vigentes, de mediana y gran escala, que incluyen el cobre como mineral objetivo y que fueron solicitados por empresas, personas jurídicas y/o asociaciones, con corte al 15 de mayo de 2026 (fecha en que se accedió a la información del catastro minero). En Argentina, el análisis se hizo con base en los proyectos mineros de cobre aprobados por la Secretaría Minera de la Nación, con corte al 22 de junio de 2026.

En medio de la crisis que atraviesa Bolivia, el gobierno de Rodrigo Paz firmó un acuerdo con la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin) que pretende habilitar y ampliar actividades mineras en áreas protegidas y territorios indígenas. El convenio tendrá un impacto negativo sobre los parques nacionales, fuentes de agua y pueblos indígenas, aseguran expertos, legisladores y representantes indígenas.

El acuerdo se firmó el 14 de mayo en plena crisis social, política y económica que atraviesa Bolivia. Son más de 40 días de bloqueos de carreteras, marchas y enfrentamientos que tienen cercada, sobre todo, a la ciudad de La Paz. Varios sectores sociales exigen la renuncia del presidente Paz, quien insiste en el diálogo a pesar de la presión de activar un estado de excepción para terminar con los conflictos.

Uno de los sectores que participó activamente de las manifestaciones y bloqueos en la primera etapa de la crisis fueron los mineros cooperativistas, quienes incluso llegaron a enfrentarse con la Policía Boliviana en La Paz y utilizaron dinamita para intentar ingresar a las calles cercanas al Palacio de Gobierno. Esta organización fue convocada al diálogo y luego de horas de debate cerraron el acuerdo.

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Tras esa reunión se firmó un acta de ocho puntos. El último se titula “Políticas en Medio Ambiente” y es el que dispone que la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) “restablecerá el Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas de manera pronta”.

Además, establece que el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap) “repondrá el reglamento para la emisión del Certificado de Compatibilidad de Uso de Suelo como instrumento técnico para la otorgación de derechos mineros en áreas protegidas, conforme al artículo 220 de la Ley 535 de Minería”.

El acuerdo también tiene puntos relacionados con representación institucional, concesiones mineras, provisión de explosivos, contratos y participación del sector en decisiones estatales.

En Bolivia ya existen casos de minería ilegal dentro de áreas protegidas. La reserva más afectada es el Parque Nacional Madidi, en el norte del departamento de La Paz, donde existen denuncias de los propios guardaparques sobre actividades mineras en el río Tuichi, un afluente que fue catalogado como sujeto de derechos por el Tribunal Agroambiental.

Este tipo de minería aluvial en áreas protegidas puede provocar contaminación del agua por el uso de mercurio en la amalgamación del oro, lo que afecta a la fauna acuática y la salud de las poblaciones locales. Además, ocasiona la deforestación por el uso de dragas que devastan las riberas de los ríos y arrasan con los bosques.

Otro impacto es la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas, ya que las operaciones mineras irrumpen en territorios indígenas dividiendo comunidades y afectando su soberanía alimentaria.

Críticas al acuerdo

Cecilia Requena, diputada de Alianza Unidad, calificó como “nefasta y macabra” la reunión entre el gobierno de Paz y el sector minero cooperativista y consideró que el acuerdo fue firmado bajo la presión que realizan los cooperativistas mineros con cualquier gobierno. La legisladora afirmó a Mongabay Latam que una manera de solucionar el conflicto con este sector fue brindarles “concesiones inaceptables”, refiriéndose a las áreas mineras que buscan tener en áreas protegidas y territorios indígenas.

“El Gobierno no puede sacrificar bienes comunes vitales, como nuestras áreas protegidas, nuestras fuentes de agua. Se debería hacer respetar las resoluciones del Tribunal Agroambiental”, resaltó Requena en diálogo con este medio.

La diputada se refiere a la resolución que emitió a inicios de 2026 el Tribunal Agroambiental, instancia que ordenó prevenir medidas regresivas contra el ambiente y las áreas protegidas de Bolivia. “Nadie detiene el envenenamiento con mercurio de niños y niñas y pueblos indígenas”, dijo Requena. El mercurio es un mineral altamente contaminante y tóxico que se utiliza en la separación del oro de los sedimentos de ríos, el tipo de minería que los cooperativistas buscan realizar en las áreas protegidas de la Amazonía.

Los efectos de la contaminación por mercurio en poblaciones humanas incluyen efectos neurológicos. “Está entre las diez sustancias más peligrosas declaradas por la Organización Mundial de la Salud (OMS)”, explicó a Mongabay Latam Claudia Vega. Vega es coordinadora del Programa de Mercurio del Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA), una organización enfocada en la investigación e innovación para el desarrollo sostenible del bioma. “Es un problema para la salud pública y de hecho el mercurio es el único elemento que tiene un convenio, el convenio de Minamata, donde alrededor de 128 países se han comprometido a reducir el uso de mercurio para la protección de la salud humana y la salud del ecosistema porque se reconoce su alta toxicidad”, aseguró en una entrevista en 2025.

“Una de las cosas que más preocupa en mercurio es que puede atravesar la barrera hematoencefálica y placentaria. Eso quiere decir que si una mujer embarazada come mercurio [a través del consumo de peces de los ríos contaminados], este puede atravesar la placenta y llegar al cerebro del feto. Puede afectar al niño en edades tempranas y tener impacto para toda su vida. Los niños no pueden pararse, no oyen”, afirmó Vega.

La legisladora Requena acotó que el acuerdo entre Paz y los mineros ignora los impactos ambientales de la minería aurífera, particularmente la contaminación por mercurio y la afectación a ríos, lagos, glaciares y bofedales. “Muy pocos defendemos el medio ambiente”, reprochó Requena.

Mientras, la Coordinadora Nacional de Defensa de los Territorios Indígenas Originarios Campesinos y Áreas Protegidas de Bolivia (Contiocap) demandó a través de un comunicado la anulación inmediata del acuerdo entre el gobierno de Paz y Fencomin, cuestionando que se haya cedido al ingreso de la minería en áreas protegidas bajo presión de los mineros.

“El acuerdo con Fencomin busca monopolizar decisiones sobre la minería para una mayor proliferación de cooperativas mineras y mayor violencia y devastación del ambiente, mientras el Gobierno no tiene ni tendrá control sobre la extracción de minerales como lo venimos advirtiendo desde la aprobación de la Ley del Oro”, cuestionó Ruth Alipaz, representante de Contiocap.

La activista indígena acusó al presidente Paz de desconocer sentencias constitucionales que declaran a los ríos como sujetos de derechos y eliminar el rol de la Asamblea Legislativa Plurinacional al comprometer la aprobación de contratos mineros que “no cumplen con los requisitos y salvaguardas ambientales”.

Alipaz enumeró cinco artículos de la Constitución Política del Estado de Bolivia que se estarían violando con el acuerdo entre cooperativas mineras y el Gobierno y también demandó la suspensión de toda ampliación de zonas mineras sin garantías reales de fiscalización y protección ambiental. “Estamos exigiendo la adopción inmediata de medidas normativas, institucionales y operativas contra la minería ilegal y los delitos relacionados”, dijo Alipaz.

Los defensores de la reserva natural de Tariquía, al sur de Bolivia, también se manifestaron contra el acuerdo, al que consideran que califican que “representa una amenaza para ecosistemas que cuentan con protección legal y para comunidades que habitan estos territorios”.

Félix Choque, miembro del Comité de Defensa de Tariquía, afirmó a Mongabay Latam que se adhieren al pronunciamiento de Contiocap debido a que comparten las observaciones planteadas sobre el impacto que podrían tener las nuevas disposiciones. 

“Las medidas acordadas vulneran los derechos de las poblaciones asentadas dentro de reservas naturales y territorios protegidos. Nosotros también rechazamos este acuerdo porque está vulnerando los derechos de todos los que vivimos dentro de las reservas”, afirmó Choque.

La posición del Gobierno y los mineros

El Ministerio de Minería y Metalurgia envió un comunicado a Mongabay Latam en el que establece que el acuerdo firmado con el sector cooperativo minero no vulnera “los derechos de las naciones y pueblos indígena originario campesinos” y expresó que se mantiene la “plena vigencia y cumplimiento obligatorio la consulta previa, libre e informada, así como la normativa ambiental”.

“La actividad minera se encuentra regulada por una estricta normativa ambiental. El sector minero cuenta con un marco normativo específico que establece controles, procedimientos y obligaciones ambientales para todos los Actores Productivos Mineros [APM]”, dice el comunicado. Entre estas disposiciones, agrega el Ministerio, se encuentra el Reglamento Ambiental para actividades mineras, “cuyo cumplimiento es obligatorio y constituye un requisito indispensable para el desarrollo de cualquier actividad minera en el territorio nacional”.

En diálogo con Mongabay Latam, el presidente de Fencomin, Josué Caricari, defendió el acuerdo firmado con el Gobierno y dijo que su sector busca ingresar a trabajar en zonas que fueron abandonadas por empresas privadas, argumentando que su labor reactiva económicamente estos espacios. Sobre el ingreso a áreas protegidas, afirmó que respetan la normativa ambiental, pero que existen “derechos preconstituidos”, es decir que, para los mineros, prevalece el derecho de quienes tenían áreas mineras en estas zonas antes de la creación de las reservas y parques nacionales, que datan de varias décadas atrás.

“Nosotros vamos a cumplir toda la normativa ambiental y hubo mucha desinformación sobre el acuerdo firmado [con el Gobierno]. Hay derechos preconstituidos en algunas zonas, pero serán pues los Certificados de Compatibilidad de Uso (CCU) los que establezcan o no operaciones mineras [en áreas protegidas]”, detalló Caricari.

En Bolivia, el CCU es un documento emitido por el Servicio Nacional de Áreas Protegidas (SERNAP) para determinar si una actividad minera propuesta es compatible con una zona específica, especialmente en áreas protegidas donde algunas actividades son permitidas. Si bien el CCU no es un permiso minero final, es un paso importante para obtener la licencia ambiental y la autorización para la actividad.

Alerta por violación de normativas ambientales

Rodrigo Herrera, abogado y representante de la Asociación Legal Justicia Ambiental, afirmó a Mongabay Latam que la resolución del Tribunal Agroambiental de 2026 ordenó medidas destinadas a proteger los derechos ambientales (al agua, al aire limpio y los de otros seres vivos), “así como de los derechos de pueblos indígenas, frente a cualquier norma, política o acto de Órgano Ejecutivo que relaje salvaguardas e implique regresión en la protección ambiental”.

“En el acuerdo entre el Gobierno y Fencomin se contraviene el principio de no regresión, el principio precautorio y el ordenamiento jurídico ambiental vigente. Además, lamentamos que entre los puntos del acuerdo se encuentre el restablecimiento del Reglamento de Otorgación de Derechos Mineros en Áreas Protegidas y la liberación de nuevas áreas mineras”, criticó Herrera.

Según el Colegio de Biólogos de La Paz, el acuerdo vulnera normas ambientales, ya que no es posible el desarrollo de actividades mineras u otras extractivas en áreas protegidas después de su creación. “La reposición por parte de la Ajam de un reglamento que es abiertamente contradictorio a la normativa ambiental que aplica a las áreas protegidas resultaría totalmente ineficaz, por ser nulo de pleno derecho”, afirmó la institución en un comunicado.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El gobierno de Javier Milei oficializó una reducción de 3879 millones de pesos (más de 2.7 millones de dólares) al presupuesto de la Administración de Parques Nacionales, afectando la preservación de 46 áreas naturales protegidas. Según los expertos consultados por Mongabay Latam, este recorte agrava especialmente la situación de los costos operativos que se realizan en las áreas protegidas, vinculados al consumo de combustibles y lubricantes, pero también en el pago a guardaparques, quienes, a través de su sindicato, también criticaron la decisión.

El 65.9 % —2557 millones de pesos, unos 1.7 millones de dólares— del recorte afecta directamente al funcionamiento cotidiano de las 46 áreas protegidas. Entre los rubros alcanzados se encuentran la contratación de servicios técnicos y profesionales, el mantenimiento y reparación de maquinaria, vehículos e infraestructura, combustibles y lubricantes, repuestos, limpieza, energía eléctrica y provisión de insumos básicos.

El 34.1 % —1322 millones de pesos, alrededor de un millón de dólares— restante desfinancia los programas de Actividades Centrales, Formación y Capacitación, Infraestructura en Áreas Naturales Protegidas, Planificación, Formulación y Ejecución de Políticas de Conservación en Áreas Naturales Protegidas y el Sistema de Áreas Marinas Protegidas, de acuerdo con un informe de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

La reducción presupuestaria afecta incluso a algunos de los parques más emblemáticos de Argentina, entre ellos Nahuel Huapi, Los Glaciares -donde se encuentra el glaciar Perito Moreno-, Iguazú -sede de las mundialmente famosas Cataratas del Iguazú-, Lanín y Los Alerces, este último afectado recientemente por incendios forestales en la provincia de Chubut.

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El ajuste quedó formalizado mediante un decreto firmado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. Según las autoridades de ese país, esta reducción, que también se aplicó a otras áreas como ciencia y salud, se da en el marco de la política de recorte del gasto público.

Manuel Jaramillo, director general de la Fundación Vida Silvestre Argentina, explicó a Mongabay Latam que esta reducción de los recursos comprometidos para la conservación de la biodiversidad no es un ahorro y no es una contribución al déficit cero, como dice el gobierno. “Implicará retrocesos en procesos y avances que luego serán más costosos de recuperar. Sin mencionar el debilitamiento en materia de prevención de incendios forestales, que luego se traducirá en enormes gastos que indefectiblemente habrá que afrontar ante la emergencia”, detalló Jaramillo.

El experto resaltó que el monto reducido es más relevante si se considera que el presupuesto nacional para este año se aprobó con una pauta de inflación anual de aproximadamente 10.1 %. Sin embargo, dijo, la inflación ya acumuló 9.4 % de incremento en los primeros tres meses de 2026. “Esto agrava la situación de muchos de los costos operativos de las áreas naturales protegidas”, afirmó Jaramillo.

“¿Qué significa este recorte en territorio?”, se pregunta el especialista. Pone como ejemplos los casos del Parque Nacional Nahuel Huapi, donde el recorte alcanza casi 191 millones de pesos (132 463 dólares). Además, el Parque Nacional Lanín perdió 157 millones de pesos argentinos (180 876 dólares); Los Alerces vio su presupuesto reducido en 70 millones de pesos argentinos (48 541 dólares); y al Parque Nacional Los Glaciares, en Santa Cruz, le quitaron más de 77 millones de pesos (53 400 dólares).

“En la Patagonia argentina, la recurrencia e intensidad de los incendios forestales sobreexige los presupuestos de toda la Administración pública y en particular de la Administración de Parques Nacionales para dar respuesta a la prevención, ataque temprano, combate y restauración post incendios”, remarcó Jaramillo, quien añadió que también “el reciente brote de hantavirus en la región patagónica es una alerta adicional de las necesidades presupuestarias que deberán afrontar los parques nacionales patagónicos para brindar seguridad y protección al ambiente, los visitantes y al propio personal”.

 Reclamo de los guardaparques

El Sindicato de Guardaparques Nacional de la República de Argentina (Sigunara) reclamó que la reducción de presupuesto afecta directamente la capacidad operativa del sistema de áreas protegidas en todo el país, lo que implica menos combustible, menos vehículos, menos equipamiento, menos formación, menos mantenimiento y menos recursos para prevención y respuesta ante incendios, rescates y control territorial.

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“Mientras se recortan funciones esenciales de conservación, el documento oficial intenta disimular la desinversión operativa mediante movimientos contables y fondos inmovilizados”, aseguró Sigunara a través de un comunicado enviado a Mongabay Latam. “Debilitar parques nacionales es debilitar la protección del agua, la biodiversidad, el patrimonio natural y cultural y la soberanía territorial. Sin presupuesto no hay conservación efectiva. Sin trabajadores con condiciones dignas no hay protección real del territorio”, agregaron desde el sindicado.

Este medio envío una solicitud de información a la Subsecretaría de Ambiente de Argentina para conocer su posición sobre la reducción presupuestaria a las áreas protegidas, pero no obtuvo respuesta. Asimismo, Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Seguridad, encargada por decisión de Milei del combate a los incendios forestales, pero tampoco hubo respuestas.

Uno de los casos que más preocupación genera es el del Parque Nacional Los Alerces, ubicado en la provincia de Chubut y declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO. El área protegida fue una de las más golpeadas por los incendios forestales de este año, donde brigadistas y personal ambiental trabajaron durante semanas para contener el fuego.

Pese a ese antecedente reciente, el parque sufrirá la reducción presupuestaria. Los Alerces es además uno de los principales atractivos naturales de la Patagonia, reconocido por sus bosques milenarios, lagos y cascadas sobre el río Manso, además de su valor ambiental y turístico internacional.

Trabajadores en ese parque advirtieron que el ajuste podría limitar seriamente la capacidad operativa frente a nuevos focos ígneos durante la próxima temporada de incendios, estimada para finales de año.

Claudio Bertonatti, naturalista, museólogo y docente de la Universidad Maimónides, criticó la determinación oficial y sostuvo que las áreas protegidas representan una inversión estratégica y no un mero gasto para el Estado. El experto afirmó que la lógica del Gobierno al recortar el presupuesto de los parques nacionales es “difícil de comprender”.

“Todo indica que nuestros economistas consideran que los parques nacionales son áreas ociosas, cuando en realidad son áreas productivas. Recortar los presupuestos es como mal alimentar a la gallina de los huevos de oro, o pegarle, o no curarla. No es sensato, sencillamente”, afirmó Bertonatti a Mongabay Latam.

El experto contrastó la situación argentina con la de otros países que invierten en sus parques nacionales, los dotan de mejor infraestructura y desarrollan proyectos de investigación, educación pública y conservación. “Estamos yendo un poco a contramano de lo que se debería hacer”, consideró Bertonatti, quien puso énfasis en la necesidad de que la población cuente con funcionarios ambientales formados y experimentados para una gestión eficiente del Estado.

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Andrés Napoli, director de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), afirmó a Mongabay Latam que, aunque en términos cuantitativos la reducción pueda parecer limitada, su impacto resulta significativo cuando se analiza en el marco del deterioro presupuestario acumulado durante los últimos dos años y medio. El experto detalló que, siguiendo los datos publicados en el último Monitor Ambiental del Presupuesto, la Administración de Parques Nacionales (APN) perdió cerca de un tercio de su presupuesto real respecto a 2023, tanto por la falta de actualización de sus fondos como por la decisión política de subejecutar su presupuesto.

“Si se considera la proyección inflacionaria incluida por el propio Gobierno en la Ley de Presupuesto 2026, la Administración de Parques Nacionales registraría este año una caída real del 32.3 % respecto de 2023. Sin embargo, si se toma como referencia la estimación del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), elaborado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), la pérdida de poder adquisitivo se profundizaría hasta alcanzar el 39.4 %”, destacó Napoli.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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Destacadas ONG, incluidas Survival International y Amnistía Internacional, han publicado una declaración conjunta a las puertas de la COP15 sobre biodiversidad, que se celebra este mes de diciembre, denunciando la negociación del plan para la creación de Áreas Protegidas en el 30% de la Tierra para 2030 (“30x30”).

En la declaración las organizaciones advierten que “sin una revisión rigurosa, el llamado objetivo 30x30 devastará la vida de los pueblos indígenas”.

Continúan diciendo que también “será enormemente destructivo para otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia, al tiempo que desviará la atención de los verdaderos impulsores de la pérdida de biodiversidad y el colapso climático”.

Además de Survival y Amnistía, los otros firmantes son Minority Rights Group International y Rainforest Foundation UK.

La declaración describe una preocupación clave: “lo más probable es que las Áreas Protegidas de carácter excluyente constituyan la mayor parte del objetivo [30x30]”. Tales Áreas, “que son el objetivo principal de los esfuerzos de conservación liderados por Occidente, han dado lugar a expulsiones masivas, hambre, mala salud y violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, violaciones y torturas en los continentes africano y asiático”.

Las organizaciones hacen un llamado para que cualquier objetivo de conservación incluido como parte de un nuevo Marco Global de Biodiversidad se concentre en “dar prioridad al reconocimiento y protección de los sistemas de tenencia territorial colectiva y consuetudinaria de los pueblos indígenas” y “reconocer los derechos de otras comunidades dependientes de la tierra para su subsistencia a ser protegidas frente expulsiones forzosas”, entre otras demandas.

Fiore Longo, directora de la campaña para descolonizar la conservación de la naturaleza de Survival, ha declarado: “La idea de que el 30x30 es un medio eficaz para proteger la biodiversidad no tiene base científica. La única razón por la que todavía se está discutiendo en las negociaciones es porque la industria de la conservación presiona con fuerza en su favor, ya que ve la oportunidad de duplicar la cantidad de tierra bajo su control. Si sigue adelante, constituirá el mayor robo de tierras de la historia y despojará de su sustento a millones de personas. Si los gobiernos tienen verdadera voluntad en la protección de la biodiversidad, la respuesta es simple: reconozcan los derechos territoriales de los pueblos indígenas”.

PP

- “¿Me estás cargando?” . Esta fue la primera reacción de un activista medioambiental cuando le conté por qué pensaba que la idea de convertir el 30% de nuestro planeta en Áreas Protegidas no era nada buena. 

- “Un Área Protegida evitará el extractivismo y otras industrias en zonas ricas en biodiversidad, y salvará a los elefantes y a los gorilas”, respondió, esta vez con un tono más fuerte, como para convencerme.

Me sentí mal. Estaba criticando uno de los eslóganes más celebrados por los conservacionistas y políticos para salvar nuestro planeta en la próxima reunión de las partes del Convenio sobre la Diversidad Biológica (COP15), que tendrá lugar en diciembre en Montreal. Piénsalo: cuantos más parques nacionales, más reservas de animales. ¿No te parece una gran idea? ¿Qué puede haber de malo en esto?

Todo. 

Ha pasado tiempo desde mi primer viaje de campo como investigadora de Survival International, el movimiento global por los pueblos indígenas. Pero aún lo recuerdo. Era muy joven, bastante más que el hombre que tenía adelante. Yo, con anteojos estilo antropóloga. Él, con el rostro tatuado, como muchos de los habitantes del Pueblo Indígena Baiga de la India central, conocido por practicar la agricultura itinerante. Se llamaba Bharat y hablaba con un tono de voz claro y sosegado, pese a haber perdido todo cuanto era importante en su vida. “Somos los protectores del bosque. Si no lo salvamos, ¿qué pasará? Si lo abandonamos, ¿quién lo protegerá?”, me dijo. Para las personas indígenas de todo el mundo no hay duda: ellas son esenciales para proteger la maravillosa flora y fauna de nuestro mundo; ellas son la razón por la que el 80% de la biodiversidad de la Tierra se encuentra en territorios indígenas. 

En aquel momento pensé que esta realidad era tan obvia que cualquiera que luchara por acabar con la destrucción medioambiental estaría de acuerdo y defendería los derechos de los pueblos indígenas. Pero Bharat seguía hablando y mi pensar ingenuo enseguida se hizo añicos. Me contó que lo expulsaron de su hogar, que lo separaron del bosque que amaba, de los tigres que veneraba, de las plantas que le curaban a él y a la comunidad a la que pertenecía. Detrás de esta expulsión no se encontraba una multinacional insaciable (como es habitual), sino algo tan inocente y aparentemente bueno como la conservación. El hogar de Bharat fue declarado una “reserva de tigres” y tuvo que marcharse. Los “expertos” en materia de conservación afirman que los tigres de la India necesitan grandes extensiones de tierra “virgen” para sobrevivir, y ningún ser humano puede vivir en ellas. O mejor dicho, no se permite la presencia de determinados humanos. Como no tardaría en aprender durante mi primer viaje por esta Área Protegida, algunos humanos sí son más que bienvenidos: los turistas. Turistas que llegan de todos los rincones del planeta en avión, que se alojan en grandes hoteles de lujo, y que se desplazan en jeeps ruidosos y contaminantes sacando fotos. Muchas fotos. Turistas para los que la tierra de Bharat no es más que un zoo enorme. 

Aquella fue la primera vez que vi la verdadera cara de nuestra llamada conservación; toda la injusticia y su arraigada mitología se hicieron evidentes. La tenía ante mí, la miraba de frente. Personas indígenas como Bharat, cuya huella ecológica apenas tiene impacto en la destrucción del medioambiente y cuya conexión con la tierra es poderosa y sagrada, estaban siendo expulsados de sus territorios para crear reservas de animales. Pero la verdadera conmoción llegó más tarde… 

Después de todo yo también he crecido con el Rey León y los documentales de National Geographic. Después de todo yo también pensé, como probablemente pienses tú ahora, que los Parques Nacionales eran algo bueno y que la naturaleza virgen debe protegerse de los humanos. Hay que salvar a Simba de nosotros. Probablemente Bharat y su familia no eran más que una excepción.

Pero tras viajar a muchos otros parques de fauna silvestre me encontré con la incómoda verdad. No se trata solo de las reservas de tigres de la India. Desde la maravillosa selva del Congo hasta las mágicas sabanas de Tanzania, desde las montañas de Nepal hasta las áridas tierras de Kenia, la protección de los animales sirve de excusa para negar el acceso a los habitantes autóctonos a sus tierras. Una vez expulsados violentamente de ellas, guardaparques armados, financiados por grandes organizaciones conservacionistas con sede en Europa y Estados Unidos, empiezan a patrullar sus territorios y a cometer atrocidades contra sus legítimos dueños, los pueblos indígenas. Esto que puede resultarnos demasiado abstracto, significa en la práctica que cada vez que los indígenas intentan cazar para alimentar a sus familias o practicar sus rituales en la que fue su tierra, se arriesgan a ser violados, golpeados, torturados o asesinados en nombre de la “conservación de la naturaleza”. Para quienes lo justifican, culpar a personas inocentes por la destrucción ambiental no es considerado más que un daño colateral: de este modo parece que los guardaparques combaten a los “malos” (acusándolos de furtivos, por ejemplo) y las ONG de conservación pueden alegar que sus proyectos funcionan. A nadie le preocupa averiguar quiénes son realmente esos “malos”. Mientras tanto, no es raro que el turismo de masas, la caza de trofeos o las industrias extractivas se abran camino en las mismas Áreas Protegidas. 

Y ahora supongo que te preguntarás, como me preguntaba yo cuando conocí a Bharat, ¿por qué? ¿Por qué excluimos y expulsamos de sus tierras a los habitantes locales? ¿Por qué los asesinamos para salvar a los gorilas, rinocerontes, tigres y elefantes? 

La respuesta es el racismo. El modelo de conservación de la naturaleza predominante hoy en día es el de la “Conservación de Fortaleza”: un modelo que crea Áreas Protegidas militarizadas y accesibles solo para personas adineradas en las tierras de los pueblos indígenas. Este modelo se impuso en África y Asia durante la época colonial y la idea que subyace es que la población local es primitiva, no sabe cómo cuidar de su entorno y su conocimiento milenario son meras supersticiones. Solo nosotros (los blancos y occidentales) y nuestros “expertos” sabemos cómo conservar la naturaleza. Puede que los tiempos coloniales hayan pasado, pero esta actitud sigue viva en muchas organizaciones e instituciones conservacionistas. Estas organizaciones y muchos medios de comunicación siguen describiendo los paisajes que han sido modelados y alimentados por los pueblos indígenas durante milenios como “naturaleza intacta”, “virgen” o “prístina”, y a quienes viven y dependen de ellos como “invasores” o “cazadores furtivos”. La evidencia científica, sin embargo, nos dice algo distinto: los entornos “naturales” más famosos del mundo, como Yellowstone, la Amazonia y el Serengueti, son en realidad las tierras ancestrales que millones de indígenas protegieron durante generaciones. En la vida real el simpático Simba de El Rey León no se movería distraído por un entorno “salvaje”, ya que el área que inspiró la película fue el hogar de los masáis (en Kenia), un pueblo de pastores que ha sido expulsado de su tierra ancestral para dar paso a un Parque Nacional.

Pero detrás del mito de la conservación no solo descubrimos el intento racista de invisibilizar el papel de los pueblos indígenas en el cuidado y la custodia de sus propios territorios. Hay algo más. Al culpar y violentar a las comunidades indígenas y locales de la destrucción del medio ambiente desviamos el foco y podemos continuar contaminando como hasta ahora fuera de esas “Áreas Protegidas”, podemos cercar un poco de naturaleza para hacernos un selfie de vez en cuando o hacer un documental para Netflix y seguir sin abordar las verdaderas causas de la destrucción medioambiental: la explotación de los recursos naturales con ánimo de lucro y el creciente consumo excesivo, impulsados por el Norte Global. 

Por eso el plan del 30% es una distracción peligrosa. Más Áreas Protegidas significarán más abusos de los derechos humanos, más robo de tierras y no harán nada para proteger la biodiversidad. Todo lo contrario: destruirán a los mejores aliados y expertos de la causa ecologista. Los estudios han demostrado que el plan del 30x30 podría afectar a las tierras y los medios de vida de unos 300 millones de personas, los menos responsables de la destrucción del medioambiente. Tal y como se plantea ahora, el plan conllevará el mayor acaparamiento de tierras de la historia. 

Ni que decir tiene que la idea cuenta con el apoyo de las empresas más contaminantes del mundo, como Unilever, Nestlé, Shell y otras, que probablemente tengan una motivación del tipo: “que se preocupen por el 30%, para que podamos seguir explotando exactamente igual el 70% restante”.

Pensarán que soy toda una aguafiestas, pero si el 30% no es una buena idea, ¿qué nos queda?

La respuesta no vendrá de nosotros. Tal vez nunca haya estado en nosotros. Cada vez más evidencia científica lo demuestra: las tierras gestionadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales son tanto o más eficaces que las Áreas Protegidas en la conservación de la biodiversidad. “Las personas y los tigres podemos convivir en el mismo espacio”, dijo Bharat. Los pueblos indígenas lo saben muy bien, la naturaleza no es algo separado de nosotros, algo que podemos “preservar” a un lado, mientras destruimos en otro. Somos uno.

Cada vez más evidencia científica lo demuestra: las tierras gestionadas por los pueblos indígenas y las comunidades locales son tanto o más eficaces que las Áreas Protegidas en la conservación de la biodiversidad.

A pesar de lo que nos quieren hacer creer los expertos en marketing con sus eslóganes pegadizos como el del 30%, no hay una receta única para salvar el planeta ni una solución fácil. Sin embargo, algunas respuestas ya están ahí, en los ojos marrones de Bharat y en las aportaciones de muchos Pueblos Indígenas que han resistido y resisten a los incesantes ataques de nuestra propia sociedad contra sus tierras y sus vidas. Tal vez, y por una vez, debamos dejar de anunciar cifras al azar como la del 30% y debamos, simplemente, escuchar y aprender. Tal vez no sea todo lo que se puede hacer para salvar este planeta, pero la lucha por los derechos territoriales indígenas y la descolonización de la conservación deben formar parte de este camino. 

Fiore Longo es investigadora de Survival International, el movimiento global por los pueblos indígenas. También es directora de Survival International España.  Coordina la campaña Descolonicemos la Conservación de Survival y ha visitado a muchas comunidades de África y Asia que sufren brutales abusos de sus derechos humanos en nombre de la conservación de la naturaleza. 

FL