El sábado 29 de octubre pasado, el presidente provisorio de la Legislatura, Oscar González –la tercera autoridad de la Provincia-, tuvo un accidente de tránsito en la Ruta E-34, conocida como Camino de las Alta Cumbres, mientras viajaba en un vehículo BMW X1 que chocó de frente con un Renault Sandero conducido por una mujer de 56 años y en el que iban, además, una hija de la conductora, de 14 años de edad y una amiga de la adolescente, de su misma edad. 

Como consecuencia del violento impacto, falleció en el acto la mujer, una docente identificada como Alejandra Bengoa; mientras que la hija de la víctima fatal, Marina y su amiga Alexa Alvarez se encuentran internadas en grave estado en el Hospital de Niños de esta Capital. González, en tanto, fue derivado al hospital de Mina Clavero.

Pese a que el accidente ocurrió el sábado 29, recién el lunes 31 la fiscal de Villa Cura Brochero, Analía Gallarato, imputó al legislador oficialista por los delitos de homicidio culposo agravado por el uso de vehículo automotor (imprudencia) y lesiones culposas agravadas. 

Lo que podría haber sido un accidente vial con consecuencias fatales; derivó con el paso de las horas y de los días, uno de los mayores escándalos políticos del tercer gobierno de Juan Schiaretti.

Es que un camionero denunció a los medios que el legislador de Hacemos por Córdoba lo había pasado con su BMW X1 color negro por una zona prohibida, señalizada con doble línea amarilla. A raíz de esa falta grave, apareció el listado de faltas de tránsito cometidas por González, entre las que destacan dos multas por “cometer un exceso de velocidad tipo 4” a bordo de una pick up Volkswagen Amarok que está a nombre de su pareja, Cristina Vidal:

- El 17 de junio de 2022 a González le quitaron 10 puntos del carnet por conducir a alta velocidad en la Ruta Nacional 60, a la altura del kilómetro 902.

- Un mes después, el 19 de julio de 2022, le quitaron sólo 4 puntos  del carnet –en vez de los 10 correspondientes- por conducir a alta velocidad en la Ruta Nacional 1V09, a la altura del kilómetro 534.

Pero además, salió a la luz otra irregularidad del legislador Oscar González: el ex arquero de Vélez Sársfield, Gastón Sessa denunció que hace más de un año vendió una pick up BMW X1 color blanco, harto de que le llegaran multas cometidas en Córdoba. Sessa, quien tras retirarse del fútbol profesional fue a vivir a Chascomús, confió al canal de noticias Telefé que le llegaban multas por distintas infracciones de una camioneta BMW X1 patente AB 293 MY radicada en Córdoba: “Hicimos todas las presentaciones en los juzgados de Córdoba y seguían llegando multas. Puse un gestor y dedujimos que había una melliza color negro”, se quejó ante la tevé. Efectivamente, la camioneta siniestrada en la que se movilizaba González, es de color negro y tiene la misma patente que el vehículo blanco que vendió Sessa.

Así, luego de la tragedia de las Altas Cumbres, se conoció públicamente que el legislador de Hacemos por Córdoba se conducía en un vehículo “mellizo”: misma marca, modelo y patente que uno original, pero comercializado en el circuito ilegal.

Más irregularidades

Hasta el pasado sábado 5 de noviembre, Oscar González era la tercera autoridad de la Provincia, después del gobernador  Schiaretti y el vicegobernador Manuel Calvo. Una semana pasó desde el accidente fatal que lo involucró hasta que presentó su renuncia como presidente provisorio de la Legislatura, aunque sigue en su banca, con licencia médica por las lesiones leves recibidas en el accidente, hasta el 31 de diciembre. Dos días antes de la renuncia como presidente provisorio, la oposición de Juntos por el Cambio le había solicitado la renuncia a su banca; mientras que desde el Frente de Izquierda, solicitaron su destitución.

En esos siete días se supo que González, hombre fuerte del peronismo cordobesista en el oeste provincial, acumulaba multas y que se conducía en un vehículo clonado. Desde la Legislatura y el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) justificaron lo injustificable: se dijo que la BMW X1 clonada había sido secuestrada en un operativo y que había sido dada en guarda a González.

Además de la BMW X1, el TSJ le dio al presidente provisorio de la Legislatura otros tres vehículos: una camioneta Volkswagen Amarok (dominio AA 260 UF, no es la que está a nombre de Vidal), entregada el 17 de abril de 2017; una Land Rover Freelander (dominio FAQ 262) otorgada el 12 de septiembre de 2018; y un Audi A5 (dominio JJG 529), cedido el pasado 31 de mayo.

Dos legisladores del frente oficialista Hacemos por Córdoba, también fueron beneficiados con autos secuestrados por la Justicia y cedidos en guarda: a Dardo Iturria le asignaron el 26 de diciembre de 2016 un Toyota SW4 SRV (patente NNG 378); mientras que Miguel Majul recibió el 23 de julio de 2021 un Jeep Renegade (patente AE 010 YW).

En la oposición también hubo beneficiarios de la guarda del TSJ: al legislador Orlando Arduh, un radical que juega en el bloque del PRO y tiene aceitadas relaciones con el schiarettismo le asignaron el 3 de octubre de 2019 un Citroën C4 (chapa NTJ 299); y el macrista Darío Capitani recibió en abril pasado un Audi A4 (dominio LTN 619); mientras que al radical Juan Jure le asignaron, también en abril pasado, un Nissan Sentra chapa NHO 639. Tras el escándalo, Jure y Capitani devolvieron los vehículos a la Legislatura.   

La asignación de estos vehículos está amparada en la Ley Provincial 8.550 -sancionada en 1996, durante el gobierno del radical Ramón Bautista Mestre-, que establece que pasados los 30 días de secuestro de los móviles, sin identificar ni posibilidad de devolverlos a sus dueños, quedan en disponibilidad para ser destinados a instituciones públicas u organizaciones que prestan servicios a la comunidad. Luego del escándalo por el caso González, legisladores oficialistas y opositores acordaron debatir sobre la modificación de la ley.

El TSJ incumplió la norma vigente hace más de un cuarto de siglo: a principios de 2019, la camioneta BMW X1 negra había sido robada en la provincia de Buenos Aires y su dueño Gabriel Kohan denunció el hecho en los Tribunales de Morón. Pero a la Justicia cordobesa no le importó. El vehículo llegó hasta la localidad riojana de Chamical y desde allí, un hombre de nacionalidad colombiana viajó hasta la ciudad cordobesa de Villa Dolores y lo dejó en una concesionaria para su venta por consignación. Un vecino de Villa Las Rosas –un pueblito pegado a Villa Dolores- lo compró. Y al tratar de realizar la transferencia, descubrió que tenía la documentación adulterada. El comprador de buena fe, se contactó con un empresario de Buenos Aires, que le compró el BMW blanco a Gastón Sessa y comprobó que la BMW negra era melliza de una BMW blanca. La compra se cayó y el dueño de la concesionaria de Villa Dolores denunció en los Tribunales locales lo sucedido.

Causa dormida

En diciembre de 2019, el TSJ decidió entregar la camioneta BMW X1 negra a González, en vez de buscar a Gabriel Kohan, su dueño legítimo, contraviniendo los procedimientos legales. El dueño original cobró el seguro por la sustracción, y la compañía aseguradora –su legítimo dueño tras el pago de la indemnización a Kohan- tampoco fue notificada por las autoridades judiciales de Córdoba sobre el destino del vehículo que ya había sido recuperado.

Dos años después, en 2021, el Juzgado de Control de Villa Dolores se declaró incompetente para investigar la adulteración de los documentos de la camioneta BMW X1 que hacía dos años manejaba el legislador schiarettista. Y giró la causa a la Justicia federal y recayó en la Fiscalía federal N°2 de Carlos Casas Nóblega, quién nunca movió el expediente y dejó que las irregularidades continuaran.

Casas Nóblega es un joven fiscal que trabajó en la Defensoría federal de Córdoba y rindió varias veces por un cargo, pero en todas fue aplazado. Hijo de un ex defensor oficial de la Justicia federal ligado al delasotismo, Casas Nóblega hijo fue rescatado por el peronismo cordobesista y lo nombraron juez provincial en los Tribunales de Villa Dolores. Precisamente, de allí es oriundo el legislador Oscar González, hombre fuerte del PJ de toda la zona de Traslasierras. En octubre de 2017, Carlos Casas Nóblega regresó a la Justicia federal de Córdoba como fiscal general.

Debido a que la causa del automóvil mellizo nunca fue investigado por Casas Nóblega, su colega Maximiliano Hairabedian, abrió una investigación de oficio para determinar el origen y destino que tendrá la pick up BMW que manejaba el legislador schiarettista.  

Carnet y bolsos

Con la quita de puntos por las infracciones cometidas, González, un hombre de 74 años tendría que tener restricciones para renovar su licencia de conducir. Sin embargo, otra vez hizo uso de su poder y la comuna de Las Tapias, vecina a Villa Dolores le entregó la nueva licencia y no computó las infracciones de tránsito que lo inhabilitaban.

La comuna de Las Tapias no integra el Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (RePAT), por lo que González pudo renovar el pasado 7 de enero su licencia de conducir sin mayores dificultades pese a que sus antecedentes en el RePAT se lo impiden.

Al uso discrecional de un vehículo robado y el otorgamiento irregular del carnet de conducir se le agrega otro problema más: en un polémico audio que la pareja del legislador accidentado envió a la militancia gonzalista de la zona de Traslasierras, Cristina Vidal admite algunas cuestiones que podrían estar ligadas a actos delictivos.

Vidal es funcionaria provincial en Villa Dolores, donde está a cargo del Centro Cívico del Oeste, y en un audio que se viralizó, admite que quería que la pick up siniestrada quedara para ella; pero además hace referencia a la victoria del oficialismo en la elección de autoridades de la Cooperativa Eléctrica Mixta del Oeste (CEMDO) -presta servicios en 13 localidades de Traslasierras-, que se desarrolló el mismo sábado 29, día en que ocurrió la tragedia vial.

Las fotos aportadas por automovilistas que pasaron por el lugar del accidente, muestran que dos personas, una sobrina de González y un empleado o funcionario ligado a la CEMDO, retiran bolsos de la camioneta BMW, rompiendo los protocolos de seguridad de una escena del crimen, pese a que el lugar era custodiado por la Policía.

El abogado querellante de las familias Bengoa y Alvarez, Germán Romero Marcón, denunció que “se alteró la prueba”, en referencia a la presencia de los familiares de Oscar González retirando los bolsos del lugar. Y apuntó a la connivencia de la Policía Caminera: “No dejaban sacar fotos, había un control excesivo, pedían que las personas circularan rápidamente y que habría habido una libertad por parte de él hasta el momento de la extracción de sangre”.

Romero Marcón reclamó que el legislador debe estar detenido y que la imputación se agrave a homicidio simple con dolo eventual: “Si hay un peligro procesal, si la persona tiene cierta influencia, si la causa puede sufrir algún tipo de riesgo, intimidación o actitud sobre la prueba, por las condiciones del imputado, hay un riesgo procesal y deberían detenerlo”.

Ni bien comenzó la causa por la adulteración de la documentación del BMW X1 negro que conducía González, el fiscal Hairabedian detalló que “se abrió una investigación, se realizaron las pruebas sobre el vehículo”, a la vez que explicó que “la ley dice que cuando no se puede realizar la devolución de un vehículo al propietario, queda a disposición del Tribunal Superior de Justicia, en la órbita provincial y de la Corte en el fuero federal”. A la vez confirmó que hay otra investigación en curso por el presunto delito de lavado de activos contemplado en el Artículo 303 del Código Penal.

Es que tras el retiro irregular de los bolsos por parte de familiares del legislador, y teniendo en cuenta los dichos de Cristina Vidal donde da cuenta del apoyo de Oscar González y Hacemos por Córdoba a la Lista 3 liderada por José Fernández en las elecciones de la CEMDO; circuló la versión de que González llevaba una millonaria cifra en efectivo destinada a la CEMDO, algo prohibido por el Código Penal.

El gobierno de Schiaretti llegaba relativamente tranquilo a 2023; pero este accidente vial reveló una serie de irregularidades y privilegios otorgados desde el propio Centro Cívico y el Poder Judicial; que impactó fuera, pero también dentro de la coalición de gobierno. Y ya reclaman una renovación, más allá de las elecciones del año próximo.

GM