Las obstétricas -las “parteras”- de todo el país buscan la sanción de una ley nacional que jerarquice sus funciones y reconozca la autonomía de la práctica. La normativa vigente tiene más de cincuenta años y el trabajo varía según la regulación en cada provincia. Se trata de una formación universitaria de cinco años que todavía hoy es considerada como “actividad de colaboración de la Medicina”. El proyecto presentado está en la Comisión de Salud y tiene el acompañamiento de organismos nacionales e internacionales. 

La ley nacional que regula el ejercicio de los y las obstétricas es de 1967 y no reconoce la jerarquía profesional de la práctica por lo que limita sus acciones. Existe una realidad muy fragmentada: 22  de las 24 jurisdicciones tienen reguladas la profesión, pero de manera dispar. Según la provincia, por ejemplo, las obstétricas pueden dar consejerías sobre métodos anticonceptivos, pero no indicarlos o aplicarlos. Ante esta falta de reconocimiento y desigualdad, es que se organizaron en todo el país para impulsar la ley que está en la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. 

“Estamos en todas las provincias y fundamentalmente en el primer nivel de atención. En algún pueblo, zona rural o urbana siempre hay una obstétrica. Desde hace muchos años hacemos prácticas vinculadas a la salud sexual y reproductiva, pero no tenemos ese respaldo legal que necesitamos. Ahí es donde aparecen las barreras, nos dicen: 'Vos no podés colocar un implante subdérmico porque la ley no te lo permite'. Eso afecta un derecho de la población que es acceder a una método anticonceptivo y evitar un embarazo no planificado”, le dijo a elDiarioAR Carolina Comaleras, licenciada en Obstetricia de Entre Ríos e integrante de la Campaña #DeudaConLasObstétricas. 

Las personas licenciadas en Obstetricia, que en su gran mayoría son mujeres, tienen la formación necesaria para prestar el 87% de la atención de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Sin embargo, representan menos del 10% del personal. Desde Jujuy, la integrante de la campaña Luciana Tejerina explicó la trabas con las que se encuentran: “Al ser auxiliares de la Medicina no podemos trabajar, ni desarrollar toda nuestra capacidad y preparación autónomamente. Siempre tenemos que depender de un profesional médico. Lo que se pretende es reconocer la autonomía, las incumbencias y permitir que haya igualdad de trabajo en diferentes provincias”.

“Algunas provincias tienen leyes actuales que permiten que la obstétrica se vaya desarrollando y en otras no. En Perico, los días en los que no están los ginecólogos hacemos las guardias solas en compañía del médico clínico. Las tomas de decisiones las hacemos nosotras con el conocimiento del médico. Esta es una ciudad de trabajadores golondrinas, eso hace que vengan mujeres que van de una provincia a otra trabajando y no tienen domicilio fijo ni una salud sexual protegida. Nosotras trabajamos en red con esas personas”, explicó Tejerina, que trabaja en la guardia de Maternidad en el Hospital Zabala y es integrante del equipo territorial Manuel Belgrano del programa ENIA.

Desde el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) explicaron que hay evidencia que demuestra que el trabajo de las obstétricas desciende la mortalidad materna por el acompañamiento y la atención de calidad de todo el proceso reproductivo normal. En 2020, se registraron 41 muertes maternas por cada 100.000 nacidos vivos; mientras que las provincias del norte duplicaron esa cifra. “Sobre todo en los lugares más pobres, la asistencia de las parteras preparadas o licenciadas en Obstetricia, al poder asistir a un parto o entregar métodos anticonceptivos, hace que la atención de esa mujer tenga los altos índices de calidad como debe tener. Incluso con la IVE y la ILE, estamos capacitadas para el seguimiento. Nuestra inclusión en el equipo ha demostrado que hay un alto índice de calidad de atención y un bajo índice de morbi mortalidad materna”, explicó Tejerina.

El proyecto es acompañada por el UNFPA, el  Centro de Estudio de Estado y Sociedad (CEDES), Ipas y la Red de Acceso al Aborto Seguro en Argentina (REDAAS). La socióloga e investigadora del CEDES y REDAAS y una de las impulsoras de la campaña, Silvina Ramos, detalló que “ el proyecto está en línea con las recomendaciones de la confederación internacional de matronas sobre las competencias básicas y las complementarias”. “Muchas de las habilidades que definen los organismos internacionales, ellas ya lo hacen en los servicios. El problema es que después terminan necesitando la firma del médico para quedar cubiertas. Hacen las tareas, pero no son reconocidas ni simbólicamente, ni políticamente y eso tiene impacto sobre los ingresos porque hacen tareas para las cuales no están reconocidas. Es una situación extremadamente indigna, que una persona tenga que estar haciendo cosas y pedir permiso para hacerlas cuando el otro debería también ocuparse. Es injusto y discriminatorio”, afirmó en diálogo con este medio.

Además, Ramos detalló el impacto en la salud pública: “Si no las habilitadas formalmente a desarrollar ese conjunto de tareas estas impactando negativamente en el acceso a la salud porque en aquellos lugares donde solo hay obstétricas, que es el mayoría de los lugares en el primer nivel de atención, si nos las habilitas para desarrollar esas tareas, también estás impactando negativamente sobre el acceso a los servicios sobre salud sexual y reproductiva de la población en su conjunto”, agregó.

Los organismos efectores de la salud mundial recomiendan que las obstétricas estén legalmente habilitadas para estos trabajos. En Argentina, hay alrededor de 6000 personas que ejercen esta profesión, es una de las más feminizadas, incluso más que la enfermería. “Es la profesión más feminizada de todas las que existen. Quizás por esa razón todavía no se le reconoce la autonomía profesional”, puntualizó Ramos. “Es muy diverso, hay colegas que viven en Catamarca o La Rioja y que cruzás la frontera provincial y en algunas podés hacer algunas cosas y en otras no. En Entre Ríos también nos pasa eso, tenemos una regulación provincial que es de 1952 que nos ciñe al embarazo, parto, y puerperio de bajo riesgo. Si me tengo que ceñir a lo que dice la ley no podría intervenir directamente en nada”, sostuvo Comaleras.

En 2019, el proyecto logró media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación, pero perdió estado parlamentario. Este año también ingresó por la Cámara Baja y debe ser tratado por las comisiones de Salud y Legislación General. La presidenta de la primera, la diputada santafesina Mónica Fein, dijo que intentarán llevarla al recinto antes de fin de año. “La estoy impulsando. Estamos tratando de que haya una reunión conjunta de ambas comisiones para poder darle despacho, intentamos ver si la semana próxima podemos hacer una reunión conjunta sino temo que no llegue al recinto este año. Es una buena ley, que hay que impulsar”, le comentó a este diario.

“Es positivo que vuelva a poner en valor a las obstétricas que en algunas provincias existen y en otras no. Se ha medicalizado mucho la tarea del acompañamiento del proceso obstétrico, hay muchos médicos especialistas. En muchos lugares, por ejemplo en Santa Fe, se cerró la carrera de Obstetricia y cuesta volver a reabrirla porque hay una medicalización de ese proceso”, explicó Fein.

Comaleras sostuvo que la jerarquización del trabajo incluso ayudaría a descomprimir la labor de los médicos y las médicas. “Una persona que quiere buscar un embarazo, en todo lo que es la asesoría, la información preconcepcional incluye la entrega de ácido fólico para prevenir malformaciones. Nosotras no lo podríamos indicar para retirar en la farmacia. Paradójicamente el ácido fólico es de venta libre, una mujer puede ir a la farmacia y comprarlo, pero yo como obstétrica no lo puedo recetar. No podríamos hacer un PAP o solicitarle un análisis de detección de una infección de transmisión sexual, podríamos descomprimir la situación de derivar a un profesional médico porque yo lo puedo hacer si tengo la habilitación y la capacitación”, explicó.

CDB/MG