El servicio de viandas escolares continúa siendo el centro de la disputa entre los padres de las 1783 escuelas públicas cubiertas por este servicio y el Gobierno de la Ciudad, pese a los sostenidos reclamos de los últimos meses. Luego de la polémica adjudicación en agosto último del servicio de comedor a las mismas 18 empresas privadas que vienen ocupándose de las viandas escolares hace casi dos décadas, siguen predominando, para fines del 2022, los ultraprocesados y diversos alimentos con una composición engañosa en las viandas escolares. Además, el peso de las viandas continúa siendo, en muchos casos, menor al que establece el pliego. 

El servicio de las viandas escolares cubre a 291 mil chicos de escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires. Un porcentaje de estos alumnos reciben una buena alimentación en sus hogares, que podría llegar a suplir las deficiencias de unas viandas escolares con bajo contenido nutricional, pero para otra parte de estos chicos la comida más importante es aquella que reciben en el colegio, lo que vuelve sumamente necesario resolver esta problemática, sostienen los padres y representantes de organizaciones sociales. 

El mal servicio brindado no tiene que ver con los recursos destinados a este programa. El servicio de los comedores escolares tiene uno de los presupuestos más abultados del Ministerio de Educación de la Ciudad, con 12 mil millones de pesos destinados a este servicio solo en 2022, según asegura Eva Koutsovitis, del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPYPP). Desde la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) sostienen que este monto no permite hacer evaluaciones sobre la calidad del servicio alimentario en las escuelas y que solo refleja lo que se destinará a las empresas concesionarias. Al cierre de esta edición, desde el Ministerio de Educación de la Ciudad no habían confirmado el presupuesto asignado en 2023 para este servicio. 

La licitación no estuvo exenta de polémicas: para competir en ella, la empresa oferente debía ingresar al negocio con unos 795 mil pesos, monto que no era devuelto en caso de que la empresa ganara el concurso, lo que indujo a una suerte de “cartelización”, como denunciaron desde el IPYPP y desde el Observatorio de la Ciudad. A la licitación se presentaron solamente las 19 empresas que se ocupan de ofrecer el servicio desde hace casi dos décadas, quienes ofertaron los mismos valores para cada desayuno, refrigerio y almuerzo. 

A pesar de estas denuncias de comportamiento cartelizado y de las previas denuncias por comidas con composición engañosa, baja cantidad y en ocasiones comida en mal estado, en agosto de 2022 ganaron la licitación 18 de las 19 empresas que tienen adjudicado el servicio desde hace años. Según los diversos testimonios, esta polémica no produjo ninguna modificación en el servicio brindado. 

“La situación sigue exactamente igual que antes. Con esta misma empresa, Lamerich (Lamerich S.R.L), mi hijo come desde que tiene tres años. Ahora tiene diez, y la comida sigue siendo exactamente igual de mala”, sostiene Cinthia Ripamonti, madre de la Escuela 14 del distrito 7, Ernesto Padilla y secretaria de la cooperadora de la escuela.

Aunque la autogestión (donde las cooperadoras de las mismas escuelas se encargan de brindar el servicio) es deseable por las familias, no es una alternativa viable en la mayoría de los casos, ya que requiere de mucha participación y compromiso. Solo cuatro de las escuelas públicas de CABA autogestionan el servicio de comedor escolar, frente a las 1783 escuelas que tienen cubierto este servicio por parte de las empresas privadas. 

Composición de los alimentos 

El mayor reclamo está relacionado con la composición de los alimentos, que en su mayoría, son ultraprocesados disfrazados de alimentos “nobles”. “En la grilla de verano metieron como comida el pastel de papas. El problema es que, aunque debería estar relleno de carne, el relleno es en un 80%, de lentejas”, continúa Ripamonti. 

Los reclamos incluyen a la composición de muchos otros alimentos. “Lo que se anuncia en el menú como tortilla de verdura es un alimento que, al cortarlo, tiene arroz. El medallón de pescado, luego de estudiarlo, se determinó que estaba compuesto en un gran porcentaje por harina de pescado”,  sostiene Diana Rubel, madre de la Escuela Media Número 3 del Distrito 7 Osvaldo Pugliese, quien encabezó junto con otros padres los reclamos por la calidad del servicio brindado. 

“El Gobierno de la Ciudad alega que se usan alimentos procesados porque las condiciones no están dadas para la manipulación de carne. Con esa excusa, le brindan a los chicos alimentos ultraprocesados que no resistirían la Ley de Etiquetado Frontal. Por eso, apenas se implemente, por ley estos menús deberían desaparecer de las escuelas”, continúa Rubel.  

“El menú, que está bajado desde el Ministerio se respeta, no es que no. El problema es que, cuando dice milanesa de carne, en realidad les dan algo parecido a un ultra procesado como la patita de pollo”, sostiene Josefina Bonifetto, de la Escuela Número 24 del Distrito 15 Francisco Morazan. 

Desde el Ministerio de Educación de la Ciudad eludieron la pregunta sobre si se llevaron a cabo modificaciones en el servicio de viandas escolares tras los reclamos. Confirmando lo planteado por los padres, aseguraron en diálogo con eldiarioAR que “se seleccionan alimentos, preparaciones y productos alimenticios que garanticen la higiene y seguridad alimentaria, teniendo en cuenta que se manejan gran cantidad de raciones diarias y evitando el potencial riesgo en la manipulación de los alimentos”.  

Cantidad 

“En 2019 hicimos un mes seguido de controles todos los días. Cada día iba otra familia a examinar las viandas provistas por Ferrarotti (Ferraroti S.R.L). Este relevamiento exhaustivo dio como resultado que el 65% de las viandas estaban por debajo del peso indicado en el pliego de licitación”, sostiene Rubel. Desde julio hasta noviembre del 2022, sostiene Rubel, dos veces los controles dieron que entre el 70 y el 80% de las viandas se encontraba por debajo del peso del pliego. 

“Las unidades vienen justas, sobre todo cuando son ultraprocesados. Si un chico quiere comer más, si se quedó con hambre, no puede comer más”, agrega Ripamonti. 

“El único cambio respecto a años anteriores es que en julio de este año el Gobierno de la Ciudad aceptó venir a dialogar con todas las partes involucradas, que eso fue una victoria muy importante para nosotros, que den por válido nuestros reclamos. Pero en lo que respecta a lo demás, todo sigue igual que antes”, sostiene Rubel. 

Caso de autogestión 

El Colegio Alvarez Thomas, del Distrito 16, tiene casi 800 alumnos solamente en el nivel primario. Es uno de los cuatro colegios (junto con el Jardín Mitre, la Escuela 8 del Distrito 19 y la Escuela 11 del Distrito 8) cuyo servicio de comedor se encuentra autogestionado por la cooperadora de la escuela. “Hasta los ‘90, en todas las escuelas públicas eran las cooperadoras quienes gestionaban la comida. Luego, con las privatizaciones masivas, las empresas privadas empezaron a tomar este servicio y en paralelo las cooperadoras fueron perdiendo apoyo y fuerza, volviéndose para todas cada vez más difícil gestionar el servicio de comida”, sostiene Paula Insaurralde, mamá del colegio y parte de la cooperadora. 

“Tenemos las mismas obligaciones que tendría un concesionario respecto a cumplir con el pliego, no nos podemos salir de ese mosaico”, sostiene Insaurralde. “Pero hay una gran diferencia entre la autogestión y la concesión del servicio: mientras que nuestro objetivo es la calidad, el de las empresas privadas es la ganancia”. Insaurralde asegura que las diferencias en el servicio brindado son con respecto a la materia prima (composición y cantidad de los alimentos), pero también con respeto al servicio en general, como brindar vajilla de loza (no de plástico) y ocuparse de servirle a los chicos la comida. 

“Nosotros, que nos autogestionamos, hemos tenido controles constantes y permanentes respecto a cómo hacemos el servicio. Por lo que manifiestan otras familias, donde se encuentra tercerizado a empresas privadas el servicio de comedor, estos controles, jurisdicción del Gobierno de la Ciudad, no se estarían llevando a cabo”, sostiene Insaurralde. 

AS/MG