La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner pidió la indagatoria de Rosana Caputo, hermana del ex presidente del Banco Central durante la gestión de Mauricio Macri, por los pagos a la carpintería del líder de Revolución Federal. “Es necesario convocar a Rosana Caputto a prestar declaración indagatoria”, reclamó el juez Marcelo Martínez de Giorgi en el marco de la investigación por el intento de magnicidio de la ex mandataria.

La empresa Caputo Hermanos realizó pagos a Jonathan Morel, referente de la organización de ultraderecha para la supuesta fabricación de muebles para un edificio en Vaca Muerta. Previamente, le habían encargado también unos muebles para un country. Según los abogados de la vicepresidenta, dichos pagos coinciden con actividades violentas de Revolución Federal. “Los muebles pueden haber sido la pantalla para entregarle dinero a Morel y, así, financiar la violencia política”, indicaron.

“La contratación de Jonathan Morel para la realización de la mueblería de Neuquén se dio en los meses en los que Revolución Federal comenzó a actuar públicamente y a practicar e incitar la violencia contra miembros del Frente de Todos”, agregaron. En este contexto, son tres las hipótesis que sostienen la vinculación entre la carpintería, la familia Caputo y el atentado a Cristina Fernández de Kirchner.

La primera es que las transferencias monetarias jamás hayan tenido como finalidad la elaboración de mobiliario, sino financiar a la agrupación de ultraderecha. Una segunda tesis sostiene que es posible que el Grupo Caputo sobrepagara los trabajos con el mismo propósito anterior, mientras que una tercera alternativa es que los encargos efectivamente se hayan concretado, pero que, de todos modos, la contratación de Morel hubiera apuntado a darle sustento al referente en la organización de Revolución Federal.

De acuerdo con los abogados, la cadena de pagos inició cuando la agrupación comenzó a tener visibilidad pública y que, el cese de las transferencias coincide también con el momento en que se desarmó la organización, tras el intento de magnicidio de la ex mandataria. El 25 de mayo, Revolución Federal tuvo su primera aparición púbica y, según el escrito presentado por los magistrados, el día anterior se habían facturado más de $2,4 millones al fideicomiso Espacio Aleño del Grupo Caputo.

ACM con información de NA

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó realizar un registro a las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén, en la causa que se sigue por las amenazas realizadas por el grupo Revolución Federal.

El juez federal Marcelo Martínez De Giorgi ordenó que se realice un registro a las instalaciones del Fideicomiso Espacio Añelo, ubicado en Neuquén y que pertenece al grupo Caputo hermanos, en la causa que se sigue por las amenazas realizadas por el grupo Revolución Federal.

De esta forma, el juez responde a un pedido formulado por el fiscal Gerardo Policita, quien ayer solicitó “órdenes de presentación con allanamiento en subsidio” sobre once inmuebles vinculados a Caputo Hermanos S.A. y a empresas y proveedores invocados por esa firma y por Jonathan Morel, quien está procesado el referente de Revolución Federal junto a otros tres miembros de esa organización.

“Corresponde disponer el registro domiciliario a realizar en el día de la fecha en el edificio cuya construcción tuviera por objeto el fidecomiso Espacio Añelo, ubicado en la intersección de la Ruta Provincial 7 y 17 de la localidad de Añelo de la provincia de Neuquén, a los fines de lograr inspeccionar las unidades que conforman dicha edificación, únicamente con el objeto de determinar a través de aquel procedimiento de inspección, si en aquellas se registra la totalidad del mobiliario descripto en el remito de fecha 16/08/22, aportado por Caputo Hermanos el pasado 19 de octubre”, sostiene la resolución judicial a la que tuvo acceso Télam.

El procedimiento tiene por objetivo esclarecer la naturaleza del vínculo entre Morel y Caputo Hermanos S.A.: se busca aclarar si esa empresa financió las actividades de Revolución Federal o si efectivamente lo contrató para trabajos de carpintería realizados para un edificio construido en Neuquén, como declaró.

Morel, Leonardo Sosa, Sabrina Basile y Gastón Guerra, todos miembros de Revolución Federal, están procesados bajo la acusación de haberse organizado para llevar a cabo “un plan criminal, que tuvo por objeto imponer sus ideas y combatir las ajenas por la fuerza o el temor”, que incluyó la proliferación de consignas violentas en redes sociales y la multiplicación de manifestaciones en las calles con el objetivo de intimidar a dirigentes políticos y militantes principalmente ligados al oficialismo.

“Es necesario el desarrollo de la correspondiente profundización de la investigación al respecto, en pos de reconstruir los sucesos acontecidos en la realidad, determinando si existió una vinculación de la sociedad en sí al financiamiento del accionar ilícito del grupo o si, de contrario, efectivamente la versión de los hechos adoptada por Morel resulta veraz”, sostuvo el fiscal Pollicita al requerir las medidas para investigar el financiamiento de Revolución Federal.

La versión de Morel es que todo el dinero que le ingresó desde Caputo Hermanos sería exclusivamente como contraprestación de los servicios comerciales brindados desde su carpintería en Boulogne, provincia de Buenos Aires, para el fideicomiso Espacio Añelo, y puntualmente en función del amoblamiento del edificio ubicado en la intersección de las rutas provinciales 7 y 17, en Añelo, provincia de Neuquén.

“Lo cierto es que las sumas de dinero aportadas por el fideicomiso Espacio Añelo durante el año 2022 se dieron principalmente entre los meses de mayo y agosto, esto es recordemos, el período en el que no sólo la agrupación Revolución Federal inició su actividad pública como tal, sino también durante el lapso temporal en el que desplegó sus acciones más violentas”, resaltó el fiscal en el escrito de 18 páginas al que tuvo acceso Télam.

DA