“Está claro que la forma en que se fracturó el molar fue por una piña” dijo Carina al resto del equipo. Ante el silencio de su paciente, la odontóloga buscaba saber si alguien más había encontrado evidencias de lesiones en la joven que acudía regularmente al centro asistencial. Esta historia, es una de las tantas que de manera reiterada se da en los diferentes servicios de hospitales y centros de salud que reciben diariamente a mujeres que llegan con fisuras, hematomas, rotura de huesos, hemorragias internas, o cualquier otro signo de haber sido violentadas. Son generalmente las y los integrantes del sistema de salud, las primeras personas en encontrar esas señales en los cuerpos de mujeres, niñas, niños, adolescentes y disidencias, señales que no tienen una explicación fisiológica, sino la de haber recibido una agresión externa. 

Muchas de las víctimas que se encuentran atravesando desde hace años o están en la actualidad expuestas a este tipo de situaciones, no han podido denunciarlas. Sin embargo, esas mismas personas acuden a los servicios de salud en la búsqueda de asistencia. Por eso la necesidad de tener una guía que oriente a todo el sistema de salud a dar una respuesta integral.

Este lunes autoridades de las ministras de de de Salud, Carla Vizzotti, y de Mujeres, Géneros y Diversidad, Ayelén Mazzina, junto a representantes de la Organización Panamericana de la Salud, presentaron, el Manual Clínico de Atención Integral de la Salud ante situaciones de Violencias por Motivos de Género, una herramienta que pretende dar respuesta inmediata ante la detección de casos de violencia, diseñado en el marco del Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género y del Plan Nacional de Políticas de Género y Diversidad en Salud.

El manual dispone la preparación de los equipos de salud para poder detectar lo antes posible los casos, evaluar las situaciones de riesgo, prevenir y dar atención de manera urgente, ante un problema socio sanitario singular que pone en riesgo la integridad física y psicológica y la autonomía económica y social de las personas.

A través de un flujograma denominado A.N.I.M.A –por sus siglas- se establece un apoyo en primera línea, con acompañamiento psicosocial básico y la atención integral para la recuperación de la persona que acude a los servicios de salud, en el marco del reconocimiento de sus derechos. 

Las cinco tareas del apoyo de primera línea son la Atención al escuchar; No juzgar y validar, Informarse sobre las demandas y preocupaciones; Mejorar las estrategias de cuidados y un Abordaje en red que comprometa a otros recursos sociales e institucionales.

“Esta herramienta tendrá distintas instancias de sensibilización, formación y capacitación para todo el personal de salud, de coordinación con las distintas provincias y jurisdicciones, y una planificación que busca durante los próximos dos años realizar un monitoreo para evaluar su ejecución”, explicó Candela Cabrera, titular de la Dirección de Géneros y Diversidad del Ministerio de Nación, coordinadora del programa.

Además de la sensibilización acerca de las Violencias por Motivos de Género, se dispone la atención en relación a los aspectos de la salud física y mental, así como la atención integral ante situaciones de violencia sexual contra niñas, niños, niñes y adolescentes. También se presentaron los diagramas de funcionamiento y guías prácticas para la implementación de la propuesta y los lineamientos de detección de casos de violencia de género en la consulta odontológica.

“La violencia por motivos de género afecta a la salud en todas sus dimensiones y el sistema de salud puede ser la primera y, a veces, la única opción con la que cuentan las personas para hablar sobre su situación. Esta, sin duda, es una herramienta concreta para continuar fortaleciendo el camino hacia su erradicación desde todos los ámbitos”, expresó Eva Jané Llopis, representante de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en Argentina.

La ministra de Salud, Carla Vizzotti, sostuvo que el manual “invita a los equipos de salud a revisar las propias prácticas y desnaturalizar prejuicios y sentidos comunes, a la vez que ofrece herramientas para fortalecer el trabajo que se viene realizando en cada territorio en materia de prevención y atención de las violencias por motivos de género”.

La obligación de la denuncia

Los datos que se han sistematizado en relevamientos y estudios del sector, muestran la falta de perspectiva de género que aún persiste en los sistemas de salud. Por eso es preciso poner en tensión esa construcción social de las relaciones de género que se evidencian en prejuicios, para poder avanzar hacia una propuesta de asistencia integral con perspectiva de género, y trabajar sobre los prejuicios. 

Numerosos estudios tanto a nivel local como internacional, revelan la forma en que los estereotipos y estigmas inciden de manera directa en la atención de las víctimas y operan como un obstáculo, no solo en la cobertura sanitaria, sino también en relación a los temores ligados a las implicancias legales que pueden tener quienes denuncian estos casos. Para eso el Manual determina el deber fundamental de dejar constancia de toda situación de violencia por motivos de género en la instancia administrativa ya que esta información detallada le puede servir a la persona afectada si decide realizar la denuncia penal.

Para el caso que la persona presente lesiones graves o gravísimas, el equipo de salud además tiene la obligación de realizar la denuncia penal, como lo establecen los artículos 90 y 91 del Código Penal de la Nación, que  entiende por lesión grave aquella que genere “una debilitación permanente de la salud, de un sentido, de un órgano, de un miembro o una dificultad permanente de la palabra o si hubiere puesto en peligro la vida” de la persona, o aquella que “le hubiere inutilizado para el trabajo por más de un mes o le hubiere causado una deformación permanente del rostro”, o en el caso de las lesiones gravísimas, que son aquellas que producen una enfermedad mental o corporal, cierta o probablemente incurable, la inutilidad permanente para el trabajo, la pérdida de un sentido, de un órgano, de un miembro, del uso de un órgano o miembro, de la palabra o de la capacidad de engendrar o concebir. 

Los datos de situaciones de violencia por motivos de género

Las estadísticas oficiales en los que se basa este Manual, toman el registro de llamadas efectuadas a la Línea Nacional de Atención a víctimas de violencia de género 144, entre 2017 y abril de 2020, donde se produjeron 556.397 llamados relacionados a situaciones de violencia por motivos de género. Desde la creación del 144 en 2013, la violencia doméstica ha constituido el principal motivo de consulta, ubicándose año tras año por encima del 90 por ciento del total de las comunicaciones recibidas. Casi la totalidad de las personas que consultaron durante el año 2020 refirieron sufrir violencia psicológica, en un 69 por ciento violencia física, un 37 por ciento violencia simbólica, un 35 por ciento violencia económica y un 13 por ciento violencia sexual. En el 99 por ciento de las intervenciones de la Línea 144 durante el período 2019/20, las consultantes fueron mujeres. En las intervenciones con personas LGBTI+ en particular, se observó un predominio de la violencia psicológica, seguida de la violencia física en 59 por ciento, la violencia simbólica en un 42,3,  la violencia económica y sexual en un 25,2 por ciento.

Otro dato surge del Estudio Nacional sobre Violencia contra las Mujeres que se realizó en 2019 donde el 49,3 por ciento de las mujeres encuestadas -de entre de 18 a 69 años-  afirmó haber sufrido algún nivel de violencia física o sexual alguna vez, y el 8,5 por ciento de las mujeres sostuvo que atravesó violencia física o sexual en el último año. Estos datos junto con los altos índices de tentativas y muertes violentas contra mujeres y LGBTI+, femicidios, transfemicidios, travesticidios, crímenes de odio, femicidios vinculados, marcan la necesidad de ir hacia políticas públicas integrales, con énfasis en la atención sanitaria como lugar donde se da el primer contacto de las víctimas. 

Según los datos publicados en el Plan Nacional de Acción contra las Violencias por Motivos de Género se estima que entre 2002 y 2016 habrían tenido lugar en la Argentina alrededor de 4092 femicidios de personas de entre 15 y 64 años, resultando en un promedio que ronda los 270 femicidios anuales. Asimismo, según el Observatorio Nacional de Crímenes de Odio LGBT (FALGBT y Defensoría LGBT, 2020) tan solo durante el 2020 ocurrieron al menos 152 crímenes de odio en el país. Esta cifra contempla únicamente casos relevados por los medios de comunicación o denunciados en la Defensoría LGBT, por lo cual se estima que persiste un subregistro respecto de la problemática.

Integralidad e interseccionalidad

El manual está orientado a todo el personal de salud con recomendaciones prácticas, con un lenguaje sin sesgos y con indicaciones concretas sobre cómo situarse y cómo preguntar si se sospecha un caso de violencia por motivos de género, qué indicadores tomar para evaluar y detectar aquellas situaciones de riesgo y alto riesgo, cómo elaborar un plan de cuidados, e incluso establece la denuncia como estrategia.

Dispone tener en cuenta los distintos factores, como edad, etnia, orientación sexual, identidad de género, religión, discapacidad u otros, desde la interseccionalidad de las trayectorias de vida de cada persona, que pueden hacer más compleja la situación de vulnerabilidad. Da indicaciones para registrar los casos de violencia de género en las historias clínicas y propone el respeto por los valores y las pautas culturales de las personas, el reconocimiento de las diferentes experiencias y relaciones de opresión o privilegios para desnaturalizar hábitos que pueden resultar discriminatorios, estigmatizantes o violentos, y que son invisibilizados en la práctica cotidiana, así como realizar intervenciones situadas y respetuosas de las necesidades particulares de cada persona, entre otras instrucciones.

Un eje central es la articulación para alcanzar la integralidad en la atención y en relación a la corresponsabilidad y la construcción de redes locales para el abordaje, a través de la consolidación de vínculos entre el equipo de salud y las distintas instituciones, organizaciones de la sociedad civil e integrantes de la comunidad.

SM/MG