Jardines de infantes. Colegios privados puros, privados concertados. Mixtos, solo de chicos o solo de chicas. Universidades propias y de grupos cercanos. Decenas de miles de alumnos y cientos de millones de euros de ingresos cada año. El Opus Dei tiene un pequeño imperio educativo en España.

Un pequeño imperio que factura cerca de mil millones al año en conjunto –la mayor parte a través de la Universidad de Navarra– y que abarca todo el periplo educativo, desde el que la Obra trata de expandir su influencia social y su manera de entender el mundo, explican sociólogos que han estudiado a la institución que fundó Josémaría Escrivá de Balaguer. Ni siquiera hace falta ser un experto en estos centros, toda la información está recogida en las webs de las cuatro principales empresas que alimentan la red educativa del Opus: Fomento de Centros de Enseñanza, Attendis, COAS y la Institució Familiar d'Educació.

“Estas familias [fundadoras] han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació”. La fórmula, con pequeñas varianzas, se lee en las páginas de cada una de estas empresas. Lo mismo sucede con la Universidad Internacional de Catalunya (UIC), que pertenece a la Fundación Familiar Catalana y que especifica en su web que “la atención de la Capellanía ha sido encomendada por la Universidad a la Prelatura del Opus Dei”.

La Obra expande su palabra a través de unos 80 centros en los cuatro grandes grupos mencionados más otros colegios individuales, como el Colegio Guadalviar, concertado en València, o el Tajamar, también privado subvencionado. Con dinero público, cientos de millones de euros cada año, se financian decenas de centros del Opus a través de los conciertos educativos. Con dinero público se imparte formación religiosa estándar –esto es conocido–, pero también las preceptuaciones –esto ya no tanto–, una suerte de coaching familiar vinculado a las escuelas con el que un tutor personal intenta “sacar lo mejor de cada alumno” y de su familia, según cuentan miembros y exmiembros de la Obra. Una “buena idea”, dicen estas fuentes, que también puede utilizarse de manera perversa para hacer proselitismo y reclutar nuevos miembros, admiten.

Cuatro grupos, 74 colegios

El Opus articula su oferta educativa en torno a varios grupos empresariales, más directa o indirectamente vinculados con la Obra: con 74 colegios entre los cuatro grupos, según sus propias webs, acaparan la mayoría de los centros que todavía separan por sexo a su alumnado y que estos meses se debaten entre seguir haciéndolo a costa de perder sus conciertos educativos –la ley prohíbe financiar con dinero público centros segregadores– o mantener su identidad y pasar a ser privados puros sostenidos por las familias. Sumando centros ajenos a estos grupos, hay 89 colegios por todo el Estado que se mueven en torno a la Obra, según la web Opus-info.

De las cuatro empresas principales, la más cercana al Opus es Fomento de Centros de Enseñanza, una organización con 52 años de historia a sus espaldas impulsada por familias “que arrancó de una sugerencia de san Josemaría Escrivá, el fundador del Opus Dei, (quien) hablaba a padres y madres de su responsabilidad como primeros educadores de los hijos”, según explica la Obra en su web.

Fomento, como se conoce a la empresa, es dueña de 35 colegios por toda España, desde A Coruña hasta Murcia, y ha bajado su facturación en los últimos tres años: ha pasado de 63 millones de euros en 2021 a los 44 millones de 2023, según reflejan las cuentas de la compañía que recoge Insightview, buena parte de ellos públicos a través de conciertos educativos. El grupo cubre todo el periplo educativo, desde la educación infantil hasta la superior gracias a la Universidad Villanueva, un antiguo centro adscrito a la Complutense al que el PP ha permitido convertirse en universidad en los últimos años dentro de la ola privatizadora que vive Madrid.

Fomento era el titular de buena parte de los centros segregadores por sexo en España, con o sin conciertos. Algunos de estos últimos, por ejemplo el Miravalles-El Redin, en Pamplona, han decidido en los últimos meses, tras consultarlo con las familias, empezar a mezclar alumnado para no perder el concierto educativo –y con él la subvención pública–.

Entre Fomento de Centros de Enseñanzas, COAS, Attendis y la Institució Familiar d'Educació, los cuatro grandes educativos en torno a la Obra, facturan más de 100 millones de euros al año, buena parte de ellos públicos a través de los conciertos

El Grupo Attendis –formalmente Centros Familiares de Enseñanza, S.A.– se autodefine como “la mayor institución educativa privada del sur de España”. Cuenta con 20 colegios y 13 centros de infantil (los llaman Preschool en su web) en siete provincias andaluzas (solo falta Córdoba) y Badajoz. “Todos los colegios de Attendis surgieron por la iniciativa de grupos de padres y madres, inspirados por las enseñanzas de san Josemaría [Escrivá de Balaguer] sobre la educación y la familia”, relatan su relación con el Opus Dei. Facturan hoy 45 millones de euros anuales con algo menos de uno de beneficio cada 12 meses.

El grupo no oculta que su estructura organizativa gira en torno a la “educación diferenciada” –otros grupos, como Fomento, no lo especifican en su web, parecen jugar al equívoco–. Su relación con el Opus también aparece directamente mencionada en la página: “Los colegios Attendis recogen muchas de las enseñanzas de san Josemaría, fundador del Opus Dei, sobre la familia, el amor al trabajo bien hecho y la preocupación por los demás. La Prelatura del Opus Dei asesora a nuestros colegios en su labor de formación cristiana”, explican.

Institució Familiar d'Educació se mueve en el entorno de Catalunya y Baleares, donde cuenta con 13 escuelas que atienden a unos 8.000 estudiantes. Como en casos anteriores, este grupo resalta que las familias fundadoras “han querido que el mensaje del Opus Dei fuera un rasgo nuclear de la identidad de Institució Familiar d'Educació”.

La empresa fue noticia hace unos años cuando la Generalitat amenazó con retirarle los conciertos educativos si seguían practicando la educación diferenciada y ocho de sus centros anunciaron que dejarían de segregar. A diferencia de Fomento o Attendis, este grupo está en crecimiento, al menos entre 2020 y 2022, periodo en el que pasaron de facturar 19,5 millones a 24,5 millones de euros anuales. Sin embargo, como en casos anteriores, el beneficio principal en este grupo no parece el ecónomico: no llega al millón de euros en tres ejercicios.

La joya de la corona del Opus es la Universidad de Navarra, fundada por el propio Escrivá de Balager. El centro factura más de 600 millones de euros anuales y posee el IESE, una de las escuelas de negocios más elitistas del país. Su MBA cuesta hoy 110.000 euros.

Por último está COAS, la más pequeña (al menos en número de colegios) de las cuatro principales empresas educativas que orbitan en torno a la Obra. El grupo educativo tiene 11 centros en Euskadi y La Rioja, algunos de ellos concertados. Cinco de los seis colegios que el Opus maneja en el País Vasco pertenecen a Coas y se han tenido que pasar al modelo mixto para mantener la financiación pública. Es sexto es el ínclito Gaztelueta, en Bizkaia, protagonista en prensa en los últimos años por un caso de agresión sexual a un estudiante y la gestión que hizo el centro de la misma.

La oferta educativa del Opus llega hasta la universidad. Además de la Villanueva (Fomento), la Fundació Familiar Catalana posee la Universitat Internacional de Catalunya (UIC), un centro que facturó 58 millones de euros en 2022, con una amplia oferta de grados.

Pero la joya de la corona del Opus es la Universidad de Navarra (Unav). El centro universitario fue fundado directamente por Escrivá de Balaguer en 1952 y su máximo responsable es el Gran Canciller, Fernando Ocáriz, quien “desde 1994 es vicario general del Opus Dei y en 2014 fue nombrado vicario auxiliar de la prelatura”. La Unav cuenta con casi 14.000 estudiantes y un colectivo de alumni (antiguos alumnos) de más de 200.000 personas, según destaca en sus memorias académicas. La Universidad ingresó hace dos cursos 663 millones de euros y tuvo unos gastos de explotación de 638 millones, lo que deja unos beneficios antes de impuestos de 25 millones de euros.

A su vez, la joya de la corona de la joya de la corona es IESE Business School, una de las principales escuelas de negocio del país que pertenece a la Unav. Una investigación de La Marea reveló que por este centro han pasado uno de cada seis directivos del Ibex-35 en España. El prestigioso Master in Business Administration (MBA) cuesta hoy 110.000 euros en dos años.

La preceptuación, ¿acompañamiento familiar o proselitismo?

Una de las peculiaridades probablemente más desconocidas en la práctica totalidad de colegios y centros educativos dependientes del Opus Dei (o propiedad de asociaciones vinculadas a la Obra) está en la preceptuación, un concepto muy extendido en la comunidad educativa del movimiento fundado por Escrivá de Balaguer.

La preceptuación hunde sus raíces en un libro, Educación Personalizada, escrito por uno de los tres primeros miembros supernumerarios del Opus Dei, Víctor García Hoz. En el mismo, García defiende una filosofía educativa, basada en la “educación personalizada” o “preceptuación”, una herramienta que, según confirman a elDiario.es miembros de la Obra, “es algo similar a un coaching familiar dentro de las escuelas”.

“La idea es muy interesante, incluso positiva” añaden estas fuentes, que apuntan a que responde a un planteamiento “sencillo”. García Hoz planteaba que la escuela no podía entender la educación de los chicos como algo meramente académico, sino de una manera integral, vinculando también a la familia y las relaciones de amistad. De este modo surge la figura del preceptor, un profesor (aunque en algunos centros la figura está institucionalizada y no siempre es un docente) que busca “sacar lo mejor de cada alumno, en todos los aspectos”. ¿Cuáles? “Que sea buena persona, un buen cristiano, un buen hijo, buen hermano, buen amigo”, cuentan. Una especie de “director espiritual” pero en el ámbito académico, pues la Obra ya cuenta con responsables de la formación estrictamente religiosa.

Oficialmente, la preceptuación se ofrece en buena parte de los centros vinculados a la Obra. En el de Fuenllana (Madrid) se define la preceptuación como un “acompañamiento que recibe cada alumno y cada familia desde que comienzan su vida a Fuenllana hasta que culminan su paso por el centro”. Desde la Escuela Infantil, cada alumno cuenta con un preceptor personal, que se encarga “de manera directa de ayudar, aconsejar y acompañar tanto al alumno como a su familia en el proceso de su desarrollo personal a lo largo de su etapa escolar”.

El preceptuador ofrece acompañamiento personalizado, apoyo emocional, seguimiento del rendimiento académico, orientación académica y profesional y comunicación con padres y docentes. Entre sus funciones está “acompañar a su preceptuado y a sus padres en el modo en que este va creciendo en el ámbito académico-intelectual; el fortalecimiento de su voluntad; desarrollo afectivo-relacional; habilidades sociales; y crecimiento espiritual”.

“No se dan recetas ni consejos estandarizados. Tampoco es una relación impositiva, sino que se pretende ayudar al alumno a tomar sus propias decisiones en el ejercicio de su libertad”, señalan las fuentes. En el centro, cada alumno debe tener “al menos una conversación mensual con su preceptor”, y al menos una vez por trimestre con los padres.

“Es una idea muy buena, pero que a lo largo de los años, llevada al extremo, puede utilizarse de manera perversa, terminando en abusos de poder y psicológicos”, recalcan algunos ex miembros del Opus Dei, que añaden que la preceptuación es, también un modo de “enganchar” a los alumnos, y a sus familias (especialmente en el caso de las que no formaran parte del Opus, pero sí quisieran que sus hijos estudiasen en estos centros) a través de clubs de bachilleres y otras fórmulas que, explican, “puede convertirse en proselitismo” o, al menos en “posiciones de superioridad moral” que llevan a que los alumnos se sientan obligados a tomar una opción más allá de lo educativo.

Una mujer argentina denunció que fue secuestrada y sometida a trabajo esclavo por una modelo misionera que vive en Londres. La presunta víctima, llamada Carmen, afirmó que vivió meses de maltrato psicológico y humillación hasta que logró concretar su regreso a la Argentina en las últimas horas.

“Cuando llegué a Ezeiza me sentí un poco más tranquila, me sentí libre, por fin, y sin tanto miedo”, reveló la mujer entre lágrimas, en una entrevista con A24.

Carmen, quien viajó a Londres para trabajar en el cuidado de la modelo oriunda de la ciudad misionera de Leandro N. Alem y su hija recién nacida, relató que el ofrecimiento vino de la madre de la joven a la que debía asistir.

“Yo trabajaba para ella, y me pidió si yo podría hacerle ese favor de ir y de cuidarla, de ayudarla, de acompañarla, porque estaba muy sola su hija y la bebé... Yo realmente confié en esa persona”, relató.

Sin embargo, al llegar a Londres, la realidad fue completamente diferente y se encontró con una situación diferentw a la que pensaba: “Nunca en mi vida, en mis 54 años, me psicopatearon tanto, me humillaron tanto, me hicieron tanto daño”.

Carmen, también misionera, relató episodios de constantes insultos y amenazas: “Era una sudaca mugrienta, no merecía comer en el mismo lugar que ella, las mismas cosas que ella”.

Según relató, las amenazas eran constantes, incluso con dejarla sin asistencia: “Me decían que si iba a la Policía o pedía ayuda me iban a meter presa a mí, o que ella iba a llamar a emergencias y me iban a dejar tirada en un hospital diciendo que tenía Covid”.

“Era una hora por día que ella me dejaba ir al mercado. Me mostraba dónde quedaba y me daba un tiempo para que yo fuera a comprar, volver y salir al lavadero, a lavar y secar sus ropas, a sacar la basura”, aseguró.

La denunciante dijo además que llegó a dormir “en una colchoneta en el piso con una manta”. Tras varios intentos, Carmen logró enviarle un mensaje de auxilio a su sobrina en Misiones, quien contactó al grupo “Argentinos en Londres”. Leilén, integrante de esta comunidad, fue quien se movilizó para ayudarla.

“En uno de esos momentos en que tenía mi teléfono, le escribí a mi sobrina y ella se contactó con ese grupo”, explicó Carmen.

Carmen y Leilén se vieron rápidamente, pero ante algunas complicaciones, postergaron el rescate para el próximo día a la mañana.

Según la rescatista, el pedido de auxilio llegó esa misma madrugada: “Cuando Carmen al otro día me escribió a las 7 de la mañana diciendo 'vení a buscarme porque no aguanto más', yo llamé a la Policía”.

La última noche fue muy traumática para Carmen, ya que confesó que el cansancio y el miedo a ser despojada de su pasaporte la mantuvieron despierta.

“No dormí porque realmente tenía mucho miedo de lo que esta chica podría hacer. Pasó toda la noche insultándome, diciéndome que era una idiota, una estúpida”, describió. La modelo, según contó, intentó arrebatarle el pasaporte en varias ocasiones.

A la mañana siguiente Leilén llegó a esa casa con la ayuda de la Policía y otros argentinos, enfrentó a la modelo que había explotado a Carmen. 

“Quería hablar con ella y le dije que estaba haciendo las cosas mal. Se encerró y espiaba desde la ventana mientras la Policía le pedía que hablara”, indicó Leilén, quien tuvo que insistir para que las autoridades atendieran el caso. 

Luego de calmarse, lograron trasladar a Carmen al consulado argentino. La comunidad argentina en Londres organizó una colecta “para sacarle el pasaje”. Leilén explicó además que el consulado también colaboró: “Lo importante es que Carmen ya está en Argentina”.

MM con información de la agencia NA.

Una estructura que reclutó al menos a 44 mujeres pobres, la mayoría de ellas cuando eran niñas y adolescentes, para ser sometidas a “condiciones de vida equiparables a la servidumbre”. Así define la justicia federal el accionar desplegado por la Prelatura de la Santa Cruz y el Opus Dei en el país durante más de cuatro décadas, entre 1972 y 2015, en una acusación por trata de personas dirigida a seis religiosos de máxima jerarquía de la organización. Nunca antes fueron citados los responsables de una región del Opus Dei a indagatoria por delitos tan graves.

La investigación se inició en septiembre de 2022 en la Procuraduría contra la Trata de Personas de Argentina (PROTEX). En junio de 2023, ese organismo especializado elevó una denuncia a la justicia federal que recayó en la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°3, a cargo de Eduardo Taiano, y que ahora conduce al pedido conjunto de citación a indagatoria de cinco imputados: los exvicarios regionales Carlos Nannei (1991-2000), Patricio Olmos (2000-2010), Víctor Urrestarazu (2014-2022), y el sacerdote numerario que dirigió durante casi todas estas décadas la rama femenina de la organización, Gabriel Dondo.

Hay un quinto exvicario regional, Mariano Fazio, que no figura en la acusación, pero al que la querella solicitó que también se lo incluya, ya que fue el máximo responsable de la institución entre 2010 y 2014. En la actualidad, Fazio forma parte del gobierno mundial del Opus Dei y vive en Roma. Algunos aventuraron que sería un posible candidato a suceder a la máxima autoridad de la organización, el Prelado. También está fuera del país Urrestarazu, el último de los exvicarios acusados, al que removieron de su cargo cuando estalló el escándalo por la denuncia de las exauxiliares ante el Vaticano, en 2021. Desde entonces está en Paraguay. 

La investigación entregada al juez Daniel Rafecas, que es quien cursa los pedidos de indagatorias, habla de 44 casos de explotación, pero evalúa que solo cuatro podrían enmarcarse bajo la Ley de Trata, que entró en vigor en mayo de 2008, porque la gran mayoría de las denunciantes salió de la organización antes de esa fecha. De los cuatro casos que toman la Fiscalía y PROTEX para acusar al Opus Dei, hay tres cuya prescripción podría estar en juego, porque están en el límite o superan los 12 años desde que ocurrieron los hechos denunciados, que es el tiempo que establece la ley. De esta manera, sólo quedaría una mujer. Se trata de M.I.E.

El caso de M.I.E., 31 años sometida al Opus Dei

M.I.E. “conoció” el Opus Dei en un ómnibus. Tenía 17 años, era 1984 y viajaba con una hermana mayor desde su Bolivia natal hacia Buenos Aires. En la capital argentina estaba una tía esperándolas y la oportunidad de estudiar. Ninguna de las dos había hecho más que la escuela primaria y su deseo era poder cursar allí la secundaria. Eso fue lo que le contaron a la mujer que se les acercó durante el viaje y enseguida les dijo que ella conocía un lugar al que podían ir a vivir y estudiar.  Lo mismo le dijeron a la tía de las adolescentes cuando las acompañó a conocer el lugar, una casona en el barrio de Belgrano llamada “Los Aleros”. Y con esa promesa ingresaron, pero nunca ocurrió. 

En cambio, las pusieron a trabajar en tareas domésticas mientras las obligaban a asistir a misa, confesarse y conversar con directoras. Ellas insistían en que querían “estudiar, estudiar y estudiar”, contó M.I.E. en su declaración. El primer intento de irse fue al año de estar allí. Lograron salir, pero volvieron a buscarlas y las llevaron a otra residencia, llamada “La Ciudadela”, en el barrio porteño de Recoleta. Otra vez pasó lo mismo, mientras se intensificó la persecución espiritual: les decían que tenían vocación de ser numerarias auxiliares –la categoría más baja de la organización, que es la del servicio doméstico–, que dios las quería para la Obra. Ellas decían que no, pero su voluntad no servía de argumento. Al tiempo, las dos terminaron asumiendo compromisos de castidad, pobreza y obediencia. De allí las mandaron a Laya, una residencia pegada a la sede central del Opus Dei en la Argentina, donde vive la jerarquía religiosa y de miembros laicos de la organización. 

Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei

En los siguientes años, las hermanas siguieron caminos distintos. A cada una la fueron moviendo por distintas residencias del país. Las dos volvieron a intentar irse en varias ocasiones, pero las volvían a buscar una y otra vez. En una oportunidad, M.I.E. fue autorizada a visitar a su familia en Bolivia, y una vez allí decidió quedarse y no regresar. Pero fueron a buscarla hasta ese país. En 1993 la llevaron a Roma, donde sirvió a la jerarquía internacional de la Prelatura bajo las mismas condiciones de precariedad, sin pago ni seguro médico, sin comunicación con su familia. Volvió en 2000, ya intentando sobrellevar una gran crisis de salud mental. Para el año siguiente, su hermana logró irse definitivamente, pero ella no. No lo consiguió hasta 2015, cuando tenía ya 47 años y una década de depresión que el Opus Dei atendió con una psiquiatra propia y con una montaña de pastillas. 

El caso de M.I.E. podría ser el primero en el mundo que reúna las condiciones para que el Opus Dei tenga que enfrentar a la justicia de un país acusado por trata de personas para servidumbre. Con esa historia se podría avanzar en la investigación de lo que decenas de mujeres de Argentina, Paraguay, Uruguay y Bolivia denunciaron en 2021, primero en la prensa argentina y después en una presentación ante el Tribunal para la Doctrina de la Fe del Vaticano que aún no tuvo respuesta.

El 'modus operandi'

PROTEX y la Fiscalía describen la existencia de un sistema de captación engañoso, planificado y deliberado, dirigido a proveer a los miembros varones de un servicio doméstico equiparable al de una servidumbre, ya que no contemplaba ningún pago por la tarea ni derechos laborales básicos. El modus operandi del Opus Dei para someter a las mujeres, según la acusación, consistía en un plan de varias etapas: captación de niñas y adolescentes de entre 12 y 16 años mediante una selección engañosa, que “consistía en presentar una propuesta falsa relacionada con la posibilidad de continuar y completar sus estudios primarios y secundarios, así como recibir formación profesional para obtener oportunidades laborales, todo ello en un contexto de enseñanza religiosa”.

Además de la dinámica de ingreso al Opus Dei, la investigación enumera y describe la situación de las víctimas dentro de los “centros” de la organización, las prácticas de manipulación psicológica, el sistema de creencias, el “control disciplinario mediante elementos de castigo” y una serie de “normas de vida” que debían llevar las mujeres y que implicaban un sistema de charlas, confesiones y oraciones, además de la obligación de la castidad, el aislamiento de los vínculos familiares, la restricción de sus comunicaciones y cualquier contacto con el mundo exterior, el control psicológico y condicionamiento conductual, como también el control de la salud física y mental mediante visitas médicas supervisadas y suministro de pastillas psiquiátricas. Por todo eso pasaron las 44 mujeres incluidas en la denuncia. Todo eso se pudo probar en los cuatro casos analizados. Todo eso se pudo probar en el caso de M.I.E.

Entre las medidas de prueba que la justicia tiene, es clave la información reunida por la Unidad Federal de Investigaciones sobre el delito de Trata de Personas de la Policía Federal Argentina que estuvieron observando durante un año distintas casas del Opus Dei en Buenos Aires y otras provincias y pudieron certificar que hay mujeres allí que aún cumplen el rol de auxiliares. Además, la justicia trabajó con la intervención del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el delito de Trata del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. Además, se han tomado en cuenta los datos contenidos en una serie de artículos periodísticos publicados por la autora que firma esta información, que también brindó declaración testimonial en la causa, que se suman a documentos internos de la organización aportados por el abogado de las denunciantes y al relato de familiares de las víctimas y de varias exnumerarias del Opus Dei –mujeres miembro de mayor jerarquía– que conocieron y convivieron con la mayoría de ellas.

Escuelas de mucamas, en más de 50 países 

Desde que explotó en los medios de comunicación la denuncia de 43 mujeres en la Argentina, la organización negó una y otra vez las acusaciones e intentó reducir a “malas experiencias” lo vivido por las denunciantes. Incluso, el Opus Dei puso en línea un sitio web en el que cuenta la historia del Instituto de Capacitación Integral en Estudios Domésticos (ICIED), la llamada “escuela de mucamas” por la que –según la información oficial– pasaron más de 1.000 adolescentes entre 1972 y 2017 y de donde salió la mayor parte de ese ejército de mujeres sirvientas.

“El Opus Dei hizo esto en forma sistemática en los países en los que está presente. Esta es sólo la primera de las muchas denuncias que empiezan a gestarse en el mundo”, dijo a eldiario.es una fuente allegada a la investigación. A partir de la denuncia pionera de Argentina, ya se inició una demanda en Irlanda y se esperan denuncias en distintos países de Europa y América Latina.

En 2023 se conoció por primera vez la historia de una exauxiliar en España, en el podcast Un tema al día de elDiario.es. La realidad de las mujeres esclavizadas como servidumbre en el país puede ser refrendada por Agustina López de los Mozos, periodista, exnumeraria y creadora de OpusLibros.org, donde desde hace más de dos décadas reúne testimonios de exmiembros de la Obra de todo el mundo.

La Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) presentó el informe anual sobre el análisis de las 1.941 denuncias recibidas durante 2023 a través de la línea telefónica gratuita 145, en el que advierte que la tendencia de los últimos años “destaca una evolución de las formas de explotación sexual, desde los casos tradicionales en prostíbulos a nuevas modalidades en entornos digitales” como streamings, redes sociales y plataformas con webcam.

La fiscalía especializada del Ministerio Público Fiscal a cargo de Marcelo Colombo y de la fiscal federal Alejandra Mángano, coadministra desde julio 2015 la Línea 145 junto al Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento de Víctimas Damnificadas por el Delito de Trata.

El informe que publica Fisclaes.gob.ar abarca las denuncias recibidas en el período comprendido entre el 1° de enero y el 31 de diciembre de 2023, donde aparecen involucradas 859 posibles víctimas. Los casos de explotación sexual (846) encabezan el estudio, seguidos por la explotación laboral (468), la posible captación u oferta laboral engañosa (180) y la desaparición de personas (135).

Le siguen las denuncias por privación de la libertad (66), pornografía infantil (23) y posible venta de bebés y niños (21). Por último, se ubican las denuncias por grooming –el acoso a un niño/a o adolescente con fines sexuales a través de un dispositivo electrónico– (19), abuso sexual (18), publicidad de oferta sexual (13) y traslado (13). Otras 139 denuncias fueron catalogadas como correspondientes a “otros delitos”.

En sus estadísticas, la PROTEX señala que la explotación sexual es el tipo de delito denunciado en la mayor cantidad de casos desde 2015 de manera estable, mientras que la explotación laboral se configura en un segundo lugar desde 2019. Antes de ese año, ese lugar lo ocupaba la búsqueda de personas. Desde entonces el tercer lugar lo ocupan las denuncias vinculadas a la posible captación y oferta laboral engañosa, mientras que en cuarto lugar se observan las denuncias relacionadas con la desaparición de personas.

La motosierra y la advertencia de la Iglesia

Los datos de este informe coinciden con las advertencias que tanto la Iglesia como distintas organizaciones vienen realizando sobre los recortes en el Estado desde el Gobierno nacional. Como informó elDiarioAR, entre marzo y abril se despidieron a los representantes provinciales del Comité Nacional de la Lucha contra la Trata. Además, el programa de Rescate y acompañamiento a víctimas del Ministerio de Justicia ejecutó casi un 90% menos de presupuesto que el mismo período del año pasado. Esto se suma a otros programas de protección a las víctimas que sufrieron el ajuste. También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate y en la Línea telefónica 145. 

En febrero de este año, el Gobierno nacional publicó el DNU 195 en el que se traspasó al Comité Ejecutivo y el Consejo Federal para la Lucha contra la Trata de Personas al Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich. Meses después, los representantes de las provincias fueron desvinculados. Se trataba de agentes de todas las provincias que colaboraban con la persecución del delito y también con la prevención y el acompañamiento de las víctimas a través de mesas interdisciplinarias en las que trabajan referentes provinciales, municipales, de organizaciones sociales y también de organismos nacionales como los ministerios de Desarrollo Social, de Trabajo, la AFIP, el RENATRE y el SENASA, entre otros.

Además, el pasado 22 de julio, la Comisión Ejecutiva de la Conferencia Episcopal Argentina expresó su preocupación por la actualidad de la trata de personas en el país de cara al Día Internacional de Lucha contra la Trata de Personas, que se conmemora el 30 de julio, y con la desaparición del menor correntino Loan Danilo Peña como trasfondo.

“Es imprescindible contar en todo el territorio nacional con personas que tengan formación y experiencia”, solicitó la Conferencia Episcopal a través de un documento. “Es prioritario contar con presupuesto para la prevención, la persecución penal y la asistencia a las víctimas. Este es un tema transversal a todo el arco político e institucional que requiere el compromiso para alcanzar consensos, poniendo en el centro de la agenda política y del debate legislativo, el combate de este delito en articulación entre todos los poderes del Estado”.

Una nueva modalidad de explotación sexual: los medios digitales

Al señalar que se registra una evolución de las formas de explotación sexual desde los tradicionales casos de prostíbulos a los entornos digitales, la PROTEX recuerda en su informe que ese proceso de “digitalización” o “deslocalización” data de varios años y precisa que el avance de las tecnologías que se aceleró a partir de la pandemia por COVID-19 ha permitido que la trata de personas y la explotación sexual hayan encontrado nuevas formas a través de medios digitales.

“El cambio de la dinámica del lugar de explotación se da en el año 2022, cuando se ubica en primer lugar la explotación en domicilio particular, tendencia que continúa en el año de estudio del presente documento”, sostiene la procuraduría. Al respecto, indica que durante 2023 se contabilizaron 427 denuncias relativas a domicilios particulares y 240 que refieren a existencia de prostíbulos o “whiskerías”.

“Desde la Procuraduría entendemos prioritario comprender cómo se desarrolla la explotación en estos nuevos espacios digitales, que funcionan de distintos modos y proponen contenidos diferenciales (streamings, redes sociales y plataformas con webcam o grabaciones personalizadas) y, a su vez, analizar los factores que han promovido esa migración de la explotación a entornos digitales”, resalta el informe.

De este modo, el organismo señala la importancia de planificar estrategias o políticas públicas en la materia, a sabiendas de la mayor vulnerabilidad ante diferentes formas de violencia que trae aparejada la “deslocalización” o “digitalización” como ámbito de explotación. “El anonimato de los ‘consumidores’ facilita las situaciones de acoso, la violencia psicológica y el uso indebido de las imágenes de las mujeres”, puntualiza.

Captación mediante ofertas laborales engañosas

Del universo de las 1.941 denuncias registradas en 2023 a través de la Línea 145, hay 180 casos en los que la denuncia fue vinculada a modalidades de ofertas laborales engañosas, dudosas y/o con fines expresamente ilícitos.

En estos casos, una gran parte de las ofertas se produjo a través de las redes sociales, lo que demuestra, según el informe, el crecimiento exponencial de la tendencia de búsqueda de empleo en la esfera digital y, en paralelo, la expansión de las plataformas virtuales de trabajo que brindan opciones rápidas ante la necesidad de conseguir empleo.

“Sabemos que las personas que trabajan en este actual mercado de plataformas se favorecen de los rápidos ingresos y de la flexibilidad, pero al mismo tiempo suelen padecer las condiciones de ciertos mercados de trabajo (falta de estabilidad laboral, seguridad social, ausencia de elementos de protección que hacen a las condiciones de seguridad en las propias funciones, etc.)”, destaca el informe elaborado por la PROTEX.

Según el relevamiento, en claro contraste a lo que sucedía hace 10 años, se advierte que se ha registrado un número cada vez mayor de casos que exponen la tendencia creciente de ofertas laborales publicadas en sitios web o redes sociales que prometen oportunidades de empleo en el exterior.

En general, los destinos son países de Europa del Este y Asia y, tal como se observa, las condiciones laborales originalmente ofrecidas a las potenciales víctimas no son respetadas: jornada laboral, alimentación, condiciones habitacionales y salarios, acceso a servicios de salud, etcétera. A estas circunstancias se adicionan situaciones de maltrato, violencia y/o de efectiva explotación laboral o sexual.

Víctimas

Del total de las 859 posibles víctimas involucradas en las denuncias recibidas a lo largo de 2023, 427 se identificaron como mujeres cis, 324 como hombres cis y 9 como personas transgénero.

El informe resalta que cada año es menor la distancia de afectación entre mujeres y hombres cis. La PROTEX señala que esto responde al aumento de las denuncias por posibles casos de trata laboral, que provoca una reducción de la brecha con los datos de explotación sexual. “Cuando el contraste era mayor y la proporción de denuncias por explotación sexual registradas era mucho mayor a la laboral, lógicamente la cantidad de víctimas mujeres era mucho más alta (en términos comparativos o relativos), ya que, sin duda en el ámbito de la explotación sexual, las asimetrías de poder se enmarcan en un sistema de roles donde las mujeres cis (también niñas y adolescentes) son las principales víctimas”, resalta el documento.

Por otro lado, el bajo número de víctimas trans registrado no se debe, según el informe, a que sean menos vulnerados/as sino, por el contrario, a que siguen repercutiendo diferentes prejuicios a la hora de considerar la vulneración de sus derechos, y puede existir una invisibilización de casos, tanto en la instancia inicial de denuncia, como a lo largo del proceso judicial. “Creemos importante remarcar que en el procesamiento y análisis de todas las denuncias adoptamos, desde la PROTEX, una perspectiva de género y un enfoque interseccional como herramienta para garantizar el efectivo acceso a la justicia de las víctimas mujeres cis o transgénero”, remarca el informe.

Las denuncias por jurisdicción

Del informe se desprende que el 72% (1.404) de las denuncias recibidas fueron enviadas para intervención de la PROTEX, mientras que el 28% (537) se derivaron al solo efecto de su registro y seguimiento, tras haber dado intervención directa a una fuerza de seguridad por tratarse de casos de urgencia y, así, a la autoridad judicial correspondiente. En este contexto, 770 denuncias fueron derivadas al fuero federal mientras que 422 fueron enviadas al fuero ordinario.

El relevamiento efectuado por la PROTEX también revela que la jurisdicción del fuero federal a la que se derivó mayor cantidad de denuncias fue la de la Capital Federal (219), seguida por Córdoba (76), San Martín (73) y La Plata (67).

La procuraduría especializada señala que estas primeras regiones representan el 56,5% de las denuncias con derivación federal y a nivel general son las principales jurisdicciones con mayor número de derivaciones desde 2018, aunque con algunas excepciones.

Un caso actual: rescataron a 20 víctimas de explotación laboral en Chubut

Veinte personas fueron rescatadas por explotación laboral en la provincia de Chubut tras varias denuncias. Por el hecho un hombre y una mujer fueron detenidos y se supo que a las víctimas las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad.

En el marco del combate a la trata de personas que se impulsó desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, efectivos de la PFA detuvo en Chubut a un hombre y a una mujer que explotaban laboralmente a 20 trabajadores.

La investigación comenzó tras dos denuncias realizadas a través de la línea 145 del Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata. De esta manera, la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), solicitó a la División Unidad Operativa Federal (DUOF) Esquel la investigación sobre dos cabañas ubicadas en cercanías de la Ruta Provincial N° 16 de la localidad de Lago Puelo.

En consecuencia, “los efectivos comenzaron con las tareas de campo y detectaron que además de las mencionadas fincas, existían otros tres domicilios ubicados en la localidad de Epuyén, donde se estarían llevando a cabo las actividades investigadas”.

Con lo investigado se estableció que en el mencionado complejo “habitaba una pareja que alojaba a personas mayores de edad y las obligaban a trabajos en el campo, tareas de limpieza y actividades de construcción, en condiciones laborales de extrema precariedad”.

El Juzgado Federal de Esquel, a cargo de Guido Otranto, ordenó cinco allanamientos donde se logró la detención de un hombre de 76 años y de una mujer de 60.

Fuentes del caso explicaron que, por la multiplicidad de objetivos y a la extensión de los terrenos auscultados, se solicitó la colaboración de personal del Departamento de Investigación Federal Neuquén y las DUOF Neuquén, San Martín de los Andes y Bariloche.

En los procedimientos se secuestró gran cantidad de armamento de grueso calibre, entre ellos siete pistolas 9 mm, una pistola 45, dos escopetas del 12, más de $800 mil, 3.323 dólares, 2.550 euros y dos celulares.

“Los detenidos, de nacionalidad argentina, quedaron a disposición del magistrado interventor imputados por infracción a la Ley 26.842 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus Víctimas, al Art. 149 Bis del C.P. (Amenazas Coactivas), a la Ley 20.429 (de Armas y Explosivos), a la Ley 24.769 (Penal Tributaria) y a la Ley 26.377 (de Seguridad Social)”, detallaron.

Un delito complejo que las políticas públicas sirven para combatirlo

Según datos del Ministerio de Justicia de la Nación, entre 2019 y 2023 en Argentina se rescataron más de 5.000 víctimas de trata. Se realizaron 9.067 intervenciones en el territorio y 1.072 derivaciones para asistencia posterior, 118 articulaciones de asistencia y 13 retornos de víctimas a sus países de origen. Se trata de un delito complejo, el tercero en el mundo en cuanto a la cantidad de dinero que mueve después del narcotráfico y la venta de armas. 

También hubo despidos en el Programa Nacional de Rescate (PNR) que depende del Ministerio de Justicia, a cargo de Mariano Cúneo Libarona. Tres personas trabajaban en la Línea 145, de asistencia telefónica gratuita, que funciona las 24 horas, los 365 días del año, para recibir información, solicitar asistencia y denunciar casos de trata y explotación de personas.

Se trata de una reducción del 20% de un equipo integrado por quince personas. Otras diez despedidas pertenecían al equipo de Procedimiento de PNR, que se encargaban de entrevistar y acompañar a las víctimas luego de los allanamientos. La mayoría de las despedidas eran mujeres psicólogas o trabajadoras sociales de distintas provincias: Neuquén, Mendoza, Salta e interior de la provincia de Buenos Aires. En algunos casos, se trataba de la única representante del programa en la provincia. Tenían contratos incluídos en el Artículo 9 de la Ley de Empleo Público con una contratación anual o de convenios con entes cooperadores, pero que llevaban alrededor de 10 años de antigüedad. 

También los programas de acompañamiento a las víctimas rescatadas sufrieron recortes. Según un informe de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), la actividad de Protección de víctimas de violencia del programa de Afianzamiento de la Justicia de la cartera que dirige Cúneo Libarona ejecutó un 72,11% menos en el primer cuatrimestre de 2024 que en el mismo periodo de 2023. Algo similar sucedió con Rescate y acompañamiento a víctimas de trata del programa Política Criminal, que ejecutó casi un 90% menos que el mismo período del año pasado.

El programa Acompañar, de asistencia económica para víctimas de violencia (incluídas las mujeres afectadas por el delito de trata) ambién tuvo recortes fuertes. El monitoreo realizado por el Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), registró una caída del 80% en la ejecución interanual. “No se está haciendo nada al respecto. El hecho de eliminar áreas, reducir presupuesto y echar personal afecta gravemente en un contexto en el cual producto de la crisis económica también las condiciones que hacen que la trata funcione, se agudizan”, le dijo a este medio María José Lubertino, directora de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos que está siguiendo el caso. 

Desde abril, el Comité Ejecutivo para la Lucha contra la Trata está a cargo de Verónica Toller, periodista que promocionó en Latinoamérica la película “Sonido de Libertad”, producida por Eduardo Verástegui, exponente de la ultraderecha mexicana. El año pasado, antes de ser electo presidente, Javier Milei firmó la “Carta De Compromiso para la Promoción de Acciones para Erradicar la trata con Fines de Explotación Sexual y Tráfico de Órganos de Niños, Niñas y Adolescentes” promovida por Verástegui y firmada por otros referentes de la derecha de la región como el expresidente de Estados Unidos Donald Trump y el presidente de El Salvador, Nayib Bukele.

Tras el desmantelamiento del Consejo, diez provincias del Norte Grande crearon un Consejo Regional de Lucha contra la Trata y Explotación de Personas. El organismo fue aprobado por unanimidad y tuvo el impulso de las diputadas Claudia Paladino, Adriana Diaz y Monica Salazar, en representación de Catamarca.

Qué es la Línea 145 y qué se puede denunciar

Línea nacional, anónima y gratuita para orientación, solicitar asistencia y/o denunciar casos de trata y/o explotación de personas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación

Quienes tengan información sobre cualquier forma de explotación de personas (aunque sea una situación dudosa), pueden contactarse a la Línea 145, atendida por operadoras especializadas (psicólogas y trabajadoras sociales) que están disponibles para tomar denuncias, orientarte y brindarte asistencia.

Se puede llamar desde cualquier lugar del país durante las 24 horas, los 365 días del año

En base a la evaluación de un equipo interdisciplinario, cada denuncia se deriva a la justicia en forma inmediata. Si la situación es de emergencia, se da intervención urgente a una fuerza de seguridad.

Además, se pueden realizar denuncias a través del correo electrónico institucional oficinarescate@jus.gov.ar , o completando el Formulario WEB, (Entrada al formulario https://www.argentina.gob.ar/justicia/comunicate-con-la-linea-145 ). Los datos de los denunciantes quedarán a resguardo según lo dispone el artículo 26 de la Ley 26.364, texto según Ley 26482, y de acuerdo con la Ley 25326, de datos personales.

Ante una EMERGENCIA, hay que comunicarse a través de la Línea Telefónica 145.

¿Qué se puede denunciar?

Consejos de prevención del Ministerio de Seguridad

1. Si estás buscando trabajo, prestá atención si:

2. Si vas a una entrevista de trabajo, es importante que:

3. Si viajás por trabajo:

4. Si tenés hijos/as menores:

5. Si usás internet:

Con información de agencias y Fiscales.gob.ar

IG/MG

El 29 de octubre de 2023, Joshua Farinella, estadounidense de 45 años, voló a la ciudad de Amalapuram, cerca de la costa este de India, para comenzar su nuevo trabajo como gerente general en una planta de procesamiento de camarones. Farinella, quien habla en voz baja, tiene la cabeza afeitada, una barba cuidadosamente recortada y una manga llena de tatuajes, estaba emocionado por la idea de vivir en el extranjero por primera vez. Es cierto que este sería un trabajo de alta presión, y echaría de menos a Christa, su esposa, pero había negociado un salario de 300.000 dólares al año, más del doble de lo que ganaba en otra empresa de productos de mar en Estados Unidos. Bromeaba diciendo que ahora era el trabajador de camarones mejor pagado que no fuera dueño de su propia empresa. Calculaba que si lograba aguantar dos o tres años, se aseguraría de por vida: deseaba mejorar su furgoneta camper, pagar el préstamo del automóvil y reservar algo de dinero para la educación universitaria de su hijastra.

Tras un muro de hormigón de dos metros de altura, la planta se ubicaba a unos 9,5 kilómetros al noreste de Amalapuram y estaba rodeada de arrozales y cocoteros. Guardias de seguridad patrullaban el perímetro, una vista no poco común en instalaciones como estas. En el interior había un recinto de tres hectáreas donde los camarones, cultivados en estanques cercanos, eran decapitados, desvenados, tratados con productos químicos que las mantienen húmedos y enviados al extranjero. Solo en 2023, la planta, arrendada por una empresa llamada Choice Canning, llenó las secciones de alimentos congelados en tiendas como Walmart, Price Chopper, ShopRite y Hannaford con un poco más de 22,2 millones de euros de camarones envasados –Walmart y Ahold Delhaize, la empresa matriz de Hannaford, dijeron que estaban investigando las acusaciones, mientras que ShopRite y Price Chopperr no respondieron a las solicitudes de comentarios–.

Cuando llegó al trabajo, Farinella quedó impresionado por la cantidad de trabajadores que entraban por los portones. Le recordaba a una terminal de aeropuerto, aunque siempre parecía haber más personas llegando que yéndose. En los días siguientes, se dio cuenta de cuánto trabajo se requería para procesar camarones en las cantidades demandadas por la sede central: una cuota de 40 contenedores de envío o más de 600 toneladas cada mes. En cualquier día, podría haber más de 650 trabajadores en la planta, generalmente contratados por terceros. Cientos de los trabajadores vivían en Andhra Pradesh y regresaban a casa al final de cada día. El resto eran trabajadores migrantes que vivían en la planta y que servían como la columna vertebral de la operación. La planta funcionaba día y noche, compitiendo contra el calor y la amenaza constante de que se echaran a perder los productos. Los trabajadores migrantes eran principalmente mujeres, reclutadas casi exclusivamente de rincones empobrecidos del país como Bengala Occidental. Muchas provenían de la casta social más baja y eran analfabetas. Dormían en dormitorios espartanos en el lugar, en literas de metal. Generalmente, un guardia de seguridad estaba apostado afuera, cerca de la puerta principal del edificio.

A las 3.00 de la mañana del 11 de noviembre de 2023, algo interrumpió el sueño de Farinella que dormía en su apartamento a poca distancia en coche de la planta. Un gerente había enviado un mensaje por WhatsApp informándole de que a las 2.30 habían encontrado a una mujer corriendo por las instalaciones de tratamiento de agua de la planta. “Estaba buscando una manera de salir de aquí”, escribió el gerente. “Su contratista no le permite irse a casa”. Más tarde, otro gerente explicaría en una conversación grabada que los trabajadores solían escapar por encima del muro de hormigón, pero eso ya se había solucionado “para que nadie pudiera irse”. La mujer llegó hasta el portón principal, pero fue repelida por los guardias.

Prohibir a los trabajadores abandonar las plantas cuando lo deseen es una violación de la Constitución india y, probablemente, también del Código Penal del país, según el Corporate Accountability Lab, una organización de defensa e investigación. En una conversación grabada, un gerente le había explicado a Farinella que a algunos empleados de la planta se les permitía salir dos veces por semana para ir de compras al mercado. Farinella pensó que no debería haber ninguna razón para que intentaran escapar en plena noche. Varias horas después, al llegar a la planta, intentó obtener una respuesta sobre lo que había sucedido. Un gerente de recursos humanos le dijo que todo había sido un malentendido. En realidad la mujer no había querido irse.

Sonó una alarma en la mente de Farinella.

Farinella había trabajado en la industria alimentaria desde 2015. Choice Canning fabricaba comidas congeladas en su ciudad natal y le había dado un trabajo como oficial de aseguramiento de calidad en 2015 supervisando las normas de seguridad alimentaria. Luego trabajó para otra empresa de productos del mar, Lund's Fisheries, asegurando que su cadena de suministro cumpliera con las regulaciones, antes de regresar a su antigua empresa en 2023. Estaba acostumbrado a brechas en la contabilidad y fallas en las auditorías. Pero esto parecía mucho más serio. Farinella, que fue criado en una antigua ciudad minera en Pennsylvania por un veterano de Vietnam y una trabajadora de la seguridad social, se había desviado del camino cuando era joven, viviendo temporalmente en la calle y acumulando condenas, desde conducir ebrio hasta intentar cobrar cheques falsos. Desde entonces, se había distanciado de su familia; dejó de hablar con sus padres después de que desaprobaran su matrimonio con una mujer negra.

En la planta en India, se encontró a sí mismo encubriendo el hacinamiento en el lugar de trabajo, y haciendo planes para esconder a los trabajadores cuando llegaban los inspectores. Se vio a sí mismo engañando a los clientes sobre el origen y la calidad de los camarones, incluido su estado de certificación o su granja de origen, y dijo que le ordenaron hacer envíos de camarones contaminadas a Estados Unidos. Los gerentes que trabajaban para Choice Canning podían ser frustrantemente evasivos, agregó, pero, a veces, también podían ser sorprendentemente francos. Registró los intercambios con ellos en grabaciones secretas, capturas de pantalla y miles de páginas de documentos.

“Durante años he luchado contra esto a distancia”, dijo, refiriéndose a sus años en seguridad alimentaria y control de calidad. “Y, de un día para otro, me encuentro justo en medio, no solo en medio, sino que mi trabajo consistía en literalmente asegurar que todas esas cosas, que estaban jodidamente mal, siguieran sucediendo”.

Los camarones y EEUU

Los estadounidenses devoran, de media, casi tres kilos de camarones al año, cifra que se ha duplicado en una generación. En 2001, los crustáceos llegaron a costar alrededor de 11,94 dólares por 450 gramos, cuando los precios alcanzaron su punto máximo, y eran considerados un lujo. Desde entonces, los restaurantes y supermercados han comenzado a obtenerlos del extranjero y los precios cayeron en picada. Hoy en día, algunos restaurantes ofrecen una ultimate unlimited shrimp deal, una oferta de camarones ilimitados por 25 dólares.

En 2015, algunas investigaciones periodísticas revelaron los costos ocultos de los camarones baratos. Se descubrieron migrantes birmanos, la mayoría de ellos mujeres, retenidos en condiciones similares a la esclavitud en cobertizos de pelado de camarones en Tailandia, país que durante gran parte de la década anterior había sido el proveedor preferido de los principales supermercados occidentales. Algunas de estas empresas alimentarias cortaron los vínculos, y las importaciones de Tailandia disminuyeron.

Con la ayuda del Gobierno que proporcionó subsidios y flexibilizó las leyes que restringían la inversión extranjera, India ayudó a llenar el vacío creado. Para 2021, exportó camarones por más de 5.000 millones de dólares a escala mundial y fue responsable de casi una cuarta parte de todas las exportaciones de este producto. Aproximadamente uno de cada tres camarones consumidos por los estadounidenses hoy en día proviene de India.

Choice Canning es uno de los mayores proveedores indios en el mercado. Tiene oficinas en dos grandes ciudades indias, Kochi y Chennai, así como en Jersey City (Nueva Jersey) y, en 2023, envió camarones a Estados Unidos por un valor de más de 80 millones de dólares. 

En noviembre de 2022, la empresa anunció que sería la primera compañía india en convertirse en miembro de la Global Seafood Alliance (GSA), un organismo de la industria que promueve prácticas responsables. Choice Canning buscó la certificación por parte de la entidad de supervisión de la GSA, Best Aquaculture Practices (BAP), que ofrece certificar cada etapa de la línea de producción de un proveedor de productos del mar. La planta en Amalapuram lleva el sello de aprobación de BAP. Choice Canning dijo que las granjas de camarones que utilizan también lo hacen (ante los hallazgos presentados, la Global Seafood Alliance dijo que investigará si encuentra evidencia de violaciones).

Farinella no podía explicarse por qué las pruebas de antibióticos en los camarones de la planta resultaban positivas con más frecuencia de lo esperado. En Estados Unidos, la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) prohíbe el uso de productos farmacéuticos en camarones. La FDA no ha respondido a una solicitud de comentarios. Gran parte de los camarones que produce India se crían en pequeñas granjas acuícolas. El Corporate Accountability Lab, un grupo de investigación, encontró en un informe publicado este mes que muchas de estas granjas utilizan antibióticos para proteger a los camarones de los patógenos.

“Si casi todo lo que empaquetamos es BAP y las granjas son BAP, ¿por qué siguen apareciendo antibióticos?”, escribió Farinella en un mensaje de WhatsApp al gerente senior de control de calidad de la empresa. “Nunca compramos camarones de granjas BAP”, respondió el gerente senior: “Todos son de granjas locales no registradas”. El gerente, en un comentario jocoso, le dijo a Farinella “ya puedes imaginar el nivel de habilidad en el manejo de la documentación” que se requiere para que parezca lo contrario. Y añadió un emoji de carita sonriente.

Farinella preguntó desde cuándo había estado ocurriendo esto. “Siempre ha sido así”, escribió el gerente. “¡India ni siquiera tiene el 10% de la capacidad de cría BAP que afirma tener. Triste, pero esa es la realidad!”

El informe del Corporate Accountability Lab sugiere que lo que dice acerca de la magnitud del problema es cierto. Según este documento, la industria de camarones de India está plagada de violaciones ambientales, a los derechos humanos, y de seguridad, incluidos casos de trabajo forzado. El informe también destaca que las auditorías realizadas por BAP y organizaciones similares son deficientes. 

Choice Canning contrató a una firma, SGS, para realizar auditorías diarias con fines internos para ayudar a controlar las condiciones higiénicas. Estas auditorías a menudo detallaban preocupaciones sanitarias como el olor a descomposición, moscas, mucosidad, lodo, falta de hielo, refrigeradores rotos, máquinas contaminadas con algas y hongos, cabellos y manchas negras en los camarones, y una escupidera llena de tabaco de mascar en el suelo de la fábrica. Anualmente, los auditores de la misma firma, SGS, también producían una auditoría de cara al público donde se daba una evaluación positiva a la planta. SGS dijo que no podía compartir los resultados de sus auditorías por razones de confidencialidad, pero que se llevaron a cabo según los términos establecidos con el cliente.

Choice Canning también afirmó que los documentos de Farinella habían sido manipulados. El Proyecto Outlaw Ocean contrató a una firma forense de datos con sede en Reino Unido llamada Signify para revisar una selección de los documentos más importantes y concluyeron que ninguno de los documentos revisados mostraba signos de manipulación. Aquí puede explorar miles de páginas de registros internos de la empresa, auditorías, facturas, correos electrónicos y mensajes de WhatsApp proporcionados por el denunciante.

El mensaje de WhatsApp: “Envíalo”

Esto fue sorprendente, incluso para los estándares a los que Farinella se había acostumbrado en Amalapuram. Su jefe, Jacob Jose, vicepresidente de Ventas y Adquisiciones de la empresa e hijo del CEO, Jose Thomas, conocido como JT, acababa de enterarse de que 225 cajas de camarones crudos destinadas a los supermercados Aldi South en Estados Unidos habían dado positivo en la prueba de antibióticos.

El uso generalizado de antibióticos está provocando un aumento de la resistencia a los medicamentos necesarios para tratar todo tipo de infecciones en todo el mundo. En 2019, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades del Gobierno estadounidense informaron de que cada año se producen cerca de tres millones de infecciones resistentes a los antibióticos en Estados Unidos, lo que provoca la muerte de decenas de miles de personas.

Si bien la FDA prohíbe la importación de camarones tratados con antibióticos, la agencia solo inspecciona aproximadamente el 1% de los camarones importados. En contraste, la UE verifica el 50% de los camarones importadas de India. Según los investigadores, las probabilidades de que un lote de camarones contaminados de Choice Canning u otras empresas sea detenido son bajas. Una hoja de cálculo del inventario de la empresa muestra que más de 250 toneladas de camarones positivos en antibióticos fueron recibidas por la planta de Amalapuram de Choice Canning en 2023. Es difícil determinar exactamente cuántos de estos camarones llegaron a Estados Unidos, pero los documentos de la empresa parecen mostrar casos en los que los envíos completaron el viaje. Una revisión de los datos de la FDA indica que la agencia ha testeado camarones de Choice Canning en busca de antibióticos solo 21 veces desde 2003 y nunca encontró una violación. En el mismo período, la empresa envió más de 100 000 toneladas de camarones a América.

Según Farinella, los documentos destinados a rastrear las camarones hasta las granjas certificadas y revisar la presencia de antibióticos eran, a veces, engañosos. El vicepresidente de Ventas y Adquisiciones le dijo que no usara la palabra “antibióticos” en ninguna comunicación interna. “Por favor, usa la palabra Oscar” para referirse a los camarones que habían dado positivo en la prueba de antibióticos, escribió el gerente en WhatsApp, añadiendo “jaja”. La empresa negó haber enviado camarones contaminados con antibióticos a Estados Unidos y dijo que este intercambio y el significado de 'Oscar' han sido tergiversados por Farinella. Aquí puede ver la respuesta completa de Choice Canning y de otras empresas u organizaciones.

Farinella dijo que aunque estaba en desacuerdo con la política, hizo lo que se le dijo. “Casi 4.500 kilos de Oscar en paquetes terminados para Wakefern. ¿Qué hacemos?”, escribió Farinella en WhatsApp al vicepresidente de ventas de la empresa el 1 de febrero de 2024. “Envíalo en un contenedor”, respondió el ejecutivo por mensaje de texto. Así se fue enviado a América, empaquetado en bolsas marcadas como “todo natural”. Wakefern no ha respondido a las solicitudes de comentarios. 

“Dormitorio oculto”

El sitio de Choice Canning está lleno de grandes edificios de cemento que albergan instalaciones de procesamiento, almacenes, congeladores, dormitorios, equipos eléctricos y oficinas. La ropa se cuelga para secarse en líneas tendidas entre los edificios y los colchones se colocan al sol para ventilar. Durante su tiempo como gerente de la planta, Farinella tenía una amplia gama de responsabilidades: buscar trabajadores y suministros de camarones, administrar las finanzas y asegurarse de que la planta cumpliera con su cuota de producción mensual. 

Al principio le costó establecer cuántos trabajadores vivían en el lugar, cómo estaban alojados y alimentados, y cómo funcionaban sus contratos. En un momento dado, se topó con lo que llamó un “dormitorio oculto” ubicado encima de los compresores de amoníaco utilizados para la refrigeración, poniendo a los trabajadores en peligro en caso de fuga o incendio.

Los gerentes de la planta sabían que había que mejorar las condiciones de vida de los trabajadores y discutían regularmente en WhatsApp y por correo electrónico sobre cómo solucionar varios problemas. En una ocasión, un gerente le envió por correo electrónico una foto de chinches que habían colonizado más de 500 colchones. Farinella encontró trabajadores durmiendo en el suelo, usando camisetas como almohadas. Dijo que él y otros lucharon por obtener autorización para realizar los cambios necesarios. “¡Necesitamos más literas de inmediato, esto no puede esperar otro día, por favor!”, escribió enojado el vicepresidente de recursos humanos de la planta en un correo electrónico: “Las personas tienen dificultades desde hace meses”.

Unas semanas más tarde, Farinella descubrió durante una conversación grabada con un contratista laboral de Choice Canning que 150 trabajadoras habían pasado un año sin tener un día libre después de que dos empleadas preguntaran si se les permitía hacer una salida. Farinella lo aprobó en el acto. Más tarde, dijo que se sentía con las “manos atadas” y que se lo responsabilizaba de todo lo que salía mal a pesar de no tener el poder para mejorar las cosas.

También era difícil, dijo, determinar cuánto tiempo pasaban los empleados trabajando. Un ejecutivo de recursos humanos admitió sin tapujos en una reunión de Zoom grabada por Farinella los ajustes que tendría que realizar a los registros de asistencia y las tarjetas de entrada y salida para pasar una auditoría.

La ley estatal en Andhra Pradesh estipula que los trabajadores deben recibir al menos 450 rupias (cuatro euros) por día. Sin embargo, una factura de un contratista de mano de obra y un intercambio de correos electrónicos entre gerentes parecían indicar que algunos trabajadores recibían solo 350 rupias al día. La empresa ha dicho que siempre pagó el salario mínimo a todos sus “asociados” y recientemente incluso dio un aumento a algunos de sus empleados.

“Me sentía mal”, escribió Farinella más tarde. “Ni siquiera quería tener contacto visual con los trabajadores que vivían allí o los trabajadores locales. Estaba disgustado y avergonzado de todo. Sé que los trabajadores no podían estar de acuerdo con lo que ocurría. Y también sabía que probablemente pensaran que yo representaba gran parte del problema”.

En diciembre, Farinella le preguntó a Jacob Jose si los trabajadores podían recibir el salario mínimo. En un intercambio de correos electrónicos con ejecutivos de alto nivel, JT se declaró “sorprendido” de que no lo estuvieran recibiendo. Uno de los ejecutivos recordó a JT que anteriormente les había dicho “no hacer ningún cambio en Amalapuram por el momento”, en lo que respecta a los salarios. En correos electrónicos internos, los gerentes de la empresa dijeron más tarde que planeaban aumentar los salarios. 

“Cuando decía qué cambios hacer, simplemente decían 'no”

En enero de 2024, había prevista una visita de inspectores de Aldi South, una cadena de supermercados internacional, a Amalapuram para una auditoría social que verificara las condiciones laborales en la planta. Si bien algunas auditorías son sorpresa, la de Aldi South estaba programada con meses de anticipación. (Aldi South dijo que “estaba tomando las acusaciones con seriedad” y que necesitaría más tiempo para investigar). Farinella se reunió con otros supervisores para discutir los preparativos y grabó la conversación. Los gerentes se centraron en qué decir a los auditores respecto al número de trabajadores en la planta. El tamaño de la fuerza laboral es de particular preocupación durante las auditorías, según el informe del Corporate Accountability Lab, porque los auditores comparan el recuento de empleados con los registros salariales, las camas disponibles y la cantidad de espacio de trabajo en la fábrica para ver si hay irregularidades relacionadas con el pago o la seguridad.

Los gerentes también discutieron un plan para trasladar a los trabajadores fuera del sitio a una ubicación alquilada cercana antes de que llegaran los auditores. Los investigadores laborales dicen que esta no es una práctica poco común en el trato con los auditores. “Necesitamos mostrarles un número considerable”, reflexionó el oficial de control de calidad durante una reunión grabada al decidir cuál podría ser una estadística convincente para mostrarle a los auditores. Finalmente, los gerentes optaron por 415 como un número que parecería plausible.

Unos días más tarde, en una reunión grabada, Farinella discutió los planes con otro ejecutivo de recursos humanos. “Así que básicamente los llamaremos cuando llegue el auditor; los llamamos y les decimos: 'Váyanse y hagan lo que quieran durante el resto del día'”, afirmó. “Exacto”, dijo el ejecutivo. “¿Cómo demonios se te ocurrió esa idea?”, preguntó. “Señor, cuando JT tiene una espada sobre tu cabeza, las ideas terminan surgiendo”, respondió el ejecutivo.

Poco después de su llegada, Farinella descubrió otra preocupación: los cobertizos de pelado de camarones fuera de la planta. Uno estaba a 35 minutos en coche de la instalación principal de producción, el otro a una hora y media de distancia. Las certificaciones BAP y otras prohíben el uso de cobertizos de pelado porque son más difíciles de regular. El informe de CAL dice que “los cobertizos de pelado a menudo están ocultos y rara vez son auditados”. Los dos cobertizos que utilizaba Choice Canning procesaban de 4.500 a 6.800 kilos de camarones por día, aproximadamente la mitad de la cantidad que la empresa enviaba a EEUU, según Farinella y decenas de informes de producción diarios. La empresa ha dicho desde entonces que ninguno de los camarones procesados en estos cobertizos era para clientes BAP. No especificó dónde se vendían esos camarones.

Durante su estancia en la planta, Farinella recibió un flujo incesante de mensajes de la alta gerencia. JT, el director ejecutivo, a menudo parecía furioso por las deficiencias de higiene. “Resuelvan este lío del almacén frigorífico lo antes posible”, escribió en un mensaje de WhatsApp. “¡Quienquiera que haya hecho esto sufrirá las consecuencias!”. Un día, después de que le mostraran una foto del sitio en buen estado, dijo que le acababan de informar que había que desechar 80.000 dólares de producto porque los clientes estadounidenses se quejaron del olor. “¿Cómo puedo creer en sus fotos?”, escribió en WhatsApp al personal. Pero Farinella también sentía que se le ponían obstáculos cuando intentaba hacer mejoras. “Cuando le decía a JT qué cambios necesitaba hacer, simplemente me decían 'no”.

Farinella también estaba bajo una presión constante por no generar suficientes ingresos. En una reunión de Zoom grabada el 6 de febrero de 2024, entre Farinella y tres ejecutivos, incluido JT, los jefes expresaron frustración con Farinella por no ser suficientemente productivo, utilizando lo que Farinella describió como “la habitual velada amenaza de despido”. “No sé cuáles son tus resultados para enero”, dijo JT. “Deberías estar más preocupado que yo”. 

En enero, Farinella finalmente decidió hacer público lo que sabía sobre la planta y contactó a un periodista. “Creo que es probable que me contrataran no para administrar la instalación, sino para ser el rostro estadounidense que daba legitimidad”, dijo. En una planta con tantos problemas, agregó, “me temo que no quiero ser ese rostro”.

Un cámara viajó a India para documentar las condiciones en la planta. Farinella estaba tan nervioso que cuando vio policías armados cerca de su apartamento sintió que se le “salía” el corazón del pecho.

Unos días después, Farinella tomó un avión de regreso a Estados Unidos y envió su renuncia por correo electrónico desde el aeropuerto. Después de aterrizar en Pennsylvania, se detuvo en un McDonald's camino a casa. “Ni siquiera me gusta McDonald's”, dijo. “Pero la hamburguesa con queso de ese día fue inigualable”.

La presión también estaba empezando a afectar a los colegas de Farinella. El 14 de febrero de 2024, un responsable de recursos humanos de la planta contactó a Farinella por WhatsApp para decirle que él también renunciaba a Choice Canning. La cantidad de horas de trabajo estaba afectando su matrimonio, dijo, y la disputa con los trabajadores locales sobre los salarios había arruinado su reputación. Lo estaban amenazando por teléfono. “Cuando me iba a casa en el coche”, escribió más tarde en WhatsApp a Farinella, “algunos locales me tiraron piedras”. 

Farinella contrató a un abogado en EEUU y presentó una denuncia formal ante la FDA y varias otras agencias federales. No estaba seguro de qué podría lograr, pero quería dejar constancia de lo que había visto.

El mismo día, los auditores de Aldi South llegaron a Amalapuram. Estaban allí para llevar a cabo las inspecciones que los gerentes locales habían estado discutiendo durante semanas. Después de que terminara la auditoría esa noche, Farinella contactó a sus antiguos colegas y les preguntó si habían procedido a reubicar a los trabajadores. Dos de los gerentes confirmaron que así lo habían hecho. “Exactamente, señor”, escribió uno en WhatsApp. “Todos los trabajadores fueron enviados fuera de la instalación”.

Esta historia ha sido producida por The Outlaw Ocean Project con contribuciones de Ian Urbina, Maya Martin, Jake Conley, Joe Galvin, Susan Ryan y Austin Brush.

¿A qué remite la palabra “esclavitud” para el sentido común? ¿Hace, acaso, referencia a algo que pasó en un tiempo pasado? ¿Si se acepta en el terreno de la actualidad, es pensado como un maltrato geográficamente lejano, constreñido a paisajes rurales? ¿Posee límites etarios? ¿Tiene rostro? 

En la capital paraguaya, miles de niños, niñas y adolescentes –con una fuerte prevalencia femenina– son sometidos a diferentes labores (limpieza, planchado, cocina, cuidado de menores, adultos mayores o personas enfermas) en casas ajenas. No reciben compensación económica, ni tienen descanso. Se levantan cuando aún no sale el sol y se acuestan adentrada la noche. Carecen de derechos básicos –al bienestar integral, al desarrollo de sus potencialidades, a un lugar seguro– y deben cambiar juegos por quehaceres. Muchos tienen a cargo el cuidado de mayores u otros infantes: nadie los cuida a ellos.

Se trata de “criaditos” y “criaditas”, en el lenguaje cotidiano. Las y los activistas prefieren hablar de “situación de criadazgo”: menores de edad a quienes sus familias de origen no pueden mantener y son enviados con parientes o conocidos de mayores recursos (no siempre con relación sanguínea), bajo la promesa de educación, techo y comida. Muchas veces, se trata de la única esperanza de futuro, producto de las garras de la pobreza extendida.

La última cifra oficial sobre el tema se dio a conocer en 2011, con la Encuesta Nacional de Actividades de Niños, Niñas y Adolescentes. ¿Los resultados? 46.993 niños, niñas y adolescentes paraguayos de entre 5 y 17 años se encontraban en esta condición. 

Aunque los especialistas afirman que el número debe ser actualizado (al igual que las definiciones y las posibles salidas), la magnitud de la vejación se hace evidente. 

Definiciones desgarradoras

El Protocolo del Convenio N°29 de la Organización Internacional del Trabajo define al trabajo forzoso como “todo trabajo o servicio exigido a un individuo bajo la amenaza de una pena cualquiera y para el cual dicho individuo no se ofrece voluntariamente”. 

Patricia Roa, Oficial de Programación de la Oficina de la OIT para el Cono Sur de América Latina, engloba al criadazgo dentro de esta acepción. Más allá de que el móvil de las familias de origen tiende a mejorar la calidad de vida de los menores (algo que generalmente no se concreta), estos “suelen realizar tareas domésticas, sin recibir remuneración y en condiciones que afectan su integridad física y emocional”.

Según el informe “Trabajo forzoso y matrimonio forzoso”, para la OIT, el trabajo forzoso es un componente de la esclavitud moderna, en el que los niños, niñas y adolescentes están expuestos a situaciones de explotación a las que no pueden negarse, debido a las amenazas, la violencia, la coacción, el engaño o el abuso de poder.

Roa detalla que, en todo el mundo, 218 millones de niños de entre 5 y 17 años están involucrados en la producción económica. 152 millones resultan víctimas del trabajo infantil; casi la mitad ejerce algún tipo de trabajo infantil peligroso. Si bien la experta distingue esfuerzos de los países para enfrentar esta realidad (en Paraguay, a través de la Comisión Nacional para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil y la Protección del Trabajo de los y las Adolescentes), asevera que las tasas en la región son altas.

Desde el organismo, recomiendan una serie de medidas a nivel estatal para generar soluciones. Es el caso de la protección de los trabajadores y sus familias, el fortalecimiento de la ayuda social, la promoción de la educación pública y de calidad, y la mayor generación de alianzas y coordinación institucional.

Consultada por prácticas análogas al criadazgo en otras partes del mundo, la Oficial piensa en la servidumbre por deudas, el reclutamiento forzoso para explotación sexual comercial o actividades ilícitas (fundamentalmente, la producción y el tráfico de estupefacientes). 

Julia Cabello, Coordinadora Legal de Amnistía Internacional Paraguay, identifica al criadazgo como un ambiente propicio para el desarrollo de violencia sexual, torturas y embarazo de niñas. Además, las y los especialistas establecen una correlación entre la experiencia de criadazgo y la prostitución o la caída en redes de trata, como “salida” a un entorno agresivo y difícil de soportar. Walter Gutiérrez, ministro de la Niñez y Adolescencia, confirma: “9 de cada 10 víctimas de trata fueron ‘criaditas’”.

Del sufrimiento personal a la militancia colectiva

Tina Alvarenga reescribe todos los días su historia, cada vez con más fuerza. Padeció el criadazgo, pero hace décadas se reapropió su identidad. Mejor dicho: siempre la guardó como un cofre que nadie le pudo quitar.

No tiene vergüenza ni reparos en evocar cómo, cuando tenía nueve años, debió separarse de sus padres, para entrar –desde el comienzo, por la puerta de atrás– a la casa de los “patrones”, donde viviría durante años. En su memoria, aparecen amaneceres a las 5 a.m.; trabajos de niñera para criaturas tan pequeñas como ella; desayunos listos antes de que cantara el gallo; el mantenimiento de un hogar que debía cargar entero sobre su espalda, a cambio de nada. 

Sin embargo, la activista prioriza exponer los problemas sistémicos de su experiencia, rompiendo el marco de lo individual: la pobreza, la falta de oportunidades, las disparidades sociales, el silencio, el racismo, la segregación por género y clase. 

“El distanciamiento no pasa solo por la distancia física”. Con esa frase, enfatiza un eje del problema: el aislamiento. Hay niñas que son transformadas en “criaditas” a la fuerza, luego de un desplazamiento del campo a la ciudad o de un pueblo a la capital; a veces, sin siquiera hablar castellano. Ella, por su parte, se encontraba a un micro de distancia de su familia, tan solo unos minutos. Pero siempre lo veía pasar, sus tutores informales no la dejaban subir. Cuando su mamá la visitaba, los señores de la casa la supervisaban, controlaban sus palabras.

Hoy Tina está abocada a la lucha de las mujeres indígenas, la docencia, la asesoría en cooperación internacional y proyectos comunitarios. Pero nunca abandonó la causa que, hace 25 años, la llevó a unirse a Global Infancia, una organización basada en la defensa de los derechos del niño. 

Junto a sus colegas, con cooperación de Save The Children, ACDI, el Programa Conjunto de Oportunidades de las Naciones Unidas y el gobierno nacional, Alvarenga convocó a reconocidas escritoras para publicar Criadas hasta cuándo. El libro –con una primera edición del 2000– reunía cuentos creados a partir de testimonios reales, bajo la premisa de romper con la apatía social. 

“Subía a un baúl y desde allí miraba por una ventana a las estrellas...”, recordaba una de las entrevistadas. Otra desembrolló, quizás por primera vez, el camino que realizó entre la creencia inicial de que la tratarían como una hija, a entender que sería reducida a la condición de sirvienta.

Cada narración (con un pie en la ficción y todo el cuerpo en la realidad) evidenciaba una constante: se puede identificar un antes, un durante y un después del criadazgo; ruidos de cinturones que todavía arden; autoestimas golpeadas; culpa; cansancio que no se despega con los años. 

“Yo prefiero dormir porque de esa manera se me va más pronto el dolor”, puede leerse en el relato “Los peores para mí”, de la autora Reneé Ferrer. Para los supervivientes, contar era (y sigue siendo) un despertar.

Un ancla en la Historia

Dentro de la academia universitaria, han sido las mujeres quienes ahondaron en los orígenes del criadazgo. Algunas investigadoras han rastreado el régimen de la “naboria” –una variante de la encomienda, que representaba el repartimiento de niños y niñas indígenas como botín para el servicio personal– como el comienzo del criadazgo institucionalizado dentro del territorio.

“El criadazgo es un fenómeno social y una práctica sociocultural que viene de la colonia, con fuertes vínculos religiosos. Desde entonces, las personas de mayor vulnerabilidad elegían como padrinos de sus hijos a miembros de mayor estatus social o poder adquisitivo, para que se hagan cargo de la crianza o manutención. La base es una asimetría económica y de recursos entre la familia de origen y la receptora”, amplía Aníbal Echeverría. Él fue director de la Coordinadora por los Derechos de la Infancia y la Adolescencia hasta diciembre de 2023.

Mabel Benegas, activista de Global Infancia, amplía que la Guerra de la Triple Alianza (1864-1870) y la Guerra del Chaco (1932-1935) reforzaron la práctica. Los enfrentamientos bélicos habrían impactado en la manera de la sexualidad y la reproducción, el papel de las mujeres en la sociedad y el de su descendencia. Las altas tasas de abandono paterno, propios de esos períodos, subsisten hasta el día de hoy.

“Paraguay, aparte de ser una sociedad híper machista, es adultocéntrica. Se considera a los niños como objetos no como sujetos de derechos”, cierra Echeverría.

Entre el boom económico y el crecimiento relegado de las infancias

El “éxito” del modelo paraguayo encuentra lugar en los suplementos de Economía de los periódicos alrededor del mundo. El último informe de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) mostró que se trata del país con mayor crecimiento económico dentro de la región Sudamericana, con buenos pronósticos hacia 2024.

Las ganancias generadas por el sector sojero y energético contrastan con la realidad que se percibe en las calles. No solo del interior, sino de la capital del país. En los semáforos asuncenos, niños descalzos venden naranjas, limpian vidrios, piden monedas. Puertas adentro –de las grandes mansiones que pululan en la ciudad, pero también de las casas de clase media o media baja–, otros niños y niñas también están trabajando, tapados por las paredes del silencio.

El concepto de criadazgo no está tipificado en el país. El marco normativo paraguayo contempla un régimen de “trabajo adolescente protegido”, desde los 14 hasta los 17. Pero este no involucra el desempeño laboral de menores de edad en casas particulares, el cual está completamente prohibido. 

El avance de los indicadores no puede tapar un crecimiento coartado: el de las infancias y adolescencias reducidas, subyugadas.

Nuevos contornos de la tragedia

También desde Global Infancia, Marta Benítez plantea: “Necesitamos conocer la situación actual, porque pasaron más de diez años desde la última estimación. ¿Qué pasó en este tiempo? ¿Tuvieron impacto las políticas de transferencia para atacar la pobreza? ¿Funcionaron las campañas en escuelas, en la vía pública, en redes? Tal vez cambió la configuración de la práctica. Y, si buscamos modificar el statu quo, no podemos estar a ciegas”.

Las agrupaciones y ONGs le piden al Estado la gestación de un nuevo censo, con definiciones precisas, para desarrollar acciones basadas en evidencia. 

Tina comenta que, en las bolsas de trabajo, aún aparecen pedidos “disfrazados”, eufemísticos, de adultos que buscan “criaditas”. Recuerda uno: “¿Hay niñas o adolescentes para venir a jugar con mi hija?”. De todas formas, vislumbra un rechazo social mucho mayor a cuando empezó a trabajar el asunto.

“Ahora que hay mayor visibilización y creció la cobertura escolar. ¿Qué formas adquirió el criadazgo? ¿En qué se convirtió?”, pregunta. Intuye que una posibilidad es que esté más ligado a la trata.

Para obtener respuestas certeras, se precisa la intervención gubernamental activa, con recursos económicos necesarios para acompañar los avances legislativos, los cambios sociales y las buenas intenciones de algunos técnicos, funcionarios o Ministerios. En 2022, el 85% de las Consejerías Municipales por los Derechos del Niño, la Niña y el Adolescente (los organismos encargados de articular, identificar, prevenir y aplicar protocolos) carecía de presupuesto propio.

Que canten los niños

El Paraguay contemporáneo lleva a cuestas heridas de larga data. Desde los golpes de la colonización y la conquista (en donde se encuentran las raíces del criadazgo), hasta las guerras del Estado nación (que, entre otras cosas, reforzaron el sometimiento de los más pequeños). 

Luego llegaron los sucesivos gobiernos de facto y la larguísima dictadura de Alfredo Stroessner, que legitimó el atropello a los derechos de las infancias, mediante las relaciones forzadas del general con menores de edad y el montaje de centros de explotación sexual infantil para otros jerarcas militares.

Hoy, a 35 años de democracia recuperada, continúan las brechas económicas y la insuficiencia de políticas públicas, que fomentan el trabajo a temprana edad; la persistencia de “criaditas” y “criaditos”. 

Suenan, a lo lejos, potentes gritos de libertad, solo en apariencia acallados. Como en una pugna constante, opresión y resistencia marcan la historia de un pueblo que no se deja abatir y una historia cuyo destino no está escrito. Algo está claro: el futuro depende de las generaciones venideras.

“La fuerza que, contenida, renacerá”, escribió Lionel Enrique Lara en la canción “Así canta mi patria”. Inspirado en el terrible resultado de la guerra civil de 1947, el poeta auguraba: “Milagro de amor, mi gran Paraguay se hace canción”. La plena libertad, especialmente de niños, niñas y adolescentes, constituye la verdadera flor nacional. Aún permanece encapullada, como un jazmín que espera florecer.

Esta historia fue realizada con el apoyo del Centro Pulitzer.

JB/DTC

“Hace cerca de tres años empecé a trabajar en Apple, y lo que para muchos sería un sueño no tardó mucho en convertirse en una pesadilla para mí”, comienza la carta que Álvaro Girona publicó en varias redes sociales. A lo largo de cuatro páginas, este joven ingeniero español denuncia las draconianas condiciones en las que se vio forzado a trabajar en la multinacional, con jornadas de hasta 20 horas ininterrumpidas y una “presión insufrible” para cumplir los plazos de los proyectos, cancelación de sus vacaciones, acoso de sus managers tras pedir la baja psicológica y presiones para que la cambiara por una excedencia voluntaria.

Todo ello, relata, derivó en una profunda depresión de la que aún no se ha recuperado del todo. “Mi vida durante los últimos dos años ha pasado por diferentes tratamientos antidepresivos y he sobrevivido a varios intentos de suicidio”, cuenta en su carta, que fue aplaudida 2.800 veces en Linkedin y compartida otras 1.500 en Twitter.

El joven ingeniero compartió con elDiario.es abundante material que prueba los hechos que denuncia en sus redes sociales. “Necesitaba sacármelo de encima para poder pasar página y seguir con mi vida”, explica en conversación con este medio: “Son actitudes que no quiero que sufra nadie más en ningún puesto de trabajo y hablando espero poder haber denunciado y visibilizado el problema y que mucha otra gente que está pasando por situaciones similares se vea reflejada y vea que el problema no es de ellos”.

Este medio también se ha puesto en contacto con Apple, que ha declinado hacer declaraciones sobre casos concretos por política de empresa. La multinacional ha indicado que sus prácticas están desglosadas en su Política de Conducta Empresarial: “Apple se compromete a mantener un entorno de trabajo creativo, diverso, integrador y solidario, y no tolera la discriminación o el acoso de empleados o no empleados con los que mantenemos una relación comercial”, dice el texto referido.

Cumplir los plazos

Álvaro entró a formar parte de la plantilla de Apple cuando la compañía adquirió Vilnyx, una startup fundada en Barcelona que desarrollaba una inteligencia artificial capaz de analizar las imágenes, el audio y el texto de un vídeo para entender de qué trata, categorizarlo e indexarlo. Desembolsó unos 50 millones de dólares por ella, reveló la agencia Bloomberg. Cuando en 2020 la plantilla de la antigua Vilnyx pasó a trabajar en proyectos de Apple comenzó “la pesadilla” del joven ingeniero.

Los problemas comenzaron “el primer día” que hizo horas extra y las apuntó a través de la herramienta interna de Apple. La acción fue afeada inmediatamente por su responsable directo. “Me contactó para decirme que no se tenían que reportar horas extra, que estaba prohibido porque no podíamos dar la mala imagen que suponía ello, y a parte estábamos trabajando ahora en Apple y no en Vilynx, que 'nos pagan más'”.

Era la primera alusión por parte de sus managers sobre los cambios que iba a suponer pasar a trabajar para la multinacional, pero Girona rememora en su carta muchos más. La exigencia de acabar los proyectos en plazo y no decepcionar a Apple desembocó en la explotación laboral, denuncia: “La presión que recibimos cada uno de los trabajadores para que saliesen las cosas fue insufrible y una tortura”.

“Comentarios como 'si no llegamos al deadline nuestro trabajo no vale una mierda, es lo mismo que no hacer nada', 'metedle más caña que estamos en Apple y no en Vilynx ya' y cosas por el estilo, me llevaron a empujarme a sobrepasar cualquier límite que hubiese en la jornada laboral”, desvela.

La exigencia de acabar los proyectos en plazo y no decepcionar a Apple desembocó en la explotación laboral, denuncia el ingeniero. “Llegué a trabajar períodos de más de tres semanas incluyendo festivos y fines de semana en jornadas de más de 16 horas de media, llegando hasta a hacer 20 horas, irme a dormir a las 7 de la mañana del día siguiente y levantarme a las 10 de la mañana, con un mensaje de mi manager exigiendo que trabajase más duro porque íbamos con retraso”, rememora.

Eran carreras contrarreloj derivadas de que “la planificación de tareas era un caos enorme” que se intentaba subsanar sobrepasando todos los límites con los trabajadores, recuerda.

Llegué a trabajar períodos de más de tres semanas incluyendo festivos y fines de semana pen jornadas de más de 16 horas de media, llegando hasta a hacer 20 horas

Demostrar que el antiguo equipo de la startup podía cumplir con los estándares fijados por la multinacional se llevó por delante días de vacaciones que sus jefes le obligaron a perder y cualquier otro tipo de descanso. Incluso los días más señalados del año, como Nochevieja. “Cuando llegó fin de año recuerdo no poder ir con mi familia y quedarme la noche trabajando debido a la cantidad de cosas que siempre había por hacer”.

Acoso

La situación que estaba viviendo afectó de una forma muy dura a Álvaro. “Dejé de comer, de salir de casa, mis relaciones personales con todos mis conocidos y seres queridos fueron fuertemente afectadas, llegué a perder 14 kg de peso, pasando de 80 kg a 64 kg, que en una persona de 1’90 metros me dejaba completamente en los huesos y recuerdo verme las costillas claramente marcadas”, escribe en su carta.

“Viendo mi estado físico y mental, mi psicóloga me recomendó coger la baja y empecé un tratamiento con una psiquiatra con el que sigo aún hoy día”, recuerda. Su baja fue punto de inflexión, pero a peor. Lo que antes era “una tortura” laboral pasó directamente al “acoso”. En vez de respetar su recuperación, su responsable directo le seguía contactando y presionando. Me acosó y preguntó continuamente para quedar. Cuando quedábamos me insistía bastante en cuando iba a volver o si quería cogerme una excedencia voluntaria que ellos lo aceptaban y que me tomase el tiempo que necesitase para recuperarme“.

El apremio surtió efecto y Álvaro decidió contradecir a los médicos. “Finalmente y bajo la presión que sentía al estar de baja (sentía que estaba dejando tirados a mis compañeros y mi jefe no paraba de preguntarme por mi vuelta) decidí pedir el alta voluntaria y volver”, explica. Esto solo empeoró su situación, ya que el nivel de exigencia y la falta de respeto a los descansos siguieron igual.

Al ver su estado, la actuación de sus responsables fue insistir en que lo mejor es que solicitara una excedencia voluntaria, renunciado a su sueldo y puesto de trabajo hasta que se recuperase. Aceptó. Pero aún le quedaba por padecer una estratagema más. “Cuando solicité la plantilla de excedencia voluntaria inicialmente se me envió una de dimisión de mi puesto de trabajo para que la firmase, según ellos por equivocación”, afirma.

Falta de ayuda de Apple

El período de excedencia encerró los días más difíciles para Álvaro. Pasó por “períodos de semanas y meses en los que no podía dormir, en los que me despertaba llorando y el único pensamiento que pasaba por mi cabeza era el suicidio. Recuerdo levantarme cada día lleno de lágrimas y pensando en saltar directamente por la ventana de mi cuarto. Pasé por varios intentos de suicidio. Me sentía completamente inútil, que no valía nada, que era mal trabajador, que todo había sido mi culpa y estaba recibiendo el castigo que me merecía y que no merecía ni vivir”.

Pero el tiempo fuera también fue el principio de la recuperación, en la que aún sigue inmerso. Hace dos meses que solicitó a Apple el regreso a su puesto de trabajo a través de un burofax, pero aún no ha recibido respuesta. Sus antiguos responsables directos, que le aconsejaron que solicitara la excedencia y le aseguraron que no pondrían trabas a su vuelta cuando esta terminara, han cortado toda comunicación con él. La excedencia terminó a principios de julio y no ha tenido noticias. “Parece que la decisión de Apple ha sido simplemente ignorarme”, lamenta.

En conversación con este medio, el joven ingeniero apunta que durante todo este proceso tampoco ha encontrado ayuda por parte de la estructura internacional de la compañía, a pesar de que el departamento de Recursos Humanos revisó su caso en profundidad. Álvaro prefiere no dar muchos detalles a este respecto, ya que su caso permanece abierto y Apple es conocida por ser extremadamente celosa al proteger su información interna. La “confidencialidad” es de hecho uno de los cuatro pilares de su Política de Conducta Empresarial, junto al “respeto”, la “honestidad” y “cumplimiento” (en relación a las “políticas, regulaciones y requisitos legales”).

No obstante, es también esa misma política es la que blinda su derecho a contar su caso. “Se le permite hablar libremente sobre sus salarios, horarios y condiciones de trabajo, incluida la información sobre acoso, discriminación o cualquier otra conducta que tenga motivos para creer que es ilegal, y nada en esta Política, o en cualquier política de Apple, debe interpretarse como restrictivo de su derecho a hacerlo”, refleja el mismo texto.

Como la mayoría de casos de trabajo infantil en Estados Unidos, la historia de José Velásquez comienza en Latinoamérica. Concretamente, en el estado con mayor índice de pobreza de México, Chiapas, que su madre, guatemalteca, decidió abandonar en busca de un futuro mejor. “Llegué a Carolina del Norte con tan solo diez meses. Mi madre, que no sabía inglés ni estaba escolarizada, se vio abocada a trabajar en el sector agrario. Cuando tenía ocho años, me llevaba a los campos de arándanos para que le ayudara a llenar sus cubos y aprendiera el oficio. Y a los 13 empecé a trabajar por mi cuenta en una plantación de tabaco”, recuerda en una conversación con elDiario.es.

En Estados Unidos, los niños menores de 21 años -la edad actual de José- no pueden comprar tabaco, pero sí trabajar en sus plantaciones de forma legal. Así lo dicta la Ley de Normas Laborales Justas, que fija la edad mínima para el trabajo agrario en 12 años siempre que se realice fuera del horario escolar. Se trata de un estándar más laxo que para el resto de sectores, donde el mínimo está en 16. A pesar de los intentos de lograr una regulación más estricta, la oposición del Partido Republicano y de los grupos de presión agrarios en el Congreso impidió acabar con este abuso. Su argumento es que aumentar la edad mínima dañaría a las granjas familiares y dificultaría la enseñanza del oficio a los niños.

Para José, además de legal, lo que hacía durante los veranos era completamente normal. “Muchos de los chicos con los que iba a la escuela también trabajaban en la agricultura. Estaba normalizado en nuestra comunidad, era parte de nuestro crecimiento”, asegura. Su familia andaba escasa de dinero, así que decidió ir al campo durante los veranos para ayudarles y así “poder comprar mi material escolar y el de mis hermanos, para que mi mamá no tuviera que preocuparse por eso”.

En los calurosos veranos de Carolina del Norte, con una temperatura que ronda los 35 centígrados con humedad elevada, y cobrando el salario mínimo estatal, de 7,25 dólares la hora, José trabajaba de sol a sol, de lunes a sábado, “con la opción de trabajar también los domingos”. “Nuestro día de trabajo dependía del clima. Si era un buen día, con sol, trabajábamos entre 10 y 12 horas. Si llovía, nos íbamos a casa más temprano y lo recuperábamos otro día. Era un trabajo muy repetitivo y las condiciones de trabajo no eran las mejores”, explica.

“Hacía muchísimo calor. Durante el verano, se llegan a máximas de 40 grados y eso dentro del campo se siente todavía más fuerte”, asegura José, que la mayoría de días terminaba su jornada “agotado y deshidratado”. Además, su trabajo no contaba con un sistema de fichaje: tenía que llevar él mismo la cuenta de las horas, apuntándolas en una libreta y esperando a que el agricultor, en muchas ocasiones ausente, le pagara por su trabajo.

A las duras condiciones del sector agrario, se le unían las propias de las plantaciones de tabaco: “Mis compañeros y yo sentíamos la intoxicación de la nicotina y los pesticidas. Teníamos náuseas, nos mareaba y nos ponía de mal humor para seguir trabajando”, dice. Y no es para menos: según la Organización Mundial de la Salud, una persona que planta, cultiva y cosecha tabaco puede absorber en tan solo un día tanta nicotina como la que se encuentra en 50 cigarrillos.

El trabajo infantil, en aumento

La explotación de menores migrantes no es ninguna novedad en la primera economía mundial, que se encuentra a la cola de los países ricos en materia de derechos laborales. Más allá de empleos legales como el de José, destaca el alarmante incremento de los menores trabajando en violación de la legislación laboral, que según el Departamento de Trabajo (DOL, en inglés) han aumentado un 69% desde al año 2018, y un 36% en el último año. “Es una situación dramática, que se relaciona con el incremento de niños pasando la frontera sin la compañía de sus padres”, señala en una entrevista con este diario Reid Maki, director de la organización Child Labor Coalition.

Tan solo en 2022, llegaron al país unos 130.000 niños migrantes no acompañados, el triple que hace cinco años, y miles de ellos han terminado trabajando en condiciones altamente peligrosas, según destapó una exhaustiva investigación del New York Times. El reportaje salpica a marcas alimentarias de renombre como Cheetos, Ben & Jerry's y Cheerios, los supermercados Walmart, Target y Whole Foods, o las firmas de automoción Ford, General Motors y Hyundai. Y se suman a un seguido investigaciones del DOL, que recientemente descubrió a 305 niños, algunos de diez años, trabajando ilegalmente en franquicias de McDonalds en Kentucky, Indiana, Maryland y Ohio.

A raíz de la investigación del Times, la Administración Biden reveló los datos de una investigación interna del año pasado, en la que descubrió que 835 empresas estaban empleando a más de 3.800 niños. Paralelamente, otra investigación federal encontró a 102 niños trabajando en 13 instalaciones de Packers Sanitation Services (propiedad del fondo inversor Blackstone), una de las mayores empresas de limpieza de alimentos del país. Como consecuencia de estos hallazgos, Blackstone tuvo que pagar una multa civil de un millón y medio de dólares.

“Estos jóvenes, de entre 13 y 17 años, tenían el turno de noche y trabajaban en condiciones horribles y peligrosas: limpiando las sierras para cortar huesos, manejando productos químicos dañinos y mangueras a presión”, lamenta Maki. “En esas fábricas, había responsables que veían a los niños entrar y salir cada noche, y nunca lo reportaron. Deberían asumir su responsabilidad”.

Las grandes empresas se están beneficiando de la vulnerabilidad de los niños que llegan a Estados Unidos sin nada y dispuestos a aceptar condiciones de miseria para seguir en el país. Es el trabajo que llevan siglos realizando los inmigrantes, pero cada vez son más los niños que realizan peligrosos trabajos en los campos y las fábricas de Norteamérica.

Sin recursos para los menores migrantes

La mayoría de estos niños “llegan al país huyendo de la pobreza y la violencia de los políticos y las bandas endémicas de Centroamérica. Muchos vienen engañados con la promesa de un trabajo digno, pero no imaginan que terminarán trabajando en un entorno tan horrible como una planta empacadora de carne”, explica Maki, que ha dedicado su vida a la protección de los menores contra el trabajo infantil. En EEUU, se encuentran con un sistema migratorio quebrado, incapaz de dar respuesta al aumento de menores migrantes no acompañados.

A los niños que llegan en esta situación se les permite permanecer en el país y son puestos bajo la custodia del Departamento de Salud y Servicios humanos, que los entrega lo antes posible a un patrocinador mientras se tramitan sus solicitudes de asilo. Unas solicitudes que acostumbran a durar años, incluso décadas. “El Gobierno estadounidense intenta que los niños no pasen mucho tiempo detenidos, como ocurría con Trump, porque está demostrado que eso es muy perjudicial para ellos. Pero los procesan con tanta rapidez que en algunos casos los entregan a personas que no tienen las mejores intenciones, se aprovechan de ellos, y así es como terminan con esos malos trabajos”, señala el director de Child Labor Coalition.

Dichos empleos se encuentran, habitualmente, en los estados sureños del país. Es el caso de Alabama, donde el DOL encontró a niños trabajando en cuatro plantas de la cadena de suministro de Hyundai y Kia. Al igual que otros estados sureños, “tiende a ser hostil con los trabajadores, el movimiento sindical y la negociación colectiva, y en general tiene menores protecciones de derechos laborales”, apunta Maki, “no es de extrañar que las grandes empresas terminen instalando ahí sus fábricas”.

El director de la coalición contra el trabajo infantil sostiene que hay que “responsabilizar” y perseguir a las empresas que hacen la vista gorda ante las vulneraciones de derechos humanos. Pero ve un condicionante claro: el Departamento de Trabajo no cuenta con los recursos suficientes, pues “tan solo tiene 800 inspectores para todo el país y está tratando de supervisar a decenas de millones de trabajadores”, lo cual es materialmente imposible.

En su opinión, es “crítico” que el Congreso autorice más dinero para la agencia, pero después de más de una década luchando, no parece una de sus prioridades. De hecho, el número relativo de inspectores por puesto de trabajo se reduce año tras año: en 1938 era 64 veces superior.

Una historia de desigualdad

José Velasquez, que trabajó de los 13 a los 18 años en el campo, reconoce, ahora que ha cumplido 21, que tuvo mejor suerte que la mayoría de niños en su situación: “Pude elegir no dedicar el resto de mi vida a la agricultura. Algunos compañeros tuvieron que dejar los estudios porque sus familias pasaban apuros y necesitaban el dinero”. Él pudo cursar un grado universitario en economía, que está terminando, y justo acaba de volver a Carolina del Norte, empujado por su pasado. En la capital del estado, Raleigh, ha comenzado como interino en una organización sin ánimo de lucro, Pueblo, que proporciona recursos a los niños latinos que, como él hace tres años, trabajan en el sector agrícola.

“Quiero trabajar para construir una sociedad justa, que no excluya y deje atrás a nadie”, dice. “La brecha de riqueza está aumentando: los ricos son cada vez más ricos mientras que los pobres se empobrecen, y la clase media ha desaparecido. Esto empuja a muchas familias, especialmente inmigrantes, a que sus hijos tengan que trabajar”. Para combatirlo, tiene claro que es necesario aumentar el mínimo legal de edad para el trabajo agrario, de los 14 a los 16, y movilizar más recursos federales contra la explotación laboral.

Mientras tanto, una nueva ola legislativa impulsada por políticos republicanos amenaza con más retrocesos: en dos años, 14 estados han promulgado o propuesto leyes que reducen la protección del trabajo infantil, ya sea ampliando las horas de trabajo, eliminando las restricciones existentes sobre trabajos peligrosos o reduciendo la edad laboral. La oposición del Partido Republicano, apoyado por grandes corporaciones agrarias, también ha sido responsable de que en las tres décadas que han pasado desde la Convención sobre los Derechos del Niño, firmada y ratificada por 196 países, Estados Unidos siga sin ratificarla.

Cada 16 de abril es conmemorado el Día contra la Esclavitud Infantil en homenaje a Iqbal Masih, un niño paquistaní de 12 años asesinado por la Mafia de las Alfombras, a quien su padre lo vendió para lograr dinero que necesitaba para la boda del hijo mayor.

A los 10 años Masih empezó a luchar contra esas mafias, logró desenmascarar a varias y liberó a muchos niños. Fue asesinado el 16 de abril de 1995 de un disparo mientras andaba en bicicleta, un crimen que causó conmoción mundial.

Por tal motivo, ese día de cada año fue establecido en 1997 por distintas organizaciones como una fecha para visibilizar esta problemática e instar a los Estados y organizaciones internacionales a impulsar una lucha activa contra la explotación de niños y niñas.

La esclavitud infantil tiene múltiples formas y está expandida en todo el mundo. UNICEF señala que existen más de 400 millones de niños en el mundo que son sometidos a distintas formas de esclavitud:

-Trabajo forzoso.

-Trata infantil.

-Esclavitud doméstica.

-Matrimonio forzado.

-Reclutamiento para ser soldados o combatientes.

-Explotación sexual.

MB

Entre 2020 y 2022, unas 3.400 víctimas de redes de trabajo esclavo fueron rescatadas en la Argentina, informó a elDiarioAR el director operativo del Comité de Lucha contra la Trata y la Explotación de Personas, Gustavo Vera, que depende de la Jefatura de Gabinete pero que articula su tarea con ministerios, provincias, municipios, ONG y sindicatos. La mitad de ellas sufría explotación sexual. La otra, laboral. Las primeras fueron halladas en departamentos, cabarets clandestinos y hasta clubes. Entre las otras 1.700 restantes, unas 1.200 fueron halladas trabajando empleadas en campos a partir de denuncias de la Unión de Trabajadores Rurales (Uatre).

“Hubo un cambio de dirección de 180 granos de la Uatre a partir de la asunción de José Voytenco como secretario general en 2020”, comenta Vera, en contraste con la gestión de Gerónimo “Momo” Venegas -aliado de Carlos Menem y Mauricio Macri- entre 1992 y 2017. “El 60% de los establecimientos rurales está trabajando de manera precaria, pero no todos son trabajo esclavo, algunos son trabajo informal”, aclara el funcionario, que ha guardado un bajo perfil en estos años de gobierno de Alberto Fernández.

“Cuando hablamos de trabajo esclavo, estamos hablando de tres parámetros básicos: trabajan más horas del máximo legal permitido, les pagan menos que el salario mínimo vital y móvil y trabajan en condiciones inhumanas, insalubres”, explica Vera lo que constituye la esclavitud en el siglo XXI. “Si se dan esas condiciones ya no es un problema de trabajo irregular. O sea, es un problema que tiene que ver con reducción a la servidumbre o explotación laboral”, explica quien creó la Fundación La Alameda en 2001, desde la que luchó contra la trata y estableció un estrecho vínculo con Jorge Bergoglio, el hoy el papa Francisco. Después fue elegido en 2013 legislador porteño en una alianza con Fernando “Pino” Solanas y Elisa Carrió, pero a partir de la experiencia del gobierno de Macri se sumó al Frente de Todos.

Las redes

En cuanto a las redes de explotación, la captación de víctimas ocurre cada vez más en el terreno digital. “La abrumadora mayoría de las denuncias que ingresan tiene un punto de partida en un contacto virtual, que puede desarrollarse inclusive sin contacto físico entre verdugo y víctima, hasta el momento en que la víctima llega a la boca del lobo, pensando que va a un paraíso, pero va al infierno. Por lo tanto, es muy importante el trabajo preventivo que hagamos con los docentes, con las comunidades, en materia de grooming, trata y virtualidad. Porque muchas vidas se han podido salvar a partir de que había cierto conocimiento de familiares o amigos de que estas cosas ocurren y las denunciaron a tiempo y pudimos parar los micros a mitad de camino con la CNRT (Comisión Nacional de Regulación del Transporte) o Migraciones”, explica Vera.

El Comité de Trata ha establecido en julio pasado una red con otros ocho países sudamericanos para alertar de forma temprana sobre eventuales casos de personas trasladadas de una nación a otra. “Hoy el fenómeno de la trata en Sudamérica es inverso al que ocurría hace diez años por el tema de la relación del peso local con el dólar. Por lo tanto, hoy rescatamos más víctimas argentinas en el exterior que migrantes acá. En todo caso, acá rescatamos migrantes que no llegaron recientemente, salvo muy rara ocasión como, por ejemplo, en la recolección de la cebolla”, cuenta Vera y agrega contexto: “Durante el período de trabajo rural temporario, que es entre noviembre y marzo, se desplazan 100.000 personas al norte argentino, hacia la zona centro y la Patagonia. Cuando están terminando ese trabajo, en muchos establecimientos los patrones lo dejan de garpe, tirados, y los propios trabajadores llaman y denuncian”, añade el funcionario.

“La otra modalidad que está creciendo mucho son las organizaciones coercitivas, popularmente llamadas sectas, aunque no toda secta es una organización coercitiva”, aclara Vera. “Para que sea una organización coercitiva tiene que ser con fines de explotación sistémica, alguien que esté beneficiado y que se aproveche de la vulnerabilidad de otro. ¿Ejemplo? Templo de Filadelfia o Escuela de Yoga de Buenos Aires o estas comunidades pseudoterapéuticas que se han allanado, como esa donde había un conocido del mundo de los medios que no sé si tenía responsabilidad directa, pero había una situación de reducción de la servidumbre”, se refiere a Marcelo “Teto” Medina. “Otro caso menos conocido y reciente en Concordia: 60 jóvenes en una comunidad pseudoterapéutica, los iban alejando sistemáticamente de sus familias, a las que después les contaron que para rehabilitarlos lo mejor era que fueran al campo para recuperar la cultura del trabajo. Los tenían 14 y 15 horas trabajando gratis para una explotación rural de una manera totalmente vil”, dice.

En su trayectoria en La Alameda, Vera se había distinguido no sólo por denunciar la trata sexual y rural sino también los talleres textiles clandestinos de la ciudad de Buenos Aires. “Seguimos denunciando, pero hoy es muy raro que vos encuentres un taller textil clandestino 100%. Te encontrás que son tres trabajadores en blanco, dos monotributistas y cinco que se escaparon por la ventana. O sea, los tipos juegan al truco con las inspecciones. Más bien por aproximaciones sucesivas fueron regularizando un poquito. Pero recordá que también en los años de Macri se abrió de manera irrestricta la importación y esto fue una quiebra generalizada. Y recordá también que se elevó muchísimo la calidad de vida en Bolivia, comparado con la Argentina”, se refiere al país de donde solían provenir las víctimas de los talleres, muchas veces parientes o conocidos de sus capataces y victimarios.

Entre 2008 y 2019, en la Argentina habían sido rescatadas unas 15.000 víctimas del trabajo esclavo. Pero el problema radicaba en que muchas de ellas volvían a caer en esas redes. Por eso, Vera, que llegó al cargo a principios de 2020, definió que su primer desafío debía ser “evitar la revictimización de las víctimas”. “La Argentina venía rescatando año tras año una importante cantidad de personas, pero el 80% de las personas que fueron rescatadas persistía en una situación de vulnerabilidad y muchas de ellas volvieron a ser explotadas. No había políticas públicas para garantizar la reconstrucción de un horizonte de vida. Logramos con el Ministerio de Desarrollo Social que unos 330 planes Potenciar Trabajo fueran afectados a personas que eran víctimas de delitos de trata. Fue muy importante conseguir 2.200 programas Acompañar, del Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, que equivale a un salario mínimo vital y móvil durante seis meses. También 678 prestaciones laborales del Renatre (Registro Nacional de Trabajadores Rurales), que se dan por única vez a las personas que son rescatadas de trata y que no es incompatible con el Potenciar ni con el Acompañar. Hubo 40 ayudas urgentes. A eso le sumamos una línea de acompañamiento terapéutico permanente que armamos con el Ministerio de Salud. También logramos garantizar el patrocinio jurídico”, resumió las políticas de corto plazo.

En el mediano plazo continúa el acompañamiento terapéutico y se agregan dos medidas más. “Una es la capacitación e inclusión laboral, que es un programa del Ministerio de Trabajo que durante un año paga un salario mínimo y va capacitando en oficios que tienen que ver con las capacidades, habilidades o deseos. Primero empezó con una prueba piloto con 30 víctimas de nueve provincias y en 2022 pudimos aumentarlo a 70. Este año va a superar el centenar en dos convocatorias. Este programa va acompañado de una políticas que estamos haciendo en las provincias para que voten leyes de inclusión laboral. La primera provincia fue Catamarca, que sacó una ley en 2021 que plantea que a toda empresa que contrate víctima del delito de trata el Gobierno provincial le restituye el año de cargas sociales. Chaco votó una ley similar y agregó un cupo laboral en el ámbito estatal. Salta también. Votaron en más de 50 municipios de distintas provincias cupos de reinserción laboral. La otra política pública es más complicada, la estamos peleando provincia por provincia. Tiene que ver con un estatuto especial de acceso a la vivienda. Hay un presupuesto acotado que no alcanza para satisfacer la demanda de todos los que no tienen vivienda. Logramos que con (Jorge) Ferraresi (que fue ministro de Hábitat) firmar un convenio a través del cual se iba a crear un programa que diera soluciones habitacionales a las personas que eran víctimas de delito de trata. Todos los institutos provinciales de la vivienda, del oficialismo y de la oposición, acordaron una prueba piloto. Ya fue entregada la primera vivienda en Santiago del Estero. Ahora estamos prontos a entregar una segunda vivienda en Santiago, unas ocho o nueve en Catamarca, una seis o siete en provincia de Buenos Aires y unas dos o tres en Misiones. No se puede evitar la revictimización de una víctima, sino tiene tres cuestiones fundamentales: acceso al trabajo, acceso a la vivienda y al acompañamiento terapéutico.”

“En el largo plazo está el derecho a la reparación”, comenta el director del Comité contra la Trata. Se creó un fondo de reparación que administra los bienes decomisados por la Justicia en caso de trata y repara a las víctimas en base a la subasta de bienes decomisados. Pero las repara según sentencia judicial firme. Solamente hubo dos reparaciones. Una vergüenza, claramente. Creo que esto se va a acelerar cuando pasemos al sistema acusatorio, como lo está demostrando, por ejemplo, Salta, donde los casos de trata duran tres años y no 12“.

“Otro desafío más complejo, pero en el que también hemos avanzado, tiene que ver con tratar de que las sentencias judiciales vayan a la raíz, o sea, seguir la ruta del dinero”, admite Vera. “La trata de personas es el tercer delito más rentable a escala mundial. No podés combatir la trata si no combatiste el lavado de activos. Por eso empezamos a hacer jugar un rol activo a dos organismos del Estado. Uno es la Unidad de Información Financiera (UIF) para empezar a capacitar a funcionarios en indicios para detectar elementos claves en un allanamiento que a veces no se tenían en cuenta para luego seguir la ruta del dinero. Habilitamos que la UIF pueda ser querellante en causas de trata. Y también se creó una división de la AFIP que se ocupa específicamente del combate al trabajo esclavo. A partir de una investigación tributaria se llegó a una importantísima empresa de soja donde se rescataron 77 personas en situación de esclavitud total en Chaco”, comenta el director del comité. ¿Cómo se llama la compañía? “MSU”, responde Vera, en referencia a las siglas de la firma de Manuel Santos Uribelarrea.

En su etapa como activista de La Alameda, Vera solía escrachar los nombres de las grandes empresas textiles y rurales que contrataban trabajadores esclavos. Ahora como funcionario debe manejarse con mayor prudencia. “Hubo 35 trabajadores que denunciaron explotación en una empresa chinocanadiense en Jujuy”, se refiere a Minera Exar. “Hay una causa abierta”. añade. “Después te podría decir, sin dar nombres precisos, porque son causas que están abiertas, que no han salido en los medios, pero hay campos de jueces federales, intendentes y gobernadores, prostíbulos de intendentes. Eso se sigue encontrando de manera transversal”, apunta a ambos lados de la grieta política.

“Tenemos cerca de 540 sentencias judiciales firmes desde que hay ley de trata en 2008, pero la mayoría rara vez sigue la ruta del dinero y sólo se concentran en el verdugo más inmediato dentro de la cadena de explotación”, lamenta el funcionario. “Para decirlo popularmente, es una colección de perejiles. Las condenas en el ámbito textil habitualmente se circunscriben al tallerista, nunca el intermediario, nunca la marca. A pesar de que la marca dejó todos los dedos del taller, dejó los moldes y dejó las etiquetas. Hay testigos que afirman que iban las propias camionetas, a veces hasta hay remitos. Sin embargo, los jueces, con un criterio clasista, han dejado impunes a la mayoría de las marcas, salvo honrosas excepciones. Lo mismo ocurría en el ámbito rural: las pocas condenas que había se circunscribían a los baquianos, a los cuadrilleros o al capataz que encontraban en este momento en el lugar. Nunca el que alquila campo, nunca al dueño del campo, mucho menos la sociedad anónima. Sobre todo cuando esta sociedad anónima disfraza la explotación de pseudocooperativas que en realidad esconden situaciones de fraude laboral. Cuando se trata de explotación sexual, también en general la condena es a él o la proxeneta, con el agravante de que la proxeneta antes había sido explotada”.

“El año pasado tuvimos dos fallos emblemáticos de la Cámara de Casación”, rescata Vera. “Uno fue el fallo de los hermanos Percara, que habían sido absueltos de una situación de explotación en Corrientes en campos de eucaliptus, pero ahora se ordenó iniciar de vuelta el juicio. Utilizaban pseudocooperativas para disimular explotación. Los Percara son lugartenientes de (Luis Miguel) Etchevehere. El otro fallo es por una familia que era explotada en una granja en Batán en condiciones totalmente inhumanas. Se revocó el sobreseimiento y se ordenó hacer el juicio de vuelta”, comente el director del Comité de Trata, que buscó extender su tarea a todas las provincias, pero en especial a las fronteras que él considera “calientes” como de la Clorinda (Formosa)-Asunción, La Quiaca (Jujuy)-Villazón (Bolivia), Salvador Mazza (Salta)-Yacuiba (Bolivia), Puerto Iguazú (Misiones)-Foz de Iguaçú (Brasil)-Ciudad del Este (Paraguay) o Aguas Blancas (Salta)-Bermejo (Bolivia). También se capacitó en trata a más de 66.000 funcionarios y se difundió la línea 145 para denunciar casos.

“También estamos trabajando para tipificar el delito que increíblemente no está tipificado en la Argentina de compra y venta de bebés, niños, niñas y adolescentes”, comenta Vera. “Claramente esto está ocurriendo en importante escala en el norte del país”, reconoce. “Tenemos que mejorar nuestra tipificación legal sobre tejidos y fluidos. Lo hemos visto en la pandemia con la venta del plasma. Tenemos que capacitar a la población y particularmente a los funcionarios en lo que tiene que ver con la prevención del tráfico de órganos, tejidos y fluidos porque es la modalidad que más crece en el mundo, no me consta en la Argentina”.

AR

“Los supervisores nos pegaban frente a otros trabajadores para presionarnos y para que trabajáramos más rápido. Este abuso físico nunca se abordó. Se podía denunciar, pero no pasaba nada porque los que lo hacían eran nuestros supervisores”, cuenta un trabajador migrante de Kenia empleado para levantar el icónico Estadio de Lusail, que albergará la final del Mundial que arranca este domingo en Qatar.

Desde que el país del Golfo ganó en 2010 una votación rodeada de polémica para acoger el Mundial de 2022, Qatar invirtió alrededor de 200.000 millones de dólares en infraestructuras que no lograron acallar las críticas por las condiciones laborales de los trabajadores, las acusaciones de corrupción, la persecución de la comunidad LGTBI, la discriminación de las mujeres y la falta derechos como la libertad de expresión y asociación.

“Trabajaba 14 horas al día, desde las seis de la mañana a las ocho, y no recibí compensación por las horas extra. Trabajaba siete días a la semana y cada vez que me llamaban tenía que ir”, cuenta otro trabajador migrante de Bangladesh. Los testimonios, recogidos por la organización Equidem, forman parte de una reciente investigación para la que hablaron con 982 trabajadores contratados para construir las instalaciones necesarias para el Mundial –incluidas 60 entrevistas en profundidad realizadas en persona de manera confidencial–.

Menos democracia a veces es mejor para organizar un Mundial

Jerome Valcke — Exsecretario general FIFA

Los testimonios denuncian turnos de 14 horas con un solo descanso de 30 minutos, abuso físico y verbal de sus superiores, amenazas, salarios no pagados, trabajo forzado, alimentación escasa… Un trabajador nepalí empleado también en el Estadio de Lusail cuenta que cuando llegaban los inspectores de la FIFA “la empresa hacía sonar la alarma de incendios”. “Todos salían a un lugar previamente acordado y la empresa traía autobuses para llevarse a los trabajadores”, cuenta. “Cuando se repitió tres o cuatro veces, la gente dejó de salir y los trabajadores empezaron a esconderse para tener la oportunidad de quejarse al grupo de la FIFA. Entonces la empresa empezó a revisar si alguien se quedaba”, añade. 

Oficialmente solo murieron tres trabajadores en la preparación de la competición, pero el número real se desconoce. The Guardian publicó una investigación que revelaba la muerte de 6.500 migrantes procedentes de India, Pakistán, Nepal, Bangladesh y Sri Lanka desde la concesión del Mundial. Los datos, obtenidos de fuentes oficiales de estos países, no están categorizados por ocupación o causa de muerte, pero es probable que muchos de ellos estuviesen trabajando en infraestructuras para el Mundial, sostiene el medio británico. “Las autoridades qataríes no han investigado las causas de la muerte de miles de trabajadores migrantes, muchas de ellas atribuidas a causas naturales”, ha denunciado Human Rights Watch.

Estratificación para la paz social

El país se transformó desde aquella elección en 2010 y la población prácticamente se duplicó. “El 85% son extranjeros y, buena parte de ellos, trabajadores sobre todo del sector de la construcción que han padecido unas condiciones claras de explotación laboral”, dice Ignacio Álvarez-Ossorio, catedrático de estudios árabes e islámicos en la Universidad Complutense de Madrid y coautor de ‘Qatar: la perla del Golfo’ (Península). Un solo colectivo extranjero, el indio, supera en número a los qataríes en su propia tierra.

Qatar es uno de los países que alberga el menor número de individuos con nacionalidad en todo el mundo. Apenas un 12,5% (330.000) son qataríes ¿Cómo logró mantener una relativa paz social un país donde existe una pequeñísima minoría muy privilegiada y una inmensa cantidad de trabajadores con condiciones pésimas?

“A los trabajadores que llegan como mano de obra no se les permite la reagrupación familiar y tienen siempre la temporalidad como espada de Damocles. Saben que cualquier movimiento extraño puede dar lugar a que no se les renueve el contrato y se les eche”, explica Ignacio Gutiérrez de Terán, profesor de Estudios Árabes e Islámicos en la Universidad Autónoma de Madrid y autor del libro junto a Álvarez-Ossorio. Esa política de no reagrupación familiar para favorecer la temporalidad resulta en que el 70% de la población del país es masculina. 

La temporalidad planificada dificulta que se genere un sentimiento de rechazo a las políticas de exclusión laboral, explica Gutiérrez de Terán. La política migratoria cambió a partir de la invasión iraquí de Kuwait: “Entonces los países del Golfo se dieron cuenta de que tenían una población árabe hostil que estaba influida por corrientes nacionalistas árabes, izquierdistas y contraria a EEUU –se asociaba a los países del Golfo con el imperialismo estadounidense– y empezaron a favorecer una migración de países asiáticos o con población poco politizada y donde no había una tendencia hostil hacia ellos”.

“La atención mediática de la sociedad, de la afición e incluso de los protagonistas del Mundial como jugadores y seleccionadores ha contribuido a poner el foco en algo más que el torneo”, señala Carlos de las Heras, responsable de la campaña sobre Qatar y experto sobre deporte y derechos humanos en Amnistía Internacional. “Esta presión ha desembocado en algunos avances y reformas legislativas mejorando las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, muchas personas trabajadoras migrantes aún no se han beneficiado de estos cambios y seguirán atrapadas en el círculo vicioso de explotación por la falta de implementación”. Álvarez-Ossorio coincide con esa visión.

Respecto al 12,5% de los qataríes, la paz social se consigue gracias a que conforman una élite privilegiada con multitud de subsidios. “No hay una demanda de democratización porque es un Estado protector y rentista que garantiza servicios como sanidad, educación, vivienda e incluso acceso al mercado laboral”, dice Álvarez-Ossorio. De hecho, en septiembre de 2020 las autoridades acabaron con la kafala, un sistema que facilitaba la explotación laboral que impedía a los trabajadores, entre otras cosas, cambiarse de trabajo sin el permiso de sus empleadores. La kafala está en vigor en varios países árabes, siendo Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos los más duros.

Homofobia y machismo

Aunque las autoridades qataríes aseguraron que los aficionados LGTBI también son bienvenidos y que se podrán ondear banderas arcoíris durante los partidos, la homosexualidad está prohibida en el país y el embajador de Qatar para el Mundial, Khalid Salman, aseguró recientemente que la homosexualidad es un “daño mental”. 

“La sugerencia de las autoridades de que Qatar haría una excepción respecto a sus leyes y prácticas abusivas para los visitantes recuerda que las mismas autoridades no creen que sus ciudadanos y residentes LGTBI se merezcan derechos básicos”, denunció Human Rights Watch. La organización asegura que incluso en septiembre, mientras terminaban los preparativos para el Mundial, el Departamento de Seguridad detuvo de forma arbitraria a personas LGTBI. La organización de defensa de los derechos humanos documentó seis casos de palizas y cinco de acoso sexual bajo custodia policial entre 2019 y 2022. “Como condición para su liberación, las fuerzas de seguridad han obligado a mujeres trans a asistir a terapias de conversión en un centro de ”salud conductual“ apoyado por el Gobierno”, dice la ONG.

Qatar no es el país de la zona, ni mucho menos, en el que más se violan los derechos humanos comparado con Egipto, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos

Ignacio Álvarez-Ossorio — Autor de 'Qatar: la perla del Golfo'

El doctor y activista LGTBI qatarí Nasser Mohamed contó recientemente a The Guardian que cuando las autoridades detienen a una persona, le prometen que no será torturada a cambio de colaborar con ellos para identificar y localizar más miembros de la comunidad LGTBI. “Ahora hay agentes en la comunidad gay a los que les prometieron no ser torturados a cambio de trabajar con el departamento de seguridad preventiva”. “Muchos homosexuales [qataríes] no se conocen unos a otros y eso es más seguro porque cuando encuentran a uno intentan localizar a toda su red”.

Aunque la situación de las mujeres progresó en los últimos años –a nivel educativo hay más mujeres graduadas que hombres–, Qatar también tiene en funcionamiento el sistema de tutela, que otorga a los hombres decisiones clave sobre sus vidas. La Ley de Familia establece que la esposa puede ser declarada “desobediente” si no obtiene el permiso del marido para trabajar y viajar o si se niega a tener relaciones sexuales con él sin una razón “legítima”, señala Human Rights Watch en un informe sobre los derechos de la mujer. El sistema de tutela es más estricto para las mujeres solteras menores de 25 años, que por ejemplo no pueden viajar al extranjero sin el permiso de un hombre.

“Orientalismo y prejuicios”

Amnistía Internacional recuerda también que el Gobierno “coarta la libertad de expresión utilizando leyes abusivas para reprimir las voces críticas”. Álvarez-Ossorio dice que “Qatar es un Estado muy conservador, con un gobierno autoritario, donde los partidos políticos y los sindicatos están prohibidos”. Para la FIFA eso es una ventaja: “Diré una cosa loca, pero menos democracia a veces es mejor para orgranizar un Mundial”, dijo en 2013 el entonces secretario general de la FIFA, Jerome Valcke.

Sin embargo, el catedrático insiste en que “no es el país de la zona, ni mucho menos, en el que más se violan los derechos humanos comparado con Egipto, Arabia Saudí o Emiratos Árabes Unidos”.

Álvarez-Ossorio opina que buena parte de la campaña contra Qatar está fomentada por sus rivales regionales y se basa, además, en un argumento “muy orientalista”. “No se hizo lo mismo con el Mundial de Rusia en el año 2018, cuando ya había invadido Crimea, había encarcelado a todos los opositores políticos y cerrado las organizaciones de sociedad civil. Tampoco hicieron lo mismo con los juegos olímpicos de invierno de China y la situación de los uigures. Hay bastante hipocresía”. 

“Es la población mejor formada de todo el mundo árabe, tienen el hospital más importante de todo el Golfo para luchar contra el cáncer, el que más invierte en energías renovables… centrarse únicamente en lo negativo es sugerir que los árabes no están capacitados para organizar un Mundial, que son unos terroristas, unos sanguinarios y unos esclavistas”, añade. “Debería valorarse también hasta qué punto la concesión del Mundial ha servido para cambiar alguna de las dinámicas de Qatar”.

“Respecto al dinero, otros países se lo gastan en proyectos faraónicos que no tienen ningún sentido, pero aquí hay una visión de futuro para desarrollar el país. Como es un mundo muy complejo y diferente, mucha gente se queda con la simplificación y prejuicios que sirven para cualquier país del Golfo”, dice Álvarez-Ossorio.

“Es cierto que este Mundial está teniendo una visibilidad excepcional en relación a la situación de derechos humanos”, dice De las Heras, de Amnistía Internacional. “Además, tenemos que añadir que hay cuestiones extradeportivas que han rodeado de oscuridad este Mundial desde su concesión, como las acusaciones de corrupción”, añade. El experto afirma que durante los juegos olímpicos de China apenas se habló de derechos humanos, pero dice que Amnistía Internacional “sí que estuvo denunciando esas situaciones”.

En un discurso a finales de octubre ante el Consejo de la Shura, el órgano legislativo del Estado, el gobernante de Qatar, el jeque Tamim bin Hamad Al Thani, dijo: “Desde que obtuvimos el honor de organizar el Mundial, Qatar ha sido objeto de una campaña sin precedentes a la que ningún país anfitrión se ha enfrentado jamás”. “Al principio tratamos el asunto de buena fe e incluso consideramos que algunas críticas eran positivas, útiles y nos ayudaban a desarrollar aspectos que debían ser desarrollados, pero pronto nos quedó claro que la campaña continuaba, se ampliaba e incluía la fabricación y el doble rasero”.

La sombra de la corrupción

“El Mundial es la culminación de una apuesta decidida por situar a Qatar en el mapa. Es el primer país árabe donde se va a celebrar una competición de estas características y, además, el país más pequeño en acogerlo”, dice Álvarez-Ossorio.

Se trata de una estrategia de “poder blando” para diferenciarse y posicionarse frente a otros Estados con mayor fuerza regional. Ese poder blando “le permite establecer una red de relaciones y alianzas con países que tienen intereses enfrentados entre sí, como por ejemplo Irán y EEUU”, explica Gutiérrez de Terán.

Todo comenzó en 2010 con una votación secreta en Zurich entre los 22 miembros del comité ejecutivo de la FIFA –eran 24, pero dos de ellos fueron suspendidos semanas antes tras publicarse un vídeo en el que se ofrecían a vender sus votos a cambio de dinero. Un periodista del Sunday Times se hizo pasar por un lobbista a favor de la candidatura de EEUU y ofreció dinero a cambio de su voto–. Qatar se impuso a EEUU, Corea del Sur, Japón y Australia.

Meses más tarde, el Sunday Times volvió a publicar una investigación en la que señalaban que otros dos miembros del comité habían recibido 1,5 millones de dólares cada uno por votar por Qatar. Otro miembro del comité vendió unas tierras a Qatar por 32 millones de euros, aunque dice que eso no influyó en su voto, según revela el documental ‘Los Entresijos de la FIFA’. 

Los supervisores nos pegaban frente a otros trabajadores para presionarnos y para que trabajáramos más rápido

Trabajador migrante de Kenia — Estadio de Lusail

Tan solo nueve días antes de la votación, Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, se reunió con el presidente Nicholas Sarkozy, con el actual emir de Qatar, Tamin bin Hamad al Thani, y su entonces primer ministro, Hamad bin Jassem, en el Elíseo. Sarkozy quería convencer a Platini para votar por Qatar. Platini votó por Qatar, pero asegura que aquella reunión no tuvo nada que ver. Mientras tanto, Joseph Blatter, entonces presidente de la FIFA, declaró al diario Le Monde: “Sin la intervención en el último momento de Sarkozy, Qatar no habría conseguido el Mundial”. Las autoridades interrogaron a Platini en una investigación sobre la polémica votación de Zurich.

En un email filtrado días después de la publicación del Sunday Times, el secretario general de la FIFA, Jerome Valcke, se refería al qatarí Mohamed Bin Hammam, entonces miembro del comité de la FIFA y figura fundamental en la victoria de la candidatura de Qatar: “Pensaba que se puede comprar la FIFA como compraron el Mundial”, escribió Valcke. 

Bin Hammam, que era presidente de la Confederación Asiática de Fútbol y quería disputar a Blatter la presidencia de la FIFA, fue suspendido de por vida en el mundo del fútbol por intentar sobornar y comprar votos para esta elección. Hammam entregó 40.000 dólares en efectivo a varios miembros de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Fútbol. Blatter y Platini también acabaron suspendidos del fútbol durante un periodo de ocho años.

La FIFA inició una investigación en 2012 sobre lo ocurrido en la votación y concluyó que no se habían comprado votos, pero habló de una “conducta potencialmente problemática de algunos individuos parte de la candidatura de Qatar”. Años después, en 2015, siete miembros del comité ejecutivo de la FIFA fueron detenidos en un hotel de Zurich a petición de Estados Unidos, que lanzó acusaciones de corrupción contra decenas de cargos de la FIFA. Tras años de investigación, en abril de 2020 los fiscales estadounidenses afirmaron que representantes de Qatar y Rusia sobornaron a miembros de la FIFA para conseguir el Mundial.

Hoy, 11 de los 22 miembros que participaron en la votación de 2010 fueron suspendidos, multados o imputados por diferentes casos de corrupción. Dos de ellos fueron condenados, pero no por la elección de Qatar.

JBA