El cantante Elián Valenzuela, más conocido como L-Gante, irá a juicio oral y público en la causa por amenazar y privar ilegítimamente de la libertad a un vecino en General Rodríguez el pasado mayo. Así lo determinó el juez de garantías Gabriel Castro, quien convalidó el pedido de la fiscalía de Raúl Villalba.

El cantante había recuperado su libertad el pasado 8 de septiembre, tras haber permanecido casi 100 días preso como consecuencia de la denuncia de Gastón Torres, patrocinado por los abogados Pablo Becerra y Leonardo Sigal. Este acusado de haber amenazado al denunciante con un arma y haberlo retenido en su auto luego de una discusión el 27 de mayo a la salida de un local bailable de la localidad bonaerense. Por tal motivo, ahora deberá enfrentar un juicio por “privación ilegítima de la libertad en concurso ideal con amenazadas coactivas”.

“Entiendo que las dudas y contradicciones existentes deben resolverse en el marco de un debate oral, siendo este el medio adecuado para dilucidar tales cuestiones, declara a los principios propios con los que cuenta esa etapa ─oralidad publicidad, contradicción e inmediación─, momento en el que se podrá examinar y contraexaminar a los testigos que propongan las partes para validar sus teorías del caso, pudiendo incluso incorporar nuevos elementos probatorios no propuestos en esta etapa”, detalló el juez Castro.

El 27 de mayo de este año, amigos del cantante salieron a bailar con integrantes de la “Ma Filia” a un boliche de General Rodríguez y tuvieron un altercado con otro grupo, entre los que se encontraba Torres, empleado municipal y vecino del artista. Personal de la Guardia Urbana de Protección Ciudadana del Municipio demoró a los amigos de L-Gante por lo ocurrido, lo que derivó en la intervención de L-Gante. Según explicó la víctima, el músico “le apuntó con una pistola, lo obligó a subir a su coche y se lo llevó”.

A las pocas cuadras, obligó a que abordara el auto una segunda víctima “en pos de aclarar la situación relacionada con sus amigos a la salida del local bailable”. Después de retenerlos durante veinte minutos, Valenzuela aclaró que su libertad dependía de la liberación de sus amigos. Así, cuando L-Gante comprobó que sus amigos “habían sido solo identificados sin tomarse decisión de restricción de su libertad”, permitió que los dos vecinos descendieran de su vehículo.

La descripción de lo sucedido aportada por el denunciante luego fue contrastada con las cámaras de seguridad, la geolocalización de los teléfonos celulares y la declaraciones de los policías, otros testigos y familiares de las víctimas.

ACM con información de agencias.

Luciano Olivera jugaba en la sexta división del Club Once Unidos de Miramar. Tenía 16 años y vivía con su mamá, su padrastro, y su hermana Valentina de 9 años, en el barrio Parquemar, en Miramar, una ciudad que durante buena parte del año permanece con la mayoría de sus viviendas deshabitadas a la espera de turistas. En temporada alta, se jacta de ser la “ciudad de los niños”. Todos andan en bicicleta sin preocuparse por los autos ni la hora.

La noche del 10 de diciembre de 2021, Miramar empezaba a mutar entre ciudad deshabitada y ciudad de temporada alta. Luciano venía de jugar a la pelota cuando un control policial lo sorprendió sobre la 9, entre la 32 y la 34, en pleno centro de Miramar. Iba en su Yamaha YBR 125 roja. Se asustó, no tenía registro.

Luciano fue asesinado de un tiro en el pecho. El policía que disparó, Maximiliano González, vivía a pocas cuadras de la familia. Alegó que fue un error, que el arma se le había disparado.

El titular del Juzgado de Garantías 5 de Mar del Plata, Gabriel Bombini, resolvió esta semana que cinco efectivos de la policía bonaerense serán juzgados por el asesinato del adolescente, entre ellos quien hizo el disparo. De los seis imputados, uno solo fue sobreseído y no será sometido a un juicio, según informó la agencia Télam, que tuvo acceso al expediente.

El juez hizo lugar así al pedido de la fiscal Ana María Caro, titular de la Unidad Funcional de Instrucción descentralizada para que se juzgue a los acusados por el crimen de Luciano.

“Injusto por lo que pasaste, injusto quien arrebató tu vida. Nunca vamos a olvidarte Lu. Te lo juramos”, decía el comunicado que sacó el club apenas se conoció la noticia.

 “Acá en Miramar corre mucho la droga en la Policía. Miramar es chico y nos conocemos todos. El policía lo conocía a mi sobrino y le pegó un tiro igual.Vive en el mismo barrio, a cinco o seis cuadras”, dijo entonces la tía de Luciano. La mujer explicó que su sobrino “salió corriendo para que no le saquen la moto porque no tiene registro”.

Luciano había nacido el 19 de agosto de 2005 y cursaba la secundaria en el Instituto General Alvarado

Además de González, de 26 años, los otros cuatro imputados están acusados por encubrimiento.

A lo largo de las 30 páginas de la regulación, el juez Bombini señaló que el policía deberá ser juzgado por el delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía, por haber sido cometido por un miembro de fuerza de seguridad y mediante el empleo de arma de fuego”. La pena que podría tocarle es cadena perpetua.

Según se desprende de la causa, el oficial inspector Nelson Armando Albornoz y los sargentos Rocío Mastrángelo y Kevin Guerricagoitia, dos de los que acompañaban a González en el móvil, están acusados por “encubrimiento doblemente agravado y falso testimonio”. En el caso de Albornoz la situación se agrava porque también fue acusado por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”.

Tanto en su caso como en el de González, sus defensas no cuestionaron el requerimiento de la fiscalía, por lo que el juez dispuso el envío de ambos casos a juicio sin mayor fundamentación.

El juez decidió también rechazar los sobreseimientos pedidos por la defensa de Guerricagoitía y Mastrángelo. Según su abogado particular “no surge ni mínimamente” en el expediente que sus asistidos hubieran realizado “alguna conducta que entorpeciera la investigación”.

Bombini entendió que en el caso de el quinto policía que irá a juicio será el efectivo del Comando de Patrullas local Alejandro Cepeda, imputado en el tramo final de la investigación, por “encubrimiento doblemente agravado”, por su presunta colaboración con el principal acusado del asesinato al permitirle el uso del teléfono celular y entregárselo luego a la familia.

El juez consideró que el juicio oral “resultará el ámbito propicio para determinar efectivamente la significación jurídica que debe otorgarse a la entrega de las pertenencias de González a los familiares”.

Bombini dispuso además el sobreseimiento de la policía María Estela Mendoza, imputada por “incumplimiento de deberes de funcionario público” por presuntas demoras en la notificación del hecho al Ministerio Público.

El abogado Gregorio Dalbón, representante de la madre de la víctima, Judith Aristegui, adelantó a Télam que apelará el sobreseimiento ante la Cámara marplatense.

Tanto González como Albornoz cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán, mientras que el resto de los imputados se encuentran en libertad.

De acuerdo a la instrucción del caso, Olivera fue asesinado cuando el móvil en el que viajaban los primeros cuatro imputados en el caso lo interceptó, y González efectuó un disparo con su arma reglamentaria tras descender del auto, y lo hirió mortalmente en el pecho.

La hipótesis de la fiscalía fue recreada durante la noche del último 6 de octubre y la madrugada del 7, con la intervención de los imputados, y la presencia de Dalbón y familiares de la víctima.

Con información de Télam