El ministro de Economía, Luis Caputo, brindará este lunes desde la 8 de la mañana una conferencia de prensa en Casa Rosada, en la cual se espera que informe sobre las primeras medidas económicas antes de que abran los mercados.

Su finalidad es que, en el mediano plazo, la inflación comience a ceder, bajen las tasas de interés por una mayor disciplina fiscal y los inversores vuelvan a confiar en la Argentina, sostuvieron fuentes cercanas al presidente Javier Milei a la agencia Noticias Argentinas (NA). Para ello, Milei considera que las medidas deben aplicarse con terapia de shock, sin hacer gradualismo.

Las primeras medidas que aplicará Milei están vinculadas con ir equilibrando las cuentas públicas con el fin de eliminar de raíz la emisión monetaria descontrolada.

Desde este lunes, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) tendrá prohibido emitir para financiar al Tesoro. Si hay necesidad de fondos, el Tesoro deberá buscar financiamiento por su cuenta en el mercado. A su vez, habrá una transferencia de las Leliqs al Tesoro Nacional, con el fin de mejorar el balance del BCRA.

Además, está prevista una quita de subsidios a las tarifas en forma gradual pero en un plazo corto, ya que se aplicaría entre enero y abril, publicó Clarín.

En cuanto a la devaluación y fijación del dólar comercial, el nivel al que iría la divisa en el mercado mayorista aún está por definirse, ya que se busca empezar a fomentar que haya “soluciones de mercado”, es decir, sin interferencia del Central. El tipo de cambio oficial para importaciones tendría un recargo adicional del 30% del Impuesto PAIS, con el fin de evitar el fenómeno del “dólar barato” para importadores y encarecer los productos provenientes del exterior. El nuevo billete -si finalmente se aplica el tributo- se ubicaría en alrededor de los 700 a 800 pesos.

Desde este lunes, además, se frena la obra pública, salvo la que tenga financiamiento externo. Además, Milei dispondrá la prórroga del Presupuesto 2023, lo que permitirá de alguna manera congelar el gasto. De esta forma, el presupuesto no tendría ajuste por inflación.

El nuevo gobierno prevé además suspender los aportes no reembolsables a las provincias, lo que obligará a los gobernadores a buscar equilibrar las cuentas u obtener financiamiento.

Está previsto, también, congelar beneficios presupuestarios para las empresas privadas, como ocurre con el régimen para artículos electrónicos de Tierra del Fuego.

En tanto, los giros a universidades sólo serán por los montos y valores de 2023, según trascendió, informó NA.

Se prevé, además, la liberación de precios de las prepagas, un tema que genera preocupación en los sectores medios.

La liberación en los precios de los combustibles, además, ya comenzó a aplicarse, con los ajustes del 30% promedio aplicados en las últimas horas.

En tanto, los salarios públicos serán adecuados a la nueva pauta presupuestaria congelada, lo cual aún genera dudas sobre su implementación.

Las empresas públicas se convertirán en sociedades anónimas para facilitar su venta.

Con información de NA.

ED

Desde la campaña 2019 pero particularmente en los últimos tiempos la oposición comenzó a agitar la bandera del “shock” como único camino para resolver los problemas económicos. El expresidente Macri ha sido uno de los principales exponentes de esta idea. 

Muy brevemente podríamos decir que la opción por el “shock” implicaría aplicar un conjunto de políticas de gran impacto concentradas en un corto tiempo, mientras que el “gradualismo” implicaría hacer correcciones parciales a lo largo de un período extenso de tiempo. 

Aunque la crisis de 2018 tiene componentes esenciales por fuera del manejo del déficit fiscal -la apertura de la cuenta financiera y la apreciación cambiaria- concentrémonos en él dado que eso hacen los voceros del “shock”. Frente a ese problema sólo se podría argumentar que el “shock” es lo único disponible, si el “gradualismo” fuera el culpable de los fracasos acumulados. Pero eso es falso.

Los resultados de la gestión económica del macrismo fueron pésimos y son conocidos. Sin embargo, quienes la defienden sostienen que la crisis de 2018 se desató por haber sido “gradualista” durante los primeros dos años. Si observamos los datos vemos que el déficit primario registrado en 2015 se repite en 2017 (-3,8%), luego de un 2016 aún peor, pero con un resultado financiero deteriorándose continuamente (-5,1% en 2015 contra un -5,9% en 2017). Dada la falta de avances en este plano, difícilmente pueda caracterizárselo como gradualista.

Pero detrás de ese nulo avance en el objetivo declarado del gobierno de Macri por reducir el déficit se encuentran además al menos cuatro políticas macroeconómicamente relevantes tomadas por el gobierno de Cambiemos entre 2015 y 2017:

1)     la eliminación de retenciones decididas en los primeros días de manera contemporánea con un aumento muy importante del TC, 

2)     la reducción de impuestos directos progresivos, 

3)     la “Reparación histórica” a personas jubiladas que cobraban haberes elevados, 

4)     la Resolución N.º 46 que fijó un precio en dólares del gas en pozo “generoso” que neutralizó parte del aumento de tarifas. 

Entonces, el gobierno de Macri prefirió realizar importantísimos esfuerzos fiscales en línea con sus apoyos políticos. En sus propios términos, si la condición para la estabilidad era la reducción del déficit fiscal su gestión durante los primeros años no fue “gradualista”, fue inconsistente. 

Bajo la misma óptica centrada exclusivamente en el déficit fiscal, tampoco sería “gradualistas” las gestiones de Cristina Fernández de Kirchner o de Alberto Fernández. Mientras que en el primer caso el déficit fiscal se amplió año a año, en el segundo la inconsistencia ha sido la norma. 

Así las cosas, el gradualismo no puede ser señalado como culpable de la crisis actual: ni Macri ni los Fernández lo fueron. Así, la propuesta de shock es simplemente una de las posibilidades y elegirla es tomar una decisión política que tendrá graves efectos sobre el bienestar y la distribución sin ninguna garantía de éxito. 

La alternativa es encarar sin dilaciones una estrategia gradualista, que avance lento, pero irremediablemente en la dirección elegida reconocimiento las restricciones existentes. Esto es, reconocer que la macro no puede dar nada más, y que debemos pasar a otra instancia donde aquella se estabilice.

Sin entrar en un debate teórico sobre si es posible o no financiar sostenidamente déficits públicos, es claro que Argentina no está en condiciones de hacerlo y esa es una de las restricciones. No tiene acceso al financiamiento -ni local ni extranjero- en condiciones razonables y no puede continuar monetizando el déficit actual en un contexto de cepo y brechas amplísimas. 

Sin entrar en un debate teórico sobre si es posible o no financiar sostenidamente déficits públicos, es claro que Argentina no está en condiciones de hacerlo y esa es una de las restricciones.

En este sentido existe un acuerdo relativamente amplio respecto a la necesidad de equilibrar las cuentas estatales. Sin embargo, allí aparecen dos debates importantes. El primero es a qué velocidad debe darse el ajuste para equilibrar el presupuesto. El segundo refiere al nivel de gasto público deseable que, de ninguna manera, es un número técnicamente determinado.

En algunos voceros esos dos debates se mezclan intencionalmente. A veces se sostiene que el déficit es el problema, pero también que no se puede recaudar más y que inclusive este nivel de gasto es “infinanciable”, así que lo que en realidad se propone es reducir drásticamente el gasto público como único camino. 

A nivel internacional el porcentaje de gasto público en relación con el PBI en Argentina no es excepcional. A veces, la argumentación a favor de reducir el gasto señala que los países desarrollados mostraban menores niveles cuando tenían nuestro nivel de ingreso per cápita, pero eso niega las profundas transformaciones en las áreas de intervención estatal a nivel mundial en los últimos 40 años. La población ha envejecido, la asistencia escolar se ha masificado y extendido en el tiempo -comienza a menor edad y concluye más tarde-, las regulaciones medioambientales, los requisitos de seguridad, etc. hacen de un gasto mayor algo razonable.

Ahora bien, en la actualidad esos dos debates pueden mantenerse separados. La solución al déficit se encuentra en un gasto particular con muy discutibles resultados económicos: el subsidio a las tarifas hogareñas de servicios públicos. Y si a ello sumamos el costo fiscal de subsidios de tasas de interés de consumos individuales o a empresas, algunos regímenes especiales y exenciones injustificables de impuestos el objetivo del equilibrio fiscal estaría más que resuelto. Asimismo, se puede avanzar transfiriendo la carga tributaria desde la producción y los bienes hacia los ingresos y patrimonios de manera de alcanzar la misma recaudación de una manera más justa.

Pero no todo se resuelve con el déficit fiscal. De manera paralela es necesario aplicar una política monetaria para reducir la demanda de dólares colocando la tasa de interés a niveles positivos pero reducidos. Sin ello, nunca nos acercaremos a la posibilidad de desmontar las restricciones cambiarias. 

Es necesario aplicar una política monetaria para reducir la demanda de dólares colocando la tasa de interés a niveles positivos pero reducidos. Sin ello, nunca nos acercaremos a la posibilidad de desmontar las restricciones cambiarias.

Con una trayectoria clara en el frente fiscal y una situación normalizada en el frente monetario que permita reducir la presión de la emisión sobre el mercado cambiario debemos pensar el conjunto de restricciones cambiarias. Aquí también el gradualismo es la única posibilidad. Los “shockistas” sostienen que no hay posibilidad de crecimiento económico genuino en el marco de estas restricciones, por lo que su propuesta sería unificación inmediata. El problema aquí no son sólo las terribles consecuencias que eso puede tener en el corto plazo, sino que también aborta completamente cualquier proceso de crecimiento en marcha, generaría más problemas inflacionarios y no garantiza una estabilización a un nuevo nivel ya que no hay absolutamente ninguna posibilidad de defender una paridad.

Seguramente el cepo no es neutral al crecimiento, de allí que haya que apuntar a eliminar esas restricciones, pero la clave del problema es la magnitud de la brecha. Y la multiplicidad de restricciones, impuestos y percepciones no conducen a que se reduzca. Se debería ir hacia un desdoblamiento cambiario que transparente el funcionamiento -y reduzca radicalmente los incentivos a obtener dólares del Banco Central- permitiendo una acumulación -más no sea mínima- de reservas diariamente. Si ello fuera acompañado de la posibilidad de no liquidar el 100% de las divisas al oficial, se podrían reducir los mecanismos alternativos de ingreso de divisas y abastecer ese mercado libre de cambios. Mientras tanto el tipo de cambio deberá acompañar la inflación lo que seguramente prolongue en el tiempo el proceso de desinflación, pero reduzca sus costos. 

Estas decisiones deben ser acompañadas con una política de ingresos que proteja a los sectores populares -ya muy golpeados- durante todo el proceso. Si no, ninguna estrategia será sostenible en el tiempo.

Evidentemente esos factores (déficit fiscal, tasa de interés y regulación cambiaria) son condición para resolver la inflación debido a que apuntan a modificar problemas graves de la macro argentina, pero de ninguna manera reducen la inflación en el corto plazo. Eventualmente con la macro un poco más ordenada, se podrá realizar un plan para cortar la inercia inflacionaria pero actualmente los precios relativos (tipo de cambio, ingresos y tarifas) no se encuentran ni remotamente en condiciones de encarar tal proceso, ni que hablar de las condiciones políticas. 

Más allá de los intentos de buscarle sesgos progresistas al conjunto actual de políticas y regulaciones, lo cierto es que actualmente está generando efectos negativos sobre la población. Si se buscan efectos progresivos el centro de las políticas debe pasar a otras áreas del gobierno y abandonar el “Ministerio de Economía”. Políticas apuntadas a mejorar el bajo y heterogéneo nivel de productividad, la universalización y equidad del sistema de seguridad social, la simplicidad y progresividad del sistema impositivo, la educación, salud y seguridad. Todos esos son necesarios para avanzar hacia un país mejor y son complementarios -y se retroalimentan positivamente- con un proceso de estabilización gradual. 

Pero la macroeconomía argentina no tiene más para dar, hay que estabilizar. Frente a esa necesidad un shock terminará de hundir, sin posibilidades de posterior salvataje, a porciones mayores de la población. El gradualismo es el único camino disponible.