El pasado miércoles 25 de octubre se reunió la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados/as a discutir la separata de gastos tributarios. Conformaron la mesa el secretario de Hacienda, Raúl Rigo, la subsecretaria de Ingresos Públicos del Ministerio de Economía, Claudia Balestrini, y los diputados del oficialismo, Carlos Heller, Sergio Palazzo y Marcelo Casaretto, con una activa participación del bloque opositor.

Por segundo año consecutivo, el Ministerio de Economía envió al Congreso de la Nación –junto con el proyecto de ley de presupuesto para el año próximo– una separata sugiriendo revisar beneficios impositivos que tienen “un impacto negativo significativo en la sostenibilidad de las cuentas públicas.” De revisarse como sugiere el Ejecutivo, el presupuesto del año que viene podría tener un superávit del 1% del PIB.

Los gastos tributarios son recursos que el Estado deja de recaudar porque exime del pago de impuestos a ciertos contribuyentes para favorecer ciertas actividades, zonas, sujetos y/o consumos. Pueden instrumentarse a través de exenciones, créditos o certificados fiscales, deducciones, moratorias, condonaciones. En criollo, son impuestos que no se cobran y se los llama gastos tributarios o indirectos porque son económicamente equivalentes a dar apoyos por medio de una partida del gasto público directo. 

El total de los gastos tributarios sumados a otros beneficios impositivos equivalen al 25,6% de la recaudación de impuestos y representan un 4.7% del PIB, es decir el equivalente al presupuesto del Poder Judicial, del Poder Legislativo y de 15 Ministerios de Salud. Todo eso junto. Pero a pesar de su enorme costo y de que operan como si fuesen gastos directos, su tratamiento es mucho más opaco. Podemos decir que hay una doble vara según se trate de transferencias directas e indirectas y, paradójicamente, unas y otras también pueden distinguirse por los sectores económicos que las reciben. Veamos por qué.

Mientras que para los gastos directos –como la AUH o el Potenciar Trabajo, que los reciben los sectores más pobres de nuestra sociedad– contamos con normas de rango constitucional y legal que establecen los procedimientos para su creación, ejecución y control, con información actualizada sobre su ejecución financiera y física y los datos de sus beneficiarios se consideran de interés público; con los gastos tributarios pasa todo lo contrario.

La ciudadanía no cuenta con información sobre la pérdida efectiva de recursos que implican los gastos tributarios. Sólo hay estimaciones sobre sus costos económicos y en muchos casos ni siquiera eso (por ejemplo, no sabemos cuánto se deja de recaudar por la exención a las ganancias provenientes de la compraventa de acciones y demás títulos valores que cotizan en bolsas porque figuran “sin dato”). No se evalúan sus impactos económicos ni socio-ambientales y perduran en el tiempo sin ser revisados. Los datos de sus beneficiarios/as no son de acceso público porque están protegidos por el secreto fiscal. A todo esto se suma que no existe regulación general que establezca procedimientos claros para su aprobación e implementación.

En la reunión que se dio ese miércoles en el Congreso, las autoridades del Ministerio de Economía destacaron estas asimetrías con las partidas presupuestarias. Resaltaron que –al contrario de lo que sucede con los gastos directos, que son revisados línea por línea todos los años– los beneficios impositivos siguen incólumes hace muchos años sin revisiones sobre la vigencia de las razones que los motivaron y sin evaluaciones sobre su efectividad. También enfatizaron en la necesidad de que todos los gastos tributarios tengan fundamento en una política pública sujeta a revisiones periódicas, con plazos de duración preestablecidos y pautas claras para evaluarlos.

Si bien algunos gastos tributarios están orientados a lograr una mayor equidad, como por ejemplo las devoluciones de IVA en el consumo de alimentos de la canasta básica para sectores de bajos ingresos, en otros casos son injustificables desde una perspectiva de equidad. La propuesta del Ministerio de Economía sugiere la revisión de algunos de esos privilegios. Por ejemplo:

También sugiere revisar algunos regímenes como el de promoción de Tierra del Fuego por tratarse de una política de más de cuatro décadas que requiere una evaluación y fundamentación, en la que se identifiquen sus impactos económicos, una revisión de sectores industriales alcanzados y de sus criterios de implementación. Sin embargo, no dice nada sobre otros regímenes que también deben ser revisados, como el de promoción de la minería o el de economía del conocimiento, sobre los que hay probada evidencia de sus déficits e inequidades.

Las dos principales inquietudes del bloque opositor consistieron en, por un lado, de qué manera se van a instrumentar las reformas y, por el otro, qué tratamiento se les dará a los regímenes que se aprobaron u obtuvieron media sanción antes del envío de la separata para su revisión por el Congreso. Este es el caso del régimen de promoción que crea beneficios impositivos para las empresas gasíferas, proyecto al que la Cámara de Diputados/as acaba de dar media sanción luego de un tratamiento exprés y que fue cuestionado por la falta de diálogo y de justificaciones suficientes.

Este proyecto como muchos otros de los beneficios fiscales vigentes, se aprobaron en el Congreso respondiendo a coyunturas específicas y en algunos casos a la presión de determinados grupos de poder, sin participación ciudadana ni consideración de todas las variables necesarias para justificarlos y que luego se quedaron para siempre en forma de privilegios. Este marco de opacidad en el que se aprueban e implementan los gastos tributarios genera un sistema proclive a la evasión y a la corrupción, y tiene un impacto negativo en la igualdad al beneficiar mayoritariamente a sectores con altas rentas. 

Lamentablemente, la casi nula justificación y evidencia de la necesidad de este tipo de políticas es moneda corriente en Argentina y en el resto del mundo, generalmente bajo el objetivo de generar inversiones o desarrollo. la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) comprobó que muchos de estos beneficios han sido considerados la onceava razón entre doce mencionadas por empresas para definir sus inversiones y que, en la mayoría de los casos, la inversión hubiera tenido lugar igualmente sin ellos.

Es clave que el presupuesto público se analice y discuta como lo que verdaderamente debe ser: una herramienta para transformar y mejorar la realidad –cuestión que es urgente para muchísimas personas en nuestro país– y para definir en qué condiciones se renuncia a recursos que podrían orientarse a los derechos. Por eso es que los gastos tributarios no sólo deben ser revisados teniendo en cuenta su impacto fiscal sino también otras variables como la inequidad, la falta de transparencia, de participación ciudadana y de rendición de cuentas, que explican una parte importante de los problemas fiscales que tiene nuestro país hace muchísimos años.

Para que deje de haber la doble vara que hay hoy, el Congreso debe discutir seriamente qué gastos tributarios son justificados y cuáles deberían eliminarse y establecer una regulación con procedimientos claros y rigurosos para el tratamiento y control de los beneficios vigentes y los que se aprueben a partir de ahora.

*La autora es abogada y coordinadora del Programa Justicia Fiscal de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).

Desde este mes, comienzan a regir los cambios en el Impuesto a las Ganancias impulsado por el ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria, Sergio Massa. Con las modificaciones estipuladas por decreto, se elevó el mínimo no imponible de modo que sólo deberán tributar aquellos trabajadores que cuenten con un salario bruto superior a $1.980.000 correspondiente al mes de octubre.

A continuación todas las modificaciones que comenzarán a regir a partir de hoy.

Nuevo mínimo no imponible: quiénes están alcanzados por el Impuesto a las Ganancias

Según lo estipulado en el decreto oficial, deberán tributar todos aquellos trabajadores que perciban ingresos superiores al equivalente a 15 salarios mínimo, vital y móvil (SMVM). Con la última actualización de septiembre, el SMVM se ubicó en $132.000, de modo que todos aquellos con remuneraciones de hasta $1.980.000 correspondientes al mes de octubre, no están alcanzados por el impuesto.

Para el salario del mes de noviembre (a cobrar a fin de tal mes o a principios del siguiente), se deberá tener en cuenta el ingreso del anteúltimo mes del año y el promedio de octubre y noviembre. En este sentido, si la remuneración mensual supera los $1.980.000, pero la media entre ambos meses continúa siendo inferior, no se deberá aplicar el tributo.

En el caso de diciembre, si el salario se cobra a partir del 2024, se deberán aplicar los criterios establecidos en la ley 27.725 de Impuesto a las Ganancias que comienza a aplicar a partir del próximo año.

Actualización de escalas: cómo es la nueva tabla de alícuotas del Impuesto a las Ganancias

La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) actualizó la tabla de alícuotas para asegurar la progresividad del impuesto y evitar que anule el efecto de la reciente política salarial. El sistema actualizado sigue el siguiente esquema:

Para más información sobre las escalas a utilizar en los últimos dos meses del 2023, consultar este documento oficial.

A partir de 2024, se deberá aplicar la nueva tabla de alícuotas estipulada por la ley 27.725, según la cual habrá un sistema de alícuotas más acotado: oscilarán entre el 27% y 35%.

Aguinaldo: cuáles son las nuevas condiciones para que tribute la segunda cuota de diciembre

La segunda cuota del sueldo anual complementario (SAC) ─también conocido como aguinaldo─ deberá tributar Impuesto a las Ganancias en aquellos casos en los que el ingreso promedio del segundo semestre excede el monto de $1.980.000. Esto implica que, en caso de que en algún mes la remuneración bruta del trabajador fuera superior a ese modo, si la media semestral continúa por debajo de tal cifra, no se deberá aplicar el impuesto sobre el aguinaldo.

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que para continuar eximido del tributo, el SAC no debe ser mayor a $990.000.

Qué deducciones se pueden aplicar sobre el Impuesto a las Ganancias

Esto no es un cambio, pero es información importante a tener en cuenta en el régimen tributario argentino. Aquí un listado de todos aquellos puntos que pueden descontarse del ingreso para calcular si un trabajador se encuentra alcanzado por el impuesto:

ACM

La Argentina y los Estados Unidos oficializaron este miércoles mediante sus legislaciones vigentes el acuerdo de intercambio de información tributaria y ratificaron que rige desde el 1° de enero de 2023.

La publicación en el Boletín Oficial de nuestro país y por parte del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, da el basamento legal que lo puso en vigor y adicionalmente sustenta el blanqueo de capitales impulsado por el Gobierno Nacional.

De todos modos, el envío de datos aún está supeditado a que el país norteamericano apruebe las normas de seguridad informática de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP). Cumplidos estos pasos, se estima que el giro de la información recién podría concretarse en septiembre del 2024.

El Gobierno apuesta a que la instrumentación de este mecanismo opere a favor del blanqueo de capitales, cuyo proyecto será enviado al Congreso Nacional para el debate cuando se abran las sesiones extraordinarias.

Si bien la información será aprovechada al máximo por la próxima administración nacional, el Ministerio de Economía confía en que bajo esta presión se declare la exteriorización de cuentas no declaradas.

El tributarista Sebastián Domínguez enfatizó la decisión del gobierno estadounidense en no darle a la Argentina información retroactiva: “De la 113 jurisdicciones con las que EEUU firmó acuerdos en 111 casos eso acuerdos tienen efectos a partir del 30 de junio o 30 de noviembre de 2014, independientemente de la fecha de firma. Quiere decir que EEUU podía enviar la información retroactiva en forma automática. Sin embargo en Argentina y Vietnam el efecto del acuerdo es una fecha diferente”, explicó.

Domínguez enfatizó: “En Argentina es al 1° de enero de 2023 entonces no va a haber envío de información automática retroactiva y en el caso de Vietnam el efecto es al 7 de julio de 2016, la fecha en que lo firmó. Esto implica que Estados Unidos a estos dos países no quiere darle información retroactiva a la fecha de la firma”.

No obstante, el tributarista aclaró que “está vigente el acuerdo de información a requerimiento por lo cual Argentina puede solicitar información no en excursiones de pesca sino con datos concretos y Estados Unidos analizará si lo envía o no”.

LC con información de agencia NA

El ministro de Economía, Sergio Massa, anunció que este lunes al mediodía se firmará el acuerdo de intercambio de información fiscal con el gobierno de Estados Unidos, en una ceremonia en la que estará el embajador Marc Stanley.

Massa anticipó que la ceremonia se llevará a cabo en el Centro Cultural CCK y que luego de ello el gobierno enviará al parlamento una nueva ley de blanqueo.

“Estados Unidos nos proveerá a lo largo de 9 meses de todas las cuentas de ciudadanos argentinos, individuales o de sociedades, y fuentes de dividendos”, explicó.

En declaraciones a Radio Con Vos, Massa explicó que viene trabajando en ese acuerdo desde la primera semana en la que asumió como ministro y recordó el primer viaje que hizo a Washington.

“Planteamos con firmeza que Estados Unidos tenía que dejar de ser la guarida de ciudadanos que eluden su responsabilidad con el fisco”, señaló.

El titular del Palacio de Hacienda indicó que desde el 1ro de enero se va a poner en marcha lo que se denomina Ley de Cumplimiento Tributario de Cuentas Extranjeras.

“Esto supone que Estados Unidos nos provee de información a lo largo de 9 meses hasta el 30 de septiembre de todas las cuentas de ciudadanos argentinos en ese país, individuales, de sociedades y de trusts con beneficiarios últimos argentinos”, detalló el funcionario.

Entre otros detalles, explicó que las autoridades tributarias del país del norte entregarán información de los nombres de las cuentas, montos brutos depositados, dividendos percibidos y fuentes de dividendos norteamericanas.

Como contraparte, los bancos argentinos van a tener la obligación de informar a las autoridades estadounidenses detalles de cuentas de ciudadanos de ese país en Argentina. El funcionario indicó además que el acuerdo contempla un compromiso de confidencialidad de ambas partes.

Al respecto, Massa explicó que en términos prácticos, el convenio es por ejercicio cerrado, de modo que la AFIP va a poder acceder a todos los datos que le brinde la contraparte “desde septiembre del año pasado”.

“Esto lo vamos a acompañar con un pedido al parlamento del tratamiento de un régimen de exteriorización”,agregó Massa en relación a un nuevo blanqueo, que según dijo, espera que se pueda tratar antes del 30 de diciembre para que los contribuyentes puedan entrar entre el 1ro de enero y el 30 de septiembre.

DA