Los chats supuestamente obtenidos mediante el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incluyen una conversación con el empresario del juego Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors y ex vice de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero. Así consta en las publicaciones realizadas en un foro que puso a la venta el contenido del teléfono de D’Alessandro por 600 dólares y que está bajo investigación judicial. 

El ministro porteño denunció que su línea de teléfono fue hackeada el 19 de octubre último. Casi un mes y medio después, el o los hackers anunciaron la venta del contenido de los chats de Telegram del funcionario porteño por un valor de 600 dólares, de acuerdo con la publicación en un foro en internet en el que suelen realizar este tipo de publicaciones, como informó elDiarioAR este jueves. 

Un usuario creó la publicación para vender el contenido el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota de la redacción: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en idioma inglés, con una captura de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Ante el pedido de distintos usuarios que solicitaban “pruebas de vida” del contenido hackeado, el usuario en poder del material publicó capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido, que involucra a jueces federales, ejecutivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; una comunicación entre D’Alessandro y Angelici; y un supuesto tercer chat entre el funcionario porteño y un contacto agendado como “Fede”. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a elDiarioAR el miércoles por la noche.

Allegados al ministro de Seguridad porteño aseguraron que los chats publicados por el usuario el 2 de diciembre último estarían editados y no coinciden con conversaciones que D’Alessandro haya mantenido con sus contactos. Además, afirmaron que el funcionario utiliza la aplicación Whatsapp para comunicarse y que las supuestas conversaciones filtradas como “pruebas de vida” son un “montaje” y una “operación de inteligencia”.

Sin embargo, Angelici admitió haber mantenido esa conversación por chat con D’Alessandro, según pudo corroborar elDiarioAR. Desde Qatar, el ex presidente de Boca y ex vice de la AFA respondió la consulta de este medio este jueves por la mañana, hora local, a través de una fuente allegada que actuó como intermediario. 

Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad “un favor” para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad a pesar de que estaba fuera de término. 

El empresario del juego tenía custodia de la policía porteña debido a amenazas en su contra, de acuerdo con una fuente del ministerio de Seguridad porteño.

En las capturas publicadas por el hacker no figura la fecha del intercambio entre D’Alessando y Angelici. La fotografía del chat de Telegram sólo permite ver que se llaman mutuamente entre las 11:36 y el mediodía, sin poder establecer la comunicación, hasta que lo logran a las 12:01. Luego intercambian mensajes por escrito entre las 15:32 y las 16:38 pero tampoco figura la fecha del chat.

Esta es la transcripción textual de la conversación publicada por los hackers, sin correcciones de puntuación ni de tipeo.

MD: Lo mandé recién así que sale en la orden del día de la semana.

DA: Ok.

MD: Lo de Zarate (sic) es muy muy fundamental para vos??? Por q tengo (sic) que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho.

DA: Es mi custodia y se le murió la madre justo cuando tenía que rendir

MD: No me psicopatees q (sic) soy tano yo también

DA: Pero es la verdad con esta Pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo les tocaba examen para ascender

MD: Por q (sic) no hablan antes estos bolas tristes??? Ahora veo y lo hago. Nos va a tener que hacer un monumento. El mío es más chiquito. Me adelanté a tu chiste malo…

DA: Dale jefecito jajaja

MD: Decile, (sic) porfa que lo mande mañana a las 11 a ISSP para reevaluación. Que pregunte por la licenciada Lucía Signori. Le avisas, no?

DA: Si ya le avisé

Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal.

Marcelo D'Alessandro — Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El custodio -que ya no prestaría servicio para Angelici- “había cumplido con todos los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender”, dijo la fuente cercana a Angelici. Descartó la comisión de cualquier ilícito o intento de torcer las reglas del ministerio de Seguridad, y dijo que le habían hecho llegar la captura del chat filtrado, aunque no precisó quién.

“Fede”

En otro supuesto chat extraído del teléfono de D’Alessandro, se registra una conversación entre el ministro y un contacto agendado como “Fede”, entre las 20:39 y 20:43 horas, sin fecha. A su vez, el contacto Fede tiene agendado al funcionario como “Marcelo” o “M”. En el entorno del ministro porteño negaron tajantemente que el chat sea real y afirmaron que D'Alessandro no tiene a ningún contacto agendado como “Fede”. elDiarioAR pudo saber que las capturas de este chat publicadas por el hacker o los hackers el viernes último están en poder y fueron analizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para intentar determinar el origen de la publicación en línea e identificar a su publicador.

En la captura, “Marcelo” le escribe a “Fede” para contarle de un presunto arreglo de dinero. “Fede” le replica: “50% guille, 50% gata”, pero “Marcelo” le dice que sea “10 para no joder”.

El hackeo

La vulneración de la línea telefónica de D’Alessandro es investigada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia, que también fue presentada de manera individual por el ex ministro de Seguridad Diego Santilli, quedó a cargo de la jueza María Servini, pero recientemente la magistrada se excusó de intervenir por su relación de amistad o conocimiento con ambos denunciantes.  

Tanto en los entornos de D’Alessandro como de Santilli, quien fue ministro de Seguridad justo antes de que asumiera el actual titular de la cartera, sostienen que el hackeo se realizó en el marco de una operación de inteligencia ilegal. Se utilizó la misma técnica y fue con dos días de diferencia. 

También lo atribuyen al momento político y destacan que por las mismas fechas, uno de los jueces que se encontraba juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral y público por el caso Vialidad denunció el hackeo de su teléfono celular con el mismo método. En el oficialismo nadie se hace eco de esas sospechas de la oposición.

Una modalidad utilizada por los hackers consiste en el secuestro de información personal o relevante y la extorsión al usuario hackeado para “devolverle” los datos vulnerados y apropiados a cambio de dinero. Sin embargo, ni Santilli ni D’Alessandro fueron extorsionados por los hackers, de acuerdo a sus denuncias y a las consultas de elDiarioAR a sus entornos. 

El custodio de Angelici había cumplido con todo los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender.

Fuente allegada a Daniel Angelici.

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se hizo el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió este medio. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. 

Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados. Por eso, en Comodoro Py arriesgan la hipótesis del fuego amigo, en el marco de la interna política y pre-electoral dentro de Juntos por el Cambio.

Canal de venta

La puesta en venta del material de Telegram extraído del teléfono de D’Alessandro es la única publicación del usuario en poder del material en un foro, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

El foro incluye una sección denominada “Transparency Reports”, donde publica una revisión de los pedidos cursados por fuerzas estatales o privados, aunque según un experto consultado no suele acceder a esas solicitudes. Por ejemplo, entre junio y septiembre de este año, el foro recibió requerimientos del gobierno de la India, Argentina y Pakistán para que entregue información sobre determinados casos (que no se identifican); y el gobierno de Corea le solicitó la remoción de contenido.

Tras una denuncia del juez federal Pablo Yadarola, uno de los jueces que figuran en el chat del caso Lago Escondido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consultó a expertos locales de la policía porteña para que le informen cuáles son las vías para bloquear o dar de baja la publicación de los chats filtrados, ya que se trata de material obtenido de manera ilegal.

Denuncias

Yadarola realizó la denuncia el fin de semana último, tras la filtración y publicación de los chats en los que D’Alessandro figura intercambiando mensajes y audios con el propio Yadarola y con otros tres jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; dos ejecutivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto, CEO del multimedio); el jefe de los fiscales porteño, Juan Bautista Mahiques; un exdirector de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. 

La publicación de las conversaciones les valió una denuncia penal del Gobierno y una cadena de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Están sospechados de haber viajado a Bariloche para hospedarse en la exclusiva propiedad del empresario británico Joe Lewis en un vuelo privado supuestamente costeado por ejecutivos de Clarín, que se filtró hace unas semanas cuando Página/12 accedió a la planilla de pasajeros del avión contratado para el viaje.

Luego, se filtraron los chats del teléfono de D’Alessandro en los que los protagonistas del viaje planifican cómo enmascarar la presunta dádiva con facturas falsas y testimonios falsos y presionar a la fiscal y la jueza federales de Bariloche -que investigaban el viaje en cuestión- para que cierren la causa. 

Por instrucción del presidente Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y solicitó a la justicia de Bariloche que obtenga “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Fue al día siguiente de la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que había instruido Ercolini, uno de los jueces denunciados.

ED/MG

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

SL

La versión de que jueces federales, dos directivos del Grupo Clarín, un ministro porteño, el jefe de los fiscales de CABA y un empresario con pasado en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su participación en un vuelo privado a Bariloche más una estadía en la estancia del empresario inglés Joe Lewis abrió un escándalo sobre la presunta recepción de “dádivas” por parte de magistrados y funcionarios.

El episodio fue difundido hoy por el diario Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, en base al hackeo de una línea de celular de uno de los implicados. Los medios accedieron al intercambio de mensajes de audio de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

El juez Ercolini estuvo a cargo de la instrucción de la causa conocida como “Vialidad”, por la que se juzga a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner por los presuntos delitos de defraudación al Estados y asociación ilícita en la adjudicación de obra pública a Santa Cruz durante sus dos gobiernos. Este martes el Tribunal Oral Federal 2 dará a conocer su veredicto sobre el juicio.

El viaje de los jueces fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre, dos semanas después de producido. Los jueces fueron denunciados ante el Consejo de la Magistratura porque habrían incurrido en “mal desempeño de sus funciones”, según la denuncia. La acusación fue presentada por el abogado penalista Luciano Almonacid por un “grave desorden de conducta personal”, al haber viajado presuntamente a cuenta y cargo del empresario británico Joe Lewis. A la par, hay una causa contra los jueces por “violación de deberes de funcionario público, admisión de dádivas y tráfico de influencias”, abierta por un abogado de Río Negro, en la Fiscalía Federal de Bariloche.

El viaje se concretó el jueves 13 de octubre, y cuatro días después, tras la filtración del encuentro en Bariloche, de acuerdo con la filtración, los protagonistas crearon un grupo de Telegram para acordar una estrategia de respuesta que incluía planificar una versión unificada para difundir a través de ciertos medios.

Según las filtraciones conocidas hoy, los involucrados intercambiaron audios en el grupo de Telegram para instalar una única explicación -a juzgar por los propios mensajes, falsa- y evitar que prospere la denuncia contra los magistrados por el delito de “dádivas” (recibir regalos o prebendas que son entregadas “en consideración de su oficio” y mientras se está en ejercicio del cargo), que está previsto en el artículo 259 del Código Penal.

Ante una consulta de la agencia oficial Télam en el mismo sentido, desde el equipo de colaboradores de D'Alessandro contestaron que la difusión de los audios de la aplicación Telegram “es un tema muy preocupante” que atribuyeron a un “montaje” o a una “acción de servicios de inteligencia que penetraron el teléfono sin ninguna legalidad”, lo cual configura un “hecho delictivo”, remarcaron.

Según los colaboradores de D'Alessandro, el ministro porteño había denunciado hacía tiempo el robo de su línea de celular -producido el 19 de octubre- a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la Ciudad, que está a cargo de la fiscal Daniela Dupuy. El chat de Telegram hackeado estaba en ese celular.

“En la fiscalía de Cibercrimen se determinó que la línea había sido usada con mensajes en el exterior”, añadieron, y sobre los mensajes de audio filtrados este domingo dijeron que en la reproducción del contenido los nombres que D'Alessandro tenía agendados en su teléfono están escritos de otra forma, como si hubiera existido “una edición”. “Hay grupos que operan así”, señalaron para advertir que el ministro pedirá una investigación “a fondo”.

En los mensajes que se cruzaron por Telegram muestran su confianza en que podrán condicionar a la fiscal federal subrogante de Bariloche, María Cándida Etchepare, para que envíe la causa a los tribunales federales de Capital Federal, en Comodoro Py.

En los mensajes de voz figuran amenazas hacia el titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, José Glinski, a quien algunos de los involucrados en la conversación consideran sospechoso de la filtración del viaje; también hay cuestionamientos con palabras insultantes hacia Fernández de Kirchner y promesas de ejercer violencia física sobre los diputados Rodolfo Tailhade y Eduardo Valdés, ambos del Frente de Todos, en este caso realizados por el titular de la sala II de Casación, Carlos Mahiques, aficionado al boxeo.

Contactados por elDiarioAR, dos de los mencionados en las publicaciones se excusaron de hacer comentarios por el momento. Otros tres aún no habían respondido la consulta. El diario Perfil publicó un descargo que le hicieron llegar colaboradores del jefe de los fiscales de la Ciudad y del ministro D'Alessandro, de acuerdo con la versión, propietario de la línea de celular hackeada que contenía el grupo de Telegram. Ante la consulta de elDiarioAR, en la cartera de Seguridad porteña dijeron que no habrá respuesta por el momento.

Con información de Télam