Un dictamen del José Agüero Iturbe, fiscal ante la Cámara Federal porteña, señala que la causa donde se investiga el viaje a Lago Escondido de jueces federales, funcionarios porteños, exagentes de inteligencia y directivos de medios debería pasar de la justicia federal de Bariloche a los tribunales federales de Comodoro Py, tal como reclamaban los propios acusados.

Ahora, deberá ser el juez de la sala segunda de la Cámara Federal porteña, Eduardo Farah, quien determine si efectivamente la causa cambia de jurisdicción, según informaron fuentes judiciales.

El traslado de la causa a Comodoro Py ya había sido rechazado en primera instancia. Fue solicitado por Pablo Yadarola, el juez del fuero penal económico quien está imputado en la causa por ser uno de los que visitó Lago Escondido acompañado por otros jueces, entre ellos Julián Ercolini y Carlos Mahiques, junto al ministro de Justicia y Seguridad porteño en uso de licencia, Marcelo D'Alessandro. Todos ellos fueron recibidos en Bariloche por Pablo Casey y Jorge Rendo, representantes del Grupo Clarín.

“En modo alguno podría considerarse que el hecho se cometió en el lugar donde aterrizó el avión o en el destino final de los encartados conforme a las calificaciones jurídicas en juego escogidas por este Ministerio Público Fiscal, más allá de su carácter provisorio”, sostuvo el fiscal Agüero Iturbe en su dictamen de 7 páginas.

El fiscal recordó que, en la imputación formulada por María Cándida Etchepare, fiscal federal de Bariloche, se reseñó la “existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios, quienes se reunieron en esta ciudad con otros dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional, cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

“A esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado, en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”, sostuvo la fiscal Etchepare.

Por ahora, la causa se tramita ante el juzgado federal de Bariloche que hasta este año subrogó la jueza María Silvina Domínguez, quien por otro lado anunció recientemente su jubilación, por lo que será reemplazada desde el primer día de febrero por Gustavo Villanueva, juez federal del Neuquén.

Los investigados en esta causa son los jueces Yadarola (Penal Económico), Ercolini (Criminal y Correccional Federal), Mahiques (Cámara Federal de Casación Penal) y Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo Federal). También se investiga al fiscal general de la ciudad de Buenos Aires, Juan Bautista Mahiques; el ministro D'Alessandro; el exagente de inteligencia Leonardo Bergroth y el presidente de Mediabit S.A., Tomás Reinke.

A principios de diciembre la fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, emitió un dictamen en el que deja en claro que no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

LC con información de agencia Télam

Los chats supuestamente obtenidos mediante el hackeo al teléfono celular del ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D’Alessandro, incluyen una conversación con el empresario del juego Daniel Angelici, ex presidente del club Boca Juniors y ex vice de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA), y una conversación con otro contacto sobre un ofrecimiento de dinero. Así consta en las publicaciones realizadas en un foro que puso a la venta el contenido del teléfono de D’Alessandro por 600 dólares y que está bajo investigación judicial. 

El ministro porteño denunció que su línea de teléfono fue hackeada el 19 de octubre último. Casi un mes y medio después, el o los hackers anunciaron la venta del contenido de los chats de Telegram del funcionario porteño por un valor de 600 dólares, de acuerdo con la publicación en un foro en internet en el que suelen realizar este tipo de publicaciones, como informó elDiarioAR este jueves. 

Un usuario creó la publicación para vender el contenido el 1° de septiembre a las 23 horas. “Estoy vendiendo la data completa exportada de Telegram del teléfono del ministro argentino +500MB $600 (nota de la redacción: dólares). Only BTC o Monero” (en referencia a las criptomonedas), publicó en idioma inglés, con una captura de la información del Telegram de D’Alessandro: “908 chats, 4.099 contactos, 24 frecuentes”.

Ante el pedido de distintos usuarios que solicitaban “pruebas de vida” del contenido hackeado, el usuario en poder del material publicó capturas de tres conversaciones de Telegram: la ya conocida sobre el caso Lago Escondido, que involucra a jueces federales, ejecutivos de Clarín y funcionarios de la Ciudad de Buenos Aires; una comunicación entre D’Alessandro y Angelici; y un supuesto tercer chat entre el funcionario porteño y un contacto agendado como “Fede”. “Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal”, afirmó D’Alessandro a elDiarioAR el miércoles por la noche.

Allegados al ministro de Seguridad porteño aseguraron que los chats publicados por el usuario el 2 de diciembre último estarían editados y no coinciden con conversaciones que D’Alessandro haya mantenido con sus contactos. Además, afirmaron que el funcionario utiliza la aplicación Whatsapp para comunicarse y que las supuestas conversaciones filtradas como “pruebas de vida” son un “montaje” y una “operación de inteligencia”.

Sin embargo, Angelici admitió haber mantenido esa conversación por chat con D’Alessandro, según pudo corroborar elDiarioAR. Desde Qatar, el ex presidente de Boca y ex vice de la AFA respondió la consulta de este medio este jueves por la mañana, hora local, a través de una fuente allegada que actuó como intermediario. 

Angelici ratificó que le solicitó al ministro de Seguridad “un favor” para que D’Alessandro permitiera a un custodio del ex dirigente xeneize ascender en el escalafón de la Policía de la Ciudad a pesar de que estaba fuera de término. 

El empresario del juego tenía custodia de la policía porteña debido a amenazas en su contra, de acuerdo con una fuente del ministerio de Seguridad porteño.

En las capturas publicadas por el hacker no figura la fecha del intercambio entre D’Alessando y Angelici. La fotografía del chat de Telegram sólo permite ver que se llaman mutuamente entre las 11:36 y el mediodía, sin poder establecer la comunicación, hasta que lo logran a las 12:01. Luego intercambian mensajes por escrito entre las 15:32 y las 16:38 pero tampoco figura la fecha del chat.

Esta es la transcripción textual de la conversación publicada por los hackers, sin correcciones de puntuación ni de tipeo.

MD: Lo mandé recién así que sale en la orden del día de la semana.

DA: Ok.

MD: Lo de Zarate (sic) es muy muy fundamental para vos??? Por q tengo (sic) que reabrir el sistema de ascensos y forzar mucho.

DA: Es mi custodia y se le murió la madre justo cuando tenía que rendir

MD: No me psicopatees q (sic) soy tano yo también

DA: Pero es la verdad con esta Pandemia de mierda el tipo ni la pudo despedir y justo les tocaba examen para ascender

MD: Por q (sic) no hablan antes estos bolas tristes??? Ahora veo y lo hago. Nos va a tener que hacer un monumento. El mío es más chiquito. Me adelanté a tu chiste malo…

DA: Dale jefecito jajaja

MD: Decile, (sic) porfa que lo mande mañana a las 11 a ISSP para reevaluación. Que pregunte por la licenciada Lucía Signori. Le avisas, no?

DA: Si ya le avisé

Estos supuestos chats fueron obtenidos mediante un espionaje ilegal.

Marcelo D'Alessandro — Ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.

El custodio -que ya no prestaría servicio para Angelici- “había cumplido con todos los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender”, dijo la fuente cercana a Angelici. Descartó la comisión de cualquier ilícito o intento de torcer las reglas del ministerio de Seguridad, y dijo que le habían hecho llegar la captura del chat filtrado, aunque no precisó quién.

“Fede”

En otro supuesto chat extraído del teléfono de D’Alessandro, se registra una conversación entre el ministro y un contacto agendado como “Fede”, entre las 20:39 y 20:43 horas, sin fecha. A su vez, el contacto Fede tiene agendado al funcionario como “Marcelo” o “M”. En el entorno del ministro porteño negaron tajantemente que el chat sea real y afirmaron que D'Alessandro no tiene a ningún contacto agendado como “Fede”. elDiarioAR pudo saber que las capturas de este chat publicadas por el hacker o los hackers el viernes último están en poder y fueron analizadas por personal especializado de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires para intentar determinar el origen de la publicación en línea e identificar a su publicador.

En la captura, “Marcelo” le escribe a “Fede” para contarle de un presunto arreglo de dinero. “Fede” le replica: “50% guille, 50% gata”, pero “Marcelo” le dice que sea “10 para no joder”.

El hackeo

La vulneración de la línea telefónica de D’Alessandro es investigada en los tribunales de Comodoro Py. La denuncia, que también fue presentada de manera individual por el ex ministro de Seguridad Diego Santilli, quedó a cargo de la jueza María Servini, pero recientemente la magistrada se excusó de intervenir por su relación de amistad o conocimiento con ambos denunciantes.  

Tanto en los entornos de D’Alessandro como de Santilli, quien fue ministro de Seguridad justo antes de que asumiera el actual titular de la cartera, sostienen que el hackeo se realizó en el marco de una operación de inteligencia ilegal. Se utilizó la misma técnica y fue con dos días de diferencia. 

También lo atribuyen al momento político y destacan que por las mismas fechas, uno de los jueces que se encontraba juzgando a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en el juicio oral y público por el caso Vialidad denunció el hackeo de su teléfono celular con el mismo método. En el oficialismo nadie se hace eco de esas sospechas de la oposición.

Una modalidad utilizada por los hackers consiste en el secuestro de información personal o relevante y la extorsión al usuario hackeado para “devolverle” los datos vulnerados y apropiados a cambio de dinero. Sin embargo, ni Santilli ni D’Alessandro fueron extorsionados por los hackers, de acuerdo a sus denuncias y a las consultas de elDiarioAR a sus entornos. 

El custodio de Angelici había cumplido con todo los requisitos para ascender y había dado todos los exámenes, estaba en condiciones de ascender.

Fuente allegada a Daniel Angelici.

La maniobra de sustracción de la línea telefónica de D’Alessandro se hizo el 19 de octubre a las 15:26 a través del cambio de la tarjeta SIM, mediante la modalidad de autogestión, de acuerdo con la denuncia a la que accedió este medio. 

Los hackers adquirieron un nuevo chip en El Dorado, Misiones, en la frontera con Paraguay. Realizaron un trámite online de autogestión en Movistar en el que debieron responder una serie de preguntas de seguridad que D'Alessandro y Santilli habían configurado. Tras ingresar las respuestas correctas, lograron apoderarse de sus líneas. 

Ambos dirigentes están convencidos de que fueron objeto de una operación de inteligencia. Las preguntas y respuestas de seguridad estaban basadas en información de índole personal de difícil acceso, según allegados. Por eso, en Comodoro Py arriesgan la hipótesis del fuego amigo, en el marco de la interna política y pre-electoral dentro de Juntos por el Cambio.

Canal de venta

La puesta en venta del material de Telegram extraído del teléfono de D’Alessandro es la única publicación del usuario en poder del material en un foro, según pudo corroborar elDiarioAR de una fuente directa del caso.

El foro incluye una sección denominada “Transparency Reports”, donde publica una revisión de los pedidos cursados por fuerzas estatales o privados, aunque según un experto consultado no suele acceder a esas solicitudes. Por ejemplo, entre junio y septiembre de este año, el foro recibió requerimientos del gobierno de la India, Argentina y Pakistán para que entregue información sobre determinados casos (que no se identifican); y el gobierno de Corea le solicitó la remoción de contenido.

Tras una denuncia del juez federal Pablo Yadarola, uno de los jueces que figuran en el chat del caso Lago Escondido, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi consultó a expertos locales de la policía porteña para que le informen cuáles son las vías para bloquear o dar de baja la publicación de los chats filtrados, ya que se trata de material obtenido de manera ilegal.

Denuncias

Yadarola realizó la denuncia el fin de semana último, tras la filtración y publicación de los chats en los que D’Alessandro figura intercambiando mensajes y audios con el propio Yadarola y con otros tres jueces federales, Julián Ercolini, Carlos Mahiques y Pablo Cayssials; dos ejecutivos de Clarín, Jorge Rendo y Pablo Casey (sobrino de Héctor Magnetto, CEO del multimedio); el jefe de los fiscales porteño, Juan Bautista Mahiques; un exdirector de Asuntos Jurídicos de la entonces Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE), Leonardo Bergroth; y el publicista Tomás Reinke. 

La publicación de las conversaciones les valió una denuncia penal del Gobierno y una cadena de la vicepresidenta Fernández de Kirchner. Están sospechados de haber viajado a Bariloche para hospedarse en la exclusiva propiedad del empresario británico Joe Lewis en un vuelo privado supuestamente costeado por ejecutivos de Clarín, que se filtró hace unas semanas cuando Página/12 accedió a la planilla de pasajeros del avión contratado para el viaje.

Luego, se filtraron los chats del teléfono de D’Alessandro en los que los protagonistas del viaje planifican cómo enmascarar la presunta dádiva con facturas falsas y testimonios falsos y presionar a la fiscal y la jueza federales de Bariloche -que investigaban el viaje en cuestión- para que cierren la causa. 

Por instrucción del presidente Fernández, el ministro de Justicia, Martín Soria, presentó la denuncia por “incumplimiento de los deberes de funcionario público y dádivas” y solicitó a la justicia de Bariloche que obtenga “los aparatos de telefonía celular de todos los implicados”. Fue al día siguiente de la condena a seis años de prisión que recibió la vicepresidenta Fernández de Kirchner por administración fraudulenta en el caso Vialidad, que había instruido Ercolini, uno de los jueces denunciados.

ED/MG

La fiscal federal de Bariloche, María Cándida Etchepare, no hay dudas que el viaje que jueces, fiscales, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín realizaron a Lago Escondido existió y que además implica un “ilícito penal” . Por esa razón, en un dictamen presentado ante la jueza federal Silvina Domínguez, pidió seguir adelante con la investigación por la posible aceptación de dádivas y que se abran los secretos bancarios de los viajeros.

De acuerdo con el dictamen, los hechos denunciados en un primer momento podrían “implicar un ilícito penal, en particular, la existencia de un viaje de lujo en un avión privado y con destino a una magnánima estancia en el que participaron jueces, un ministro de la Ciudad de Buenos Aires y dos empresarios con altos cargos en un poderoso conglomerado de medios de comunicación nacional cuya presencia en la reunión fue evidentemente ocultada, no solo por haber tomado otro vuelo, sino por su omisión en el relato de quien -presuntamente- los alojara”.

La decisión de la fiscal fue difundida este miércoles pero fechada ayer, el mismo día que la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a 6 años de prisión por corrupción en la obra pública. Desde entonces, desde el oficialismo se buscó trazar una relación entre el fallo contra la vicepresidenta y el escándalo derivado del viaje a Lago Escondido.

Es que entre los viajantes figura el juez Julián Ercolini, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional número 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa Vialidad por la que fue condenada Fernández de Kirchner.

El vuelo en cuestión ocurrió entre el 13 y 15 de octubre y además de Ercolini, también viajaron en un vuelo privado Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la ciudad de Buenos Aires; Marcelo Silvio D´Alessandro, ministro de Seguridad y Justicia porteño; Carlos Alberto Mahiques, juez de la Cámara Federal de Casación Penal; Pablo Yadarola, a cargo del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 2; Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 9; Leonardo Bergroth; Tomás Reinke, presidente de Mediabit S.A.

Todos ellos se alojaron en el Lago Escondido, un lugar exclusivo y de difícil acceso que pertenece al empresario británico Joe Lewis. Aunque el viaje trascendió a fines de octubre, este fin de semana, se conocieron los chats entre los integrantes del grupo en los que discutían como esconder las pruebas que los incriminaban. Es que el dato que se conoció fue que el lujoso viaje habría sido financiado por el Grupo Clarín.

Por esa razón, la fiscal también pide investigar a Pablo César Casey, directivo del Grupo Clarín S.A., y Jorge Rendo, CEO del mismo medio de comunicación.

Entre las pueblas aportadas, Etchepare incluye el listado de los ocho pasajeros que abordaron el avión privado de la empresa Servicios y Emprendimientos Aeronáuticos S.A., con matrícula LV-GCK, que partió del aeropuerto de San Fernando el día 13 de octubre y regresó al mismo lugar el 15.

A pedido de la fiscal, la empresa, que pertenece al empresario aeronáutico Gustavo Fernando Carmona y opera bajo el nombre de fantasía “Flyzar”, entregó copia de las facturas emitidas a los denunciados. Sin embargo, Etchepare remarca que muchas de ellas fueron fechadas “el mismo 13 de octubre por la suma de $120.000, a excepción, de las que corresponden a Bergroth de fecha 17 y 19 del mismo mes por la suma de $120.000 y $60.000, respectivamente. Es decir, estas últimas resultan posteriores a la fecha en que habría viajado y por un monto superior. Llama la atención que en todos los casos los pagos figuran como efectuados en la modalidad ”contado“ y que el pago se realizara el mismo día del vuelo”.

Otra de las pruebas presentadas es la confirmación que los dos directivos del grupo Clarín viajaron por separado en las mismas fechas en que lo hicieron los jueces y fiscales junto al ministros de Seguridad porteño. Y agregó fotos de todo el grupo en el hall del aeropuerto.

Etchpare descarta que al grupo se haya unido el ex presidente Mauricio Macri ya que en ese momento no se encontraba en el país.

En otro tramo de la presentación, la fiscal remarca el conflicto que podría implicar la presencia de funcionarios judiciales en la estancia de Lewis, quien mantiene desde hace años una disputa con grupos mapuches por el acceso al lago. “Teniendo en cuenta los datos de la denuncia formulada, en cuanto a la posibilidad de que los funcionarios hubiesen sido alojados en la conocida estancia 'Lago Escondido', puede advertirse en las filmaciones que se observa que el contingente fue recibido personalmente por Nicolás Van Ditmar, presidente de ”Hidden Lake S.A., circunstancia ampliamente conocida a nivel local principalmente en virtud de los públicos conflictos de la empresa y distintas organizaciones por el acceso al Lago Escondido, ubicado dentro de la citada estancia“, dice el dictamen.

Por último, Etchepare agrega que “a esto se suma, como hipótesis delictiva a corroborar por la investigación que habrá de llevarse a cabo, que todas las facturas emitidas por los servicios fueron abonadas 'al contado' e, incluso, en el caso del alojamiento, formalizadas con posterioridad, de modo tal que adquiere sustentación (con el grado que requiere esta incipiente instancia) la denuncia del letrado en cuanto a que el viaje en su totalidad pudo haber sido un ilícito regalo a los funcionarios, extremo que habrá de corroborarse o descartarse a lo largo de la pesquisa”.

Por esa razón, la fiscal solicitó que se disponga el levantamiento del secreto fiscal y bancario de todos los nombrados junto con el de las compañías “Hidden Lake S.A.” y “Servicios y Emprendimientos”. Además, pidió que se acepte como querellante al abogado Marcelo Hertzriken Velasco, quien presentó la denuncia que originó la causa.

Hace ya tres décadas que la multiplicación de las comunicaciones, primero en computadoras y luego en celulares, tiene un correlato en el almacenamiento infinito de esos intercambios y archivos digitales. Antes, las cartas, los diarios y los documentos se volvían amarillentos en algún cajón del placard o en un estante de una hemeroteca. Podía ser difícil acceder a ellos, pero todos sabíamos que estaban allí; bastaba con conseguir la llave o gestionar el permiso del bibliotecario.

En el siglo XXI convivimos con una presunción que equivale a autoengaño. Los metadatos van y vienen, vaciamos el chat, nos olvidamos de nuestras vidas pasadas, cambiamos el celular, pasamos a Telegram cuando WhatsApp comete alguna torpeza, creemos que ganamos la batalla cuando logramos quitarle un permiso al fisgón irredento Google. Alivio, el pasado se evapora. Y sin embargo, la misma tecnología que habilitó el intercambio instantáneo e infinito es la que permite que millones de terabytes conservados en estado gaseoso en alguna galaxia regresen a Tierra como dagas prestas a cortar cabezas. La distancia del rescate, que Samantha Schweblin pensó para otro relato, no está en manos del dueño del archivo —hasta el siglo XX, el receptor de la carta— o el bibliotecario municipal. Hoy, los verdaderos dueños de la nube son los servicios de Inteligencia estatales o paraestatales, Google, Facebook, Elon Musk, las grandes corporaciones, un data entry traidor o, cada vez menos, los hackers quince-veinteañeros que operan desde un garage en algún pueblito de Córdoba, Sicilia o el Kurdistán.

Bienvenidos a la era de las filtraciones: cambió el periodismo.

Los últimos quince años se vieron sacudidos por leaks globales que dieron cuenta de lógicas y tramas del poder. El submundo de dinero negro y realpolitik que marcha a contramano de las cumbres del G20 quedó expuesto, por ejemplo, en los 251.287 documentos del Departamento de Estado dados a conocer por WikiLeaks (2010) o los Panamá Papers sobre la caja B de los millonarios (2016).

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad

Esas megafiltraciones conmovieron al mundo, pero hay otras, más caseras, que suelen alterar la vida de los países incluso con mayor intensidad. Por ejemplo, el periodista Luis Majul narró que el 23 de febrero de 2017, mientras corría por los bosques de Palermo, se le acercó una persona y le entregó audios de aparentes conversaciones privadas entre Cristina Fernández de Kirchner y el senador Oscar Parrilli. Este fin de semana, Tiempo Argentino, El Cohete a la Luna y Perfil publicaron el supuesto intercambio en Telegram entre el ministro de Seguridad de CABA, cuatro jueces, dos directivos de Clarín, dos exagentes de Inteligencia y un fiscal para fraguar pruebas y apretar gente con el fin de desmentir una invitación del grupo periodístico a una estancia en la Patagonia propiedad de Joe Lewis, magnate amigo de Mauricio Macri. El chat habría sido creado el 17 de octubre, día en que Página 12 informó sobre la excursión.

Las filtraciones de WikiLeaks, Panama Papers, los audios de Majul, la lista de blanqueadores que publicó Horacio Verbitsky y el Telegram de Lago Escondido tienen distintos alcance, naturaleza y contenido, pero todos nacieron de alguna ilegalidad. La soldada Chelsea Manning hizo más por la integridad moral de Estados Unidos que todos sus últimos presidentes, pero no dejó de vulnerar una norma cuando rompió la confidencialidad que suponía su puesto y entregó los documentos del Departamento de Estado a la organización WikiLeaks.

No espiarás

Las nuevas prácticas que enfrenta el periodismo disparan varias preguntas. La central: ¿Qué debe hacer un medio de comunicación cuando recibe una filtración producto de un delito que cometió un tercero, sea la violación de la intimidad o la confidencialidad de un documento?

En primer lugar, no participar del delito. Grabar con cámara oculta un testimonio privado, comprar contenido producto del espionaje, incorporar al equipo periodístico a un agente de la SIDE y participar de una extorsión con información privada en tándem con un fiscal o un juez no sólo son faltas éticas, sino que vulneran la ley. Parece obvio, pero el periodismo argentino, sobre todo el más premiado por sellos que dicen defender la libertad de expresión, ofrece un reguero de ejemplos recientes sobre esas prácticas.

Segundo, corroborar que la filtración sea tal y no un mero artificio. Cuando Clarín informó en marzo de 2015 que Máximo Kirchner y Nilda Garré compartían una sociedad radicada en Bélice que tenía depositados US$ 41 millones, la nota en cuestión contenía códigos, nombres y fechas. Todo falso. Similar fue el derrotero cuando el kirchnerismo agitó en octubre de 2005 la denuncia de cuentas en el exterior del entonces candidato a diputado del ARI Enrique Olivera. Y lo mismo ocurrió diez años después, días antes de la elección presidencial de 2015, cuando Laura Alonso y Patricia Bullrich dijeron haber recibido un listado de políticos, jueces y periodistas que eran espiados por el Gobierno de Cristina desde una central ubicada en San Cristóbal, con amplia repercusión en Infobae y Clarín. Un listado con nombres impactantes que, después de la victoria presidencial de Macri, quedó en la nada.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat de Lago Escondido y éste ratificó la existencia de las conversaciones al declararse víctima de un hackeo.

Separados los tantos, si hay legítimo interés público, hay noticia.

Ciertas obligaciones corresponden al Estado, como el secreto fiscal, pero ningún periodista está obligado a dejar de develar la identidad de un coimero o de un evasor que blanqueó decenas de millones de dólares. El público tiene derecho a ser informado sobre la doble faz de los poderosos que se amparan en artilugios legales o se valen de su capacidad de influencia.

La confirmación de un indicio forma parte de la tarea periodística más básica, como hizo Perfil el fin de semana cuando consultó al entorno de D’Alessandro sobre el chat y éste ratificó la existencia de las conversaciones y repudió el hackeo

Lo mismo cabe para cualquier delito, real o tentativo, que quede expuesto en un diálogo de Telegram, como la intención de fraguar facturas para eludir una acusación por dádivas, “limpiar a un mapuche” o prenunciar la detención ilegal de un funcionario al que consideran molesto, como habrían discutido, sin que nadie presentara la más mínima objeción, el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, los hombres de Clarín Jorge Rendo y Pablo Casey, el fiscal general de CABA, Juan Mahiques, y los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials, Pablo Yadarola y Carlos Mahiques, entre otros imprudentes del Lago Escondido.  

El runner de Palermo

El derecho del ciudadano a acceder a la información no se sobrepone al derecho a la privacidad. Aquí entra a jugar la edición periodística.

El intercambio del grupo “Operación de Página 12” que creo Casey, sobrino de Héctor Magnetto y organizador de la excursión, quedó transcripto en un link abierto en internet. Allí aparecen presuntos delitos como los mencionados, pero también datos privados y opiniones sobre terceros descerrajadas por los integrantes del chat. Hay insultos y expresiones en su literalidad racistas, homofóbicas y machistas que cobran un sentido distinto si son proferidas en público que si forman parte de un diálogo cerrado entre compinches. Nadie habla con los mismos términos en la cocina de su casa, la cancha, la oficina o la Sala de Conciertos de Estocolmo en la ceremonia del Nobel. En las formas del decir, el contexto es un montón. Aunque el morbo sea grande, la divulgación de opiniones reservadas meramente valorativas equivale a traicionar el derecho a la privacidad.

Esta variante lleva a las conversaciones entre la vicepresidenta y Parrilli que le acercaron a Majul en 2017. El trato (“soy Cristina, pelotudo”) que se dispensan personas que se tienen máxima confianza, como los hoy senadores, forma parte de su acuerdo mutuo. Lo único que probó la filtración es que Cristina es malhablada en la intimidad. Transcribir las opiniones y elucubraciones entre la jefa de la oposición con su principal ladero no es ni más ni menos que espionaje político, y alguien podría pensar que un Gobierno presidido por Macri, con maestrías y doctorados en inteligencia ilegal sobre propios y ajenos, pudo haber estado vinculado al runner que alcanzó a Majul en Palermo.

No recortarás

No corresponde publicar filtraciones truchas, ni opiniones meramente valorativas, ni información privada, ni recortar el contenido para beneficiar a los propios y perjudicar a terceros.

WikiLeaks, Swiss Leaks y Panama Papers fueron muestras de cómo La Nación, el medio argentino que encabezó las filtraciones, recortó el contenido más de la cuenta, incluso pese a la intención de los periodistas que trabajaron arduamente en dilucidar los datos. Luego, otros medios incurrieron en prácticas similares en sentido contrario, y muy pocos se animaron a tocar el tabú de los empresarios periodísticos, en un acuerdo transversal. Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee.

En el supuesto diálogo del grupo de Telegram creado el 17 de octubre, D’Alessandro, los Mahiques, Rendo y compañía hacen alarde de su influencia para acallar medios. Se los percibe muy conscientes de cómo aplanar la polémica generada por el viaje pagado por Clarín. Rendo y Casey se ocupan del contenido editorial de su diario y sugieren estrategias para condicionar a La Nación. D’Alessandro, integrante de un Gobierno anclado como ninguno en la pauta publicitaria, mapea medios y periodistas. Julián Leunda, jefe de asesores de Alberto Fernández, es citado llamando a varios de los contertulios con el compromiso de mantener a raya al Grupo Indalo. Todos parecen preocupados por Infobae. A los periodistas de El Destape y de Octubre (Página 12, AM 750) los tratan con furia y desprecio. Con el paso de las horas y de los días, los falsos excursionistas de pesca con mosca parecen celebrar el éxito de que el tema no trascendiera mucho más allá de la nota original de Página 12.

Si la filtración queda atrapada en uno o un grupo de medios, como solía decir Majul, conviene leer todo lo posible y desconfiar de todo lo que se lee

Día y medio después de la publicación del supuesto chat de Lago Escondido, el ministro D’Alessandro reaccionó a la filtración y arremetió en Twitter contra la “mafia kirchnerista”, denunció espionaje y concluyó: “Nadie les cree”. Lo respaldó todo el gabinete de Horacio Rodríguez Larreta, al unísono. Patricia Bullrich se tomó su tiempo y emitió un tuit con indignación medida. Margarita Stolbizer se distanció y demandó otras prácticas de los políticos en general. El resto de Juntos por el Cambio, incluido Macri, se mantuvo en silencio, aunque la experiencia indica que esa coalición no se quiebra, ni se dobla, ni se inmuta cuando es atravesada por relaciones indebidas con espías, jueces y periodistas.

Horas después, en la antesala de la sentencia contra Cristina en la Causa Vialidad, Alberto Fernández mencionó la excursión como supuesta prueba del lawfare y anunció una denuncia penal para dilucidar la financiación.

Hasta que habló el Presidente, los tres portales más difundidos eligieron no informar sobre el tema. Como si la coordinación subterránea que trasunta el diálogo en Telegram fuera cierta. 

SL

SL

En un mensaje sorpresivo y en cadena nacional, el presidente Alberto Fernandez habló este lunes por cadena nacional para anunciar que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Para Fernández se trata de “promiscuidad antirrepublicana” que puede recibir una sanción penal por los delitos de “percepción de dádivas” e “incumplimiento de deberes de funcionario público”.

El Presidente habló poco después de que se filtraran chats entre los que abordaron el avión privado que los trasladó hasta aquel paraje paradisíaco de la Patagonia. Pero también lo hizo horas antes de que se conozca la sentencia en la Causa Vialidad en la que su vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, está acusada de liderar una asociación ilícita destinada al manejo irregular de la obra pública a lo largo de los doce años de gestión kirchnerista. Por ese delito, la fiscalía pidió que se la condene a 12 años de prisión más inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.

“Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes”, dijo el Presidente por cadena nacional. Se refería el viaje que jueces y fiscales habrían realizado a Lago Escondido, en la Patagonia, junto a empresarios del Grupo Clarín.

Fernández anticipó que pidió a su ministro de Justicia que solicite ante el Ministerio Público Fiscal que se investigue el supuesto viaje, mientras que a los legisladores porteños del Frente de Todos les pidió que  evalúen “la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados”. Concretamente, se refirió a Marcelo D’Alessando, ministro de Seguridad de Horacio Rodríguez Larreta; y Juan Bautista Mahiques, jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires.

“Es una operación que empezó el viernes y ayer tomó volumen. De forma falsa e ilegal se realizó un posteo de un supuesto grupo, cosas editadas y armadas, algo muy peligroso que daña a las instituciones, con el fin de dejar entrever que hay una relación para generar el lawfare y afectar a la que denominan la jefa”, se defendió esta mañana D’Alessando al hablar por radio Mitre.

El viaje a Lago Escondido fue consignado por elDiarioAR el pasado 26 de octubre. Ayer,  Tiempo Argentino , el portal El Cohete a la Luna y Perfil, difundieron chats donde los participantes habrían coordinado a través de la aplicación Telegram difundir una versión falsa para justificar su viaje. Según trascendió, el acceso a los mensajes fue por medio del hackeo del celular de uno de los participantes.

Los mensajes que se conocieron fueron de Julián Ercolini (titular del Juzgado federal 10); Pablo Yadarola (Penal Económico 2); Pablo Cayssials (Contencioso Administrativo 9); Carlos Mahiques (Sala II de Casación Penal); el ministro de Seguridad y Justicia porteño, Marcelo D'Alessandro -propietario de la línea-; el procurador de CABA, Juan Batista Mahiques, y el exjefe de Legales de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Leonardo Bergroth.

Otros dos involucrados en la filtración son el director de Asuntos Legales e Institucionales del Grupo Clarín, Pablo Casey, y el CEO del multimedios, Jorge Rendo, quienes -según se desprende de mensajes de voz difundidos- habrían organizado y solventado el costo del vuelo privado y la estadía posterior en Lago Escondido.

Ercolini fue quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

“Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan”, dijo el Presidente quien adelantó que pedirá en el Consejo de la Magistratura un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales que participaron del viaje.

En otro tramo de su mensaje, el Presidente dio por descontado que la filtración obedece a un hackeo y explicó que recurrió a un mensaje por cadena nacional ya que “es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido”.

“Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia”, sintetizó el Presidente.

Mensaje del presidente Alberto Fernández

Desde el inicio de mi gestión he advertido sobre la existencia de sótanos que la Argentina fue sosteniendo a lo largo de los años. Me comprometí a eliminarlos para garantizar una democracia más plena, profunda y auténtica.

Pusimos fin a los operadores y mesas judiciales. Los servicios de inteligencia dejaron de deambular por pasillos de los tribunales. Las escuchas de opositores al poder de turno del Estado desaparecieron por completo. Los órganos de fiscalización y recaudación estatales no volvieron a usarse en perjuicio de eventuales críticos al gobierno.

Todo ese esfuerzo se vuelve vano cuando los factores de poder influyen negativamente sobre las estructuras del Estado. Argentina necesita de una vez y para siempre de funcionarios honestos, jueces probos y empresarios que obtengan sus ganancias sin corromper a otros.

Algunos días atrás, un diario de alcance nacional dio a conocer detalles de un viaje que habría realizado un grupo de jueces, fiscales, ex funcionarios públicos y ex agentes de la Agencia Federal de Inteligencia, en un avión privado, hasta Lago Escondido. Allí, habrían pasado un fin de semana alojados en la mansión perteneciente a Joe Lewis, un empresario británico poseedor de grandes extensiones de tierra en esa zona de nuestra Patagonia.

Parece evidente que el viaje existió. Y todo parece indicar que, sabiendo que el hecho se había convertido en noticia, quienes habrían participado del mismo se inquietaron ante el riesgo cierto de estar incursos en una serie de delitos tales como la percepción de dádivas y el incumplimiento de deberes de funcionario público. Contaban con una certeza: el principal grupo de medios de comunicación de Argentina garantizaría la no divulgación de los hechos. En apariencia, eran a la vez los convocantes al encuentro. Sabiendo eso, todos habrían comprometido sus mejores esfuerzos tratando de evitar que otros medios difundieran lo ocurrido.

Por vez primera queda expuesto ante nosotros, con enorme contundencia, el modo en que ciertas corporaciones operan sobre funcionarios, jueces y fiscales procurando de ellos favores que, en muchos casos, buscan ventajas indebidas, mientras que en otros simplemente propician la persecución de aquellos que los enfrentan.

Todo parece indicar que ha quedado al descubierto, una vez más, el deterioro de la calidad institucional en que han incurrido algunos jueces, fiscales, ex funcionarios y empresarios. Todos ellos involucrados en un perverso juego de cohechos que afecta gravemente el buen funcionamiento del Estado y, en particular, de la administración de justicia.

No dejo de advertir que lo que ha trascendido es, aparentemente, el resultado de la intromisión en una plataforma de comunicación. Pero eso no es obstáculo para indagar cuál ha sido el propósito de ese viaje, quiénes participaron del mismo y quien financió el traslado y hospedaje de los viajantes. Ese hecho se habría verificado con antelación al momento en el que los integrantes del grupo “Operación Página 12” se inquietaran por la difusión de la noticia y dialogaran en ese sitio digital buscando quedar impunes.

He decidido dar este mensaje desde la Casa Rosada, porque es evidente que gran parte del sistema de medios privados ha decidido no dar cuenta de lo ocurrido en ese singular viaje a Lago Escondido.

Espero que todos tomemos conciencia de la gravedad de los hechos. Lastima la democracia ver la promiscuidad antirepublicana con la que se mueven algunos empresarios, algunos jueces, algunos fiscales y algunos funcionarios. Hasta aquí se han sentido impunes. Es hora que empiecen a rendir cuenta por sus conductas.

Convencido de que debemos decir “Nunca Más” a las prácticas que dañan la institucionalidad de la República, he resuelto:

1) Instruir al Ministro de Justicia a presentarse ante el Ministerio Público Fiscal, a fin de solicitar se investiguen penalmente los hechos relacionados al viaje en cuestión, en especial, lo relacionado a su financiamiento.

2) Instruir al representante del PEN ante el Consejo de la Magistratura para que solicite la apertura de un sumario ante la Comisión de Disciplina para investigar la conducta de los magistrados federales. 

3) Solicitar al Bloque de Legisladores del Frente de Todos de la Ciudad de Buenos Aires que evalúe la conducta de los funcionarios de ese distrito involucrados y, de corresponder, presentar el Juicio Político a los funcionarios de la Ciudad involucrados.

4) Una vez más, solicitar al Congreso de la Nación que  avance con el tratamiento de los proyectos de reformas del Poder Judicial pendientes y la necesaria cobertura del cargo de Procurador General de la Nación

Muchas gracias.