Finalmente, Cristina Fernández fue condenada en el juicio conocido como “Vialidad”. Como se esperaba, la sentencia judicial se recibió de manera diferente en los “ismos” que dividen a nuestra vida pública. Ambos confirmaron sus prejuicios. La representación de un sector se inscribe en una reivindicación frente a la corrupción. Mientras que desde el otro lado se confirma la percepción de una persecución política. La primera impresión es obvia, la sentencia de los jueces es objeto de dos miradas irreconciliables.

Por esas cosas que tiene la ley de enjuiciamiento criminal, no conocemos las razones en base a la que los jueces justificaron teóricamente la condena por defraudación y tampoco los motivos sobre los que descartaron la acusación de asociación ilícita. Esto quiere decir que se carecen de elementos para comprender y eventualmente criticar la expresión del sistema judicial. Sin embargo, a ambos lados de la grieta, hubo expresiones contundentes. Ello es un síntoma del modo en que funciona la vida pública. Básicamente atravesada por una avidez de novedades. Se esperan con ansiedad novedades capaces de habilitar la presencia en los medios de comunicación masiva y en las redes sociales para “decir algo”.

Esa avidez de novedades para “decir algo” en el espacio público no es neutral. En efecto, es una premisa obvia que nuestra institucionalidad es muy frágil y que quienes las ponen en movimiento permanecen envueltos en una sospecha generalizada. A veces justificada, a veces no, pero sospecha al fin. Lo que ocurrió el 6 de diciembre no es un hecho menor, porque el sistema judicial cerró la primera etapa de un longevo proceso con la sentencia que condena a la actual vicepresidenta de la nación. La gravedad del tema es indiscutible y el desafío del aparato judicial es muy alto, porque el 9 de marzo próximo debe comunicar a los ciudadanos por qué llegó a esa conclusión, tal como lo exige el artículo 1 de la Constitución Nacional, que consagra la forma republicana de gobierno.

En medio de esa adversidad institucional, los jueces deberán justificar su resolución para dos destinatarios. Por un lado, a las partes del juicio. Por el otro, a todos los ciudadanos. Deberán explicar en un lenguaje simple, pero teóricamente sólido, por qué hubo condenas, por qué hubo absoluciones, por qué hubo diferencias en las escalas penales que aplicaron y cómo funcionará el decomiso de bienes porque, en nuestro sistema judicial, el artículo 29 del Código Penal pone en cabeza de los jueces el deber de evitar que el delito rinda beneficios. 

Pero también los magistrados seguramente disiparán algunas dudas que envuelven al tribunal en particular y al sistema judicial en general. Me refiero al episodio del equipo de fútbol Liverpool, al incidente del mate, etc. Es que parte de la legitimidad de la sentencia se juega en la legitimidad del tribunal. Por ello es importante que los ciudadanos podamos conocer en una sentencia todo lo que ocurrió en el juicio. Es vital tener condensado en un solo texto el devenir completo de un juicio que seguramente quedará en los registros como uno de los más importantes de nuestra historia política.

Una sentencia judicial de estas características, para ser aceptada debe ser comprensible. Porque la comprensión de un texto es lo que permite su discusión seria. En particular, porque los jueces estarán enviando un poderoso mensaje a la sociedad en general y especialmente a las élites políticas y económicas. De acuerdo con el resumen que el propio tribunal difundió, se van a adentrar en un aspecto muy sensible de los actos de gobierno. Me refiero a la cuestión de la administración del dinero común. Esto es, cómo se debe administrar el dinero de todos los ciudadanos. 

En un país con los problemas que sobre ese punto existen desde hace mucho tiempo, es importantísimo que los magistrados expliquen con claridad qué se puede hacer, qué no se puede hacer y cuál es la forma de hacerlo. También deberán explicar cómo los condenados tienen que devolver el dinero y responder con su patrimonio por el daño causado al tesoro público. En otras palabras, los jueces tienen la posibilidad y el deber de elaborar un texto que explique a la gente de a pie por qué los funcionarios tienen que hacerse cargo de sus actos y en qué consiste ese hacerse cargo.

Decía que en ese marco la avidez de novedades no contribuye al fortalecimiento de las instituciones de la democracia. La participación en la vida pública es conflictiva porque supone los encontronazos entre diferentes visiones del mundo. En el mercado de las opiniones hay tensiones y pujas. La discusión para definir el significado del derecho integra el elenco de tensiones, aunque es una labor del sistema judicial saldar el debate. Me preocupa que desde ayer se inició un debate muy fuerte acerca del significado del delito por el que se condenó a Cristina Fernández de Kirchner y sobre el desarrollo de ese juicio. Y me preocupa porque no se conocen las razones de los jueces. Se trata de críticas que responden a la avidez de novedades. Pero además de ello, decía que esas perspectivas no son neutrales porque hieren aún más la alicaída legitimidad de las instituciones. Coqueteando con Max Weber, se puede concluir que nuestras élites se comportan de acuerdo con la ética de la convicción, pero muchas veces dejando a un lado la responsabilidad por sus acciones. Weber recomendada a quien consagra su vida a la política balancear sus convicciones más íntimas con los efectos de sus acciones, porque el buen político combina sus convicciones con la responsabilidad derivada de sus actos. 

Para un ecosistema institucional tan frágil como el nuestro, en el que las mediaciones instituidas por la república democrática tienen muchos problemas para satisfacer las demandas ciudadanas, no creo que sea saludable un comportamiento de la dirigencia que, con sus acciones -porque los discursos son una forma de acción social-, adelante un debate que necesariamente debe darse, pero que sobre bases sólidas solo puede empezar después del 9 de marzo de 2023.

Doce años de prisión y la acusación de ser la jefa de una asociación ilícita. A las 17:30, los jueces que integran el Tribunal Oral Federal número 2 dirán cuanto de cierto hay en la causa que investiga la presunta corrupción en la obra pública de Santa Cruz y que tiene como principal acusada a Cristina Fernández de Kirchner. La vicepresidenta hablará después del veredicto, indicaron fuentes del kirchnerismo.

Sin grandes movilizaciones, el propio kirchnerismo decidió frenarlas, y con un importante operativo de seguridad en los principales puntos de la Ciudad -el centro porteño, el Congreso y los tribunales de Comodo Py-, la vicepresidenta escuchará en su despacho del Senado la sentencia de los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso en la llamada “Causa Vialidad”. Luego, según informó la agencia Télam, la vicepresidenta se expresará por sus redes sociales.

Se trata del juicio con mayor impacto político en la historia reciente del país -es el primero contra una vicepresidenta en ejercicio y líder política de los últimos 12 años-.

El caso tiene tal magnitud que los jueces se reunieron este viernes por la mañana en los tribunales de Comodoro Py 2002 con la misma costumbre que vienen practicando desde hace semanas: sin teléfonos celulares, sin empleados testigos, sin filtraciones. Se estima que será una sentencia unánime.

La semana pasada, cuando pudo decir “sus últimas palabras” antes del veredicto, Cristina Fernández dejó en claro lo que pensaba del juicio, que estaba delante de un “pelotón de fusilamiento”.

Aunque no está relacionado con el fallo que se conocerá hoy, el mensaje en cadena nacional que el presidente Alberto Fernández dio este lunes es una muestra de como se vive dentro del oficialismo la decisión del TOF 2. El Presidente anunció que pedirá que se investigue a los jueces, fiscales, funcionarios y empresarios que realizaron un viaje a la estancia de Joe Lewis en Lago Escondido, en la provincia de Río Negro. Uno de los implicados es Julián Ercolini, titular del Juzgado federal 10, quien tuvo a su cargo la instrucción de la causa vialidad.

La lectura del fallo será virtual y la vicepresidenta, como el resto de los acusados, tendrá la obligación de mantener su cámara encendida al momento de escuchar la sentencia.

Mas de cien testigos pasaron a lo largo de un juicio que lleva más de tres años y medio y abarca a 13 imputados, incluyendo al empresario Lázaro Báez, amigo de Néstor Kirchner y principal beneficiado de la concesión de la obra pública en Santa Cruz en los doce años de gobierno del matrimonio Kirchner.

Sin embargo, la columna vertebral de la causa ha sido la prueba documental más que los testimonios. El punto en duda es si la fiscalía logró probar a lo largo del debate la participación de la entonces presidenta en la maniobra de direccionamiento de fondos y obras para favorecer a Báez, y hasta que punto corresponde la imputación de asociación ilícita, una figura criticada por juristas y políticos de distintos sectores que ven a este tipo de acusaciones como amplias y tendientes a la persecución política.

Además de la asociación ilícita, la vicepresidenta está acusada por defraudación, que tiene una pena de hasta seis años de prisión.

Aún cuando el Tribunal contemplara ambos delitos y con la pena máxima, Cristina Fernández no irá presa ya que por el cargo que ocupa tiene fueros. Es decir que antes deberá someterse a un juicio político en el que sea destituida. Además, luego de la entrada en vigencia parcial de seis artículos del nuevo Código Procesal Penal -concretada por el kirchnerismo en 2021-, se requiere una condena firme para ordenar la prisión efectiva de un condenado, es decir, una vez agotadas todas las instancias judiciales de revisión, lo que incluirá puntualmente a la Corte Suprema. Por último, el próximo 19 de febrero, la vicepresidenta cumplirá 70 años, por lo que en caso de ser condenada deberá cumplir prisión domiciliaria.

El fiscal Diego Luciani es quien llevó adelante la acusación. Lleva trabajando en el TOF 2 como fiscal desde hace siete años. En su alegato final, Luciani solicitó una pena de doce años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos contra Fernández de Kirchner por considerarla la jefa de una asociación ilícita para defraudar a la Administración pública orquestando el direccionamiento de 51 licitaciones viales en la provincia de Santa Cruz hacia las empresas de Báez.

“La persona que se revela como jefa de la asociación ilícita es Cristina Fernández, quien se desempeñó como presidenta de la Nación”, dijo el 19 de agosto Luciani en su alegato final que duró nueve jornadas. “La corrupción fue la regla -subrayó en otro tramo-. El estado de derecho quedó rezagado. Este desequilibrio debe restaurarse en este juicio una sentencia justa”.

También pidió decomisos por casi US$1.000 millones. El cálculo se basa en el presunto perjuicio provocado al Estado nacional por parte de los imputados. 

El 23 de agosto, Cristina Fernández pudo hacer su descargo en el que aseguró que la sentencia “está escrita” y que “esto no es un juicio a Cristina Kirchner, es un juicio al peronismo”. Un mes más tarde, la vicepresidenta lo denunció por prevaricato, un delito que implica sanciones contra quien “dictare resoluciones contrarias a la ley expresa invocada por las partes o por el mismo o citare, para fundarlas, hechos o resoluciones falsas”.

“Me siento en estado de indefensión con este país y con este poder judicial”, dijo entonces Cristina, vinculando el atentado que sufrió el 1 de septiembre con el avance del juicio.

Junto al fiscal Sergio Mola, Luciani también pidió penas de entre dos y doce años para los otros doce imputados: doce años para Báez; diez para el ex ministro de Planificación, Julio De Vido; el ex secretario de Obras Públicas, José López; y el ex director de Vialidad Nacional, Néstor Periotti, los cuatro como autores del delito de asociación ilícita agravada por haber sido “organizadores” de la maniobra y por administración fraudulenta agravada.

Además, los fiscales solicitaron cuatro años de prisión para el ex subsecretario de Obra Pública, Abel Claudio Fatala, inhabilitación especial perpetua y decomisos, y penas para los ex jefes del distrito Santa Cruz de la Dirección Nacional de Vialidad, Raúl Osvaldo Daruich (cinco años) y Mauricio Collareda (seis años), inhabilitación especial y decomisos de bienes.

También solicitaron castigos para los cuatro ex directores generales de la Administración General de Vialidad Provincial (AGDP) de Santa Cruz: Juan Carlos Villafañe (seis años), Raúl Gilberto Pavesi (cinco años), José Raúl Santibáñez (cuatro años) y Héctor René Jesús Garro. Para el ex secretario de Coordinación de Obra Pública Federal, Carlos Santiago Kirchner -primo del expresidente Néstor Kirchner-, solicitaron dos años de prisión en suspenso por el delito de incumplimiento de sus deberes. 

La sentencia

Los jueces del Tribunal leerán la sentencia de manera presencial en los tribunales de Comodoro Py, más allá de que los acusados seguirá la última instancia del juicio en forma virtual.

La jornada de hoy comenzó pasadas las 9:30 con las últimas palabras de Carlos Villafañe, ex intendente de Río Gallegos y presidente de Vialidad de Santa Cruz. Era el único de los imputados que quedaba por hablar antes del veredicto que se conocerá recién a las 17:30.

A persar de que el kirchnerismo decidió no movilizarse, grupos de personas comenzaron a acercarse a los tribunales desde temprano y para la tarde se espera la llegada de la Federación de Tierra y Vivienda (FTV) de Luis D'Elía, que marcha desde Rivadavia y General Paz, en Liniers.

Quienes sí se expresaron por las redes fueron el ex presidente de Bolivia, Evo Morales, Andrés “El Cuervo” Larroque, Ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, y el abogado de Cristina, Gregorio Dalbón, quien en su cuenta de Twitter escribió: “Jamás podrán condenar sus ideas ni su proyecto político. Recuerden lo que dijo, 'No vienen por mí, vienen por ustedes'”. En la misma red, Evo Morales señaló: “Después de sobrevivir a un atentado contra su vida, enfrenta un juicio político armado por la derecha con la complicidad de algunos operadores corruptos de la justicia”.

CC