El Parlamento Europeo acordó este miércoles llevar el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur a la Justicia europea para que se pronuncie sobre su legalidad, una decisión que paraliza la aplicación del pacto, pese a la firma que se celebró el pasado sábado en Paraguay.

Veinticinco años después de que se iniciasen las negociaciones, el camino del acuerdo parecía despejarse desde que los Veintisiete autorizasen a la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a viajar a Asunción para estampar su firma, pero las reticencias de la Eurocámara -en una decisión ajustada por tan solo diez votos de diferencia- complican de nuevo la aplicación del pacto.

¿Se puede empezar a aplicar el acuerdo? 

El Parlamento Europeo no puede ratificar el pacto hasta que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la UE, pero legalmente, la Comisión Europea no tiene la obligación de esperar a la Eurocámara y podría empezar a aplicarlo de forma provisional, una vez se firmó en Paraguay.

El único requisito para su implementación es que alguno de los países de Mercosur lo ratifique, lo que todavía no ha ocurrido. En cuanto Brasil, Argentina, Uruguay o Paraguay lo hagan, el acuerdo se podría empezar a desplegar entre la UE y los países latinoamericanos que lo hayan certificado.

Sin embargo, dadas las divergencias políticas que el acuerdo genera entre los países de la UE, la Comisión prefiere esperar y saber si cuenta con el visto bueno de los líderes europeos para implementar el pacto tras el rechazo del Parlamento Europeo.

Bruselas espera que los Jefes de Estado y de Gobierno debatan mañana la cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en la capital comunitaria, convocada inicialmente para abordar las relaciones con Estados Unidos tras el conflicto de Groenlandia.

¿Por qué acude el Parlamento Europeo a la Justicia?

Se trata de una decisión política que ha contado con el apoyo de los Verdes, la Izquierda Europea y los grupos de extrema derecha, además de algunos eurodiputados del Partido Popular Europeo (principalmente los polacos) y de los representantes franceses de todos los grupos. Todos ellos cuestionan la legalidad del acuerdo.

En concreto, el mecanismo de reequilibrio, que permite a la UE o a los países de Mercosur reclamar compensaciones a la otra parte si cree que alguna de las leyes que aprueben en el futuro es contraria a lo pactado en el acuerdo. Los eurodiputados temen que esta cláusula limite la soberanía europea

También cuestionan la base legal, que permite que la parte comercial del acuerdo se ratifique sin el consentimiento de los parlamentos de los países de la UE.

 Bruselas rechaza los argumentos

La Comisión asegura que el mecanismo de reequilibrio no restringe la capacidad regulatoria de la UE, porque ningún tribunal de arbitraje puede obligar a alguna de las partes a modificar sus leyes.

Bruselas asegura que el tribunal de arbitraje que han pactado la UE y Mercosur se basa en los previstos en la Organización Mundial de Comercio y recuerda que también está contemplado en el acuerdo que la Comisión ha firmado con Chile, en vigor desde el 1 de febrero de 2025.

Aún así “la Comisión se pondrá en contacto con los eurodiputados y el Consejo de la UE antes de decidir sobre los siguientes pasos”, dijo el portavoz de Comercio, Olof Gill.

El TJUE puede tardar en pronunciarse entre 18 y 24 meses.

EFE

El Parlamento Europeo decidió este miércoles paralizar la ratificación del acuerdo que Bruselas y Washington firmaron en verano en materia comercial, por las amenazas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra ocho países europeos en su intento por adquirir Groenlandia.

“Ante las continuas y crecientes amenazas, incluidas las amenazas arancelarias, contra Groenlandia y Dinamarca y sus aliados europeos, no nos ha quedado otra alternativa que suspender el trabajo sobre las dos propuestas legislativas de Turnberry (Escocia) hasta que Estados Unidos decida retomar un camino de cooperación en lugar de confrontación”, dijo el jefe de la comisión de Comercio del Parlamento Europeo, Bernd Lange.

Trump ha amenazado a Dinamarca, Francia, Alemania, Países Bajos, Suecia, Finlandia, Noruega y Reino Unido con aranceles del 10 % a partir del 1 de febrero si se oponen a su adquisición de Groenlandia, que ascenderían al 25 % en junio.

“Es un ataque contra los intereses económicos y la soberanía territorial de la UE”, aseguró Lange en una rueda de prensa.

En el acuerdo que firmaron Trump y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, la Bruselas aceptó aranceles del 15 % para la gran mayoría de los productos europeos -entre ellos los automóviles y los semiconductores - y que Estados Unidos venidera sus bienes industriales a la UE libres de impuestos.

Desde entonces, las exportaciones europeas se enfrentan a un arancel del 15 % en Estados Unidos, pero la UE no ha empezado a implementar su parte del acuerdo, hasta que lo ratificara la Eurocámara, algo que ahora ha quedado pospuesto sine die.

Lange dijo que la comisión de Comercio del Parlamento Europeo pedirá el lunes formalmente a la Comisión Europea que active el mecanismo anticoerción contra Estados Unidos, ante las amenazas de Trump.

Precisamente está previsto que los líderes europeos discutan mañana esta cuestión en la cumbre extraordinaria que celebrarán en Bruselas para abordar hasta qué punto deben reconducir sus relaciones con el que hasta ahora era su principal aliado.

Los jefes de Estado y de Gobierno también debatirán mañana si aplicar represalias arancelarias contra Estados Unidos por valor de 93.000 millones de euros, una posibilidad que la UE pudo haber aplicado el año pasado pero que decidió suspender para no entorpecer las negociaciones entre Bruselas y Washington que culminaron en el acuerdo de verano.

EFE

El Parlamento Europeo remitió este miércoles el acuerdo comercial entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) para que la corte comunitaria revise si es compatible con los tratados de la UE, lo cual de manera efectiva paraliza su tramitación hasta que los jueces dictaminen.

Por 334 votos a favor, 324 en contra y once abstenciones, el Parlamento Europeo dio luz verde a una moción que cuestiona si el acuerdo con el Mercosur, recién firmado este fin de semana tras más de un cuarto de siglo de negociaciones, respeta los tratados de la Unión Europea.

Sobre la mesa está la validez legal del mecanismo de reequilibrio que incluye el pacto, que varios diputados temen que pueda afectar a la autonomía regulatoria de la UE, y también la base legal elegida para su aprobación, que permite que los capítulos del acuerdo centrados en comercio puedan ratificarse sin el consentimiento de los parlamentos nacionales.

Según el TJUE, este tipo de opiniones tardan de media entre 18 y 24 meses en ser pronunciadas, si bien la corte “tiene el control total” sobre los procedimientos y “puede, cuando las circunstancias lo requieran, dar prioridad a una solicitud de opinión en la práctica”.

Diferentes voces dentro del Parlamento Europeo habían avisado en la víspera de que se trataría de un voto muy ajustado y habían advertido en contra de retrasar la ratificación del acuerdo con el envío de su texto al TJUE, especialmente ante las amenazas arancelarias de Donald Trump por el envío de tropas a Groenlandia por parte de ocho países europeos.

Bruselas lamenta que la Eurocámara lleve el acuerdo con el Mercosur a la Justicia

La Comisión Europea lamentó este miércoles que el Parlamento Europeo haya decidido remitir el acuerdo comercial firmado entre la Unión Europea y el Mercosur al Tribunal de Justicia de la UE por considerar que las cuestiones que plantean los eurodiputados ya han recibido respuesta.

“Según nuestro análisis, las cuestiones planteadas por el Parlamento Europeo en esta moción no están justificadas porque la Comisión Europea ya las ha abordado de manera muy profunda con el Parlamento”, dijo el portavoz del Ejecutivo comunitario Olof Gill preguntado por la decisión.

Añadió que, además, no se trata de nuevas cuestiones, puesto que estas ya han sido abordadas en tratados comerciales en el pasado, en particular en el acuerdo con Chile. 

Preguntado sobre si el Ejecutivo comunitario contempla aplicar provisionalmente el acuerdo antes de que se pronuncie el TJUE, explicó que la Comisión seguirá centrada en mantener el diálogo con los eurodiputados para explicarles por qué “pueden apoyar este acuerdo con confianza” y la “vital importancia” del mismo para la UE, tanto en términos económicos como para su “fortaleza geopolítica en el mundo”.

El portavoz comunitario añadió que tras la decisión de la Eurocámara el tema lo discutirán probablemente los jefes de Estado y de Gobierno de la Unión Europea durante la cumbre extraordinaria que celebrarán mañana por la tarde, convocada en principio para abordar las relaciones con Estados Unidos. “Veremos cómo van esas discusiones”, concluyó.

EFE

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha anunciado la disolución de la Asamblea Nacional, el parlamento francés, y la convocatoria de elecciones legislativas tras conocer los sondeos de las elecciones a la cámara europea en Francia. Según los sondeos, la ultraderecha ha ganado las elecciones en el país galo con el 31,5% de los votos.

La “principal lección” de estas elecciones europeas es que “los partidos que defienden Europa, incluida la mayoría presidencial” no han registrado “buenos resultados”, ha argumentado Macron.

En segundo lugar se ha colocado Renacimiento, el partido del presidente francés, que en las primeras previsiones ha conseguido aguantar, con el 15%. Para los liberales se puede considerar un éxito no verse superados por la lista conjunta del Partido socialista y Plaza pública, encabezada por Raphäel Glucksmann, que ha obtenido el 14%. Mientras que la lista de izquierdas Francia Insumida ha quedado en cuarta posición, con el 8,7% de los votos. Los ecologistas, que en las elecciones de 2019 quedaron terceros, se han desplomado hasta la séptima posición (5,2%), superados por los republicanos (7,7%), el equivalente al PP en Francia, y la escisión ultra Reconquista (5,5%). 

El presidente francés ha afirmado que no podía “resignarse al ascenso de los nacionalistas y demagogos, ni hacer como si no hubiera pasado nada” ante el resultado récord de la extrema derecha. “Tras realizar las consultas previstas en el artículo 12 de nuestra Constitución, he decidido devolverles la elección de nuestro futuro parlamentario a través del voto”, ha subrayado. Las elecciones legislativas se celebrarán el 30 de junio para la primera vuelta y el 7 de julio para la segunda, añadió.

“El auge de los nacionalistas y de los demagogos es un peligro no solo para nuestra nación, sino también para nuestra Europa y para el lugar de Francia en Europa y en el mundo”, ha insistido macron. El presidente francés ha señalado que tiene “confianza en nuestra democracia, que el pueblo soberano se pronuncie. He escuchado su mensaje, sus preocupaciones, y no las dejaré sin respuesta”.

Le Pen: “Estamos listos para ejercer el poder”

Precisamente, la futura candidata a la presidencia de Francia por la ultraderecha, Marine Le Pen, se felicitó por la decisión de Macron de disolver el parlamento francés, “que se inscribe en la lógica de las instituciones de la V República”. “Al otorgar a la lista Agrupación Nacional más del 32%, el pueblo francés acaba de darnos la puntuación más alta de cualquier partido en 40 años”, declaró Marine Le Pen.

“El voto de los franceses es definitivo: el Presidente, respondiendo a la llamada de Jordan Bardella [el candidato de Agrupación Nacional], acaba de anunciar que el pueblo francés volverá a las urnas dentro de unas semanas”, resaltó Le Pen.

“Tras las elecciones legislativas de 2022, que designaron a Agrupación Nacional como principal opositor parlamentario, estas elecciones europeas confirman a nuestro movimiento como la principal fuerza de cambio en Francia”, apuntó Le Pen. “Estamos listos para ejercer el poder”, ha espetado la líder de la ultraderecha francesa tras pedir el voto de los franceses en las próximas elecciones legislativas.

El opositor partido ultranacionalista FPÖ ganó este domingo las elecciones europeas en Austria, con un 27 % de los votos, delante del gobernante partido democristiano ÖVP, con un 23,5 %, según la proyección de tendencias presentada por la televisión pública ORF.

El opositor partido socialdemócrata SPÖ se situó tercero, con un 23,0 %, de acuerdo a este sondeo y a la espera de los resultados finales, que se anunciarán a las 21:00 GMT.

Empatados en la cuarta posición están los gobernantes Los Verdes ecologistas y los opositores Neos liberales, con un 10,5 % cada uno.

Con estos datos, el FPÖ aumentaría su resultado de las europeas de 2019 en 10 puntos porcentuales, mientras que el ÖVP perdería un 11 puntos porcentuales y el SPÖ bajaría algo menos de un punto porcentual.

Por su parte, los colíderes del partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD), Tino Chrupalla y Alice Weidel, celebraron hoy como un “gran resultado” el segundo puesto que la fuerza habría conseguido en las elecciones europeas de este domingo, según dos sondeos a pie de urna.

“¡Somos la segunda fuerza (en todo el país) y la primera en el este”!, exclamó eufórica Weidel tras conceder los sondeos elaborados por Forschungsgruppe Wahlen e infratest dimap entre un 16,0 % y un 16,5 % a esta fuerza, por delante de los socialdemócratas del canciller, Olaf Scholz, y por detrás de los Cristianodemócratas.

Marea ultra en Francia

En el país galo, la lista de la ultraderecha Agrupación Nacional (RN) obtuvo el 32,4 % de los votos (31 escaños) en las elecciones europeas de este domingo, más del doble que el partido del presidente francés, Emmanuel Macron, que puede quedar segundo, con el 15,2 % (14 eurodiputados), según el sondeo Ifop a pie de urna.

Otro de las encuestas a pie de urna, la de Ipsos para France 2, dio porcentajes similares, con el 31,5 % para el RN, y el 15,2 % para los macronistas. El Partido Socialista (PS) puede pisar los talones al partido de Macron, con un 14 % de los votos y 13 europarlamentarios.

Si se confirma este resultado, el cabeza de lista del RN, Jordan Bardella, conseguiría los mejores resultados en Francia en unas europeas desde hace 40 años y pondría contra las cuerdas al Gobierno de Macron, pues la líder del RN, Marine Le Pen, pedirá previsiblemente la disolución de la Asamblea Nacional y nuevas elecciones.

DM con información de agencia EFE

Es casi seguro que las fuerzas de derecha se impongan sobre las llamadas progresistas. La duda es sobre los partidos radicales, del Conservadores y Reformistas Europeos de Giorgia Meloni en Italia al Reagrupación Nacional de Marine Le Pen en Francia, pasando por Vox en España o el Partido de la Libertad del holandés Geert Wilders, que acaba de lograr formar gobierno en Países Bajos; los considerados de “ultraderecha”.

Sobre la nueva Comisión recaerán asuntos urgentes como la guerra con Rusia en Ucrania, y otros menos urgentes pero de carácter estratégico como el cambio climático, el desarrollo de la I.A y el devenir económico del grupo ante la amenaza tecnológica de las superpotencias, Estados Unidos y China.

En España, la campaña volvió a centrarse en “la ultraderecha”, sobre todo desde que Milei pasó por Madrid, se abrazó al líder de Vox, Santiago Abascal, y dejó una muestra del nivel de caos que puede armar con solo un par de horas en la capital española. Para aprovecharlo, los gurúes comunicadores del PSOE, lanzaron una campaña con las palabras “zurdos” y “zurdas”, y el mensaje de “este domingo vota con la zurda por el PSOE”, en clara referencia a Milei y su uso habitual de la palabra zurdo como un adjetivo peyorativo.

No es la primera vez que se apela al fantasma de la ultraderecha en España. Podemos lo hizo en Madrid durante la última elección en que Pablo Iglesias puso el cuerpo en la campaña, y el resultado fue tan magro que ni siquiera entraron a la Asamblea local. El PSOE también lo usó, aunque con mejor suerte, en las elecciones generales. Los que lanzaron la campaña “zurdo” creen que todavía hay margen para poner al elector ante esa disyuntiva: “democracia” o “ultraderecha”. Quizás piensen que al plantearla a nivel europeo, tienen todavía alguna chance.

Sin embargo, no es lo que piensa Isabel, una mujer española de cincuenta años, de familia tradicional de izquierdas. “No voy a votar, me cansé”, responde a la pregunta sobre si votará el domingo. “Esta democracia que tenemos…, es que no sirve”, afirma. “Mi abuelo fue un sindicalista muy importante, le han hecho un monumento en su pueblo”, explica para que no piensen que está despolitizada o que podría votar a la novedad, la ultraderecha. “Pero no puede ser, ¿qué ha hecho el gobierno por los monotributistas? Nada, seguimos pagando más que en cualquier otro país de Europa”.

Para Isabel, que trabajó en una tienda de muebles durante muchos años, y hace un par renunció para montar su propia empresa de decoración, el miedo a la ultraderecha es menor al que le produce la cuota del monotributo cada vez que llega a principios de mes. Lo mismo sucedió unos meses atrás en Países Bajos, cuando Wilders logró que los jóvenes se tragaran los temores de votar a un radical antiinmigrantes, con tal de que cumpliera su promesa de bajar los alquileres y mejorar los salarios.

En Estados Unidos no es distinto

Esta semana, el Financial Times publicó un excelente y completo artículo sobre el posible comportamiento de los votantes en el estado de Michigan. Cuenta con varias entrevistas y análisis de distintos expertos que explican por qué algunos votantes tradicionales del partido demócrata podrían dejar de hacerlo en las elecciones presidenciales de noviembre. La respuesta que mejor se acerca a entender el fenómeno es la económica.

La ciudad de Detroit, antes capital mundial de la industria automotriz, está transformándose de una urbe industrial con salarios muy bien pagos a una dedicada a los servicios (restaurantes, entretenimiento y compras) con salarios mediocres, y sin una cultura de comunidad laboral que en el pasado se sentía orgullosa de pertenecer al sector automotriz. Ahora, por el contrario, muchas personas no se ven así mismas detrás de un mostrador o sirviendo bebidas, y menos si lo hacen por un salario que no les permite desarrollarse. La queja de los dueños de los negocios por la falta de personal es recurrente.

En ese contexto, el estado de Michigan muestra el desarrollo de una economía cada vez más desigual. Los ricos cada vez son más ricos, mientras la clase media pierde poder de compra, y la baja apenas puede darse el lujo de salir a comer afuera o pedir pizza por delivery para la familia. Un comisionado de Oakland, que aún cree que Biden podrá ganar, explica el malestar que sufre la clase media de forma muy elocuente. “En una economía impulsada por consumidores ricos, algunos votantes sienten que el sistema mismo ha sido distorsionado en su contra por décadas de políticas que comenzaron con el ex presidente estadounidense Ronald Reagan. Se hizo una promesa a los estadounidenses de que si siguen las reglas y trabajan toda su vida y no se meten en problemas, tendrán la oportunidad de una jubilación segura”.

Lo que está sucediendo es justo lo contrario. La gente trabaja pero no gana lo suficiente para tener una vida digna. En Michigan, pero también en Madrid o en Países Bajos.

El miedo debe hacerse sentir en el cuerpo

Es difícil que la gente entienda el costo asociado a un discurso político. En Argentina, muchos votantes de Milei eligieron a un político que prometía ajustarlos, echarlos de sus trabajos, subirles el precio de los servicios, y tratarlos como productos descartables. De lo supuestamente bueno que tenía para ofrecerles, dijo que llegaría en 15 o en 45 años, que “sus hijos van a vivir maravillosamente bien”.

Muchos de ellos fueron advertidos en numerosas ocasiones, pero primó la necesidad de vivirlo en carne propia, probar con el cuerpo si era verdad o no lo que decía (Milei), lo que decían (los opositores) de él. Es como si fuera una parte constitutiva de la compra (de la elección del producto partidario): vivir lo que prometieron o ver qué gusto tienen sus promesas.

En España y Europa en general, pasa algo parecido a lo que sucedió en Argentina. La gente está insatisfecha con la política, con los partidos de derecha, y también los de izquierda. Nadie parece poder darle respuesta a sus demandas; y no solo a aquellas exacerbadas por la fiebre del consumo, sino otras más elementales y cercanas como gozar de los mismos beneficios de sus padres: una casa, un trabajo buen pago, la idea real de progreso.

En ese marco, muchos están dispuestos a votar a la ultraderecha, a vivir con el cuerpo el costo de sus políticas. Otros, como Isabel, que son más conscientes del costo, prefieren abstenerse. “Si el número de la abstención es verdaderamente alto, quizás la izquierda se de cuenta de que tiene que hacer más por sus votantes”.

DM

Un fantasma recorre Europa: el fantasma de la extrema derecha. No se trata de un espectro novedoso, pero sus cadenas amenazan con extenderse por el continente en mayor medida de lo que lo están ahora. No tanto como probablemente ellos esperan y anhelan, pero lo suficiente para constatar que algo no funciona adecuadamente en la mayoría de las democracias liberales. Según una macroencuesta llevada a cabo por Ipsos para Euronews en 18 países europeos entre el 23 de febrero y el 5 de marzo pasados, la ola de la extrema derecha no cobraría la categoría de tsunami, pero, siguiendo el símil oceanográfico, la marea está cada vez está más alta y le come terreno a la playa democrática.

Lo cierto es que la progresión de la derecha radical a nivel europeo ha sido evidente en estas últimas décadas. Mientras que los eurodiputados de grupos euroescépticos y de extrema derecha representaban solo el 8,7% de todo el hemiciclo hace 20 años, esta cifra aumentó constantemente después de las elecciones de 2009 (11,8%), 2014 (15,7%) y 2019 (18%). Y ahora, según la proyección de Ipsos, este año podrían representar por primera vez más de una quinta parte de los diputados al Parlamento Europeo (21,8%).

Los dos grandes perdedores de este ascenso de la ultraderecha serían los grupos PPE (demócratas cristianos y conservadores) y S&D (socialdemócratas). El primero, que representaba el 36,6% de los diputados al Parlamento Europeo en 2004, se espera que solo represente el 24,6% después de las elecciones de junio. En cuanto a los socialdemócratas, pasarían del 27,3% al 18,9% de los escaños en el mismo periodo.

La composición numérica del Parlamento Europeo ha cambiado significativamente entre las elecciones de junio de 2019 y la actualidad. La cantidad de eurodiputados ha disminuido debido a la salida de los británicos tras el Brexit, lo que redujo el número de escaños de 751 a 705. En junio de 2023 se llevó a cabo una redistribución y la consecuencia es que el próximo junio elegiremos a 720 eurodiputados.

127 escaños de un parlamento de 705 

Al mismo tiempo, se produjo una modificación de los pesos de los diferentes grupos políticos presentes en el Parlamento: el grupo de la derecha radical, Identidad y Democracia (ID), sufrió bajas como consecuencia del traslado de algunos diputados de la Liga y de Agrupación Nacional a Hermanos de Italia y Reconquista, respectivamente, así como al cambio de grupo del Partido de los Finlandeses, que se unió al grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR). Por su parte, el Grupo S&D sufrió sus correspondientes bajas principalmente como resultado de la retirada de los eurodiputados laboristas británicos y la suspensión del SMER eslovaco.

En estos momentos, los dos grupos parlamentarios que agrupan a los partidos de esta ideología radical de derecha cuentan con 127 escaños en un Parlamento conformado por 705 asientos: el 18% que se distribuye entre Identidad y Democracia (ID) y Conservadores y Reformistas Europeos (ECR).

Hasta la reciente expulsión de Alternativa por Alemania (AfD) tras las declaraciones de su candidato sobre las SS, el grupo Identidad y Democracia estaba integrado por ocho partidos de ocho países diferentes y contaba con 59 escaños. Los partidos que lo componen ahora son: Liga (Italia), Agrupación Nacional (Francia), Partido de la Libertad (Austria), Vlaams Belang (Bélgica), Partido Popular Conservador (Estonia), Partido Popular Danés (Dinamarca) y Libertad y Democracia Directa (República Checa).

A su vez, el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR) está conformado por 19 partidos de 17 países diferentes y actualmente cuenta con 68 diputados en el Parlamento Europeo. Los partidos que lo integran son: Alianza Alemana (Alemania), Nueva Alianza Flamenca (Bélgica), el Partido Nacional Campesino Demócrata Cristiano (Rumanía), el Movimiento Nacional Búlgaro (Bulgaria), el Partido Conservador Croata (Croacia), Libertad y Solidaridad (Eslovaquia), Vox (España), Partido de los Finlandeses (Finlandia), Solución Griega (Grecia), Hermanos de Italia (Italia), Alianza Nacional (Letonia), Acción Electoral de Polacos en Lituania (Lituania), Foro para la Democracia (Países Bajos), Ley y Justicia (Polonia), Partido Democrático Cívico (República Checa) y los Demócratas de Suecia.

Ahora, la extrema derecha ganaría terreno y las dos familias ultraconservadoras existentes actualmente sumarían por primera vez una quinta parte de la representación en el Parlamento Europeo en los comicios del próximo junio y, sumando sus respectivos escaños, se situarían como segunda fuerza tras el Partido Popular Europeo (PPE). En un Parlamento que pasa de 705 a 720 escaños, la extrema derecha se haría con 157 asientos: el 21,8% del total y, por tanto, casi tres puntos más que lo logrado en los comicios de 2019.

En todo caso, un crecimiento insuficiente para conformar posibles mayorías. Según el sondeo de Ipsos, solo una coalición entre conservadores, socialdemócratas y liberales podría conformar una mayoría estable, si bien es cierto que se podrían encontrar mayorías ad hoc alternativas para la aprobación de algunas leyes. Esto es importante porque aunque las instituciones europeas no funcionan igual que los parlamentos nacionales de cada país, para configurar un gobierno sí existen ciertos paralelismos como el hecho de que la mayoría resultante tendrá que elegir al sucesor o sucesora de Ursula von der Leyen al frente de la Comisión Europea. No obstante, la estimación llevada a cabo por Ipsos está sujeta a una serie de factores que aún no se pueden anticipar como, por ejemplo, la actitud de los diputados del grupo de los no inscritos o los cambios de grupo de algunos diputados que puedan producirse después de las elecciones.

A la cabeza en términos de escaños en el Parlamento se encontraría el Partido Popular Europeo que también ocuparía el primer lugar en el mayor número de países de la Unión Europea: 12 de 27, incluidos países grandes como Alemania, España o Polonia. Por su parte, los socialdemócratas quedarían en segundo lugar en términos de eurodiputados, siendo primera fuerza política en solo cuatro países: Suecia, Dinamarca, Lituania y Malta. Los grupos de Renovación e Izquierda solo quedarían en primer lugar en un país cada uno (República Checa e Irlanda, respectivamente), y el grupo de los Verdes/ALE en ninguno.

En todo caso, la magnitud del aumento de los partidos de extrema derecha no es similar en todos los países de la Unión, sino que varía mucho de un país a otro. Es importante tener en cuenta que los partidos de extrema derecha no son todos iguales ni en todos los casos defienden las mismas cuestiones. Sobre todo porque provienen de culturas políticas distintas y tradiciones diferentes. De hecho, como alguna vez ha señalado el investigador del Real Instituto Elcano, Ignacio Molina, en los países en los que los partidos de izquierda no existen o son muy débiles y, por tanto, la competición electoral es menor, existen mayores posibilidades de que la derecha populista llegue al poder (Hungría y Polonia serían ejemplos de este hecho). En estos países, la oposición a la extrema derecha proviene de partidos de centroderecha.

Así, los partidos de extrema derecha serían primera fuerza política en seis países: por un lado, en Francia, Países Bajos, Bélgica, y Austria (en los que sería primer partido alguno de los integrados en el grupo Identidad y Democracia) y, por otro lado, en Italia y Letonia (con partidos que se integran en el grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos).

El votante de extrema derecha

Es cierto, por tanto, que se está produciendo un lento, pero continuo avance de las fuerzas política de extrema derecha en el conjunto de Europa y esto se va a reflejar en la composición del próximo Parlamento Europeo. No obstante, sigue siendo minoritario el porcentaje de ciudadanos de la Unión Europea que apoyan a este tipo de formaciones políticas. ¿Tienen estas un perfil diferente de las personas que optan por otros partidos políticos de ideología diferente? El estudio de Ipsos nos da una oportunidad de comparar las características sociodemográficas y de opinión con respecto a una serie de cuestiones políticas referidas al funcionamiento de la Unión Europea de ambos tipos de votantes: los de partidos de extrema de derecha (a partir de aquí VPED) y los del resto de partidos de otra ideología diferente (VOP).

En primer lugar, hay que señalar que el peso de los electores de partidos de extrema derecha no es el mismo en todos los Estados. Teniendo en cuenta la intención de voto a estos partidos, hay ocho países que se sitúan por encima de la media europea (que es del 16,9%): Francia (33,1%), Austria (27%), Italia (23,6%), Países Bajos (23,4%), República Checa (22,7%), Bélgica (21,5%) y Polonia (18,7%). En el resto, la media es inferior, y ocupa los últimos puestos (por debajo del 10% de intención directa de voto): España, Eslovaquia, Dinamarca y Hungría.

Por otro lado, los VPED tienen un perfil claramente más masculinizado: la mayoría de sus votantes son hombres (57%) al contrario que sucede entre los VOP entre quienes hay un mayor equilibrio, pero con predominio de las mujeres (53%). Es decir, entre los VPED hay 10 puntos más de hombres que entre los VOP.

En cuanto a la edad, no existen grandes diferencias entre la composición de ambos grupos, aunque cabe reseñar que hay mayor propensión a votar a partidos de extrema derecha entre quienes se sitúan en los grupos de edad intermedios (de los 30 a los 64 años) que entre los más jóvenes o los más mayores.

Y aunque tampoco se perciben diferencias significativas en función de la ocupación laboral, sí hay cierta mayor propensión a votar por estos partidos de extrema derecha entre los trabajadores de “cuello azul” que entre los de “cuello blanco”, en especial entre quienes cabe ubicar dentro de la categoría de la working class.

Críticos con la UE y sus instituciones 

Los VPED son claramente más críticos con la Unión Europea y sus instituciones. Aunque prevalecen quienes piensan que la pertenencia de sus países a la UE es algo más positivo que negativo (39% frente a 30%), la diferencia con respecto a los VOP es muy elevada (66% frente a 11%). Además, la mayoría de los VPED (53%) comparte una opinión negativa del trabajo desarrollado por la Comisión Europea que actualmente lidera Ursula Von der Leyen.

Y aunque hay coincidencia entre ambos grupos de electores en dos de las tres prioridades que debería tener la Unión Europea en materia política de cara a los próximos años, el área en el que se diferencian no es menor ni poco significativa. Ambos coinciden en señalar como prioridades la lucha contra el incremento de los precios y el apoyo al crecimiento europeo. Pero para los VPED, la principal prioridad europea debería ser la inmigración, un tema que los VOP sitúan en sexta posición. 

Ni la agricultura ni la guerra de Ucrania

Para los VEPD, el impacto que ha tenido la Unión Europea en seis cuestiones planteadas en el sondeo ha sido más negativo que positivo. Sobre todo en lo referente a la política migratoria. En este tema, el saldo entre quienes creen que la UE ha tenido un impacto positivo y quienes piensan que ha sido negativo es de -59 puntos. 

Pero el balance también es negativo en lo que se refiere al impacto en la protección de la agricultura europea y la autonomía de la UE en materia alimentaria (-46, y aquí es el único punto en el que coinciden con los VOP). Hay que recordar que durante el mes de febrero se produjeron una serie de protestas de agricultores y tractoristas europeos que protestaban por lo que consideraban un exceso de burocracia y prácticas comerciales desleales, y por el aumento de las medidas medioambientales. De hecho, los VPED también evalúan negativamente el impacto de la UE con respecto a la protección medioambiental (-16). Y tres de cada cuatro (75%) piensan que en los próximos años la UE debería dar prioridad a mejorar el poder adquisitivo de los ciudadanos europeos, incluso si esto supone retrasar las medidas para luchar contra el cambio climático. Porque este electorado también cree que el impacto de la UE sobre el crecimiento económico también ha sido negativo (-16 de saldo). De este balance negativo no se libra tampoco ni la guerra de Ucrania (-14) ni la lucha contra el COVID (-12). 

Por el contrario, y con la señalada excepción del asunto referido la agricultura europea (-19), entre los VOP el saldo es positivo en todas estas cuestiones, es decir, son más quienes creen que el impacto de la UE ha sido más positivo que negativo. 

¿Cuál sería la mejor forma de afrontar estos riesgos de la UE? Los VPED lo tienen claro: reforzando el poder de decisión de cada uno de los Estados miembros frente a la UE. Más poder para los Estados frente al poder supranacional. Aunque está menos extendida, esta es la solución que prevalece también entre los VOP (41%) y viene a coincidir con algunos analistas que hablan del fin de la globalización y una vuelta a los términos del Estado nación con la búsqueda de mayores beneficios para sus ciudadanos. 

Contrarios a la ampliación

Estos datos encajarían con la oposición que manifiesta la mayoría de los VPED a la admisión de nuevos países en la UE. De los seis propuestos en el sondeo, el mayor rechazo lo obtiene Turquía (65%) seguido de Albania (55%), Ucrania (51%), Georgia (50%), Serbia (48%) y Bosnia (47%).

En el caso de los VOP, las opiniones entre los favorables y los detractores a ampliar la UE con cada país están mucho más igualadas. Solo se percibe un apoyo más claro a la incorporación de Ucrania (46% a favor) y un rechazo mayoritario a la entrada de Turquía (51%).

Mala imagen de los líderes

Los VPED tienen una opinión más negativa que positiva de cinco de los ocho presidentes sobre los que se les ha preguntado en el sondeo. El que cuenta con peor imagen es Vladímir Putin: el 73% tiene una opinión negativa de él (frente a un 11% que la tiene positiva). Le sigue el presidente francés, Emmanuel Macron (48/30); el alemán, Olaf Scholz (38/23); y el húngaro, Viktor Orbán (35/29).

Hay tres presidentes que dividen la opinión de estos electores. Son el presidente ucraniano, Volodímir Zelensko (40/41); el polaco, Donald Tusk (26/23); y el español, Pedro Sánchez (20/19), si bien estos dos últimos son desconocidos para la amplia mayoría de los ciudadanos europeos. Solo la presidenta del Consejo de ministros de Italia, Giorgia Meloni, obtiene un saldo positivo entre los VPED: 41/14 (+27 puntos).

En conclusión, la amenaza del crecimiento de la extrema derecha en Europa es real y el hecho de que este no se produzca de manera abrupta, sino lenta, pero inexorable, no debería ser un hecho menos preocupante. Al contrario, si el paso del tiempo no hace disminuir sus apoyos sino que la clara tendencia es a aumentarlos, significa que las cuestiones de raíz que alientan su voto por parte de una porción cada vez más grande de la ciudadanía europea siguen sin ser resueltas por el resto de los partidos de corte democrático. Y las nuevas tensiones geopolíticas parecen estar configurando un escenario político en el que las tesis y los mensajes nativistas y proteccionistas pueden ganar aún mayor protagonismo. Y con ellos, las opciones políticas de extrema derecha.

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Paco Camas (@pcamasgarcia, en X) es director de Investigación de Ipsos y profesor del Instituto de Estudios Bursátiles (IEB), José Pablo Ferrándiz (@JPFerrandiz) es director de Opinión Pública y Estudios Políticos de Ipsos y profesor asociado de la Universidad Carlos III de Madrid. 

Ofensiva judicial contra la decisión de la Comisión Europea de etiquetar como verdes la energía nuclear y el gas. Greenpeace llevó al gobierno comunitario ante la justicia para que reconsidere esa decisión, según informó en un comunicado. La ONG ecologista ya había intentado que la UE diera marcha atrás al solicitárselo el pasado 9 de septiembre, pero el 8 de febrero recibió la negativa de Bruselas. Ante ese escenario, decidió acudir al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE), como previamente había hecho el Gobierno de Austria.

La denuncia persigue acabar con la polémica decisión de Bruselas de calificar como verdes algunas de las inversiones de gas y energía nuclear. El gobierno comunitario optó para ello por un acto delegado, en vez de un proceso legislativo al uso, que requiere el voto en contra de 353 eurodiputados y el rechazo de al menos 20 países que representen como mínimo al 65% de la población de la UE.

“Estamos en una carrera contra el cambio climático y ecológico. Al rechazar el intento deshonesto de la Comisión de hacer un lavado verde del gas y la energía nuclear, el Tribunal puede dar a la UE una oportunidad de luchar para llegar a la meta. Mientras tanto, los contaminadores ya están utilizando esta etiqueta falsa para desviar las finanzas verdes de donde se necesitan”, expresa la responsable de finanzas sostenibles de Green Peace, Ariadna Rodrigo.

A la denuncia de las ocho organizaciones de Greenpeace, entre ellas la española, se sumaron otras cuatro organizaciones ecologistas que señalan únicamente a la inclusión del gas como una energía limpia, pero dejan fuera a la nuclear. Uno de los debates energéticos en el seno de los 27 es precisamente la catalogación de la energía nuclear y, en concreto, del denominado 'hidrógeno rosa', que es de origen nuclear, ante la presión de países como Francia.

Según informa Politico, la decisión del tribunal, en todo caso, supondría la devolución de la queja a la Comisión Europea para que revise la decisión, pero no se espera que entre en el fondo del asunto y determine si la nuclear y el gas pueden ser considerados 'verdes' o no. Además, la actual taxonomía seguirá en vigor y el pronunciamiento de la justicia no llegará hasta 2025, según los cálculos de la ONG.

El exeurodiputado socialista italiano Antonio Panzeri, señalado como el presunto cabecilla de la trama de corrupción dentro del Parlamento Europeo, ayudó a la eurodiputada griega Eva Kaili en su campaña por la reelección en los comicios de 2019, año en que Panzeri dejó la institución. En la legislatura anterior, en la que ambos coincidieron como eurodiputados, no compartieron membresía en ningún comité. Por aquel entonces, el italiano ya defendía las posturas de Qatar y Marruecos, según recuerdan algunos de sus compañeros.

Francesco Giorgi, que era asesor de Panzeri en el Parlamento y es la actual pareja de Kaili, confirmó a elDiario.es este apoyo en campaña tan solo cuatro días antes de la votación de 2019. “Panzeri y yo estamos apoyando a una eurodiputada en la campaña electoral. Su nombre es Eva Kaili, del Pasok”. Giorgi buscaba “buenos contactos” en la prensa griega para entrevistar a Kaili o publicar artículos sobre ella. Hoy los tres están detenidos y la policía ha encontrado más de 1,5 millones de euros en efectivo en su posesión (también en manos del padre de Kaili) procedentes, supuestamente, de sobornos de Qatar y Marruecos.

En este sentido, los investigadores de la trama creen que Kaili recibía “órdenes” de Panzeri “a través de su marido”, según ha publicado el diario italiano La Repubblica. Como ejemplo de esta dinámica, la investigación cita un caso concreto: “Eva no debe hablar con la holandesa. Dile que pare”, le dijo Panzeri a Giorgi, según recoge el diario. Los investigadores del caso que el cerebro de la trama ha “invertido” en Kaili a sabiendas “para apoyar los intereses marroquíes y qataríes”.

elDiario.es se puso en contacto con Giorgi y con Panzeri en 2019 porque el eurodiputado era presidente del subcomité de derechos humanos de la Eurocámara y estaba siguiendo el caso de un rico príncipe saudí primo del heredero al trono, Mohamed bin Salmán, que había sido arrestado sin cargos y cuyo paradero era entonces desconocido. Panzeri estaba presionando a las autoridades saudíes por su liberación. 

El político italiano terminó su mandato en 2019 y él y su asesor, Francesco Giorgi, fundaron la ONG de derechos humanos Fight Impunity, ahora también en el centro de todas las miradas. Por su parte, Kaili logró la reelección, se hizo con uno de los dos escaños obtenidos por el socialdemócrata Pasok y obtuvo una de las 14 vicepresidencias del Parlamento.

“Siempre defendía los intereses de Marruecos”

Algunos de los colegas de Panzeri que coincidieron con él en el subcomité de derechos humanos en su última legislatura recuerdan que ya entonces el presidente defendía las posiciones de Marruecos. “Parecía claro que Panzeri tenía algún lío con Marruecos o una relación política especial, pero nunca llegué a pensar que podía ser algo así”, dice a elDiario.es Ignazio Corrao, eurodiputado italiano del grupo de los Verdes. “Siempre defendía los intereses de Marruecos. Recuerdo que cuando se discutía sobre el Frente Polisario o el Sáhara Occidental él estaba muy en defensa del reino”, añade.

Respecto a sus posiciones sobre Qatar, Corrao también tiene algún recuerdo. “Lo único de lo que me acuerdo de Qatar es que una parte de nosotros, el sector más a la izquierda, quería más atención sobre los trabajadores muertos y explotados y para Panzeri esto nunca fue una prioridad”. “De manera diplomática e inteligente hizo que no se hablara mucho de eso porque como presidente tenía una influencia importante sobre la agenda”. 

Esa posición política de Panzeri contrasta con la que mantuvo frente a Arabia Saudí. En un comunicado criticando las condenas a muerte en el reino, Panzeri señaló: “Mientras tanto, la Federación Española de Fútbol continúa en negociaciones con el Gobierno saudí para llevar la Supercopa de España a Riad y el recorrido del rally Dakar se ha programado por primera vez en Arabia Saudí. A la luz de los recientes acontecimientos, acoger grandes eventos deportivos internacionales en el país es ofensivo”.

“Los europeos deben estar unidos en su posición de principios contra la pena de muerte. Tanto la Federación Española de Fútbol como los organizadores del Dakar deben reconsiderar sus decisiones”, señalaba el italiano. “Es imperativo que el sector público y privado mantengan los valores fundamentales que constituyen los principios fundacionales de la UE en sus interacciones con terceros Estados”.

Diez días antes de ese comunicado, Panzeri asistió en Qatar a una conferencia internacional sobre “mecanismos nacionales, regionales e internacionales para combatir la impunidad” y varios medios locales le citaron diciendo que el país se había convertido en “una referencia en derechos humanos”.

La exeurodiputada socialista Ana Gomes, portuguesa, fue sustituta en el subcomité de derechos humanos durante la presidencia de Panzeri y también se ha pronunciado sobre el escándalo de corrupción. “El caso de Kaili no me sorprende y, sobre todo, no me sorprende en relación con Antonio Panzeri, que fue particularmente perverso porque, con el pretexto de defender los derechos humanos, en realidad trató de frustrarlos. Hay personas que se prestan a esto y debes estar atento. Las personas que están en estos puestos de poder, incluido el Parlamento Europeo, son susceptibles de ser corrompidos”, señaló Gomes en una entrevista con SIC Notícias. “Conozco muy bien a Antonio Panzeri, exeurodiputado con el que tuve muchos encontronazos. En el caso del Sáhara él estaba allí al servicio de los marroquíes”.

El eurodiputado español Miguel Urbán, del Grupo de la Izquierda, también coincidió con Panzeri en el subcomité de derechos humanos, pero no recuerda ningún episodio concreto que le hiciera sospechar del eurodiputado italiano. “En ese momento no coordinaba la comisión y no tenía tanta relación con la presidencia, que es donde mejor se pueden ver ese tipo de actitudes”.

Sin embargo, Urbán sí señala que diferentes grupos o sus políticos han defendido las posiciones de Estados autoritarios y destaca el caso del grupo socialista con Marruecos. “Lo hagan por intereses espurios o geoestratégicos, lo que demuestra es la gran capacidad de la diplomacia marroquí para influir en el Parlamento”. 

“El grupo socialista ha intentado en dos ocasiones que candidaturas al premio Sájarov molestas con Marruecos no tuvieran éxito. En el caso de Nasser Zefzafi, líder de las protestas del Rif, presentaron otras candidaturas para dividir el voto. En 2021, con la activista saharaui Sultana Khaya, en una votación de desempate respaldaron el nombre presentado por Vox, la expresidenta boliviana Jeanine Áñez, en contra de la candidatura saharaui que presentaba la izquierda”, dice Urbán a elDiario.es.

“Muchas veces miramos a los lobbies empresariales, pero hasta ahora hemos mirado muy poco a las delegaciones diplomáticas de terceros países. Cada vez más Estados entienden que pueden utilizar el Parlamento Europeo para lavar su cara y si ha habido una misión especialmente presente en los pasillos es Marruecos. Es curioso que muchos diputados participan en 'grupos de amistad' de regímenes autoritarios con mucho dinero. No sabemos si les gusta el dinero o las dictaduras, porque no existen grupos de amistad de otras dictaduras que no tienen apenas dinero como Eritrea, por ejemplo”, denuncia el eurodiputado español.

Antes del “Qatargate”, el caso de sobornos que ha sacudido al Parlamento Europeo este diciembre, otros escándalos de distinta envergadura -con protagonistas menos mediáticos que la eurodiputada socialdemócrata griega Eva Kailí y su pareja Francesco Giorgi- agitaron la política europea en las últimas décadas, aunque pocos alcanzaron tanta notoriedad.

COMISIÓN SANTER

Un caso muy sonado fue la dimisión en bloque en 1999 de la Comisión Europea dirigida por el francés Jacques Santer, tras una investigación sobre irregularidades y fraude en el seno de la institución.

La ex primera ministra francesa y excomisaria europea Edith Cresson precipitó esa dimisión colectiva por haber favorecido a la sociedad francesa Agenor, encargada de la asistencia técnica y la gestión del programa europeo de formación profesional Leonardo, y tras proporcionar un trabajo en la institución a su antiguo dentista.

ESCÁNDALO INMOBILIARIO

Un funcionario europeo de la unidad encargada de las delegaciones de la Comisión Europea fuera de la UE, Giancarlo Ciotti, fue condenado en 2015 a tres años de prisión por haber participado años antes (el escándalo se hizo público en 2007) en la concesión a empresas italianas de contratos de reforma, alquiler o instalación de medidas de seguridad, saltando las reglas de los concursos públicos y a cambio de sobornos.

También fueron condenados como corruptores los empresarios italianos Angelo Troiani y Gianni Tanzi.

La propia Comisión Europea fue la que pidió la apertura de la investigación llevada a cabo por la OLAF y la Policía federal belga.

DALLI

El excomisario europeo de Sanidad y Protección del consumidor John Dalli dimitió de su cargo en 2012 salpicado por un presunto caso de tráfico de influencias destapado por la tabacalera sueca Swedish Match.

La tabacalera aseguró que un empresario maltés presumía de su amistad con el comisario y de poder convencerle para modificar la legislación de productos del tabaco a cambio de recibir dinero.

La oficina antifraude de la UE (OLAF) no encontró “pruebas concluyentes” de la implicación directa del político maltés pero consideró que estaba al tanto de lo que ocurría.

El expresidente de la Comisión Europea de la época, el portugués José Manuel Durao Barroso, forzó la dimisión de Dalli, quien después recurrió esa decisión ante la Justicia europea (que desestimó el recurso).

PUERTAS GIRATORIAS

Muchos de los casos que crearon polémica en la última década tienen que ver con los empleos que algunos exmiembros de la Comisión Europea ocuparon después de dejar su cargo.

El propio expresidente de la Comisión Europea José Manuel Durao Barroso fue muy criticado cuando pasó a trabajar para el banco Goldman Sachs Internacional en 2016, menos de dos años después de haber estado al frente del Ejecutivo comunitario.

Las normas europeas establecen un periodo de “enfriamiento” de 18 meses para que los exresponsables de la Comisión puedan ocupar puestos en grandes empresas disputadas por los grupos de presión.

En ese periodo tienen obligación de informar a Bruselas sobre sus futuros puestos de trabajo para que se verifique si hay algún conflicto de interés. En este caso concreto, la Comisión concluyó que no lo había.

No obstante, nueve de los 26 comisarios de la Comisión Barroso trabajaban apenas un año después de terminar la segunda legislatura en grandes empresas u organizaciones ligadas a ellas, según dio a conocer en su día el Observatorio Europeo de las Corporaciones (CEO).

Otro caso de “puertas giratorias” del que se habló mucho fue el de la exvicepresidenta de la Comisión Europea y responsable de Competencia Neelie Kroes.

Según informaciones publicadas este año en medios europeos, antes de terminar el periodo de “cuarentena” impuesto por las normas europeas, Kroes asesoró a la plataforma de servicios de transporte privado Uber, vulnerando el código deontológico europeo.

Kroes fue protagonista de otra polémica, cuando salió a la luz que no había informado a la Comisión de que mientras ostentaba la cartera de Competencia figuraba también como directora de una sociedad opaca en Bahamas.

PANDEMIA

En agosto de 2020 el irlandés Phil Hogan renunció a su cargo de comisario de Comercio tras verse envuelto en una polémica por saltarse normas sanitarias durante la pandemia al acudir a una cena en pleno confinamiento, poniendo fin a una ambiciosa trayectoria en la Comisión Europea en la que se mostró firme defensor del multilateralismo comercial.

Pero quizá el escándalo político más célebre de los últimos años fue el protagonizado por el eurodiputado húngaro József Szájer, del partido ultraconservador Fidesz -el del primer ministro de Hungría, Viktor Orban - que participó en diciembre de 2020 en una orgía en Bruselas donde 25 hombres fueron multados por no respetar las restricciones sociales de la pandemia.

Además, la policía encontró drogas en su mochila cuando fue registrado tras intentar huir de la fiesta.

EFE.

IG

“A esos actores malvados, en terceros países, que piensan que Europa está en venta. Que creen que pueden apoderarse de nuestras ONG. Permítanme decirles que encontrarán este Parlamento firmemente en su camino”. Son las palabras de la maltesa Roberta Metsola, presidenta del Parlamento Europeo, en la apertura del plenario de este lunes, que llega después de una macrorredada que terminó con una vicepresidenta de la Eurocámara, la socialista griega Eva Kaili, en prisión por cobrar supuestos sobornos de Qatar.

“Que no haya dudas” dijo Metsola: “El Parlamento Europeo está siendo atacado, la democracia europea está siendo atacada, y nuestra forma de sociedades abiertas, libres y democráticas está siendo atacada”.

La presidenta del Parlamento Europeo añadió: “Los enemigos de la democracia, para quienes la existencia misma de este Parlamento es una amenaza, no se detendrán ante nada. Estos actores malignos, vinculados a terceros países autocráticos, supuestamente han usado a ONG, sindicatos, personas, asistentes y miembros del Parlamento Europeo en un esfuerzo por someter nuestros procesos”.

El presidente de los populares en la Eurocámara, el alemán Manfred Weber, afirmó que “el daño está siendo muy grande, la confianza llega a pie, pero se va al galope. El PP europeo está listo para mejorar las reglas, luchar contra la corrupción es el principal enemigo de la democracia”.

La presidente de los socialistas, Iratxe García, a cuyo grupo pertenecía la vicepresidenta detenida hasta el viernes pasado, afirmó: “Es un día difícil para el grupo, y hemos decidido constituirnos como parte perjudicada en el proceso judicial. El comportamiento criminal de unas personas mancha la credibilidad de la UE. Los culpables deberán pagar, y esta Cámara debe responder con contundencia para que no vuelva a ocurrir. Nuestra unidad es la mejor arma contra la corrución y quieren s quieren dañar la democracia europea”.

Metsola explicó que la Eucorámara ha “actuado en sintonía con las autoridades para garantizar que se respeten todos los pasos legales, que se conserve toda la información y que, cuando sea necesario, se protejan los equipos informáticos, se cierren las oficinas y se puedan realizar registros domiciliarios. Como medida cautelar, he despojado a la vicepresidenta mencionada de todas las funciones y responsabilidades relacionadas con su función como vicepresidenta, y he convocado una reunión extraordinaria de la Conferencia de Presidentes para poner en marcha un procedimiento para poner fin a su mandato como vicepresidente en un esfuerzo por proteger la integridad de esta Cámara”.

La presidenta del Parlamento también dijo: “Tenía previsto anunciar hoy la apertura del mandato de negociación para el informe de exención de visado con Qatar y Kuwait. A la luz de las investigaciones, este informe debe devolverse a la comisión”. 

La copresidenta de La Izquierda, Manon Aubry, impulsora de la iniciativa para que se votara una resolución en el Parlamento Europeo sobre Qatar en noviembre, pidió un debate especial sobre la trama de corrupción. “El Parlamento Europeo se ve envuelto en el escándalo de corrupción más grave de su historia. Qatar compró votos en esta Cámara para encubrir la explotación hasta la muerte de los trabajadores migrantes en los sitios de la Copa del Mundo”.

A iniciativa de Aubry en el pleno de esta semana se votará una resolución sobre el Qatargate.

Metsola afirmó también: “No habrá impunidad, los responsables encontrarán a este Parlamento del lado de la ley; no se barrerá debajo de la alfombra, iniciaremos una investigación interna para analizar todos los hechos; no pasará como si nada, pondremos en marcha un proceso de reforma para ver quién tiene acceso a nuestros edificios, cómo se financian estas organizaciones, ONG y personas, qué vínculos tienen con terceros países, pediremos más transparencia en las reuniones con actores extranjeros y vinculados a ellos; protegeremos a aquellos que nos ayuden a exponer la delincuencia”.

“Si bien siempre podemos buscar aumentar -agregó- los elementos de disuasión y transparencia, siempre habrá alguien para quien una bolsa de dinero valga la pena el riesgo, lo esencial es que estas personas entiendan que los van a atrapar, que nuestros servicios funcionen y que se enfrenten con todo el peso de la ley”.

Más registros en el Parlamento Europeo

La Fiscalía belga comunicó este lunes, mientras los líderes del Parlamento Europeo transmitían en el pleno sus primeras reacciones ante la trama desvelada, que el caso se venía investigando “desde hace más de cuatro meses”, por “corrupción, lavado de dinero y organización criminal”.

Según el Ministerio Público, este lunes se produjeron “nuevos registros”.

“Desde el viernes, con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento Europeo, los recursos informáticos de diez equipos parlamentarios han sido congelados para evitar la desaparición de los datos necesarios para la investigación”, dijo la Fiscalía este lunes: “El objetivo de los registros de hoy en el Parlamento Europeo era apoderarse de estos datos. También ha habido diferentes registros en Italia el domingo 11 de diciembre”.

La Fiscalía explicó que se realizaron “un total de 20 registros desde el inicio de las operaciones, incluidos 19 en domicilios particulares y el de las oficinas del Parlamento Europeo”.

En esos registros, los agentes se incautó de “varios cientos de miles de euros en tres lugares diferentes: 600.000 euros en el domicilio de un sospechoso [el ex eurodiputado Antonio Panzeri], varios cientos de miles de euros en una maleta en una habitación de hotel de Bruselas [el padre de Eva Kaili] y unos 150.000 euros en un piso de un miembro del Parlamento Europeo [el de Eva Kaili]”.

Hasta la fecha, “seis personas han sido detenidas por este caso. Cuatro de ellos, incluido el miembro del Parlamento Europeo, han sido arrestados. Estos sospechosos comparecerán ante la Sala de Cuestiones Preliminares el miércoles”.

La Fiscalía también explicó que “las disposiciones legales para los registros de los domicilios de los diputados al Parlamento Europeo varían en función de su nacionalidad y ubicación. En el caso de que Bélgica lleve a cabo una investigación sobre un diputado belga al Parlamento Europeo, deben aplicarse las normas belgas de inmunidad conferidas a los parlamentarios belgas. Para llevar a cabo el registro de un diputado belga al Parlamento Europeo, la Constitución belga requiere una orden del primer presidente del tribunal de apelación a petición del juez de instrucción competente y la presencia del presidente de la asamblea en cuestión (en este caso, el Parlamento Europeo). Ambas condiciones se cumplieron este fin de semana. Todo esto se hizo en excelente colaboración y con el apoyo de los servicios de seguridad del Parlamento. Cabe señalar que la existencia de un delito ”in fraganti“ también permite actuar, y en particular realizar registros, incluso en el caso de inmunidad parlamentaria”.

El juez belga que asumió el caso del presunto escándalo de corrupción en el Parlamento Europeo ligado a Qatar imputó este domingo a cuatro de los seis detenidos por los delitos de participación en organización criminal, blanqueo de capitales y corrupción, informó la Fiscalía federal de Bélgica. Entre los imputados, que deberán permanecer bajo arresto, está la vicepresidenta del Parlamento Europeo Eva Kaili.

Las otras tres personas son el compañero de Kaili y asesor en el Parlamento Europeo, Francesco Giorgi, el exeurodiputado italiano socialdemócrata Pier Antonio Panzeri y un lobista bruselense detenido el viernes de quien no trascendió la identidad. El juez decidió dejar en libertad a los otros dos detenidos, según los medios belgas Le Soir y Knack: uno de ellos es precisamente el padre de Kalli, a quien la policía detuvo el viernes mientras intentaba escapar con 600.000 euros en una bolsa; y el otro es el secretario general de la Confederación Internacional de Sindicatos, Luca Visentini.

Mientras tanto, un tribunal de la ciudad septentrional italiana de Brescia dispuso el arresto de Maria Colleoni y Silvia Panzeri, esposa e hija respectivamente del exeurodiputado socialdemócrata, con lo que el presunto escándalo de corrupción y blanqueo de capitales en la Eurocámara, uno de los mayores de los últimos años, traspasó las fronteras de Bélgica.

El Ministerio Público dio a conocer asimismo que anoche se registró el domicilio de un segundo eurodiputado, que según los medios belgas Le Soir y Knack se trataría del socialdemócrata belga Marc Tarabella. Según Le Soir, los investigadores registraron la vivienda bajo la supervisión de la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola e incautaron material informático. Por el momento, Tarabella sigue en libertad.

Segundo eurodiputado implicado

Tarabella sería el segundo eurodiputado implicado en el caso, junto a la vicepresidenta de la Eurocámara, Eva Kaili, a quien la presidenta de la institución, Roberta Metsola, suspendió el pasado sábado de sus funciones en el cargo.  “A la luz de las investigaciones judiciales en curso por parte de las autoridades belgas, la presidenta Metsola ha decidido suspender con efecto inmediato todos los poderes, deberes y tareas que fueron delegados a Eva Kaili en su calidad de vicepresidenta del Parlamento Europeo”, indicó a EFE un portavoz de Metsola.

El grupo de los Socialistas y Demócratas en la Eurocámara, al que pertenece Kaili, ya había decidido el viernes suspender a la eurodiputada griega en esa formación. Además, expresó su “plena” disposición a cooperar con las autoridades judiciales y pidió paralizar cualquier expediente y votación relacionada con los Estados del Golfo hasta que “hasta que las autoridades competentes proporcionen información y aclaraciones relevantes”.

Metsola afirmó el pasado sábado en un mensaje de Twitter que la institución “se mantiene firme contra la corrupción”, y aseguró que cooperará “completamente con las autoridades policiales y judiciales pertinentes”. “Haremos todo lo posible para ayudar a la justicia”, afirmó Metsola.

La policía judicial belga llevó a cabo el viernes 16 registros domiciliarios y arrestó a cinco personas, después de haber llevado a cabo una investigación durante varios meses en la que sospecharon que Qatar intentó influir en las decisiones económicas y políticas del Parlamento Europeo.

Lo habría hecho “pagando sustanciales cantidades de dinero y ofreciendo importantes regalos a terceros con una posición política o estratégica importante en el seno del Parlamento Europeo”, dijo el viernes la Fiscalía federal.

De hecho, la policía judicial confiscó durante los registros material informático, teléfonos móviles y unos 600.000 euros en dinero en efectivo.

Según los diarios belgas Le Soir y Knack, se encontró medio millón de euros en efectivo en casa de Panzeri, quien ahora es presidente de la asociación Fight Impunity, dedicada a luchar contra la impunidad por violaciones graves de los derechos humanos o crímenes contra la humanidad. 

El caso se cobró ya la primera víctima política, con la decisión este sábado de Metsola, de suspender a Kaili de sus funciones como eurodiputada, a quien tanto el grupo de los socialdemócratas europeos como su partido político griego (el PASOK), han apartado.

El Partido Popular Europeo, los socialdemócratas, los liberales y los Verdes van a pedir también que se suspenda el voto, esta próxima semana sobre la liberalización de visados a los ciudadanos de Catar que entren en la zona Schengen.

Un informe de La Izquierda en el Parlamento Europeo documenta 25.000 devoluciones violentas en las fronteras de la UE. El grupo parlamentario de Unidas Podemos, Syriza y la France Insoumise, entre otros, lanzó este jueves la segunda edición del “Libro negro de las devoluciones”, más de 3.000 páginas que registran “la violencia sistemática que se desarrolla en las fronteras de Europa”.

Los cuatro volúmenes del informe son “una colección de más de mil testimonios de personas en tránsito compilados por expertos independientes de la Red de Monitoreo de la Violencia Fronteriza (BVMN). Documenta cómo casi 25.000 personas fueron golpeadas, pateadas, humilladas y detenidas arbitrariamente antes de ser expulsadas ilegalmente, tanto en las fronteras exteriores de la UE como desde lo más profundo del territorio de sus estados miembros”.

En total, el informe recoge 1.635 testimonios relacionados con 24.990 personas, a lo largo de cuatro volúmenes y más de 3.000 páginas, relativas a 15 países: Austria, Italia, Grecia, Eslovenia, Croacia, Polonia, Hungría, Rumania, Serbia, Bosnia y Herzegovina, Montenegro, Kosovo, Bulgaria, Macedonia del Norte y Albania.

“La gran cantidad de horrores documentados en estos volúmenes no dejan dudas sobre la naturaleza sistemática de las devoluciones en caliente en las fronteras de Europa”, afirma el informe: “No se trata de hechos esporádicos provocados por unas manzanas podridas, se trata de un huerto podrido donde la violencia, la tortura y la humillación no solo crecen exponencialmente, sino que se normalizan”.

Si bien la Comisión Europea busca un acuerdo sobre el Pacto de Migración y Asilo, “haciendo incluso la vista gorda ante las violaciones de derechos, está faltando a su deber como guardiana de los tratados. La creciente evidencia muestra claramente que el caso legal para que la Comisión tome una acción de infracción es evidente”.

“Las devoluciones son ilegales según el derecho internacional, pero las autoridades de los estados miembros han ignorado durante mucho tiempo tales violaciones de los derechos humanos que son contrarias a las obligaciones internacionales de la UE. El Libro Negro contiene solo los testimonios registrados por BVMN, la cantidad real de personas que son empujadas y experimentan violencia en las fronteras es probablemente mucho mayor”, explica el grupo de La Izquierda.

Cornelia Ernst, eurodiputada de La Izquierda (Die Linke, Alemania), afirma sobre el estudio: “Muestra claramente la violencia que aún experimentan a diario mujeres, hombres y niños que se desplazan en las fronteras exteriores e interiores de la UE. La Comisión Europea sigue inactiva y no abre procedimientos de infracción contra los Estados miembros que cometen devoluciones en caliente, negándoles el derecho de asilo. Frontex sigue operando en Grecia, aunque su complicidad con las violaciones de los derechos humanos no es un secreto. Vemos que el derecho de asilo está gravemente atacado: la UE financia cada vez más fuerzas fronterizas. perpetrando violencia, y Estados miembros como Polonia, Lituania y Letonia están adoptando leyes destinadas a legalizar las devoluciones, legislación que viola el derecho internacional y de la UE”.

Hope Barker, coautora del Libro negro de los retrocesos, analista principal de políticas de la Red de Monitoreo de la Violencia Fronteriza, ha explicado: “En 2020 publicamos el primer Libro Negro, con más de 900 testimonios, y pedimos el fin de la cultura de la impunidad que rodea las violaciones de los derechos humanos en Europa. Dos años después, las devoluciones ilegales continúan sin cesar a pesar de una mayor base de evidencia, videos de perpetradores que cometieron estos crímenes, y cientos de testimonios más. En esta nueva edición ampliada y actualizada del Libro Negro publicamos más de 1,600 testimonios, y esto es solo la punta del iceberg, hay cientos de miles de historias que no hemos escuchado. En BVMN nuevamente pedimos que se ponga fin a esta práctica, que los perpetradores rindan cuentas y que se respeten los derechos humanos de todas las personas”.

Por su parte, Milena Zajovič, coautora también del informe, afirma: “Los defensores de los derechos humanos, los periodistas y otras personas que trabajan para documentar las devoluciones han sido cada vez más atacados por los gobiernos de Grecia, Croacia, Hungría e Italia, precisamente los países que encabezan nuestra lista de perpetradores, con la mayoría de los informes de violencia provenientes de sus fronteras. De 14 organizaciones en nuestra Red, al menos ocho han enfrentado severas formas de abuso, campañas de desprestigio, vigilancia, intimidación e incluso ataques contra familiares, hasta obstáculos procesales que se les imponen para entorpecer su trabajo. Este año, una de nuestras ONG tuvo que disolverse debido a las presiones contra su trabajo en Turquía y Grecia, y algunos miembros de nuestro personal, incluido el editor de este libro, tuvieron que abandonar sus países de residencia para evitar más abusos”.

AG