Es la red social donde más tiempo pasan los menores de edad en todo el mundo y también una “vidriera” del abuso sexual infantil. Es lo que revela sobre TikTok una nueva investigación de Maldita.es, medio español, que pone el foco en cómo, a la vista de cualquier usuario, la plataforma expone videos e imágenes de pederastia sin filtros e incluso sirve para derivar a otras vías de compraventa de este material. En 35 días de recogida y análisis de datos, los investigadores documentaron 231 perfiles que publicaron 1.183 contenidos de abuso sexual infantil explícito. En total, suman 48 millones de visualizaciones.

El exhaustivo trabajo de campo de Maldita.es, que comienza a publicarse en forma de serie desde este lunes, se realizó entre el 11 de septiembre y el 15 de octubre de este año. Y pese a la legislación y las políticas internas de la plataforma, el último día de investigación el 59% de los perfiles seguían activos. “Hemos recorrido TikTok como lo haría un pederasta y la conclusión es que el abuso no se esconde en un rinconcito ni es difícil de encontrar. Todo lo contrario: se apoya en las propias herramientas de la plataforma para florecer y darse a conocer”, explica Clara Jiménez Cruz, cofundadora y CEO de la Fundación Maldita.

Las grabaciones e imágenes halladas no forman parte de conversaciones privadas, sino que cualquiera puede acceder a ellas. Los perfiles funcionan como “auténticos catálogos de abuso sexual infantil”, concluye la investigación, que apunta a que son cuentas dedicadas “casi exclusivamente” a esta actividad ilegal y que acumulan miles de visualizaciones, seguidores y “me gusta”. Maldita denunció a TikTok una muestra de 50 videos, pero la plataforma solo borró el 10% y bloqueó el 26% únicamente en España, describe el informe TikTok: el hogar del pederasta.

Tras el rastreo que hizo el equipo, se clasificó el contenido en los casos de abuso sexual explícito —videos e imágenes publicados por los 231 perfiles— y aquellos que presentan indicios, utilizan la sexualización de menores de edad como reclamo, conducen a canales de compra o afirman poseer material. Sumando todas las tipologías de este ecosistema, la investigación dio con 26.000 cuentas de “potenciales pederastas”. Se trata de la tercera investigación de Maldita al respecto, que antes de publicar se puso en contacto con la plataforma sin obtener respuesta.

A pesar de la crudeza del contenido, Maldita consideró “fundamental” contar qué contiene “para hacer consciente a la sociedad de lo que está pasando a la vista de cualquiera en una de las plataformas más grandes del mundo”. Y también para poner sobre la mesa la “facilidad” con la que se accede: el buscador de TikTok es una “herramienta sin filtros para un pederasta” y el propio algoritmo de la red social es el que “acaba conduciendo” a los usuarios a más material. De hecho, fue una de las principales fuentes del equipo investigador, que trabajó en todo momento con un protocolo de apoyo psicológico.

Los países más destacados son España, Tailandia, Vietnam, Birmania y Rusia. De hecho, se registraron 7.725 cuentas vinculadas a la posesión, distribución o intercambio de abuso sexual infantil en español. Al menos 55 especifican que tienen material “propio” y varios dicen en abierto que esos contenidos son “con sus propios hijos, hermanos o sobrinos”. Otros presumen de la cantidad de archivos que poseen. “Yo tengo con mi hermano peque” o “intercambiamos yo tengo también con mi sobrino”, son algunos de los ejemplos aportados.

Maldita se puso en contacto con 12 usuarios utilizando mensajes directos de TikTok, de los cuales ocho afirmaron tener material y cuatro aseguraron que era de niños o niñas de su propio entorno familiar. Son de España y se mantuvieron “dispuestos a hacer una videollamada con el menor a su cargo”, revela el estudio. El resultado de la investigación propició que Maldita.es, junto con el despacho Cremades & Calvo-Sotelo, haya interpuesto una denuncia ante la Fiscalía de Criminalidad Informática.

El trabajo demuestra, además, que TikTok “facilita” el acceso a “redes de compraventa y el contacto entre pedófilos”. Los perfiles suelen promocionar abiertamente el método de contacto y los precios y facilitan en su biografía, mensajes o publicaciones nombres de usuario que conducen a canales de Telegram, Zangi o Whatsapp. “Es allí donde se realizan las transacciones”, afirma Maldita, que contactó con alguno de estos usuarios para comprobarlo.

“Ganchos” para atraer clientes

El estudio localizó grabaciones con efecto difusor en los que se identifican violaciones y tocamientos a niños y niñas, a veces acompañados de audios del abuso “para atraer clientes”. Hay también videos ligeramente pixelados en forma de miniatura o material explícito con un emoticono que tapa una parte de la escena. Muchos perfiles “camuflan” las imágenes entre otros contenidos o insertan pequeños recuadros que reproducen fragmentos. Todo ello como “reclamo” y a modo de “adelanto” que ofrecen a posibles compradores. “video completo”, reclaman otros usuarios en los comentarios.

Algunas cuentas ponen fotogramas directamente en su imagen de perfil y otros presentan imágenes explícitas con un texto superpuesto, una de las técnicas más comunes. Varios perfiles publican contenido implícito que sirven de “gancho” para que los usuarios “sepan dónde pueden adquirir material”: por ejemplo, imágenes de niños con el torso desnudo o tumbados en la cama, niñas enseñando saliva, simulando una masturbación o con la entrepierna de un hombre adulto a su lado.

El trabajo también exploró los directos de menores de edad como un foco en el que los espectadores “piden a los niños que hagan cosas, a veces sexuales, a cambio de dinero”. En total, documentó 91 lives de 17 países en los que ocurre esto, a pesar de que la red social prohíbe a las personas que tienen menos de 18 años que hagan directos.

La “pasividad” de TikTok

La investigación alerta de la “pasividad” de TikTok ante este tipo de publicaciones: de los 50 videos denunciados por Maldita a la plataforma, solo borró cinco y bloqueó 13 en España. En el 6% de los casos no dio respuesta y en el 58% restante consideró que no infringían la ley ni sus propias normas. Aunque en estas directrices se afirma que este tipo de infracciones puede llevar a la cancelación de la cuenta, el 47% de los usuarios que habían publicado estos videos y que fueron retirados por TikTok a raíz de la denuncia, siguieron activos después.

El informe relata un ejemplo de la respuesta de la plataforma y señala a una pieza que combina dos grabaciones de un niño pequeño —una en la que está peinándose y otra en la que está tomando algo con otros menores— con un tercer video que aparece de forma oculta en el espacio entre ambas imágenes y que muestra un abuso sexual. Fue una publicación reportada específicamente por Maldita a TikTok en dos ocasiones, pero la red social las rechazó y a 28 de octubre sigue colgado con comentarios de usuarios que pedían la “grabación completa”.

El medio centenar de elementos de los que alertó Maldita acumulaban 8,8 millones de visualizaciones, por lo que es difícil pensar que puedan pasar desapercibidos para TikTok, denuncia el medio. El video más popular superaba los cuatro millones, fue bloqueado en España, pero la cuenta que lo publicó sigue abierta con más de 3.000 seguidores y la foto de perfil de un niño. Maldita advierte de que estas grabaciones son ilegales y quienes las publican “están cometiendo un delito en la mayoría de las jurisdicciones del mundo” mientras que la actitud de la red social “siembra dudas” sobre el cumplimiento de sus obligaciones.

Poco a poco empieza a levantarse el manto de opacidad e impunidad que cubrió durante décadas los abusos y agresiones sexuales cometidos contra menores en el seno de la Iglesia. Así lo evidencia la última memoria de la Fiscalía General del Estado español correspondiente a 2022, publicada este jueves, que da cuenta de la existencia de al menos 147 investigaciones abiertas tanto en fiscalías como en juzgados encaminadas a esclarecer delitos contra la libertad sexual cometidos contra menores en congregaciones, colegios o cualquier otra institución religiosa. Los datos parten de una recopilación trimestral de datos de las fiscalías superiores que se inició en febrero del año pasado. 

En su memoria, el Ministerio Público advierte de que se trata de datos “muy parciales” como consecuencia de dos aspectos: la dificultad de detectar estos procedimientos al no existir un registro específico para estos supuestos en las aplicaciones informáticas de los juzgados y el acotado espacio temporal al que pertenece la documentación remitida. La mayor parte de los testimonios se refieren a procedimientos que tuvieron su origen en el año 2021 y 2022 y solo puntualmente se remitieron de años anteriores. Además, hay que tener en cuenta que muchos de estos delitos no llegan a la justicia ordinaria porque se instruyen en procesos eclesiásticos o nunca llegan a denunciarse. 

Pese a ello, los datos sí sirven para hacer una aproximación a lo que la Fiscalía de España define como “una realidad criminal de incuestionable gravedad”. De las 147 investigaciones, 61 están abiertas en fiscalías territoriales y 86 en juzgados. Y, de ellas, apenas unas sesenta se abrieron antes de 2021. Respecto a los hechos que son objeto de estas pesquisas, en el 67% de los casos tuvieron lugar con posterioridad al año 2000 y en el 33% con anterioridad a 1990.

Las cifras publicadas dan cuenta también del elevado porcentaje de sentencias condenatorias. Así, de las 20 sentencias remitidas de procedimientos judiciales finalizados, 19 de ellas fueron condenatorias. Sólo una fue revocada. Entre los motivos de archivo de las investigaciones, el 37% fue porque la responsabilidad se habían extinguido porque el delito había prescrito o porque el autor había fallecido. 

Uno de las principales dificultades de la denuncia y el enjuiciamiento de la pederastia en la Iglesia son los plazos de prescripción. Esta es una circunstancia a la que pone remedio, en parte, la Ley de Protección a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, que aumenta el plazo de prescripción de los delitos más graves cometidos contra menores. Desde su entrada en vigor, el tiempo que tiene la víctima para denunciar empieza a contar a partir de que cumple 35 años. 

Antes, ese límite estaba fijado en la mayoría de edad. Dependiendo de la gravedad de los hechos, la prescripción de estos delitos se sitúa entre los 5 y los 15 años. Es decir, hasta la aprobación de esta ley, como máximo, una víctima podía denunciar hasta los 33 años en el caso del delito sexual con mayor pena y ahora ese margen se alarga hasta los 50. 

En su memoria, el Ministerio Público español también aborda la necesidad de revisar la posible solicitud de responsabilidad civil subsidiaria de la Institución religiosa donde tuvieron lugar los delitos contra la libertad sexual de menores. Según una recopilación realizada por elDiario.es, buena parte de las sentencias dictadas desde 2010 no consideran responsable civil subsidiaria a la institución o a las congregaciones donde trabajaban los pederastas por no tener una relación laboral directa con la Iglesia, aunque el Tribunal Supremo sí avaló una condena a una iglesia evangélica por los abusos cometidos por un pastor. 

Asimismo, la Fiscalía también propone la extensión de la acusación a las posibles conductas encubridoras por parte de los representantes de las Instituciones religiosas que pudieron llevarse a cabo previo a la denuncia, la solicitud “en todo caso” de la inhabilitación profesional del acusado para llevar a cabo toda actividad que esté relacionada con menores de edad y la determinación concreta de la indemnización en concepto de responsabilidad civil a que tiene derecho la víctima, incluyendo los daños morales y las lesiones psíquicas.

“Durante su misión como arzobispo de Cracovia, Karol Wojtyla sabía de sacerdotes que abusaban de niños y los ayudaba a evadir el castigo, incluso transfiriéndolos a otras parroquias”. Estas duras acusaciones pertenecen al periodista holandés Ekke Overbeek, quien durante años estuvo investigando documentos de la Iglesia polaca que, asegura, demostrarían que el futuro san Juan Pablo II encubrió agresiones sexuales a menores, y que lo siguió haciendo siendo Papa. Casos escandalosos como los de Marcial Maciel, el ex cardenal McCarrick o la protección en Roma del cardenal de Boston, Bernard Law, tras la publicación de ‘Spotlight’, impidiendo que fuera juzgado en Estados Unidos, así lo demuestran.

“Nunca fue parte de la solución, sino del problema”, constata el periodista, quien publicó un avance de su investigación en Nieuwsuur. El grueso de tres años de análisis de documentos de los servicios secretos de la dictadura polaca –la Iglesia del país tiene cerrados los archivos de la época hasta 2042– saldrán a la luz el año que viene en un libro que lleva por título Máxima culpa y que demuestra cómo Wojtyla tapó los casos de al menos cuatro sacerdotes. La Iglesia del país salió en tromba a defender al Papa polaco, elevado a los altares por Francisco en 2014 en una canonización exprés.

“Encontré casos concretos de sacerdotes que abusaron de niños en la archidiócesis de Cracovia, donde el futuro Papa era arzobispo. El futuro Papa lo sabía y, sin embargo, trasladó a esos hombres. Eso dio lugar a nuevas víctimas”, subrayó el investigador.

Uno de esos depredadores fue el sacerdote Eugeniusz Surgent, quien mantuvo correspondencia con el futuro Juan Pablo II durante su estancia en prisión y que, tras su salida, pudo seguir trabajando como sacerdote. Esta revelación tira por tierra los argumentos de los defensores de Wojtyla, que sostienen que el polaco solo comenzó a conocer casos de abusos en 1985, cuando recibió un informe de un sacerdote estadounidense, quien le alertó de lo que, casi dos décadas después, explotó en Boston. Las revelaciones de Overbeek demostrarían que, ya desde la década de los sesenta, el futuro Papa conocía de primera mano la existencia de abusos y tuvo la oportunidad de acabar con ellos de raíz. Y que no lo hizo.

Cultura del encubrimiento

Y es que, ante las denuncias de abusos, Wojtyla optó por transferir a los sacerdotes pederastas a otras parroquias, o con sus familias. En los casos más graves, instaba a los depredadores a pasar una temporada en un monasterio. Pero no eran sancionados con la expulsión del ministerio ni, mucho menos, denunciados ante las autoridades. La persecución de la Iglesia polaca durante la dictadura podría haber explicado algunas de esas actuaciones, aunque no justificarlas. Pero las decisiones posteriores de Wojtyla, ya siendo Juan Pablo II, confirman que la cultura del encubrimiento fue una constante de su pontificado.

La reacción, como casi siempre, vino tarde. Tal y como confirma Nieuwsuur, mientras Overbeek estaba dando los toques finales a su libro, la iglesia polaca se puso en contacto con las víctimas de Surgent, y anunció que se había decidido investigar la época. En Polonia, fueron varios miles de víctimas las que denunciaron abusos a menores. La Comisión Estatal creada en 2020 constató cómo el 30% de los abusos perpetrados en el país tuvieron como responsable a un miembro de la Iglesia católica. Ni la diócesis de Cracovia ni la Santa Sede quisieron participar en el informe del programa holandés.

“Casi todos los documentos que se recopilaron directamente sobre Wojtyla fueron destruidos, pero se lo menciona muy a menudo en otros que no lo fueron. Y si los pones todos juntos, son piezas de un rompecabezas que forman la imagen de cómo se manejó el abuso infantil por parte de los sacerdotes”, asegura Overbeek, quien sostiene que “el razonamiento de la Iglesia, de los defensores del Papa, se reduce al hecho de que él no lo habría sabido (de los abusos); que comprendió la gravedad de la situación muy tarde y que primero pensó que era un problema de Estados Unidos. Todos esos argumentos ahora pueden descartarse”.

La Iglesia polaca, en tromba en su defensa

Sin embargo, la prensa católica polaca salió en tromba a defender a su pontífice santo. Así, tal y como recoge Katholich.de, el diario Rzeczpospolita, de Varsovia dio recientemente un informe favorable a Wojtyla, recogiendo un caso de abusos datado en 1970 en el que el futuro Juan Pablo II tomó “todas las decisiones necesarias en aquel momento: expulsión rápida de la parroquia, suspensión y orden de vivir en un monasterio hasta que se resolviera el asunto”.

Estos medios añaden que los documentos del servicio secreto del régimen comunista de la época “deben ser evaluados con cautela” . Por su parte, quien fuera postulador de la causa de canonización de Juan Pablo II, Slawomir Oder, ve las acusaciones de encubrimiento contra Karol Wojtyła cuando era arzobispo de Cracovia como “completamente absurdas”. Así lo destacó a la agencia de noticias católica polaca KAI en una entrevista en la que confirma que todas estas cuestiones fueron investigadas por la postulación.

Oder, quien también trabaja por la canonización de los padres de Wojtyla, rechaza cualquier acusación de que el Papa polaco favoreciera o escondiera bajo la alfombra los abusos sexuales a menores cometidos por parte de sacerdotes. Para él, estas acusaciones no son más que un intento de socavar la autoridad de Juan Pablo II que es comparable a la “eterna lucha entre el bien y el mal”. El postulador ve la mano del diablo que vuelve para luchar contra este Papa, que fue un “poderoso intercesor del pueblo ante Dios”.

Lo cierto es que, junto al drama de la pederastia en la Iglesia, subyace una cuestión mucho más profunda, y que revela la dinámica de encubrimiento que se dio durante décadas en la institución a nivel mundial, y que tuvo en Juan Pablo II a su máximo exponente. Un Wojtyla que, durante años, ni hizo caso a las denuncias de abusos contra algunos de los máximos exponentes de la restauración conservadora tras la apertura del Concilio Vaticano II y que amparó a pederastas tan famosos como el fundador de la Legión de Cristo, Marcial Maciel, al que llegó a llamar “apóstol de la juventud”.

Y es que, pese a que las acusaciones en su contra llegaron a Roma ya en 1988 (anteriormente, en 1954, siendo Papa Pío XII, ya habían aparecido denuncias que finalmente cayeron en el olvido), Juan Pablo II no quiso abrir expediente alguno contra Maciel. Hoy ambos han fallecido: el fundador de la Legión, como el mayor depredador de menores de la historia reciente de la Iglesia; el Papa polaco, como santo universal.

El caso de Maciel no fue el único. El líder del Sodalicio, Luis Figari, también campó a sus anchas durante años, como lo hizo Theodore McCarrick, uno de los cardenales más poderosos de Estados Unidos y al que Francisco arrebató la púrpura y hoy está siendo juzgado por tribunales norteamericanos.

Los Legionarios de Cristo tardaron más de tres décadas en reconocer los abusos de su fundador, protegido como en el caso de McCarrick por Juan Pablo II y su fiel secretario Estanislao Dzwisz, que hace pocos meses fue absuelto en una investigación sobre abusos en Polonia que amenazaba con implicar al propio Papa polaco.

La contrapartida, en ambos casos, era evidente: una fuerte financiación proveniente de México y Estados Unidos, y nuevas vocaciones sacerdotales para el proyecto de involución en la Iglesia católica. Roma cumplió, ninguno pisó la cárcel. El último ejemplo, el de los abusos de Nicola Corradi en el Instituto Próvolo de La Plata, declarados prescritos por la Justicia.

En otros casos, como el de Fernando Karadima, uno de los formadores de buena parte del episcopado chileno, y abusador impune durante años, terminaron por juzgarse. Otros no corrieron con tanta suerte. Cuando en 2002 estalló el escándalo por la investigación del Boston Globe, que reveló miles de casos de pederastia y que llevó a la bancarrota a media iglesia católica de Estados Unidos, el cardenal de Boston, Bernard Law, dimitió de su cargo pero, en lugar de afrontar sus responsabilidades, viajó a Roma… y nunca regresó. La Santa Sede, primero con Juan Pablo II y después con Benedicto XVI, denegó las peticiones de extradición de la justicia norteamericana, y acabó muriendo entre los muros vaticanos.

Ratzinger, al banquillo

Wojtyla no es el único Papa acusado de encubrimiento. El mismo Benedicto XVI tendrá que declarar en las próximas semanas acusado de haber amparado a un cura pederasta cuando era arzobispo de Múnich, y se convertiría en el primer pontífice en sentarse en el banquillo por su potencial responsabilidad en los abusos de la Iglesia.

La polémica estalló en 2016 a raíz de las acusaciones de abusos contra el sacerdote Peter Hullermann, trasladado a la diócesis pastoreada por Ratzinger tras ser encontrado culpable de abusos en Essen. Ahora ha llegado a los tribunales, que tratarán de dilucidar si el Papa emérito aceptó la llegada del cura sabiendo las razones de su traslado, y determinará las posibles consecuencias civiles y penales de su posible encubrimiento. Ratzinger, de 95 años, en ningún caso podría entrar en prisión.

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JB