Justo el día después de las elecciones provinciales en Salta, el 15 de mayo, arranca el juicio contra Carlos Fernando Páez, un cura acusado de haber abusado sexualmente de Kevin Montes un ex seminarista entre los años 2015 y 2017. Durante tres jornadas de audiencias declararán 33 testigos. Las organizaciones de sobrevivientes de abusos por parte de integrantes de la Iglesia Católica piden el resguardo físico del denunciante y su familia, al tiempo que advierten posibles irregularidades en el proceso. En Salta ya son tres los curas que llegan a la Justicia imputados por delitos sexuales.

La víctima, que hoy tiene 26 años, relató por primera vez las escenas de violencia que vivió mientras era seminarista dentro de la Iglesia. La solución que le ofrecieron desde la diócesis de Orán fue cambiarlo de parroquia. Montes aceptó, pero su carrera en la institución hizo que dos años después volviera a encontrarse con Páez.

En 2019, Montes radicó denuncia penal y la canónica. El delito que le imputan al ex cura es abuso sexual simple doblemente agravado por haber sido cometido por ministro de culto reconocido y encargado de la educación. Paéz era sacerdote en la parroquia La Santa Cruz, en Villa Saavedra, Tartagal, que depende de la Diócesis de Orán. El obispo de Orán, Luis Scozzina, suspendió del ejercicio del sacerdocio a Páez en agosto. También lo expulsaron de la parroquia Nuestra Señora de la Merced de La Unión, donde residía.

El denunciante se retiró de la vida religiosa de manera definitiva hace cuatro años, en 2019. La organizaciones de sobrevivientes de abusos sexuales por parte de integrantes de la Iglesia Católica aseguran que corre peligro. Luego de formalizar la denuncia, la víctima de Páez recibió amenazas y presiones de parte del presunto abusador y del exobispo de Orán, Gustavo Zanchetta. Zanchetta era un sacerdote cercano a Francisco. El Papa lo había designado como asesor de la oficina de administración financiera de la Santa Sede hasta que lo denunciaron en Salta por abuso sexual y de Poder. Lo condenaron el año pasado luego de que la Justicia comprobara que abusó de dos ex seminaristas. ¿La condena? Prisión domiciliaria de cuatro años dentro de un monasterio para “curas jubilados” por su “delicado estado de salud”. Zanchetta tiene 59 años. Diagnóstico: hipertensión.

¿Por qué piden garantías para proteger físicamente al denunciante? La víctima de Páez declaró como testigo en el juicio contra Zanchetta. El juicio contra Paéz arranca inmediantamente el día posterior a las elecciones provinciales, por lo tanto no tendrá una cobertura mediática que visibilice el caso, que, de alguna manera “proteja” a la víctima. Hay más. La fiscal a la que le tocó llevar adelante la investigación para elevar el caso a juicio era catequista de Páez, así que se apartó de la causa. Pero quien fue designado para integrar la Unidad Fiscal que investigó fue su esposo. El denunciante tuvo que mudarse de Tartagal a Córdoba por la revictimización a la que fue sometido por denunciar al cura. Pidió que el juicio se lleve a cabo en la capital de la provincia, pero le negaron el pedido.

Además de Zanchetta, el ex cura Agustín Rosa Torino fue condenado por abuso sexual a doce años de cárcel luego de que comprobaran que abusó de dos jóvenes y de una ex monja. Los hechos habían ocurrido entre 2009 y 2012 en el Instituto Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, fundado por el mismo condenado. Lo condenaron en 2021 y confirmaron el fallo al año siguiente, dado que el ex sacerdote apeló la decisión del Tribunal.

“Le pido a los jueces que lleven este caso con responsabilidad porque estas cosas no tienen que pasar más en la Iglesia. En mi Diócesis siguen pasando estos abusos y como pasan en mi diócesis pasan todo el mundo”, dijo Kevin Montes a elDiarioAR en una entrevista. VDM/MG

Desde 1970, al menos 148 religiosos y religiosas fueron denunciados por “terribles vejámenes en nombre de la Iglesia”. Aunque la mayoría de esos abusos están relacionados con ataques sexuales, el listado incluye también sacerdotes acusados por encubrimiento y varios casos por tormentos y castigos como ocurrió con las Carmelitas Descalzas de Nogoyá, en Entre Ríos, donde la exsuperiora del convento, Luisa Toledo, fue condenada a tres años de prisión efectiva por privación ilegítima de la libertad

El listado fue difundido por la Red de Sobrevivientes de Abusos Eclesiásticos de Argentina que este jueves cumplió diez años de existencia. Es una de las organizaciones más antiguas del país y una de las pocas de este tipo en América Latina.

“A lo largo de una década, cientos de sobrevivientes de situaciones traumáticas como consecuencia de los abusos cometidos por miembros de la Iglesia Católica y de otras denominaciones de culto, nos hemos reunido en torno a esta Red, encontrando en ella la

contención y comprensión necesaria para poner en palabras los horrores cometidos por clérigos, monjas y laicos en diferentes momentos de nuestra vida“, señala el Informe Anual, informativo y estadístico de las causas por abusos eclesiásticos en todo el territorio nacional.

“La base de datos es una lista de sacerdotes, hermanos, seminaristas, diáconos, laicos y monjas de órdenes religiosas y diocesanas en la iglesia católica romana en Argentina que enfrentan una acusación o acción legal (penal o civil) relacionada con el abuso

eclesiástico“, agrega el Informe --denominado ”Cuando rompa el silencio“- que aclara que la Red no tiene relación con ”agrupaciones vinculadas a la Iglesia Católica, con quienes hemos tomado la firme determinación de no dialogar ni trabajar de forma conjunta“.

De acuerdo a estos datos, desde 1970 fueron denunciados 89 sacerdotes diocesanos, es decir que pertenecen a alguna de las diócesis que existen en Argentina, en tanto otros 37 frailes y religiosos son integrantes de órdenes religiosas. Además del total de denuncias, once son monjas “con rango de superioras o responsables de establecimientos educativos o de cuidado de las infancias”.

También hay cinco obispos, en tanto tres de los acusados son fundadores de órdenes religiosas ultraconservadoras.

El pasado 23 de octubre, al cumplirse 20 años de que se conoció la acusación por abuso contra el padre César Grassi, elDiarioAR presentó una investigación especial que daba cuenta de que en Argentina, luego de que aquel escándalo actuara como disparador de las denuncias, se conocieron 128 casos en los que los acusados fueron miembros de la Iglesia.

Además de presentar un mapa interactivo con los religiosos denunciados, la Red de Sobrevientes detalló que de esos 148 casos sólo 66 fueron radicadas únicamente en el fuero penal, mientras que 27 se hicieron sólo en el ámbito eclesiástico y 38 en ambos ámbitos. El informe también incluye 17 denuncias públicas que no prosperaron porque fallecimiento del agresor.

A partir de estos datos, la Red advirtió que observan con “preocupación que los abusos eclesiásticos no son tomados en cuenta con la real dimensión con que éstos perjudican a infancias, adolescencias y adulteces vulnerables a lo largo de los años”.

Por esa razón, insisten en que las denuncias deben ser llevadas a cabo siempre en la justicia penal, la única que tiene validez para sancionar a los agresores. La Red recordó que su posición es “la firme recomendación de no acudir a tribunales eclesiásticos, ha permitido evitar acciones de revictimización en los llamados ”Tribunales Canónicos“, donde a nuestro entender, no se respetan las más mínimas garantías que contempla la Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, actuando con imparcialidad y malicia en detrimento de la integridad de lxs sobrevivientes”.

Desde la Red también destacan que “la ausencia de organizaciones similares en países de habla hispana ha movido a diferentes sobrevivientesa la consulta, diálogo e implementación de abordajes multidisciplinares para acompañar de forma remota a numerosos sobrevivientes de países vecinos, como Brasil, Paraguay y Venezuela”.

MG