El teléfono de Marcelo D'Alessandro se transformó en una Caja de Pandora de consecuencias difíciles de calcular hoy. Allí quedaron plasmados delitos presuntos, graves y de gran alcance. Pocos en Juntos por el Cambio (JxC) y en el Gobierno de la Ciudad se animan a decir algo más allá de alguna frase de compromiso. “No somos todos lo mismo” es el eslogan que más citan, algo que, a esta altura, entre perpetradores de ilegalidades estilo Gestapo y Super Mario Bros, tiene lecturas inconvenientes para la coalición de derecha.

Mauricio Macri y Patricia Bullrich saborean discretamente la encerrona de su principal rival dentro del PRO, Elisa Carrió imparte absoluciones tempranas y la UCR retorna al lugar que más frecuenta: fingir demencia. Iluminados por el fuego, D’Alessandro y Horacio Rodríguez Larreta carecen del privilegio del silencio.

El Jefe de Gobierno y el ministro de Justicia y Seguridad de CABA ensayaron un argumento central para desentenderse de los diálogos en los que el segundo aparecería perpetrando fraudes, sobornos y armado de causas judiciales, probables delitos vinculados a decisiones que competen al primero. Sostuvieron que no corresponde validar informaciones provenientes de una fuente ilegal, como es la filtración de conversaciones privadas.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio

La bandera del “fruto del árbol prohibido” que levantan el larretismo y Juntos por el Cambio encierra un problema de índole política, pero también jurídica. Si alguien ha venido legitimando hace años supuestas pruebas provenientes de escuchas ilegales y articulación con servicios de Inteligencia estatales o paraestatales fueron los máximos estamentos de JxC. Por ello es que, a la luz de los antecedentes, nadie descarta que este episodio de la saga provenga de la interna del macrismo. Entrevistado por el canal de La Nación, D’Alessandro dejó el mensaje en su siempre sórdida retórica: “Aquéllos que entiendan que pueden sacar una ventajita política, sea de enfrente o sea del costado, que entiendan que este juego es muy peligroso”.

Jurisprudencia con sello JxC

Jueces y fiscales de Comodoro Py, de primera, segunda y tercera instancia, en tándem con la Corte Suprema, se dedicaron a aceptar filtraciones con contenidos mucho menos inculpatorios que los expuestos en el Telegram de D’Alessandro. De manera que el Gobierno nacional, denunciante del funcionario de Larreta, podría buscar en la parte de la biblioteca que matice la validez de la prueba surgida de filtraciones ilegales, o bien citar la jurisprudencia sentada por los doctores Claudio Bonadio, Martín Irurzun y sus colegas visitantes de Olivos, Los Abrojos y Lago Escondido, amos y señores de los tribunales federales.

Elisa Carrió es un ejemplo altisonante de incongruencia al que vale citar por la condición de guardiana moral y lanza judicial que le asigna el ecosistema de Juntos por el Cambio. La exdiputada, hoy protectora de D’Alessandro, centró su carrera en denuncias basadas en fuentes de Inteligencia, muchas veces espurias. Un caso emblemático fue la presentación judicial realizada en 2019 junto a sus laderas Marina Zuvic y Paula Oliveto a raíz de un sobre anónimo que le llegó a Carrió con escuchas a dirigentes kirchneristas y detenidos en el penal federal de Ezeiza, que luego los programas de Jorge Lanata y Luis Majul difundieron como “operación puf”.

Esas transcripciones buscaban desmerecer la supuesta trama extorsiva para arrepentir testigos orquestada por el falso abogado y espía Marcelo D’Alessio, quien tenía como contrapartes presuntamente involuntarias al fiscal federal Carlos Stornelli, al periodista del Grupo Clarín y el programa “Animales Sueltos” Daniel Santoro y a la citada Oliveto (“Negrita”, para el confianzudo extorsionador). El origen ilegal de esa filtración, que los camaristas trasladados por Macri a Comodoro Py todavía se resisten a enterrar, fue doble. El sobre anónimo que la fundadora de la Coalición Cívica dejó asomar por debajo de la puerta suponía de por sí una violación a la intimidad y al derecho básico de defensa de un detenido. Además, los audios habían sido recabados gracias a un montaje judicial para espiar a reclusos en Ezeiza con la excusa de hacer un seguimiento a otro preso. El macrismo utilizó el artilugio varias veces a lo largo de su trayectoria: un juez de cualquier jurisdicción arma una causa y ordena escuchas masivas con criterios muy laxos de tiempo y espacio. Casualmente, el micrófono indiscreto encuentra a adversarios, opositores y cuñados indeseados de Mauricio Macri. Cuando hace falta, las grabaciones llegan a la TV.

La afección de Carrió por las operaciones intoxicadas son variopintas. Por caso, hizo circular una historia falsa de iraníes cruzando el Río de la Plata en Buquebús para llevar a cabo el “asesinato” del fiscal Alberto Nisman y hasta prestó el living de su casa para un testimonio fraudulento que terminó siendo un sketch para el programa de Lanata sobre “la morsa”.

Quizás las consecuencias más graves de una grabación ilegal reciente fueron sufridas por Héctor Timerman, Luis D’Elía y otros apuntados en la causa por el memorándum con Irán. Una ironía ínfima y banal de Timerman, en octubre de 2014, en un diálogo telefónico con el entonces presidente de AMIA, Guillermo Borger, sirvió a Bonadio para reabrir la denuncia de Nisman, que había sido desestimada en tres instancias y archivada. La intervención del camarista Irurzun y dos de los jueces de Casación que visitaban a Macri “por motivos sociales” (paddle, etcétera) fue decisiva para plantar el expediente en el juzgado de Bonadio y validar la escucha ilegal. Varios de los procesados pasaron años en la cárcel y Timerman alcanzó a prestar declaración indagatoria poco tiempo antes de morir, con su salud ultrajada. Todos ellos fueron sobreseídos en 2022.

Telegram sin fondo

La teoría del fruto del árbol prohibido tendrá el previsible destino que le deparen Comodoro Py y la Corte Suprema. No obstante, las sospechas sobre D’Alessandro están lejos de agotarse en las filtraciones —hay pasajes, facturas, licitaciones, contratos de acarreo escandalosos, miles de millones de pesos en juego— y en su propia persona.

La candidatura presidencial de Rodríguez Larreta está ante un problema: nadie sabe cuánto más puede aparecer en el Telegram del ministro en uso de licencia y en el teléfono de Diego Santilli, al que habrían violentado con el mismo método burdo de pedir un nuevo chip en un local de Movistar.

No sólo genera incertidumbre cuánto más hay en el archivo, sino quién lo tiene —rival interno o externo— y cuándo será divulgado. Un derrotero sobre “60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%”, fotos y audios de su ministro de Justicia que se desgranen hasta las primarias de agosto o las generales de octubre pueden representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral. Las condiciones serán injustas, sin dudas, porque ningún allegado a Macri, ni a Bullrich, ni a Javier Milei, ni a Cristina, ni a Alberto ni a quien sea el postulante peronista entregará su teléfono para que le revisen los mensajes.

Los probables peligros por venir explican la contradicción intrínseca de D’Alessandro y Larreta, que navegan a dos aguas entre tachar la filtración como falsa y denunciar el hackeo. Si niegan todo de plano, arriesgan la eventualidad de que aparezcan pruebas incontrastables. Si Larreta respalda a su funcionario a rajatabla, el daño podría tornarse irreparable en el futuro, como si hubiera sido poco lo ya trascendido, por lo que alguna distancia está obligado a tomar, sin provocar la ira del ministro licenciado.

Un derrotero en el que se desgranen más alusiones a '60 verdes y 50 lucas argentinas; a fin de mes te integro 100%', fotos y audios de su ministro de Justicia puede representar una amenaza insalvable para dominar la agenda electoral

Bullrich toma impulso en la encerrona de su rival del PRO para cuestionar la falta de respaldo a su funcionario y atina a dejar la puerta entornada para que D’Alessandro, un manodurista con quien tiene buena relación, cruce de vereda en un mercado de pases en el que viene perdiendo por goleada.

Uno de los principales dirigentes del sector de Bullrich configura el escenario ante elDiarioAR. “Horacio da malas señales respecto de lo complicado que puede estar D’Alessandro al no respaldarlo. No la veo a Cristina soltándole la mano ni siquiera a (el hombre de los bolsos millonarios en el convento) José López, a quien mantuvo hasta el final. Soltarle la mano es darle veracidad a la acusación”.

La segunda tanda de audios de D’Alessandro tiene un alcance de un orden distinto a la de Lago Escondido. Los intercambios de los invitados por el Grupo Clarín al paraíso patagónico expusieron a los viajantes en tanto presuntos receptores de dádivas o sobornos, traficantes de influencias y falsificadores de facturas. A los efectos prácticos, la difusión dificultará los favores que los jueces, ejecutivos del Grupo, espías y funcionarios de CABA pretendían obsequiarse, pero el traslado de la responsabilidad de D’Alessandro a Larreta tiene un alcance limitado.

En cambio, los diálogos con Silvio Robles y el contratista de grúas y estacionamientos Marcelo Violante demostrarían acciones y políticas de las que sería muy dificultoso despegar a la cabeza del Gobierno de la Ciudad. Se trata de decisiones presupuestarias y estratégicas de gran calado.

La fuente que trabaja para la candidatura de Bullrich califica como “un espanto el tema de los servicios y los chats” y amplía su mirada en estos términos. “Lo de Lewis es una cuestión ética, no de corrupción. El problema del político es cuando se asusta. De entrada, D’Alessandro debería haber admitido que fue invitado y se acababa el tema. Lo de las grúas, si fue así, es otra historia: un caso de corrupción mucho más serio”.

Ante la difusión del chat, Robles busca refugio sigilosamente en Comodoro Py. D’Alessandro, en cambio, niega la existencia del diálogo en el que el secretario del supremo Horacio Rosatti le pasa letra judicial y legislativa a la bancada de senadores de la coalición de derecha para la designación de representantes en el Consejo de la Magistratura. Los intercambios también exhibirían promiscuidad en el trato entre ambos en el marco del expediente por la coparticipación de CABA.

Dos datos fortalecen la hipótesis de que el diálogo D’Alessandro-Robles existió. Uno, menor: La picardía del funcionario de la Corte expuesta en la forma de expresarse en el chat es reconocible para cualquiera que haya hablado con él; su huella está ahí. Otro, mayor. Robles habría tecleado las instrucciones el 15 de noviembre pasado. En las 48 horas siguientes, la bancada de senadores de JxC actuó en la línea indicada y Larreta fue la voz cantante.

En cuanto a los presuntos negociados con Violante, la respuesta de D’Alessandro en las pocas entrevistas que concedió fue curiosa. No desmintió lo difundido, sino que pretendió restarle verosimilitud porque la organización de licitaciones de estacionamientos y el contrato de acarreo en manos de Dakota, la empresa de Violante, no estaban bajo jurisdicción del Ministerio de Justicia porteño. Ante ese argumento, la fuente cercana a Bullrich ríe.

Ni hace falta que D’Alessandro aclare que la decisión de prorrogar de facto, año tras año, el contrato vencido con Dakota para el acarreo de vehículos a cambio de $55.000 por mes, equivalente al pago de sólo nueve traslados de vehículos llevados por las grúas que actuaban en banda, fue una decisión del máximo nivel del Ejecutivo porteño. Si “las 60 verdes y las 50 argentinas” fueron sólo una cuota de una coima para uno de los tantos contratos y licitaciones que organiza la Ciudad, mejor no hacer proyecciones.

Un capítulo aparte merece la reacción del mundo periodístico. En estas semanas, se vio el cruce de vereda entre aquéllos que ventilaban cuanta conversación privada de Cristina o un kirchnerista fuera hackeada durante los años de Macri en la Casa Rosada, aunque fueran apreciaciones personalísimas, y quienes rechazaban de plano todo contenido que una filtración de ese tipo, en respeto a la privacidad y los procedimientos institucionales. Los roles se intercambiaron.

Reapareció una tercera variante, muy común en el periodismo: la del cazador cazado. Aquélla que en la primera década del siglo hizo uso y abuso de la pinchadura de mails y teléfonos provistos por una organización residual de la SIDE menemista con una voracidad insaciable, que a su vez fue víctima de operaciones abyectas de la AFI comandada por Gustavo Arribas y Silvia Majdalani durante el macrismo, y que hoy acude en defensa de Larreta y, sobre todo, de Rosatti, en un repentino frenesí por la legalidad.

SL

Provista de un mar de pruebas sobre arbitrariedades judiciales en su contra, Cristina Fernández de Kirchner se habilita ahorrarse la respuesta a una pregunta. ¿Por qué Lázaro Báez pasó de ser un ejecutivo bancario a contratista casi excluyente de la obra pública de Santa Cruz desde el mismo momento en que su amigo Néstor Kirchner se mudó a la Casa Rosada? Y otra. ¿A una pareja tan obsesiva con los números como los Kirchner, cómo se les escapó la tortuga con las fortunas acumuladas por Báez, José López y Ricardo Jaime, producto de sus negocios con y/o desde el Estado?

Las respuestas a dudas tan básicas tampoco surgen de las dos o tres personas que hablan en nombre de la vicepresidenta. Consultado por Báez, Andrés Larroque apela a frases multiprocesadas para sugerir que los cuestionamientos surgen como vendetta de amos y señores de la obra pública que resistieron un nuevo competidor, como si Techint, Roggio, Odebrecht, Macri y Eurnekián hubieran dejado de facturar al Estado durante los años del kirchnerismo.

Los interrogantes que Cristina deja abiertos son políticos y éticos. También, obviamente, judiciales, pero allí entran a correr otros requisitos que van más allá de las deducciones del sentido común. Se necesitan pruebas obtenidas con garantías: Igualdad ante la ley, no ser juzgado dos veces por el mismo delito, identificación del objeto procesal, imparcialidad de los jueces, objetividad de los fiscales, exclusión de la extorsión y el espionaje como herramientas probatorias, respeto al tribunal natural, etcétera. Allí cambia la ecuación. Tan encandilado por la imagen que le devolvía el monitor, el fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la “ruta del dinero K” —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles, Panamá y las cámaras ocultas que se dejó hacer el arrepentido Leonardo Fariña.

El macrismo, conmovido

El martes a las seis de la tarde, mientras el Tribunal Oral Federal Número 2 de Comodoro Py hacía pública la condena a Cristina, las carrioístas Mariana Zuvic y Paula “Negrita” Oliveto se hacían filmar conmovidas frente a la pantalla. El community manager de Franja Morada gugleaba fotos de Alfonsín e Illia, el ejecutivo del Grupo Clarín Pablo Casey monitoreaba redes por si hacía falta encargar “alguna notita”, Horacio Rodríguez Larreta pulía el tuit de manual que reproducirían los medios que lo siguen, el arrepentido Alejandro Vandenbroele chequeaba las reservas para el hotel en Mendoza que le montó el Estado y Mauricio Macri extendía la sobremesa en alguno de los hospedajes seis estrellas que frecuenta.

El fiscal Diego Luciani falló en lo único que no podía fallar: encontrar la ruta del dinero K —cuentas, empresas, propiedades, fugas— a la que el Grupo Clarín le había puesto título, pero no contenido, pese a las excursiones de pesca a las Islas Seychelles

Javier Iguacel, artífice de la reapertura de la investigación judicial sobre Báez, celebraba su conquista, a la espera de una cita más importante en tribunales federales. Techint lo presentó como testigo en la demanda que el grupo inició contra el Estado por US$ 642 millones, originada en un contrato de extracción de gas orquestado durante el Gobierno de Cambiemos. La audiencia todavía no tiene fecha.

Es esperable que nadie en la alianza PRO-UCR-Coalición Cívica reclame garantías procesales en las causas que apuntan a Cristina. Mediante infinidad de decisiones —remoción de jueces no controlados, traslados a dedo de sus reemplazantes, negocios para arrepentir testigos y operaciones de prensa—, esa fuerza cinceló la red de magistrados, espías y periodistas que reina en Comodoro Py, tan útil para apuntar a adversarios como para administrar la impunidad de los propios.

La intoxicación de los tribunales federales no nació con Cambiemos, aunque la potenció mucho más allá de lo conocido en democracia, al punto de que, si alguien saca los pies del plato, cae al abismo. Así se explica que los aliados-espiados por la SIDE de Macri se esmeren en garantizar que los expedientes de la inteligencia ilegal descansen en Comodoro Py. Profundizar el reclamo equivaldría a autoinculparse.

Ante la expectativa de que un cambio de liderazgo en la alianza de derecha tenga voluntad y capacidad de modificar las cosas, la temeridad expuesta por el ministro de Justicia y Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro, y las gestiones ofrecidas por el fiscal general de la Ciudad, Juan Mahiques, ante sus amigos de Lago Escondido brindan una respuesta concluyente.  

Equilibrismo

Una tercera vertiente encuentra en las lógicas sospechas que despierta la relación Báez-Kirchner una razón para ratificar su preocupación por el equilibrio y la República. Como en la causa Vialidad hubo un período de instrucción, Cristina pudo designar abogado, los fiscales acusaron, los defensores replicaron, los testigos declararon, otros jueces resolvieron recusaciones y habrá instancias de apelación, la Tercera Vía concluye que “la Justicia” hizo su trabajo: el viaje de los huemules a Lago Escondido es un oprobio, pero la fortuna de Báez no cierra y Cristina no puede explicar los negocios en común; por lo tanto, el veredicto es válido. Corea del Centro parece tratar esos razonamientos como asuntos separados, como si el vandalismo judicial que se exhibe sin disimulo desde hace años marchara escindido de la legitimidad de la condena o absolución de un imputado.

La vara queda un poco baja si el debido proceso se reduce a formalidades en un papel y ausencia de secuestros nocturnos. ¿Hubo decenas de prisiones arbitrarias en causas serias o inventadas desde que Macri asumió la presidencia? Sí, pero Báez, Amado Boudou, Jaime y compañía eran bastante impresentables y el país necesita ejemplaridad. 

Con un bisturí analítico peculiar, voces de la Tercera Vía afirman que Luiz Inácio Lula da Silva fue víctima de las arbitrariedades del juez Sergio Moro —hasta hace poco, cuando el político brasileño permanecía en desgracia, lo negaban—, pero el caso de Cristina, encausada principalmente por Claudio Bonadio y Julián Ercolini, sería muy distinto (?). El jurista Roberto Gargarella firmó en este medio que el expediente Vialidad se dio en “pleno respeto de todas las garantías de los acusados”, más allá de “los mojones” de Cristina, y que el “excelente trabajo de una minoría de fiscales y jueces” permitió un “proceso judicial histórico”. “Histórico”, como titularon los medios que se dejan editar desde Lago Escondido.

¿Qué Justicia?

En la Argentina, hablar de “la Justicia” como sinónimo de Poder Judicial, específicamente su fuero federal, supone aludir al fiscal que maquinó con un lumpen cómo plantarle droga al exmarido de su actual pareja, al camarista que creó una doctrina sobre el “poder residual” exclusivamente para privar de la libertad a kirchneristas, a su colega que se dejó hacer un gol de tiro libre pateado por Macri en Los Abrojos, al juez de Casación que visitaba Olivos horas antes de emitir fallos que le convenían a Cambiemos, al supremo que aceptó ser designado por decreto y luego se autovotó para presidir el cuerpo, a su colega de la Corte que falla en causas que atañen a sus exclientes, al fiscal mencionado por testigos como gestor de la mesa judicial del macrismo, a la dupla que se dedica sistemáticamente a laudar a favor de la impunidad de quien los trasladó a dedo a la Cámara Federal, ahorrándoles el concurso para el puesto... Los etcéteras son infinitos.

Todos ellos tienen entre sus funciones controlarse mutuamente; en los hechos, ocurre lo contrario. El integrante de Casación federal Carlos “Coco” Mahiques protegió a su colega Mariano Borinsky por sus visitas indebidas a Macri en Olivos, y éste protegerá al primero cuando lleguen las recusaciones por la excursión a la estancia patagónica.

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo

La causa Vialidad aporta sus particularidades al panorama desolador de Comodoro Py. El hecho de que el juez que instruyó la causa durante tres años, Ercolini, sea la misma persona que habría tramado delitos desde Lago Escondido en connivencia con Mahiques padre e hijo, un funcionario de Larreta y directivos de Clarín exige un alto grado de violencia intelectual a quienes alaban la “sentencia técnica”, “con base documental”, que la “Justicia probó” con “indudable imparcialidad”. Si el elogiado tecnicismo jurídico se refiere sólo a la fase de juicio oral, retorna la violencia intelectual para creer en la asepsia de un integrante del tribunal y el enfático Luciani que se tentaron con jugar al fútbol en la quinta de Macri.

En otra vida, Ercolini dispuso que carecía de competencia para investigar contratos otorgados por la Administración General de Vialidad de Santa Cruz. Con Macri en la Rosada, consideró lo contrario. No es objeto de esta nota repasar las fragilidades de la causa. Algunas serán debatibles, probables artilugios defensivos de los imputados. Tomadas en su conjunto, conforman un oprobio.

Jugadas maestras

Por algún motivo, al kirchnerismo le resulta innata la táctica de seducir tras bambalinas a actores con los que públicamente se dispensan trato de enemigo. El ejemplo paradigmático de ese comportamiento fue que Néstor Kirchner, pese a que se enojaba con las tapas de Clarín, firmó en 2007 la fusión entre Cablevisión y Multicanal, permitiendo que el volumen del negocio de la TV paga alcanzara una escala que con los años se demostraría irreversible.

Cuando se pregunta el porqué de esa recurrencia a pegarse tiros en el pie, que se traduce en habilitación de negocios, apoyos políticos a la persona equivocada en muchas provincias y designaciones de jueces y fiscales que tarde o temprano viajarán a la estancia de Joe Lewis, la respuesta llega en forma de sonrisa pícara, como si hubiera razones pragmáticas profundas que quien consulta no entiende.

Los intercambios entre los huemules de Lago Escondido dejaron en un papel deslucido a un hombre que almorzó con Alberto Fernández muchos de los días que transcurrieron desde diciembre de 2019 hasta la semana pasada, incluso en encuentros reservados con personalidades que el Presidente valora, como el español Felipe González. Hace un mes, sentados a la misma mesa, Alberto, Felipe y Julián Leunda debatieron sobre la realidad nacional e internacional.

La ofrenda del asesor presidencial a los directivos de Clarín y a D’Alessandro para acallar el viaje impúdico a Lago Escondido en los medios del Grupo Indalo habrá sido otra movida magistral de realpolitik, pero el chat de Telegram dejó claro el desprecio que generan en el poder real las actitudes medrosas de quienes buscan agradar desde la vereda kirchnerista.  

La saga continúa. Pablo Ibáñez informó en elDiarioAR que el vehemente ministro de Justicia, Martín Soria, designado en el cargo por presión de Cristina, excluyó a Casey, sobrino de Héctor Magnetto, de la denuncia penal por el viaje a Lago Escondido. El resto de los excursionistas, incluido el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, fueron debidamente apuntados en la presentación penal del ministro. Razones insondables en continuado.

Escarmiento

La venalidad y la mediocridad forman parte de la lucha política desde siempre, pero la descomposición absoluta de Comodoro Py representa un desafío de otro orden. Primero, desde una perspectiva de derechos humanos: entre muchos valores vulnerados, está en juego la libertad de las personas. Luis D’Elía, Carlos Zannini, Fernando Esteche y otros pasaron años en la cárcel por la causa del Memorándum con Irán, originada en la fraudulenta denuncia de Alberto Nisman de enero de 2015, por citar uno de los casos más flagrantes en los que Comodoro Py violentó todas las garantías procesales. Como recordó esta semana Javier Timerman, su hermano Héctor Timerman dedicó los últimos esfuerzos de su vida a defenderse de esa acusación basada sobre la tergiversación flagrante de un audio obtenido de forma ilegal. Una vez más, cabe recordar que no importa la simpatía o antipatía que genere el imputado para saber que no debe ir preso si la ley no lo estipula, y menos si median métodos espurios como los validados por Claudio Bonadio, la Cámara y la Casación.

En segundo lugar, estos tribunales federales intoxican el funcionamiento del sistema. No resulta inocuo, por su impacto en la opinión pública, la repercusión internacional, el poder inhibitorio sobre las personas y el veto implícito a determinadas políticas, que Cristina sea condenada con estos procedimientos y Macri elija desde qué palco verá el Mundial de Qatar. Queda configurada una cancha inclinada que distorsiona el juego democrático.

La casta que mueve los hilos de Comodoro Py se dedica a garantizar su supervivencia mediante la administración de persecución e impunidad. Mientras ese sistema siga en pie, la democracia argentina permanecerá condicionada. 

SL