Contrató (presuntamente) a varios guardias civiles para que llevaran a cabo labores de seguimiento a su entonces pareja, que se encontraba de vacaciones en Mallorca, con el objetivo de averiguar si la mujer tenía amantes en la isla. Para ello, habría urdido una red de espías y acoso a través de la cual sus integrantes habrían vigilado, las 24 horas y en cualquier lugar en el que ella se encontrase, cada uno de los movimientos de la víctima. El empresario y expresidente de Panamá (2009-2014) Ricardo Martinelli se halla en el epicentro de esta trama, investigada por un Juzgado de Violencia de Género de Palma, y permanece desde hace meses ilocalizable mientras la causa yace en punto muerto.

Las pesquisas en torno al exmandatario por presuntamente encargar y financiar la vigilancia de la mujer se iniciaron a raíz de dos denuncias interpuestas por la mujer, asediada por el miedo y la preocupación por su integridad física y emocional. Las denuncias, junto a las entradas y registros efectuados en el marco de estas investigaciones y las evidencias halladas en el teléfono de uno de los imputados motivaron, el pasado mes de marzo, el arresto de cuatro efectivos del Instituto Armado, uno de ellos perteneciente al grupo que vela por la seguridad en edificios como el Palacio de Marivent.

Según las indagaciones llevadas a cabo, todos ellos, en colaboración con otros encausados –entre ellos un militar del Ejército de Tierra–, aceptaron la misión de Martinelli a cambio de una remuneración económica.

Los hechos tuvieron lugar en julio de 2020, inmediatamente después de que la víctima recalara en Mallorca. Poco tiempo después, la mujer acabaría marchándose a Italia para evitar la “presión continua” y el “acoso diario” a los que estaba siendo sometida y, sobre todo, por el temor a que sus hijos se vieran afectados por lo sucedido, según el atestado con el que la Guardia Civil dio impulso a las investigaciones, al que tuvo acceso elDiario.es.

La mujer aseguraba que habían llegado a ponerle “en peligro de sufrir algún accidente” y, en su denuncia, atribuía estos hechos al propietario de una empresa de seguridad, Group Kougar, que cuenta con una página web que ofrece servicios de similar naturaleza y a través de la cual se habrían efectuado los seguimientos, a pesar de no estar registrada en ninguna base oficial ni estar habilitada, por tanto, para el desempeño de actividades de seguimiento ni seguridad privada. Sus integrantes se hacían llamar 'pumas'.

Vigilada por tierra y mar

La situación de vigilancia era tal que, de acuerdo a las pesquisas llevadas a cabo, los investigados supervisaban cada uno de los movimientos de la mujer valiéndose de medios de captación de imagen y dispositivos de seguimiento que colocaron en su vehículo. Los presuntos espías también habrían utilizado una zodiac en el mar y, durante el tiempo en que la perjudicada se encontraba en el domicilio de unos familiares, donde se alojaba, hacían uso de prismáticos. Uno de los agentes, incluso, habría llegado a identificarse como guardia civil a fin de hacer valer su condición para acceder a la urbanización privada en la que vivía la denunciante y continuar de este modo las labores de seguimiento. Los supuestos espías habían vigilado, incluso, la entrada de las viviendas de las amistades que frecuentaba.

Las investigaciones apuntan a que uno de los objetivos de los investigados era acceder a bases de datos oficiales a fin de obtener información sobre vehículos y terminales de teléfono, por lo que se sospecha su posible implicación en otros hechos de similar naturaleza. No en vano, todos ellos habrían creado el conocido como Group Kougar, lo que evidenciaría una actuación continuada en el tiempo que “resulta claramente compatible con los restantes indicios de que los investigados han venido integrando una verdadera organización dedicada a llevar a cabo actividades de seguimiento y vigilancia más allá de la legalidad”, según los investigadores.

“Enmascararon una actividad presuntamente ilícita como si estuvieran realizando una actividad de investigación oficial de la Guardia Civil”, asevera el Instituto Armado, que abunda en cómo a lo largo de la investigación se han aportado numerosas pruebas de la existencia de una organización criminal dedicada a realizar actividades de seguridad privada, cometiendo para ello presuntos delitos contra la intimidad y la seguridad de las personas, contra los derechos constitucionalmente protegidos como la inviolabilidad domiciliaria, coacciones (acoso) y descubrimiento y revelación de secretos, obteniendo con ello un beneficio económico.

La implicación de guardias civiles, un hecho de “especial gravedad”

En su atestado, la Benemérita incide en la “especial gravedad” de los hechos investigados “al estar implicados agentes de la Guardia Civil, lo cual socava la credibilidad de la sociedad en las fuerzas y cuerpos de seguridad”. “No se trata solo de agentes que cometen actividades contrarias a la ética profesional y que realizan actividades delictivas, que ya de por sí es muy grave, sino que además no dudan en aprovecharse de su condición de agentes de la Guardia Civil para conseguir sus objetivos de seguridad privada”, señala el informe, que abunda en que los agentes, que “están obligados a perseguir todos los delitos públicos de los que tengan conocimiento y los privados que hayan sido denunciados, son los que están presuntamente cometiendo estos hechos presumiblemente ilícitos, intentando que los mismos queden impunes, garantizando el éxito de sus actividades, de las cuales reciben un beneficio económico”.

“Cualquier actividad contraria a la ética que debiera tener cualquier agente perteneciente a las fuerzas y cuerpos de seguridad genera una gran alarma social, y más si cabe cuando es presumiblemente cometida por los agentes de la autoridad que deben perseguir estos ilícitos, generando desconfianza en las mismas”, señalan desde el cuerpo, quienes denuncian que las labores de seguimiento y vigilancia alteraron “gravemente” la vida cotidiana de la víctima debido al “grave acoso e intimidación que estaba sufriendo”.

Las pesquisas revelaron, además, la existencia de tres grupos de WhatsApp (aunque no se descarta la existencia de otros chats) integrados por los investigados, en dos de los cuales, bajo sendas denominaciones 'OP cacatúa' y 'Ops cacatúa, participaba el propio Martinelli, a quien identificaban como 'Zeus'. Las conversaciones mantenidas por los encausados permitieron a la Guardia Civil determinar que la víctima había sido sometida a continuos seguimientos al menos desde el 8 de julio (fecha en la que se creó el primer grupo de WhastApp) al 2 de agosto (día en que dejó de emitir mensajes el tercero).

Los investigadores aluden al “marcado carácter jerárquico” y a la disciplina que mantenía el grupo, que empleaba además técnicas y procedimientos propios de unidades policiales especializadas en la investigación y al frente del cual se encontraba Mario E., quien, a su vez, recibía indicaciones puntuales por parte de Martinelli (situado en el primer escalón de la jerarquía). El expresidente panameño habría aportado, además, las ubicaciones en las que se hallaba la mujer e informaba de adónde pretendía ir, con quién se encontraba o con quién iba a reunirse.

“La prueba de fuego para saber si es una mujer seria o una guarra”

Entre las conversaciones puede leerse así como se dirigen unos a otros: “Puma I, ¿cómo vamos a organizar? Puma III está doblando, objetivo perdido por falta de personal, la unidad mínima siempre ha sido de dos comandos”; “Zeus, por orden de Puma I procedemos Puma II y Puma IV a la marcación del objetivo en Port Adriano”; “Averígüense si esa casa donde se está quedando es del alemán Christian el esposo de Sophie”, “Ojo con ese que se la follaba”, “Está en el Seat de la abuela y va para la cala Calanova” (estos tres últimos mensajes, de Martinelli); “Se acaba de duchar”; “La vi con la toalla en la cabeza” o, tras una de las labores de seguimiento, “He temido por mi vida pero todo sea por el equipo y por joder a esta sin dejarnos la pasta”.

Incluso, en una de las ocasiones, el expresidente panameño autoriza a uno de los guardias civiles a aproximarse a la víctima “con claras intenciones de mantener algún tipo de relación con ella”, según el Instituto Armado: “Enamorar a ver si cae”, le insta Martinelli, para a continuación añadir: “Esa es su prueba de fuego, [saber si] es o no una mujer seria o una guarra”.

Todos ellos empleaban un lenguaje codificado tanto para identificarse como para las distintas actividades de seguimiento y control que llevaban a cabo. La Guardia Civil apunta, asimismo, al carácter estable del grupo, “incluso con el objetivo de permanecer en el tiempo”. “Se observa que la organización criminal está compuesta por un elevado grupo de personas, que disponen de armas, al menos los guardias civiles que participan en los hechos investigados, además de medios tecnológicos que facilitan la ejecución de los delitos y la impunidad de los mismos”, inciden los investigadores.

Martinelli, envuelto en numerosos casos de corrupción

El Juzgado en el que se hallan las pesquisas no ha logrado localizar al expresidente panameño, quien tampoco acudió a finales de noviembre a la audiencia tras la cual un juzgado de Panamá ha determinado que Martinelli debe ir a juicio por presunto blanqueo en la compra de un conglomerado de medios con fondos de procedencia supuestamente ilícita.

El expolítico, que posee una fortuna estimada en unos 1.100 millones de dólares, se ha visto envuelto en los últimos años en un rosario de investigaciones por corrupción durante su gestión al frente del país, principalmente en lo que a sobrecostes, blanqueo de capitales y escuchas ilegales se refiere. En abril de 2021, la Audiencia Nacional imputó a Martinelli tras admitir un recurso interpuesto por la Fundación Internacional Baltasar Garzón (FIBGAR), que apuntaba a la presunta comisión de delitos de corrupción en transacciones internacionales y blanqueo de dinero cometidos, al menos parcialmente, en España.

Según las pesquisas, Martinelli estaría involucrado en el presunto cobro de comisiones ilegales, a través de sociedades pantalla, en las obras de dos líneas de metro y de la Ciudad de la Salud en Panamá realizadas por un consorcio encabezado por la constructora brasileña Odebrecht, del que también formaba parte la española Fomento de Construcciones y Contratas (FCC).

Mientras tanto, el 12 de junio de 2017, agentes del servicio de Alguaciles Federales de Estados Unidos detenían al exmandatario panameño frente a su lujosa residencia de ocho millones de dólares en Coral Gables, Miami. Martinelli era reclamado por la justicia de su país por un asunto de escuchas ilegales a políticos, periodistas y empresarios, una trama de la que finalmente resultó absuelto.