En un nuevo mensaje a través de sus redes sociales, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner volvió a criticar las condiciones impuestas a su prisión domiciliaria. En la red X, Cristina reposteó un mensaje del diputado Leopoldo Moreau en el que califica el trato que recibe la exmandataria como un intento de instalar una “Dictadura de los Jueces”.

“Solamente con este Partido Judicial... en la Argentina hay que explicar lo obvio”, escribió Cristina Kirchner en su cuenta de X al citar el mensaje de Moreau.

En relación a su detención domiciliaria, en el domicilio de la calle San José 1111 de Constitución, Cristina Fernández debe cumplir con una serie de exigencias impuestas por la Justicia. Entre ellas, la obligación de permanecer en el domicilio fijado, abstenerse de realizar actos que perturben la tranquilidad del vecindario y la presentación de un listado de personas autorizadas a visitarla.

La expresidenta entregará este lunes la nómina de visitas que podrán ingresar a su domicilio sin necesidad de una autorización judicial previa. Esta lista incluiría a familiares, sus abogados y personal médico, mientras que cualquier otra persona que desee visitarla deberá solicitar un permiso específico al Tribunal. Cristina Kirchner cuestionó públicamente este régimen de visitas, al considerar que se le aplica un protocolo restrictivo que no rige para otros ciudadanos.

El posteo del diputado Moreau sigue esa misma línea. “Parece que el Partido Judicial quiere instalar una Dictadura de los Jueces”, escribió.

“Ahora se les ocurrió imponer restricciones a Cristina Kirchner con el objeto de aislarla”, escribió el diputado de origen radical, subrayando la excepcionalidad de la situación. Según él, no existe ningún otro caso en el que una persona con prisión domiciliaria y pulsera electrónica deba solicitar autorización judicial previa para recibir visitas en su hogar.

El diputado remarcó: “No hay ningún detenido con domiciliaria, y menos aún con pulsera electrónica, al que haya que visitar en su domicilio con previa autorización judicial”. Y subrayó: “Ella puede recibir a quien quiera y en el momento que quiera porque sus derechos civiles y políticos no están cercenados, salvo en los aspectos específicos de la sentencia, a los que los jueces no pueden agregar arbitrariamente otro tipo de penas”.

Moreau también puso en cuestión el perjuicio que la medida tiene sobre terceros, como representantes del pueblo en el congreso –diputados y senadores– tal es su caso, que no podrán dialogar ni interactuar con la principal referente de su espacio político.

“Pero no sólo se trata de los derechos de Cristina, sino también de quienes pretenden reunirse con ella, como es el caso, por ejemplo, de los legisladores nacionales”, destacó.

Y citó el artículo 38 de la Constitución Nacional, en el que se establece el rol esencial de los partidos políticos para el funcionamiento de la democracia.

Según Moreau, los integrantes del Congreso tienen fueros e inmunidades parlamentarias, derechos que no pueden ser restringidos ni reglamentados por resoluciones judiciales. “Además, los legisladores gozamos, por disposición constitucional, de fueros e inmunidades parlamentarias que no pueden ser limitadas, restringidas ni reglamentadas por resoluciones judiciales”, afirmó Moreau.

Moreau argumenta, dando a entender, que hay una interferencia del poder judicial sobre el poder legislativo y que no se estaría cumpliendo con la independencia de los poderes del Estado. El diputado anticipó que, de persistir las restricciones, recurrirán a instancias internacionales para denunciar lo que considera una violación de los derechos parlamentarios y una muestra de la colaboración entre jueces y fiscales en la instauración de un “Estado de excepción”.

El viernes, Cristina Kirchner hizo una presentación para que se revoquen las prohibiciones referidas a las visitas. En el texto, asevera que un sector del Poder Judicial busca limitar la voluntad popular mediante decisiones que impactan directamente en sus derechos políticos. La expresidenta relacional al “Partido Judicial” con los intereses del poder económico concentrado en Argentina.

El Tribunal Constitucional de España tomó una decisión insólita en democracia al paralizar el debate de una reforma legislativa. La norma que iba a forzar la renovación de los magistrados con el mandato caducado queda en suspenso entre el Congreso y el Senado: la cámara baja votó el texto el jueves pasado, pero la alta no tendrá opción de debatirlo en comisión ni de someterlo a votación en el pleno.

El trámite queda paralizado por los seis votos de los magistrados conservadores, que se han impuesto al bloque de los cinco progresistas. En la votación han participado los dos magistrados que, de haberse aprobado esta semana la reforma, habrían tenido que dejar su puesto en favor de los dos candidatos del Gobierno.

¿Por qué suspende el debate?

El tribunal ha aceptado las medidas cautelarísimas que le había solicitado el PP. El Grupo parlamentario había reclamado la paralización inmediata de la reforma para tratar de evitar que se aprobase en el Senado, argumentado que el trámite de urgencia por el que se estaba tramitando vulneraba sus derechos políticos.

El PP afirma que no se puede enmendar la Ley Orgánica del Poder Judicial mediante otra ley que no tiene conexión con esa norma. Se trata de una práctica habitual, empleada por todos los gobiernos, pero que el Constitucional ya ha censurado en otras ocasiones.

Una decisión inédita en democracia

Lo que confiere a la decisión del Constitucional el carácter inédito es que jamás este tribunal ha paralizado la tramitación de una ley en las Cortes Generales. Hasta ahora, el tribunal examinaba la vulneración de derechos políticos o la inconstitucionalidad de la norma una vez aprobada, nunca antes de su visto bueno definitivo.

El paso que ha dado el Constitucional supone sentar las bases para que el el futuro el tribunal pueda irrumpir en el proceso legislativo antes de que este concluya.

El tribunal ya tuvo que pronunciarse hace años sobre una situación parecida, en la que el PSOE denunciaba el uso de una ley para modificar otras sin conexión, como en esta ocasión. En aquel momento no paralizó la tramitación y tardó ocho años en alcanzar una decisión sobre el fondo del asunto.

¿Qué consecuencias tiene esto para el propio tribunal?

Cuatro de los 12 magistrados que componen el Constitucional tienen el mandato caducado desde junio. La reforma impulsada por el Gobierno obligaba a dar entrada a sus dos candidatos, una vez constatado que el Consejo General del Poder Judicial está bloqueando la elección de los dos que le corresponden. También facilitaba los trámites para que los conservadores del Poder Judicial no puedan bloquear más ese trámite.

Con la paralización, el Constitucional impide ambas renovaciones. Ni entrarán los candidatos del Gobierno –el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez–, ni se desbloqueará la elección de los dos candidatos que tiene que proponer el CGPJ.

¿Qué argumenta el tribunal?

En un comunicado, el Constitucional explica que la mayoría conservadora ha entendido que la vulneración que alega el PP sobre derechos fundamentales por la tramitación de la enmienda a no carece a primera vista “de verosimilitud”, teniendo en cuenta que en el pasado ya han dicho que una enmienda debe estar relacionada con la ley cuya modificación se tramita. También entiende que la cuestión planteada por el PP “tiene especial trascendencia constitucional” ya que el pleito “trasciende el caso concreto” al plantear una cuestión jurídica “de relevante y general repercusión social, que, además, tiene unas consecuencias políticas generales”. 

En cuanto a las medidas cautelares, la parte dispositiva de la resolución permite la personación del PP, de Unidas Podemos, del grupo del PSOE en el Congreso, el presidente de la Comisión de Justicia Felipe Sicilia y representantes de ambos grupos, pero inadmite sus recusaciones porque “carecen en este momento procesal de legitimación”. El auto da 10 días a la Fiscalía para que informe sobre si esta medida debe mantenerse o levantarse y da el mismo plazo al Congreso para que remita toda la documentación.

Una votación dividida

El pleno de este lunes se ha celebrado tras un primer encontronazo de los magistrados progresistas con el resto del tribunal. Los cinco se plantaron el jueves pasado, pidieron más tiempo para analizar la documentación y lograron suspender el pleno hasta este lunes.

A la reunión se llegaba con el ponente, Enrique Arnaldo, y algunos conservadores, decididos a paralizar la tramitación. Enfrente, el grupo de los cinco progresistas estaba convencido de que no había lugar, y que era necesario esperar a la aprobación de la reforma. Finalmente, los progresistas no han conseguido convencer a ningún magistrado conservador y estos han impuesto su mayoría.

Dos magistrados recusados que han decantado la votación

Primero Unidas Podemos y luego PSOE pidieron que dos magistrados no participasen en la deliberación de este lunes: Pedro González-Trevijano –presidente del Tribunal– y Antonio Narváez. El argumento es que ambos están directamente afectados por la reforma, es decir, si sale adelante serán inmediatamente sustituidos por los dos candidatos del Gobierno, el exministro Juan Carlos Campo y la catedrática Laura Díez.

Los dos han rechazado apartarse ante la decisión de si los dos partidos políticos incurren en falta de legitimación para pedir esa recusación. Es decir, con sus votos han contribuido a decantar la balanza contra, siquiera, entrar a debatir las recusaciones.

En los tribunales que forman parte del poder judicial, los jueces recusados nunca pueden formar parte de la votación sobre apartarse o no. En el Constitucional, solo se les permite votar si no hay quórum suficiente, algo que no ocurría hoy. Votar sobre la legitimación de los partidos para recusarles les ha permitido eludir esa situación.

¿Y ahora qué pasa con la reforma legislativa?

El Senado tenía convocada una comisión este martes para examinar las enmiendas y el jueves un pleno para la votación definitiva. Tanto la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, como el del Senado, Ander Gil, ha anunciado que aceptan la decisión del Constitucional –y por lo tanto, suspenden la tramitación– pero han sido muy críticos con su irrupción en el proceso legislativo.

Se trata de “un hecho que carece de precedentes en la historia de nuestra jurisdicción constitucional”, ha dicho Batet. Gil ha asegurado que se “está dando un paso de difícil retorno en la degradación del sistema democrático”.

Antes del fallo, desde Podemos y los 'comuns' habían animado a la parte socialista del Gobierno a que, si el Constitucional frenaba la reforma, el Senado desoyese su decisión y continuase con ella. Tanto el PSOE como Yolanda Díaz se habían mostrado a lo largo de este lunes en contra.

Otro pleno clave el martes, ahora en el Poder Judicial

Un día después de que se haya reunido el Constitucional lo hará el Consejo General del Poder Judicial. En paralelo a la decisión de ese tribunal, los vocales conservadores del CGPJ han forzado un pleno extraordinario para tratar de imponer a sus candidatos al Constitucional, dejar fuera al propuestos por los progresistas, y sortear la reforma del Gobierno antes de que se apruebe.

Con la actual correlación de fuerzas, los conservadores solo necesitarían uno o dos votos del grupo contrario para sacar adelante las designaciones, lo que despierta ciertos temores en el sector de vocales elegidos a propuesta del PSOE e IU. No obstante, voces de este grupo insisten en que “no hay riesgo de fugas” y creen que, en este momento, no hay un peligro real de que algún tránsfuga de su bloque pueda llevar al Constitucional a los dos candidatos que proponen los conservadores.