El Riachuelo conserva, en el ideario general, uno de los peores recuerdos en materia de gestión del medio ambiente. Basura, desechos industriales, olor nauseabundo y barcos abandonados son algunas de las imágenes que arrojaba la zona. Si bien los vecinos de la zona aseguran que “sigue siendo un río contaminado” y que el impacto de su saneamiento en los barrios es todavía es “escueto”, desde el histórico fallo “Mendoza” que dictó la Corte Suprema de Justicia en 2008, la historia comenzó a cambiar. 

ElDiarioAR participó de una jornada de navegación desde el muelle de ACUMAR, ubicado al lado del Puente Bosh, hasta la desembocadura del Riachuelo en el Río de la Plata. A lo largo del recorrido puede constatarse que las obras de saneamiento dieron como resultado la recuperación de su paisaje natural: peces, juncos, tortugas acuáticas y una gran variedad de aves. Antes de fin de año, un tramo podrá utilizarse para la navegación con fines turísticos.

El histórico fallo “Mendoza”

En 2008 un fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación obligó a la Autoridad de Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR) ―que había sido creada a través de un decreto presidencial firmado por el ex presidente Néstor Kirchner en 2006― a realizar un programa con los objetivos de mejorar la calidad de vida de la población de la cuenca, recomponer el ambiente en todos sus componentes y prevenir daños.

“En ese momento se empezó a trabajar en el primer Plan de Saneamiento Ambiental, que después se fue modificando”, apunta Antolín Magallanes, director general de Gestión Política y Social de ACUMAR.

El proceso de saneamiento

Una de las principales tareas del saneamiento es la “limpieza del espejo de agua”, que se lleva adelante a través de barreras flotantes que contienen los residuos sobrenadantes. En función del caudal del río, los vientos, las mareas y el terreno, los residuos fluyen por el agua hasta ser interceptados por estas barreras. Además, se emplean catamaranes para recolectar los objetos más pequeños que quedan en el agua.

Otras medidas que se llevaron a cabo durante este proceso fueron la erradicación de grandes basurales, algunos de hasta 10 o 12 hectáreas, y el control industrial. ACUMAR se encargó de realizar el empadronamiento de un total de 1400 empresas. Luego, se determinó cuáles eran contaminantes y cuáles no. “Estábamos en 800 empresas que eran agentes contaminantes y ahora estamos en 500, pero no todas son lo mismo. Hay 20 que son las más grandes aportantes y sobre esas está puesto el foco. Todas tienen su plan de reconversión y todas están cumpliendo”, resume Magallanes.

Un punto a destacar es que el año pasado el ex Mercado de Hacienda dejó de volcar residuos orgánicos. Fabio Márquez, director de la Comisión de Participación Social de ACUMAR, cuenta que “el año que viene entrará en funcionamiento el parque industrial curtidor en Lanús para el tratamiento de las decenas de curtiembres que están en la cuenca”.

Magallanes también menciona la importancia que tuvo la ampliación de la red cloacal por parte de Aysa. Cuando empezó el proceso de saneamiento había un 20% de capacidad y hoy en día es de un 60%. “El objetivo es llegar a un 80 o un 85%. Se estima que se alcanzará dentro de 5 años”. Los desechos cloacales representan el 70% de la contaminación del agua. El restante 30% es industrial y otros residuos.

En algunas zonas del Riachuelo, sobre todo en la llamada Vuelta de Badaracco, aún se pueden ver montículos de arena que recuerdan los 84 barcos que estaban varados y abandonados y que ACUMAR se encargó de desguazar y quitar, al igual que 100 automóviles.

El plan también contempla la limpieza de las márgenes del río. Del lado de la Ciudad de Buenos Aires esa tarea es realizada por una empresa privada contratada por el GCBA. Del lado de la provincia de Buenos Aires, lo limpian cooperativas. Ahora en los bordes crecen juncos y flores acuáticas que antes no se veían.

A su vez, hace poco se incorporaron los llamados “guardianes ambientales”, que salen en duplas compuestas por un inspector y una persona vinculada a la prevención y que recorren la cuenca todos los días.

“Todos estos procesos hacen que el río no tenga más ese olor a huevo podrido histórico y que el espejo de agua esté más limpio. Además, un ambiente tan contaminado podía traer consecuencias en la salud como migrañas permanentes, problemas respiratorios, de piel, etc.”, advierte Magallanes. 

Cambios en el paisaje, flora y fauna

Hoy en día existen 150 variedades de peces en toda la cuenca, que ingresan, cada vez en mayor cantidad, con la sudestada desde el Río de la Plata. También es común ver garzas, tortugas de agua, gallaretas y sapos. “Eso da cuenta de la mejora de la calidad acuática. De a poco el río va recuperando su paisaje original”, asegura Márquez.

Magallanes describe que ahora mucha gente va a tomar mate, entrenar y correr en la rivera. “Este año Pompeya y Barracas festejaron su aniversario del barrio al lado del Riachuelo, algo que no había pasado nunca”.

Las mejoras también provocaron la desaparición de la niebla, una característica del Riachuelo que sirvió de inspiración para tangos y cuadros del artista plástico Quinquela Martín. “La niebla es un fenómeno atmosférico. Cuando se conjuga con un fenómeno de contaminación ambiental aéreo, genera esos frentes muy espesos de niebla. Este año tuvimos un frente de niebla fuerte, natural, y la gente en La Boca sacaba fotos como si fuera una novedad”, afirma Magallanes.

La posibilidad de la navegación

Tras un pedido del ministerio de Turismo y Deportes de la Nación, la justicia federal habilitó, después de doce años, la circulación de embarcaciones turísticas en un tramo corto del Riachuelo.

Por ahora son 300 metros que formarán parte de un circuito que irá desde Tigre hasta Quilmes. Esto permitirá que, antes de fin de año, comience a haber un movimiento fluvial con fines turísticos con desembarcos en un muelle que se construirá al lado del transbordador Nicolás Avellaneda, entre La Boca e Isla Maciel.

Márquez sostiene que, en la medida que continúe el saneamiento, se podrá avanzar aguas arriba e ir recuperando más navegabilidad. “Imaginamos que pueda ser con lanchas colectivas sostenibles, con motores eléctricos, y que algún día puedas tomarte una lancha en Pompeya y terminar en La Boca, Barracas, o Puerto Madero, como una alternativa de transporte. Esto sería darle una utilidad al río en la cual nos revinculemos con él de un modo práctico”, agrega.

Aspectos pendientes

Más allá de los significativos avances, para Márquez aún resta mejorar la calidad de los espacios urbanos; implementar más infraestructura; realizar intervenciones para recuperar biodiversidad, tanto en el curso principal como en los arroyos; proteger y activar los humedales; y mejorar la conectividad de sistemas cloacales y la provisión de agua potable.

“Es un espacio de 5 millones de habitantes en el área metropolitana de Buenos Aires con déficit de infraestructura y mucha inequidad socioeconómica. La cuenca puede ser un testimonio de cómo equilibrar esas situaciones. Esto requerirá de tiempo y de mucha participación social”, concluye.

Dentro de los objetivos de ACUMAR, se encuentra el reordenamiento del territorio. Para eso, algunos barrios fueron relocalizados, como “El Pueblito”, y otros fueron reurbanizados, como una zona de la villa 21-24.

“También estamos mudando la zona del Meandro de Brian. Es la parte más compleja porque es la famosa zona de quema de CABA, entonces el terreno se elevó a medida que se iba llenando de basura”, apunta Magallanes. 

Las voces de los vecinos y vecinas

Para Diana Aiva, directora del comedor comunitario Casa Usina de Sueños, las obras de saneamiento tuvieron un impacto beneficioso para los vecinos y vecinas de la Villa 21-24 ya que muchos pudieron mudarse a otros predios cercanos al lugar de pertenencia. “Salvo los primeros que tuvieron que irse a Castañares, porque no se pudo hacer otra cosa”, puntualiza.

“Después de muchos años se pudieron concretar placitas y espacios de recreación. El camino es bien espacioso y está cementado. Muchos pudieron cambiar radicalmente su forma de vida. Aunque las edificaciones no son lo que esperábamos, es mejor a como estaban viviendo antes”, señala. Remarca que “falta muchísimo”, y reclama que a muchos vecinos del Camino de Sirga aún no se les adjudicaron departamentos“.

En ese sentido, describe que muchas personas se encontraban viviendo en casas precarias con diversos problemas de salud. “El plomo en sangre estuvo siempre en el barrio, más en esa zona”.

Y agrega: “aunque está penado, algunas empresas siguen tirando algunos residuos al Riachuelo y eso hace que, de vez en cuando, sintamos un olor nauseabundo o tengamos cerca de nuestras casas la basura que se genera en otros lados”.

Por su parte, Nelson Santacruz, también vecino de la Villa 21-24, coincide con Diana respecto a los avances de las obras y destaca que no haya más barcos hundidos, basura flotante, ni  sobrenadantes de nafta, petróleo o aceite. Sin embargo, sostiene que “sigue siendo un río contaminado”. Además, advierte que el impacto de las obras en los barrios todavía es “escueto” y cuenta que, por ejemplo, en Villa Inflamable los vecinos tienen muchas dificultades para acceder al agua potable.

Nelson afirma que aún quedan 1700 familias por relocalizar. “Esto significa que están sufriendo la contaminación del aire, con afecciones respiratorias, y también microbasurales, la presencia de ratas y espacios donde se acumula agua, lo que trae aparejado la proliferación del mosquito del dengue. Somos el barrio popular que más casos tuvo el verano pasado”, dice. 

Santacruz considera “clave” la organización de la comunidad que luchó y marchó tanto en los Tribunales, como en la calle y en los pasillos del barrio. “Sin la insistencia del territorio, esto no hubiese existido. La política pública que vamos consiguiendo como barrio es a partir de la lucha organizada del cuerpo de delegados de la 21-24, los vecinos y vecinas y la fundación Temas”, enumera.

Qué dicen las organizaciones ambientalistas

Giselle Munno Dithurbide es responsable de asuntos legales de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), una de las cinco organizaciones que integran el cuerpo colegiado encargado de realizar un seguimiento del cumplimiento y la ejecución del fallo Mendoza. 

La especialista destaca las tareas de limpieza que se realizaron en los márgenes del río y en el espejo de agua. Además, resaltó el avance que se produjo en materia de obras de red de agua potable, desagües pluviales y saneamiento cloacal. “Una de las obras más importantes de esta categoría es el Sistema Riachuelo de Aysa, que se inauguró hace poco”. 

Luego se refirió a los informes trimestrales que se realizan para medir la calidad del agua y del aire y remarcó que reflejan varias deficiencias. “En estos puntos hay que hacer una mejora importante”, aseveró.

En materia de relocalizaciones, la abogada señaló que hasta la fecha se avanzó en un 35%. Es decir, que hay un 65% que se encuentra pendiente. “Lo que se avanzó fue con soluciones habitacionales para las viviendas que estaban ubicadas en el Camino de Sirga”, detalló. 

Una de las críticas más fuertes es sobre el régimen de vertidos industriales. “Nosotros señalamos la necesidad de acelerar los planes de reconversión industrial de aproximadamente 600 agentes contaminantes. Hay algunos que están en esta situación hace muchísimos años, lo cual es un indicador de que hay que ser más rigurosos en que estos planes se inicien, se ejecuten y se finalicen”.

La abogada señaló que otra deuda pendiente es la designación de un Defensor del Pueblo, un puesto que se encuentra vacante hace 14 años, y que sería “clave” para el seguimiento de la ejecución de esta sentencia.

Por último, enfatizó que hay que continuar trabajando en el saneamiento de los basurales a cielo abierto y que desde ACUMAR se debe fortalecer la gestión y protección de las áreas protegidas y reservas naturales y seguir las recomendaciones legales y técnicas que dan instituciones académicas y otros organismos.

AIC/DTC

En la tardía primavera inglesa, los ríos de Oxford se llenan de remadores, bañistas, pescadores y ocasionalmente voluntarios que recogen muestras de agua. Los análisis de esas muestras reflejan las descargas de aguas residuales que acaban en el Isis, el nombre que adopta aquí el Támesis, y en su afluente, el Cherwell. Casi todas las aguas donde se sumergen los nadadores están infectadas por niveles de bacterias que hasta triplican los máximos permitidos. Incluso en la única zona considerada segura se han tenido que suspender grupos de natación y remo a menudo por la insalubridad del agua.

Nadar en ríos y canales es aquí una costumbre más habitual que en otros países. Ahora también es parte del rito estar pendiente de los vertidos de aguas residuales. El grupo universitario de wild swimming (natación en la naturaleza) mira los mapas que dan algunos datos de las últimas descargas y aconseja no meter la cabeza debajo del agua. El grupo tiene más de 400 miembros. Nadan hasta en invierno en la orilla del Isis donde Lewis Carroll remaba y contaba cuentos a Alice Liddell, la niña que inspiró Alicia en el país de las maravillas. Está en Port Meadow, un prado que se ha conservado salvaje desde hace siglos, y donde los bañistas también suelen protestar.

Oxford es una de las ciudades inglesas que miden de manera constante la calidad de sus ríos gracias a un proyecto que ha juntado a científicos y voluntarios que recogen muestras y piden cuentas a las empresas privadas que gestionan el agua. “Esto es un movimiento que tiene como objetivo que los ríos en Oxford sean saludables. Hasta que no lo consigamos no vamos a parar”, dice a elDiario.es John Bryden, portavoz de Thames21, una organización dedicada a mejorar las aguas del Támesis y sus afluentes. Llevan más de dos años en ello y en noviembre van a relanzar otro proyecto en Oxford. “Los reguladores y los que contaminan no han empezado a invertir en soluciones porque piden más evidencias. Se están recogiendo, pero nos preocupa que el proceso sea tan lento”.

En 2022, hubo más de 300.000 descargas de aguas residuales, más de 800 de media al día. No hay datos oficiales sobre el volumen de cada una, pero un análisis de 30 plantas en 2020 muestra vertidos de al menos 11.000 millones de litros, el equivalente a 4.352 piscinas olímpicas. Sólo el 14% de las aguas de ríos y canales en el país tiene un “buen estatus ecológico” y ningún río tiene un “buen estatus químico”, es decir niveles aceptables de concentración de arsénico, hierro y otras sustancias químicas, según los últimos datos publicados por la agencia medioambiental británica.

Las aguas residuales vienen de las compañías que gestionan el agua del grifo y las descargas domésticas e industriales, y que en Inglaterra y Gales son todas privadas por una operación masiva que empezó el Gobierno de Margaret Thatcher. Es difícil encontrar otro país donde la propiedad y la gestión del agua sean completamente privadas.

“La forma de privatización aquí es muy diferente a la de otros países”, explica a elDiario.es Kate Bayliss, académica del Departamento de Economía de SOAS de la Universidad de Londres y experta en la propiedad de las empresas de agua. “En países como España la privatización toma la forma de una concesión. Todo es propiedad del municipio, pero las empresas tienen un contrato a largo plazo con el sector privado. Nuestra privatización es mucho más profunda que en otros países. Sólo Chile hizo algo similar y fue antes que nosotros... Así que nadie ha copiado nuestro modelo.”

Otra diferencia sustancial del modelo inglés es que no se trata de compañías municipales, sino de empresas que son monopolio en cada cuenca fluvial y tienen el control absoluto de lo que sucede en una amplia región, desde la extracción del agua hasta el tratamiento y la distribución a los hogares, y luego la eliminación y gestión de las aguas residuales.

Las llamadas a devolver al Estado todo o parte del sistema de agua han crecido tras décadas de infraestructuras en mal estado, descontrol en los residuos y costosas fugas. El verano pasado, cuando el Reino Unido superó los 40 grados de temperatura por primera vez en la historia desde que hay registros, el país sufrió meses de restricciones de agua por falta de reservas. Pero el gran debate nacional es sobre las aguas fecales y otros vertidos en los ríos.

El año pasado, el Ministerio de Sanidad británico advirtió de la “preocupación creciente” por las aguas residuales. “Cuando las bacterias de las heces humanas (coliformes) se ingieren, esto aumenta el riesgo de infecciones significativas incluyendo bacterias resistentes a los antibióticos”, explicaba el profesor Chris Whitty, el jefe médico de Inglaterra, en un texto firmado con los responsables de la agencia medioambiental y el organismo regulador del agua. “El agua del grifo en Reino Unido es segura. Nadie espera que el agua del río tenga un estándar para beber, pero allí donde la gente nada o los niños juegan no debería haber dosis significativas de coliformes”. El nivel de vertidos es “inaceptable”, según escriben, y “la principal responsabilidad pública” es de las empresas de agua y sus directivos. 

Tras años de presión popular que ha llegado a los políticos, hace unos días las compañías privadas de agua en Inglaterra pidieron perdón por las centenares de miles de descargas y se comprometieron a invertir unos 11.500 millones de euros para limpiar los ríos y cortar a la mitad las descargas para el final de la década. Lo harán subiendo las facturas a los consumidores mientras reparten dividendos estimados en 17.000 millones de euros esta década, según un análisis de David Hall, un investigador académico especialista en servicios públicos de la Universidad de Greenwich.

El cabreo por la contaminación de los ríos hizo que Sarah Bentley, la consejera delegada de Thames Water, la compañía que sirve a la cuenca del Támesis, y directivos de otras dos compañías rechazaran los bonus que les correspondían. Thames Water es una de las compañías que tiene avisos de la agencia medioambiental como una de las que “necesita mejorar” y dice que lleva años sin pagar dividendos a sus accionistas.

“Una estafa”

En enero, el Ayuntamiento de Oxford votó por unanimidad una moción para pedir que Thames Water vuelva a la gestión pública. La nacionalización temporal o permanente la puede decidir el Gobierno, como hizo a principios de mayo, por ejemplo, con una empresa ferroviaria en el norte del país por la mala calidad de su servicio y el número de cancelaciones.

“Durante 34 años, la gente por toda Inglaterra ha sufrido los desastrosos efectos de la propiedad privada de nuestro sistema de agua”, dijo Chris Jarvis, uno de los concejales del partido verde de Oxford que propuso la moción. “Hace mucho que está claro que la privatización ha sido un experimento fallido. Ahora está más claro que esto es un timo legalizado que sólo existe para beneficiar a los accionistas para detrimento de la gente y del planeta”.

La manera en la que se hizo la privatización es a menudo señalada como uno de los problemas incluso por personas favorables a privatizar parte de la gestión o que estuvieron presentes en el plan de Thatcher que se aplicó de forma parecida en varios sectores.

En 1989, el Gobierno conservador lanzó una campaña para vender acciones al público de manera masiva, con anuncios que mostraban tuberías saliendo de las aceras y los campos de fútbol o a un imaginario aguador repartiendo agua para la lavadora. El mensaje era mostrar el poderío del sector como un gran negocio. 

“Trabajé en la privatización del agua de Inglaterra en 1989. Fue una estafa organizada”, escribió hace unos meses Jonathan Portes, que era empleado del Tesoro en los 80 y ahora es profesor de Economía y Política Pública en el King’s College de Londres. “Las acciones se vendieron muy por debajo de su valor así que los contribuyentes perdieron, y los consumidores se han puesto hasta las cejas de pagar desde entonces”, escribió.

Más de dos millones y medio de personas se lanzaron a comprar pequeñas participaciones para convertir en privadas todas las compañías en Inglaterra y Gales. En Escocia gran parte de la gestión sigue siendo pública igual que en Irlanda del Norte.

Pese al éxito en el número de personas dispuestas a comprar acciones, la idea de privatizar toda la gestión del agua era entonces muy impopular. Tres décadas después lo sigue siendo: el agua es uno de los bienes que los británicos creen que debería estar gestionado por una autoridad pública. En 2017, sólo el 25% creía que las empresas encargadas del agua deben ser privadas, según una encuesta de YouGov. 

Uno de los problemas, en realidad, según señala Bayliss, la investigadora de la Universidad de Londres, es que la estructura de la propiedad fue cambiando a partir de 2000 y muchas de estas empresas ya no cotizan. “Al menos si están en bolsa hay un grado de escrutinio público. Cualquiera puede comprar una acción e ir a una reunión anual y hay reglas específicas de transparencia”, explica. Ahora las estructuras de propiedad son más complejas y más opacas. “Algunas de las empresas matrices cotizan en paraísos fiscales, por lo que hay una información limitada sobre quién es el propietario”, dice.

Se trata de compañías con mucha deuda y poco interés en quedarse más de la cuenta cuando el negocio va peor. Hasta donde se puede rastrear, la mayoría pertenecen a fondos de inversión extranjeros, fondos de pensiones y compañías que están radicadas en paraísos fiscales, según una investigación del Guardian. El periódico identificó el año pasado a más de 100 accionistas de nueve empresas grandes y otras seis pequeñas en Inglaterra. Según estos datos, al menos el 72% del sector está dominado por fondos de 17 países mientras que la propiedad británica ronda el 10%. 

Por ejemplo, entre los inversores con más acciones de Thames Water están el fondo estatal de China, la autoridad de inversión de Abu Dabi y dos fondos de pensiones canadienses. Otros accionistas prominentes del agua por toda Inglaterra son empresas públicas y privadas de Estados Unidos o Australia. 

Esta dependencia dificulta la regulación del sector. “Nuestro plan de infraestructura depende de tener mucha inversión privada en el Reino Unido, y por eso damos facilidades al capital global. Así que corremos el riesgo de molestar el flujo de capital global si tenemos una regulación más estricta”, explica Bayliss.

Qué hacer

Los laboristas del Parlamento nacional no se atreven a pedir la nacionalización y son tímidos a la hora de proponer regulación, pero las polémicas locales por las aguas residuales son un debate habitual que pone en apuros a los conservadores. El Gobierno se ha comprometido a obligar por ley a las compañías a que reduzcan los vertidos y limpien los ríos pero con plazos que llegan hasta 2050.

Las voces expertas consultadas no están seguras de si la gestión pública cambiaría la situación de las aguas residuales, pero sí subrayan que la eficiencia no es necesariamente una característica de las empresas de agua privada. La compañía nacional escocesa, que sigue siendo pública, es una de las de que suele tener mejor nota del país.

“Hay buenos argumentos para retirar las licencias y poner a empresas específicas bajo la administración pública. Pero eso no necesariamente significa renacionalizarlas. Las licencias se pueden vender a nuevos operadores”, explica a elDiario.es Dieter Helm, profesor de Política Económica en la Universidad de Oxford y uno de los grandes expertos del país en regulación, medioambiente y servicios públicos. “Los argumentos sobre la nacionalización van menos de si una compañía quiebra y van más de la financiación, el coste del capital y la búsqueda del beneficio más que un objetivo público más amplio. En el caso del Reino Unido, los mayores fallos han sido de regulación. Las compañías privadas se han regulado muy mal”.

Helm cita el caso de Southern Water, la empresa encargada de Sussex y otros condados del sur de Inglaterra, y cree que en su caso el Gobierno debería haber revocado la licencia. Southern Water está entre las que ofrecen peor servicio según el regulador y ya ha sido multada por contaminar las aguas locales. Sus clientes están boicoteándola dejando de pagar facturas en Sussex. Y hay protestas de manera habitual por los residuos que llegan al mar del Norte.

Según Francia, que comparte el canal de la Mancha con Reino Unido, la calidad del agua británica ha bajado por la falta de controles y estándares desde el Brexit. Hasta ahora ha estado en vigor el marco regulatorio de la UE, pero en 2021 el Parlamento británico aprobó una nueva ley medioambiental con nuevos objetivos. Según el profesor Helm, esos objetivos “son genéricos y bastante vagos, igual que las directivas de la UE”.

En 2022, al menos 30 países han sufrido brotes de cólera o de enfermedades semejantes a la misma, aunque no se las nombre como tales, incluso si los expertos suponen que un brote de una enfermedad (a menudo llamada “diarrea acuosa aguda”) es en realidad cólera, según ha informado la organización Médicos Sin Fronteras.

En este sentido, la organización ha detallado que los 30 brotes declarados en 2022 no son fruto de un gran brote que haya afectado a todos estos países. En la mayoría de los países, se deben a condiciones específicas de cada uno de estos lugares y, a algunos de ellos, como Irak, ya han conseguido controlarlos.

Los factores que incrementan el riesgo de que se produzca un brote de cólera son “bien conocidos” y están siempre relacionados con la falta de acceso al agua potable y con el tratamiento inadecuado de las aguas residuales.

Sin embargo, hay ciertos elementos que contribuyen a que estos factores puedan darse como, por ejemplo, crisis políticas y/o militares prolongadas, las cuales pueden provocar una falta de mantenimiento de las infraestructuras de agua potable y/o alcantarillado; o las causas relacionadas con factores climáticos y agravados por la actual emergencia climática.

El cólera es una enfermedad causada por bacterias que infectan los intestinos tras ingerir agua (o alimentos) contaminados. Las bacterias causan diarrea muy grave y, a veces, vómitos. La diarrea puede llegar a ser tan aguda como para provocar que una persona se deshidrate rápidamente y muera en cuestión de horas. Los síntomas pueden tardar en aparecer entre 12 horas y cinco días. Sin embargo, la mayoría de las personas que se contagian permanecen asintomáticas. Y de aquellas que lo desarrollan, la mayoría son casos leves y sólo una minoría serán casos graves.

La diarrea de los enfermos de cólera contiene muchas bacterias del cólera. Si las aguas residuales con bacterias del cólera contaminan de algún modo el agua potable, algo que puede ocurrir con bastante facilidad, los brotes de cólera pueden propagarse con extrema rapidez.

El cólera es fácil de tratar, con rehidratación oral para la mayoría de los pacientes y rehidratación intravenosa para los casos más graves. El acceso al tratamiento precoz es esencial para la supervivencia de estos casos graves. En países en conflicto la atención descentralizada o el traslado de estos pacientes a centros de tratamiento puede estar muy limitada por las situaciones de alta inseguridad para pacientes, equipos sanitarios y ambulancias.

Si se trata a tiempo, más del 99 por ciento de los pacientes sobreviven a la enfermedad y no tienen secuelas. “Proporcionar agua potable limpia y procesar correctamente las aguas residuales son las primeras medidas que tienen que ponerse en marcha para evitar que las personas se contagien. También existe una vacuna contra el cólera que ofrece una buena protección”, ha detallado Médicos Sin Fronteras.

La gestión clínica del cólera es relativamente sencilla y poco costosa y puede ampliarse fácilmente, pero el tratamiento y la prevención del cólera conllevan considerables retos logísticos. La creación de centros de tratamiento del cólera requiere de muchos suministros, al igual que los proyectos de agua y saneamiento.

En lugares inseguros o de difícil acceso, esto supone una enorme limitación. Y el enorme número de brotes que ha habido este año hace que todo resulte más difícil aún. Ya hay escasez de vacunas contra el cólera y hay dificultades para el suministro de otros materiales esenciales, como el líquido para la rehidratación intravenosa.

Además, a veces los Gobiernos no quieren declarar oficialmente los brotes de cólera, a menudo por razones políticas y económicas. Esto hace muy difícil informar adecuadamente a la población sobre cómo puede protegerse e imposibilita el poder llevar a cabo vacunaciones contra el cólera en estos países.

Europa Press.

IG