El empresario Samuel Liberman, considerado como uno de los pioneros de la televisión por cable en la Argentina, murió este sábado a los 92 años en la ciudad de Bueno Aires, informaron allegados.

En sus últimos años, el empresario dividía su vida y lugares de residencia entre Buenos Aires, Uruguay y Panamá.

Liberman, a quien la revista Forbes llegó a considerar el número 13 entre los argentinos más adinerados, fue el fundador de Viceo Cable Comunicación (VCC), uno de los primeros proveedores de televisión por cable que en los´80 competía con Cablevisión.

Tras años de ser uno de los jugadores de la apuesta arriesgada en su momento del rubro, el empresario vendió en 1997 el 90% del paquete accionario de la empresa, que en ese momento contaba con 670.000 abonados, al grupo estadounidense US West Media Group.

Luego de la venta, Liberman fundó la Sociedad Latinoamericana de Inversiones (Grupo SLI), un consorcio que adquirió hoteles y casinos Hyatt e ingresó en la actividad agropecuaria, la biotecnología, las telecomunicaciones y el sector alimenticio. 

Además, Liberman era dueño desde 1985 del Haras de la Pomme, ubicado en la zona de San Antonio de Areco.

Antes de Cablevisión, ya en los '60, el inquieto empresario, había incursionado en diversos negocios, entre ellos la introducción en la Argentina de la marca de relojes Orient y los rubros hoteleros, hípico e inmobiliario.

La historia de VCC

Video Cable Comunicación S.A., más conocida por su sigla VCC, fue una empresa proveedora de televisión por cable de Argentina que operó entre el 1 de diciembre de 1982 y el 1 de julio de 1998, siendo una de las pioneras de ese servicio en el país. Era la competidora directa de Telecentro, Telered, Multicanal y Cablevisión.

VCC fue fundada por Samuel Liberman. Inició su actividad el 1 de diciembre de 1982 en las localidades de Martínez, Acassuso y luego San Isidro, al norte del Gran Buenos Aires, con 500 suscriptores. Tenía tres canales propios: 3 (Noticias), 4 (Variedades) y 5 (Cine), además de retransmitir los entonces cinco canales de televisión abierta de la ciudad de Buenos Aires.

En 1985, se extendió a esta comenzando por el barrio de Belgrano, donde en 1986 instaló su sede propia (calle Cuba 2370). Sin embargo, el alto costo de la suscripción mensual sumado a lo poco atractivo de su oferta hizo que no tuviera mucha trascendencia. En 1989 fue aumentando el número de sus suscriptores debido a la incorporación de canales temáticos -destinados a diferentes tipos de público- y cadenas extranjeras vía satélite.

Para 1990, VCC Video Cable había ampliado su oferta a 15 canales. Al principio, algunos canales reunían diversos géneros o segmentos de programación que más tarde pasaron a emitirse por separado.

Canales de producción propia: Video Cable Sport, Premier, Cable Clip, Video Cine Continuado, Cablín + Familia, Cable Show + Nostalgia, Canal de la Mujer, Actualidad, Platino, La Bolsa en Directo, Cable Platea. Internacionales: CNN, ESPN, TVE, RAI, ECO, Rede Bandeirantes.

En noviembre de 1991, la cableoperadora inauguró el servicio codificado o pago por visión, con un paquete de canales al que se accedía mediante un decodificador por el cual el abonado debía pagar una tarifa mensual. El primer paquete incluía dos de cine: Space y TNT, y dos propios de eventos especiales: Weekend y Ticket (este último en vivo). Sin embargo no tuvo éxito, dado que su principal competidor Cablevisión ofrecía los mismos canales de cine en su servicio básico, e inclusive VCC tenía en su propio básico señales como Premier y Platino sin tandas publicitarias mientras que TNT sí las tenía. Por lo tanto, esta modalidad se limitó a la transmisión de eventos musicales y deportivos y más tarde de canales para adultos.

La incorporación de nuevas tecnologías como la fibra óptica, en lo que fue pionera frente a la competencia, permitió la ampliación de la red sobre todo en el Área Metropolitana de Buenos Aires y Córdoba, junto con el mejoramiento del servicio, llegando su grilla a casi 80 señales.

En 1997, VCC fue adquirida en partes iguales por Cablevisión y Multicanal, las que por entonces estaban desarrollando planes de expansión absorbiendo a otras empresas de TV paga. En julio de 1998 asumieron sus operaciones y disolvieron la compañía, dejando asimismo de emitirse sus canales propios. Al momento de realizarse la operación VCC contaba con 700.000 clientes y la infraestructura más moderna de las cableoperadoras del país.

Canales propios: VCC generó diversos canales, gestionados por Gala Producciones, empresa del mismo grupo. Algunos tuvieron mayor permanencia y eran emitidos también por otros cableoperadores del AMBA y resto del país:

Con información de agencias.

IG

La Cámara Argentina de Internet (CABASE) presentó los resultados de su último informe, el CABASE Internet Index, que analiza la situación de la conectividad y la infraestructura de internet en Argentina. Según el estudio, el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. De manera similar, el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de TV paga.

Ante esta situación, Ariel Graizer, Presidente de CABASE, destacó la colaboración de los proveedores del sector, mayoritariamente PyMEs y cooperativas, quienes ofrecieron descuentos y promociones especiales a los usuarios afectados. 

El informe detalla que, como resultado de estas medidas, los pedidos de baja definitiva de servicios se mantuvieron bajos en categorías como la telefonía fija, internet fijo y TV paga, con porcentajes de 1,2%, 1,9% y 3%, respectivamente. No obstante, el servicio de streaming mostró una mayor incidencia de bajas, con un 10% de usuarios que solicitó cancelar su suscripción.

Entre las estrategias adoptadas por los usuarios de internet fijo, un 44% solicitó la baja y obtuvo descuentos, mientras que un 10,1% optó por cambiar a un proveedor más económico. En el caso del streaming, donde las negociaciones de precio son limitadas, el 41,9% buscó medidas paliativas, y un 10,3% optó por servicios más asequibles.

El estudio también destacó que la accesibilidad de los servicios de conectividad es importante para el desarrollo económico y social, reflejando la importancia cada vez mayor de la conectividad en áreas como la educación, el trabajo y el entretenimiento. Sin embargo, el costo promedio del servicio de internet fijo en Argentina sigue representando aproximadamente el 4% de los ingresos promedio por hogar, por encima del umbral del 2% establecido por la ONU para servicios básicos de banda ancha.

Graizer subrayó la necesidad de ajustes en las condiciones macroeconómicas para mejorar la accesibilidad de los servicios de conectividad, lo cual no solo facilitaría una mayor penetración en hogares de bajos ingresos, sino que también apoyaría a las PyMEs y cooperativas del sector en sus esfuerzos por mantener y expandir las redes de infraestructura.

Con información de NA.

IG

En un nuevo capítulo de su cruzada por desregular todos los aspectos de la economía, el gobierno, a través del Ente Nacional de Comunicaciones (ENaCom) liberó a las empresas que prestan los servicios de internet, telefonía celular y TV por cable para que puedan fijar sus tarifas sin intervención del Estado.

Lo hizo por medio de la Resolución 13/2024 publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma del interventor del organismo, Juan Martín Ozores.

De esta manera el Gobierno eliminó todas las regulaciones establecidas en 2020 por la gestión de Alberto Fernández a partir de la pandemia de Coid-19, que les imponían un tope a las tarifas de internet, celulares y cable, con un límite para los aumentos de precios de entre un 5% y un 10% mensual.

Esta decisión responde al Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 302/2024, que anuló el anterior DNU 690/2020 que había declarado a los servicios TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación) como «servicios públicos esenciales y estratégicos», otorgando al ENACOM la facultad de regular sus tarifas.

Ahora, las empresas de telecomunicaciones podrán volver a fijar sus precios, algo que el organismo regulador justifica como necesario para “salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia”.

El Gobierno ya había modificado con el DNU 02/2024 el artículo 48 de la Ley 27.078 Argentina Digital-Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, sancionada el 16 de diciembre de 2014, que establecía que los licenciatarios de Servicios de TIC “fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación. Las tarifas de los servicios públicos esenciales y estratégicos de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en competencia, las de los prestados en función del Servicio Universal y de aquellos que determine la Autoridad de Aplicación por razones de interés público, podrán ser reguladas por ésta”.

Esto ya no corre y ese artículo fue sustituido por este texto: “Los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”. El Estado ya no puede regular las tarifas.

La resolución

Los argumentos

El texto oficial recordó que en los considerandos del DNU 302/2024 se expuso que “los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar sus precios libremente”.

En esa línea, también mencionaba que “el DNU N° 690/2020 establece una modificación esencial sobre el marco jurídico del sector, que debe ser corregida con el fin de salvaguardar las reglas que permitan el desarrollo de un mercado en competencia y la libre fijación de los precios de los servicios prestados”.

La desregulación de las telecomunicaciones se da en medio del impacto que atraviesa el sector por la recesión, lo que se reflejó en un informe de la Cámara Argentina de Internet (CABASE), donde se revela que las familias argentinas están buscando reducir el impacto de los costos de la conectividad en sus presupuestos.

El estudio arrojó que el 67,5% de los hogares argentinos implementaron medidas para reducir los costos de su servicio de internet fijo, en respuesta al complejo contexto económico de los últimos meses. Mientras que el 65,3% de los hogares también ajustaron sus gastos en servicios de TV paga.

Qué había resuelto la Justicia

Hace días, un fallo de la Sala II de la Cámara Contencioso Administrativo Federal confirmó una sentencia anterior de noviembre de 2023 que declaraba la nulidad del DNU 690 del gobierno de Alberto Fernández, invalidado hace poco por el DNU 302 de la gestión de Javier Milei.

En el fallo que se conoció el pasado 27 de noviembre, la Justicia resolvió la nulidad del Decreto de Necesidad y Urgencia que consideraba a las telecomunicaciones como servicio público esencial. La decisión fue tomada la jueza a cargo del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 8, Cecilia De Negre, quien falló a favor de la empresa Telecom que había calificado como “inconstitucional” el DNU del año 2020 y pedía “fijar libremente los precios”.

Para la magistrada que tomó la resolución hace siete meses, el Poder Ejecutivo no puede determinar la calificación de un servicio como público por medio de un decreto y que en ese sentido se requiere la sanción de una ley del Congreso. “Al disponer que la actividad prestada sea sustraída del sector privado, se limitan derechos fundamentales, que solo puede ser dispuesta mediante la sanción de una ley; ya que tiene una naturaleza expropiatoria de derechos adquiridos protegidos por la garantía del art. 17 de la C.N.; es que la declaración de una actividad económica como servicio público, implica someterla a un régimen especial de sujeción jurídica, que exige el dictado de una ley formal emitida por el Congreso; técnica conocida como publicatio”, sostuvo De Negre.

Por medio del decreto 690/2020, del 22 de agosto de 2020, el gobierno de Alberto Fernández declaró como servicios públicos esenciales a los servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC, reincorporando el carácter de servicio público de competencia como artículo 15 de la Ley N° 24.078 de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.

La decisión fue tomada en medio de la pandemia por coronavirus como una medida para garantizar las comunicaciones durante el aislamiento y el acceso a la educación que en aquel momento era virtual. Así lo anunció el Presidente en su cuenta de X (entonces Twitter), quien además aseguró que las tarifas se mantendrían congeladas hasta el 31 de diciembre: “De esta manera estamos recuperando herramientas regulatorias que el gobierno anterior quitó al Estado. El derecho de los usuarios y consumidores es un derecho constitucionalmente reconocido. En lo sucesivo, no podrá haber ningún aumento sin la previa aprobación del Estado”, había dicho Fernández.

Pero en abril de 2023, Telecom presentó una demanda contra el Ejecutivo Nacional y el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), para que se declare la nulidad del decreto y las resoluciones del organismo. El Estado contestó alegando que “los servicios Tics son servicio público esencial y estratégico del siglo XXI; debiendo satisfacer las notas típicas de continuidad, regularidad, igualdad, generalidad, obligatoriedad, universalidad y accesibilidad”.

En noviembre último, la jueza De Negre falló a favor de la empresa y cuestión el carácter permanente de la medida: “Fue la situación de emergencia sanitaria, en el marco de la pandemia del COVID-19, la que justificó otorgar medidas de protección y acceso a los servicios TIC y asegurar el derecho a la educación. Sin embargo, tal como ya se puso de resalto, no se estableció que su duración sería hasta la finalización de la pandemia, sino que las medidas se establecieron con carácter permanente. Ello afecta el principio de razonabilidad al establecer una discordancia entre el fin de la norma y los medios empleados”:

Para la jueza, el Estado contaba con otros medios para establecer tarifas que garantizaran el acceso a las telecomunicaciones durante la pandemia. “No deben olvidarse las facultades del Estado Nacional para intervenir frente a prácticas abusivas”, señaló y concluye que el “DNU incurre en una desviación de poder frente al fin declarado de garantizar la educación pública y la conectividad de los habitantes en el contexto de pandemia”.

Con información de agencias.

IG

Con la derogación del DNU 690/20 publicada hoy en el Boletín Oficial, el presidente Javier Milei cumple una demanda de los operadores de telecomunicaciones, televisión por cable y conectividad a Internet contra la regulación de precios en estos servicios. Tipificados como “servicios esenciales” por el gobierno de Alberto Fernández, en agosto de 2020, con la pandemia Covid-19 como escenario, el DNU 690/20 preveía un sistema de prestaciones obligatorias que debían ser cubiertas a precios básicos por las empresas.

En los hechos, la regulación de precios ahora abolida sólo había estado vigente algunos meses de 2020 y en enero de 2021 -cuando Fernández había comenzado a permitir incrementos (ese mes el alza fue del 15,1%)-, ya que a partir de febrero de 2021 numerosas medidas cautelares suspendieron el DNU 690/20 por vía judicial. 

Desde entonces, los aumentos de precios de las comunicaciones acompañaron –e impulsaron– la suba de la inflación general. Por eso, en los últimos tres años los precios de comunicaciones móviles, Internet al hogar y tv por cable suben continuamente sin que el DNU 690/20 haya alterado la situación más allá del paréntesis del último cuatrimestre de 2020.

Un DNU mata a otro DNU. El DNU 690/20 estaba inerte, pero con el DNU 302/24, Milei no sólo remató el decreto de su antecesor, sino que aprovechó para cambiar la Ley 27.078 “Argentina Digital” sancionada por el Congreso en 2014. Así, elimina toda potestad de la autoridad de aplicación, el ENaCom, para intervenir en las tarifas de proveedores mayoristas de servicios de comunicaciones “por razones de interés público”, como ordenaba la ley.

Intereses y doctrina

Milei ya había intervenido quirúrgicamente el sector de las comunicaciones con su DNU 70/23 a favor de algunos intereses pesados, como los grupos Claro (América Móvil, de Carlos Slim), DirecTV (Grupo Werthein) y Starlink, de su idolatrado Elon Musk. Aquella norma les permite ampliar sus negocios a nuevas actividades sin obstáculos regulatorios.

En la perspectiva de Milei, esa sería causa del malestar del Grupo Clarín/Telecom con su gobierno. Cebado en su narrativa, Milei rivaliza con el conglomerado liderado por Héctor Magnetto. Es curioso que los numerosos medios de Clarín casi no difunden información sobre Starlink a pesar de que, en el corto plazo, la conectividad satelital que comercializa Musk no compite de modo directo con los servicios de Telecom.

Resuelta la primera instancia de intervención gubernamental a favor de los sponsors de la campaña de La Libertad Avanza, ahora, con este DNU 302/24, el presidente da un paso más doctrinario y, en un guiño explícito al mercado, erradica la clasificación de las TIC como “servicios públicos en competencia”.

Los voceros de los principales operadores celebraron la decisión de Milei. Pero el “lastre” del DNU 690/20 contra el que batallaron intensamente era también, a pesar de su falta de aplicación, un pretexto para el estado precario de muchos servicios, la falta de cobertura territorial de redes fijas y móviles y la escasez de competencia. Los tiempos venideros despejarán algunas incógnitas estructurales sobre un sector que, aunque no sea ya reconocido normativamente como “esencial”, condiciona la vida de los 46 millones de habitantes.

El destino del DNU 690/20 brinda elementos que pintan la política pública en el país. A diferencia de la Ley Argentina Digital o de otras regulaciones en el amplio sector de las comunicaciones (como la ley audiovisual), fue concebido sin análisis de legislación comparada ni respaldo técnico, tuvo el inmediato rechazo de las cámaras y empresas del sector, careció de defensores en la discusión pública, debido a que tampoco construyó consensos en torno a sus objetivos, y el gobierno que lo impulsó en plena pandemia fue tan ambicioso en su redacción como displicente en su aplicación, además de necio en su eventual modificación cuando, a poco de andar, resultó evidente que el mismo sería objeto de suspensión judicial.

Sobre el conjunto de problemas técnicos y políticos inherentes al DNU 690/20, hoy Milei dirige el abandono de toda función estatal en el sector de las comunicaciones, también por decreto. La seguridad jurídica, siempre mentada como imprescindible para el crecimiento de las comunicaciones, brilla por ausente.

MB/DTC

El Gobierno emitió el Decreto 302/2024 para liberar el mercado de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y de esta manera elimina la regulación de precios en los servicios de telefonía celular, TV por cable e Internet.

De acuerdo al Ejecutivo, este decreto, que modifica la Ley Argentina Digital N° 27.078, representa “un paso hacia la desregulación de precios en el sector, con el objetivo de fomentar la competencia, incentivar la inversión y mejorar la calidad del servicio para los usuarios de todo el país”.

Bajo este nuevo marco, los licenciatarios de servicios TIC tendrán “la libertad de fijar sus tarifas, una medida que busca estimular la competencia en el sector y, como resultado, promover mejoras en la calidad y diversidad de los servicios ofrecidos a los consumidores.

La publicación en el boletín oficial señala que “El presidente en acuerdo general de ministros decreta: Artículo 1.- Sustitúyese el artículo 48 de la Ley Argentina Digital N° 27.078 y sus modificatorias por el siguiente ´los licenciatarios de Servicios de TIC fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, cubrir los costos de la explotación y tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación”.

A pesar de la desregulación de precios, el decreto reafirma la clasificación de los servicios de TIC como esenciales y estratégicos, subrayando el compromiso del Estado en garantizar el acceso universal a dichos servicios.

La normativa establece que los precios fijados por los licenciatarios deben ser justos y razonables, garantizando que cubran los costos de explotación y permitan a todos los argentinos acceder a servicios de calidad.

Una de las motivaciones detrás de esta reforma es incentivar la inversión en infraestructura de telecomunicaciones, particularmente en zonas rurales y remotas, para reducir la brecha digital en Argentina. Al liberar a los licenciatarios de las restricciones de precios, el gobierno espera estimular la expansión de redes y servicios, asegurando una cobertura más amplia y una mayor inclusión digital.

El gobierno fundamenta su decisión con los siguientes argumentos: “Que es de destacar que ante el creciente desarrollo de los servicios de telecomunicaciones, la contemplación de las diferentes circunstancias del mercado resulta fundamental, tanto para favorecer su dinamismo y generar un equilibrio competitivo sostenible como para asegurar una mayor oferta de servicios a los usuarios a precios justos y con mayor calidad, extremos que se contraponen con la regulación tarifaria establecida por el Decreto N° 690/20”.

Además, el decreto sostiene “que, en cuanto al fondo de la cuestión, es importante mencionar que los servicios de TIC han sido creados en competencia, así como la prestación de los servicios de comunicaciones móviles, siendo una facultad esencial para su desarrollo y crecimiento la posibilidad de que los licenciatarios puedan fijar los precios de sus servicios libremente”.

Con esta medida, el gobierno promete transformar el paisaje de las telecomunicaciones en Argentina, pero su éxito dependerá de un equilibrio cuidadoso entre la libertad de mercado y la protección de los derechos de los consumidores.

El decreto de Milei

Qué decía el decreto 690 de Alberto Fernández

ARTÍCULO 1°- Incorpórase como artículo 15 de la Ley de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones N° 27.078, el siguiente texto:

“Artículo 15- Carácter de servicio público en competencia. Se establece que los Servicios de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) y el acceso a las redes de telecomunicaciones para y entre licenciatarios y licenciatarias de servicios TIC son servicios públicos esenciales y estratégicos en competencia. La autoridad de aplicación garantizará su efectiva disponibilidad”.

ARTÍCULO 2° - Sustitúyese el artículo 48 de la Ley N° 27.078, por el siguiente:

“Artículo 48: Regla. Los licenciatarios y las licenciatarias de los servicios de las Tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) fijarán sus precios, los que deberán ser justos y razonables, deberán cubrir los costos de la explotación, tender a la prestación eficiente y a un margen razonable de operación.

Los precios de los servicios públicos esenciales y estratégicos de las TIC en competencia, los de los prestados en función del Servicio Universal y los de aquellos que determine la autoridad de aplicación por razones de interés público, serán regulados por esta.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.“

ARTÍCULO 3°- Incorpórase, como segundo párrafo del artículo 54 de la Ley N° 27.078, el siguiente:

“Incorpórase como servicio público, al servicio de telefonía móvil en todas sus modalidades. Los precios de estos servicios serán regulados por la autoridad de aplicación.

La autoridad de aplicación establecerá en la reglamentación la prestación básica universal obligatoria que deberá ser brindada en condiciones de igualdad.

ARTÍCULO 4°- Suspéndese, en el marco de la emergencia ampliada por el Decreto N° 260/20, cualquier aumento de precios o modificación de los mismos, establecidos o anunciados desde el 31 de julio y hasta el 31 de diciembre de 2020 por los licenciatarios TIC, incluyendo los servicios de radiodifusión por suscripción mediante vinculo físico o radioeléctrico y los correspondientes al servicio de telefonía fija o móvil, en cualquiera de sus modalidades.

Esta suspensión se aplicará a los servicios de televisión satelital por suscripción.

Con información de NA.

IG

El Gobierno autorizó este martes aumentos mensuales hasta fin de año en televisión paga, telefonía e internet y las licenciatarias podrán aplicar sucesivos incrementos de hasta un 4,5% desde mayo hasta diciembre de 2023. .

La medida fue tomada por el Ente Nacional de Comunicaciones, publicada en el Boletín Oficial a través de la Resolución 557/2023 y lleva la firma del presidente de Enacom, Claudio Ambrosini.

“Sin desatender el diálogo con el sector, advirtiendo que el último incremento autorizado por este ENACOM fue de aplicación sucesiva y mensual en el período comprendido entre enero y abril de 2023; corresponde autorizar nuevos incrementos con similar aplicación a partir de mayo y hasta diciembre de 2023, evaluados en el contexto económico y dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, reza el texto. .

“Siguiendo ese temperamento, los requerimientos de nuevos aumentos se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las Licenciatarias durante los meses transcurridos desde el inicio de la reglamentación de precios minoristas”, añadió.

En tanto, indicó: “A partir del primer día de cada mes posterior a mayo de 2023, sucesivamente y hasta diciembre de 2023 inclusive, las licenciatarias aludidas podrán aplicar un nuevo incremento mensual en un porcentaje de hasta el 4,5% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados al último día del mes anterior”.

“Cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados (...) deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”, expresó el texto.

“En aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio ni aplicar, con causa en dichas facturas, las demás disposiciones vigentes”, finalizó.

Previo a esta normativa, el último aumento autorizado había sido el de la Resolución 2494/2022, en la que le daba permiso a las licenciatarias a aplicar una suba en precios minoristas de hasta 4% desde el 1º de enero de 2023, sobre el valor vigente al 31 de diciembre de 2022.

A partir del 1º de febrero, se sostuvo el 4% permitido, mientras que el 1º de marzo y el 1º de abril ese aval descendió al 3,5% cada mes.

Con información de agencias.

IG

El Gobierno dio marcha atrás con el aumento del 17,6% en los servicios de telefonía, internet y TV cable para el primer cuatrimestre del año, y dispuso que el ajuste sea menor.

A fines de diciembre, el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) había autorizado un ajuste del 17,6% en dos tramos, a aplicarse en febrero (9,8%) y abril (7,8%).

Pero ahora, a través de la Resolución 2494/2022 publicada este martes en el Boletín Oficial, dio de baja ese incremento y fijó un tope de hasta 4% mensual en cuatro tramos.

Así, el ajuste se aplicará de la siguiente manera: 4% en enero, otro 4% en febrero, 3,5% en marzo y 3,5% en abril, con un acumulado del 15%.

“Establecer que las Licenciatarias de Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM) podrán aplicar a partir del 1° de enero de 2023, un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en la modalidad pospaga y/o mixta, en un porcentaje de hasta 4%; tomando como referencia sus precios vigentes al 31 de diciembre de 2022 y autorizados mediante Resoluciones ENACOM”, según el texto oficial.

Además, a partir del 1° de febrero, las prestadoras “podrán aplicar un nuevo incremento en un porcentaje de hasta el 4% sobre los mismos precios, tomando como referencia los valores actualizados”, de acuerdo con lo dispuesto.

El Enacom aclaró que a partir del 1° de marzo, las prestadoras aludidas podrán aplicar un nuevo incremento de hasta 3,50% sobre los mismos precios, mientras que desde el 1° de abril correrá un aumento similar.

Los incrementos incluyen los Servicios de Comunicaciones Móviles (SCM), así como también a las de Servicios de Valor Agregado de Acceso a Internet (SVA-I), Servicios de Telefonía Fija (STF), Servicios de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo físico o radioeléctrico (SRSVFR) y Servicios de Comunicación Audiovisual de Radiodifusión por Suscripción mediante vínculo satelital (DTH).

La nueva Resolución estableció que “cualquier incremento sobre los precios minoristas que hubiese sido aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) y que supere los valores expresamente autorizados, deberá ser reintegrado a sus usuarios y usuarias en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago de facturas”.

Asimismo, explicó que “en aquellos casos en los que algún usuario o usuaria no abonare su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras deberán abstenerse de computar los plazos legales vigentes para proceder a la suspensión del servicio”.

El Enacom justificó los aumentos al señalar que “se fundamentan a partir de los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las licenciatarias”.

Con información de NA.

IG

El Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) autorizó a las empresas prestadoras de servicios a aplicar aumentos de hasta 9,80% en febrero y de hasta 7,80% para el mes de abril en los servicios de telefonía, internet y televisión.

Mediante la resolución 2393/2022 publicada este jueves en el Boletín Oficial, el Enacom estableció que las licenciatarias podrán aplicar a partir del 1° de febrero del año próximo un incremento en el valor de los precios minoristas de cualquiera de sus planes en las modalidades pospagas y mixtas de hasta 9,80%, y una nueva suba a partir del 1° de abril de hasta 7,80%.

Para los aumentos se tuvieron en cuenta “el contexto económico” y las “dificultades que se atraviesan para todos los actores involucrados, prestadoras y público usuario”, según se señala en los considerandos de la resolución.

La actualización se fundamenta en función de “los mayores costos y el impacto de las oscilaciones de las principales variables económicas en la operatoria de las licenciatarias”, como, por ejemplo, los costos de personal, de conectividad y de programación; y las inversiones de infraestructura en moneda extranjera.

Del mismo modo, se tuvo en cuenta “la evolución de distintos índices que permiten demostrar la capacidad adquisitiva de un universo amplio de usuarios y usuarias que posee menores recursos con relación a otros”.

Previamente para octubre pasado y para este mes de diciembre, el ente regulador autorizó aumentos de hasta 19,8% y de hasta 9,8%, respectivamente, que se sumaron a otros dos incrementos de 9,5% que fueron aplicados en las facturas desde el 1° de mayo y el 1° de julio, respectivamente.

La normativa indicó que cualquier incremento aplicado por las Licenciatarias de Servicios de TIC o DTH (TV Satelital) que supere dichos topes deberá ser reintegrado a sus usuarios en la próxima factura a emitir, con actualización e intereses sujetos a la misma tasa de interés que aplican a sus clientes por mora en el pago.

En el caso de que el usuario elija no abonar su factura con incrementos superiores a los autorizados, las prestadoras no podrán suspender el servicio ni computar mora sobre esas facturas.

Por otra parte, las modificaciones que las empresas realicen sobre sus planes, precios y condiciones comerciales a partir de esta autorización para incrementar los precios, deberán ser comunicadas a Enacom al momento de su aplicación.

La aplicación de aumentos sólo se permitirá a los prestadores que hayan cumplido, hasta el momento, con la reglamentación sobre precios minoristas dispuesta anteriormente.

Para la modalidad prepaga, se establecieron a partir del 1° de febrero valores máximos para la recarga de 50 megabits (MB) de datos móviles por día de $ 43,40 (anteriormente $ 39,50); segundo de voz $ 0,66 ($ 0,60) y mensajes de texto (SMS) $ 8,70 ($ 7,90); en todos los casos con impuestos incluidos.

A partir del 1° de abril la recarga de 50 MB podrá cobrarse $ 46,80; el segundo de voz $ 0,72 y SMS $ 9,40.

Los topes de aumentos aplican mayormente para pymes, cooperativas y empresas menores, ya que algunas de las grandes firmas, como es el caso de Telecom, recurrieron a amparos y medidas cautelares para no cumplir con los mismos pudiendo así incrementar sus facturas por encima de estos límites.

Con información de agencias.

IG