Guillermo Folguera estudió la licenciatura en biología y cuando estaba terminando su tesis de doctorado tuvo que quemar las moscas con las que había hecho un experimento. “El olor de esa quema me impactó -cuenta- me hizo replantear todas las prácticas y me di cuenta de que había una cuestión crítica sobre cómo hacemos ciencia que me interpelaba”. Entonces empezó a estudiar filosofía y se recibió de su segunda carrera de grado.

De ahí en más, no sólo hace filosofía de la ciencia en su faceta académica, sino que se ha dedicado a recorrer los territorios con conflictos socioambientales, acompañando a las comunidades y tejiendo puentes entre diferentes actores. Actualmente, además, es investigador independiente del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), docente universitario e integrante del grupo Ciencias, Ambientes y Territorios.

Pese a su basta y respetada producción académica -es coautor de más de 80 artículos, más de 30 capítulos de libros y autor de textos como La Ciencia sin Freno, Ontología del Despojo y el que escribió junto a la antropóloga Paula Blois, Veneno-, cuando se presenta en cada una de las decenas de charlas que da por todo el país Folguera se define como un “activista socioambiental” y padre de dos niñas.

Desde ese lugar, pero sin perder una rigurosidad producto de años de investigación y sistematización de información, responde a las preguntas de elDiarioAR en relación a la investigación publicada este sábado y domingo sobre la falta de regulación en el Código Alimentario Argentino (CAA) de agroquímicos de uso actual en el agua que se consume. 

-elDiarioAR publicó un artículo en el que demostramos que el Estado argentino reconoce desde hace al menos 17 años la necesidad de regular plaguicidas en el agua potable pero no lo ejecuta. ¿Por qué motivo piensa que estas iniciativas no avanzaron durante casi dos décadas? 

-En función de la historia de los agronegocios, que por supuesto también incide sobre la megaminería y otras formas de extractivismo, no se trata de una simple omisión y tiene una finalidad. En términos históricos hay que ubicar lo que fue la Revolución Verde, el rol de las dictaduras correspondientes, que estuvieron muy de la mano del sector del agro, y también el rol clave del menemato desarmando cualquier monitoreo, no sólo de la presencia de químicos en el agua, sino también, por ejemplo, vinculados a la salud y al daño ambiental.

Entonces no se trata de una simple omisión y, por lo menos, tiene dos pilares fundamentales: el primero es que los temas sanitarios y ambientales en Argentina no tienen ningún tipo de prioridad y son vistos como efectos secundarios; las comunidades, de hecho, hablan de territorios de sacrificio y no han sido prioridad ni en los gobiernos dictatoriales ni de los democráticos y sólo fueron atendidos en situaciones muy particulares de levantamiento social.

El segundo pilar es comprender que estamos frente a un ejemplo clarísimo de transferencia de recursos porque acá no se trata de “usar bien los agroquímicos” -o sea de lo que llaman “buenas prácticas agrícolas”- sino de que por la enorme cantidad que se utiliza es claro que van a aparecer en las redes de agua como, de hecho, sucede en cada estudio que se hace. 

Entonces lo que tenemos ahí es una transferencia fabulosa de recursos, tanto en términos productivos (porque estamos hablando de agua que viene con veneno y que después se tiene que usar para diferentes producciones) pero también en términos sanitarios: ¿quién se hace cargo de la salud de todas las personas víctimas tanto de los pueblos fumigados como de las grandes ciudades que consumen esa agua en un país donde en las últimas cinco décadas se ha multiplicado por 8 o por 10 la pobreza?

Entonces, si tuviera que resumir diría que no hay una regulación porque se trata de una política estatal que no puede ser entendida como un “olvido”, sino que es una actitud activa de desprecio hacia lo ambiental y lo sanitario y, por otro lado, es una forma de garantizar esa transferencia de recursos de un sector de la población a otro. 

-Una respuesta que dan desde el Estado es que es necesario hacer mediciones antes de regular…

-Cualquier estudio de asambleas y comunidades que se organizan muestran una enorme cantidad de agrotóxicos. Hay cientos de ejemplos: un estudio realizado en el INTA Balcarce e impulsado por Sabrina Ortiz en la localidad bonaerense de Pergamino en 2019, otro pedido por vecinos de Lobos en 2021, todos los trabajos de Rafael Lajmanovich en cursos de agua que abastecen a las redes de agua de muchas comunidades, y podría nombrarte muchísimos más en los que aparecieron plaguicidas que nos están en el Código Alimentario Argentino. Esto quiere decir que la presencia de agrotóxicos en el agua potable es un hecho y este “olvido” que planteamos antes es simplemente negar lo sabido.

Tenemos instituciones dentro del Estado que se van pasando la pelota diciendo “nosotros no nos vamos a hacer cargo hasta que no tengamos datos confiables” cuando ya existen esos datos: sabemos que hay agroquímicos en el agua y sabemos los efectos de esos agroquímicos sobre la salud porque también hay cientos de papers publicados.

-¿Por dónde se comienza a desarmar esta realidad entonces?

-En primer lugar, hay que reconocer la capacidad de las comunidades de hacer su diagnóstico y resolver sus propios conflictos. 

El problema es que el Estado -lejos de aportar soluciones- interviene para obturar. Lo primero que plantea es: si querés que regule necesito pruebas, pero no busca esas pruebas y en ese movimiento despoja a las comunidades de su capacidad de diagnóstico y resolución porque les dice que se hará cargo y no lo hace.

Otro punto tiene que ver con la burocratización: armar comisiones es una parte fundamental de la propia estrategia de dilatación. Es clave eliminar esa lógica y también la parcialización de los problemas, la aparición de sujetos expertos, en particular sujetos que se dicen especialistas y terminan silenciando tanto la voz de otras ramas del saber, de esa rama pero críticos y, en particular, de las comunidades.

-¿Qué gana el Estado con eso? ¿No sería más fácil dejar que las comunidades resuelvan solas?

- El Estado gana en función de garantizar esa transferencia de recursos y gana tiempo, una lógica que ya se utilizó con las tabacaleras. Lo que hace es dilatar las decisiones que tienen que tomar y todo ese tiempo es ganancia para las empresas y desgaste para las comunidades, donde las personas terminan falleciendo y cansándose de resistir.

Después hay un aspecto un poco más complejo y es que epistémicamente la inversión de la carga de la prueba no sólo está penado por la Constitución -a partir de la violación del principio de precaución-, sino que es terriblemente macabro, porque pedirle a una comunidad que demuestre que sus valores de cáncer, por ejemplo, aumentaron respecto a años anteriores y que esos valores tienen un correlato causal con los agrotóxicos, etc. sólo busca dilatar y esa dilatación, como ya dijimos, es a favor de los sectores empresariales concentrados. 

ED

“Los agrotóxicos enferman y matan; la impunidad, también”, la frase la dice una vecina del colectivo Exaltación Salud sentada bajo la sombra de un árbol en la plaza principal de Los Cardales, Partido de Exaltación de la Cruz, un municipio situado al noreste de la Provincia de Buenos Aires cuya actividad principal es la agrícola.

Desde 2019 el municipio cuenta con una ordenanza municipal que impide las fumigaciones aéreas y una medida cautelar que establece una distancia mínima de 1.000 metros de casas y escuelas para las fumigaciones terrestres.  Sin embargo, desde Exaltación Salud señalan que estas normas son violadas una y otra vez sin que los funcionarios realicen intervenciones eficaces y ante la quietud de la Justicia que no investiga y, por tanto, no condena.

La fumigación del 16 de septiembre pasado marcó un punto de inflexión en esas denuncias: por un lado, el campo es explotado por un gigante agroindustrial como Adecoagro –Las Tres Niñas, Molinos Ala, entre otras marcas– mientras que en las otras denuncias los campos eran de productores más pequeños.

Por el otro, las vecinas y vecinos aseguran que los funcionarios no sólo no frenaron la fumigación ilegal sino que luego mintieron respecto a lo sucedido en las actas y ante la Fiscalía que, por su parte, tiene al menos 10 causas desde 2019 sin investigar.

La última denuncia

El 16 de septiembre pasado Verónica Garri se encontraba tomando mate en su patio cuando –cuenta– vio un mosquito esparciendo agroquímicos a una distancia menor de 1.000 metros de la Escuela N°5 de La Lata. Mientras su compañero le pedía permiso al dueño del campo lindante a la escuela para pasar a filmar, ella llamaba al Centro de Vigilancia Urbana, también llamado Centro de Apoyo Vecinal (CAV) o Guardia Urbana. Eran cerca de las 18. Media hora después llegaba Magdalena Ramos, supervisora general del CAV.

“Magdalena Ramos llegó a las 18.30. Estábamos juntas cuando hicimos el cálculo de unos 740 metros que había de distancia entre el mosquito fumigando y la escuela”, cuenta a elDiarioAR Verónica, integrante de Exaltación Salud. Y continúa: “Cerca de las 19 llegaron dos oficiales del Comando de la Patrulla Rural (dependiente del Ministerio de Seguridad bonaerense), Cristian Suárez y Daiana Britez, quienes también vieron al mosquito fumigando a menos de mil metros de la escuela. En ese momento les dije que me tomaran la denuncia, pero me dijeron que iban a hablar con el conductor del mosquito. Hablaron unos 40 minutos, tras lo cual el mosquito siguió fumigando. Cuando regresaron me dijeron que el aplicador ‘tenía la receta’. Le dije lo de los mil metros y que, además, ya eran las 21 por lo que tampoco estaban cumpliendo con las 12 horas de distancia que tiene que haber entre la aplicación y el comienzo de clases, pero tampoco les importó”.

La policía le dijo que fuera a realizar la denuncia a la Dependencia Policial al día siguiente. Verónica insistió con que se la tomaran en el momento pero se volvieron a negar. “Casi a la medianoche estaba en casa con mis hijas y me llamaron para decirme que me iban a mandar un patrullero para tomarme la denuncia. Me negué pero lo enviaron igual y no declaré”, relata.

Tras idas y vueltas, Verónica declaró ante la Fiscalía el 3 de octubre. Ese día también lo hizo el propietario del campo lindante con la escuela –que permitió pasar al marido de Verónica a filmar–, quien ratificó que el mosquito estaba fumigando a menos de 1.000 metros de distancia del colegio.

Sin embargo, el acta que hizo de Magdalena Ramos, de la Guardia Urbana, no coincide con la declaración de Verónica. Si bien menciona que “la vecina” dice que el mosquito estaba a 800 metros, ella sitúa las coordenadas a más de 1.000 metros y deja en claro que “al momento de ser interceptada la maquinaria no incumple con la cautelar”. Además indica que por la lejanía a la que se encontraba no puede determinar si estaba o no aplicando productos. La funcionaria ratificó esa postura en su declaración frente a la fiscalía, también el 3 de octubre.

Por su parte, el acta de procedimiento policial del Comando de la Patrulla Rural también señala que cuando llegó el mosquito estaba a más de 1.000 metros de la escuela. Lo interesante de ese documento es que mencionan que asistieron al lugar tras haber sido llamados por el Centro de Apoyo Vecinal; es decir, por la dependencia en la que trabaja Magdalena Ramos. Aquí podría surgir una duda: ¿Por qué llama Ramos al Comando Rural si el mosquito no estaba infringiendo la cautelar?.

“No tengo idea cuál es la razón por la que mienten tan descaradamente. A las mentiras de esta funcionaria y de los policías rurales se suma que nunca vino el fiscalizador municipal (César Muratori) que tiene que ver la receta y a cuánto fumigan. Hay mucho ocultamiento en este caso; pero no es la primera vez que pasa: en otras denuncias previas ha pasado lo mismo, tienen más derechos los que están incumpliendo que las víctimas. Te da bronca y te da pena también, porque viven acá, y las enfermedades que causan los agrotóxicos no son selectivas, a ellas y ellos también les puede pasar por más plata que hayan ganado”, dice Verónica.

La vecina describe, además, que en las causas los denunciantes siempre tienen que aportar pruebas como videos, fotos, testigos, pero los denunciados “no presentan nada”.

La receta que no aparece

Según consta en el acta que realizó Magdalena Ramos, la maquinaria estaba conducida por Javier Cignoli, quien habría presentado ante los oficiales que lo interceptaron la receta agronómica y tenía toda su documentación al día (vtv, cédula, etc.). Lo mismo figura en el acta de procedimiento realizado por la Policía Rural, donde incluso brindan detalles de la receta agronómica: lo que se esparcía (siempre según el acta) era “Azoxistrobina+Cypronozole y Esteres Metílicos de Ácidos Grasos de Aceites Vegetales” (fungicidas) y estaba firmada por el ingeniero agrónomo Fermín Sanin, empleado de Adecoagro.

Adecoagro es una empresa agrícola fundada en 2002 que tiene presencia en Argentina, Brasil y Uruguay. En la actualidad es dueña de marcas reconocidas como Las Tres Niñas, Molinos Ala, Apóstoles, Angelita, Monte Alegre y 53. En comunicación con elDiarioAR, de la empresa indicaron que son arrendatarios del campo donde se habría realizado la fumigación del 16 de septiembre y que actualmente se encuentra sembrado con trigo. 

“Me entero de esta denuncia por su llamado. Cignoli (quien manejaba la maquinaria) no es empleado de Adecoagro sino contratista. Fermín Sanin (el ingeniero agrónomo que supuestamente habría firmado la receta) sí es empleado de nuestra firma pero no debería haber firmado ninguna receta”, señala en comunicación telefónica el ingeniero agrónomo Edmundo Nolan del equipo de Agricultura de Adecoagro.

Nolan explica que “en la actualidad, las recetas agronómicas se presentan y firman de manera digital y yo soy el responsable de hacerlo; por eso digo que Fermin Sanín no debería haber firmado ninguna receta”.

“Por otra parte –agrega– conocemos perfectamente la regulación de no fumigar a menos de mil metros de casas y escuela en Exaltación de la Cruz. Tenemos varios campos y nunca tuvimos problemas con la comunidad”.

César Muratori es el responsable de la fiscalización de la Dirección de Asuntos Agrarios municipal. Si bien la Guardia Urbana y la Patrulla Rural son las primeras en llegar al lugar y, en caso de que se esté incumpliendo con la medida cautelar, las que deben frenar la fumigación, Muratori debe controlar que la aplicación –esté a la distancia que esté– cumpla con los requisitos establecidos: que exista receta agronómica, que lo que se aplica esté permitido y en las proporciones correctas, etc.

“Si bien no estuve físicamente el 16 de septiembre, estuve en contacto permanente en el procedimiento como figura en el acta”, dice a elDiarioAR. Consultado sobre si puede enviarnos una copia de la receta agronómica, el funcionario indica que no porque “existe una causa judicial”.

“Si bien es cierto que la ley permite denegar la información en caso de que exista una causa judicial para que esto aplique es necesario que la divulgación de esa información pueda causar perjuicio al normal desarrollo de la causa. En este caso, la receta no podría causar daño”, asegura por su parte Fabián Maggi, abogado de Exaltación Salud quien asegura que la “famosa” receta no se encuentra adjuntada a la causa.

Por su parte, la Fiscalía tampoco accedió a responder las consultas de este medio por lo que al cierre de esta nota no se ha podido ver la receta agronómica que el ingeniero agrónomo Nolan de Adecoagro asegura que no debería haber existido por ser él el único que firma. 

Fiscales que no investigan

La denuncia de la fumigación del 16 de septiembre se realizó en la Unidad Fiscal 1, actualmente a cargo de Alejandro Irigoyen. Es la fiscalía donde se radicaron las últimas denuncias después de que el colectivo Exaltación Salud recusara por no investigar al fiscal de Exaltación de la Cruz, Juan Manuel Esperante.

“Irigoyen debe instruir y trabajar en causas que se acumulan en el Ministerio Público Fiscal, desde 2019 a la actualidad. Se tratan de varias denuncias de pulverizaciones terrestres en distintos puntos del municipio y la criminal pulverización aérea en la escuela técnica de Parada Robles, el 11 de marzo de 2019. Hay varias acumuladas de La Lata, cerca de la Escuela 5 donde se fumigó el 16 de septiembre pasado. El resto corresponden a hechos del Barrio Comarca del Sol, Etchegoyen, Capilla del Señor y Los Cardales”, detalla a elDiarioAR Anabel Pomar, integrante de Exaltación Salud.

Anabel, quien es denunciante en una de esas causas, recuerda que cuando Irigoyen asumió citó a varios integrantes del Exaltación Salud y les dijo que “si bien era difícil avanzar en causas viejas”, se comprometía a investigar. “Esa conversación ocurrió en octubre de 2022. No hizo nada –afirma Anabel– Tampoco con las tres denuncias posteriores a esa fecha donde toda la investigación estaba completamente a su cargo. La indignación que provoca esa inacción y la reincidencia en zona de la escuela de La Lata no nos dejan otra salida más que denunciarlo a él penalmente y pedir la recusación”.

El 5 de octubre el colectivo de vecinas y vecinos presentó formalmente el pedido de recusación de Irigoyen ante el Fiscal General del Departamento Zárate Campana, José Luis Castaño, y actualmente el juez de Garantías Julio Andrés Grassi deberá definir si la acepta o no. Esta última denuncia también incluía a funcionarios municipales y provinciales por la “probable comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, denegación de justicia, encubrimiento y falsedad ideológica de instrumento público”. En definitiva, se los acusa de haber mentido respecto a que no vieron el mosquito fumigando a menos de mil metros, así como de garantizar un circuito que permite la impunidad frente a la comisión de estos delitos.

El 15 de octubre, diez días después de haberse pedido su recusación, Irigoyen “movió” tres de esos expedientes que estaban quietos hacía meses: “Mandó a realizar diferentes acciones en denuncias de fumigaciones en Comarca del Sol (2019), La Lata-Capilla del Señor (2019-2020) y en Los Cardales (2022). Una de las cosas que mandó a hacer fue el análisis de muestras de suelo que tenía en su poder desde diciembre de 2022, o sea, con una demora de 20 meses con lo cual es probable que los agrotóxicos que se encuentren estén degradados”, describe Anabel.

Y concluye: “El circuito ‘fumigación ilegal–funcionarios que mienten o llegan tarde–justicia que no investiga’ se repite una y otra vez frente a nuestras denuncias. Es agotador, es triste; nos hace sentir una gran impotencia. Pero seguimos, porque es eso o resignarnos a vivir en un ambiente que nos enferma y nos mata.Y eso no es ni será una opción. Nuestra salud no se negocia”.

NC/MG

El Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana porteño reforzó hoy la desinsectación de 29 parques, plazas y espacios verdes debido a la proliferación de mosquitos en la Ciudad y el aumento de casos de dengue en todo el país.

“Si bien las tareas de desinsectación se realizan en parques, plazas, y afines durante todo el año a lo largo de todo el año (incluyendo los días hábiles y feriados, de lunes a domingo); debido a esta situación se intensificaron las tareas y se implementaron refuerzos adicionales en grandes espacios verdes”, anunció un comunicado de la cartera porteña.

“La ejecución de estas tareas responde tanto a los requerimientos y urgencias recibidos en el área como a acciones preventivas, siguiendo cronogramas establecidos según las necesidades específicas de cada lugar a tratar”, agregó.

Según indicó la administración de Jorge Macri, en los recientes relevamiento de mosquitos silvestres se registró “una alta abundancia de mosquitos adultos Aedes albifasciatus”. Se trata de una especie que deposita sus huevos en cuerpos de agua y suelo húmedo, pero que, a diferencia del Aedes Aegypti, no transmite la enfermedad del dengue.

En qué espacios verdes se reforzó la desinsectación

Según indicó el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, un total de 29 parques y plazoletas están alcanzadas por este plan de desinsectación:

Tres días antes de finalizar el gobierno de Alberto Fernández, el entonces presidente del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), Mariano Garmendia, ratificó el 7 de diciembre pasado una decisión de su consejo directivo, compuesto por cinco representantes del sector público y cinco del privado, de dar de baja a la Argentina de un programa llamado Sprint (siglas de Transición Sostenible de Protección Vegetal) que se llevaba adelante aquí junto a diez países europeos financiado por la Unión Europea para medir la presencia de residuos agroquímicos en el medio ambiente y las personas. Pero tres días antes de esa decisión, el 4 de diciembre, se publicó en la revista científica neerlandesa ScienceDirect, de la editorial Elsevier, un primer resultado de esta investigación iniciada en 2021 en el INTA sede Balcarce en manos de Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agrarias e investigadora del Consejo de Investigaciones Científicas (Conicet), y un bioquímico, doctor y también del Conicet que tras la publicación de esta nota de elDiarioAR pidió que se retirara su nombre de la misma. No son buenas noticias para los que beben agua potable en la pampa húmeda, al menos en las localidades analizadas en las provincias de Buenos Aires, Córdoba y La Pampa.

“La aplicación de plaguicidas en Argentina ha ido en aumento desde 2000. Sin embargo, el seguimiento de los plaguicidas en el agua potable carece de actualizaciones periódicas”, arranca el resumen de la investigación publicada. “Este estudio de investigación analizó 53 pesticidas y productos de degradación para evaluar su presencia en el agua potable. Los pesticidas detectados con mayor frecuencia en el agua potable fueron atrazina, metolaclor, imidacloprid, hidroxiatrazina, imazetapir y 2.4D. Durante el periodo de recogida de muestras, el 25% del suelo se sembró con cultivos de invierno, mientras que poco menos del 50% se destinó a cultivos de verano, especialmente maíz y soja. La correlación entre los pesticidas utilizados en estos cultivos y los que se encuentran en el agua potable fue significativa/notable. De hecho, la concentración individual de pesticidas (de un solo plaguicida) en el agua potable superó el límite europeo en el 8,7% y el 17,6% de las muestras recogidas en los suministros públicos y privados, respectivamente”, advierte Aparicio y su colega bioquímico, que analizaron el agua entregada por las compañías públicas y la extraída de pozos en propiedades privadas.

“Mientras, la concentración acumulada de pesticidas (la suma de varios) en el agua potable excedió el límite en el 4,3% y el 13,9% de las muestras procedentes de suministros públicos y privados, respectivamente. Con base en estos hallazgos, recomendamos/proponemos la inclusión de plaguicidas dentro del marco regulatorio que rige el control de calidad del agua potable para garantizar la protección de la salud pública y reducir progresivamente el uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. La adopción de estas medidas contribuirá a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población”, concluyen la ingeniera agrónoma y el bioquímico del INTA.

El paper comienza citando estudios que advierten que “el riesgo de contaminación del agua potable está relacionado con la vulnerabilidad del suelo, la frecuencia, la dosis y el momento de aplicación de pesticidas”. Después cuenta que en la Argentina la preocupación aumenta: “Los conflictos vinculados a la contaminación del agua debido al uso de pesticidas emerge. Las comunidades de la región pampeana expresaron su preocupación por la calidad del agua que beben a diario. El Laboratorio de Análisis de Plaguicidas de la Estación Experimental Agrícola del INTA Balcarce comenzó a recibir y analizar muestras de agua para consumo humano a principios de la década de 2010, y esta demanda ha aumentado constantemente con el tiempo.”

“El estudio de investigación reveló una presencia generalizada de pesticidas y productos de degradación en el agua potable de la región pampeana. Un alto porcentaje de pesticidas y productos de degradación, 69% en suministro público y el 89% en suministro privado fueron encontrados en al menos una muestra”, cuentan los resultados. “Aunque las empresas locales de suministro de agua controlan la calidad del agua potable para detectar pesticidas y productos de degradación en cumplimiento de la normativa argentina, la población está expuesta a productos químicos que no son monitoreados por la obsolescencia de las normas vigentes.”

“El número de pesticidas detectados por muestra osciló entre 1 y 22 en el suministro público y de 0 a 31 en el privada de un total de 53 sustancias analizadas”, continúan los científicos del INTA y del Conicet. “Actualmente, Argentina tiene una lista de sólo 18 pesticidas prohibidos, un número comparable al de Uruguay (22), Chile (27) y Paraguay (11), pero menos que Brasil (133)”, advierten.

“La investigación sobre agua potable en la región pampeana revela una amplia prevalencia de los pesticidas utilizados actualmente”, concluyen. “Con base en estos hallazgos, recomendamos encarecidamente incorporar pesticidas en las normas que rigen el control de calidad del agua potable y trabajar hacia una reducción progresiva del uso de pesticidas en el sistema agrícola argentino. Estas medidas contribuirán a garantizar la seguridad y sostenibilidad de las fuentes de agua potable para la población. Considerando la evidencia presentada en Argentina, es imperativo integrar todos los conocimientos disponibles para establecer reglas claras para el uso y control de pesticidas, poniendo especial énfasis en la atención pública de la salud.”

En cuanto a las implicaciones ambientales, “este estudio de investigación analizó los pesticidas, incluidos algunos de sus productos de degradación, presentes en el agua potable dentro de una región geográfica caracterizada por la producción agrícola primaria” y señalan que “Estos plaguicidas deberían incorporarse rápidamente a la normativa vigente para facilitar su seguimiento periódico en aguas destinadas al consumo humano. Aunque la presencia de pesticidas difiere entre las fuentes de agua para consumo humano, la contaminación difusa es una realidad que afecta tanto a la población rural como a la urbana, acentuando la fragilidad de las políticas públicas nacionales encargadas de garantizar el derecho humano a acceder al agua de manera suficiente, segura, aceptable y asequible”, rematan Aparicio y su colega bioquímico.

AR

El dengue es una enfermedad viral transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti. Cuando el mosquito se alimenta con sangre de una persona enferma de dengue y luego pica a otras personas les transmite esta enfermedad.

El contagio solo se produce por la picadura de los mosquitos infectados, nunca de una persona a otra, ni a través de objetos o de la leche materna. Sin embargo, aunque es poco común las mujeres embarazadas pueden contagiar a sus bebés durante el embarazo.

¿Cuáles son los síntomas?

Los síntomas son:

Ante estos síntomas se debe acudir al centro de salud de inmediato para recibir el tratamiento adecuado.

IMPORTANTE: Ante síntomas de dengue, no te automediques.

No tomes aspirinas, ibuprofeno, ni te apliques medicamentos inyectables. Lo más conveniente es que consultes al médico para que él te indique la medicación adecuada.

¿Cuál es el tratamiento?

No hay vacuna ni tratamiento específico para el dengue. Por ello, el tratamiento es fundamentalmente sintomático. A las personas infectadas se les recomienda tomar abundante agua para reponer líquidos y realizar control y seguimiento médico diarios.

¿Cómo puede prevenirse?

Como no existen vacunas que prevengan el dengue ni medicamentos que lo curen, la medida más importante de prevención es la eliminación de todos los criaderos de mosquitos, es decir, de todos los recipientes que contienen agua tanto en el interior de las casas como en sus alrededores.

Muchos de los recipientes donde el mosquito se cría no son de utilidad (latas, botellas, neumáticos, trozos de plástico y lona, bidones cortados). Estos recipientes deben ser eliminados.

Si los recipientes no pueden eliminarse porque se usan de modo frecuente, debe evitarse el acceso del mosquito a su interior (tapando tanques, aljibes y/o cisternas) o evitando que acumulen agua, dándolos vuelta (baldes, palanganas, tambores) o vaciándolos y cepillando frecuentemente (portamacetas, bebederos), o poniendo los mismos al resguardo bajo techo (botellas retornables).

La fumigación no es suficiente para eliminar el mosquito

La aplicación de insecticidas es una medida de control destinada a eliminar a los mosquitos adultos, pero no es útil para eliminar los huevos ni las larvas. Su implementación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias ya que no se recomienda en momentos de emergencia sanitaria, cuando se detectan casos con sospecha de dengue, y siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan y puedan acumular agua en las casas y espacios públicos.

Consejos

También es importante para prevenir las picaduras del mosquito:

Fumigación: lo que tenés que saber

A diferencia de lo que se suele creer, la fumigación no es una solución definitiva ni la más eficaz para eliminar a los mosquitos o prevenir las enfermedades que transmiten.

Si bien en las épocas de calor, la fumigación colabora en la reducción de insectos, es preciso saber que solo mata a una parte de los mosquitos adultos y no afecta a las larvas, pupas y huevos. Por eso, se utiliza principalmente como medida de control ante emergencia sanitaria, es decir cuando aparece un caso sospechosos de zika, dengue o chikungunya.

El objetivo de la utilización de insecticidas es disminuir la cantidad de mosquitos adultos infectados que podrían transmitir enfermedades a personas sanas, cortando el ciclo de transmisión.

La aplicación de insecticidas mediante fumigaciones debe ser evaluada por la autoridad sanitaria, teniendo en cuenta la situación epidemiológica, el riesgo de aparición de resistencia en los insectos, el impacto causado en la salud ambiental y el costo de este tipo de tratamiento. Por todo lo anteriormente expuesto, la aplicación de adulticidas sólo se recomienda ante la detección de casos sospechosos, como medida de control ante emergencia.

Asimismo, una vez que el insecticida cae al piso o se evapora, ya no ejerce efectos sobre los mosquitos. Además, aunque su toxicidad sea baja, los productos utilizados en las fumigaciones deben ser manipulados únicamente por profesionales.

Recordá que la medida principal y más efectiva para prevenir las enfermedades transmitidas por mosquitos Aedes aegypti consiste en la eliminación de criaderos, eliminando o tapando recipientes que acumulen agua.

El Aedes aegypti, el mosquito “hogareño”

El mosquito que transmite el dengue, el zika y la fiebre chikungunya vive en nuestras casas y en sus alrededores.

El Aedes aegypti tiene distintas etapas de desarrollo: los huevos, las larvas, las pupas (etapas que transcurren en el agua) y los mosquitos adultos (cuando ya pueden volar).

Se crían en lugares sombríos y húmedos. Los sitios oscuros aseguran que el agua de los recipientes no sobrepase ciertas temperaturas que serían letales para los huevos, larvas y pupas. Cuando son adultos requieren de humedad para sobrevivir mayor tiempo, así los pastos altos son un ambiente ideal que ofrece alimento y refugio del Aedes aegypti.

Cualquier recipiente capaz de acumular agua puede convertirse en un criadero pero algunos pueden producir gran cantidad de mosquitos. Por ejemplo, las cubiertas de automóviles son excelentes lugares para el desarrollo de estos insectos, debido a su forma (que impide volcar el agua), su material (aislante) y su color oscuro, que permite mantener la temperatura adecuada.

Pero también otros objetos que están dentro de nuestras casas pueden ser criaderos, como los floreros, los portamacetas o bebederos de mascotas. Por eso, este mosquito también se puede criar en un departamento.

Es importante destacar que este mosquito no se cría en charcos, zanjas, lagos, lagunas o ríos. En esos lugares pueden ser criaderos de otras especies de mosquitos que no transmiten estas enfermedades.

Dado que la presencia de estos mosquitos es una condición para que estas enfermedades circulen, su presencia o el incremento en la cantidad de mosquitos, aumenta el riesgo de diseminarlas en toda la comunidad.

Mitos sobre dengue, zika y chikungunya

1. El dengue, zika y chikungunya son enfermedades de la pobreza. FALSO

Si bien determinadas condiciones como deficiencias en la red de agua potable y recolección de basura ponen en riesgo a los sectores sociales más humildes, el mosquito puede estar presente y transmitir estas enfermedades a todas las personas por igual.

2. Las bajas temperaturas terminan con el mosquito transmisor de estas enfermedades. FALSO

Pese a que durante los meses de frío los mosquitos adultos reducen su actividad, si se encuentran en una casa conservan la temperatura de su interior. Solo a muy baja temperatura, los adultos y larvas se mueren. Pero los huevos son capaces de sobrevivir durante el invierno, hasta por un año.

3. Todos los mosquitos transmiten el dengue, zika y chikungunya. FALSO

Únicamente el mosquito Aedes aegypti es capaz de transmitir los virus dengue, zika y chikungunya. Además, para que un mosquito de dicha especie transmita estas enfermedades, debe haberse infectado previamente al picar a una persona enferma con alguna de estas patologías. No todas las especies de mosquitos pueden transmitirlas, existen más de 200 especies de mosquitos en Argentina.

4. El dengue, zika y chikungunya se transmiten de persona a persona. FALSO

El dengue y la fiebre chikungunya sólo se transmiten a través de la picadura del mosquito, no de persona a persona, ni a través de objetos ni de la leche materna. Sin embargo, existe evidencia de transmisión vertical durante el embarazo. Además, el virus Zika puede transmitirse por relaciones sexuales sin protección.

5. El mosquito sólo pica de día. FALSO

Si bien la mayor actividad del mosquito se da durante las primeras horas de la mañana y al atardecer, también puede picar durante la noche si en la casa hay alguna luz prendida o en otros momentos del día si no se alimentó.

6. Colocar borra de café en el agua de las plantas mata las larvas de los mosquitos. NO COMPROBADO.

No existe ningún estudio científico que pruebe esta afirmación. Lo único eficaz es cambiar el agua de floreros, platos y portamacetas cada 3 días o usar arena húmeda en lugar de agua en los floreros y cepillar las paredes de los recipientes por si hubiera huevos de mosquitos adheridos.

7. Tomar vitamina B impide la picadura del mosquito. NO COMPROBADO

No existe evidencia científica que apoye esta afirmación. Las medidas recomendadas para evitar las picaduras son disponer mosquiteros en las ventanas y puertas de las viviendas, usar repelentes sobre la piel expuesta y la ropa, utilizar mangas largas y pantalones largos, entre otras.

8. La aplicación de larvicidas es una medida recomendable para eliminar las larvas de todos los objetos. FALSO

Esta medida se utiliza sólo en los recipientes que no pueden ser eliminados, destruidos o tapados (como tanques, cisternas y aljibes). No deben ser tratados todos aquellos recipientes y depósitos que puedan ser eliminados, así como tampoco ollas, utensilios de cocina, bebederos de animales, instalaciones sanitarias, piscinas y otros objetos en uso.

9. La fumigación termina con el dengue, zika y chikungunya. FALSO

La aplicación de insecticidas es una medida que sólo elimina una parte de los mosquitos adultos. Como su poder residual es reducido y solo afecta a las etapas adultas (no elimina huevos ni larvas ni pupas) siempre debe ser acompañada por acciones de control y eliminación de todos los recipientes que acumulan agua en las casas y espacios públicos. El uso de insecticidas es la última medida de control a utilizar y solo se recomienda ante situaciones de emergencia sanitaria, es decir ante detección de casos sospechosos. Su aplicación debe ser evaluada por las autoridades sanitarias.

10. El mosquito que transmite dengue, zika y chikungunya se cría en charcos y zanjas. FALSO

La hembra del Aedes aegypti pone sus huevos en las paredes de recipientes artificiales que juntan agua y las larvas y pupas (los estadios acuáticos) se desarrollan siempre en esos recipientes.

Con información oficial y de agencias.

IG

La avioneta rodeó las casas con techos de chapa. Horas después, sobre la tierra quedó un tendal de gallinas junto a sus crías muertas. Un gallo resistió algunos segundos más, se tambaleó y dió vueltas hasta caer con un sonido penetrante. Un día después de Navidad, el 26 de diciembre de 2021, la casa de Norma Salvatierra en el Paraje San Roque, al Noroeste de Santiago del Estero, fue fumigada desde el aire. La avioneta que sobrevoló los campos de soja y maíz linderos también esparció los agrotóxicos sobre su vivienda. En los animales se vieron las consecuencias inmediatas. 

El cura Sergio Raffaelli denunció la situación en un video en el que se ve la secuencia.  Imágenes de una situación que se reitera en el Departamento Jiménez, de 5300 kilómetros cuadrados en el límite con Tucumán. Cada noviembre, empiezan a circular las avionetas para fumigar los campos que alrededor de 50 empresas cultivan en la zona. Hay provinciales, pero también de Tucumán, Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y Chaco. En el medio, las comunidades campesinas padecen las consecuencias de la agricultura extensiva que conlleva fumigaciones periódicas hasta marzo, cuando termina la época de lluvias. 

“Las fumigaciones con veneno son habituales desde noviembre a marzo, diarias. Son muchas las empresas que están en el departamento, cuando no es de un lado, es del otro. Sea vía terrestre con mosquitos o vía aérea con aviones. Las familias campesinas viven estos meses con mucho miedo y preocupación, son conscientes de que ese veneno que mata a sus gallinas es el mismo que respiran”, le dice el sacerdote de Santiago del Estero a elDiarioAR. Además de la muerte de los animales, está el agua. En ese reducto de monte virgen rodeado por campos de soja, el agua se guarda en reservorios abiertos: calicantos, tachos grandes o aljibes. Es el agua que usan para limpiar, cocinar o bañarse. “Hay causas en la justicia federal porque muchos empresarios tucumanos tienen campos en Tucumán y en Santiago del Estero. Las avionetas salen de una provincia y van a la otra. Se han logrado poner multas y amparos para que no fumiguen por un tiempo, pero más que eso todavía no”, agrega Raffaelli que pertenece al Grupo de Curas de Opción por los Pobres. En el caso de la fumigación en la casa de Norma Salvatierra se hizo una denuncia penal contra un empresario francés. 

“La primera consecuencia, muchas veces, es la expulsión de los territorios por parte de los empresarios. Las comunidades que no están organizadas, a veces, son engañadas para que se vayan. Por las buenas o por las malas. Quedan encerrados por las fincas y no pueden criar animales como lo hacían antes, a campo abierto. Muchas veces, la fumigación produce la muerte de sus animalitos, la contaminación del agua, erupciones en la piel, abortos espontáneos. Hay cada vez más niños que nacen con malformaciones, muertes por cáncer, casos de leucemia linfoblástica aguda. Son las consecuencias visibles de este modelo”, enumera el cura.

Ante la situación persistente, en la zona se creó la Mesa Provincial de Agrotóxicos y Salud de Santiago del Estero que está integrada por familias campesinas de los departamentos de Jiménez y Río Hondo, entre otros lugares. También hay representantes de la municipalidad de Pozo Hondo, la Comisión Municipal de Abra Grande, el INTA y el Instituto de Estudios para el Desarrollo Social.  En esa mesa también está Emma Contreras que vive en el Paraje Los Soraires, a 100 kilómetros de San Roque. Desde hace más de una década lucha contra las fumigaciones en sus tierras. La última fue el 15 de diciembre, cuando escucharon una avioneta sobrevolar por el techo y salieron agitando los brazos para que terminaran. En el 2019 denunció a la familia Briz, que tiene campos alrededor de su casa, por infracción a la Ley 24.051 de Residuos Peligrosos. Ni siquiera en la pandemia dejaron de fumigar. En marzo de 2020, dos días después de decretarse el Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio, los aviones pasaron otra vez para esparcir el glifosato sobre los sembradíos de soja, caña y maíz y pasaron muy cerca de su casa. “En el 2021 nos fumigaron tres veces en menos de cinco días”, le cuenta a elDiarioAR. 

“Nadie les dice que no fumiguen, pero que nos respeten a nosotros. Ellos siguen fumigando a pesar de que hay una restricción del fiscal de que lo hagan a 500 metros (que ahora se bajó a 200 metros en línea recta),  que no corra viento, que la humedad sea adecuada, que el veneno tiene que venir con la receta y que la maquinaria tiene que estar aprobada. En la provincia, hay dos o tres mosquitos aprobados nada más. Ellos nunca respetaron y cuando les fuimos a pedir que no lo hagan, nos quisieron pegar”, cuenta. 

En el límite del terreno hay una cortina de plantas de tuna para frenar el viento que lleva gotas de los herbicidas. En la casa de la familia Contreras ya saben que cuando las tunas muestran puntos marrones, se secarán y morirán. Es lo que les pasa a los paraísos y las moras, a las que se les caen las hojas cada vez que pasa la fumigación. “Tenemos cabras que sufren. Cuando están en tiempo de preñez, los animalitos nacen con malformaciones o con una tembladera. Las palomitas también, todas las aves del campo se mueren. Las plantas se mueren”, agrega la mujer. 

“Acá es todo el año así. Empezamos desde octubre que empiezan a fumigar para preparar el campo. Siembran en diciembre y cada quince días viene el mosquito para matar el yuyo. Hacen cinco o seis aplicaciones de veneno en un mes o dos meses, enero y febrero. Cuando levantan la cosecha, vuelven a preparar el campo y siembran trigo. Y así seguimos”, cierra.

CDB/MG