Alexandre de Moraes (Sao Paulo, 1968) se convirtió en una figura clave de la pacificación tras el 8 de enero, cuando un asalto de seguidores bolsonaristas irrumpió en las sedes de los tres poderes constitucionales en Brasilia. Unas horas “insurreccionales” que quedarán grabadas en la historia del país como “el día del Capitolio brasileño”.

El mismo domingo del asalto a las sedes de los poderes federales brasileños, el magistrado, uno de los 11 jueces del Supremo y actual presidente del Tribunal Superior Electoral (TSE), escribió en Twitter: “Los despreciables ataques terroristas a la democracia y a las instituciones republicanas serán penalizados, tanto en el caso de los financiadores como de los instigadores, y de los funcionarios públicos que continúen en la conducta ilícita de las movilizaciones antidemocráticas. La Justicia no faltará en Brasil”.

Horas después realizó un movimiento clave: firmó la orden de detención del abogado y policía federal Anderson Torres, ex titular de la cartera de Justicia durante el gobierno de Bolsonaro, que fue arrestado este sábado. Torres llevaba una semana como secretario de Seguridad de Brasilia y ahora está bajo sospecha de connivencia con los atacantes que vandalizaron el Palacio del Planalto, el plenario de la Corte y la sede del Parlamento.

En la residencia de Torres, la policía se incautó de la minuta de un posible plan para decretar el “Estado de Defensa” (más rígido que el Estado de Sitio); un instrumento previsto en la Constitución brasileña para “preservar o restablecer el orden público”. Sólo es posible decretarlo ante “amenaza de una grave e inminente inestabilidad institucional, o cuando el país alcanzado por una calamidad natural de grandes proporciones”.

El documento, un borrador sin identificación de autor, sugería ese mecanismo para anular las elecciones de octubre de 2022 y hacer una nueva convocatoria para una fecha futura. También analizaba la prohibición de reuniones públicas, la quiebra del secreto de la correspondencia de los ciudadanos y de las comunicaciones telegráficas y telefónicas.

A partir de entonces, se fueron sucediendo decisiones que estrechan el cerco al bolsonarismo. Este mismo viernes, a petición de la Fiscalía, la Corte Suprema incluyó al expresidente brasileño Jair Bolsonaro en la lista de investigados por la intentona golpista que cometieron sus simpatizantes más radicales el pasado domingo en Brasilia.

El cerco judicial se estrecha sobre el exmandatario, quien se encuentra actualmente en Estados Unidos y del que se sospecha que incitó a sus partidarios a invadir y destrozar las sedes del Parlamento, la Presidencia y el Supremo el 8 de enero.

Así, el Ministerio Público solicitó al Supremo permiso para investigar al líder ultraderechista por su presunta participación como autor intelectual del violento asalto y, tan solo unas horas más tarde, el alto tribunal acató la petición. El aval lo dio el magistrado Alexandre de Moraes.

De Moraes aceptó el principal argumento de la Fiscalía: un video compartido por Bolsonaro en sus redes sociales el 10 de enero, dos días después del asalto a los tres poderes, en el que se siembran dudas sobre el resultado de las elecciones de octubre y la legitimidad de las instituciones. El capitán retirado del Ejército, que sigue sin reconocer abiertamente su derrota en las urnas, eliminó ese video horas después, cuando ya estaba circulando como la pólvora entre sus acólitos.

Con ello, el Ministerio Público cree que “incitó de forma pública a la práctica del crimen”. Para De Moraes, con la divulgación del video, Bolsonaro, a priori, “se posicionó una vez más” de forma “criminal contra las instituciones”, en especial contra el Supremo y el Tribunal Superior Electoral (TSE), “imputando a sus jueces fraude en las elecciones para favorecer” a Lula.

El magistrado también señaló que estudiará “en el momento oportuno” un posible interrogatorio a Bolsonaro ante “las noticias de que no se encuentra en territorio brasileño”.

Carlos Marun –ex ministro coordinador entre 2017 y 2018 y ex diputado federal– analiza las decisiones tomadas por Moraes para desmontar el movimiento bolsonarista: “El Estado Democrático de Derecho es una cláusula pétrea de nuestra Constitución, que comenzó a funcionar en la práctica con la Ley de Defensa de la Democracia de septiembre de 2021”. A partir de esa norma, según el también destacado constitucionalista, “quedó establecido que, todos aquellos que financiaban movimientos antidemocráticos serían juzgados bajo la vara de la Justicia. Ante la inercia de los parlamentarios en el periodo electoral, le tocó a Moraes mantener el tren en las vías”.

Del otro lado del espectro político, Deltan Dallagnol, ex procurador del caso Lava Jato, elegido en octubre diputado federal, dice por su parte: “Por su intervención en los episodios de los últimos días, varias de sus acciones fueron legitimadas como medidas necesarias para proteger la democracia. Pero, debajo del paraguas de la tesis democrática militante, se justifican restricciones a derechos fundamentales”.

Insultado por Bolsonaro

Para el magistrado, la llegada de Bolsonaro a la presidencia significó desde el inicio una sucesión de conflictos. Durante 2022, en medio de un proceso electoral polarizado como no se había presenciado nunca antes en la historia brasileña, Moraes terminó por convertirse en el blanco favorito de los insultos bolsonaristas, hasta el punto de que ya el ex presidente lo insultó con frecuencia: “Infantil”, “sinvergüenza”, “canalla”, “vagabundo” y “dictador”.

Ya en mayo de 2021, Bolsonaro lo había acusado ante la propia Corte por abuso de autoridad –la demanda fue rechazada por 8 ministros sobre un total de 11–. En el trasfondo del enfrentamiento estaban las diligencias conducidas por Moraes apuntando a “milicias digitales antidemocráticas” como financiadoras y distribuidoras de fake news.

Según Bolsonaro, el juez había cercenado su derecho a la amplia defensa al no respetar el código penal y extender de forma exagerada el plazo de la investigación a raíz de que el miembro de la Corte había prorrogado por dos veces el tiempo para intentar esclarecer el asunto.

El entonces presidente, en coordinación con las redes sociales de sus seguidores, puso a las urnas electrónicas, a las que consideraba susceptibles de fraude, en el centro de la atención. Llegó a sugerir, antes de las elecciones presidenciales, que habría un ataque de hackers (que nunca existió).

Los choques entre el entonces gobierno y Moraes aumentaron cuando el juez asumió al frente la máxima autoridad electoral del país. El 12 de diciembre pasado, cuando Lula da Silva y Alckmin recibieron sus respectivos reconocimientos como presidente y vicepresidentes, Bolsonaro declaró: “Es una nueva prueba de parcialidad del STF”.

Constitucionalista experto

Académico de origen, graduado en abogacía y luego doctorado muy precozmente, su carrera como funcionario público se inició a los 23 años. Desde 2017 es juez del Tribunal Supremo Federal de Brasil (el STF, la máxima instancia de la justicia), adonde llegó de la mano del entonces presidente Michel Temer. Temer, como vicepresidente del país en 2016, logró un lugar en la galería de retratos de primeros mandatarios tras ser uno de los impulsores del impeachment a la ex jefa de Estado Dilma Rousseff.

Moraes fue primero ministro de Justicia y Seguridad en el gabinete de Temer. Pocos meses después, entró a formar parte del Supremo y, en esa condición, llegó en agosto de 2022 a presidir el Tribunal Superior Electoral. Su promoción por parte de Temer no fue casual: el entonces presidente valoró estratégicamente el aporte político que representaba el currículum de Moraes como constitucionalista experto, que además ejercía la docencia universitaria, llevaba varios libros publicados sobre el tema y era un defensor público del equilibrio entre poderes.

En sus primeros pasos, Moraes había ejercido como abogado del Partido de los Trabajadores (PT) en tres campañas presidenciales y fue, también, asesor de la Central Única de Trabajadores (CUT), la mayor organización sindical de América Latina, creada por Luiz Inácio Lula da Silva.

A la gestión pública llegó de la mano de Geraldo Alckmin, el actual vicepresidente brasileño y ex gobernador de Sao Paulo por tres periodos diferentes. Alckmin, histórico miembro del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), lo nombró secretario de justicia del estado paulista (lo que equivale a tener función y rango ministerial).

En 2015 decidió salir de las filas del Partido del Movimiento Democrático (PMDB), al que había permanecido afiliado hasta entonces, para ingresar en el Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB) fundado por el exmandatario Fernando Henrique Cardoso en 1988. Ese año, los tucanos –sobrenombre que indicaba la pertenencia socialdemócrata– se aliaron al PMDB para intentar desplazar del poder al PT, en el que se mantenía desde 2003.

Como resultado de esa alianza, cuando Temer llegó el Palacio del Planalto lo nombró ministro. Sin embargo, la gran jugada de Temer, coinciden todos los analistas políticos, llegó en 2017, cuando situó a Moraes a la cúpula de la Corte Suprema brasileña. Tras haber desempeñado la cartera de Justicia al inicio de su gobierno, Temer proyectaba ahora una sombra de intervención sobre el sistema judicial.

Además, la gestión de Moraes también había atravesado una crisis del sistema penitenciario, además de haber recibido críticas por su política de combate al narcotráfico y por su participación en una fase de la operación Lava-Jato, que culminaría con la prisión de Lula da Silva –condena luego anulada– y la elección del entonces desconocido diputado Jair Bolsonaro en octubre de 2018.

EG