Con mercados de exportación cada vez más exigentes como la Unión Europea y una presión social muy atenta a los criterios de sustentabilidad en la producción de alimentos, productores y comercializadores de soja de Argentina intentan avanzar hacia sistemas de trazabilidad del cultivo para garantizar que la producción provenga exclusivamente de campos libres de deforestación.

La soja es una de las mayores fuentes de proteína del sistema alimentario mundial, y tanto sus granos como sus subproductos se destinan mayoritariamente a la alimentación de animales. En Argentina es un cultivo clave y un enorme generador de divisas, ya que el país es el tercer mayor productor del mundo detrás de Estados Unidos y Brasil.

La historia de su cultivo data de principios del siglo XX, aunque su expansión ocurrió durante las últimas décadas. Mientras que en la campaña 1971/1972 se sembraron unas 80 mil hectáreas, ese número trepó a 2 millones diez años después (1981/1982), para alcanzar los 16 millones de hectáreas en 2007/2008 con precios record.

Esa expansión vino acompañada de un proceso intenso de cambio de uso del suelo que incluyó pérdida de bosques, especialmente en el bioma del Chaco argentino. Este ecosistema, el segundo más amplio de Sudamérica después del Amazonas, es uno de los 24 grandes “frentes de deforestación” a nivel global, de acuerdo a WWF. 

Según Greenpeace, el norte de Argentina perdió 110.000 de hectáreas de bosques en 2021. Para Hernán Giardini, coordinador de la campaña de Bosques de Greenpeace Argentina, la mitad de la deforestación en el país es ilegal: o se hace en zonas prohibidas o con “permisos flojos”.

En ese marco, avanzar con esquemas de trazabilidad que garanticen soja con deforestación cero, puede ser clave, sostiene: “El 10% de la soja argentina viene del norte y allí hay que ver si su origen es ilegal o no. Es difícil de trazar, porque es una cadena larga y compleja y luego los puertos exportadores acumulan soja de diferentes procedencias”.

Mercados más exigentes

Sudamérica en general, y Argentina en particular, tendrán que avanzar con esquemas de trazabilidad para responder a las nuevas exigencias de Europa, uno de sus mercados de exportación. En diciembre, los legisladores de la Unión Europea llegaron a un acuerdo sobre una normativa que intentará garantizar que todos los productos vendidos a su territorio no provengan de tierras deforestadas. 

“Europa está avanzando rápido con restricciones de importaciones de productos que son hoy los grandes drivers de deforestación global: soja, carne, cacao y otros” dijo Giardini. “Si los países sudamericanos quieren mantener su modelo agroexportador, la deforestación es el principal tema a resolver en el corto plazo”, agregó.

Gustavo Idigoras es presidente de la Cámara de la Industria Aceitera de Argentina (CIARA) y realiza el mismo diagnóstico: “Los mercados nos daban una oportunidad de desarrollar estos programas de trazabilidad como nicho de mercado, pero ya se está transformando en una condición de producción y de acceso a esos mercados y ese es un cambio trascendental”. 

“Hasta ahora podíamos decidir si hacer algo o no, pero eso ya no va a existir. Si arranca Europa, siguen Estados Unidos y el Reino Unido, y atrás vienen China, India y casi todos los compradores”, agrega.

Ya existen en Argentina varias iniciativas para garantizar la trazabilidad del cultivo, tanto por parte de algunas empresas a nivel individual como otras con mirada más sectorial. 

Un ejemplo a pequeña escala es el convenio entre Ucrop.it, una start-up con sede en Buenos Aires que hace seguimientos de cultivo mediante una aplicación, y la comercializadora de materias primas Viterra Argentina, que ofrece a los productores mejores precios si transparentan los datos de su producción desde la siembra hasta la cosecha en dicha app. 

Por otra parte, la multinacional Louis Dreyfus Company (LDC), comercializadora y procesadora de soja, se comprometió a aumentar su porcentaje de producción de soja sostenible en Argentina. En colaboración con productores locales, ha trabajado para mejorar la documentación para la trazabilidad en toda la cadena de suministro. Para la temporada 2020-21, pudo certificar que el 77% de la soja procesada en el complejo General Lagos de Rosario -una de las mayores instalaciones de procesamiento de soja del mundo- era “sostenible”, lo que definieron como soja producida en tierras que no han sido desmontadas al menos desde 2008.

A mayor escala, existen diferentes iniciativas de agricultura sustentable para el Gran Chaco financiadas por la Land Innovation Foundation (LIF), un fondo creado por la empresa global Cargill para buscar soluciones a la deforestación y medios de vida sostenibles. “Nuestro objetivo es promover y apoyar soluciones innovadoras para lograr una cadena de abastecimiento de soja que sea libre de deforestación y carbono neutral”, dijo Carlos Quintela, el director de ese fondo. Cargill se ha enfrentado a reiteradas acusaciones de impulsar la deforestación y los incendios forestales, incluso en la región del Gran Chaco, como destacó un informe de 2018.

Uno de esos proyectos es desarrollado por los Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA) y la Asociación de la Cadena de la Soja Argentina (ACSOJA) y busca avanzar hacia modelos agrícolas sustentables en todas sus dimensiones: la ambiental, la económica y la social. El proyecto trabaja en estrecha colaboración con 100 pequeños y medianos agricultores que trabajan en 250.000 hectáreas en el Chaco, supervisando y promoviendo prácticas de intensificación sostenible que impulsen la producción en sus tierras actuales, así como la restauración de los suelos degradados.

Según explicó Federico Fritz, experto en desarrollo sustentable de CREA, esperan tener para 2024 una evaluación que les permita identificar los puntos más críticos en la producción de soja sustentable

Otro proyecto es el que lleva adelante ProYungas junto a la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa (Aapresid) en tres sitios pilotos en el Gran Chaco, que comenzó en mayo de este año y se extenderá durante 36 meses. Entre sus objetivos están fortalecer la sinergia con las organizaciones territoriales y pasar a un desarrollo agrícola a escala del paisaje que integre los conceptos de producción y conservación.

“Buscamos una gestión del territorio pensado a la escala de paisaje, con un trabajo de medición de la huella de carbono de toda la cadena de la soja”, apuntó Sebastián Malizia, de ProYungas.

Nueva plataforma de monitoreo

El LIF también financia un ambicioso proyecto gestionado por la CIARA llamado VISEC, una plataforma de monitoreo unificado de la cadena de suministro de soja en Argentina que combina sistemas público y privado y busca poder trazar ese cultivo en áreas prioritarias de conservación en el Gran Chaco y, en última instancia, frenar la deforestación.

Lanzado en mayo de 2022, el sistema VISEC pretende reunir en una plataforma unificada los datos de seguimiento y verificación de toda la soja comercializada en Argentina, abarcando diversos parámetros y requisitos de sostenibilidad ambiental y social. La iniciativa requerirá la participación y las contribuciones de toda la cadena de suministro, desde agricultores y comerciantes hasta las comunidades vecinas, con el objetivo de crear una base de datos transparente y de acceso público.

Para Idigoras, este programa es superador ya que va más allá de las iniciativas individuales de algunas empresas, para avanzar en un sello de deforestación cero para toda la cadena de la soja argentina. “Ya llevamos tres años de trabajo en esta plataforma, hablamos con las entidades que representan a los 80 mil productores de soja argentina, corredores, acopiadores y cooperativas. Estamos convencidos que esto tiene que ser una acción colectiva consensuada”, dijo.

El desafío está en la implementación del sistema para cumplir lo que piden los mercados y dar “garantía real y efectiva” de trazabilidad y transparencia, sostiene Idigoras, quien apunta a lograr que todas las exportaciones de aceite, harina y porotos de soja sean 100% libre de deforestación. “El nivel de soja proveniente de deforestación ilegal es menor al 5% de la producción anual [en Argentina], bajo en relación a otros países. Queremos llegar al cero, por eso vamos a trabajar”.