¿Una herramienta para terminar con la pobreza estructural? Sí, teníamos. En Argentina, durante más de una década logramos construir una política que funcionó: la política nacional de integración sociourbana. Entre 2016 y 2023, con un amplio consenso político que trascendió gestiones, se creó el Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP). Posteriormente, con el impulso de los propios vecinos de cada territorio, el Congreso sancionó la Ley 27.453 para llevar obras claves y trabajo mediante cooperativas a villas y asentamientos; al mismo tiempo, se diseñó un mecanismo de financiamiento innovador para darle impulso. En 2025, se eliminó el fondo que permitía financiar estas obras. ¿Por qué nos cuesta tanto sostener lo que sí funciona?

Aún hoy, más de 5,3 millones de personas viven en 6467 barrios populares. La informalidad urbana no es nueva: forma parte de la historia del país desde hace más de un siglo. Lo que sí es nuevo, y decisivo, es la capacidad que hoy tenemos para medir y caracterizar esa realidad. El RENABAP permitió por primera vez construir un diagnóstico homogéneo y detallado sobre las condiciones de hábitat en todo el país.

Los datos que surgen son difíciles de relativizar. Más del 92% de los barrios populares no tienen acceso seguro al agua, el 97% carece de cloacas y más del 98% no cuenta con gas natural. El 66% depende de conexiones eléctricas informales, muchas veces con riesgos severos de seguridad, y siete de cada diez barrios están expuestos a algún tipo de riesgo ambiental (como inundaciones, basurales a cielo abierto o contaminación de cuerpos de agua).

La inversión necesaria para resolver la brecha de infraestructura en los barrios populares supera los 27.000 millones de dólares. Esto implica sostener una inversión anual de aproximadamente 2250 millones durante 12 años. Sin embargo, desde 2024 la política de integración sociourbana sufrió un proceso de desfinanciamiento y desarticulación. En lo que va de 2025, el gasto ejecutado en programas de integración llegó apenas a 4,2 millones de dólares, es decir, el 0,2% de lo necesario. Frente a esta realidad, la tendencia es clara: se profundiza el déficit, se deterioran las condiciones de vida y crece la desigualdad territorial.

Frente a esta situación, desde Fundar y TECHO elaboramos el informe “De los barrios populares a la ciudad formal: aportes para un plan nacional de integración sociourbana”, que propone un camino concreto para reconstruir una política que llegó a generar consensos transversales y resultados tangibles. La primera línea es clara: implementar un plan nacional de infraestructura basado en criterios técnicos de priorización. Esto implica identificar dónde están los déficits más urgentes, dónde existen riesgos ambientales severos, dónde faltan conexiones formales y qué posibilidades reales tienen los gobiernos locales y las comunidades de sostener las intervenciones.

La segunda línea es avanzar en mecanismos de seguridad en la tenencia. Hoy, miles de familias viven sin ningún respaldo documental, lo que limita su acceso a derechos y las expone frente a desalojos. El Certificado de Vivienda Familiar (CVF), creado junto con el RENABAP, demostró su utilidad como una herramienta que reconoce el domicilio y habilita trámites y servicios. Para que tenga un mayor alcance, es necesario fortalecerlo, integrarlo con catastros y registros provinciales y consolidarlo como parte de un proceso progresivo hacia mayores niveles de seguridad dominial.

La tercera línea es innovar en el financiamiento. Con un volumen de inversión tan alto, no alcanza con depender del presupuesto anual. Se necesitan instrumentos como bonos sociales, fondos de inversión de impacto, mecanismos de captación de plusvalías urbanas y financiamiento subnacional, que permitan complementar la inversión pública. Integrar barrios populares no puede ser una política que cada gobierno reinicie desde cero: necesita estabilidad, previsibilidad y herramientas financieras acordes al desafío.

Pero hay algo más. Pensar la integración sociourbana no es un ejercicio técnico: es una decisión política sobre prioridades nacionales. Los barrios populares no son una anomalía urbana ni un “problema de las grandes ciudades”. Son una realidad que se extiende en todo el territorio. Están en las periferias metropolitanas, en ciudades intermedias y en localidades chicas.

Integrar los barrios populares es integrar la Argentina. No se trata de “llevar la ciudad” adonde no llega, sino de reconocer que esos barrios ya forman parte del país y merecen las mismas condiciones que el resto del territorio. Se trata de garantizar servicios básicos, pero también derechos; de construir infraestructura, pero también continuidad; de invertir en el hábitat, pero al mismo tiempo en una idea de igualdad que no deje a millones de personas por fuera del desarrollo.

La Argentina ya cuenta con diagnósticos rigurosos, información precisa y experiencia acumulada. Lo que falta es retomar, con seriedad, escala y compromiso, una política pública que no puede depender del ciclo económico ni de la coyuntura de turno. Integrar es posible. Mejor dicho, es urgente. Y es, sobre todo, una condición para cualquier proyecto de desarrollo que busque terminar con la pobreza estructural y para cualquier país que anhele no dejar a millones de personas atrás.

*Juan Maquieyra es director ejecutivo de TECHO Argentina y María Migliore, directora de bienestar compartido en Fundar.

Pese a que Javier Milei reniega de la obra pública –la paralizó con la excusa de que ampara corrupción–, le ha admitido al subsecretario de Integración Socio Urbana, Sebastián Pareja, que los proyectos de urbanización de villas, asentamientos y otros barrios populares no los va a ejecutar el sector privado, por lo que le dio su apoyo político para reactivar algunas iniciativas puntuales.

Al comienzo del gobierno libertario se paralizaron todas las obras e incluso el discurso oficialista demonizó las del Fondo Fiduciario de Integración Socio Urbana (FISU), que en el gobierno anterior gestionaba la antecesora de Pareja entre 2019 y 2023, Fernanda Miño, dirigente del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), el de Juan Grabois. Pero Pareja, de estrecha relación con el expresidente Carlos Menem, defendió al FISU, desechó acusaciones contra Miño y en los últimos dos meses, y sobre en todo en las últimas dos semanas, puso en marcha unas 70 obras por $6.000 millones.

Tampoco es mucho. El gobierno anterior había iniciado 1.200 obras, de las cuales terminó 500 y finalizó dejando 700 en plena ejecución. De esas 700, el 10% se reactivó. Pareja eligió algunas de las que estaban más avanzadas para que se acaben, pero no sólo las que se habían hecho en un 80%, como es el criterio que se acordó en el Senado con las provincias para reanudar, sino también otras al 60%. Incluso algunas que estaban al 10%, apenas empezadas, pero que con poco dinero podían terminarse. Las obras del FISU incluyen desde cuestiones complejas como instalación de cloacas hasta otras más sencillas como el plan Mi Pieza, que consiste en mejorar casas, por ejemplo, haciéndoles el baño y la cocina.

Por ley, el FISU debe ejecutar el 25% de sus obras a través de cooperativas de trabajadores de los mismos barrios. En este caso, el 38% de los proyectos recomenzados está en manos de ellas, a pesar del discurso oficialista en contra de estas agrupaciones sociales. El 62% fue a los municipios. De hecho, el Ministerio de Capital Humano hizo bandera de la cuestión con reproches a los “intermediarios” o “gestores de la pobreza”, que controlaban la asistencia en las cooperativas del desaparecido programa Potenciar Trabajo y que recibían alimentos en los comedores populares. En la Subsecretaría de Integración Socio Urbana (SISU), que depende del Ministerio de Economía, argumentan que la cartera de Sandra Pettovello les cortó los fondos a los movimientos sociales después de hallar presuntos delitos, desde extorsión a beneficiarios hasta apropiación de dinero y comida, pero aclaran que en las obras de urbanización de villas no encontraron cuestiones judicializables, sólo supuesta “discrecionalidad” en el direccionamiento de proyectos a ciertas cooperativas o municipios y presunta “falta de controles”.

Cooperativas de la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), donde se nuclea en el MTE de Grabois, recibieron fondos con este gobierno. Incluso en los despachos mencionan como beneficiada la cooperativa Diego Armando Maradona, del MTE, que fue acusada falsamente de haber dejado tareas incompletas. En el MTE niega cualquier reactivación. Sobre el exprecandidato presidencial pesa la ira de Pettovello y del ministro de Economía, Luis Caputo. En el Gobierno lo ven como figura opositora en ascenso. La ministra lo detesta después de que él la denunciara por guardar comida sin repartir.

Caputo y su secretario legal, José García Hamilton, están abocados a deshacer fondos fiduciarios con ánimo de reducir el gasto público y redestinar los ingresos que los financian. Es parte de la motosierra amparada en el supuesto hallazgo de irregularidades. Pero aunque Pareja está bajo la órbita del ministro, el subsecretario sigue adelante. ¿Quién lo ampara?

Pareja, exasesor de Carlos Menem, mantiene una estrecha relación con la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, que le encargó el armado bonaerense del nuevo partido La Libertad Avanza, y con el asesor de “El Jefe” –como la llama su hermano–, Eduardo “Lule” Menem. Por eso integra la mesa política del Gobierno junto a Karina Milei, Lule Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el secretario de Interior, Luis Catalán, y el asesor de imagen presidencial Santiago Caputo. Esa mesa al principio se reunía cada 15 días, pero ahora puede juntarse cada varios meses o tres vces por semana. En ese ámbito se adoptó la decisión política de reactivar las obras en barrios populares. Dinero tiene porque el FISU recibe directo parte de la recaudación del impuesto PAÍS. Mientras este tributo siga, el fondo tendrá algo de plata. Y eso que Luis Caputo ya le recortó buena parte de lo que percibía.

Las iniciativas reactivadas incluyen municipios de diversos colores políticos, incluidos los peronistas. Por ejemplo, los bonaerenses de San Vicente, Almirante Brown y Merlo, justicialistas, o Tres de Febrero, que gobierna Diego Valenzuela, estrecho aliado PRO de Milei. Algunas obras fueron a parar a cooperativas de Caritas y de los curas villeros, más allá de la tensión de la Iglesia con el presidente por la falta de asistencia a comedores y el desprecio por el concepto de justicia social.

AR/MG

Desde el año 2000 el desarrollo urbano añadió más de 2.350 kilómetros cuadrados de tierra firme artificial a las costas de las principales ciudades.

Un nuevo estudio presenta la primera evaluación mundial de la recuperación de tierras costeras, que es el proceso de construir nuevos terrenos o rellenar masas de agua costeras, incluidos los humedales, para ampliar el litoral. Los investigadores utilizaron imágenes de satélite para analizar los cambios del terreno en 135 ciudades con una población mínima de un millón de habitantes, 106 de las cuales han ampliado su litoral.

El estudio se publicó en la revista Earth's Future.

“El crecimiento de la población no es el único motor de la recuperación de tierras costeras”, afirman los autores del estudio. “Esperamos que la recuperación de tierras siga siendo popular en lugares que no sólo experimentan un crecimiento urbano, sino que también están deseosos de cambiar de imagen para ganar reputación e ingresos”.

CHINA, INDONESIA Y EMIRATOS

La recuperación de tierras costeras es hoy más común en el Sur Global, donde muchas economías crecen rápidamente. En el siglo pasado y en épocas anteriores, el Norte Global dominaba el uso de la construcción de terrenos costeros. Según el estudio, China, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos son los países que más superficie ganaron, siendo la ampliación de puertos la razón más común para ello. Sólo Shangai sumó unos 350 kilómetros cuadrados de terreno. En Estados Unidos, en comparación, sólo Los Ángeles aumentó notablemente su superficie en los últimos 20 años, con 0,29 kilómetros cuadrados construidos.

“Es muy importante tenerlo en cuenta”, afirma en un comunicado Robert Nicholls, que investiga la adaptación al clima en la Universidad de East Anglia y no es autor del estudio. “Cada vez hay más gente y nuestra huella aumenta. Inevitablemente, hay consecuencias ecológicas”.

El autor principal, Dhritiraj Sengupta, geógrafo físico de la Universidad de Southampton, y sus coautores descubrieron que la industrialización y la necesidad de espacio urbano impulsaron gran parte de la recuperación de tierras costeras, mientras que una proporción menor de proyectos de expansión son por “prestigio”, como las islas con forma de palmera de Dubai.

Alrededor del 70% de la expansión de las tierras costeras se llevó a cabo en regiones bajas que probablemente estarán expuestas a una subida extrema del nivel del mar a finales de siglo. Tanto los impactos ambientales como las inundaciones costeras previstas sugieren que estas costas desarrolladas no son sostenibles, pero es probable que las ciudades sigan construyéndolas, señalan los autores.

Europa Press.

IG

Desde hace una semana, veintitrés familias del barrio Padre Carlos Mugica de Retiro duermen con colchones en la calle, mientras aguardan respuestas del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre la situación de sus viviendas que resultaron afectadas por una demolición en el marco del Plan de Urbanización, que incluso incendió por completo una de ellas.

“Es muy doloroso perder todas tus cosas: los recuerdos de tus hijos, lo vivido ahí, las cosas que me he comprado con tanto sacrificio. Y en un error del gobierno tiraron todo. No estamos pidiendo algo que no nos corresponde, estamos pidiendo nuestras casas”, dijo María Isabel Báez a Télam, una vecina del barrio cuya casa sufrió un incendio.

Rodeados de pedazos de ladrillos y cemento, las 23 familias con mujeres embarazadas y niños entre ellas, viven y duermen en la calle debajo de la autopista Arturo Illia, con comida y colchones que les fueron donados. “Estamos acá, en el bajo de la autopista todos juntos, en la misma situación, sin respuesta. Sin seguridad de que estén bien nuestras casas. No nos dieron respuesta de cuándo podríamos volver”, contó Gladis Zunilda Espinoza Sanabria de 33 años, que vivía en una de las viviendas con sus dos hijos de 15 y 9 años y su madre de 50.

Hace más de una semana, la empresa Villarex S.A., contratista del Gobierno porteño para los trabajos de demolición de viviendas, tiró abajo una losa como parte del Plan de Urbanización, pero terminó provocando el derrumbe de otra losa lindera, lo que afectó a otras casas habitadas por casi 30 familias. Tres horas más tarde se desató un incendio -cuyo origen aún se desconoce- en la planta baja de una de las viviendas que dañó por completo el inmueble donde vivían Báez, su esposo y sus hijos.

“Desde que pasó esto no comparto más con mis hijos. Los tengo en casas ajenas porque tengo miedo acá: el barrio no es seguro y yo estoy viviendo en la calle”, dijo la mujer, quien se describió “muy triste” y cansada producto de una discapacidad que tiene.

En tanto, el Gobierno porteño está otorgando a las familias comida y productos de higiene. Si bien en un primer momento se había colocado un baño químico, luego lo retiró y dispuso uno en una oficina de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) donde también las familias pueden dormir, pero que tiene una capacidad limitada a 10 personas.

Cuando ocurrió el incidente, la administración de Horacio Rodríguez Larreta ofreció a las familias alojarse en hoteles o Centros de Integración Social, pero por miedo a sufrir robos en sus casas y como algunas de ellas tienen mascotas, la mayoría decidió vivir en la calle, cerca de sus hogares.

Cuatro vecinos, acompañados por el Centro de Acceso a la Justicia (CAJ) del barrio, legisladores y otros organismos, se acercaron el viernes pasado a la Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas n°12 para radicar una denuncia. “Nos recibió la señorita Delfina Erecart y nos comunicó, sin darnos ningún argumento válido, que no les iba a tomar la denuncia a los vecinos y que la Fiscalía ya había actuado de oficio”, dijo a Télam Javier Martínez, coordinador del CAJ del barrio Güemes.

Comentó también que “ante la insistencia de querer dejar radicada la denuncia, la respuesta fue: que era fecha de feria, que estaban de guardia y que en los próximos días, quizás los citarían para que puedan declarar”.

Un muchacho cortaba maderas de un cajón de verduras para reavivar un fuego, mientras un hombre picaba morrones, cebollas y papas y los arrojaba dentro de una olla grande para cocinar un guiso para los vecinos, mientras a su lado se formaba una ronda con las familias afectadas, legisladores del Frente de Todos (FdT) y distintos organismos.

“Estamos a la espera de cuál va a ser el operativo que disponga hoy la UPE (Unidad de Proyectos Especiales, a cargo de Tomás Galmarini). Hasta el momento no se presentó ni con los vecinos ni con nosotros”, expresó a Télam la legisladora porteña María Bielli (FdT), quien estaba en la ronda junto a los diputados Lucía Cámpora y Javier Andrade.

El miércoles pasado, Nicolás Buitrago, defensor interino a cargo de la Unidad Especializada en Procesos de Urbanización e Integración Social, interpuso una medida cautelar ante el Ministerio Público Fiscal, donde pidió la reconstrucción inmediata de las viviendas afectadas o proporcionar alternativas habitacionales a corto plazo, entre otros reclamos.

Desde el Ministerio de Desarrollo Humano y Hábitat porteño, informaron a Télam que “una vez que la Guardia de Auxilio verifique el estado de las estructuras y brinde la autorización necesaria para un ingreso a las viviendas libre de cualquier riesgo, las familias podrán regresar a sus hogares de forma inmediata”. Sostuvieron que, cuando eso suceda, acompañarán “el ingreso de las familias para relevar y evaluar tanto el estado de las viviendas como de las pertenencias de sus habitantes”.

Mientras tanto, los vecinos advierten que viven “con miedo” y en una situación “de inseguridad”, en tanto que aguardan la reunión que tendrán con la UPE. “El lunes abrieron del otro lado del pasillo y robaron un motorcito de agua en nuestra casa y en otra, un televisor”, dijo Gladis, al tiempo que contó que “hubo tiroteos” y que se sienten “inseguros porque estamos con los chicos”. “Vienen, toman nuestros datos y se van. Nosotros queremos directamente una respuesta”, concluyó la mujer.

LC con información de agencia Télam