La Comisión Nacional de Valores (CNV) publicó la reglamentación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), cuyo objetivo será avanzar en la regulación de criptoactivos.

“La Comisión Nacional de Valores (CNV) trabaja para adecuar e implementar el alcance de la ley que reforma el Sistema Normativo Nacional de Prevención en Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo (LA/FT)”, señaló el organismo en un comunicado.

Las acciones se encuadran dentro de la Ley N° 27.739, aprobada el pasado 14 de marzo en el Senado, que reforma la Ley N° 25.246 de Prevención del Lavado de Activos, el Financiamiento del Terrorismo y la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva, sancionada en el año 2000.

“La reforma establece nuevas facultades para la CNV, entre ellas se destaca la creación del Registro de Proveedores de Servicios de Activos Virtuales (PSAV), a través del cual centralizará la información adecuada, precisa y actualizada sobre todas las personas humanas y jurídicas que revisten el carácter de proveedores de registros virtuales”, señaló el parte de prensa.

El PSVA ejercerá las funciones de supervisión, regulación, inspección, fiscalización y sanción de dichos proveedores. La sanción de la Ley y su promulgación se da en el marco de la Cuarta Ronda de Evaluación Mutua de Argentina de GAFI/GAFILAT.

En este sentido, Roberto E. Silva, presidente de la CNV destacó “venimos trabajando desde que la posibilidad de que se sancione la Ley se volvió una probabilidad cierta, ahora que es una realidad avanzaremos en la creación del registro de proveedores de activos virtuales en cumplimiento con las recomendaciones de GAFI”.

Por su parte, la directora Sonia F. Salvatierra, vocal del directorio de CNV que acompañó recientemente el inicio de la visita del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dijo que “para la CNV es muy importante acompañar y cumplir con la evaluación de GAFI/ GAFILAT. Por ello, nuestro equipo está abocado en cumplir metas y recomendaciones con el objetivo de lograr el fortalecimiento e impulsar el desarrollo del mercado de capitales de Argentina”.

Por último, el directorio de la CNV integrado también por Patricia Boedo, afirmó que “se va a hacer una tarea coordinada con UIF, organismos de la Administración Pública y entidades descentralizadas y/o autárquicas para que el resultado de la implementación de la nueva normativa sea eficaz y transparente, genere nuevas oportunidades en el combate contra el crimen organizado, propicie la efectividad del sistema preventivo y represivo, promueva el cumplimiento de las obligaciones ALA/CFT por parte del sector privado e impulse la adaptación a nuevas tecnologías”.

Con información de NA.

IG

La Comisión Nacional de Valores (CNV) estableció una nueva regulación sobre el mercado de cambios, readecuando límites y condiciones de las operaciones realizadas en el exterior, en busca de reforzar los mecanismos de supervisión y control.

La medida, comunidad mediante la Resolución General 984/2023, determinó que las transferencias de divisas llevadas a cabo en operaciones en el exterior, deben ser a un beneficiario final y no a un broker. Además fijó que el volumen operado diario por un cliente por cuenta propia o para terceros no puede superar el importe de $100.000.000.

El texto oficial explicó que “en el actual contexto económico imperante y en el marco de la reciente evolución del mercado de cambios, se torna necesario reducir la volatilidad de las variables financieras y contener el impacto de las oscilaciones de los flujos financieros sobre el normal funcionamiento de la economía real, así como el impacto de las operaciones instrumentadas en el mercado de capitales a través de la compra venta simultánea de valores negociables”.

Al mismo tiempo, la CNV recordó que según establece la Ley de Mercado de Capitales “son objetivos y principios fundamentales que informan y deberán guiar las disposiciones complementarias y reglamentarias dictadas por este Organismo, las de favorecer especialmente los mecanismos que fomenten el ahorro nacional y su canalización hacia el desarrollo productivo y propender a la integridad y transparencia de los mercados de capitales y a la inclusión financiera”.

Además, la Resolución reveló que el Banco Central le solicitó formalmente “la implementación, en el ámbito de su competencia, de medidas alineadas con lo normado por dicho ente; a los fines de evitar las prácticas y operaciones elusivas detectadas en el ejercicio de sus facultades de fiscalización”, a raíz de haber notado el “incremento en el volumen de negociación por parte de inversores extranjeros identificados por la Clave de Inversores del Exterior (CIE) o por Clave de Identificación (CDI)”.

En ese sentido, la autoridad monetaria pidió que se verifique si dicho incremento “se corresponde con posibles maniobras elusivas respecto a las comunicaciones antes citadas, ocultando la identidad de los reales beneficiarios finales de dichas operaciones”, por lo que desde la CNV “se consideró la conveniencia de implementar ciertas medidas orientadas a eficientizar y reforzar los mecanismos de supervisión y control”.

Al respecto, el documento oficial dispuso que los Agentes de Negociación, los Agentes de Liquidación y Compensación y los Agentes de Corretaje de Valores Negociables deberán:

Respecto de aquellos clientes que posean C.U.I.T:

Constatar que cuando dichos clientes actúen por cuenta y orden de terceros, el volumen operado diario por el total de los terceros no supere el importe de $100.000.000, debiendo tales Agentes remitir a esta Comisión con cinco días hábiles de antelación, la siguiente información: 1) tipo/s de operación/es; 2) monto/s involucrado/s; y 3) especie/s y/o instrumento/s involucrado/s, con indicación de el/los respectivo/s cliente/s final/es de tales operaciones (beneficiario real), incluido, pero no limitado, su/s datos identificatorios, el C.U.I.T./C.U.I.L.; C.D.I.; C.I.E. o clave de identificación que en el futuro fuera creada por la Administración Federal de Ingresos Públicos, o su equivalente para personas extranjeras, en caso de corresponder; y.

Cuando dichos clientes actúen por cuenta propia y con fondos propios y el volumen operado diario supere el importe de $200.000.000, remitir a esta Comisión, con la misma antelación y detalle, la información prevista en el punto (i) del presente apartado.

Con información de agencias.

IG

La Comisión Nacional de Valores (CNV) presentó, este lunes 6 de febrero, la colocación de la Obligación Negociable de Pro Mujer en el nuevo régimen simplificado y garantizado de emisiones con impacto social. El primer bono con etiqueta de género es el resultado de dos años de trabajo conjunto entre Sebastián Negri y Mónica Erpen, presidente y directora de la CNV, bancos, estudios jurídicos y otras entidades del sector privado.

La colocación fue por 200 millones de pesos, a una tasa Badlar +0% y un plazo de 12 meses. La totalidad de los fondos recaudados se utilizarán para otorgar créditos a 1.700 mujeres de entre 18 y 75 años y bajos recursos, que sean propietarias de micro y pequeñas empresas. “Esto es lo que hay que tener cuenta al medir el éxito de este mercado de bonos sociales que estamos consolidando entre todos, porque no es tan relevante el monto emitido sino la cantidad de beneficiarias al que van dirigidos esos 200 millones de pesos”, señaló Erpen durante la ceremonia de lanzamiento.

El acto, transmitido por Youtube, contó con la presencia de Carmen Correa y María Laura Tinelli de Pro Mujer, Ana Corbi por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y Nora Ramos de parte de la Calificadora de la Universidad Nacional Tres de Febrero que evaluó el impacto y le otorgó a Pro Mujer el Etiquetado Sostenible con la calificación BS2-Buenos Aires.

Los bancos Galicia, Hipotecario, Comafi y Supervielle están a cargo de la emisión de Pro Mujer y Allaria Ledesma & Cia. funciona como colocador. La asesoría legal para la estructuración del bono estuvo a cargo del estudio Mitrani, Caballero & Ruiz Moreno, mientras que el estudio Beccar Varela asesoró a las entidades de garantía.

La medida se da en el marco de un trabajo conjunto de la CNV y el PNUD para promover la inclusión de actores no convencionales en el mercado de capitales. El financiamiento será destinado a gestoras de actividades productivas, de servicios, de comercio, textiles o agropecuarias de la economía semi formal de Liniers (Capital Federal) Lomas de Zamora (Provincia de Buenos Aires) y las ciudades de Salta, Tucumán y Jujuy.

Desde el CNV lamentaron que no pudiera repetir el nivel de sobredemanda de la última emisión de Sumatoria como consecuencia de la ausencia de la demanda de los Fondos Comunes de Inversión (FCI) Pymes dado que la empresa social no está incluida en esta categoría. “Eso es algo que tenemos que trabajar. Porque si bien Pro Mujer no es una empresa Pyme, las beneficiarias de la emisión claramente lo son. Y es una pérdida muy importante que los FCI Pyme no puedan participar”, indicó Erpen.

ACM

La Comisión Nacional de Valores (CNV), que preside Sebastián Negri, comenzó una investigación “por partida doble”: averigua si hubo filtración de “inside information” previa a la recompra de deuda que anunció el Ministerio de Economía y si existieron “maniobras especulativas” para generar una suba de los dólares financieros y forzar una devaluación.

Esta semana realizó pedidos de información a las diez principales sociedades de bolsa (Alycs) sobre los mayores compradores de bonos en un rango de cinco días. Este jueves comenzaron reuniones presenciales en la CNV con ejecutivos de las Alycs, que luego seguirán con sus clientes, para investigar las “motivaciones” detrás de operaciones inusuales. 

La CNV podría entregar el listado a la Justicia y se presentará al Congreso a responder preguntas de la oposición.

El viernes pasado, Massa le solicitó a Negri a través de una carta investigar la “posible filtración de información sensible respecto de la decisión del Gobierno en la recompra de deuda en moneda extranjera”. Por otro lado, pidió averiguar acerca de la existencia de “maniobras especulativas en la compra-venta de títulos públicos”, con el objetivo de “manipular la plaza y generar un alza en las cotizaciones de los tipos de cambio paralelos”.

Según observan en la CNV, el volumen promedio operado en MEP era de unos u$s70 millones diarios, pero los días previos a la noticia ascendió a u$s100 millones. También registraron movimiento en cauciones, pese a que había “tasas altas”. El miércoles del anuncio, los bonos en dólares tuvieron un alza promedio del 7%. Por eso, el segundo pedido de Massa era identificar “posibles beneficiarios de esas maniobras”.

A partir de este lunes, la CNV comenzó a requerir información a las 10 principales sociedades de bolsa. Algunos datos llegaron el miércoles, y esperan contar con todo el material para este viernes. Hicieron el requerimiento de legajos de clientes, sus patrimonios y hasta sus declaraciones juradas impositivas. Para que pueda ser un trabajo rápido, el “recorte del universo” se hace sobre las diez cuentas comitentes que tuvieron mayores operaciones de compras de bonos entre lunes 16 y el viernes 20 de enero (tres días previos y dos posteriores al anuncio de Massa).

El objetivo es encontrar si hubo “inusualidades”, ya sea la toma de cauciones en personas que nunca se habían financiado, o cuentas que operaron por primera vez la compra de bonos o que no puedan justificar sus ingresos, según indica Ambito. Para eso, el pedido de datos fue sobre las compras que se hicieron, el fondeo de las cuentas, si hubo ganancias o pérdidas, la constitución de la cartera propia y el origen de los fondos.

Con toda esa información, la CNV realizó citaciones a sociedades de bolsa, que comenzaron este jueves a las 11 de la mañana en la sala de audiencias. Allí se pregunta sobre las carteras que operaron, “la motivación” detrás de las transacciones, y si tienen relaciones con funcionarios públicos. Esta semana y la próxima hay dos reuniones pactadas por día, y luego seguirán con los clientes de las Alycs. 

Si bien la realización de un sumario puede durar más de un año, para marzo o abril esperan tener algún resultado preliminar. La CNV podrá presentarle a la Justicia la lista de personas humanas y jurídicas que adquirieron bonos en las semanas previas a la implementación de la medida de recompra de deuda, dado que se dispuso el levantamiento del secreto bursátil. Así se refleja en la carta enviada de Negri hacia el juzgado criminal y correccional numero 6, donde se tramita la causa.

El siguiente paso de la CNV, en febrero, será presentarse en el Congreso. “Ya estamos en comunicación con las autoridades parlamentarias y nos ofrecemos a ir a dar todas las explicaciones, siempre resguardando el secreto bursátil”, comentó una fuente oficial. El caso podría derivar en multas, quita de licencias de Alycs o hasta consecuencias penales, en un trabajo que realiza la CNV no solo con Economía y la Justicia, sino que también podría realizar cruces con la UIF, la AFIP y la IGJ. De momento no hubo solicitudes de información a la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC por su sigla en inglés), pero no lo descartan: aseguran que por estar adheridos en un convenio multilateral, los datos que sean requeridos pueden llegar en un mes.