El ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, anunció este miércoles a través de la red social X (antes Twitter) que el Estado de Israel se suma a EEUU y tampoco participará en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

“Israel da la bienvenida a la decisión del presidente Trump de no participar en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU”, arranca su mensaje el ministro de Benjamín Netanyahu, que este mismo martes se reunía con el mandatario estadounidense.

Sa'ar asegura que este consejo “ha protegido tradicionalmente a quienes violan los derechos humanos” y que les permite “escapar del escrutinio” mientras, defiende, “demoniza de forma obsesiva la única democracia de Oriente Medio”, en referencia a Israel.

El ministro de Exteriores israelí insiste en que esta “discriminación” está “clara” y enfatiza que el Consejo de Derechos Humanos “se ha centrado en atacar a un país democrático y en propagar el antisemitismo, en lugar de promover los derechos humanos”

Sa'ar continúa su argumentación para abandonar el Consejo de Derechos Humanos alegando que Israel es “el único país” con un asunto dedicado específicamente a él y recuerda que ha sido objeto de más de 100 resoluciones condenatorias, más del 20% de todas las resoluciones aprobadas por el consejo.

“¡Israel no aceptará más esta discriminación!”, finaliza su mensaje.

Ambos países acusan al Consejo de “discriminación”

La decisión anunciada por el ministro israelí llega después de que el presidente de EEUU, Donald Trump, anunciase la salida del país del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, una medida que ya adoptó en su primer mandato, cuando la representante de su Administración ante la ONU, Nikki Haley, alegó que en el seno del organismo existía un “prejuicio crónico contra Israel”.

Haley aseguró en 2018 que “la hostilidad interminable hacia Israel” era una prueba de que el Consejo actuaba con base en prejuicios políticos y no en los derechos humanos.

Trump y Netanyahu coinciden en sus críticas y en sus desplantes a la ONU, y los dos mandatarios han mostrado una muy buena sintonía en otros asuntos, desde el primer mandato del republicano. En aquel entonces, Trump logró que varios países árabes reconocieran el Estado de Israel y firmaran los llamados Acuerdos de Abraham, con los que normalizaron sus relaciones; además, el republicano trasladó la Embajada de EEUU de Tel Aviv a Jerusalén, reconociendo de esta forma que la Ciudad Santa es la capital de Israel, tal y como el Estado judío reivindica.

Netanyahu pudo viajar a Washington sin temor a ser arrestado de acuerdo con la orden de detención por crímenes de guerra y contra la humanidad emitida el pasado noviembre por la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, cuya jurisdicción Washington no reconoce y cuya decisión ha condenado enérgicamente.

Trump defiende desplazar a los palestinos de Gaza

Este martes, el presidente Donald Trump anunciaba ante el primer ministro israelí que “Estados Unidos se hará cargo de la Franja de Gaza” y volvía a defender, como ya hizo en el mes de enero, que los palestinos abandonen su tierra. “En su lugar, pueden ocupar toda una hermosa área con casas y seguridad, y pueden vivir sus vidas en paz y armonía”, afirmaba el republicano ante un Netanyahu sonriente.

Trump aseguró que reconstruirá la Franja tras desplazar “permanentemente” a sus habitantes y que la convertirá en la “Riviera de Oriente Medio”.

“Nos apropiaremos [de Gaza] y seremos responsables de desmantelar todas las bombas peligrosas sin detonar y otras armas en el territorio, nivelar el terreno, eliminar los edificios destruidos, allanarlo, crear un desarrollo económico que proporcione una cantidad ilimitada de empleos y viviendas para la gente de la zona, hacer un trabajo genuino para lograr algo diferente”, afirmaba Trump.

Hamas ha respondido rechazando las declaraciones: “Las consideramos una receta para crear caos y tensión en la región”, ha dicho Sami Abu Zuhri, un alto dirigente de Hamas.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) advirtió que “las recientes medidas propuestas y adoptadas” por el Gobierno de Javier Milei, en la Argentina, “corren el riesgo de socavar la protección de los derechos humanos”.

Así lo expresó el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, durante el 56º período de sesiones del Consejo de Derechos Humanos, celebrado en Ginebra.

Asimismo, criticó la política de recortes implementada por Milei, que fue promocionada por su gobierno como la motosierra.

A ese respecto, Türk remarcó que los recortes al gasto público “afectan particularmente a los más marginados”.

Además, señaló que otras medidas que atentan contra los derechos fundamentales son los cierres de instituciones estatales, como las dedicadas “a los derechos de las mujeres y el acceso a la justicia”.

El alto comisionado señaló también que entre las decisiones de Milei que podrían vulnerar los derechos de las personas, está “una instrucción del Ministerio de Relaciones Exteriores de suspender la participación en todos los eventos en el extranjero relacionados con la Agenda 2030”.

Por tal motivo, Türk instó a las autoridades argentinas “a que coloquen los derechos humanos en el centro de su formulación de políticas, para construir una sociedad más cohesiva e inclusiva”.

“Esto también significa pleno respeto del derecho de reunión pacífica y de libertad de expresión”, añadió el representante de la oficina de derechos humanos de la ONU, según información del sitio Actualidad RT.

Un capítulo para México

Türk demandó a México la “rendición de cuentas” por los episodios de violencia que se presentaron durante el recién concluido proceso electoral.

“En México, hago un llamado a las autoridades para que garanticen la rendición de cuentas por la violencia y los asesinatos ocurridos durante el período electoral, incluidos los de políticos”, señaló el funcionario.

Con información de agencias.

IG

La ONU denunció que el ataque de Israel a la Franja de Gaza en su guerra contra Hamas es “el primer genocidio mostrado en directo”.

Luego de la destrucción total del hospital Al Shifa de Gaza, la relatora de la ONU para Palestina, Francesca Albanese, y su homóloga para el derecho a la salud, Tlaleng Mofokeng, repudiaron la situación y aseguraron que es una muestra del “genocidio” que está sufriendo el enclave palestino.

“El mundo está siendo testigo del primer genocidio mostrado en directo por las propias víctimas”, señalaron las especialistas de Naciones Unidas en un comunicado.

En el texto difundido, reiteraron su llamamiento a que los Estados miembros de la ONU “usen todo su poder para detenerlo”.

“Haber permitido que esta violencia se haya producido envía a la comunidad internacional el mensaje de que el pueblo de Gaza no tiene derecho a la salud”, lamentaron Mofokeng y Albanese.

La destrucción deliberada de infraestructura sanitaria en Gaza “ha creado unas condiciones calculadas para destruir a una población ya traumatizada y angustiada”, destacaron las relatoras de la ONU.

Los muertos en la Franja de Gaza ya superan los 33.000 tras casi seis meses de guerra

Los bombardeos israelíes en la Franja de Gaza han dejado en las últimas horas al menos 62 muertos y 91 heridos, según las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Sanidad gazatí, controlado por Hamas. Así, la cifra total de muertos llega ya a 33.037 y la de heridos a 75.668, la mayoría de los cuales son niños y mujeres, tras casi seis meses de ofensiva israelí en el enclave palestino.

El Ministerio gazatí denunció que “la ocupación israelí ha cometido 6 masacres contra familias en la Franja de Gaza” en las últimas horas.

En tanto, Human Rights Watch (HRW) denunció este jueves que Israel cometió un aparente “crimen de guerra” el pasado 31 de octubre en un ataque contra un edificio residencial en Nuseirat, centro de la Franja de Gaza, que albergaba cientos de personas y donde presuntamente “no había ningún objetivo militar”. El ataque causó la muerte de al menos 106 civiles, incluidos 54 niños.

Con información de agencias.

IG

El jefe de derechos humanos de la ONU denunció este jueves una ley aprobada en el Parlamento británico que limita derechos fundamentales de forma indebida y que parece estar destinada a reprimir acciones pacíficas de personas o grupos que protestan por cuestiones de derechos humanos o del medio ambiente.

“Es muy alarmante porque esta legislación es incompatible con las obligaciones internacionales del Reino Unido en materia de derechos humanos, en cuanto a libertad de expresión, de reunión pacífica y de asociación”, lamentó el alto comisionado de la ONU para los derechos humanos, Volker Türk.

De acuerdo con su análisis, esta nueva ley impone restricciones graves e innecesarias porque la policía ya cuenta con los poderes que le permiten actuar en casos de protestas violentas.

Entre los puntos más preocupantes, figura que la policía puede detener y cachear a cualquier persona, incluso si no hay sospechas. Además, algunas de las infracciones descritas dan lugar a interpretaciones amplias, al tiempo que se consideran sanciones penales “desproporcionadas” contra aquellos que organizan o participan en protestas, explicó.

Türk alertó en particular sobre disposiciones que incluye la ley y que permiten que las cortes británicas prohíban a las personas afectadas estar en ciertos lugares en ciertos momentos, con determinadas personas, que utilicen internet de ciertas maneras y que incluso puedan ser vigiladas con dispositivos electrónicos para asegurarse que cumplen.

“Es grave que esto pueda hacerse contra personas que nunca han sido condenadas por ningún delito”, sostuvo el alto comisionado, quien recordó que estas medidas supuestamente preventivas limitan el futuro ejercicio de derechos que son legítimos.

EFE.

IG

La visita de Olaf Scholz a la Argentina puede ser anotada como relevante para las necesidades de cooperación en materia de energía, una puerta para la solución, en el mediano plazo, de la necesidad de divisas estructural que enfrenta la economía argentina.

Olaf Scholz, socialdemócrata y ex alcalde de la ciudad portuaria de Hamburgo, llega este sábado a la Argentina para una visita que lo llevará también a Chile y Brasil . Es una tríada de naciones con las que Alemania posee una extensa y rica tradición de intercambio económico, militar, cultural y social que, en los últimos años, se ha debilitado al ritmo del crecimiento de otras potencias con interés en las materias primas que poseen los tres países sudamericanos.

Sin embargo, el riesgo de que estos planes se vean ralentizados se podría producir por la compleja trama política interna del Frente de Todos que gobierna en la Argentina.

El pedido de juicio político a los cuatro miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Argentina, que está profundamente relacionado con los avatares judiciales de la actual vicepresidenta, Cristina Fernández, representa un obstáculo muy grande en la relación política entre las dos naciones a pesar de la buena sintonía personal que sostienen por afinidades ideológicas, Alberto Fernández y Olaf Scholz.

El lunes último, el gobierno alemán cuestionó al argentino en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU por su ataque a la cabeza del Poder Judicial.

Las críticas fueron anotadas por el secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla Corti, que, horas antes, había defendido la posición del gobierno de promover el enjuiciamiento de los integrantes de la Corte Suprema.

“Alemania expresa su preocupación por los intentos de ejercer influencia política en el sistema de Justicia (argentino)”, afirmó la diplomática Ann-Jasmin Krabatsch durante el Examen Periódico Universal que realiza el Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

La funcionaria del gobierno de Scholz recomendó proteger “a jueces e investigadores ante presiones e intimidaciones”, y aconsejó a la Casa Rosada que trabaje “activamente con la oposición para cubrir los puestos vacantes en la procuración general, la Corte Suprema y la Defensoría del Pueblo”.

No fue sólo Alemania quien reprendió al gobierno argentino en este foro internacional sino que Chile y Suecia también señalaron sus dudas acerca del accionar del Poder Ejecutivo contra el Judicial.

La posición oficial

La secretaría de Derechos Humanos difundió anoche un informe sobre el resultado de la exposición argentina ante el Consejo de la ONU en Ginebra. Tuvo una interpretación distinta de la recomendación alemana e involucró, curiosamente, al gobierno de Cambiemos.

En un cable publicado por la agencia Télam, la secretaría que conduce Pietragalla informó que la Argentina finalizó este viernes el “Examen Periódico Universal ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU ” en un proceso que definió como “exitoso” y en el que, dijo, cuatro de 287 países hicieron recomendaciones en sintonía con el informe que presentó en Ginebra “e incluso mencionaron presiones a la Justicia durante la gestión de Macri”.

“La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania”, dijo la Secretaría de Derechos Humanos a través de un comunicado.

Al detenerse en la recomendación de Alemania, dijo que, “contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, (ese país) resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe”.

En esa mención, la Secretaría de Derechos Humanos se refirió al diagnóstico sobre la situación de los jueces y fiscales argentinos y las acciones del Ejecutivo de entonces que el relator de la ONU para la independencia de Magistrados y Abogados, el jurista peruano Diego García-Sayán, presentó en los primeros días de noviembre de 2019.

En aquel informe, según la secretaría, García-Sayán había considerado “fiables” una serie de denuncias de entidades de abogados que acusaban a la gestión Cambiemos de llevar adelante un “plan sistemático y estructural de amedrentamiento del Poder Judicial”, y entre otros antecedentes mencionaban el hostigamiento sufrido por la exprocuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, para forzarla a renunciar.

Con información de NA/Antonio D'Eramo y Télam