Todavía se despierta a las seis de la mañana. De manera repentina, de un golpe, como cuando estuvo detenida en el penal de máxima seguridad de Ezeiza y sus carceleros le exigían pararse en la celda para hacer el “conteo” de los presos. Sufre pesadillas y denuncia que recibe amenazas de cuentas libertarias en redes sociales. Asegura que la misma situación viven el resto de los liberados: “Hay un estrés postraumático bastante importante. Están todos bastante vulnerados. Pero si quisieron quebrantarnos, nos hicieron más fuertes. Seguimos peleando por nuestras causa y para que liberen a los que aún están detenidos”. Camila Juárez, 33 años, dos hijos, estudiante en la UNSAM, estuvo seis días presa luego de la feroz represión de las fuerzas de seguridad en las protestas frente al Congreso cuando se votaba la ley de Bases en el Senado. 

“Fue una cacería”, dice sobre la actuación de la Policía de la Ciudad y la Federal sobre las 33 personas que fueron detenidas aquel 12 de junio. El Gobierno los acusó públicamente de cometer “actos terroristas”, pero a las pocas horas la jueza María Servini de Cubría desestimó los expedientes del fiscal Carlos Stornelli: dejó en libertad a 17 de los detenidos y a la semana siguiente dictó la falta de mérito para 11. Resolvió el procesamiento para cinco, pero ya fueron excarceladas tres más. Solo dos personas quedan aún detenidas, Daniela Calarco Arredondo y Roberto de la Cruz Gómez, cuyo procesamiento con prisión preventiva fue confirmado ayer por la Sala 2 de la Cámara de Apelaciones, por incendio y daño agravado, y por atentado a la autoridad agravado y daño agravado, respectivamente. No están acusados de intimidación pública. Hoy, exactamente un mes después de las detenciones, hay un festival en Plaza de Mayo para reclamar su libertad.

Camila tiene muy vivo el recuerdo de la represión en el Congreso y los apremios ilegales que sufrió durante el largo proceso de la detención. Había ido a protestar junto a sus compañeros de la carrera de Sociología, pero se fueron cuando las fuerzas de seguridad avanzaron desde el Palacio Legislativo por la avenida de Mayo hacia la 9 de Julio. Ahí comenzaron a disparar balas de goma. “Veníamos desconcentrando; corriendo, obviamente, porque teníamos policías en todos lados. Por los impactos de balas de goma me doy vuelta y del susto me caigo. Ahí el policía me apunta con la escopeta contra la cabeza. Le digo ‘déjame salir, por favor, tengo dos hijos’. Y me dice: ‘Negra sucia, no hubiera venido acá. Quédate ahí quieta y no te muevas un centímetro’”, relata Camila.

Ya detenida, la subieron a un móvil junto a sus compañeros y otras personas que no conocía. Comenzó un tortuoso periplo: los llevaron al Centro de Monitoreo, sobre avenida Corrientes, después a la Comisaría Comunal 4 de Parque Patricios, donde los separaron por sexo, y finalmente de vuelta a Chacarita. “Ahí nos mantuvieron 17 horas esposadas, desde las seis de la tarde hasta las siete de la mañana, sin darnos de tomar agua, sin dejarnos ir al baño, sin darnos de comer, sin dejarnos ver a un abogado, sin explicarnos por qué estábamos detenidas. Estuvimos esposadas hasta que vino alguien de Defensoría del Pueblo y les exigió que no bajaran del camión. Nos tiraron en un pasillo, básicamente sin comida y sin agua. Ahí pasamos todo ese día. Dormimos como pudimos con una frazadas que nos pasaron nuestros familiares y al otro día nos llevaron a Comodoro Py a las indagatorias”, recuerda.

En Comodoro Py –denuncia– también recibieron maltrato. Les negaron ir al baño varias veces: “No hubieran tirado piedras y podrían ir”, era la respuesta de los agentes. Y tras pasar otras diez horas en el camión celular, las obligaron a hacer una requisa que Camila califica de “innecesaria”, si ya llevaban 48 horas detenidas. Mientras una de sus compañeras fue liberada, a ella le negaron la excarcelación y la ubicaron en el “gallinero”, un calabozo pequeño con rejas dentro del mismo edificio federal. Luego, sin aviso previo, la trasladaron junto a otras tres mujeres al penal de Ezeiza.

“Nunca pensé que iba a ser trasladarnos a un penal de máxima seguridad. Pero nos subieron a un móvil penitenciario que tenía cadenas para las esposas; mis manos no daban más. Y ahí estuvimos antes de ingresar en Ezeiza unas tres horas. Hacía frío y me sacaron el buzo negro que tenía porque por reglas de la penitenciaría no podés entrar con nada negro. Y me dijeron que el pantalón no me lo sacaron porque si no quedaba desnuda, como haciéndome un favor”, señala Camila. 

En el penal de máxima seguridad le hicieron interrogatorios de manera repetida y sistemática, con preguntas como por qué estaba detenida, qué hacía en una marcha, a qué organización política pertenecía. El último día antes de ser liberada las sacaron a todas de la celdas y las hicieron caminar contra la pared, sin decirles dónde las llevaban. “Cual dictadura”, apunta Camila. Las filmaron y las metieron en un aula donde en un pizarrón pudieron leer: “Ahora que están en cana, pidan por Dios y por sus hijos. Piperas, politiqueras baratas, vende humo, ya van a ver”. Después las pasaron a otra aula donde otra vez volvieron a interrogarlas.

De las cuatro mujeres solo Daniela Calarco Arredondo quedó detenida. Tiene 39 años y pertenece al Movimiento Teresa Rodríguez (MTR). Emilia Manazza, su pareja desde hace seis años, denunció que por eso sigue tras las rejas: “Daniela tenía en la mochila la pechera de nuestro movimiento social y el pañuelo verde. Es clara la persecución. En la causa ponen como disvalor su militancia”, dijo a este medio. Por su liberación y la Roberto de la Cruz Gómez este viernes habrá una manifestación de la izquierda hacia Plaza de Mayo y un festival con artistas como Paula Maffía, El Príncipe Idiota, Flopa Lestani, La Perra que los Parió, Julio y Agosto, y Sudor Marika, entre otros. 

“Vamos a seguir exigiendo la libertad de los compañeros que quedan aún presos ilegalmente. La idea es que seamos muchos y muchos. Creemos que la salida es colectiva. Lo que hicieron fue ilegal, aleatorio. No es justo que estos compañeros no puedan seguir sus causas en libertad y tengan que estar privados en un penal de máxima seguridad”, apunta Camila, que casi un mes después de su liberación también lleva adelante una lucha personal por los apremios ilegales que sufrió: “Todavía sigo con pesadillas y recibo muchas amenazas por redes sociales”.

MC/JJD

La abogada y ex senadora por Río Negro, Magdalena Odarda, denunció penalmente a empleados de Joe Lewis y al gobierno provincial tras los ataques a manifestantes en el camino de Tacuifí. Los funcionarios afectados son la ministra de Seguridad, Betiana Minor, y el jefe de Policía, Osvaldo Tellería. “Entendemos que con su accionar la ministra de Seguridad y Justicia y el jefe de Policía omitieron actuar para garantizar la seguridad de las personas”, expresó.

El pasado miércoles, 9 manifestantes y una fotoperiodista de Télam fueron retenidos durante 2 horas y recibieron ataques de parte de peones rurales de Joe Lewis, el magnate británico contra el que se movilizaban organizaciones sociales, sindicales y políticas en la Séptima Marcha por la Soberanía de Lago Escondido. La columna encabezada por el dirigente peronista, Julio Urien, había intentado el pasado lunes ingresar al Camino de Tacuifí, pero se encontraron con el acceso cerrado por un portón y 30 peones rurales a caballo.

Los manifestantes volvieron a intentar circular por el pasaje dos días más tarde y fueron agredidos por allegados a Lewis que custodiaban la entrada. El diputado y jefe del bloque del Frente de Todos del Parlasur, Gastón Harispe, y la dirigente del Movimiento Socialista de los Trabajadores (MST), Celeste Fierro, resultaron heridos por los ataques.

“No se cumplió con la sentencia del juez de Bariloche, que obligó al gobierno de Río Negro a garantizar la salud de las personas. Más allá de que hayan podido salir, entendemos que tiene que haber un proceso penal respecto a los funcionarios públicos por incumplimiento de sus deberes y de los privados que llevaron adelante la represión”, explicó Odarda.

No es la primera vez que ocurren este tipo de incidentes. En 2022, en el marco de la Sexta Marcha por la Soberanía de Lago Escondido, los manifestantes también fueron agredidos por más de 40 personas a caballo armadas, comandadas por Nicolás Van Ditmar. El año pasado, quienes participaron de la movilización también denunciaron el bloqueo del Camino de Tacuifí, que se encontraba vallado con alambre de púas y custodiado con cámaras de seguridad pese a que la cámara de Bariloche había ordenado habilitar el acceso.

Arabela Carreras, gobernadora de Río Negro, apeló la decisión ante el Tribunal Superior de la Justicia, lo que, para los manifestantes, implicó complicidad con Joe Lewis. Esta presunción fue revalidada por la falta de escolta policial para quienes se movilizaron la semana pasada.

Odarda también denunció, el pasado 26 de diciembre, a los jueces del Tribunal Superior de Río Negro Sergio Barotto, Liliana Pichinini, Sergio Ceci y Ricardo Apcarian por mantener una relación directa con el poder político de la provincia encarnado en magnate inglés. “La recusación tiene como objetivo garantizar la imparcialidad de los magistrados y su neutralidad con el fin de asegurar el debido proceso previsto en el artículo 18 de la Constitución Nacional”, aseguró.

ACM con información de Télam

Un automovilista atropelló hoy a un grupo de manifestantes que se encontraban cortando el tránsito en la ciudad de Rosario en medio de una protesta contra una empresa tabacalera, se escapó, pero lo alcanzaron y le destrozaron el auto.

  Según se informó, el hecho ocurrió este viernes por la mañana en Entre Ríos al 400, mientras se realizaba la manifestación de trabajadores de la empresa Bronway frente a la sede de la Cámara de Apelaciones de los Tribunales Federales.

  Por ese lugar pasó un automovilista que iba en un Ford Fiesta y atropelló a varias de las personas que estaban allí y se escapó.

  “Estábamos manifestándonos, como lo hacemos desde mediados de diciembre, pacíficamente, con corte de calle frente a Tribunales Federal, y de repente apareció un auto que se llevó puesta a toda la gente que estaba sobre la calle”, comentó ante la prensa local una mujer que participaba de la protesta.

  Y agregó: “Atropelló a niños, mujeres, y no paró. Siguió circulando y logramos detenerlo recién acá (en Corrientes al 400)”.

  Tras lo sucedido, los manifestantes comenzaron a perseguir al auto y cuando lo alcanzaron le dieron golpes, le rompieron vidrios y abollaron el techo.   El conductor no quiso bajarse del auto hasta que llegó la Policía y lo trasladó a la comisaría.

Con información de NA