Siete años después de que el científico chino He Jiankui fuera a prisión por modificar genéticamente tres embriones humanos para hacerlos inmunes al VIH, otros investigadores están siguiendo su estela y recaudando fondos para conseguirlo. 

Los dos casos que hicieron saltar las alarmas son los de la empresa neoyorquina Manhattan Genomics y la compañía Preventive, con sede en California, que dicen estar “construyendo un futuro donde ningún niño herede enfermedades prevenibles” con el convencimiento de que la “edición genética preventiva podría ser una de las tecnologías sanitarias más importantes del siglo”.

Estos anuncios preocupan a muchos miembros de la comunidad científica, que creen que una parte de la industria biotecnológica decidió quitarse la careta y apostar por ideas que están más allá de los límites éticos y que apestan a viejas ideas eugenésicas, como la de “mejorar” la especie humana. “Esto es abrir la caja de Pandora”, advierte Lluis Montoliu, especialista en genética y bioética del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) de España.

Una bomba nuclear biotecnológica

La creadora de Manhattan Genomics es Cathy Tie, una exbecaria de Peter Thiel que se describe a sí misma como una “Barbie de la biotecnología”, ve un paralelismo entre su proyecto y el famoso programa secreto que produjo las primeras armas nucleares. “Estamos revolucionando la medicina y esta tecnología es muy potente”, dice en Wired. “Eso es lo que creo que tienen en común la manipulación del núcleo del átomo y la manipulación del núcleo de la célula”. 

Estamos revolucionando la medicina y esta tecnología es muy potente. Eso es lo que creo que tienen en común la manipulación del núcleo del átomo y la manipulación del núcleo de la célula

Cathy Tie — Bioinformática y fundadora de 'Manhattan Genomics'

Por su parte, Preventive fue fundada hace unos meses por el científico especializado en edición genética Lucas Harrington y recibió una financiación de 30 millones de dólares de inversores privados, entre los que se encuentra el dueño de OpenAI, Sam Altman, según algunos medios. Su creador cree que editar un embrión costaría solo unos 5.000 dólares y que, aunque esto aún no es posible legalmente, la normativa podría cambiar en el futuro. Quienes se oponen a la idea, en cambio, creen que puede dar lugar a un nuevo tipo de eugenesia, en la que los padres con medios para pagarlo podrían crear “bebés de diseño” con los rasgos que ellos seleccionen.

La idea de editar embriones humanos para erradicar enfermedades viene de lejos, ya que al eliminar una mutación patógena de un embrión también se eliminaría de las generaciones futuras. Pero la letra pequeña de esta promesa es que puede causar efectos no deseados en el embrión y puede destrozarle la vida, o introducir errores en la línea germinal que transmitirían a los futuros hijos.

Tras el escándalo del experimento llevado a cabo en China, la Organización Mundial de la Salud (OMS) concluyó que crear bebés editados genéticamente era algo “irresponsable” y un grupo de científicos y bioéticos pidieron una moratoria mundial sobre este tipo de experimentos. Sin embargo, algunas voces, como la del filósofo y bioeticista Julian Savulescu o el conocido genetista George Church, pidieron recientemente recuperar la idea, con una fuerte reacción en contra en la comunidad científica.  

Para no ahuyentar a los inversores ni a las autoridades, desde Preventive aseguran que se dedicarán a investigar de forma rigurosa y que si se descubre que la edición genética hereditaria no es segura será “igualmente valioso para la comunidad científica y la sociedad”. Cathy Tie, de Manhattan Genomics, también indica que se hará primero en ratones, que aún faltan muchos años para los ensayos en humanos y que se centrarán en trastornos causados por mutaciones en un solo gen y más fáciles de abordar, como los que causan la enfermedad de Huntington, la fibrosis quística o la anemia de células falciformes.

Todos estos anuncios se producen en medio de una eclosión de empresas biotecnológicas dispuestas a poner a prueba los límites éticos, como Bootstrap Bio, una startup que también quiere editar genes en embriones humanos, y Orchid Health, que hace un cribado genético completo de embriones para evaluar predisposiciones a enfermedades complejas y otros rasgos. Al mismo tiempo, empresas como Heliospect Genomics están ofreciendo en privado a sus clientes la posibilidad de seleccionar el embrión por su inteligencia, y otras, como Nucleus Genomics, ofrecen a los futuros padres elegir los embriones con más probabilidades de ser longevos.

Inmoral y arriesgado

Los especialistas en genética y bioética, como Lluis Montoliu, cuestionan en primer lugar la utilidad de este abordaje, dado que la gran mayoría de problemas asociados a la transmisión de mutaciones se puede resolver con un diagnóstico genético preimplantacional. Es decir, seleccionar al embrión sin las mutaciones en lugar de editar sus genes. “Esto resuelve así en casi el 100% de los casos y modificar a los embriones que tienen una doble mutación está prohibido en todos aquellos países que firmamos el Convenio de Oviedo en 1997”, recuerda. 

Usar esta tecnología no está justificado, porque el diagnóstico preimplantacional es mucho más seguro y menos costoso

Gemma Marfany  — Catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona (UB)

“Usar esta tecnología no está justificado, porque el diagnóstico preimplantacional es mucho más seguro y menos costoso”, coincide Gemma Marfany, catedrática de Genética de la Universidad de Barcelona (UB). En su opinión, estos investigadores simplifican, además, la aportación genética y menosprecian el impacto del ambiente y la epigenética. “No tienen en cuenta la relevancia de cada gen en la característica deseada ni el impacto de los factores ambientales, por lo que tampoco se podría asegurar el resultado esperado”, señala.

Montoliu recalca que estas técnicas de edición genética aún no tienen la seguridad que se requeriría y podrían alterar otros genes que no teníamos controlados. “Además, la inactivación de genes nunca es gratuita, porque no están ahí para que entren los virus, sino que cumplen una función en el sistema inmunitario”, señala. “La activación del gen CCR5 que quería hacer He Jiankui, sabemos que causa mayores problemas en infecciones por el virus del dengue, el chikunguña, el de la fiebre del Nilo o el de la gripe”. “Existen variantes genéticas que pueden predisponer a una enfermedad y, a su vez, ser protectoras para otras enfermedades, es lo que se llama compromiso evolutivo”, comenta Marfany. 

Peor que en ‘Gattaca’

En un informe publicado en septiembre de 2020, una comisión internacional convocada por la Academia Nacional de Medicina de Estados Unidos también recomendó que no se utilicen embriones humanos editados genéticamente hasta que los científicos puedan establecer que los cambios genómicos precisos se pueden realizar de forma fiable sin introducir cambios no deseados. El problema, según Montoliu, es que, a pesar de la regulación y las advertencias, el uso de dinero privado permite este tipo de actividades en EEUU.

Hacer esto con embriones puede suscitar alteraciones inesperadas en otros órganos y manifestarse en cualquier momento de la vida de esa persona. Es tremendamente imprudente

Lluis Montoliu — Investigador del Centro Nacional de Biotecnología (CNB-CSIC) experto en edición genética

En los tratamientos de edición genética a personas nacidas que ya tienen una enfermedad grave, como el que se llevó a cabo con el bebé tratado con CRISPR este año, se puede aceptar cierto riesgo como un mal menor, afirma el especialista. “Pero hacer esto con embriones puede suscitar alteraciones inesperadas en otros órganos y manifestarse en cualquier momento de la vida de esa persona. Es tremendamente imprudente”. 

Montoliu cree que se está banalizando la utilización de esta tecnología y que el escenario que dibujan estos gurús supera incluso lo que vimos en la película Gattaca. “En la película no se modificaban los embriones, sino que seleccionaban el mejor de todos ellos que es el que finalmente se implantaba”, subraya. “Eran embriones seleccionados, pero no eran embriones manipulados. En este caso se habla de intervenir, no con objetivos terapéuticos, sino con objetivos de mejora, que es un eufemismo de la eugenesia, algo que deberíamos haber desterrado”.  

Marfany recuerda que algunos filósofos intervencionistas, como Savulescu, proponen que en un futuro se deberían editar genéticamente hasta 10 o 12 genes en todos los embriones para disminuir la frecuencia de enfermedades más frecuentes. A su juicio, esta política, sin ninguna restricción bioética, permitiría que los padres pidan editar genéticamente a sus embriones para tener hijos que encajen con sus expectativas de vida, pese a que para las características complejas, la genética es solo parte de la ecuación.

Asociar este tipo de iniciativas con el proyecto Manhattan, de cuyo fatal resultado muchos físicos se arrepintieron, es, además, agorero y poco afortunado. “Quizás estamos a las puertas de una sociedad cada vez menos igualitaria y distópica”, concluye Marfany. “Y esto puede tener resultados inciertos e imprevisibles sobre el genoma humano y el futuro de nuestra propia especie”. 

Este jueves, la Corte Suprema decidió otorgarle prioridad y tratamiento especial a un caso testigo que deja en evidencia al Congreso ante la falta de una ley que afecta los derechos de las personas, el Congreso en donde actualmente se lleva adelante un proceso para juzgar e intentar destituir -sin chances, en el escenario actual- a los cuatro jueces del máximo tribunal.

Los magistrados Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la primera reunión de acuerdo del año; dictaron 207 sentencias, incluyendo un fallo a favor del propietario de tierras en Bariloche, Río Negro, que debía entregar tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, del Pueblo Mapuche, por una resolución oficial.

Los jueces también enviaron a través de sus voceros un mensaje de unidad interna a pesar del profundo enfrentamiento que los divide desde 2018 y decidieron que durante los próximos meses la Corte realizará una audiencia pública para tratar el vacío legal en un tema de alta sensibilidad, informó a elDiarioAR una fuente directa del máximo tribunal.

La Corte decidió que se meterá de lleno en el debate sobre embriones criocongelados y llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad, el Estado y el ámbito médico y privado expongan argumentos en pro y en contra de los derechos y límites de los derechos de los procreadores; sobre si los embriones tienen o no derechos; si pueden ser destruidos por pedido de los progenitores o deben ser conservados a pesar de que las personas que los crearon quieran que sean extinguidos. En resumen: cuándo empieza la vida y a partir de cuándo se es persona.

Muy lejos de la rosca política pero íntimamente ligado a la ciudadanía y a instituciones con poder propio, como la Iglesia y las clínicas privadas de fertilidad, o la comunidad científica, la Corte optó por un caso que puede regular un aspecto de la vida de los argentinos ante la ausencia de una ley que cumpla ese rol, es decir, llenando el vacío que dejan los diputados y senadores. 

Después del debate por la ley que legalizó el aborto, la problemática de los embriones y la eutanasia son dos cuestiones que atraviesan la vida de las personas y que en Argentina no tienen leyes que regulen los derechos o los límites de los derechos.

El máximo tribunal elige intervenir en este caso haciendo hincapié en la ausencia de una ley que el Congreso debería haber tratado hace más de siete años, cuando se sancionó en el Parlamento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tanto diputados como senadores nunca discutieron, explicó una fuente directa del Palacio de Justicia. En 2022, la Corte realizó audiencias públicas en otros casos que evidencian un vacío legal, como la despenalización del autocultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y el “derecho al olvido”.

El caso

La audiencia pública surgió a partir de un caso que llegó a la Corte hace al menos dos años. Se trata de una pareja que en 2015 realizó un tratamiento buscando donantes y obtuvo cinco embriones. Realizó la transferencia de dos de los embriones originados bajo tal procedimiento. Los otros tres embriones fueron criopreservados a la espera de que los dos trasplantados dieran resultado positivo. Finalmente, la pareja tuvo una hija.

Años más tarde, la pareja se separó y solicitó a la clínica privada que había realizado el tratamiento que interrumpa la criopreservación de los tres embriones, explicó a elDiarioAR una fuente directa de la Corte. Es decir, que se destruyan. 

Sin embargo, la clínica privada les respondió que no podía destruirlos sin una autorización judicial ante la ausencia de un marco legal. De acuerdo al contrato firmado por las partes, la relación contractual se termina sólo por muerte de algunos de los progenitores o falta de pago, y en ambos casos, los embriones son donados a un banco de embriones. 

La pareja acudió a un juzgado civil para que le exija a la clínica privada que interrumpa la criopreservación de los tres embriones y ponga fin a la relación contractual con la clínica privada, ya que la clínica se negaba a interrumpir el vínculo comercial.

La jueza civil de primera instancia rechazó el pedido de la pareja y se negó a autorizar la interrupción de la preservación de los embriones. La magistrada interpretó que los embriones cuentan con la misma protección de cualquier vida humana, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional y del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que los embriones “no son personas”.

La mujer apeló el fallo de primera instancia y llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que le dio la razón y revocó la decisión de la jueza, otorgando prioridad a los derechos reproductivos de la pareja. Además, los jueces determinaron que no requería autorización judicial para solicitar la interrupción de la criopreservación.

Entonces, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces llevó el caso ante la Corte Suprema y solicitó que el máximo tribunal zanje la cuestión ante la ausencia de una ley.

El caso de esta pareja no es aislado. Una búsqueda rápida por sitios de abogados y estudios jurídicos de familia y derecho civil demuestra la existencias de demandas y conflictos muy similares en varios puntos del país, donde los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones fallan de acuerdo a sus criterios en lugar de regirse por la ley, determinando soluciones completamente disímiles de acuerdo al juez que toque.

La Procuración General de la Nación ya está trabajando también en el caso. El procurador fiscal ante la Corte que se especializa en derecho privado, Víctor Abramovich se encuentra estudiando un dictamen para presentar la posición del Ministerio Público Fiscal sobre el conflicto, confirmó a elDiarioAR una fuente directa de ese organismo. 

La Corte aún no fijó fecha para la audiencia pública que se celebrará previo al fallo del máximo tribunal, pero será en los próximos meses, aseguró la fuente consultada en el Palacio de Justicia. ¿Por qué eligió esta causa, en medio de la avanzada del oficialismo que buscará exponer a los jueces por supuesto mal desempeño? La respuesta a la fuente consultada es que cuando la Corte elige un tema y le da prioridad y tratamiento especial por sobre otro busca sentar jurisprudencia para tribunales superiores de la Región, frenar un daño inminente, definir posición en un tema de interés jurídico o zanjar una controversia ante la falta de una ley, es decir, ante la inacción del Congreso. “Es como el caso de la coparticipación -la que originó la pelea con el Gobierno y el pedido de juicio político contra los jueces-. La Corte se mete porque la política tiene pendiente desde hace casi dos décadas sancionar una nueva normativa y no lo hace”, responde una fuente directa del tribunal. 

ED