–Amor, ¿vos tenés 15 o ya cumpliste los 16?

–No, tengo 15 todavía. Recién en agosto cumplo 16. 

–Ah, cuando nace la gordita. Che, hay que pensar en un nombre. ¿Qué nombres te gustarían?

–Yo pensé Natasha. Le quería poner Hilda, por el nombre de mi abuela, pero ese nombre lo tiene mi hermana.

–¿Y si le ponés Natasha Hilda? Si tu abuela es importante para vos... ¿O no? ¿Tu abuela es de parte de tu mamá? ¿Cómo te llevás con ella?

–Falleció cuando yo tenía siete años. Era más pegada a mi abuela que a mi mamá. 

Dos mujeres –una sentada, sonriente, de unos cuarenta años, y otra muy joven, de pie, con una carpeta en la mano y tomando notas todo el tiempo– interrogan a una chica flaquita y en pijama rosa, sentada en una silla destartalada del comedor comunitario de Barrio Mitre. Acá el frío se combate con mate y tortas fritas recién hechas. M, la chica del pijama, no se mueve de su rincón. Llegó hace un rato con su noviecito lleno de piercings y no se la ve demasiado feliz. La panza, oculta debajo del buzo, ni siquiera se adivina. Está de siete meses. En realidad, de “28 semanas y tres días”, apunta la chica parada frente a ella, que se llama Maricruz y no pierde un solo detalle de nada: toma apuntes, revisa un celular y mira a M fijamente. 

Aquí, en este mismo patio de contrapiso desnudo, María Rosa –la vecina a cargo del comedor, nacida y criada en Barrio Mitre, madre de siete– prepara y distribuye 80 viandas por noche. “Este es un barrio de gente humilde, casi todos son cartoneros. Está complejo todo. Y el consumo está instalado, como en todos lados. El tema de la droga y el del alcohol. Nosotros tratamos de acompañar a los chicos y de contener, desde nuestro lugar, hasta donde podemos. Ahora viene más gente que antes, no damos abasto”, cuenta. El municipio les lleva la mercadería y María Rosa la convierte en raciones para 190 personas. El comedor tiene ya 20 años. Cinco más que M, a quien la mujer sonriente sigue interrogando. 

–Contanos qué hacés en el día. ¿Vos te levantás y qué hacés? 

–Estoy mirando videos. Nada, estoy ahí, en casa. Al pedo. 

–¿Te gustaría ir a algún taller? Nosotros tenemos talleres. Una vez por semana  podrías ir dos horas a conocer ahí a mamás embarazadas del barrio, comer algo rico, escuchar otras historias. Te van a decir que sos valiosa, todo lo que podes aprender, hacer pulseritas .¿Te gustaría? 

La mujer que habla es María Emilia Carman, “Emi” para las nueve personas que la acompañan en su trabajo. Es la coordinadora del programa municipal llamado El Camino de la embarazada. Emi tiene un aire a la mujer que en 2018 militaba contra la ley de aborto repartiendo bebitos de plástico y, como ella, sonríe mucho, todo el tiempo. Su alegría parecería ser contagiosa; por algo todas las chicas que la acompañan sonríen igual. Del cuello de Emilia cuelga un medallón de San Benito y de su boca, muchísimas preguntas. Quiere saberlo todo de M: qué hace, qué no hace, con quiénes vive. A qué hora se duerme y se despierta. Si tiene abuela, tíos, mamá. Y qué come, sobre todo eso: qué come. 

–¿Estás yendo a la escuela, vos?

–Sí, pero no me querían. Como tengo casi como seis meses de panza... no te quieren de cinco para arriba

–¿Vos este año habías empezado el cole?

–Si, pero me mandan tarea a casa. No quieren que vaya por si me agarra… algo. 

El temor de los docentes se explica con sólo mirar a M: tiene los ojitos apagados, la piel amarillenta  y una flacura que la ropa holgada no consigue disimular. Tiene también, bajo la silla, una bolsa con turrones, alfajores, una banana y una mandarina que le acaban de dar “las chicas”, como ella les dice a las operadoras del programa. Pero Emi ya tiene, para cada problema, una solución. Le cuenta de los talleres que da el municipio, del programa Envión de apoyo escolar. Es apabullante. Y nunca, nunca se detiene.

–Escuchá: ¿a qué hora te acostás de noche?

–A las doce.

– ¿Y te levantas y desayunas?

–Sí, a veces. A veces me levanto y no queda nada. Son una banda los hijos de mi tía. 

–¿Y almuerzo?

–A veces hacen a la noche nomás de comer.  

–Pero si vos vas al Envión, ahí vas a tener para desayunar. Para desayunar y para almorzar, o sea que tenés cubierto para tu bebé, eso es re importante. Vos lo que tenés que buscar es un lugar donde puedas dedicarte tiempo a vos, donde puedas comer bien, donde te sientas cómoda. 

Pero lo más importante de todo, aclara, es que M esté en contacto con Maricruz, su acompañante perinatal, una chica morocha y seria que anota todo. Es ella, de hecho, la que sabe cuántas semanas faltan para el parto de M y hasta quien contesta cuando pregunto de cuántos meses está. Con esa chica, explica Emilia, M debe estar en contacto sí o sí. 

–Cualquier cosa, vos sabés que la tenés a Maricruz. ¿Vos le escribis a Mari? 

–Sí, sí.

–¿Le mandas mensajitos?

–Cambié el número 

–Pero ahora podemos tomarlo. Mira, acá Maricruz estaba en contacto con tu mamá porque vos no tenías celular. ¿Sí? Pero ahora ya tenés celular y, ¿Sos mamá o  no sos mamá? Sos mamá. Porque si tenés a tu bebé en la panza, ya sos mamá. Entonces, Maricruz puede empezar a comunicarse directamente con vos para decirte qué tenes que hacer. Vos le podes escribir, le podes decir “Mari, tengo tal turno”, o “Me fue bien”. ¿Entendés? Estas cosas que son de las mamás. 

M, 15 años, asiente. 

Mamá corazón

El Camino de la embarazada es un programa local nacido en 2016 como la respuesta del municipio a una realidad bien concreta: la mayoría de las gestantes, sobre todo en los barrios populares, llegaban a la sala de parto casi sin controles de salud. Funciona desde hace nueve años y operó aun en pandemia, cuando una camioneta con altavoces recorría los barrios instando al vecindario a avisar sobre la existencia de embarazadas en la cuadra. “Buscamos, detectamos y acompañamos a mujeres que por algún motivo no controlan su embarazo. Gracias a este programa tuvimos mortalidad materna 0 en 2020”, twitteaba desde su cuenta personal Pablo De la Torre, por entonces funcionario de Salud en San Miguel. Pocos años después, con la llegada al poder de Javier Milei y de la mano de la ministra Sandra Pettovello, De la Torre saltó al nivel nacional: quedó al frente de la Secretaría Nacional de Infancia, Adolescencia y Niñez (SENAF), de la que sería excluido a principios de 2024 en medio del escándalo por la distribución de alimentos a los comedores populares.

Declarado el 10 de mayo de 2018 como “municipio pro vida” por su Concejo Deliberante, San Miguel es – junto a Capitán Sarmiento– uno de los dos últimos municipios que aparecen en rojo en el mapa de acceso al aborto legal en l provincia de Buenos Aires. Esto es, uno de los territorios en donde el derecho a interrumpir un embarazo, amparado por una ley nacional promulgada hace cuatro años (la 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo) no se cumple y fuerza a niñas y mujeres a dos situaciones igualmente violentas; viajar para abortar o resignarse a gestar contra su voluntad, como en El cuento de la criada. 

Por algo en la presentación oficial de El camino de la embarazada, hace ya nueve años, se hablaba de un “acompañamiento cálido y cercano”. Con el tiempo, tanto la terminología como la retórica fueron mutando. Hoy el verbo utilizado es “detectar”, al tiempo que se hacen “operativos” y “rastrillajes” en busca de gestantes. Estos últimos consisten en recorrer un determinado barrio casa por casa, consultando si hay en la familia –o si se conoce– a alguna embarazada. Este rastrillaje se hace el día anterior a la llegada del operativo, como para ir sobre datos seguros y actualizados. “Lo que estamos haciendo hoy se llama operativo. Lo hacemos martes y jueves, en distintos lugares. Emi se encarga de hacer una logística y de ver qué barrio elegimos”, explica con una sonrisa enorme Dolores, una chica que se presenta como “acompañante perinatal. Nosotros acompañamos, sacamos turnos… Es como una asistencia medio psicológica también porque hablamos las 24 horas del día con las mamás. Las tenemos por el celular entonces hablamos todo el tiempo. A veces se sienten mal, hay veces que están tristes, entonces capaz necesitan que alguien las escuche. También hay muchas mamás criando en soledad. Siento que está muy bueno el programa porque nosotras las acompañamos un montón. Hay veces que te llaman a cualquier hora. Capaz son primerizas y tienen miedo. Entonces te llaman por cosas que las asustan pero son parte del embarazo”, explica. 

–¿Vos sos mamá?

–No. Tengo 21.

–¿Sos psicóloga?

–No,  estoy estudiando Obstetricia. Entonces, más o menos entiendo todo. Acompañamos a las mamás en todo eso que es más psicológico capaz. Que es lo más importante, creo yo, porque hay muchas madres adolescentes también. Yo tengo una mamá de catorce años que acompaño. Otra de quince…Y bueno, ellas necesitan más que nada del acompañamiento –dice. Y sonríe. 

Los operativos se realizan por la mañana –de 9.30 a 12.30– en todos los barrios del partido pero con especial énfasis en las barriadas populares como Barrio Obligado, Barrio Mitre o Santa Brígida. Esos días, en esos horarios, un móvil identificado con el logotipo de la municipalidad se estaciona en algún punto concurrido del vecindario y las embarazadas se acercan a hacerse controles y ecografías. En el interior del móvil hay un ecografista y una obstetra. Llega con él una bandada de chicas sonrientes, muy jóvenes todas, que bajan con bolsas, conservadoras, cajas con frutas, papeles. Como el trineo de Papá Noel, sólo que sin renos. Son, como Dolores, las denominadas “acompañantes perinatales”.  “Las que tienen delantal son las chicas de la UCA. Está buenísimo que vengan porque nos dan una mano. Les toman la presión a las embarazadas y a veces les dan charlas también para concientizar porque hay muchas en consumo. O vienen de seis meses a hacerse el primer control. Eso es una locura”, cuenta Dolores.

El sueño de poder elegir

Según el informe de gestión 2024, se asistió a 560 embarazadas durante esas visitas y realizó 294 ecografías. El ingreso al programa se basa en una serie de criterios, tanto sociales como sanitarios. Un criterio social es “ingreso por debajo de la canasta básica”, otro es “situación habitacional crítica” y otro es “madre criando en soledad”. Hay más. Un criterio sanitario es la ausencia de controles. Otro, la “falta de aceptación del embarazo”. Se consigna, de hecho, que 1 de cada 4 embarazadas acompañadas por el programa no quiere estarlo, más de la mitad (65%) no llega a cubrir la canasta básica y 1 de cada 4 tiene antecedentes de consumo. En 2024 hubo 78 operativos. 

El Diario AR participó –entre abril y mayo de este año– de tres de esos operativos. Uno tuvo  lugar en un centro de salud, otro en un comedor dependiente de la municipalidad y el tercero fue en la plaza central de San Miguel, frente a la iglesia y de espaldas a la estatua de Sarmiento que, desde la altura, parece retar a todos los que pasan. A metros de ahí, en diagonal, otro busto –el del “Che” Guevara– fue perdiendo la cara de ataque en ataque, de martillazo en martillazo. Hoy, si no fuera por la placa al pie, sería difícil reconocerlo. Y no por casualidad. San Miguel, municipio alguna vez bautizado como “el Tucumán del conurbano”, es un territorio marcado por la presencia eclesiástica y militar: el Colegio Máximo de los jesuitas, por un lado,  y Campo de Mayo, por el otro, son los dos ejes entre los que queda encerrado todo lo demás. 

“Nosotros trabajamos con UNICEF en San Miguel y hace muchos años, cuando llegó De la Torre al municipio, nos echó. Echó a UNICEF porque ya estaba en contra de todo lo que tuviera que ver con la igualdad de las niñas, con la protección que tenían que tener las niñas y menos que menos en relación a la educación sexual integral”, afirma la doctora Mabel Bianco, directora de FEIM. “Lo único que va a hacer es apoyar a las embarazadas, hacer un seguimiento de ellas para que (si alguna quiere interrumpir ese embarazo) sea rápidamente ubicada y disuadida. Lo único que quiere es que lleguen al nacimiento. San Miguel es un municipio que está alambrado, no deja entrar a nadie. Es uno de los municipios con peores indicadores en cuanto a salud de mujeres y niñas.  Es terrible y lo peor es que querían llevar a Nación todas esas barbaridades que planteaban”, dispara. 

En la misma línea habla una ex trabajadora de la salud que pide reservar su nombre por cuestiones de seguridad y que se desempeñó por años en el centro de salud del Barrio Obligado. Desde esa experiencia, explica que “el gobierno sanmiguelino está, desde siempre, copado por el Opus Dei. Desde esa perspectiva, el derecho no está ni siquiera en el discurso. La palabra ”derecho“ no existe. No existe”, insiste. Y agrega que “lo que sí hay es la perspectiva religiosa y por eso la anticoncepción no está bien vista. Se vencían los anticonceptivos en atención primaria de la salud. Lo que pasa es que para que funcione el programa de salud sexual y reproductiva vos tenés que ir a ofrecerlo, no esperar que vengan. Y eso no sucede. Recuerdo una anécdota tremenda: cae una piba con un bebito y con el que sería su compañero. Y con una vocecita muy finita, dice que viene a buscar un anticonceptivo. Entonces la administrativa comenzó: ”¿Y cuál es tu apellido?“, ”Pero, ¿cuál es la pastilla que tomás?“. ”Bueno, tenés que venir cuando venga la médica porque yo acá no encuentro cuál es la que tomás“. Y la piba, con todo lo que le había costado ir a buscar esa pastilla, pegó media vuelta y se fue. ¿Cómo quieren después que no se embaracen?”

A es una chica desconfiada. Es martes, estamos en pleno operativo y esta cronista intenta –en vano– charlar con alguna embarazada. Sistemáticamente, es acercarse a alguna y que aparezca alguien del programa a llevársela rápidamente a algún otro lado. Pregunto si podré conversar con alguien. “Podes hablar siempre que no sean menores”, advierte una acompañante perinatal. Notable: contra lo que dice la Organización Mundial de la Salud (OMS), para la que la mortalidad materna es una de las tres principales causas de muerte entre las adolescentes de entre 15 y 19 años, en San Miguel las menores pueden gestar y parir sin problemas. Hablar, no. Por suerte, A no es menor de edad y espera, en una sala del centro, pasar al consultorio de la obstetra. Está embarazada “de muy poquito: nueve semanas” pero ya está siendo “acompañada” por el programa. Es madre de la nena que revolotea a su alrededor chupando la mandarina que acaban de regalarle. A. me muestra sus pequeños trofeos, en una bolsa: “Me dieron un turrón, galletitas y hasta un huevito de Pascua”, dice. Cuenta que además tiene otro hijo, un nene de siete. “Lo tuve a los 15, no disfruté nada. Me junté muy chica, me embaracé muy chica”. Perdió a su mamá a los seis años y a su papá poco tiempo después. La criaron entre una abuela y un tío. No pudo terminar el colegio. Con el padre de sus nenes estuvo un tiempo; hoy vive con ellos y no tiene trabajo. La historia es calcada de otras mujeres de este programa: empobrecidas, sin grandes recursos educativos, sin trabajo y con pocos o ningún referente afectivo. A la intemperie. 

Se las arregla, cuenta A, con “la asignación, pero con dos chicos y otro más en camino, no alcanza para nada. Yo recomiendo mucho El Camino de la embarazada porque te ayudan mucho con los turnos”, dice, como de memoria. Le pregunto entonces qué le gustaría para sus hijos. Me mira, seria. “Todavía son chicos, pero lo que ellos quieran va a estar bien. Eso me gustaría: que puedan elegir”. 

Con las mejores intenciones  

Jueves radiante en el centro de San Miguel. Hoy el operativo sucede en la plaza y coincide, me cuentan, con el Día Internacional de la familia. Hay mucha gente y muchas fotos. El equipo entero posa con una bandera que reza “Cuidar la familia es cuidar la Patria” y conversar con alguna embarazada se vuelve cada vez más difícil. Hasta que una chica muy jovencita y con cara de susto acepta la charla. Tiene entre sus manos la carpeta celeste y rosa con la que se recibe a cada nueva embarazada. En la tapa, la silueta de una mujer sosteniendo su propio vientre, el sello de la municipalidad y unos renglones vacíos como para completar: “Esta carpeta pertenece a…”. Pero la ilusión duró sólo un instante: en tres minutos aparece una acompañante perinatal rubia y de pelo largo a explicarme que no. “Ella no quiere hablar. Lo que pasa que es tímida. Te dijo que sí, pero no. Así que no”, anuncia, y sonríe. Busco entonces a otra embarazada y de nuevo lo mismo, sólo que con otro pretexto. “Esta chica no, es muy rebelde. Yo te voy a buscar con tiempo una con la que puedas hablar, una que conozca bien cómo es el programa”, se acerca entonces a explicar Emilia. Esta periodista se impacienta: “Vine a buscar voces y datos. Pero quizá éste sea el dato: que no pueden hablar”, digo. Por primera vez, Emilia deja de sonreír y se pone seria. Hay una tormenta armándose ahí, a la altura de su frente, pero termina bien: veo a una señora grandota sentada en la plaza junto a su hija, le propongo la nota a ella directamente y acepta. Hasta hace un rato, las dos lloraban por turnos: un poco la chica, otro poco la mamá, sentadas las dos frente a Emilia y a dos acompañantes de “Camino”, como le dicen todos. Se secaban las lágrimas con las palmas de las manos. Ahora, me cuenta la mujer, ya están mejor. Más tranquilas. “Y todo gracias a las chicas, porque me consiguieron todos los turnos. Pasa que ella se quedó embarazada y tiene muchos problemas. De adicción y ahora le detectaron que tiene un problema neurológico. Tengo mucho apoyo, mucha contención. Porque ellas me están ayudando en todo. ¡No sabés todo lo que anduve para conseguir un turno para el neurólogo, para el psiquiatra! Y hoy me lo consiguieron. Me voy aliviada porque ella tiene todos los turnos”. “Ella” es B, la menor de sus siete hijos. Una chica jovencita con un buzo de capucha negra que se baja constantemente hasta taparse casi toda la cara. Desde ahí asoma cada tanto, curiosa. Y sonríe. 

“¿Por qué no te dejan hablar con la gente?”, pregunta la señora apenas las funcionarias del programa se alejan un poco. Le digo la verdad: que no sé. “A mí me hace re bien hablar, me alivia. Ella está de cuatro meses. No quería venir pero anoche eran las 11, 12 de la noche y la pobre P estaba llamando, ”Que mañana B no se olvide el turno, B, veni que te voy a esperar“. Hoy, de nuevo: ”B, por favor hoy vení, que te estoy esperando“. B no quería venir pero ella la acompaña, la convenció para venir” cuenta, contenta. P es la acompañante perinatal de B, la chica que –hasta el día del parto– no debe perderle el rastro ni a sol ni a sombra.

Además de turnos y compañía, “las chicas” están ayudado a la señora (que tiene otra hija con discapacidad) a obtener el Certificado Único de Discapacidad (CUD) también para B. “Eso la va a ayudar muchísimo”, se entusiasma la madre. “Y si hablo con la psiquiatra voy a pedir que le hagan una ligadura de trompas porque no vaya a ser que un día se me escapa y vuelve a quedar embarazada. No puede. Porque si no está apta para criar un bebé, si no está apta para tener un bebé, ligale las trompas porque no va a estar apta nunca para tener un bebé”, razona en voz alta. Le cuento que, por ley, su hija podría acceder a una interrupción pero ni lo considera. “Yo soy anti aborto. Ella dijo que no quería tener. Pero en este caso el psiquiatra dijo que ella no puede tomar ninguna decisión. Igual ya ahora no se puede interrumpir el embarazo. Está muy avanzado. Crié siete, voy a criar una nieta más. Es así: caerse, levantarse y seguir. Hoy estaba en un pozo porque andaba buscando los turnos para el psiquiatra porque ya no sé qué hacer. ¡Y ahora me consiguieron el turno!”, celebra. B sonríe. Le pregunto entonces a la chica qué le gusta hacer. Asoma un ojo desde la capucha. “Estar acostada. Durmiendo. A veces estoy con el celular, mirando Tik Tok. Miro la tele y a veces tomo mate con mi papá o con ella. Tengo dos perros y dos gatos. Y una gata.  Los perros la corren por todos lados, ¡y ella se escapa!”,  dice. Y se ríe. 

Este reportaje fue realizado con el apoyo de la International Women’s Media Foundation (IWMF) como parte de su iniciativa de Derechos Reproductivos, Salud y Justicia en las Américas.

DTC

Gozar de buena salud es de esas condiciones que muchas personas tenemos el privilegio de dar por sentado. Muy pronto en nuestras vidas se nos hace evidente el dolor, la preocupación, las complicaciones que genera la afectación de la salud propia y la de aquellas personas que queremos, que cuidamos, de quienes nos sentimos cerca.

El 28 de mayo es el Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres y la fecha es un pretexto para pensar, en especial durante este mes, de qué manera se apoyan las mejores condiciones para la prevención de las enfermedades, los controles de salud y el tratamiento de la salud de las mujeres. En definitiva, atender la salud es la mejor manera de proteger la vida.

Entre las múltiples causas de enfermedad y muerte que afectan a las mujeres, aquellas vinculadas con la salud sexual y reproductiva se relacionan también con el ejercicio de otros derechos. La decisión de formar una pareja, de disfrutar de la sexualidad, eventualmente planificar una familia, protegernos de enfermedades prevenibles, abordar las consecuencias de la violencia sexual, son aspectos donde confluyen los derechos y la autonomía. ¿En qué condiciones están las mujeres de nuestro país para acercarse a esos derechos, para proteger su salud, para llevar adelante su plan de vida?

La posibilidad de planificar la reproducción de manera eficaz y segura fue una de las grandes revoluciones de la ciencia y la sociedad durante el siglo XX. La accesibilidad de información y la disponibilidad de los medios anticonceptivos para lograrlo, permite a las personas plantearse cuáles son sus deseos para lo más íntimo de sus vidas: la decisión de conformar una familia, del modo, en el momento y con los vínculos afectivos que queramos.

En Argentina, ese espacio de libertad se logró de manera relativamente reciente. Debieron pasar veinte años luego de recuperadas las instituciones democráticas para que, recién en 2002 y tras muchas demoras, se aprobara la Ley 25.673 de Creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. La distribución de métodos anticonceptivos se extendió a nivel nacional, impulsada por iniciativas previas pioneras como la de la Ciudad de Rosario. Este acceso se consolidó como un derecho para mujeres y varones mediante una ley nacional y un programa del Ministerio de Salud. Posteriormente, se promulgaron normativas adicionales que mejoraron las condiciones de vida de las mujeres en edad reproductiva. En los últimos años, la distribución de métodos anticonceptivos de larga duración, como DIUs e implantes, aumentó un 17% entre 2020 y 2023. Son métodos valorados por tener una altísima eficacia ya que son reversibles y prácticos.

El Plan ENIA, una política pública exitosa para revertir la reproducción intergeneracional de la pobreza, acercar información, métodos anticonceptivos y acompañamiento en las decisiones reproductivas de adolescentes y jóvenes, permitió disminuir de manera significativa el embarazo no intencional en la adolescencia. Desde 2018 hasta 2023, se implementó en 36 departamentos de 12 provincias del Noreste (NEA) y del Noroeste (NOA) y en la provincia de Buenos Aires, priorizados por la magnitud del problema. Durante 2020, brindó asesoramiento a 21.958 adolescentes, principalmente a través de asesorías virtuales debido a las medidas de aislamiento durante la pandemia. Este número aumentó a 32.517 en 2021 y alcanzó los 40.720 en 2022, casi duplicando la cantidad de adolescentes asesorados en comparación con 2020. 

Al ser un dispositivo intersectorial logró vincular de manera efectiva a las escuelas, los servicios de salud y espacios comunitarios, generando un abordaje que trascendió las barreras tradicionales y promovió un enfoque integral de la salud adolescente. En 2018, 7 de cada 10 embarazos en adolescentes de entre 15 y 19 años eran no intencionales y la cifra aumentaba a 8 de cada 10 embarazos en niñas menores de 15 años, la mayoría como consecuencia de situaciones de abuso sexual y violación. Para 2021, se lograron reducir estas estadísticas a 5 de cada 10 embarazos no intencionales en adolescentes de 15 a 19 años, y a 7 de cada 10 en niñas menores de 15 años. Según datos del Proyecto Mirar, entre 2018 y 2021 la Tasa Específica de Fecundidad Adolescente en los segmentos de 10 a 14 años, 15 a 19 años y 10 a 19 años se redujo prácticamente a la mitad (43%, 45% y 49% respectivamente). 

Sin embargo, la situación cambió drásticamente desde diciembre del 2023. El presupuesto del programa destinado a salud sexual y reproductiva es el más bajo desde su existencia: representó un 1,29% del gasto ejecutado por el Ministerio de Salud en 2023, un 0,19% en 2024 y en 2025 se proyecta que sea un 0,7%. Esto significa menos insumos para prevenir embarazos no deseados que, para las y los adolescentes, es una de las principales razones para abandonar la escuela. Significa también menos herramientas para prevenir infecciones de transmisión sexual, menos recursos para abordar situaciones de violencia y abuso intrafamiliar que sufren miles de niñas y niños en todo el país. Además, significa que las mujeres enfrentan más obstáculos para planificar un proyecto de vida en libertad y decidir si quieren ser madres o no, cuándo y con quién. 

No se trata solo de comprobar la desjerarquización del Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable sino de la absoluta desatención del Estado nacional respecto de las condiciones de vida de la población, especialmente de las mujeres en el país.

El costo de no invertir en prevención es significativamente mayor que los fondos destinados al Plan ENIA: según un estudio del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el Estado argentino utiliza U$S 200 millones al año para afrontar los costos asociados con la atención de embarazos y partos no deseados en adolescentes. En contraste, el financiamiento del Plan ENIA representa solo U$S 17,7 millones. El mismo estudio señala que el Estado podría ahorrar cerca de 140 millones de dólares mediante la prevención de estos embarazos, lo que equivale a ocho veces la inversión en el Plan ENIA. 

Cuando los números adquieren nombres y rostros, vemos miles de adolescentes que interrumpen sus estudios, que ven su salud en riesgo y que sienten que no hay Estado que las respalde. Y esa situación no nos pasa desapercibida como comunidad: 7 de cada 10 personas cree que el Estado debería involucrarse y/o invertir en facilitar información y métodos de prevención de embarazos e ITS, y brindar educación sexual integral, según el Informe Puntos de vista. A su vez, 5 de cada 10 personas considera que interrumpir un embarazo en condiciones seguras, que las adolescentes puedan prevenir un embarazo y que haya una distribución más igualitaria de las tareas de cuidado en el hogar son situaciones que afectan positivamente la vida de las personas.

El 28 de mayo es más que una fecha en el calendario. El Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres es una oportunidad para evaluar la asignación de recursos y la promoción de las mejores condiciones para gozar del derecho a la salud: la atención y el acompañamiento cuando hace falta, la prevención y el bienestar siempre. Debatir la distribución de recursos públicos no puede pasar por alto la responsabilidad central del Estado: un país federal no es sinónimo de la habilitación de un ‘sálvense quien pueda’. Invertir en salud sexual y reproductiva es la mejor estrategia de prevención, eficiencia y garantía de no discriminación.  

DTC

Las flechas marcan un camino truncado. Son calcomanías en el piso del hospital principal de la segunda ciudad de Salta, Orán. El Hospital San Vicente de Paul es una estructura imponente, con un gran techo de sombra que sobrepasa módulos de atención médica, como si fueran los ladrillos Lego que los arquitectos usaron para imaginar el diseño en los años 70.  Las flechas aparecen en la entrada, cruzan el vestíbulo, y paran en una puerta con un cartel que dice “Salud Mental”.  

Silvia Alanis conoce el camino, y la historia detrás de estas flechas que, de algún modo, está también detrás de ese mismo cartel. La psicopedagoga lo da vuelta: “Asesoría En Salud Integral para Adolescentes.” No todo lo que se pierde desaparece sin dejar rastros. Alanis es testigo de esto. 

Esa vendría a ser la historia del Plan ENIA, un plan de prevención de embarazo no intencional en adolescentes. Ya es conocida la decisión del gobierno de Javier Milei de vaciar el programa de fondos. En marzo se supo que 600 de las personas que trabajaban en ese programa serían despedidas. Pero bajo las pinceladas de la austeridad, hay personas, con historias y experiencias tangibles que se han perdido en el avance de la motosierra. 

Salta, en el norte argentino, es una de las provincias con mayor tasa de embarazo adolescente. Estaba dentro de la lista de 12 provincias donde se aplicó el plan ENIA en 2018 justamente para contrarrestar esa situación. Entre 2018 y 2021 el nivel de embarazo entre adolescentes de 15 a 19 años se desplomó en las 12 provincias donde funcionó el programa: pasó de 53 a 29 partos por cada 1.000 jóvenes. En comparación, en las otras provincias donde no operaba ENIA, bajó de 40 partos a 23 durante el mismo período.

Alanis es una psicopedagoga de 40 años que regresó a su ciudad natal, Hipólito Yrigoyen, con su hija adolescente y que se encontró haciendo lo que podría considerar ahora su vocación: escuchar y hacer de nexo con las instituciones a los jóvenes que sentían que no tenían ningún a quien recurrir para hablar de asuntos vinculados al sexo. 

Durante tres años Alanis dividió 30 horas a la semana entre dos escuelas secundarias de la zona y un hospital local. En las escuelas consultaba con los docentes sobre talleres que podrían ser de interés para los adolescentes, con temáticas como violencia de género, relaciones tóxicas o anticoncepción. Afuera de una oficina austera fijó un cartel con sus horarios de disponibilidad; una puerta para generar una sensación de privacidad con adolescentes que buscaban su consejos.

La gran mayoría de las personas que la buscaban eran mujeres jóvenes, y generalmente sus consultas eran sobre cómo practicar sexo seguro. El chip, como se conoce a un método anticonceptivo hormonal implantable, fue un tema de consulta habitual. El trabajo de Alanis no consistía en sugerir una u otra opción, sino en presentarles a los jóvenes las posibilidades y luego facilitarles citas en el hospital o centro de salud local para que pudieran tomar una decisión con una enfermera o un médico.

“La asesoría se suele iniciar con prevención del embarazo adolescente, pero en el camino vamos viendo que a las mismas adolescentes, chicas, chicos, los atraviesan otras cuestiones que tienen que ver con violencia en la casa, con autolesiones o abuso sexual también”, dice Alanis. “Empezamos a ampliar la mirada.” 

Su trabajo la llevó a interactuar con el sistema judicial. Recordó el caso de una madre que llegó al hospital preguntando si Alanis podía hablar con su hija, que amenazaba con escaparse. Vivían con un tío que tenía una discapacidad y con quien la niña, que entonces tenía 13 años, no se llevaba bien. La niña dijo que el hombre la seguía y le decía que era suya. Alanis presentó una denuncia ante la policía, que investigó. El tío fue acusado, fue a juicio, fue declarado culpable de abuso y encarcelado.

El trabajo también incluía acompañar a estudiantes que decidían llevar a cabo un embarazo. Recordó el caso de una niña de 16 años que no quería decirle a su madre que estaba embarazada porque temía que la mujer la obligara a abortar. Alanis dejó en claro a las jóvenes que estaba allí para apoyarlas en lo que decidieron hacer. “En ese espacio se generó un clima de confianza, muchas hablaron de cosas que les habían pasado cuando eran más jóvenes, casos de abuso sexual que habían sufrido en algún momento”, apunta. 

Generar confianza fue clave. Al principio, a los estudiantes les preocupaba que Alanis terminará revelando lo que compartían con ella a otros adultos, maestros o sus padres, pero ella les aseguró que, a menos que su salud estuviera en riesgo, no rompería su confianza. Por estos días, una pregunta la persigue: “¿A dónde van ahora estas niñas, estas jóvenes? No sé si tienen algún lugar”, se preocupa. 

Iván Naranjo, un ex trabajador del programa ENIA en Salta capital, se hace esa misma pregunta. Para Naranjo era importante estar en un espacio público, por eso instaló una mesa en el patio de las escuelas, donde tenía pancartas, folletos y juegos de verdadero o falso que jugaba con los estudiantes para despertar su interés en el tema o para romper el hielo.

Trataba de aprovechar las oportunidades para ampliar el material: si una pregunta del juego tenía que ver con el preservativo, también mencionaba que el preservativo es el único método anticonceptivo para prevenir las infecciones de transmisión sexual. “A veces tenía preservativos y cuando los tenía, me duraban dos segundos”, cuenta. “Lo principal era escuchar y luego poder dar información.”

“Uno siente tantas cosas, rabia, pena” por la pérdida del programa, señala. “Yo no diría que no hay acceso porque no estoy o porque no está el Plan, pero se perdió un recurso muy valioso que lo hacía más directo y además era un espacio más para adolescentes que ya no existe”, señala.

La pregunta entonces es qué sucede ahora. En Salta, por lo menos, no hay señales de que se hayan contratado de nuevo a trabajadores para ejecutar el programa. La provincia sigue con capacitaciones de ESI para docentes, pero el equipo que se dedicaba a esa tarea también fue recortado. Alanis recibe llamadas y mensajes de jóvenes que todavía la consideran una persona en la que pueden confiar. Es un trabajo que hace ahora sin remuneración, pero que continúa porque lo considera gratificante. Y también porque quiere que las jóvenes terminen en buenas manos. 

Un par de esas manos pertenecen a Elizabeth Corro, trabajadora de salud del Hospital Eva Peron en Hipólito Yrigoyen. Trabajó en estrecha colaboración con Alanis cuando ella formaba parte del programa ENIA, y las dos se convirtieron en aliadas cercanas en la búsqueda de mejores resultados en materia de salud reproductiva para adolescentes locales. Cuando se ven ahora, se saludan como hermanas, abrazos fuertes en la puerta de la pequeña oficina en el hospital donde reciben a pacientes.

Corro comenzó a trabajar en el hospital en 2009, cuando dijo que observó una “crisis” de embarazos adolescentes. Hubo un aumento repentino de niñas menores de 19 años que estaban en su segundo o tercer embarazo. Corro dijo que antes de la implementación del Plan ENIA, aproximadamente 30 de cada 100 mujeres embarazadas en el hospital eran menores de 19 años. Ahora dice que son 10 u 11.

“Esta reducción no ocurrió porque yo impusiera el implante, sino porque ellas tenían el conocimiento para decidir”, dice Corro, que reconoce el trabajo de Alanis por crear el “nexo” para que las estudiantes pudieran ir al hospital sin sentir vergüenza.

“Es un terrible paso atrás”, dijo sobre el cierre del programa, señalando que las estudiantes solían actuar como enviadas de información para sus familias, en particular otras mujeres, que aprendían sobre nuevos métodos de control de embarazo a través de ellas.

Desde la eliminación del ENIA, Corro asumió algo de lo que hacía Alanis, yendo a visitar escuelas para brindar parte de la educación sexual que solía brindar el programa. Esto se suma a sus tareas habituales en el hospital.

Hizo su primera visita a una escuela recientemente armada con una caja de preservativos. “Vamos a jugar”, les dijo a los estudiantes, indicándoles que se llevaran los preservativos a casa, los abrieran y practicaran. “Lo único que va a garantizar que los usen es la práctica”, explica.

Corro no está segura de la frecuencia con la que visitará la escuela el próximo año, y señala que también hay recortes en el sistema de salud en general. “Están reduciendo nuestras horas”, dijo. “Mi trabajo se ha duplicado”.

Alanis observa cuánto ha cambiado desde que ella era joven. Eso fue algo que siempre recalcó a los jóvenes durante su labor con ENIA. “Nadie me habló de métodos anticonceptivos”, señala. Y si bien hay amplia evidencia de que las mujeres están adquiriendo mayor autonomía sobre sus cuerpos y sobre sus propias decisiones de vida, en el norte, dice, todavía es difícil.

Este trabajo es parte de una serie, realizada gracias al apoyo del Pulitzer Center.

Finales de 2024. En tierras argentinas, bajo un sol tremendo, algo todavía se expande de norte a sur, de este a oeste. Son muchos kilómetros para abarcar pero aún así llega a cada rincón del país, a cada ciudad, a cada paraje, a cada pueblo y a cada capital. Un cambio radical en la concepción del Estado: hay discontinuidad y cambios en políticas que afectan especialmente a las mujeres y jaquea particularmente el acceso a sus derechos sexuales y (no) reproductivos. No es nuevo. Este backlash antifeminista tiene un sabor conocido y amargo que se diluye en la boca. Con sus tintes apocalípticos, para muchas personas la realidad luce como una obra de ciencia ficción, pero no lo es. Entonces, tratamos de entender cómo se configura esta realidad. 

¿Cómo impacta en los cuerpos el avance del capitalismo neoliberal? ¿Cómo se caracteriza el sujeto contemporáneo portador de los discursos de odio? ¿Cuáles son las lógicas sociales, políticas y económicas que modelan este presente? Mediante diversas perspectivas, desde la sociología, las ciencias políticas, y los estudios feministas, intentaremos observar de cerca los hilos de este tejido desordenado, ver por dónde entran las luces en esto que para muchos es una noche larga. 

Las lógicas de la imposición capitalista: violencia, incertidumbre y shock

Soledad de León, trabajadora social, docente investigadora de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, especialista en Justicia de Género y Políticas Públicas, camina por las calles de Tilcara en Jujuy; avanza por la ciudad de colores terracota y de sol. Viene de un encuentro en red de mujeres técnicas que nació en los noventa, que trabaja en zonas rurales con mujeres campesinas indígenas. Soledad de León dice que es importante poner la situación nacional en el contexto global: “Hay que intentar comprender el momento histórico global que estamos viviendo y no pensar que lo que pasa en Argentina, especialmente con el cuerpo de las mujeres y determinados colectivos y comunidades, es algo desgajado de lo que sucede en otras dinámicas. Estamos en un contexto de avance de la derecha. Esto que estamos viviendo acá ya sucedió en otros países, son varios procesos en nuestra región que han transitado realidades parecidas”. 

Cita a la antropóloga feminista Rita Segato: “Ella habla de este momento como un momento apocalíptico del capital. Nos encontramos frente a un escenario de hiperconcentración de la riqueza en manos de unos pocos, con mayor desigualdad, y mayores sectores del mundo que se encuentran cada vez más precarizados, con imposibilidad de imaginar un proyecto vital vivible. Las cifras dan cuenta de esto: según el informe que hace Oxfam (una confederación internacional de ONGs) cada año, desde 2020 hasta ahora, los cinco hombres más adinerados del mundo han duplicado su fortuna mientras enormes porcentajes de la población se están viendo empobrecidos. La violencia y la avanzada de la derecha en la figura de Milei en la Argentina se da en este contexto global y mundial. Y para el capital siempre fue clave avasallar a las mujeres”. 

Preguntas desde el feminismo académico 

¿Cómo socava un Gobierno los derechos de las mujeres? Por ejemplo, hace esto: desfinancia el Plan ENIA que había logrado reducir un 50% el embarazo adoelscente. Hace también esto: recorta el envío de insumos a las provincias para acceder al aborto legal. O se expresa con una violencia feroz en contra de la implementación de la ESI en las escuelas, que permitió que las niñas y niños en las aulas pudieran darse cuenta si sufrían abusos. O hace un encuentro para formadores de docentes con Teen STAR, una ONG ultra conservadora que promueve la abstinencia como método primordial para la prevención del embarazo. O disminuye drásticamente el presupuesto del plan Acompañar que apoya económicamente y de forma temporal a mujeres en situaciones de violencia de género. En Argentina todavía matan a una mujer cada 36 horas por violencia machista. 

De León apunta al individualismo como uno de los sostenes de la lógica capitalista. En eset punto, las agrupaciones de mujeres van a contramano. “Las mujeres somos muchas veces las promotoras de lo comunitario. Somos las que defendemos los territorios, en defensa del agua, de los cerros, de lo que nos permite estar vivos. Estas luchas están lideradas por mujeres. Las ollas populares en los barrios están lideradas por mujeres. Cuidamos y sostenemos la vida y no porque se nos ha impuesto ese rol, sino que lo hemos resignificado, politizado y lo defendemos porque entendemos la importancia de sostener la vida”. 

En “Provocar lo incierto: violencia y modulación en el proceso de Milei”, artículo publicado en el Volúmen 9 de Cuadernos de Coyuntura de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Córdoba, titulado “Lo que está en juego. Reflexiones y propuestas para la defensa y la construcción colectiva de derechos”, de León señala que “podríamos reconocer que nos encontramos vivenciando un continuum de violencia, con explícita modulación del tiempo como estrategia coercitiva, generando esta sensación de que por momentos tomamos aire. Esto significa que nos encontramos ante una incertidumbre producida, un estado de confusión y pérdida temporal generadas, que buscan limitar o debilitar nuestras posibilidades de respuestas de y resistencia”.  

Y con la violencia llega la parálisis. El shock después de los golpes. La anestesia. 

Hace décadas existía una revista de poesía, hoy mítica, llamada 18 Whiskys. Allí escribió el poeta chileno Juan Luis Martínez en 1990: “En otro lugar y también aquí mismo se ha dicho lo que se dice aquí: (hay algo que avanza y eso que avanza es el lento y pesado avance de algo que podría ser algo como un cuerpo sobre algo que podría ser algo como un alambre)”. En 2024 hay quienes volvemos a sentir que hay algo pesado que avanza y que corta. Pero este  avance no es lento: parece tener la velocidad de armado de una tormenta de verano.

Los “nuevos patriarcas odiantes”

¿Cómo se configura el perfil de los varones que ostentan el poder? En el artículo “Los nuevos patriarcas odiantes: abordajes feministas descoloniales para comprender la época”, Gabriela Bard Wigdor y Paola Bonavitta analizan “cómo se construyen ciertas masculinidades presentadas como poderosas y libertarias, que, además, abonan a derechas conservadoras, religiosas y neoliberales, que promueven discursos de odio y la restricción de los derechos adquiridos”. 

Las investigadores señalan que “estos referentes masculinos contribuyen a engrosar narrativas de culpabilización de las mujeres y disidencias sexo-genéricas por los supuestos déficit estales y morales de la sociedad, recurriendo a estereotipos de género, discursos que estigmatizan e intersectan la condición de género con la racialidad, la pobreza y la orientación sexual”. 

En conversación para esta nota, Gabriela Bard Wigdor, investigadora adjunta de CONICET en el área de Estudios feministas de Nuestra América y Descoloniales, Doctora en estudios de género por la Universidad Nacional de Córdoba, profundiza en lo que señala como la estrategia del Gobierno sobre los programas destinados a los derechos sexuales y reproductivos: “En lugar de retirar la política, lo que se hace es vaciarla de hecho, eso significa dejar de financiarla”. A su vez, destaca “que no podemos pensar en un cuerpo gestante homogéneo, sino que hay que cruzarlo con la raza y la clase, entonces sabemos que las mayores afectadas son las mujeres racializadas de sectores populares que no pueden pagar por un aborto en una clínica privada o no se pueden comprar las pastillas como sí lo puede hacer una mujer de clase media/alta”. 

En el artículo antes mencionado, donde se advierte la nueva ola de reacción contra los avances de las mujeres y colectivos sexodisidentes a nivel global, Bard Wigdor y Bonavitta describen al sujeto contemporáneo como “un sujeto omnipotente que no cesa en la producción de sí mismo como una marca vendible. De este clima se conforman las emociones de sujetos como los analizados (Trump, Bolsonaro, Milei) siendo productores y producidos por una masculinidad hegemónica y violenta con deseos de castigar y reaccionar frente a cualquier propuesta de cambio en términos de las relaciones de poder. 

En este plano, Juan Marco Vaggione, Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, en la investigación “El entramado neoconservador en América Latina. La instrumentalización de la ideología de género en las democracias contemporáneas” señala que “es cada vez más frecuente la incorporación de la lucha contra la ideología de género en los partidos políticos, particularmente aquellos que suelen caracterizarse como nueva derecha. Se expande la apropiación de esta lucha ya que se inscribe como propuesta electoral con el propósito de movilizar y representar a aquellos sectores de la población (más o menos numerosos) que se perciben amenazados por el pluralismo (legal y moral) que caracteriza las prácticas y decisiones sexuales en las sociedades contemporáneas”. 

La historia de las mujeres: avances y retrocesos

Florencia Abbate, narradora, poeta y ensayista, autora de “Biblioteca feminista: vidas, luchas y obras desde 1789 hasta hoy”, escribe que “si bien la situación de las mujeres ha mejorado a lo largo de la historia, esta historia no es una línea ascendente, hubo momentos de fuertes avances y luego retrocesos hasta puntos inimaginables; no fueron pocas las veces en que se conquistaron determinados derechos en algún lugar, por un par de años, y después se perdieron durante décadas. No debemos olvidarlo”. 

Sobre el acto de no olvidar, Bard Wigdor refresca la memoria sobre lo recientes que son muchas de las conquistas: “En Argentina las mujeres pudimos votar recién a partir de 1947 y divorciarnos desde 1987. Fueron avances muy rápidos en corto tiempo”. Y agrego aquí que este 30 diciembre el aborto legal —la ley 27.610— cumple apenas cuatro años. 

Bard Wigdor destaca que “en general estas conquistas siempre tienen olas de retroceso, resistencia de los sectores más conservadores que ven en estos derechos una pérdida de privilegios. Y digo privilegios y no derechos porque en realidad estas políticas públicas no afectan los derechos y la calidad de vida de los demás, lo que sí afectan son los privilegios”. 

Todo tiempo pasado fue ¿mejor? 

Los varones: votos decisivos para la victoria de MIlei. Los varones: votos decisivos para la reciente victoria de Trump. “Muchos varones se han sentido profundamente agredidos por las conquistas de las mujeres porque entienden que van a perder algo. Es tanto el bombardeo de las redes sociales, de los medios de comunicación, que se instaló a nivel emocional, psíquico y político, la idea de que los feminismos venían a luchar contra los derechos de los hombres y todo eso ha redundado en movimientos antifeministas. Las nuevas extremas derechas son básicamente grupos que tienen como retórica el antifeminismo, la negación del cambio climático, y discursos racistas y antimigratorios, que son los grandes conflictos de la época”, señala Bard Wigdor. 

Lo que plantean las nuevas derechas, dice Bard Wigdor, es que para volver a estar bien, hay que volver al pasado: “Le mienten a las nuevas generaciones con la fantasía de un pasado que fue mejor en comparación con el presupuesto desastroso presente. Pero no hay un pasado brillante al que volver”. 

En la novela Punto de cruz, publicada en 2022, la escritora mexicana Jazmina Barrera escribió: “Aunque las técnicas para curar heridas han evolucionado, se siguen usando la aguja y el hilo. Hay algo en los tejidos. En cómo se componen y recomponen, se ordenan, se regeneran, se reúnen y se cosen. En ellos hay que buscar respuestas”. Con el tejido social pasa algo parecido: se hace fuerte en conjunto. 

SC/MA

Cristian y Eliana son un matrimonio hace seis años. Viven en la zona norte del conurbano bonaerense. Tienen 38 y 33 años, respectivamente. Hace poco lograron una independencia económica que antes no tenían y creen que sumar un integrante a su familia es un costo que implicaría un ajuste. Pero no es una decisión únicamente económica; ella empezó a estudiar hace dos años y no se imagina lograr un equilibrio entre lo laboral, lo académico y la maternidad. Mariela y Ricardo están cerca de los 40, conviven en el oeste del conurbano, en San Justo. Nunca les atrajo la idea de sumar criaturas a la vida que tienen armada. Son una pareja que disfruta de viajar, conocer lugares nuevos y creen que la descendencia no ayudaría a esos planes. Vani no quiere ser madre simplemente porque no lo desea y coincide en ese deseo con su pareja, Adriana, con la que está casada hace cuatro años y convive en el barrio de Almagro. Yani y Agustín son de un pueblo pequeño de Entre Ríos. Ya lo conversaron: no van a tener hijos. Ella no se imagina gestando, pariendo ni maternando. 

Son parejas casadas o que están juntas pero sin planes de reproducción a la vista, en las que el sexo es simplemente recreativo. No es algo nuevo: en Estados Unidos a este modelo familiar lo llaman, desde 1980, DINKS, “Dual income, no kids”. La traducción del acrónimo en español sería: “Doble Ingreso, Ningún Hijo”. En general tienen entre 25 y 45 años y disfrutan de cierta estabilidad económica y financiera, un estilo de vida centrado en el tiempo de ocio de calidad y/o simplemente su deseo no es maternar y paternar. 

Aunque no son una novedad, la mirada de algunos Estados y gobernantes pareciera estar puesta sobre ellos y ellas. Hace unos días la vicejefa de gobierno porteño, Clara Muzzio, compartió en X su preocupación por este tema planteando una falsa dicotomía: “En la Ciudad de Buenos Aires mueren más (personas) de las que nacen y hay más perros que niños. Esto no puede ser bueno”. 

Detrás de las historias que hablan de decisiones personales internas y/o atravesadas por factores externos como el económico; late un fenómeno de larga data y a nivel global: el descenso de las tasas y las tendencias de fecundidad. Sin embargo, cada vez que aparece este tema en la conversación pública las posiciones se bifurcan a tono con la polarización de la época: la superpoblación inminente que produciría un colapso por desabastecimiento o bien la despoblación catastrófica que pondría fin a la humanidad. “Sin nacimientos no hay futuro”, decía otro de los tuits de Muzzio. 

En Argentina, el promedio de hijos e hijas por mujer ha disminuido significativamente: pasó de 2,1 en 2001 a 1,4 en 2022, según el último Censo. Se calcula que nacen 260.000 bebés menos que una década atrás. Y no es sólo porque las parejas casadas deciden no procrear. También bajó la cantidad de familias numerosas: en 2001 había 1.533.421 mujeres con más de cinco hijos. En 2022, fueron 608.617. En un país donde cada noche un millón de chicos y chicas se van a dormir sin comer, ¿esta no debería ser una buena noticia?

Se trata de una tendencia de escala global: la fecundidad se ha reducido de un promedio de 5 nacimientos por mujer en 1950 a 2,3 en 2021, según el Fondo de Población de Naciones Unidas (UNFPA) y se especula con que este número no debe bajar a 2,1 si la humanidad pretende renovarse de manera sostenible y equilibrada. La población mundial alcanzó una cifra récord de 8.000 millones en noviembre de 2022 y, según especialistas, el planeta se encuentra en un momento de transición demográfica en el que se ha pasado de niveles elevados de mortalidad y fecundidad a otros más bajos, una esperanza de vida mayor y una reducción de las muertes en edades tempranas. 

Es cierto: se estima que para el año 2050, la población empezará a disminuir en el 75% de los países. Pero en rigor, la única región del mundo en la que se espera un descenso global de la población a corto plazo (entre 2022 y 2050) es Europa, donde se vaticina un crecimiento del -7%. Está previsto que la población de otras regiones (Asia Central, Sudoriental y Meridional, América Latina y el Caribe y América del Norte) siga aumentando, pero que llegue a su máximo antes de 2100. 

Entonces, ¿debería ser una preocupación que las parejas elijan no procrear o las mujeres decidan planificar la cantidad de hijos e hijas que quieren parir? 

Mariana Isasi es la jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Argentina. Para ella “los cambios demográficos son habituales en las sociedades y el tamaño de cada población no es ni bueno ni malo. Sobre la caída de la tasa de natalidad por debajo del nivel de reemplazo, esta tendencia es la que muchas veces sienta las bases de los discursos que ven a este fenómeno global con preocupación. Pero también podemos pensarlo como parte de los avances en materia de acceso a la salud, la educación y a los derechos sexuales y reproductivos”.

Un dardo contra el feminismo

Detrás de los números, están las historias pero también tramas de decisiones más libres e informadas sobre la salud sexual y reproductiva y los proyectos de vida, especialmente de las mujeres. La tendencia se inclina a una postergación de la edad del primer hijo o hija para quienes deciden ser madres. 

En el país, la mayor cantidad de nacimientos desde 2021 al presente fueron de mujeres de entre 25 y 29 años, seguidas por otras en el rango de los 30 a los 34 años. Una década atrás la mayoría de los nacimientos ocurrían de mujeres de entre 20 y 24 años. Por otra parte, según un relevamiento de la consultora Voices de 2023, el 40% de las encuestadas considera que tener hijos es importante, pero no esencial, en tanto no es una opción o deseo importante para el 20% de las jóvenes. De hecho, 5 de cada 10 mujeres jóvenes (18 a 24 años) no muestran intención futura de convertirse en madres. El deseo de tener hijos aumenta ligeramente en las mujeres de nivel socioeconómico bajo (20%), mientras que disminuye en el nivel medio (14%) y, sobre todo, en el alto (8%).

Sin embargo, el tema de la baja de la natalidad es un dardo (entre otros tantos) que se dispara contra el feminismo, las tecnologías y las políticas de derechos sexuales y reproductivos. ¿No debería ser una buena noticia que haya menos maternidades forzadas?

A nivel nacional las políticas públicas que pusieron el foco en la información, el acceso a los anticonceptivos y la prevención de los embarazos no intencionales, como el Plan ENIA, desmantelado por el gobierno de Javier Milei, logró la reducción a la mitad de los embarazos adolescentes. Desde 2018, se registra el mayor descenso de la tasa de fecundidad en la adolescencia de los últimos 46 años. De acuerdo al último censo, el porcentaje de madres adolescentes -entre 15 y 19 años- tuvo una reducción muy pronunciada respecto de los resultados del censo anterior: pasó de 13,1% en 2010 a 6,4%. 

“El embarazo en la adolescencia no solo afecta a las jóvenes individualmente, sino que también genera impactos socioeconómicos a nivel estatal y comunitario. El empleo precario o la desocupación son comunes entre las madres adolescentes, lo que contribuye a la inequidad social y de género”, explica Mariana Isasi.

No es el feminismo, es la economía

“La posibilidad de elegir, de planear cuándo y cómo ser padres o madres no erradica el deseo de las personas de tener hijes, incluso en las condiciones más adversas , sino que sólo lo hace más intencional. Cuando nos concentramos en la autonomía reproductiva como principal y casi única causa del declive en la tasa de la natalidad, pasamos por alto otra que sí es un problema urgente: los altísimos costos de dinero y tiempo, de la crianza y la maternidad. Si les millennials y centennials tuviéramos seguridad y estabilidad económica , acceso a la vivienda propia, si la educación y salud pública en Latinoamérica no fuera tan deficiente y la educación y la salud privada no fueran tan caras, quizás no le tendríamos tanto miedo a tener hijes. Quizás la culpa no es del feminismo sino del capitalismo neoliberal”, dice la periodista y escritora colombiana Catalina Ruiz-Navarro en uno de los capítulos de su último libro “Deseada. Maternidad feminista”, publicado por Grijalbo. 

En esta misma línea, una encuesta de MassMutual en Estados Unidos encontró que casi un cuarto de los millennials y adultos de la Generación Z sin hijos planean seguir sin tenerlos por motivos económicos.

En Argentina la canasta de crianza que mide el Instituto Nacional de Estadística y Censo (INDEC) estimó, en su último cálculo, que para cubrir bienes y servicios necesarios para menores de 6 a 12 años, sumado a los costos de cuidado, una familia necesitó $454.000. En el caso de bebés de 1 a 3 años, se necesitaron $435.000. En relación al costo de la canasta de julio, la suba fue de 4,2%, al igual que la variación general de precios. 

Y el costo es sólo la punta del iceberg de la crisis de los cuidados. “La baja de la natalidad está relacionada con factores económicos, sociales y culturales como la precarización laboral, la dificultad para conciliar la vida familiar y el trabajo, el alto costo en la crianza, la ausencia de redes y/o apoyo a las familias para el cuidado. Es importante abordar esta situación desde una perspectiva integral que tenga en cuenta todas sus causas y promueva políticas públicas que apoyen a las familias y faciliten la decisión de tener hijos/as”, dice Isasi. 

La migración como respuesta 

Ni falsas dicotomías que comparan perros con hijos, ni mensajes catastróficos, ni posicionamientos etnonacionalistas que importan preocupaciones de otras latitudes, la humanidad misma pareciera ya estar dando respuesta a su propia supervivencia. La población no es estanca, se mueve, se desplaza cada vez más. Desde la década de 1970, muchas partes del mundo han registrado tasas de fecundidad negativas sin que eso haya implicado una reducción de la población total. La migración fue el antídoto. De hecho, se cree que este es el único factor que impulsará el crecimiento demográfico en los países de ingreso alto.

“Según distintos informes del Estado de Población de UNFPA, la llegada de inmigrantes jóvenes, en edad reproductiva, puede compensar parcialmente la disminución de la natalidad en los países receptores, especialmente aquellos con poblaciones envejecidas. También pueden dinamizar la economía al impulsar el crecimiento económico y la productividad. Esto puede tener un efecto positivo en países con baja natalidad ya que la escasez de trabajadores puede frenar el desarrollo. La inmigración puede ser una herramienta valiosa para abordar los desafíos demográficos y económicos asociados con la baja natalidad. Sin embargo, es crucial implementar políticas de inmigración bien planificadas”, explicó Mariana Isasi. 

Está estudiado que la conversación sobre las tasas o tendencias de fecundidad provocan una sensación de “ansiedad demográfica”, un temor, fundado o no, que surge del tamaño de la población, del cambio demográfico. Una nueva ansiedad que se suma a un listado infinito de ansiedades epocales: el cambio climático, las pandemias, los conflictos armados, la precariedad de la vida y la incertidumbre económica. En vez de discutir decisiones personales o de las parejas, cifras y cantidades, la mirada debería estar puesta en algo más básico que todo el mundo debería desear casamiento mediante o no, con o sin descendencia: bienestar, tiempo para disfrutar y calidad de vida. 

FA/DTC

Desde 2004 hasta marzo de este año, cualquier mujer o persona gestante que quisiera postularse para un empleo público en la provincia de Tucumán debía llenar un formulario donde, entre otras cosas, debía revelar información íntima sobre sus historiales médicos. La alarma se encendió cuando la Fundación Mujeres x Mujeres (MxM) descubrió que, con carácter de declaración jurada, las postulantes debían responder si se habían practicado abortos en su pasado, a pesar de que desde hace tres años la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) es un derecho garantizado por ley. 

Recién el 8 de marzo pasado el Gobierno de Tucumán eliminó esta pregunta del formulario oficial del Servicio de Salud Ocupacional Provincial a raíz de una denuncia presentada por la fundación MxM ante la Secretaría de Derechos Humanos y Justicia de esa provincia. Esa oficina, liderada por Mario Racedo, realizó una investigación sobre esta práctica discriminatoria. 

En diálogo con DiarioAR, Racedo confirmó: “La página donde se hacía la pregunta por posibles abortos ya fue bajada y el Gobierno local está elaborando una nueva. Se pusieron las cosas en su lugar”. Según agregó el funcionario, esta pregunta de los formularios preocupacionales “solo tenía una finalidad medicinal y laborativa” y “no tenía ningún deseo ni intención de transgredir ningún derecho constitucional”.

Sin embargo, también en comunicación con este medio, Soledad Deza, presidenta de la mencionada Fundación y abogada feminista tucumana, contrarrestó esa versión: “Nosotras estuvimos investigando con médicas y médicos si el dato personal requerido es significativo para la salud, en este contexto preocupacional. Las médicas nos dijeron que no. Sobre todo, porque a veces se escudan diciendo que preguntan por ‘abortos espontáneos’ pero eso no es verdad. El formulario dice 'abortos' directamente”. 

Esta intromisión en la vida privada e intimidad de las postulantes afecta, aseguró Deza, además “el derecho a la igualdad y a la no discriminación, porque a los varones no le preguntan nada sobre su vida sexual”.

La desigualdad de los requerimientos 

Esta situación representa un eslabón más en una larga cadena de desigualdades que construyen la brecha de género entre hombres y mujeres en esa provincia. En 2021, las mujeres presentaban una tasa de actividad laboral del 44,6% versus 67,2% de los varones y la brecha salarial alcanzaba entonces el 23,1%, según un estudio denominado “Las brechas de género en las provincias argentinas”, hecho por la Mesa Federal de Políticas Económicas con Perspectiva de Género del Ministerio de Economía de la Nación. 

Por otro lado, Deza apuntó que esto incluso “afecta el derecho constitucional de no autoincriminarse”: “A ellas se les obligaba a tener que hacer una declaración jurada y entrar en una disyuntiva de pensar ‘miento para poder entrar al trabajo o digo la verdad y puedo ir en cana'”, aseguró. 

Es por esto que la abogada instó a mantenerse alerta y cuestionarse “hasta qué punto la actividad estatal estaba impregnada por los conservadurismos”. Según contó, desde la ONG se sorprenden que esa pregunta lleve 20 años en los formularios para trabajos estatales y que ninguna mujer haya denunciado esto antes. “Estas cosas también obligan a un doble esfuerzo a los feminismos, porque una tiene que estar buscando en todos los rincones por dónde van a salir a transgredir nuestros derechos, en una coyuntura donde la narrativa nacional declara la guerra de las mujeres”, reflexionó. 

Consultada sobre el porvenir de este tema en la provincia, Deza respondió: “Nosotras realizamos la denuncia el día 5 de febrero y el formulario fue bajado el día 8 de marzo con el dictamen que ordenaba su revisión. Diría que no hay intención gubernamental de continuar con este tema”. Sin embargo, esto podría provocar que también se revisen los formularios preocupaciones en otras provincias.   

Acceso al aborto legal 

A pesar de que el aborto ya es ley en Argentina, el acceso a un aborto seguro y gratuito no se encuentra garantizado por completo en todas las provincias. Aún más, organizaciones como Amnistía Internacional Argentina y el Centro de Estudios de Estado y Sociedades advirtieron sobre la falta de información pública respecto a cuántas IVE fueron realizadas en el sector privado y las dificultades de cumplimiento del acceso a la práctica entre obras sociales y prepagas.

Tucumán quedó marcada por haberle negado el acceso al aborto a una niña de 11 años que había quedado embarazada producto de una violación, a inicios del año 2019. “Lucía”, pseudónimo con el que los abogados de la familia de la niña la mencionan ante la prensa, y su mamá dejaron claro que ella quería interrumpir su embarazo. La menor había sido explícita: “Quiero que me saquen esto que me puso adentro el viejo”. 

Sin embargo, la voz eclesiástica fue más fuerte que la de la niña y su familia, que quedaron atrapadas en una disputa y discusión que tomó rápidamente escala nacional y se transformó en la campaña #NiñasNoMadres. 

El entonces gobierno local de Juan Manzur y organizaciones religiosas quisieron decidir por la menor y sus padres, tildando de “milagro” la vida que se gestaría en el vientre de una niña que apenas había ingresado a la educación primaria. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud de la Nación, publicado por Chequeado, desde el año 2021 hasta octubre de 2023, se practicaron un total de 245.000 interrupciones voluntarias y legales del embarazo en el sector público en el país. 

La distribución por provincias de la cantidad de abortos es desigual. Si se considera la cantidad de mujeres en edad fértil por provincia, el mayor número de abortos entre 2021 y septiembre de 2023 se registró en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con una tasa de 34 cada mil mujeres, seguida por Salta, donde fue de 30,4. En tanto, en la provincia de Tucumán, la tasa es de 27,5 abortos por cada mil mujeres fértiles. 

Al respecto, Deza compartió que “la semana pasada también se obstruyó en un hospital público una interrupción legal de una niña de 11 años víctima de un abuso sexual. Estas cosas parecen aisladas, pero en realidad están encadenadas y concatenadas. Me parece que van a emerger modos más enmascarados y solapados de impugnar la autonomía de las mujeres y diversidades sexuales”. 

Sin duda, en un contexto nacional donde la principal voz del Gobierno, el presidente Javier Milei, señala como “asesinato agravado por vínculo” al aborto, además de afirmar que lo puede argumentar “moral y matemáticamente”, no sorprende que acontecimientos como la pregunta sobre “cuántos abortos tuvo” no genere una revisión integra del Estado como ente que debería garantizar la pluralidad y sobre todo la protección de los derechos individuales. Se deberán revisar todas las instancias y condicionamientos de selección de personal para que nadie quede expuesto a prácticas anticuadas hacia las personas gestantes que ejercieron su legítimo derecho. 

EN/FG/DTC

“Atendela vos. ¡No! Atendela vos”. “Cállate, no hagas lío”. “Aguantá, aguantá y quedate tranquilita”. “Volvé a tu casa”. “No puedo creer que no se bañan”. “Son sucias”. “No podés parir de cuclillas, ¿quién te dijo que podías?”. “Eso no se hace, se va caer el bebé al piso”.  “Son indias”. “No sabés nada”, “No sé para qué se ponen a tener hijos”… y podríamos seguir por varios párrafos más describiendo las cosas que las mujeres jujeñas marrones y pobres deben escuchar cuando se acercan al sistema de salud a recibir un servicio relacionado a los derechos reproductivos y sexuales. En estos espacios, además de la violencia verbal, también existe una negación de los saberes ancestrales de las comunidades originarias que aún conservan sus propios métodos para acceder a la salud. La voz de estas mujeres no suele ser escuchada porque no son respetadas como sujetas de derechos y poseedoras de conocimientos válidos.

Las frases que leímos más arriba parecen haber sido dichas hace mucho tiempo, pero son diálogos que fueron recuperados de las experiencias de tres mujeres jóvenes que habitan la ciudad de San Salvador de Jujuy  y que hoy son conscientes de la violencia mediada por racismo y discriminación que sufrieron a los largo de sus vidas, pero especialmente cuando tuvieron contacto con el sistema de salud a la hora de un parto, un aborto o una consulta ginecológica. 

El color de piel como bandera

Sara Pérez, es docente de teatro, actriz y performer jujeña, pero por sobre todo una luchadora incansable en contra del racismo y discriminación hacia las mujeres marrones de Jujuy.  En los diferentes espacios en que la encontramos, Sara hace del color de su piel una bandera que busca visibilizar las situaciones de violencia y la vulneración de derechos. 

Es por eso que, mientras viaja hacia Buenos Aires para participar de la Marcha de Orgullo, Sara se contactó por teléfono para compartir su historia. Lo hace porque sabe que, como ella, hay muchas otras mujeres que seguramente en algún rincón de esta provincia estarán escuchando o sintiendo lo que ella pasó. 

 “Cuando fui a tener a mi hija sentí todo: la discriminación, el racismo, el desprecio, el ser ignorada, no escuchada”, dice.

Sobre las formas en las que se manifiestan estas violencias recuerda: “Fui con muchos dolores al Hospital Pablo Soria (que nucleaba casi todas las prestaciones de salud en la capital jujeña) y me dijeron que no estaba para parir, que me fuera a mi casa y volviera después. Yo vivo lejos, en Alto Comedero, (ubicado a 15 kilómetros del casco céntrico de la ciudad Capital), estaba sin plata para el colectivo y mucho menos para pagarme un remis. Igual volví más tarde, me quejaba mucho del dolor y solo quería ubicarme de cuclillas como me habían enseñado mis abuelas, que habían tenido sus hijos lejos de un hospital. Pero ahí me retaron mucho. Me dijeron ‘No es así, ¿quién te dijo que podés tenerlo así?'. Me pusieron en una camilla, me ataron los pies y me pedían todo el tiempo que no grite, que no haga lío y que me quede tranquilita”.

–Tu hija ya tiene ocho años. ¿Seguís recordando ese día?

–Sí, aún me acuerdo y hoy me doy cuenta que eso pasa a diario. Hoy, con más herramientas, puedo entender que fue racismo, discriminación y desprecio. 

 –¿Crees que esto aleja a muchas mujeres marrones de escasos recursos de los centros de salud? 

–Sin duda que sí, cada vez que vas sentís el destrato, no querés volver. Y eso te limita en todo, en hacerte un control anticonceptivo adecuado, en hacerte estudios de prevención y todo lo que todas las mujeres debemos tener por derecho.

–¿Qué sentiste cuando quisiste recurrir a los saberes que te habían dado tus abuelas y el personal de salud te lo negó?

–Sentí como otras tantas veces que mi voz no fue escuchada, el reto como si fuera una niña. Sentí que nada de lo que yo dijera importaba. Por eso entiendo que hasta hace muy poco muchas mujeres indígenas preferían que sus hijos nacieran en sus hogares recibiendo un trato empático y acorde a los valores, costumbres y tradiciones milenarias que aún viven en nuestras comunidades. 

Una voz que no se escucha

Noelia Esquivel, madre de dos niñas, tuvo otra experiencia del destrato a la hora de acceder a los servicios de salud reproductiva y sexual. “Yo me hice un aborto antes de que se sancionara la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y tuve una infección muy grave, porque tuve que hacerlo en condiciones no aptas, en mi propia casa”.

Noelia contó que vivió una situación “de terror”.  “Me dejaron en el pasillo con un dolor insoportable, yo gritaba del dolor pero nadie me atendía. Yo lo sentí como un castigo. Hubo un trato despectivo, porque soy del barrio, generalmente las personas que vamos al hospital no tenemos muchos recursos. Sentí como un ‘Jodete, ahora quédate ahí, ¿para qué te hiciste un aborto?’. Para mi fue una forma de aleccionar”.  

Unos años después, Noelia quedó otra vez embarazada pero era un saco sin embrión. El aborto fue espontáneo, pero la experiencia fue la misma: “Me hicieron un legrado, muy doloroso, sin anestesia. Con la misma actitud como queriendo que me duela para que ‘aprenda’”.  

“Es como si todos te dijeran: ‘si estas embarazada tenés que tenerlo, sino para qué abrís las piernas'. Hay aún una mirada muy machista y el trato es aleccionador casi tutelar. Nadie fue a buscar al padre de ese aborto, sino que todo el maltrato lo sentí yo. Es un maltrato hacia las mujeres, siempre”, reflexiona Noelia. 

Un sentir y un saber que busca ser respetado

Lidia Balcarce es la voz de las mujeres de un pequeño pueblo ubicado entre la Quebrada y las Yungas jujeñas: Caspalá, una comunidad de 250 familias que hasta hace una década atrás no tenía conexión con la ciudad. 

La voz de Lidia surgió después de una tragedia familiar: su hermano, jefe del Registro Civil del pueblo, desapareció durante 20 días y ella se puso al frente de la búsqueda. Luego, ante una situación de desacuerdo con las decisiones gubernamentales sobre obras que se pretendían hacer en su pueblo, Lidia alzó otra vez la voz para defender los derechos de su comunidad. 

“Siempre a las comunidades que vienen del norte o bajan de los cerros se las destrata. Nos ven así: morochas, bajitas con cierta vestimenta y siempre hay racismo. Yo sufrí mucho esta situación de niña. Me quede huérfana a edad temprana y vine a la ciudad y sentí discriminación y por supuesto también a la hora de recibir alguna atención médica”, indica mientras su voz se tiñe de tristeza recordando los calificativos que recibió a lo largo de su vida.  “Me decían india, coya y un montón de cosas que hoy son mi orgullo, pero de niña no lo entendía así y me avergonzaba de donde venía”, agrega. 

En los hospitales Lidia dice que vuelve a vivir el mismo destrato: “No es lo que te dicen sino cómo te tratan. Bajé con mi abuela y escuché un ”Atendela vos, no atendela vos“. No te lo dicen de frente  pero es como que les diera asco vernos”, asegura. “El tema de tratarnos de falta de higiene, es siempre.  A veces lo viajes del campo a la ciudad son largos y no es que uno no quisiera estar aseado, pero también es un motivo de un trato discriminatorio”, cuenta Lidia. 

Habla de desvalorización de los saberes ancestrales: “Nosotros tenemos formas de curarnos con yuyos. En Caspalá seguimos siendo muy ancestrales en ese sentido. Hoy ya hay camino, pero no tiene más de 10 años. Y no tenemos hospital, solo una salita. Cuando hay urgencias, como un parto, las que asisten son las mujeres más grandes de la comunidad”.  

El mapa del racismo

Los relatos de Sara, Lidia y Noelia coinciden con las cifras de discriminación que el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI) publicó recientemente: Jujuy es la provincia con mayor discriminación por cuestiones estéticas, por color de piel y por pobreza. Así lo indica el Mapa Nacional de la Discriminación elaborado a partir de encuestas realizadas a 11.700 personas en sus hogares durante 2019. 

El tema de género figura como segundo y tercer motivo de estos episodios en las provincias de Jujuy, Salta, Córdoba, La Pampa, Mendoza y San Luis.

Silencio nunca más 

El racismo estructural que existe en nuestro país atraviesa todas las situaciones de la vida de las mujeres marrones y pobres del norte y por supuesto es una barrera más a la hora de acceder a los derechos reproductivos y sexuales.

 Tal como lo indica que el informe de “Las Mujeres Indígenas y sus Derechos Humanos en las Américas” (2017), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Jujuy, así como en toda América, las mujeres indígenas suelen enfrentar formas diversas y sucesivas de discriminación histórica que se combinan y se superponen, exponiéndolas a violaciones de derechos humanos en todos los aspectos de su vida cotidiana. 

Los diversos obstáculos que las mujeres, marrones, urbanas de escasos recursos enfrentan, son las dificultades geográficas y económicas para tener acceso a servicios de salud que suelen dar como resultado la discriminación, violencia y marginación social.

Vemos en cada historia que no hay mecanismos concretos para garantizar que el derecho que tienen todas las mujeres a acceder a servicios salud y atención médica, que garanticen una maternidad segura y libre de todo riesgo en todo el proceso reproductivo, sino por el contrario: el maltrato las aleja  de los centros de salud porque prefieren recibir en sus hogares un trato empático y acorde a los valores, costumbres y tradiciones milenarias.

Por eso en las marchas feministas jujeñas surgió hace muchos meses una nueva consigna: “Amuki nunca más”. Amuki quiere decir silencio.

CA

Todas tenemos alguna historia cerca. Una amiga, una prima, una compañera de trabajo que se acerca a los 40 y por fin considera que están dadas las condiciones para tener un hijo. Pero no queda embarazada y empiezan las consultas, los estudios y los tratamientos. Un largo camino que puede desembocar en un hijo. O no.

Cerca de los 40 es muy difícil quedar embarazada. Siempre hay una tía, una amiga, una conocida que tuvo a su primer hijo a los cuarenta y pico. Pero lo cierto es que biológicamente es mucho menos probable, aunque no lo tenemos presente o no nos llegó la información a tiempo y nos desayunamos con la noticia en el consultorio del especialista en fertilidad.

A Macarena, periodista, le pasó. A los 39 años acudió a una clínica de fertilidad porque con su pareja estaba buscando quedar embarazada pero no lo lograba. El médico le dijo que estaba muy “en el límite”, pero que podía intentarlo con un tratamiento de alta complejidad. Es decir, una fertilización in vitro, porque una inseminación (un tratamiento de baja complejidad) a esa edad no tenía casi chances.

“Me sentí muy tonta, porque soy periodista, se supone que soy una persona informada. Y no, no tenía en claro que a los 39 ya era tarde. La verdad es que a lo largo de mi vida había visto a muchas famosas teniendo hijos después de los 40. Nunca se me ocurrió pensar mucho más sobre el tema”. Lo intentó varias veces. Hasta tres. Pasó por la estimulación ovárica, la extracción de los folículos; se formaban los embriones, se los transferían, pero nunca se produjo el embarazo.

Cuando a los 41 estos tratamientos no habían funcionado, el médico le habló de la ovodonación, pero Macarena rechazó la idea, decidió parar todo y tomarse un tiempo.

Valeria Basconi, médica especialista en reproducción humana en Pregna, confirma que son muy pocas las pacientes que llegan a su consultorio informadas sobre salud reproductiva y fertilidad. “Nosotros recibimos a las pacientes ya con un problema de fertilidad. Me parece que el tema fundamental es hacer hincapié en que el médico de cabecera, el ginecólogo que la ve en el consultorio, el que hace los controles desde cero, desde los primeros días, estudie su reserva ovárica y sepa dónde está”, señala.

Subraya que hoy en día están las redes y “hay un montón de Instagramers que congelaron óvulos o actrices y eso visibiliza mucho más el tema y lo hace más contemporáneo con las chicas, pero siguen siendo muy pocas las que están informadas”.

Basconi sostiene que la edad ideal para quedar embarazada o preservar óvulos es antes de los 35. “Más joven sos, mejor es; más óvulos vas a tener y más posibilidades. A partir de ese momento la reserva ovárica disminuye más abruptamente y también aumenta el porcentaje de aneuploidías (alteraciones en los cromosomas). Por eso con los años tenemos menor tasa de embarazo y más tasa de aborto”.

Sin embargo, las mujeres que llegan a su consultorio tienen más de 35 o incluso muchas veces más de 37. “Los óvulos tienen nuestra edad y envejecen con nosotras. Por eso, el núcleo comete más errores, hay más alteraciones cromosómicas. Después de los 38 hay más todavía. Todo el óvulo en sí mismo envejece. Y el óvulo es como la cocinita del embrión. Es una de las cosas más importantes. Y no podemos, de ninguna manera, ni mejorar la fertilidad, ni mejorar la reserva ovárica, ni detener el envejecimiento”, apunta la médica.

Carla es psiquiatra y está a punto de cumplir 40. Decidió intentar criopreservar óvulos hace unos meses. “Lo venía pensando ya hace varios años. De hecho, mi ginecóloga a los 35 años me preguntó acerca de si tenía algún deseo en relación a la maternidad y si quería preguntar, averiguar, si tenía alguna inquietud en relación a eso. Yo en ese momento lo desestimé y un par de años después sí lo empecé a averiguar”.

Creo que la información que tenía aún siendo médica era poca como para poder tomar una decisión. Quizás la habría adelantado

Carla, psiquiatra

Primero, a los 37 años, se informó. “En ese momento fue en el contexto que estaba en pareja y empezó a surgir la posibilidad de pensar en la mapaternidad, pero para más adelante. Y entonces ahí pensamos en que yo podía criopreservar. Después eso no prosiguió. Y finalmente este año tomé la decisión. Un poco por estar muy próxima a cumplir 40 años, cosa que ya sé que no es lo mejor, y otro poco por no pensar en la posibilidad de una maternidad muy próxima. Quería tener la posibilidad o más bien la tranquilidad de pensar que si un par de años más adelante quisiera, cuento con los óvulos”.

Carla contaba con algo de información por ser médica y también por la experiencia de amigas y compañeras. “Pero aún así no tenía todo el caudal informativo que hubiera sido importante para mí tener desde más joven. Fui teniendo más detalles en los centros donde consulté. Pero, en definitiva, creo que la información que tenía aún siendo médica era poca como para poder tomar una decisión. Si hubiera contado con todos los datos necesarios, quizás habría decidido antes”.

Sus intentos de criopreservar óvulos hasta ahora no tuvieron éxito. “Por mi edad y por mis condiciones ya biológicas puede ser que no funcione y que no se rescate la cantidad de óvulos o que no crezcan lo necesario como para poder hacer el procedimiento. Entonces luego de varios intentos ahora voy a hacer un impasse y esperar, y luego volver a intentar”.

Cada circunstancia es diferente y la decisión que cada mujer tome para llegar a la maternidad también.

Carolina, instructora de pilates, decidió ser madre soltera a los 36. En su caso, todo fluyó sin problemas. “Empecé a averiguar en 2019. Tengo una alumna que es médica en fertilidad, que es con la que terminé haciendo el tratamiento, que me empezó a asesorar. Hice un par de estudios. Básicamente, conteo de folículos y algunas hormonas para ver cómo estaba todo. Finalmente, terminé haciendo el tratamiento en diciembre del 2020. Fue una inseminación, que es un procedimiento sencillo, ambulatorio. Y tuve la gran fortuna de que al primer intento funcionó”. Su hijo acaba de cumplir dos años.

El caso de Manuela, docente, ilustra la necesidad de contar con información ya desde la consulta del ginecólogo. Tenía 34 años cuando intuyó que podía tener menopausia precoz, como había tenido su mamá. Y fue ella la que le tuvo que insistir a su ginecóloga para que le hiciera los estudios. “Salieron todos los valores alterados para mi edad”, cuenta. Quería ser madre, pero no estaba en pareja. “Me costaba hacerlo sola, así que terminé haciéndolo con un amigo”. Hoy su hija tiene cinco años.

Basconi dice que también recibe a menores de 30 informadas, que buscan congelar sus óvulos con el fin de garantizarse la posibilidad de tener un hijo en el futuro. Pero son las menos. La médica considera que ya desde la escuela debería informarse sobre el tema. “No sé cómo será ahora, pero en el colegio no te enseñaban el ciclo ovulatorio y no se hablaba de la fertilidad. Entonces, una ya tiene poco conocimiento en el colegio. Si no tenés chance de que tus padres te expliquen, tenés pocas posibilidades de informarte. Te quedan las redes, los amigos y tu ginecólogo de cabecera. Si tu ginecólogo tampoco te informa y te controla y antes de darte las pastillas no chequea cómo está tu función ovárica, hay muy pocas chances de que tengas los insumos necesarios para decidir”.

Además, destaca, “a los 38, a los 40, una mujer es joven, pero reproductivamente no. Y en ningún lado te enseñan que tu reserva ovárica empieza a disminuir desde que naciste. A veces una está más preocupada por evitar un embarazo que por tratar de saber cómo está la función ovárica”.

“Creo que el tema fundamental pasa por que uno no se lo plantea tampoco. Porque a lo mejor a los 30 o 34 no querés tener hijos y no sos previsora a futuro porque como no sabés cómo funciona o tenés poca información de cuál es tu estado, de dónde estás. O porque una mira para otro lado, capaz. Muy poca gente se plantea a los 30 años que quiere tener hijos y planifica para eso”.

A los 38, a los 40, una mujer es joven, pero reproductivamente no. Y en ningún lado te enseñan que tu reserva ovárica empieza a disminuir desde que naciste

Valeria Basconi, médica especialista en reproducción

Es importante destacar que preservar óvulos tampoco garantiza un embarazo más adelante. “Que vos guardes óvulos no te garantiza tener un niño nacido vivo en tu casa. Lo que te da es la posibilidad de poder intentar un embarazo o intentar generar embriones y transferírtelos. Después, si te embarazas o no, va a depender de la edad, del factor masculino, de la edad que tenías cuando congelaste los óvulos. O sea, eso también es una creencia incorrecta: que uno guarda óvulos y va a tener hijos más adelante”.

Según la ley, se pueden realizar tratamientos con óvulos propios hasta los 44 años y con óvulos donados, hasta los 51. Las mujeres que hayan criopreservado óvulos antes de los 44, pueden realizarse tratamientos con esos gametos hasta los 51.

Macarena finalmente aceptó la idea de concebir con un óvulo donado y tuvo a su hijo a los 43. Carla va a seguir intentando criopreservar los óvulos propios. Lo importante, resume la doctora Basconi, es que las mujeres se informen, aún cuando no sepan todavía si quieren maternar o no.

CRM/MG/DTC

El partido de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y sus socios aprobaron este miércoles en el Parlamento la llamada ley Varchi, que tipifica la gestación subrogada como “delito universal”, castigado con penas de cárcel de entre tres meses y dos años, y multas de hasta un millón de euros.

La ley se aprobó con 166 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones: votaron en contra todos los partidos de la oposición de izquierdas, menos dos formaciones de centro (incluida la del ex primer ministro, Matteo Renzi), que dieron a sus parlamentarios la libertad de votar y cuatro lo hicieron a favor.

La diputada que da nombre a la ley, Carolina Varchi, sostuvo que “la maternidad es única, insustituible, no subrogable” y que con esta norma “ningún niño será discriminado, ni comprado por ricos ordenantes”. “La vida es un bien que no se puede comercializar, la maternidad no puede tener lugar por una compensación económica, un niño no se puede comercializar y este mercado debe terminar”, dijo la integrante del partido liderado por Meloni, Hermanos de Italia, de extrema derecha.

La gestación subrogada ya está prohibida en Italia pero la ley aprobada hoy, que modifica una anterior de 2004, permitirá perseguir también a los ciudadanos italianos que recurran a esta práctica en otro país donde sí es legal. Aunque las estadísticas indican que la mayoría de las parejas que acuden a la gestación por sustitución son heterosexuales, los colectivos de parejas del mismo sexo sienten que son el blanco de esta nueva norma tras una ola de cambios legales, como la prohibición de registrar hijos nacidos por reproducción asistida en parejas de mujeres.

Las familias LGTBI

“Esta ley ha sido hecha contra nosotros”, afirma a elDiario.es Alessia Crocini, presidenta de la asociación Famiglie Arcobaleno (familias arcoíris, como se conoce en Italia a las familias de personas LGTBI), que el martes se manifestó en Roma para mostrar su rechazo a este “oprobio jurídico”, en palabras de Crocini.

“La gestación subrogada siempre ha existido, pero ha empezado a preocupar cuando los homosexuales han recurrido a ella”, afirma. Y aunque la ley Varchi no mencione explícitamente a las parejas homosexuales, Crocini considera que las personas heterosexuales que se vean afectadas serán “daños colaterales” de lo que considera un ataque directo contra las familias LGTBI.

“Los niños van a ser considerados hijos de un delito universal y las familias se van a ver en un proceso penal, aunque en el país donde hayan hecho la gestación subrogada sea legal”, lamenta. “Volvemos para atrás, a la época en la que se discriminaban a los hijos ilegítimos” porque habían nacido fuera del matrimonio. Por ello, su asociación y otras que representan al colectivo LGTBI se manifestaron bajo el lema ‘Somos familias, no somos delitos’ en Roma, un día antes de que se celebrara en el Parlamento la votación definitiva.

Entre los integrantes del colectivo hay preocupación por el estigma que puede suponer la tipificación de la gestación subrogada como un delito universal. “No sabemos cómo se aplicará la ley a los que ya tenemos hijos”, dice Mirco Pierro, que junto a su pareja tiene dos hijos gemelos de ocho años. “Sin duda habrá un gran estigma social contra nosotros y contra los niños, que es lo que más nos asusta”, dice en una entrevista con elDiario.es.

Pierro y su pareja, Davide Mazzarella, temen que los que hasta ahora no habían mostrado actitudes homófobas abiertas “se sentirán legitimados” para decirle a sus hijos que nacieron de “forma ilegal”.

Tanto Crocini como Pierro afirman que las parejas que están ahora mismo en el proceso de tener un hijo por gestación subrogada sienten temor y angustia porque no saben cómo se aplicará la ley. “Según este Gobierno, que es profundamente homófobo, las familias de padres homosexuales no deben existir”, dice Pierro.

Medidas anti-LGTBI

El Gobierno liderado por la extrema derecha ya aprobó varias medidas que se consideran un ataque contra la comunidad LGTBI. El Ministerio del Interior ordenó en abril a los alcaldes de todo el país que dejaran de registrar a los hijos de parejas homosexuales, incluidos aquellos nacidos por gestación subrogada (en países donde es legal) o por métodos de reproducción asistida. De la ley Varchi quedó excluida la fecundación heteróloga, es decir, la inseminación con un donante anónimo, que no será considerada delito por una enmienda introducida por el mismo partido que redactó el texto.

En base a la directriz de Interior, este mes de junio, las autoridades de Padua, en el norte de Italia, empezaron a impugnar las actas de nacimientos de los niños y niñas de más de treinta familias compuestas por dos mujeres, para eliminar de los documentos el nombre de la madre no biológica, la cual pierde de esta forma los derechos de filiación sobre el o los hijos. 

Pierro y Mazzarella dicen que sabían que las actas de nacimiento de sus dos hijos “no estaban blindadas” pero ahora “existe el riesgo de que sean impugnadas”. Por eso, han empezado el procedimiento de adopción, para que el primero se convierta en el padre adoptivo de los gemelos y esperan lograrlo pronto. “Todo lo que estamos haciendo es para garantizar los derechos de los niños”, dicen ambos, que no descartan marcharse de Italia, “si la situación degenera”.

Esa posibilidad la planteaban “en broma, antes de que Meloni llegara al Gobierno”, pero ahora hablan de ello y dicen “querer estar preparados si llega el momento” de irse a otro país, siendo España uno de los posibles destinos porque podrían convertir su unión en un matrimonio, ya que en Italia no está reconocido el matrimonio para personas del mismo sexo.

Regular o castigar

La diputada Lia Quartapelle, del Partido Democrático (PD), el principal de la oposición, considera la ley aprobada como una medida “de propaganda”, “inútil y dañina”. Dice a elDiario.es que es “imposible aplicarla a las parejas heterosexuales y es difícil aplicarla a los homosexuales” pero, si se aplicara a estas últimas, “el único resultado es que los niños serían sustraídos a sus padres, si estos recurren a la gestación subrogada en el extranjero y al volver a Italia son arrestados”.

Desde Roma, Quartapelle explica que la mayoría parlamentaria, compuesta por los tres partidos de derecha que gobiernan en coalición, ha tramitado la ley Varchi sin ofrecer argumentos a favor y ha rechazado todas las enmiendas de los partidos opositores, incluida una presentada por el diputado izquierdista Riccardo Magi, que proponía regular la gestación subrogada en lugar de castigarla con la cárcel.

El Partido Democrático no asistió a la votación de esa enmienda para evitar tener que tomar una posición, porque en su seno hay una corriente que se opone a la gestación subrogada bajo cualquier circunstancia. Quartapelle se muestra a favor de la misma, sólo si es altruista, y cree que “es necesario abrir un debate” sobre esta práctica en el partido, que en los pasados meses se ha posicionado a favor de las familias LGTBI - sus alcaldes incluso han desafiado las órdenes del Ministerio del Interior.

La izquierda, dividida

Precisamente, el Gobierno de Meloni ha sabido explotar la ausencia de unidad en la izquierda respecto a la gestación por sustitución. Pierro echa en cara esa “parálisis” de los partidos de centro-izquierda que, cuando gobernaban, no legislaron al respecto, dando lugar a un vacío legal que ha sido aprovechado por la coalición de extrema derecha, que sí se ha mostrado compacta.

Quartapelle detalla que ni siquiera los diputados del partido liberal Forza Italia, del difunto Silvio Berlusconi, votaron “de conciencia” en contra de la ley. “Esta derecha se define garantizadora, pero no puede definirse así si cada problema que existe lo tipifica como delito y amenaza con (penas de) cárcel”, dice la diputada.

Durante la votación, la diputada ecologista y feminista Luana Zanella, de los Verdes, ha defendido la ley Varchi porque considera que la gestación subrogada proporciona un “beneficio” para todos los implicados, incluidas las agencias que la tramitan a nivel internacional, mientras “la mujer es explotada por su capacidad reproductiva”.

Este jueves, la Corte Suprema decidió otorgarle prioridad y tratamiento especial a un caso testigo que deja en evidencia al Congreso ante la falta de una ley que afecta los derechos de las personas, el Congreso en donde actualmente se lleva adelante un proceso para juzgar e intentar destituir -sin chances, en el escenario actual- a los cuatro jueces del máximo tribunal.

Los magistrados Horacio Rosatti (presidente del máximo tribunal), Juan Carlos Maqueda, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti mantuvieron la primera reunión de acuerdo del año; dictaron 207 sentencias, incluyendo un fallo a favor del propietario de tierras en Bariloche, Río Negro, que debía entregar tierras a la comunidad Lof Che Buenuleo, del Pueblo Mapuche, por una resolución oficial.

Los jueces también enviaron a través de sus voceros un mensaje de unidad interna a pesar del profundo enfrentamiento que los divide desde 2018 y decidieron que durante los próximos meses la Corte realizará una audiencia pública para tratar el vacío legal en un tema de alta sensibilidad, informó a elDiarioAR una fuente directa del máximo tribunal.

La Corte decidió que se meterá de lleno en el debate sobre embriones criocongelados y llamará a una audiencia pública para que distintos sectores de la sociedad, el Estado y el ámbito médico y privado expongan argumentos en pro y en contra de los derechos y límites de los derechos de los procreadores; sobre si los embriones tienen o no derechos; si pueden ser destruidos por pedido de los progenitores o deben ser conservados a pesar de que las personas que los crearon quieran que sean extinguidos. En resumen: cuándo empieza la vida y a partir de cuándo se es persona.

Muy lejos de la rosca política pero íntimamente ligado a la ciudadanía y a instituciones con poder propio, como la Iglesia y las clínicas privadas de fertilidad, o la comunidad científica, la Corte optó por un caso que puede regular un aspecto de la vida de los argentinos ante la ausencia de una ley que cumpla ese rol, es decir, llenando el vacío que dejan los diputados y senadores. 

Después del debate por la ley que legalizó el aborto, la problemática de los embriones y la eutanasia son dos cuestiones que atraviesan la vida de las personas y que en Argentina no tienen leyes que regulen los derechos o los límites de los derechos.

El máximo tribunal elige intervenir en este caso haciendo hincapié en la ausencia de una ley que el Congreso debería haber tratado hace más de siete años, cuando se sancionó en el Parlamento el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación, pero que tanto diputados como senadores nunca discutieron, explicó una fuente directa del Palacio de Justicia. En 2022, la Corte realizó audiencias públicas en otros casos que evidencian un vacío legal, como la despenalización del autocultivo de la planta de cannabis con fines terapéuticos y el “derecho al olvido”.

El caso

La audiencia pública surgió a partir de un caso que llegó a la Corte hace al menos dos años. Se trata de una pareja que en 2015 realizó un tratamiento buscando donantes y obtuvo cinco embriones. Realizó la transferencia de dos de los embriones originados bajo tal procedimiento. Los otros tres embriones fueron criopreservados a la espera de que los dos trasplantados dieran resultado positivo. Finalmente, la pareja tuvo una hija.

Años más tarde, la pareja se separó y solicitó a la clínica privada que había realizado el tratamiento que interrumpa la criopreservación de los tres embriones, explicó a elDiarioAR una fuente directa de la Corte. Es decir, que se destruyan. 

Sin embargo, la clínica privada les respondió que no podía destruirlos sin una autorización judicial ante la ausencia de un marco legal. De acuerdo al contrato firmado por las partes, la relación contractual se termina sólo por muerte de algunos de los progenitores o falta de pago, y en ambos casos, los embriones son donados a un banco de embriones. 

La pareja acudió a un juzgado civil para que le exija a la clínica privada que interrumpa la criopreservación de los tres embriones y ponga fin a la relación contractual con la clínica privada, ya que la clínica se negaba a interrumpir el vínculo comercial.

La jueza civil de primera instancia rechazó el pedido de la pareja y se negó a autorizar la interrupción de la preservación de los embriones. La magistrada interpretó que los embriones cuentan con la misma protección de cualquier vida humana, en base al artículo 16 de la Constitución Nacional y del artículo 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que establece que “la existencia de la persona humana comienza con la concepción”, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció en un fallo que los embriones “no son personas”.

La mujer apeló el fallo de primera instancia y llegó a la Cámara de Apelaciones en lo Civil, que le dio la razón y revocó la decisión de la jueza, otorgando prioridad a los derechos reproductivos de la pareja. Además, los jueces determinaron que no requería autorización judicial para solicitar la interrupción de la criopreservación.

Entonces, la Defensoría Pública de Menores e Incapaces llevó el caso ante la Corte Suprema y solicitó que el máximo tribunal zanje la cuestión ante la ausencia de una ley.

El caso de esta pareja no es aislado. Una búsqueda rápida por sitios de abogados y estudios jurídicos de familia y derecho civil demuestra la existencias de demandas y conflictos muy similares en varios puntos del país, donde los jueces de primera instancia y de las cámaras de apelaciones fallan de acuerdo a sus criterios en lugar de regirse por la ley, determinando soluciones completamente disímiles de acuerdo al juez que toque.

La Procuración General de la Nación ya está trabajando también en el caso. El procurador fiscal ante la Corte que se especializa en derecho privado, Víctor Abramovich se encuentra estudiando un dictamen para presentar la posición del Ministerio Público Fiscal sobre el conflicto, confirmó a elDiarioAR una fuente directa de ese organismo. 

La Corte aún no fijó fecha para la audiencia pública que se celebrará previo al fallo del máximo tribunal, pero será en los próximos meses, aseguró la fuente consultada en el Palacio de Justicia. ¿Por qué eligió esta causa, en medio de la avanzada del oficialismo que buscará exponer a los jueces por supuesto mal desempeño? La respuesta a la fuente consultada es que cuando la Corte elige un tema y le da prioridad y tratamiento especial por sobre otro busca sentar jurisprudencia para tribunales superiores de la Región, frenar un daño inminente, definir posición en un tema de interés jurídico o zanjar una controversia ante la falta de una ley, es decir, ante la inacción del Congreso. “Es como el caso de la coparticipación -la que originó la pelea con el Gobierno y el pedido de juicio político contra los jueces-. La Corte se mete porque la política tiene pendiente desde hace casi dos décadas sancionar una nueva normativa y no lo hace”, responde una fuente directa del tribunal. 

ED