El Gobierno de Brasil lanzó una campaña para expulsar de la mayor reserva indígena del país a decenas de miles de mineros ilegales. Fuerzas especiales para la protección del medio ambiente destruyeron aviones y confiscaron armas y embarcaciones en un operativo llevado a cabo en las profundidades del territorio yanomami, en la Amazonia brasileña.

Miembros del Instituto Brasileño del Medio Ambiente y de los Recursos Naturales Renovables (IBAMA, por sus siglas en portugués), con el apoyo de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) y el recientemente creado Ministerio de Pueblos Indígenas, lanzaron el lunes la anhelada operación, para la que las tropas establecieron una base a lo largo del río Uraricoera. Esta vía fluvial, al igual que decenas de pistas de aterrizaje ilegales, es utilizada por los ‘garimpeiros’ en busca de estaño y oro para llegar a sus puestos en tierras yanomami, donde se abastecen de minerales.

En un comunicado emitido el miércoles al mediodía, el Gobierno brasileño informó que la brigada medioambiental había destruido un helicóptero, un avión y una excavadora utilizados por las mafias mineras para abrir caminos clandestinos a través de las selvas de la región. Las imágenes de la redada muestran el chasis de un helicóptero ardiendo cerca de una zona de selva después de que los agentes del IBAMA le hubieran prendido fuego para impedir que volviera a ser utilizado.

La Policía Federal de Brasil también informó este viernes de una nueva operación con objetivo de “interrumpir la logística” e “inutilizar la infraestructura” usada por los mineros ilegales.

Una ruta ilegal de 120 kilómetros

En diciembre, The Guardian documentó la existencia de un “camino al caos”, una ruta ilegal de 120 kilómetros de extensión que atraviesa tierras yanomami. El descubrimiento fue realizado en un sobrevuelo junto a la activista indígena Sônia Guajajara, que semanas después fue nombrada al frente del Ministerio de Pueblos Indígenas, creado por Lula da Silva.

El martes por la noche, Guajajara dijo que el nuevo Gobierno del presidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva estaba decidido a proteger a los casi 30.000 yanomami que viven en Brasil de lo que las autoridades calificaron de “genocidio”. “Los yanomami quieren paz, eso es lo único que quieren”, dijo Guajajara a la cadena de televisión GloboNews. “Y eso es lo que vamos a darles”.

Los buscadores ilegales de oro, conocidos como garimpeiros, empezaron a invadir las tierras yanomami en los años 70 y 80, después de que la dictadura militar que gobernó el país de 1964 a 1985 instara a los brasileños empobrecidos a poblar una región de la que, según decían, pretendían apoderarse potencias extranjeras.

Las protestas a nivel global —que incluyeron al entonces Príncipe Carlos que hace años condenó el “genocidio colectivo” de los yanomami— impulsaron al Gobierno a tomar medidas. Decenas de miles de mineros fueron expulsados de las tierras yanomami a principios de la década de los 90 durante una operación de seguridad denominada Selva Livre. El entonces presidente de Brasil, Fernando Collor de Mello, creó para los indígenas yanomami un territorio supuestamente protegido de 9,6 millones de hectáreas que existe hasta hoy.

La responsabilidad de Bolsonaro

Sin embargo, el conflicto se reavivó tras la elección en 2018 del presidente de extrema derecha Jair Bolsonaro, que despotricó públicamente porque se hubiera reservado una extensión tan grande de tierra rica en minerales para la población indígena.

Se estima que, durante los cuatro años de su Gobierno, en los que se disparó la deforestación amazónica y se debilitaron los organismos medioambientales e indígenas, al menos 25.000 mineros acudieron en masa al territorio yanomami, cerca de la frontera con Venezuela, trayendo violencia y enfermedades.

“Fue un Gobierno de sangre”, dijo el líder yanomami Júnior Hekurari en una entrevista reciente.

El nuevo Gobierno de Lula, que comenzó el 1 de enero, prometió revertir las políticas de la era Bolsonaro que causaron estragos en el medio ambiente y las comunidades indígenas de Brasil. “Pondremos fin a cualquier tipo de minería ilegal. Esto no puede simplemente realizarse mediante una ley. Debe ser casi una profesión de fe”, dijo el veterano líder de izquierda a The Guardian durante la campaña electoral del año pasado.

Hace tres semanas, el presidente visitó la región y ordenó la retirada de los mineros ilegales de la tierra Yanomami.

El miércoles por la tarde, varios ministros de alto rango, entre ellos el titular de Defensa, José Múcio, aterrizaron en la ciudad amazónica de Boa Vista —la más cercana al territorio yanomami— para supervisar el inicio de la operación contra la minería ilegal.

Desastre humanitario

El operativo de esta semana llega después de que en Brasil se haya levantado un clamor por el desastre humanitario que asoló el territorio yanomami a lo largo de los últimos años como consecuencia de la afluencia de mineros y la inacción del Gobierno.

En los últimos días, decenas de niños yanomami fueron trasladados a hospitales de Boa Vista aquejados por la desnutrición y la malaria. Las terribles imágenes de niños y adultos demacrados causaron indignación en Brasil y en todo el mundo. Al menos 570 niños yanomami habrían muerto de enfermedades curables durante el Gobierno de Bolsonaro.

Tras una visita a la región el mes pasado, Lula dijo: “Más que una crisis humanitaria, lo que vi... fue un genocidio. Un crimen premeditado contra los yanomami cometido por un Gobierno impermeable al sufrimiento del pueblo brasileño”.

La crisis fue documentada para The Guardian por Dom Phillips, el periodista británico cuyo asesinato en la Amazonia el pasado mes de junio sacó a la luz la degradación medioambiental y la delincuencia que asolaron la región durante el anterior Gobierno de Brasil.

“Es como si estallara una bomba. No verás nada más brutal que esto”, dijo un experto medioambiental a Phillips tras haber visto imágenes de una mina en territorio yanomami que el periodista había visitado a finales de 2019.

Traducción de Julián Cnochaert

TP