El 14 de abril de 1996 fue un día especial para la provincia de Misiones, en el noreste de Argentina, en la frontera con Paraguay y Brasil. Esa jornada se realizó un plebiscito para consultar a la población si estaba de acuerdo o no con la construcción de una hidroeléctrica. El resultado fue que el 88.63 % de los ciudadanos dijo estar en contra del proyecto. Ahora, tres décadas más tarde, la intención de construir la represa recobró fuerza. El gobierno provincial de Misiones impulsa la consolidación del proyecto junto a autoridades de Paraguay y eso puso en alerta a sectores ambientalistas y científicos.

El proyecto hidroeléctrico fue bautizado con el nombre de Corpus Christi y se trata de una represa binacional entre Argentina y Paraguay sobre el río Paraná, concretamente en la isla Pindo-í, en el municipio de Corpus. Actualmente este proyecto se encuentra en fase de prefactibilidad, es decir, que está en análisis para que las autoridades evalúen si la idea es viable antes de invertir. El objetivo es generar hasta 3500 megavatios (MW) de potencia.

El resultado del plebiscito de 1996 derivó en la sanción de una ley provincial que sigue vigente y que consolidó jurídicamente el veredicto popular. Además, estableció el impedimento para la construcción de la represa de Corpus Christi y de otros posibles proyectos hidroeléctricos de características similares sin la aprobación de la ciudadanía mediante un nuevo proceso de consulta. En otras palabras: ante cualquier proyecto de represa en la provincia de Misiones, el Gobierno provincial debe llamar a votación obligatoria y vinculante, según interpretan los abogados consultados para esta nota.

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Martín Ferroni, activista ambiental y representante legal de la Asociación Civil Orembaé, explicó a Mongabay Latam que el proyecto hidroeléctrico no tiene una Evaluación de Impacto Ambiental y remarcó que la ley provincial que avaló el plebiscito de 1996 está vigente, por lo que considera que no puede ser derogada ni por un decreto ni por otra norma.

“Acá nosotros tenemos un plebiscito con una decisión popular vinculante que no puede ser derogada por una ley ordinaria y mucho menos por un decreto, por más que se consiga una mayoría absoluta en la legislatura, la ley no puede ser derogada por una norma de poder constituido”, resaltó Ferroni.

El abogado detalló que también la Ley General del Ambiente, que rige para toda Argentina, establece el principio de no regresión ambiental. “Esto significa que se alcanzó un nivel de protección, entonces no se puede establecer un nivel de protección menor con otra norma. Nosotros tenemos una ley que prohíbe la construcción de la represa y en ese sentido se estableció el máximo nivel de protección ambiental”, dijo Ferroni.

Además, el jurista añadió que la ley solo puede ser derogada con una declaración de inconstitucionalidad de la norma. “Incluso llamando a un nuevo plebiscito ya se estaría contradiciendo la ley”, sostuvo.

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Por su parte, Raúl Bregagnolo, activista ambiental y representante de la Mesa Provincial No a las Represas, afirmó a Mongabay Latam que existe la intención de una parte de la legislatura de Misiones para aprobar una ley que convoque a un nuevo plebiscito que consulte a la población si está de acuerdo o no con la construcción de la hidroeléctrica Corpus Christi.

La respuesta oficial

La organización Orembaé solicitó en mayo de este año información pública ambiental al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de Misiones. La respuesta llegó a la organización el 29 de ese mes. En el documento se confirma que no existe un estudio de impacto ambiental presentado por los impulsores de la obra, ni dictámenes técnicos de la autoridad ambiental o una Declaración de Impacto Ambiental.

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Mongabay Latam pidió información al Ministerio de Ecología y Recursos Naturales Renovables de la provincia de Misiones para conocer en qué etapa se encuentra este proyecto hidroeléctrico y si existen estudios ambientales aprobados. Sin embargo, la entidad pública no respondió los requerimientos.

El delegado argentino en la Comisión Mixta del Río Paraná (Comip), José López, defendió el proyecto hidroeléctrico y aseguró a Mongabay Latam que antes de 2020 se realizaron diferentes estudios ambientales por un consorcio internacional integrado por Harza Engineering (Estados Unidos), IATASA (Argentina) y TECMA (Paraguay).

López afirmó que, entre sus principales conclusiones, los estudios “determinaron la factibilidad ambiental” del proyecto y dijo que se recomendó el emplazamiento Pindo-í como lugar de construcción de la represa “por presentar la menor afectación ambiental entre las alternativas evaluadas”.

“En 2020, la Comip impulsó una actualización de las afectaciones ambientales y sociales del proyecto, revisando información territorial, viviendas potencialmente afectadas, bosques de ribera, áreas protegidas, comunidades originarias y sitios arqueológicos”, detalló López. Dicho trabajo permitió contrastar los resultados de los estudios originales con información más reciente y ratificó la existencia de una base técnica sólida susceptible de actualización y mejora permanente, según el funcionario.

Sin embargo, el también economista aclaró que los estudios actualmente disponibles pertenecen a etapas de prefactibilidad y factibilidad. “Su finalidad es determinar la viabilidad técnica, económica, ambiental y social del aprovechamiento, comparar alternativas y establecer preliminarmente la magnitud de las afectaciones previsibles”, dijo.

“Como ocurre en cualquier proyecto de infraestructura de gran escala, estos estudios no sustituyen la documentación propia de una eventual etapa ejecutiva. Si existiera una decisión institucional de avanzar con el proyecto, deberían actualizarse numerosos relevamientos, profundizarse estudios específicos, incorporar nueva información ambiental y cumplirse integralmente todos los procedimientos previstos por la legislación vigente”, añadió López.

Martín Arjol, diputado provincial de Misiones del Partido Libertario, es uno de los políticos que impulsa un nuevo plebiscito para aprobar la construcción de la hidroeléctrica. El legislador, en contacto con Mongabay Latam, afirmó que la realidad energética de Misiones y de la Argentina cambió completamente y que hace 30 años el contexto era otro. “Hoy la demanda eléctrica crece de manera sostenida, la provincia depende en gran medida de energía generada fuera de su territorio y cada verano vivimos las consecuencias de un sistema cada vez más exigente”, dijo.

Arjol añadió que el proyecto que se estudia “no es simplemente reeditar una discusión del pasado” y confirmó que existe un estudio de prefactibilidad actualizado que identifica al emplazamiento Pindo-í como la alternativa con menores afectaciones socioambientales. Dijo que esta opción reduciría la superficie inundada, las relocalizaciones y otros impactos.

“Nuestro planteo no es construir una represa por decreto. Nuestro planteo es debatir con información actualizada y que la decisión final la tome la ciudadanía”, afirmó Arjol. “Quienes sostienen que el tema no puede volver a discutirse, en realidad están diciendo que los misioneros nunca más pueden opinar sobre una cuestión estratégica para el futuro de la provincia”, afirmó.

Estudios parciales y de 2020

Jonathan von Below, ingeniero forestal de la Universidad Nacional de Misiones y doctor en Ciencias Agropecuarias de la Universidad de Buenos Aires (UBA), tiene una mirada diferente a la de López. El experto afirmó a Mongabay Latam que la represa, en caso de consolidarse, traerá afectaciones al medioambiente y a la biodiversidad.

Von Below detalló que la iniciativa puede alterar ecosistemas ribereños y generar gases de efecto invernadero al descomponerse la materia orgánica inundada. Dijo que también puede bloquear la migración de peces y alterar el transporte de sedimentos. “Una presa frena el agua. El agua lleva arena y nutrientes. Si el agua se frena, la arena y los nutrientes se quedan atrapados. Esto afecta a los animales del río Paraná aguas abajo”, afirmó.

El especialista resaltó que el estudio de prefactibilidad más actualizado data de 2020 y es el que evalúa el emplazamiento Pindo-í con potencias proyectadas entre 2880 MW y 3456 MW, según explicó. Von Below aseguró que la superficie de inundación permanente sería de 13 838 hectáreas. Al ser un proyecto binacional 6709 hectáreas estarían afectadas en Argentina y 7129 hectáreas en Paraguay.

Además, el experto detalló que nueve áreas protegidas del lado argentino tendrían algún nivel de afectación si se concreta la represa, incluyendo las reservas ícticas (relativas a peces) de Corpus y Caraguatay, que estarían afectadas en su totalidad, y la Isla Caraguatay, que podría verse afectada en un porcentaje alto.

Según von Below, entre agosto y noviembre de 2025 surgieron propuestas de un nuevo plebiscito para materializar el proyecto, pero esta intención –dijo- generó rechazo generalizado de organizaciones ambientalistas y sociales.

Von Below detalló que el proyecto hidroeléctrico está ubicado en la selva paranaense, una zona que es el remanente más importante de la Mata Atlántica en Argentina. La selva misionera alberga el 52 % de la biodiversidad del país: más de 564 especies de aves, 260 de peces, 150 de mamíferos, 116 de reptiles y miles de especies vegetales, según el propio gobierno de Misiones y el Instituto Misiones de Biodiversidad.

“En los últimos 120 años se ha perdido el 95 % de la extensión original de la Mata Atlántica argentina. El 5% restante se concentra mayoritariamente en la provincia de Misiones. El mayor desastre ambiental documentado en esta ecorregión fue precisamente el embalse de Itaipú -ubicada sobre el río Paraná, en la frontera entre Brasil y Paraguay-, que inundó aproximadamente 1200 kilómetros que albergaban cientos de especies vegetales y animales”, destacó von Below.

El artículo original fue publicado por Ivan Paredes Tamayo en Mongabay Latam. Puedes revisarlo aquí.

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El cambio climático y el consiguiente incremento de los fenómenos meteorológicos extremos, como sequías, inundaciones y temporales, influye negativamente y lo hará todavía más en la cantidad y calidad del agua disponible para satisfacer las necesidades humanas básicas en todo el mundo. El último “Informe de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo de los Recursos Hídricos en el Mundo”, publicado hace casi un año, destacó que el consumo de agua en el planeta crece a un ritmo anual del 1%, por lo que una deficiente gestión de los recursos hídricos podría exacerbar los efectos del calentamiento global. A nivel mundial unas 2.200 millones de personas no tienen acceso a servicios de agua potable gestionados de forma segura y más de la mitad de la población (4.200 millones de personas) carecen de servicios de saneamiento gestionados de forma segura. Además, 297.000 niñas y niños menores de cinco años mueren cada año debido a enfermedades diarreicas causadas por las malas condiciones sanitarias o agua no potable.

Argentina, en tanto, enfrenta desde comienzos de año una de las peores sequías de su historia: casi el 55% de la superficie del territorio fue afectada por la falta de lluvias o sufrió condiciones de estrés hídrico, según un informe del Sistema de Información sobre Sequías para el Sur de Sudamérica (Sissa). La ausencia de precipitaciones se da, además, en un contexto de olas de calor cada vez más extensas y sofocantes. Durante la primera semana de enero, por ejemplo, las temperaturas máximas rondaron entre los 32° y 40° en las patagónicas Rio Negro, Chubut, Neuquén y Santa Cruz. Este domingo Buenos Aires sufrió una jornada de calor histórica con un registro de 38,1°, la temperatura más alta para el mes de febrero desde 1961. Entre fines de 2022 y principios de este año la falta de lluvias provocó que se secara por completo la laguna del partido bonaerense de Navarro, con una superficie de 165 hectáreas, y causó pronunciadas bajantes en las lagunas de Lobos, Chascomús y San Vicente. Un panorama similar se vivió en la laguna “El Bonete”, en el departamento Vera, en el norte santafesino.

“El aumento de la temperatura es uno de los componentes más certeros del cambio climático. Las modificaciones en el régimen de precipitaciones, sin embargo, lo son mucho menos. Los primeros inciden sobre los recursos hídricos en menor medida que los segundos, pero dada su certeza vale la pena explorar sus efectos sobre el agua”, explicó a elDiarioAR Esteban Jobbágy, ingeniero agrónomo y Magister en Recursos Naturales por la Universidad de Buenos Aires (UBA), Doctor en Biología con especialización en Ecología en la Universidad de Duke (Estados Unidos) e Investigador Superior del CONICET. Jobbágy, que integra el Grupo de Estudios Ambientales de la Universidad Nacional de San Luis, destacó que un registro de mayores temperaturas implica que los cultivos, con un mismo régimen pluvial, consuman más agua, lo que afecta a la producción, y destinen menos líquido para abastecer ríos y arroyos. Una situación así, indicó, puede ser crítica, por ejemplo, en cuencas serranas de importancia para la población, como los casos de Córdoba o San Luis. Pero también en las cuencas cordilleranas, cuyos aportes de agua dependen de nevadas y deshielo gradual de glaciares, el calentamiento puede traer muchos cambios que incluyen fluctuaciones mayores de caudal entre años y, en el largo plazo, reducciones del caudal total. “En cuencas como las de los ríos San Juan y Mendoza, esto ya es un hecho que obliga a pensar estratégicamente el riego y su futuro”, señaló. 

-¿Qué actividades productivas son las que más afectan los recursos hídricos y cómo se podrían menguar sus efectos?

-Hay muchas y sus efectos son diferentes. La agricultura de bajo riego, que en Argentina es principalmente dominante en los oasis de cultivo intensivo cordilleranos (Mendoza, San Juan, Río Negro, entre otros) es una gran consumidora de agua que, en una proporción alta, va a la atmósfera como vapor y no se recicla localmente. El impacto aquí significa perder agua para otros usos humanos y para el funcionamiento de ecosistemas naturales, ya sean humedales o ríos, que dependen de ella. La agricultura de secano, la que no se riega, es la que ocupa más superficie en Argentina. Es una actividad que opera en forma diferente sobre el agua porque, generalmente, reduce el consumo anual del agua que localmente aportan las lluvias en relación a la vegetación que reemplaza y en las llanuras eso está volviendo al territorio más propenso a inundaciones. Sumemos a lo anterior los efectos sobre la calidad del agua que la agricultura genera por el escape de pesticidas y fertilizantes a las napas o cursos superficiales. En el país la contaminación con nutrientes no es tan grave como en otros países por nuestro relativo bajo uso de fertilizantes; en cambio, el uso altísimo de herbicidas está dejando su huella en muchos sistemas acuáticos, por ejemplo, de la llanura Chaco-pampeana incluyendo sus aguas, sedimentos y habitantes silvestres. En la contaminación de aguas hacen su aporte, mucho más local o focalizado, las industrias y las producciones animales concentradas como feedlots y granjas avícolas y porcinas. También las ciudades con sus efluentes que, por lo general, no reciben un tratamiento satisfactorio en las plantas depuradoras que, si existen, están sobrepasadas en su capacidad. Las opciones para reducir estos impactos existen, algunas son tecnologías “envasadas”, como los sistemas de riego ultra eficientes o las piletas para efluentes, animales para feedlots y tambos con sistemas de tratamiento y control inteligente. Otras soluciones requieren trabajo más “artesanal” no por ello de menos profundidad técnica. Por ejemplo el rediseño de paisajes agrícolas para bajar los impactos en la fuga de agroquímicos o en la generación de anegamientos e inundaciones. Aquí cada paisaje requiere un abordaje propio y son cruciales las articulaciones entre empresas agropecuarias, asociaciones de productores y gobiernos municipales y provinciales. En este terreno aún nos falta mucho camino por recorrer. 

-¿Alcanza con tomar medidas locales frente a la crisis hídrica o es conveniente elaborar una estrategia regional? 

-La respuesta es sí a todo. El mejor escenario es uno en el que las iniciativas de “abajo hacia arriba” (rediseños de paisaje emprendidos espontáneamente por empresas) se encuentran con los de “arriba hacia abajo” (leyes nacionales enfocadas en la protección de bosques, humedales, etc). Este encuentro a veces trae choques, pero eso es justamente lo que necesitamos provocar y procesar para tener un tejido de gestión de la tierra y el agua más inteligente y justo. No hay medidas mágicas preconcebidas: las tenemos que crear y negociar. 

Jobbagy también se desempeña en el área de sustentabilidad de la Fundación Bunge y Born, que en 2022 lanzó el “Mapa de Aguas Claras”, una iniciativa que tiene como objetivo potenciar proyectos que conecten a la ciencia con la resolución de problemas concretos en relación al agua en distintas localidades del país. El desarrollo de la plataforma permitió revelar que el 17% de los argentinos vive en ciudades con una provisión de agua “muy comprometida” y otro 42% en urbes con provisión “algo comprometida”. Para Jobbagy se deben financiar proyectos nacionales que diagnostiquen, pero sobre todo ensayen nuevas reglas, y por el otro, iniciativas de raíz local que articulen municipios con privados y organismos de ciencia y técnica. “Cada localidad tendrá sus necesidades, valores y prioridades, hay que escucharlas y acompañarlas”, opinó.

-¿Considera que la bajante de ríos como el Paraná, la sequía en zonas agrícolas, la falta de lluvias y el desabastecimiento de agua potable son escenarios que se repetirán de aquí a los próximos años?

-Creo que nadie puede responder esto con certeza. Desde la ciencia que mira el calentamiento global la respuesta es “no necesariamente”; de hecho, los pronósticos sugieren que en el largo plazo habrá más y no menos lluvias en la región. Pero a eso tenemos que superponerle otras capas de información. El consumo del recurso hídrico en economías y poblaciones crece y lo que ayer alcanzaba, hoy no. Inclusive, aun cuando en cantidad total sea el mismo, ese recurso puede deteriorarse en su calidad o en su timing. En esto el crecimiento del sistema de embalses y represas en las cuencas es algo a mirar con atención. Vendrán nuevos años húmedos e, incluso, inundaciones; también habrá, otras sequías después. Lo que depende de nosotros es que nos encuentren mejor preparados. La bajante del Paraná enseñó a las ciudades las vulnerabilidades de sus tomas de agua; al transporte, la dificultad de sacar grano por un río que no sostiene el calado máximo de los buques;. al campo, que el riego puede ser una opción salvadora en el corto plazo, pero que trae nuevos conflictos que hay que pilotar. En fin, las próximas cartas las tiramos nosotros como sociedad. Tenemos unas cuantas muy buenas, pero aún no somos tan hábiles jugadores como podríamos ser.

GT