Una semana después de que elDiarioAR diera a conocer el desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI de Ituzaingó, el caso empezó a leerse, en voz baja, como una señal más del modo en que se ordena el poder en el conurbano. Pero la intensidad con la que el episodio se vive en el territorio no parece tener un correlato directo en la Casa Rosada. En Balcarce 50, según reconstruyó este medio, el corrimiento del médico Santiago Cerneaz y su reemplazo por una figura vinculada al peronismo bonaerense no desató una alarma abierta ni un movimiento de urgencia, sino una reacción más bien matizada, como si se tratara de un reacomodamiento esperado dentro de una estructura que sigue su curso.

El episodio, sin embargo, vuelve a exponer una contradicción de fondo: en la provincia de Buenos Aires, donde la salud suele funcionar como caja y moneda de negociación, el discurso del “fin de la casta” choca con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. En el municipio, en cambio, la lectura fue inversa: el movimiento se interpretó como una oportunidad para “recuperar” el hospital para la comunidad y reinsertarlo en el esquema territorial del intendente Pablo Descalzo.

Mientras que puertas adentro del Gobierno el caso es relativizado, en Ituzaingó, en cambio, el desplazamiento fue leído por los referentes libertarios como una señal de alarma y un golpe directo a la promesa de ruptura. Fuentes vinculadas al hospital sostienen que el conflicto no fue por un nombre sino por el intento de alterar un sistema aceitado desde antes. “No quieren que internen a la gente. Quieren derivarla”, resumió un interlocutor que conoce el funcionamiento cotidiano del centro.

La acusación apunta a una práctica histórica: que los afiliados del PAMI no permanezcan en un hospital público con capacidad instalada, sino que sean enviados a clínicas privadas del conurbano, un circuito que, según esas versiones, concentra negocios de internación y prestaciones. “Las cuevas mata-viejos”, exageran algunos, en referencia a instituciones que reciben pacientes derivados de manera sistemática. En ese esquema, señalan, la Unidad de Gestión Local (UGL) cumple un rol decisivo como engranaje territorial que autoriza derivaciones y sostiene acuerdos con actores privados. En el PAMI, explican, el poder no está solo en la sede central: en las UGL se define buena parte del circuito cotidiano de prestadores, pagos y derivaciones, una suerte de mini Estado paralelo que atraviesa gobiernos sin demasiadas alteraciones.

En el entorno libertario de Ituzaingó, además, la designación de Christian Varela es leída como algo más que un recambio técnico. Según fuentes al tanto de la interna del PAMI, Varela habría llegado “recomendado” por Martín Rodríguez, exnúmero dos del organismo durante la gestión anterior y uno de los dirigentes territoriales más cercanos a Máximo Kirchner. Para los referentes locales de La Libertad Avanza, ese padrinazgo político refuerza la sospecha de que el desplazamiento de Cerneaz no respondió a criterios sanitarios sino a un reordenamiento más amplio, donde viejas estructuras del kirchnerismo conservan capacidad de influencia sobre áreas sensibles del Estado, incluso bajo el gobierno de Javier Milei.

Descalzo, mientras tanto, ya se prepara una narrativa política de signo contrario. Según aseguraron fuentes extraoficiales a elDiarioAR, el intendente planea en las próximas semanas un anuncio para presentar que el hospital fue “recuperado para la comunidad”, incluso con la posibilidad de un acto junto al gobernador Axel Kicillof.

Para el peronismo territorial, el episodio abre la puerta a retomar el control simbólico de un hospital inaugurado a las apuradas antes de la veda electoral de 2023 y atravesado desde entonces por una disputa soterrada entre Nación y el distrito. Para los libertarios que acompañaron a Cerneaz, en cambio, esa eventual foto sería el cierre perfecto: un hospital nuevo reabsorbido por la lógica clásica del conurbano, donde el territorio impone reglas propias mientras el centro del poder observa con distancia.

Denuncias y pactos

Las acusaciones que circulan en el territorio van más allá de cualquier cambio de nombre. Describen un hospital atravesado por contratos sensibles, con proveedores históricos y costos inflados. Un ejemplo reiterado es el retiro de residuos patológicos: apuntan a órdenes de pago firmadas por la administradora Corina Martín por cifras muy superiores a lo efectivamente retirado. En un sistema donde cada movimiento implica millones, la disputa por el control de esas prestaciones se vuelve central. También hablan de un desbalance interno. “Hay más guardias de seguridad que médicos”, deslizó a elDiarioAR una fuente involucrada, en una postal que sintetiza el clima actual del hospital, con más chalecos que guardapolvos.

El episodio del empleado dado de baja y reincorporado dos semanas después, ya mencionado en la nota pasada, sigue funcionando como emblema. En noviembre, Cerneaz firmó la resolución para desafectar a una persona que figuraba en la nómina pero que nadie identificaba. A los pocos días, el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, lo reincorporó de manera directa. Para los libertarios locales, con el concejal Hugo Equiza a la cabeza, fue una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de ordenar estructuras atravesadas por prácticas clientelares.

Cerneaz, aseguran en su entorno, había intentado en esos meses abrir servicios, duplicar turnos y recortar contratos irregulares: en apenas cuatro meses llegó a dar de baja más de 40 vínculos laborales ligados a empleados sin funciones claras y esquemas de “home office” heredados de gestiones anteriores, movimientos que chocaron con intereses instalados dentro y fuera del hospital.

En las conversaciones internas aparece además el peso de La Cámpora en distintas áreas del organismo previsional. Se menciona a Roberto “Pampa” Armagno, exgerente de Prestaciones Médicas en tiempos de Alberto Fernández y operador territorial vinculado a Hurlingham, y a empleados señalados como parte de una planta que sobrevivió a todos los cambios de gestión. Incluso circula una denuncia política más amplia: que durante la campaña municipal de 2023 se habrían usado recursos de hospitales del sistema para financiar candidaturas locales, cuando el PAMI todavía era conducido por Luana Volnovich.

Son todas versiones que, en el universo libertario, funcionan como prueba de continuidad: la casta no se fue, se reacomodó. En ese marco, el silencio oficial del PAMI frente a las acusaciones refuerza la sensación de opacidad: puertas adentro hablan de reorganización, pero evitan responder sobre virtuales auditorías. “Hoy el organismo es controlado por gente de Santiago Caputo que tiene arreglos con el peronismo”, señalan, sin vueltas, desde el conurbano.

En un distrito donde la salud pública suele ser también una caja y un territorio de disputa, el caso Ituzaingó deja una pregunta abierta: si el relato libertario puede sostenerse en escenarios donde el poder real se negocia con clínicas privadas, estructuras históricas y barones locales que sobreviven a todos los cambios de época. A fin de cuentas, lo que prima es la lógica subterránea de la gobernabilidad bonaerense. Y en la Casa Rosada lo saben.

PL/MG

En el conurbano bonaerense los discursos sobre el “fin de la casta” chocan seguido con prácticas que sobreviven a todos los cambios de gobierno. El reciente desplazamiento del director del Hospital del Bicentenario PAMI, ubicado en el partido de Ituzaingó, expuso esa contradicción con crudeza. No fue un recambio administrativo ni una corrección técnica: fue una remoción abrupta, sin explicaciones formales, ordenada desde la cúpula del organismo previsional y ejecutada mientras el funcionario estaba de vacaciones.

Según pudo saber elDiarioAR, el mensaje fue directo y brutal. “No estás más, te tengo que echar”, le dijeron por teléfono, con una excusa tan vaga como inquietante: había que “cuidarlo” por un supuesto escándalo que nunca fue precisado. La resolución formal del PAMI llegó de inmediato, el 7 de enero, cuando el corrimiento ya era un hecho consumado.

El funcionario desplazado era el médico Santiago Cerneaz, designado el 1° de septiembre y referenciado políticamente en La Libertad Avanza local. En su lugar asumió Christian Varela, un nombre con recorrido conocido en el sistema sanitario de la provincia de Buenos Aires y con vínculos políticos explícitos con el peronismo territorial: fue director del Hospital Vicente López de General Rodríguez entre 2020 y 2024, durante gestiones alineadas con el PJ, y se lo relaciona al exministro de Salud bonaerense Alejandro Collia.

La secuencia desató un fuerte malestar en el armado libertario de Ituzaingó. El enojo fue inmediato en Hugo Equiza, flamante concejal de La Libertad Avanza y candidato a intendente en 2023. Para Equiza, el desplazamiento de Cerneaz no fue casual ni aislado, sino la consecuencia directa de haber empezado a intervenir en zonas sensibles del hospital.

“Cuando se empezó a meter y a toquetear cosas que evidentemente eran arreglos extraños o temas de corrupción, empezaron a decir que se estaban encendiendo las alertas”, sostuvo el dirigente libertario en diálogo con elDiarioAR. Y fue más allá: “En el PAMI hay toda una runfla que está enquistada desde siempre. No se nota que haya una voluntad real de cambiar de manera estructural organismos atravesados por corrupción, falta de transparencia y clientelismo”.

Para muestra basta un botón. Según relatan en el distrito, uno de los casos que mejor grafica lo denunciado por Equiza fue el de una persona que figuraba en la nómina del hospital pero a la que nadie conocía ni había visto trabajar durante años. En noviembre, ante esa situación, la dirección encabezada por Cerneaz resolvió darle de baja por vía administrativa. Sin embargo, dos semanas después, el empleado fue reincorporado de manera directa por el titular del PAMI, Esteban Leguizamo, un episodio que fue leído como una señal explícita de hasta dónde llegan las resistencias internas a cualquier intento de reordenamiento.

El Hospital del Bicentenario PAMI Ituzaingó atiende por guardia a unas 15.000 personas por mes, sean o no afiliados al organismo previsional. Comenzó a funcionar a pleno recién en octubre de 2023, más de una década después de haber sido anunciado. Con una inversión inicial cercana a los 11.000 millones de pesos, según informaron oficialmente en su momento, el hospital —el primero del distrito desde su creación en 1995— es de alta complejidad y cuenta con seis quirófanos, áreas de terapia intensiva e intermedia, 120 camas de internación y consultorios para múltiples especialidades.

Pactos son pactos

Detrás del episodio sanitario asoma una trama más amplia, donde la gestión pública en general suele funcionar como moneda de negociación política. Desde la creación de la Administración Nacional de Establecimientos de Salud (ANES) en julio del año pasado, los cinco hospitales descentralizado que dependen del Ministerio de Salud dejaron de comprar de manera autónoma y pasaron a depender de un esquema centralizado. Un rediseño que, lejos de transparentar, abrió nuevas ventanillas de poder, contratos y control de cajas sensibles, con el Hospital Posadas de Morón como eslabón principal.

En los territorios la incomodidad es creciente. Militantes y referentes locales de La Libertad Avanza no terminan de entender por qué, a dos años de gestión, siguen ocupando posiciones clave cuadros ligados no solo a La Cámpora o al massismo, sino también al PRO y hasta, en menor medida, a la UCR, mientras quedan relegadas figuras que se reivindican fieles a las ideas de Javier Milei. La explicación que empieza a circular puertas adentro no es ideológica sino pragmática: acuerdos de supervivencia con la “línea histórica” enquistada en los organismos del Estado.

La reciente aparición de los cuadernos del operador farmacéutico Miguel Ángel Calvete, en el marco de la causa de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y los nombres que asoman en esas anotaciones —como el del número 2 del PAMI, Carlos Zamparolo— funcionan, para ese universo libertario cada vez más desencantado, como una prueba irrefutable de que persisten las mismas prácticas opacas que el propio Presidente había prometido erradicar.

Como parte de ese entramado aparece una figura clave: Guido Giana, viceministro de Salud de la Nación. Su llegada al cargo tras la salida de Cecilia Loccisano, en noviembre pasado, no debilitó al ministro Mario Lugones. Por el contrario, le permitió a Santiago Caputo reacomodar su propio dispositivo dentro del área. Giana no solo reemplazó a la funcionaria saliente: consolidó un esquema aún más alineado con el asesor presidencial, con acceso directo al Salón Martín Fierro, el centro de operaciones de Las Fuerzas del Cielo en la Casa Rosada. Sin ir más lejos, a esa agrupación reportan los principales funcionarios que dirigen el PAMI central, tal y como relató elDiarioAR en marzo de 2025.

Aunque hoy se mueve con comodidad en el corazón del poder, Giana no proviene del mundo libertario puro. Su recorrido político comenzó en el PRO y en el vidalismo, donde fue concejal y armador territorial en Presidente Perón. Luego pasó por el PAMI durante la gestión de Cambiemos, una etapa clave en la que manejó números, contratos y auditorías dentro de uno de los organismos más estratégicos del Estado.

El salto definitivo a la primera línea se produjo cuando asumió la dirección administrativa del Sanatorio Güemes, la institución privada propiedad de Lugones, donde el ministro comparte sociedad con Enrique Nosiglia y Luis Barrionuevo. Ese cruce entre política, negocios y gestión sanitaria explica el peso específico que hoy tiene Giana en el control de las cajas de salud.

Es que el viceministro integra los directorios de al menos tres empresas vinculadas a ese rubro de manera directa, según consta en el Boletín Oficial. Al observar la red de vínculos que rodea a Giana, emergen cruces entre familiares, operadores políticos y actores de peso del sector privado. Como publicó Giselle Leclercq en Perfil, uno de sus socios es Ramiro Eugenio Negro, quien a su vez comparte sociedades en otras firmas con Daniel Walter Román, fundador de Urbano Express S. A., la empresa de logística que en mayo pasado ganó una polémica licitación del PAMI para la distribución de pañales.

Según apuntó Equiza, Giana mantendría además una relación estrecha con Gastón Di Castelnuovo, referente del PRO en Ituzaingó, de diálogo fluido con Diego Santilli y, como denuncia el propio concejal libertario, aliado silencioso del intendente local. También se desempeña como vicepresidente primero de Autopistas Urbanas S. A. (AUSA), la empresa del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires encargada de la construcción y mantenimiento de las autopistas dentro de los límites de la General Paz. “Di Castelnuovo quiere ser candidato en 2027. No quieren que yo levante cabeza ni tenga poder porque soy el que le va a ir a discutir a Descalzo”, acusó Equiza al vincular el desplazamiento del director del hospital con una trama de intereses políticos cruzados.

El último “barón”

Ese apellido no es menor. Ituzaingó es gobernado por la familia Descalzo desde hace más de tres décadas: primero por Alberto, histórico barón del conurbano que llegó al poder en 1995, y desde diciembre de 2023 por su hijo Pablo Descalzo. Aunque se autopercibe peronista y hoy se recueste enteramente sobre Axel Kicillof, el clan construyó su supervivencia política a partir de una lógica pragmática: vínculos transversales, acuerdos silenciosos y una notable capacidad de adaptación a cada gobierno nacional de turno. La llegada de Milei a la Casa Rosada no alteró ese patrón. Por el contrario, lo reactivó bajo nuevas formas.

Un caso emblemático fue revelado por elDiarioAR en agosto de 2024, cuando el Gobierno nacional, a través de la ANSES, extendió el contrato de Juan Cruz Descalzo, otro de los hijos de Alberto y hermano del actual intendente. Aunque cobra su salario del organismo previsional, “presta servicios” en el municipio, cuya sede central está a apenas una cuadra de la Unidad de Atención Integral (UDAI) local. En diciembre de 2023, una semana antes de la asunción de Milei, Descalzo logró renovar su comisión por 180 días. En julio de 2024, con el vencimiento encima y ya con el libertario sentado en Balcarce 50, el trámite volvió a activarse.

El entramado familiar dentro del organismo previsional completa el cuadro: Juan Cruz Descalzo ingresó a la ANSES en 2005, fue jefe de la UDAI Ituzaingó entre 2009 y 2015, y hoy comparte la dependencia con su esposa y las dos hermanas de ella, es decir, las tres cuñadas del intendente. Un esquema que se mantuvo inalterado pese al cambio de signo político nacional y que refuerza la idea de una “buena vecindad” persistente entre la Casa Rosada libertaria y uno de los últimos barones del conurbano bonaerense.

Sin embargo, tras el corrimiento de Cerneaz del Hospital del Bicentenario, se produjo una sorpresa: el desplazamiento del hermano del intendente de su cargo en la ANSES local, lo que amenaza con tensar aun más el clima político en Ituzaingó. “Luego de más de diez años de estar como ñoqui, parece que el organismo decidió ponerse los pantalones y cuidar el dinero de todos los jubilados de la Argentina”, celebró Equiza, que confirmó el episodio. La coincidencia entre ambos hechos no deja de llamar la atención, justo cuando queda al descubierto que, detrás del discurso libertario de ruptura, lo que prima son los favores mutuos.

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Un adolescente de 16 años fue asesinado este viernes por la noche a la salida de un boliche de la localidad bonaerense de Ituzaingó. El joven fue atacado por una patota para robarle afuera del local bailable The Club.

El hecho, que fue filmado por una cámara de seguridad, rápidamente se viralizó y causó conmoción en la zona. Acorde a lo recopilado por medios locales, testigos dijeron que el adolescente fue atacado “entre varios” y que le pegaron desde atrás “con una manopla”.

La víctima fue identificada como Ezequiel Altamira, un chico de 16 años que estaba junto a cinco amigos y que, a la salida del boliche, fue con ellos a una plaza de la zona. “Estaba sentado en un banco y le pegaron con una manopla de atrás”, indicó un allegado de la víctima. Según su declaración, uno de esos golpes lo dejó inconsciente en el piso.

Ante esto, los amigos quedaron totalmente sorprendidos. “Se iban a parar de manos, pero vieron que eran 13”, explicó la fuente. Según apuntaron, al joven “le dieron piñas y patadas estando en el piso y le robaron todo”. Frente al terrible hecho, los amigos de Ezequiel pidieron auxilio en la puerta del boliche al que habían concurrido. Tras esto, personal de seguridad se acercó a la plaza para colaborar.

Según trascendió, enfermeros al servicio del boliche lograron reanimarlo y le aconsejaron al grupo llevarlo a un hospital. Sin embargo, los amigos lo llevaron a la casa de uno de ellos. En ese lugar, el adolescente se fue a dormir y, posteriormente, se despertó con vómitos y mareos.

Ezequiel fue trasladado hacia un hospital de la zona por una ambulancia. Desafortunadamente, pese al esfuerzo de los profesionales, el joven falleció.

Luego de conocerse las imágenes del hecho, donde se puede ver a algunos atacantes, la fiscalía y la policía aprehendieron a tres jóvenes de 19, 17 y 14 años durante el sábado. Según Clarín, el joven que golpeó por detrás a la víctima fue identificado como “Toto” Pedrozo, de 19 años. Junto a él, durante un allanamiento, fue detenido su hermano, de 14 años.

En tanto, durante otro operativo, las autoridades detuvieron al tercer joven, también señalado como partícipe del crimen. En los dos procedimientos se secuestró vestimenta y calzado.

El último Adiós

Familiares, amigos y cercanos le dan hoy el último adiós a Ezequiel Altamira, el adolescente que fue asesinado por una patota a la salida del boliche The Club en Ituzaingó.

“Cuando lo reanimaron le hicieron algunas preguntas para ver si estaba ubicado en tiempo y espacio y ahí se fueron. El problema fue cuando lo quisieron despertar, que nunca más reaccionó”, detalló Mario, tío de la víctima. En la puerta de la casa velatoria añadió: “Hablamos con los vecinos del lugar y dicen que se dedican a esto, los fines de semana esperan a la salida del boliche y te atacan”.

Acerca de Ezequiel, Mario indicó que el joven había vendido entradas de otro show para poder ir con sus amigos: “Al no conocer la zona los llevó a que vayan a la plaza para esperar el taxi”.

“Ezequiel era bueno, no tenía maldad, era un chico extra normal”, expresó y destacó que a su sobrino “no le gustaba discutir” y que para él “pelear no tenía sentido”.

NB

La provincia de Buenos Aires comienza a estar, a medida que pasan los meses, en el centro de todas las miradas. Los estrategas de La Libertad Avanza, con Karina Milei a la cabeza, evalúan las tácticas a desplegar en territorio bonaerense para llegar bien parados a las legislativas de 2025, todavía a la espera de alcanzar el sello que les permita convertirse en una opción electoral. Sin embargo, no todo parece ser tan lineal. Antes que lo estrictamente partidario están los pactos de gobernabilidad. Y quien más atento parece estar a esa dinámica es el asesor presidencial Santiago Caputo.

En las últimas semanas, el rol del hombre de mayor confianza de Javier Milei dejó de ser únicamente el de pensar la estrategia comunicacional del Gobierno. En línea con su ascendente poder, pasó a erigirse como un interlocutor asiduo de los intendentes de la provincia de Buenos Aires. Esos movimientos encendieron alarmas en el entorno del principal armador bonaerense Sebastián Pareja. Cerca del subsecretario de Integración Socio-Urbana sospechan, por lo bajo, que el influyente asesor todoterreno está más preocupado en pactar con la “casta” que en construir una opción libertaria lo más “pura” posible de cara al año que viene.

En el “parejismo” leen la jugada de Caputo como un “puenteo” a las tratativas formales con el gobernador Axel Kicillof, que comenzaron con la reciente visita a Balcarce 50 del ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco. La mano derecha del mandatario peronista fue recibido el pasado 7 de agosto por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, y por el propio armador libertario. Ambos mantuvieron una reunión en la que no se pactó el traspaso de la obra pública de Nación a la Provincia, como ocurrió con la mayoría de los gobernadores. El planteo se centró, en cambio, en el reclamo por los recursos adeudados, que, según apuntan desde el entorno de Kicillof, ascienden a unos 6,3 billones de pesos.

Sin embargo, pese a la coincidencia del gobernador bonaerense y el Gobierno en crear una mesa de diálogo para terminar los proyectos de infraestructura pendientes, fueron los propios intendentes los que, en las últimas semanas, comenzaron unilateralmente a negociar con Francos la entrega de obras a sus respectivos municipios, sin esperar a que se resuelva el reclamo por los fondos necesarios para poder terminarlas.

El primero en avanzar en esa línea fue un dirigente peronista cercano a Kicillof: el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, quien sorprendió en mayo cuando se lo vio en Casa Rosada junto al ministro de Obra Pública bonaerense, Gabriel Katopodis. Delegados del PJ en la tercera sección electoral desfilaron por el Palacio de Hacienda para reunirse con el secretario de Obras Públicas, Luis Enrique Giovine, y tras varias conversaciones, aceptaron hacerse cargo de un total de 26 proyectos que ya están iniciados.

Según pudo saber elDiarioAR, otros intendentes que al igual que Cascallares están cerca de llegar un acuerdo con la administración libertaria son los jefes comunales de Tres de Febrero, Diego Valenzuela, y de San Isidro, Ramón Lanús, ambos de Juntos por el Cambio. Algunos referentes del conurbano consideran que la posición de Kicillof no tiene por qué ser un impedimento para que puedan reanudarse las obras en sus municipios, que están hasta el momento en manos de las autoridades nacionales y frenadas desde el comienzo de la gestión libertaria

No voy en tren

Una de las reuniones de Santiago Caputo que más llamó la atención fue la que el asesor presidencial protagonizó a finales de julio con el exintendente de San Miguel, Joaquín de la Torre. La visita se dio luego de que hace más de un mes su hermano Pablo fuera echado de la Secretaría de Niñez y Familia del Ministerio de Capital Humano, en medio de la polémica que se desató en la cartera comandada por Sandra Pettovello por los alimentos almacenados que no fueron distribuidos. En el Gobierno aseguran que el senador bonaerense, un aliado “en las sombras” de La Libertad Avanza desde sus orígenes, tiene una “muy buena” relación con Caputo, con quien sostendría un diálogo fluido sobre la marcha de la gestión.

De acuerdo a lo que trascendió de aquella reunión, Caputo y De la Torre hablaron por más de una hora sobre “política en general”. Pero no deja de generar suspicacias que el cónclave haya coincidido con un hecho de relevancia ocurrido pocos días después y que involucró directamente al municipio de San Miguel, donde los De la Torre pisan fuerte: la remoción del massista Adrián Luque de la presidencia de Sociedad Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado (SOFSE).

Proveniente de la gestión anterior, Luque había alertado acerca de los efectos del ajuste total implementado sobre el mantenimiento e inversión en ferrocarriles, sobre todo tras el choque de dos formaciones del tren San Martín sobre el viaducto Palermo que tuvo lugar en mayo. El ahora exfuncionario fue gerente de Asuntos Legales de la gestión del massista Martín Marinucci al frente de la empresa estatal. Llegó a ese cargo por su trayectoria en el peronismo de San Miguel, donde en 2017 se postuló para ocupar una banca en el Concejo Deliberante con la boleta del Frente Renovador.

Las versiones son insistentes: Luque habría alcanzado la titularidad de Trenes Argentinos gracias a su cercanía con el diputado provincial bonaerense, Agustín Romo, figura de peso dentro del universo de Santiago Caputo. Su padre, Carlos, es concejal en San Miguel y vota siempre junto al bloque oficialista, cuyo jefe político es, sin ir más lejos, Joaquín De La Torre. Sin embargo, para entender el rol que ocupó Luque hasta hace un mes, hay que remontarse a la amistad histórica de Carlos Romo con otra figura clave de esta historia: Fabián Carballo, padrino de nacimiento de Agustín, que hoy es coordinador de La Libertad Avanza en José C. Paz, distrito vecino a San Miguel.

De larga militancia en el Frente Renovador, a instancias de los Romo, Carballo habría acordado el ascenso de Luque a la presidencia de Trenes Argentinos con el exjefe de Gabinete Nicolás Posse, cuando este aún tenía competencia sobre el área. A lo largo de estos meses, de acuerdo a lo indagado por elDiarioAR, el ahora exfuncionario se dedicó a firmar alrededor de 30 contratos de incorporaciones a Ferrocarriles, entre los que sobresale tanto el del propio Romo padre como el del excandidato a intendente libertario de San Miguel, Agustín Puiggari, actual integrante del directorio de la empresa.

¿Eran acaso los Ferrocarriles el principal sustento económico del armado político con el que Agustín Romo sueña con disputarle el poder al intendente Jaime Méndez en 2027? La caída en desgracia de Luque representa la pérdida de un importante soldado en esa cruzada y le da aire a De la Torre, que astutamente intenta hacer pie en el nuevo escenario. Esta semana, Romo se convirtió en el flamante presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados de la Legislatura bonaerense, gracias a una jugada que lleva el sello de Santiago Caputo: el nombramiento del ahora exdiputado provincial Nahuel Sotelo como secretario de Culto.

Ñoquis alla libertaria

Otro municipio cruzado por la polémica es Ituzaingó. Este territorio, ubicado al oeste del conurbano bonaerense, hace casi tres décadas que es gobernado por la familia Descalzo: primero por Alberto, que accedió al poder en 1995, y desde diciembre pasado por uno de sus hijos, Pablo. Un núcleo de poder que, pese a autopercibirse peronista, nunca dejó de mantener nexos subterráneos con cada uno de los gobiernos de turno. Y La Libertad Avanza no podía ser la excepción.

Un botón de muestra basta para graficar la buena vecindad que mantiene la Casa Rosada con uno de los últimos “barones” de la provincia de Buenos Aires. Según información a la que pudo acceder elDiarioAR, el gobierno de Milei, a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), acaba de extenderle el contrato a otro de los hijos de Alberto Descalzo, Juan Cruz. Se trata del actual secretario de Desarrollo Humano y Relaciones con la Comunidad de Ituzaingó, quien cobra a través del organismo previsional, pero “presta servicio” en el municipio, cuya sede central es a solo una cuadra de las oficinas de la Anses.

En diciembre, una semana antes de la asunción de La Libertad Avanza al frente del poder, Descalzo logró renovar su “comisión” otros 180 días. Sin embargo, en julio, debió volver a solicitar una extensión. “Pablo va a hablar con Francos y ahí arregla todo”, se le escuchó comentar en los pasillos de la municipalidad, justo cuando se acercaba la fecha del nuevo vencimiento. Pocas semanas más tarde, más precisamente el 24 de julio, llegó la resolución oficial, con la firma ni más ni menos que del director general de la Anses, Mariano de los Heros.

“Es un documento que no tiene por qué estar rubricado por la máxima autoridad del organismo”, desliza, suspicazmente, un conocedor de los funcionamientos de la administración pública. Hace tiempo se sabe que De los Heros es un funcionario que no tiene voz ni voto en la confección de los lineamientos políticos de la Anses. Ese rol lo ocuparía, en realidad, una figura clave en el firmamento libertario: Eduardo “Lule” Menem, mano derecha de Karina Milei en el armado de La Libertad Avanza a nivel nacional. elDiarioAR intentó comunicarse con el subsecretario de Gestión Institucional de la Secretaría de la Presidencia, pero no obtuvo respuesta.

Juan Cruz Descalzo comenzó a trabajar para la Anses en septiembre de 2005, cuando ingresó como administrativo en la Unidad de Atención Integral (UDAI) de Ituzaingó. Luego de una sucesión de ascensos, arribó al máximo cargo delegacional del organismo en 2009, cuando fue nombrado jefe de esa dependencia, cargo que ostentó hasta 2015. Hoy, en la UDAI local también trabaja su esposa, además de las dos hermanas de ella. Es decir, las tres cuñadas del actual intendente Pablo Descalzo. La “casta” está en orden.

PL/DTC

En lo que va del año hubo cerca de 160 femicidios. En Buenos Aires y en Chaco se concentran la mayor cantidad de episodios de violencia contra la mujer. En las últimas horas mataron a dos mujeres, una en Ituzaingó y la otra en Bella vista, dos crímenes separados por tan sólo 17 kilómetros de distancia.

A las 8 de la mañana de este martes, Nancy Yanina López Gotta, de 41 años se dirigía a ingresar a su trabajo, como todos los días en el complejo Leloir Plaza, situado en Martín Fierro 3246, un edificio de oficinas y paseo gastronómico de Parque Leloir, partido de Ituzaingó. Minutos más tarde fue sorprendida por su expareja quien la apuñaló y tras atacarla intentó arrojarse al vacío desde la terraza del lugar, aunque fue reducido y detenido por la policía.

La mujer quedó gravemente herida y murió cuando era trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, en tanto el agresor, a quien las fuentes identificaron como José Corvalán Castillo (37), empleado de mantenimiento y limpieza de ese mismo complejo, subió a la terraza e intentó arrojarse al vacío. Pero los bomberos y la policía que llegaron al lugar lograron evitar que se tirara y lo redujeron y detuvieron, añadieron los voceros.

El detenido tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral que le prohibía acercarse a la mujer, dictada hace dos semanas por la justicia de Morón.

Bella Vista, mató a su pareja en la casa donde estaba su hijo de 7 años, y se suicidó

En Bella Vista una gendarme fue asesinada de un balazo con su arma reglamentaria por su pareja, un albañil que se suicidó también de un tiro, durante una discusión ocurrida en el interior de la vivienda familiar en la que también se hallaba el hijo de ambos, de 7 años, en el partido de San Miguel, informaron hoy fuentes policiales y judiciales.

El hecho se registró ayer a la mañana en un domicilio ubicado sobre la calle Gorosito al 400 de la citada localidad de la zona oeste del conurbano, donde convivían la gendarme Jésica García (26) y su pareja, Leonardo Giménez (38), junto al hijo de ambos.

Según detallaron las fuentes a Télam, aparentemente durante la madrugada de ayer la pareja comenzó a discutir y, en ese maco, Giménez tomó el arma reglamentaria de su pareja, una pistola Prietro Beretta calibre 9 milímetros, y le disparó en la cabeza. Luego, el femicida se abrazó al cuerpo y con la misma arma se mató de un tiro, agregaron los voceros.

Las fuentes precisaron que el hijo de la pareja fue quien al despertarse halló los cuerpos de su padres y le dio a aviso a su tía, quien iba diariamente a cuidarlo.

La hermana de García fue quien dio aviso a la policía cuando vio los cuerpos al llegar al domicilio para cuidar a su sobrino tras un viaje que realizó durante el fin de semana. La mujer declaró que la pareja, que convivía desde hacía una década, estaba por separarse debido a los hechos de violencia de género, malos tratos y amenazas de muerte por parte de Giménez, quien celaba constantemente a su mujer.

No obstante, la mujer nunca lo había denunciado, explicó una fuente vinculada a la causa.

Tras la intervención judicial y policial, el hijo de la pareja fue asistido por psicólogos del gabinete interdisciplinario Comisaría de la Mujer y quedó en guarda de su tía.

A su vez, hace dos días, una mujer de 44 años fue asesinada en la ciudad rionegrina de Luis Beltrán y por el femicidio fue detenido un hombre. La víctima, identificada como María Coliman, fue asesinada durante la madrugada del domingo.

En el primer semestre del 2023, 151 femicidios

Un total de 151 femicidios fueron cometidos durante el primer semestre del año en distintos puntos del país, según un informe elaborado por la Defensoría del Pueblo de la Nación y publicado hace diez días.

De acuerdo con el Observatorio de Femicidios de ese organismo nacional, en los primeros seis meses de 2023 hubo 17 femicidios vinculados, dos transfemicidios y 11 víctimas menores de 18 años (cuatro de ellas menores de 12).

Según el informe, la franja etaria con mayor incidencia fue de 31 a 50 años, por lo que el Observatorio incorporó una nuevo rango, de “60 en adelante”, con “el objetivo de visibilizar la violencia de género de las mujeres adultas mayores”.

Los meses con mayor cantidad de hechos fueron abril y mayo, con 30 cada uno; seguidos por enero (26), marzo (25), febrero (23) y junio (17).

De esta manera, el primer semestre de 2023 registró un aumento de casos en comparación con 2022 (130), 2021 (137) y 2020 (150).

En cuanto al vínculo, se pudo determinar en un 75 por ciento la existencia de una relación preexistente entre la víctima y el victimario; en tanto que solo el 6,8 por ciento de los femicidios fueron cometidos por desconocidos.

El uso de armas de fuego fue, por una amplia diferencia, el método más recurrente para cometer los femicidios.

Siete mujeres fueron violadas antes de ser asesinadas, señala el informe de la defensoría.

Respecto del lugar donde se produjo la mayor cantidad de casos se encontraron el hogar de la víctima o la vivienda que compartía con el femicida.

A su vez, el 15,9 por ciento de las víctimas había realizado al menos una denuncia por violencia de género previo al hecho, un 0,5 por ciento más que el mismo período de 2022.

En cuanto a los femicidas, siete de ellos pertenecían o pertenecieron a alguna fuerza de seguridad, y tres actuaron como “sicarios”.

El informe también se refirió a las diferentes jurisdicciones del país en los que se cometieron los casos analizados y arrojó que la mayor cantidad de hechos se produjeron en la provincia de Buenos Aires (62), Chaco (17), Santa Fe (13) y Salta (10).

Además, 29 femicidas se suicidaron tras el hecho (9 más que en mismo período de 2022) y otros siete lo intentaron, pero no lo lograron.

La defensoría detalló también que hubo 81 niñas y niños quedaron sin madre a causa de los femicidios analizados.

Por último, el informe recordó que el objetivo principal del observatorio es “generar estadísticas sobre femicidios cometidos en Argentina con el fin de diseñar, implementar y evaluar políticas públicas destinadas a prevenir, sancionar y eliminar la violencia contra la mujer”.

NB con información de agencias.

Una mujer de 41 años fue asesinada esta mañana a puñaladas por su expareja, quien la sorprendió cuando ingresaba a su trabajo en un complejo de oficinas y paseo gastronómico de Parque Leloir, partido de Ituzaingó, y tras atacarla intentó arrojarse al vacío dese la terraza, aunque fue reducido y detenido, informaron fuentes policiales.

El hecho ocurrió cerca de las 8.15 en el complejo de Leloir Plaza, situado en Martín Fierro 3246, donde la mujer, identificada por la policía como Nancy Yanina López Gotta (41), fue atacada a puñaladas por su expareja, que la abordó cuando llegaba a su trabajo en una empresa situada en ese edificio.

La mujer quedó gravemente herida y murió cuando era trasladada al Hospital Bicentenario de Ituzaingó, en tanto el agresor, a quien las fuentes identificaron como José Corvalán Castillo (37), empleado de mantenimiento y limpieza de ese mismo complejo, subió a la terraza e intentó arrojarse al vacío.

No obstante, los bomberos y la policía que llegaron al lugar lograron evitar que se tirara y lo redujeron y detuvieron, añadieron los voceros.

Las fuentes informaron a Télam que el hombre tenía denuncias por violencia de género y una restricción perimetral que le prohibía acercarse a la mujer, dictada hace dos semanas por la justicia de Morón.

En el lugar del femicidio trabajaban esta mañana policías de Ituzaingó y la titular de la Unidad Funcional de Instrucción 12 de Morón, María Alejandra Bonini.

Jimena, una empleada del lugar, relató al canal Crónica HD que el femicidio fue muy temprano y que ella llegó instantes después de ocurrido.

“Yo llegué a la mañana a trabajar y escuché un montón de ruido, esto fue entre 7.30 y 7.50 más o menos, y pensé que habían puesto música los chicos de un bar que hay ahí, pero no, estaban tratando de agarrar al tipo”, relató la mujer.

“Sé que entró a la mañana, la apuñaló, lo vieron los compañeros de trabajo que pensaron que le estaba pegando, no que tenía un cuchillo. Cuando van a ver, el tipo tenía un cuchillo y ya la había apuñalado un montón de veces”, agregó Jimena.

Según la empleada, el agresor “se metió y la apuñaló en la oficina” de la empresa donde la víctima trabajaba. La testigo agregó que el atacante “tenía una perimetral” y dijo que “lo habían echado y después lo volvieron a contratar”.

“Ya le había pegado muchas veces y toda la gente que trabaja acá ya sabía de esto”, aseguró Sandra, quien añadió: “Había un montón de testigos, todo el mundo sabía que el chabón la maltrataba”.

(Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463).

NB con información de agencia Télam.

Un camión que trasportaba un producto tóxico, aparentemente algún tipo de fertilizante, volcó esta tarde en la autopista del Oeste, a la altura de la localidad bonaerense de Ituzaingó, sentido a Capital, y generó una nube tóxica en la zona y problemas en el tránsito, según informaron fuentes policiales y municipales.

El municipio de Ituzaingó recomendó esta noche a los vecinos de la zona del accidente que “se queden dentro de sus domicilios, cerrando puertas y ventanas”.

También instó a la población que en “caso de presentar dificultad respiratoria o algún síntoma compatible con intoxicación, dirigirse de inmediato al Hospital Posadas o al Hospital Bicentenario de Ituzaingó”

Los bomberos, junto a Defensa Civil de la localidad, recomendaron además “usar barbijo y sellar las ventanas y las puertas de las viviendas para evitar que el olor y las sustancias químicas ingresen a las casas”.

A raíz del siniestro, resultaron afectadas por inhalación del producto varias personas que debieron ser atendidas en los hospitales Posadas y Bicentenario, aunque ninguna de ellas presentaba un cuadro de gravedad.

Según informaron bomberos voluntarios de Ituzaingó en el lugar “hay una cantidad de producto tóxico, que aún no se puede identificar porque el camión no tenia rotulación”, aunque el municipio indicó que podría tratarse de algún tipo de fertilizante.

El siniestro vial ocurrió a las 18, cuando un camión de carga marca Iveco, modelo 450e33t y su semi remolque modelo SU, dominio FYZ-838, que transportaba productos tóxicos, volcó su contenido sobre la traza generando también dificultades en el tránsito en sentido a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Por su parte, fuentes del concesionario vial indicaron que el camión tenía como destino la localidad bonaerense de General Rodríguez.

En tanto, fuentes del municipio de Ituzaingó relataron que luego de ocurrido “el producto que llevaba el semi remolque comenzó a reaccionar de manera espontánea liberando una nube densa de color blanca, con un fuerte olor asimilable a un herbicida”.

Por este hecho “hay algunos afectados que fueron llevados al hospital Posadas y al Bicentenario de Palomar e Ituzaingó. No hay detalles de cuantos. Por ahora ninguno grave”, indicaron desde el municipio ubicado en el oeste de conurbano.

Por hecho, el conductor del camión de carga, cuya identidad no fue suministrada, fue detenido por la policía de bonaerense.

En el lugar trabajaba eta noche personal de Defensa Civil, de la Autopista del Oeste, bomberos voluntarios de Ituzaingó y Policía Ecológica San Martín.

El siniestro vial ocurrió en el kilómetro 26, provocando el cierre del tránsito sobre la autopista y desvíos en las salidas Barcala y Martin Fierro, en ambos sentidos.

“Circule con precaución”, pidió Autopistas del Oeste en Twitter. En el lugar del siniestro vial se están realizaron tareas de descontaminación efectuadas por personal de la Policía Ecológica San Martín, según informaron fuentes del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires.

La causa judicial quedó a cargo Unidad Fiscal (UFI) 1 de Ituzaingó quien puesto en conocimiento del hecho, ordenó, hasta tanto se determine que sustancia llevaba la unidad, actuaciones caratuladas “averiguación de ilícito”.

Con información de Télam