¿En qué pensamos cuando pensamos en “inseguridad”? Los politólogos y doctores en ciencias sociales Gabriela Seghezzo y Nicolás Dallorso –que también es abogado– investigan con un enfoque disruptivo ese fenómeno. Dentro del Instituto Gino Germani de la Facultad Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA) integran un equipo de investigación que apunta a los empresarios poderosos que con sus evasiones y elusiones impositivas, con sus corrupciones y con sus contaminaciones ambientales producen más daño en la sociedad que los delicuentes en los que se centran los medios de comunicación.

–¿Qué es lo que están investigando concretamente?

Gabriela Seghezzo: –Durante muchos años estuvimos trabajando cómo se construía la inseguridad como problema, porque aparecía como un eje central de la agenda política, mediática, incluso académica. Y la cuestión es que esa forma de construcción hegemónica de la seguridad invisibiliza otras prácticas que en algunos casos son delitos, pero son profundamente dañosas para el conjunto social, como son los ilegalismos de los poderosos. Es decir, las prácticas en un continuum legal e ilegal que llevan adelante grupos de poder. A fines de los 90, en paralelo al resquebrajamiento de la hegemonía de la convertibilidad, había habido una fuerte caracterización social peyorativa de estas tramas que protagonizaban los poderosos. Por ejemplo, sobre las privatizadas y los bancos, dos sectores que habían sido claros ganadores durante los 90.

Nicolás Dallorso: –En general, en la agenda mediática aparecen los delitos que se llaman callejeros, que llevan adelante los sectores populares y eso desconoce que las tramas de ilegalidad atraviesan todo el cuerpo social y sobre todo, quedan invisibilizados los que llevan adelante los sectores más poderosos.

–Imagino por qué, ¿pero qué opinan ustedes del motivo de esa invisibilización?

Dallorso: –En la criminología se habla de una selectividad penal, es decir, muchas de las prácticas que producen daño que llevan adelante los sectores poderosos ni siquiera son tipificadas en el Código Penal. Eso es lo que se llama un déficit en la criminalización primaria. Entonces, por ejemplo, una empresa puede generar un daño ambiental muy grande y no necesariamente eso es delito porque no fue tipificado, pero eso no quiere decir que no produzca daño. Segundo, hay algunos daños, algunos delitos que sí están tipificados en el Código Penal, como la evasión impositiva, el fraude de balances, el tráfico de información privilegiada, las coimas, pero hay un déficit en la política criminal, es decir, no se persiguen esos delitos. Son delitos que en general cometen sectores poderosos. Entonces no se persiguen. Por último, en los casos en que está tipificado el delito y se los persigue, en general por su condición de poderosos, no son condenados. Entonces ahí tenemos un déficit en la criminalización secundaria y terciaria. Por todas estas razones, además de la cobertura mediática, la percepción social y el propio funcionamiento del aparato penal criminal, quedan por fuera estas prácticas que algunas son legales, algunas ilegales. Pero esto no quiere decir que no generen gran daño social. Hay una corriente de estudio europea anglosajona que se llama zemiología, con z, que proviene de la criminología, que trae aportes de la criminología crítica y se centra no tanto en los delitos, sino en las prácticas que generan daño.

–¿Qué daños?

Dallorso: –Daño ambiental, daño económico, daño en la salud, daño en las condiciones laborales. Empieza a fijarse en eventos como pueden ser un genocidio, que no necesariamente se lo persigue penalmente pero obviamente genera un gran daño social, o desastres ecológicos, o grandes empresas que no pagan cargas sociales y que eso afecta a las condiciones laborales de sus trabajadores, o políticos y empresarios que no declaran sus bienes, entonces no pagan impuestos. Todas estas cuestiones, que no necesariamente son delitos siempre, sino que a veces entran y salen también de los plexos normativos y de la persecución del Estado, o sea, de la persecución criminal.

Seghezzo: –La criminología crítica pudo poner en palabras esta dimensión geopolítica y política primero de la cuestión de los ilegalismos. Hay ciertas prácticas que son consideradas delito y en algún momento dejan de estar en los plexos normativos. Por ejemplo, hace poquito (Donald) Trump eliminó una legislación que impedía pagar por parte de empresas norteamericanas sobornos en terceros países. Fíjate vos qué clave, ¿no? No todas las prácticas que hoy señalamos como delitos fueron históricamente consideradas delitos. Y prácticas que habíamos considerado delitos luego salen de algunos plexos normativos y se impiden la persecución de esas prácticas. Entonces, esa tolerancia o intolerancia respecto de la criminalidad económica, sobre todo, está estrechamente vinculada con la disputa política y con la disputa geopolítica en nuestros países. A nosotros nos interesa mirar qué pasa con estos grandes casos.

–¿Qué sectores están investigando?

Seghezzo: –Puntualmente estamos trabajando en tres sectores: energético, agroalimentario y pesquero. Pero en el horizonte seguiremos avanzando sobre otros. En este recorrido nos aparecen una serie de figuras clave para pensar cómo se producen estas prácticas, cuando hablamos de catástrofes ambientales, evasión impositiva de los grandes grupos económicos, subfacturaciones, coimas o prácticas que están al borde de la legalidad: aparecen lo que nosotros llamamos cross informal advisors, que son una suerte de asesores informales con la particularidad de que ponen en relación al sector privado del que forman parte con el sector público. Y esos contactos que tienen o articulan les permiten llevar a cabo esas prácticas que producen grandes daños sociales. Pero además estas figuras clave de este ilegalismo económico organizado permiten una extracción neocolonial de las economías periféricas hacia las economías centrales. En ese juego geopolítico de grandes compañías que extraen plusvalor no solo del trabajo que se desarrolla en los países periféricos, sino también y sobre todo de estos ilegalismos económicos organizados, los cross informal advisors permiten esa articulación porque ponen en relación un saber local, por ejemplo, el conocimiento de los plexos normativos, de las normas del derecho en los países periféricos, de los huecos legales que permitan, legitiman y avalan esa prácticas de extracción de valor hacia las las economías globales.

–¿Ya han detectado algún hallazgo en estas investigaciones que vienen haciendo de estos tres sectores en particular?

Dallorso: –Estamos teniendo hallazgos por ahora preliminares: encontramos prácticas que generan grandes daños sociales, principalmente en estos tres tipos de daño: lo que podríamos llamar al erario público, en el sentido de que se genera evasión impositiva, fuga de capitales o van reduciendo la capacidad recaudatoria del Estado. Una segunda área de daños está vinculada a los daños ambientales: tanto la industria agroalimentaria, el sector energético, sobre todo petrolero, y el sector pesquero hacen un uso abusivo del ambiente, generando daños permanentes y en muchos casos no se pueden retrotraer. Y el tercer tercer tipo de daño que logramos identificar está vinculado con el deterioro de las condiciones laborales de los trabajadores que contratan estas empresas. Si bien tienen una cantidad importante de trabajadores con las condiciones laborales en blanco, también hay una serie de subcontrataciones que no están directamente ligadas a la empresa, pero que generan inseguridad laboral en las condiciones de vida de los trabajadores.

AR/DTC

Joseph Lewis, el multimillonario británico dueño de la estancia en Lago Escondido en el sur argentino y propietario del club de fútbol Tottenham Hotspur, declaró este miércoles ante la Justicia estadounidense, que lo investiga en una causa penal por fraude financiero y traficar información privilegiada. Fue liberado bajo fianza tras declararse “no culpable”.

La oficina del fiscal del Distrito Sur de Nueva York acusó al magnate de 86 años, residente en Bahamas, de presuntamente proporcionar información confidencial sobre empresas que cotizan en bolsa a varios allegados, quienes obtuvieron beneficios con la compra y venta de acciones.

Entre 2013 y 2021, “Lewis abusó de su acceso a las salas de juntas de las empresas y proporcionó repetidamente información privilegiada a sus parejas sentimentales, sus asistentes personales, sus pilotos privados y sus amigos”, declaró el fiscal Damian Williams.

“Esa gente hizo entonces negocios con esa información privilegiada y ganó millones de dólares en bolsa, porque gracias a Lewis esas apuestas eran algo seguro”, añadió.

Por ejemplo, Lewis es señalado por decirle a una novia que invirtiera en una empresa de biotecnología en julio de 2019, antes que se hicieran públicos los resultados de un ensayo clínico. Tras la conversación, supuestamente entró él mismo en su cuenta bancaria y utilizó casi todos sus fondos disponibles para invertir 700.000 dólares en la empresa, y a continuación vendió las acciones con un beneficio de 849.000 dólares, según la BBC.

“Nada de esto era necesario. Joe Lewis es un hombre rico, pero como alegamos, usó información privilegiada como una forma de compensar a sus empleados o para colmar de regalos a sus amigos y amantes. Esa es la corrupción corporativa clásica. Es hacer trampa y va en contra de las leyes, que se aplican a todos, sin importar quién seas”, denunció Williams.

La acusación de 29 páginas enumera los 19 cargos contra el empresario, incluidos varios por “fraude bursátil”, por lo que enfrenta hasta 25 años de prisión por el cargo más grave, precisó la agencia AFP.

En su primera comparecencia ante el tribunal, el empresario se declaró “no culpable” y quedó libre bajo una fianza de 300 millones de dólares, para la que puso como garantías su yate Aviva de 98 metros de largo y su avión privado, en un acuerdo aprobado por Valerie Figueredo, jueza de instrucción estadounidense . Según el mismo, deberá permanecer en los estados de Nueva York, Georgia o Florida y entregar sus pasaportes.

Más temprano, el abogado defensor David Zornow calificó de “error flagrante” la acusación vertida contra Lewis, según declaraciones al canal británico Sky News. “Es un hombre de 86 años de integridad impecable y logros prodigiosos”, manifestó y añadió que el empresario acudió a los tribunales voluntariamente para responder a los cargos “mal concebidos”, los cuales serían “defendidos enérgicamente en los tribunales”.

En la causa también están acusados Patrick O'Connor y Bryan Waugh, dos pilotos empleados por el empresario para sus jets privados, que también se declararon como “no culpables”.

Lewis es uno de los hombres más ricos del Reino Unido, con un patrimonio superior a los 6.000 millones de dólares, según la revista Forbes: es propietario del Tottenham Hotspur y tiene una participación en la cadena británica de bares Mitchells & Butlers, entre otros negocios.

En la Argentina, el magnate está acusado de apropiarse de 12.000 hectáreas en la Patagonia, incluyendo una residencia que impide el acceso libre a Lago Escondido, a 50 kilómetros de El Bolsón, en la provincia de Río Negro. Son sus empleados de Hidden Lake, la firma con la que opera sus negocios en el país, los que impiden el acceso público a este espejo de agua en una estratégica zona de frontera.

La Inspección General de Justicia (IGJ) requirió el año pasado la intervención judicial de esa Sociedad Anónima, por considerarla una “pantalla jurídica” para “frenar la aspiración” de cualquier persona a llegar al lago, pese a que hay fallos judiciales desde 2005 que garantizan ese derecho.

Otra causa vinculada a esa estancia es la que investiga el viaje que realizaron hacia allí en la misma fecha jueces, funcionarios porteños y empresarios del Grupo Clarín.

El expediente por el viaje a Lago Escondido tiene como imputados al juez en lo Criminal y Correccional Julián Ercolini; al fiscal general porteño, Juan Bautista Mahiques; al exministro de Seguridad y Justicia de la Ciudad Marcelo D'Alessandro; al juez de la Cámara Federal de Casación Penal, Carlos Alberto Mahiques; al titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico nº2, Pablo Yadarola; y a Pablo Gabriel Cayssials, titular del Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal nº9.

Además, están imputados Leonardo Bergroth, exintegrante del Servicio de Inteligencia del Estado (SIDE); Tomás Reinke, empresario especializado en medios y redes sociales y presidente de la firma Mediabit; y los directivos Pablo César Casey y Jorge Rendo de Grupo Clarín.

LC con información de agencia Télam

El director de la Aduana, Guillermo Michel, junto a efectivos de la Gendarmería Nacional, encabezaban este mediodía una serie de allanamientos en 20 entidades financieras del microcentro porteño, para detectar presuntas maniobras ilegales de compra-venta de divisas por parte de más de 40 empresas y 13 personas físicas argentinas.

“Estamos investigando esta maniobra del rulo financiero, donde falsas empresas utilizan la brecha cambiaria para acceder a divisas a valor de dólar oficial; las transfieren con documentación apócrifa a empresas que estas mismas personas tienen en el exterior, fundamentalmente en el Estado de Florida (Estados Unidos), las famosas LLC; se hacen de los dólares a valor oficial y luego los traen al país para venderlos en el mercado 'blue' y obtener una ganancia”, explicó Michel.

El funcionario declaró a las puertas de una de las entidades allanadas que la Aduana se presentó como querellante, y remarcó que “esto se inició por una investigación de transferencias que se hicieron entre noviembre de 2020 y marzo de 2022”. En el expediente, se investigan 233 maniobras ilegales por un monto de cerca de US$ 5,3 millones, un promedio de US$ 22.500 por giro para tratar de pasar por “debajo del radar”, precisó la Aduana en un comunicado.

Michel detalló que los conceptos que se utilizaron eran “B05 - Pagos anticipados de importaciones de bienes” y “B06 - Pagos diferidos de importaciones de bienes”, los cuales el organismo puntualizó que “se justificaban con falsas importaciones de computadores y pantallas de televisión; incluso se llegaron a utilizar couriers con facturas truchas”.

“Desde el 17 de octubre último, que el sistema de importaciones SIRA incorporó la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, esto no se puede seguir haciendo porque hay un cruce de datos cada vez que se gira al exterior por los sistemas de la AFIP, que permite a los organismos del Estado controlar en tiempo real los giros al exterior, dándole mayor trazabilidad a la operatoria”, amplió el director.

En este sentido, Michel afirmó que el organismo “va a activar todos los mecanismos de intercambio de información con la Fincen estadounidense (Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro) para lograr acceder a los titulares efectivos de las cuentas bancarias de las sociedades LLC de dicho país”, tal como se hizo en la causa NRG.

“Son 46 empresas argentinas, 13 personas físicas argentinas y hay tres sociedades en Florida identificadas, y además dentro de ellas no sólo hay algunas que actuaban como importadoras falsamente, sino que también hay cerca de 20 desarrollos inmobiliarios, sociedades o fideicomisos donde la utilidad proveniente de este ilícito se reinvertía”, profundizó el titular de la Aduana.

“Estamos convencidos que claramente los accionistas, los gerentes, los directivos de los bancos no están involucrados en estas maniobras, pero sí empleados infieles de los bancos, de las mesas de dinero y de comercio exterior, ya que esto surge de algunas escuchas”, apuntó Michel.

En ese marco, agregó: “Vamos a pedir el cruce de llamadas de todos estos empleados infieles de los bancos y una investigación patrimonial porque estas transferencias al exterior con documentación apócrifa son cerca de 233 por un total de más de US$ 5 millones y no podrían haberse realizado sin un empleado infiel que permita la operación”.

Por último, el funcionario señaló que desde la Aduana se están analizando maniobras similares por US$ 700 millones, las cuales no cuentan con respaldo de operaciones de comercio exterior.

La causa penal está radicada en el juzgado Penal Económico Nº 2, a cargo del juez Pablo Yadarola, en la que actúa el fiscal en lo Penal y Económico Nº 2, Emilio Gerberoff, quien solicitó una serie de medidas cautelares para asegurar los bienes registrables, cuentas bancarias y activos financieros, como el embargo preventivo de las cuentas y la inhibición general de bienes de los involucrados.

LC con información de Télam

Lucas Matías Piaggio fue baleado el viernes desde un auto o una camioneta, según distintas versiones, y cayó herido. Dos sicarios volvieron sobre sus pasos y lo remataron a plena luz del día en el barrio Belgrano. Si los crímenes de las bandas narco son visibles de manera espectacular en las calles de Rosario, los circuitos económicos que reciben fondos del narcomenudeo recién comienzan a ser investigados.

Los socios de la violencia pueden auspiciar torneos de golf o presentarse como entidades de bien público. Se trata de organizaciones criminales que generan actividades con fachada legal para introducir en la economía formal dinero proveniente de actividades ilícitas y de reconocidos operadores de la City rosarina que hacen negocios con fondos derivados del narcotráfico.

“Los grupos que operan negocios ilegales generan estructuras según sus necesidades –dice el fiscal Sebastián Narvaja, a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Especiales de Rosario-. Arman mutuales y fideicomisos, tienen cuevas y agencias de turismo. Las mutuales son utilizadas en particular para hacer descuentos de cheques que se reciben en las financieras, y además permiten tener una pata en el sistema bancario y evadir impuestos”.

El delito económico involucra a actores destacados. Gustavo Pedro Shanahan, director de la Terminal Puerto Rosario entre 2010 y 2013 y desarrollador inmobiliario, será llevado a juicio como integrante de una banda narco. Patricio Carey, vicepresidente de una financiera que tenía a un reconocido narco entre sus clientes, pertenece a una familia tradicional en los negocios de Rosario. Una organización integrada por escribanos, gestores y empresarios afrontará desde el lunes 27 de febrero un juicio oral por apoderarse de propiedades en la ciudad y en el sur de la provincia mediante fraudes inmobiliarios que habrían servido además para blanquear fondos de actividades ilegales.

“Hay casos donde se ve claramente que los profesionales son parte de la organización delictiva, como en la mega estafa inmobiliaria –señala una investigadora económica consultada para esta nota-. En otros casos están en una zona gris, donde no hacen preguntas y dejan pasar. Lo más importante es que empiecen a hacerse responsables de las operaciones en las que intervienen”.

Shanahan cayó con una red que vendía cocaína bajo la dirección del peruano Julio Rodríguez Granthon y fue procesado como coautor del delito de comercio de estupefacientes agravado por la intervención organizada de tres o más personas. La acusación responde a un criterio reciente en la Justicia Federal: vender dólares a un grupo narco no es una actividad accesoria sino central para la organización criminal, tanto para asegurar los beneficios como para reinvertir en la provisión de droga.

Rodríguez Granthon cuenta ya con dos condenas de prisión y afronta un pedido de prisión perpetua por su presunta participación en el asesinato del pastor evangélico y exconcejal Eduardo Trasante, el 14 de julio de 2020. En las comunicaciones telefónicas interceptadas en la investigación dejó constancia de su beneplácito por las condiciones de Shanahan para el cambio de moneda.

Shanahan tenía sus oficinas en un edificio de España 889, en el centro de Rosario. Los investigadores judiciales volvieron al lugar del crimen en septiembre de 2022, esta vez para allanar la Asociación Mutual de Emprendedores del Litoral (Amel), vinculada en operaciones financieras con una red narco dirigida por Pablo Nicolás Camino, desde la cárcel de Coronda.

Amel se presentaba socialmente como una entidad “destinada a otorgar ayuda económica y brindar oportunidades de crecimiento personal y laboral a sus asociados”. Uno de sus integrantes fue descripto como “un arbolito particular de Los Monos”, en alusión a los servicios prestados a la banda del barrio La Granada. Camino fue el destinatario el 20 de febrero de un mensaje para el que una banda rival cometió el homicidio de Brandon Ortigoza, de 18 años y ajeno al enfrentamiento entre los narcos: “Nico Camino dejá de matar gente inocente”.

La mega estafa inmobiliaria que involucra a empresarios y escribanos llega a juicio oral en el Centro de Justicia Penal de Rosario después de seis años de investigación y de una intervención del ex fiscal Patricio Serjal que sacó de la causa a un agente bursátil y al ex gerente comercial del diario La Capital. Entre los quince acusados se encuentran Leandro “Lelo” Pérez, ex socio de uno de los condenados por traficar 1.200 kilos de cocaína a Portugal en la causa Carbón blanco, y Vanina Vaglione, esposa de Andres “Gitano” Fernández, condenado en el juicio a la banda de Los Monos. Serjal fue destituido como responsable de la protección judicial a una red de juego clandestino organizada por el empresario Leonardo Peiti, con complicidad también policial y política, según la investigación de los fiscales Luis Schiappa Pietra y Matías Edery.

Otros de los acusados por la mega estafa, Maximiliano González de Gaetano, compartió sociedades con el empresario narco Luis Medina, asesinado en 2013. Se presentaba como secretario del Sindicato Único de Monteros Argentinos, un gremio fantasma que supuestamente nucleaba a trabajadores de monte, con sede en la ciudad de Necochea y 62 afiliados, y fue acusado por falsificar derechos de imagen de Lionel Messi en China, en complicidad con un escribano.

González de Gaetano fue identificado además como socio de otro presunto empresario narco, Yalil Roberto Azum, en actividades de lavado de dinero a través de una financiera y de una empresa que prestaba servicios de limpieza al iniciar sus actividades en Rosario en 2017 y tareas de construcción y reparación de servicios públicos a partir de 2019.

Según una investigación del Ministerio Público de la Acusación, la financiera y la empresa de servicios organizadas por Azum fueron las fachadas para ocultar un poli rubro de actividades ilegales: financiaron la instalación de bunkers, prestaron dinero con intereses del 30% mensual y traficaron vehículos “con inhibiciones o problemas de papeles” entre Rosario y Córdoba.

El club Echesortu, una institución tradicional de la ciudad, fue utilizado por otra parte como pantalla para el lavado de activos provenientes de actividades ilegales según una investigación de la Justicia Federal. Azum está acusado en esta causa por montar una mesa de dinero y por blanquear cheques a través de la mutual de socios y las cuentas bancarias del club.

“Descontar cheques es una actividad muy lucrativa. Pueden hacerlo los bancos y también las mutuales, que como son entidades favorecidas para promover el esfuerzo común tienen una serie de exenciones”, apunta el fiscal Narvaja, también integrante de la Junta Directiva del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales, Inecip.

Sangre y dinero

El iceberg de la criminalidad económica emergió en Rosario el 10 de septiembre de 2020 con el asesinato de Marcelo “Coto” Medrano, que articuló dos circuitos del delito: las cuevas financieras y los puertos secos, como se llama a los depósitos clandestinos de cereales, agroquímicos y combustible. Medrano, un ex jefe de la barra brava de Newells, fue acribillado a balazos en una estación de servicio de Granadero Baigorria horas después de comprar 17.600 dólares en la financiera Cofyrco, ubicada en Corrientes 832, a pasos de la Bolsa de Comercio.

Según la acusación del fiscal Narvaja, los directivos de Cofyrco habían elaborado un protocolo con instrucciones ante la eventualidad de un allanamiento. Y lo pusieron en práctica cuando se presentaron los fiscales de la Agencia de Criminalidad Organizada: uno de los integrantes de la financiera escapó por una puerta trasera llevándose dispositivos electrónicos que no fueron recuperados.

“Cofyrco era un nombre de fantasía –destaca Narvaja-. La sociedad, la persona jurídica, tenía movimiento cero, nada de nada, ni una sola factura. Los negocios ilícitos que se llevaban adelante eran cambio ilegal de moneda, intermediación financiera no autorizada, contrabando de divisas –los llamaban cables– y descuentos de cheques”.

En otra derivación de la causa, mientras buscaba al narco identificado como responsable del asesinato de Medrano, la Agencia de Criminalidad Organizada descubrió un puerto seco en jurisdicción de Ricardone, en el departamento San Lorenzo. El lugar pertenecía a un comisario retirado y almacenaba cereal en negro, combustible y fertilizantes.

“Son los dos temas que jamás se han investigado en San Lorenzo. Pese a que se sabe y se tiene conocimiento jamás se ha tocado nada de eso”, reconoció la fiscal Melisa Serena en un chat rescatado de Telegram. Serena consideró esa posibilidad “una jugada peligrosa para el MPA (Ministerio Público de la Acusación) de San Lorenzo” y ahora afronta un pedido de tres años de prisión por incumplimiento de los deberes de funcionario público, por reservarse información sobre el juego clandestino y los puertos secos.

Otro aspecto que surge con las investigaciones son conexiones entre los actores financieros. Carlos Nicolás Ciochietto y Carlos Nicolás Bacigaluppo, operadores del grupo Carey en Rosario y empleados de la Asociación Mutual 29 de Noviembre, fueron procesados como participantes en las actividades financieras ilegales del empresario santafesino Hugo Oldani, asesinado en la capital provincial el 11 de enero de 2020.

El crimen de Oldani descubrió una cueva financiera en la trastienda de una agencia de turismo y provocó la suspensión de la fiscal Cristina Ferraro por entorpecer la investigación y permitir que los familiares de la víctima se llevaran documentos y sumas millonarias en dólares y pesos. El juicio por el asesinato comenzará el 6 de marzo en Santa Fe.

“Las cuevas financieras prestan servicios a gente que por diferentes motivos busca ocultarse –dice el fiscal Narvaja-. Generan un mercado de servicios financieros ilegales que tiene como uno de sus principales productos la clandestinidad. Reciben la plata que proviene de los cereales en negro, de las extorsiones y de la venta de droga sin preguntar de dónde viene”. En esos circuitos de la economía no corre la sangre de la violencia narco, pero el dinero que se cuenta tiene el mismo origen.

OA