Una vez más, los gobernadores radicales se posicionan como la última línea defensiva del gobierno de Javier Milei. En este caso, para sostener la designación por decreto de Manuel García-Mansilla como juez de la Corte Suprema. Los motivos son diversos —alianzas electorales, crisis económicas, especulaciones políticas—, pero son suficientes para demorar la convocatoria de una sesión que rechace los pliegos de García-Mansilla y Ariel Lijo. En la Casa Rosada perciben que el kirchnerismo está cerca de conseguir el número, por lo que presiona y apuesta su salvación a quienes han sido, hasta ahora, sus más fieles aliados.

La bancada radical en el Senado se encuentra en crisis. Atravesada por una fuerte disputa interna respecto a cómo responder institucionalmente a la designación por decreto de García-Mansilla y Lijo, el radicalismo ensaya una coreografía muy similar al episodio de la comisión investigadora para el caso $LIBRA; un escándalo que fracturó al bloque y expuso, como ninguna otra votación, el alineamiento automático de los gobernadores radicales con el gobierno libertario. 

Primero, la presión para avanzar de los radicales más opositores, como Pablo Blanco y Martín Lousteau, y la respuesta evasiva de los más amigables con el Gobierno, como Eduardo Vischi o Mariana Juri. Eso se observó la semana pasada, luego del operativo de pinzas orquestado junto al kirchnerismo para dictaminar el pliego de García-Mansilla y dejarlo preparado para tratarlo en el recinto. Esta estrategia respondía a la necesidad de la oposición de regularizar la situación del pliego —que, a diferencia del de Lijo, nunca consiguió las firmas necesarias— para poder rechazarlo con solo 25 votos. Sin dictamen, la oposición debía tratarlo “sobre tablas” y ahí ya necesitaba los dos tercios del recinto: un número imposible de conseguir. 

Al momento de estampar la firma en el dictamen de rechazo, sin embargo, solo estaba Lousteau. Los otros radicales integrantes de la comisión de Acuerdos, como Juri (Mendoza) o Vischi (Corrientes), pidieron tiempo para pensarlo y conversarlo con sus gobernadores. Frente a la indecisión, Lousteau terminó firmando un dictamen de rechazo con Guadalupe Tagliaferri (PRO) y, en paralelo, lo mismo hicieron los siete senadores peronistas con un dictamen propio. Estaban las nueves firmas —la mitad más uno de los integrantes— para llevar el tema al recinto, pero surgió un problema: Victoria Villarruel no reconocía la firma de José Mayans bajo el argumento de que no había estado presente en la audiencia en la que García-Mansilla expuso en el Senado. 

La discusión era técnica, pero dilataba la posibilidad de convocar una sesión. Por lo que la apuesta era esperar a que otro senador radical, Carolina Losada o Maximiliano Abad, firmase para allanar el camino. Pero, el fin de semana, se desarrolló el segundo paso de la danza: el silencio elocuente de los más críticos —Losada, Abad— y las excusas de los más concesivos con el Gobierno.

Quienes responden a los gobernadores empezaron a poner el foco en el kirchnerismo, acusándolo de no estar dispuesto a voltear el pliego de Lijo. “El que tiene la llave es el kirchnerismo, pero son ellos los que no convocan”, explicaba un senador radical norteño, buscando hacer foco en el respaldo de los gobernadores peronistas a la candidatura de Lijo. El temor era que Cristina Fernández de Kirchner estuviera negociando para ampliar la Corte Suprema con la amenaza de voltear los pliegos y que, a último momento, se negase a votar en contra de Lijo. 

La excusa, sin embargo, tuvo poco vuelo interno. “Están mintiendo. Usan ese argumento para no firmar, pero no firman por otros motivos”, admitía, por lo bajo, un senador radical. ¿Cuál era el motivo? El respaldo de los gobernadores Alfredo Cornejo, Gustavo Valdés, Leandro Zdero y Maximiliano Pullaro, todos de la UCR, al Gobierno nacional. Se consolidaba, así, el tercer paso que, en el caso de la comisión investigadora por el criptogate, anticipó la votación negativa del bloque radical.

Los motivos son varios y difieren de provincia a provincia, tal como ya contó elDiarioAR. Algunas están más atadas de manos que otras, como el caso de Chaco, que atraviesa una fuerte crisis económica y el año pasado se salvó del default solo gracias a una intervención del Gobierno nacional. Zdero depende de la Nación para sobrevivir, y no solo por la precaria situación fiscal: el temor de que el peronismo, liderado por “Coqui” Capitanich, retome el control de la provincia es una realidad muy cercana a menos de dos meses de las elecciones locales. 

Los senadores que responden a los gobernadores no anticiparon aún su postura, sin embargo. Lo harán el martes a la tarde, cuando el bloque se reúna en el tercer piso del Senado. “Que los defensores de la República expliquen por qué cambian de opinión”, provoca un dirigente radical de peso, apuntando los cañones contra Losada, quien se había manifestado en contra de la designación por decreto pero se negó a firmar el pliego de rechazo de García-Mansilla.

La incógnita, sin embargo, es lo que hará Maximiliano Abad. El senador bonaerense suele articular con Lousteau en el recinto y fue uno de los que más se enojó con Vischi, jefe de bloque de la bancada, cuando votó en contra de la creación de la comisión investigadora. Ahora, sin embargo, guarda silencio, y algunos compañeros de bloque sospechan que su negativa a colaborar con el rechazo de los pliegos está vinculada al armado electoral de la Provincia de Buenos Aires. Abad viene trabajando junto a Cristian Ritondo (PRO) para cerrar una alianza en PBA y, si bien el expresidente de la UCR bonaerense piensa más en una reedición de Cambiemos, en el PRO descuentan que el armado derivará en un acuerdo electoral con La Libertad Avanza. 

El panorama se aclarará este martes por la tarde, cuando el bloque se reúna y se defina convocar o no una sesión para rechazar los pliegos. El peronismo, hasta entonces, aguarda satisfecho: la pelota ahora está en la cancha del radicalismo. Necesita que una parte de la UCR acompañe con el quórum porque el kirchnerismo desconfía del accionar de los gobernadores: los mandatarios provinciales tienen mucho poder de fuego en el Senado y podrían arrastrar hasta una docena de ausencias.

 “Para voltear a Mansilla estamos todos, pero muchos quieren a Lijo. Piden que lo dejemos, que es buen tipo. Pero ese no puede ser el argumento”, masculla un dirigente peronista que dialoga con los gobernadores. Y finaliza: “Lijo podrá ser nuestro, pero infringió la ley”.

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Irritados, desconfiados y al borde de la ruptura: así quedó el radicalismo en el Senado luego de la voltereta legislativa protagonizada por su jefe de bloque, Eduardo Vischi, en la votación por la conformación de la comisión investigadora del caso $Libra. El rescate apurado de los gobernadores radicales a Javier Milei en la última sesión terminó de hacer mella en un partido que, acostumbrado al internismo, se rebela ante la perspectiva de la anarquía. “Acá nadie quiere hacer terrorismo, pero nadie ordena. No puede ser gratis lo que pasó”, mascullan los radicales que, enojados con el correntino, empiezan a coquetear con la idea de la ruptura.

El problema fue la exposición y la falta de coordinación. No era la primera vez que Santiago Caputo y Guillermo Francos levantaban el teléfono para presionar a los gobernadores radicales Gustavo Valdés (Corrientes), Leandro Zdero (Chaco), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) o Alfredo Cornejo (Mendoza) para desactivar una avanzada opositora. El 911 a los gobernadores radicales se había convertido en la herramienta predilecta del Ejecutivo, pero esta vez quien había quedado con los dedos marcados no había sido el oficialismo, negociando a contrarreloj para disimular su minoría, sino el radicalismo, que a partir de dos llamados había torcido su postura para blindar a Milei. El proyecto era del radicalismo y era el radicalismo quien sufría el escarnio público por haber torcido su voto. 

Y el culpable de este estigma, ante los ojos de sus compañeros de bloque, era solo uno: Eduardo “Peteco” Vischi. Había sido Vischi quien no había anticipado la presión a los gobernadores y había firmado, pese a ser su representante directo en el bloque, el proyecto que luego rechazaría. Había sido Vischi quien había asegurado que no darían quórum para no generar divisiones internas y, luego, cayó a la reunión de bloque con el presidente de LLA, Ezequiel Atauche, a intentar convencerlos de acompañar la propuesta oficialista de discutir la creación de la comisión en una comisión del Senado. Es decir, la comisión de la comisión. 

“¿Pero se comprometen a presentar un proyecto después?”, le preguntó, entonces, el fueguino Pablo Blanco. Atauche amagó con que sí, con que tal vez, pero en el bloque no le creyeron. Fue así que los senadores rechazaron la propuesta -aunque no todos, algunos como el chaqueño Víctor Zimmermann venían advirtiendo que no podían en contra de los deseos del Ejecutivo- y Vischi, para cerrar, dio por finalizada la discusión. En el recinto, sin embargo, encabezó una maniobra que, luego, muchos de sus compañeros de bloque calificarían de sospechosa: votar a favor del tratamiento sobre tablas del tema y, luego, votar en contra del proyecto de creación de la comisión. Esto imposibilitaba volver a tratar cualquier iniciativa similar -incluso la propuesta del oficialismo- y muchos senadores interpretaron la maniobra como una trampa. 

“Nos mintió dos veces”, resume, irritado, un senador radical. La crítica, sin embargo, no se limitaba a la maniobra de la comisión investigadora, sino a otro hecho previo: el acompañamiento del pliego de Ariel Lijo. Pese a la decisión de la UCR de no acompañar la candidatura del juez federal, Vischi, a pedido del gobernador Valdés, había colaborado con su firma en el dictamen. A sus compañeros de bloque, sin embargo, les aseguró que no lo había hecho: una mentira que duró hasta que se oficializó el pliego y el resto de los senadores radicales pudieron ver su firma en el dictamen. La única firma radical en el pliego de Lijo.

Cuando lo acorralaron, Vischi se limitó a responder: “Pensé que no se iba a tratar el pliego”.

Un radicalismo dividido

Los cañones apuntan, ahora, contra Vischi, pero las repercusiones podrían derivar en una ruptura del bloque. La posibilidad de un quiebre dentro de un bloque que está dividido en dos grandes sectores —uno lealmente oficialista y otro (aunque minoritario) duramente opositor— es una constante en la UCR: la posibilidad siempre está ahí presente. En los últimos días, sin embargo, el runrún de la ruptura se hizo más fuerte que nunca.

Son dos alas. Una, la más mileísta, funciona como una suerte de paraoficialismo y está integrada por todos aquellos senadores que responden a los gobernadores. Son los mendocinos Mariana Juri y Rodolfo Suárez; el santafesino Eduardo Galaretto y, muchas veces, su coterránea Carolina Losada; son la correntina Mercedes Valenzuela y, claro, el propio Vischi. También Zimmerman y la entrerriana que responde a Rogelio Frigerio, Stella Maris Olalla. La mayoría de ellos votó en contra de la comisión investigadora.

En la vereda del frente, mientras tanto, están Martín Lousteau, Maximiliano Abad y Blanco: el trío opositor más duro al Gobierno. Aunque con matices. Mientras que Lousteau tiene una mayor autonomía a la hora de diferenciarse del Gobierno -pese a ser el presidente de la UCR-, Abad debe lidiar con la posibilidad de un acuerdo electoral en la Provincia de Buenos Aires con LLA. El pampeano Daniel Kroneberger y el catamarqueño Flavio Fama, en cambio, son dos senadores que van boyando entre ambos sectores.

Esta división interna, admiten muchos radicales, no tardará en explotar. La actitud de Vischi, en este sentido, no hará sino acelerar el proceso. “Vamos a evitar que se rompa, pero para eso algunas cosas tienen que cambiar”, desliza un senador radical que pone en duda, como la mayoría, de la continuidad de Vischi.

Hay una frase que se repite en el bloque: “Hay que repensar los equilibrios internos”. Un eufemismo que refiere a la salida de Vischi, el protegido del Ejecutivo, pero también a la relación de fuerzas interna del radicalismo. En Diputados, el año pasado, estas diferencias internas derivaron en la ruptura del bloque que presidía Rodrigo de Loredo. Fue el primer anticipo de la crisis que atraviesa al partido frente a las elecciones de 2025 y las alianzas que un sector de la UCR está dispuesta a sellar con LLA para no desaparecer del mapa político. El Senado, esperan sus integrantes, será distinto.

Pero una cosa es segura, y un senador peronista la resume así: “Hubo dos muertes violentas en la historia del Senado. Una fue la de Enzo Bordabehere (compañero de Lisandro de la Torre asesinado durante una sesión), la otra es la de Vischi”.

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En menos de 24 horas el radicalismo rasgó sus vestiduras y se sobregiró políticamente dos veces. Así como en Diputados sufrió ayer una sangría de ochos diputados que fueron funcionales al Gobierno para avalar el veto al aumento para los jubilados, en el Senado la UCR acompañó la moción del kirchnerismo-peronismo para que se vuelva a incluir en el debate de la sesión de este jueves el DNU de financiamiento de la SIDE. Ese acuerdo opositor da por descontado que el decreto 656/24 de los $100.000 millones sería volteado por la Cámara alta durante la madrugada, siempre y cuando se mantenga el quórum reglamentario. 

Las volteretas del partido centenario en el Congreso tuvo en realidad como escenario simbólico la Casa Rosada. Javier Milei, en uso de su nueva piel de político pragmático, se puso al frente de la mesa que armó para blindar su endeble estructura parlamentaria. Así activo debajo suyo una serie de hilos que salieron a la luz esta semana ante las distintas votaciones clave. Se mostró con los diputados radicales conversos el martes y ayer con el jefe del espacio en el Senado.

A Balcarce 50 fue Eduardo Vischi, jefe de la bancada radical y espada del gobernador Gustavo Valdés. Luego de Unión por la Patria, que tiene 33 bancas, el radicalismo es la segunda minoría, con 13 senadores. En la foto con Milei, Vischi aparece con los demás jefes de los bloques dialoguistas de la Cámara alta, como Luis Juez del PRO, Juan Carlos Romero de Cambio Federal y Camau Espínola de Unidad Federal. 

En esa cumbre el Gobierno buscó convencer a los aliados de que se quite de la orden de la sesión de este jueves el DNU de la SIDE. La alternativa fue pedir una sesión secreta, en la que pudiera exponer Bullrich, el ministro de Defensa, Luis Petri, y el titular de la agencia de inteligencia, Sergio Neiffert, sobre cómo se están gastando los $100.000 millones. Si había acuerdo de dos tercios del hemiciclo, esa reunión se habría llevado a puertas cerradas, con el compromiso de que cada participante guardaría absoluto silencio público. 

Con esa moneda en el aire, Victoria Villarruel convocó a una reunión de Labor Parlamentaria por la tarde para ajustar los detalles de la sesión de este jueves. Volvieron a verse las caras los libertarios y aliados, y se sumaron los peronistas que claramente no habían ido a la Rosada: José Mayans y Juliana Di Tullio. La vice impuso que en el plan de la sesión finalmente se quitara el DNU, pero no fue firmado por UP ni por la UCR.

Es que el jefe de bloque no tiene preponderancia sobre toda la bancada, sobre todo por la presencia en el bloque del titular del partido, Martín Lousteau, cada vez más opositor a Milei y ahora cabeza de la bicameral de Inteligencia. Vischi sometió la cuestión de quitar el DNU del temario en una votación interna y rápidamente cosechó 9 votos en contra. A favor solo se mostró él, su par correntino, Victor Zimmermann, que integra además la bicameral de Tratamiento Legislativo que no discutió el DNU en el plazo reglamentario de los diez primeros días tras su publicación, y la mendocina Mariana Juri.

Sin aval partidario, el jefe de la bancada no tuvo otra alternativa este jueves que darse vuelta y terminar acompañando al kirchnerismo cuando Mayans propuso que vuelva a incorporarse el DNU en el temario. El radicalismo había quedado en una situación incómoda porque necesita de los votos del peronismo para imponer la sanción a la ley que busca garantizar el financiamiento universitario, otra bandera histórica de la UCR y que Milei también amenazó con vetar. Pero la fuerza ya estaba golpeada por la sangría que sufrió en Diputados.

Es que lo ocurrió en la Cámara baja está conectado con la realidad partidaria en el Senado. El dique que armó el oficialismo en Diputados para que la oposición no consiga los dos tercios con los que podía insistir con el aumento jubilatorio contó con la ayuda de al menos ocho radicales: allí están los que votaron explícitamente a favor del Gobierno, pero también se cuentan las sugestivas ausencias de último momento. En el primer grupo aparece Mariano Campero a la cabeza, y lo completan Martín Arjol, Luis Picat, Federico Tournier y Pablo Cervi. Justo al momento de la votación se ausentaron Roxana Reyes y Gerardo Cipolini. Y el lunes ya había renunciado Pedro Galimberti para aceptar un cargo ejecutivo. Todos ellos en junio, durante la media sanción, habían votado por la ley jubilatoria. 

La conversión de los radicales había tomado forma siete días atrás, cuando Patricia Bullrich le avisó a Milei que tenía a ese puñado de opositores dispuestos a sumarse a las fuerzas del cielo. Esos diputados a su modo le debían lealtad política a la ministra, ya que algunos, como por ejemplo el tucumano Campero, llegaron al Congreso de la mano de Damián Arabia, el armador que tuvo Bullrich en las provincias en su campaña presidencial. Ya habían dado una muestra de mileísmo en sangre cuando votaron a favor del DNU de la SIDE en Diputados. El salto definitivo llegaba ahora justo antes de la sesión por las jubilaciones.

La mano de Bullrich en la jugada queda demostrada en que la ministra aparece en la foto del martes de Milei con el grupo de los radicales. Allí también se muestra Petri, otro dirigente de extracción radical que se sumó a LLA, luego de ser el candidato a vice de Juntos por el Cambio. Que el ministro sea oriundo de Mendoza señala otra interna latente en el radicalismo: el gobernador Alfredo Cornejo lo ve como un potencial rival en próximas elecciones en la provincia. 

En el oficialismo sí se sorprendieron porque los diputados que responden al mandatario de Mendoza –Pamela Verasay y Lisandro Nieri– finalmente acompañaron la insistencia por los jubilados, cuando se descontaba que iban a acompañar al Gobierno. “Votaron mal porque él quería conducir a los conversos y nosotros le ganamos de mano”, apuntó una voz al tanto de las negociaciones por los radicales libertarios. Por eso también se ausentaron y no terminaron jugando explícitamente Reyes y Cipolini, referenciados en Cornejo.

Para saber qué recibirán a cambio los flamantes radicales con peluca habrá que esperar, pero ya hay especulaciones. Campero justificó su voltereta al entender que la ley le hacía un agujero fiscal al Gobierno, incluso acusó al kirchnerismo, pero en las conversaciones privadas mostró aspiraciones políticas propias para alcanzar la gobernación de Tucumán. En 24 horas consiguió mucha difusión mediática gratis. 

También de Cervi hay especulaciones políticas, porque aparece como suplente de la senadora por Neuquén Lucila Crexell, quien está siendo tentada para ocupar una embajada o un cargo en un organismo multilateral. Si la legisladora deja su banca, el diputado saltaría de cámara. Además Neuquén es una de las provincias que tienen pendiente cobrar la deuda de la Nación por su caja previsional. Lo mismo ocurre con Misiones, de donde es oriundo Arjol; Córdoba, el terruño de Picat; Santa Cruz, provincia de Reyes; Chubut, de Cipolini; y Entre Ríos, donde tendrá un cargo en el gobierno el flamante renunciado Galimberti. Y también tiene deuda pendiente Corrientes, el distrito de los senadores radicales Vischi y Zimmerman. 

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La Corte Suprema de Justicia tomará juramento este martes a tres de los cuatro senadores con mandato en el Consejo de la Magistratura, en un acto que estará encabezado por el presidente del alto tribunal, Horacio Rosatti.

La jura de los senadores María Inés Pilatti Vergara (FdT), Mariano Recalde (FdT) y Eduardo Alejandro Vischi (UCR) será a las 10 en el salón Bermejo del Palacio de Tribunales, con acceso solo para familiares e invitados por el máximo tribunal.

El acto se concretará tras la denegación por parte de la Corte de tomar juramento al senador del FdT Martín Doñate.

El máximo tribunal cuestionó que el FdT, como bloque mayoritario en el Senado, se divida para reclamar el representante por la segunda minoría, y falló a favor del senador del Frente PRO Luis Juez, quien reclamó esa banca, aunque la Cámara alta había designado dos veces al rionegrino Doñate.

Con el conflicto planteado, en su segunda acordada del año, la Corte dispuso por mayoría -con votos de Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Juan Carlos Maqueda- que se tome juramento a Pilatti, Recalde y Vischi, hasta tanto se resuelva a quién corresponde la representación.

La decisión de la Corte y el reclamo de Doñate

El jueves 16 de febrero último, invocando que la ley “pone en cabeza del señor Presidente de esta Corte (Horacio Rosatti) recibir el juramento de ley”, el máximo tribunal dispuso tomar juramento a los senadores Pilatti Vergara, Recalde y Vischi, denegando el juramento a Doñate.

“El decisorio de la Corte es demencial. Reconoce la representación del bloque Frente Nacional y Popular al disponer la toma de juramento a sus representantes Recalde y Pilatti Vergara, pero me niega el juramento como representante del otro bloque Unidad Ciudadana”, juzgó Doñate poco después de conocida la convocatoria.

El senador por Río Negro fue definitivo cuando dijo, en la red social Twitter, que la Corte “pretenden arrogarse la decisión institucional de otro poder del Estado, violentando la República y profundizando la impunidad con la que vienen desbarrancando”.

Doñate se refirió así a que fue elegido por el Senado para integrar el grupo de cuatro representantes en el Consejo de la Magistratura, “no una sino dos veces”. pero la Corte le niega el juramento en una decisión basada en su fallo de noviembre pasado que definió que la creación del bloque Unidad Ciudadana “no obedeció a fines genuinos sino al objetivo de una fuerza política de ocupar en el Consejo un lugar que no le corresponde”.

Para el alto tribunal, una de las razones para negarle la banca al rionegrino es que el “bloque mayoritario” terminaría ocupando “tres de los cuatro lugares” que corresponden a la Cámara Alta en el Consejo.

Con información de Télam.

IG