Representantes gremiales y especialistas expusieron sobre el proyecto de ley del Poder Ejecutivo por el cual se crea el Sistema Integral de Políticas de Cuidados de Argentina (SINCA) que propone la modificación de los regímenes de licencias maternales, paternales y parentales.

La presidenta de la Comisión de Mujeres y Diversidad, Mónica Macha (Frente de Todos), reconoció que se trata de “un debate que venimos planteando como histórico, un derecho todavía no consagrado en términos masivos y una demanda del movimiento de trabajadores y trabajadoras y feminista”.

“Esta es la última reunión informativa y la idea es poder avanzar con las reuniones de diputados y diputadas para poder dictaminar”, adelantó Macha.

La titular de la Comisión de Legislación del Trabajo, Vanesa Siley (Frente de Todos), dijo que “hay un interés muy grande de esta Cámara de Diputados para que este tema sea tratado, hay un impulso desde la Comisión y hay un interés social para que las licencias sean un poco más igualitarias”.

Recordó además que existen 54 proyectos de ley que fueron presentados por todos los bloques parlamentarios y que persiguen el objetivo de “convertir al mundo laboral no solamente en un mundo más digno, sino también en un mundo más igualitario”.

A la hora de las exposiciones, María Orsenigo, Coordinadora de Mujeres, Género y Diversidad de la Fundación Alem, explicó que “el sistema de cuidados está relacionado con metas y desarrollos de la búsqueda de empleo genuino y el crecimiento y la inclusión de todas las trabajadoras dentro del sistema formal”.

“Llevamos mucho tiempo esperando que podamos incorporar monotributistas a esta discusión y felicito la búsqueda porque es muy importante saber con qué lo vamos a sostener”, añadió.

“Estamos en un país que no está generando empleo genuino y formal. Hay que tener mucho cuidado en cómo se trabaja las incorporaciones de días de licencia, sin estudiar esta transferencia de recursos directamente a los empleadores”, advirtió Orsenigo.

Cynthia Benzion, presidenta de la Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas, también celebró la discusión del proyecto. “Hoy nos rige una ley que contemplaba la función social de la mujer como, básicamente, reproductora de la fuerza de trabajo. No podemos tolerar seguir manteniendo el régimen de licencias de la ley de Contrato de Trabajo”, dijo.

“No basta con un proyecto recortado: el punto de llegada debe ser necesariamente la corresponsabilidad”, reclamó. Benzion, asimismo, dijo que “las mujeres siempre, tanto en época de crecimiento económico como en las peores crisis, somos las que cargamos con el mayor peso de la tarea productiva y reproductiva”.

Yamile Socolovsky, Secretaria de Género de la CTA, manifestó que “la organización patriarcal de nuestra sociedad es determinante de un modo de inscripción de mujeres y diversidades en el mundo del trabajo que siempre nos coloca en los lugares de mayor desprotección y vulnerabilidad”.

En ese sentido, celebró que se está incluyendo “una noción basada en el reconocimiento de que recibir cuidados es un derecho, que cuidar es un trabajo y de que las licencias tienen que abordar una cantidad de situaciones donde las trabajadoras ´estamos cuidando´ y tenemos que disponer de tiempo y recursos para cuidar”.

“Este proyecto es un paso fundamental y no dudamos que tiene que inscribirse en una perspectiva política que profundice los debates y la toma de decisiones colectivas”, dijo Socolovsky.

Natalia Gherardi, Directora Ejecutiva del Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA), consideró a la iniciativa como “verdaderamente transformadora”.

“Inicia un recorrido para incorporar una dimensión de derecho al cuidado que promueve la igualdad entre personas trabajadoras más allá de las condiciones de empleo. Es un avance a la universalidad de cobertura que es indispensable en la consideración del cuidado desde un enfoque de DD.HH.”, sostuvo.

En tanto, Dina Sánchez, Secretaria General Adjunta de la UTEP, advirtió que “para que podamos discutir una Argentina con justicia social e igualdad, tenemos que empezar a discutir las realidades que se viven”. “Nosotras, en la economía popular, existimos y sostenemos silenciosamente el entramado social”, expresó.

Juan Camisassa, Coordinador del Programa de Protección Social de CIPECC, brindó un informe comparando la situación en la región y explicó que, en Argentina, “las licencias por paternidad y maternidad son las más cortas de Sudamérica”.

“Proponemos de máxima un sistema de licencias que sea universal, que incorpore a personas que no están registradas, inactivas, desocupadas y de la economía popular. Y, al mismo tiempo, que se puedan equiparar las licencias entre personas gestantes y las no gestantes”, planteó en nombre del CIPECC.

Noelia Ruiz, Secretaria de Género de la CGT, aseguró que “la Confederación General del Trabajo apoya este proyecto porque realmente simboliza que estamos caminando a un mundo distinto y que estamos dándonos cuenta de cuántas desigualdades tenemos que quitar”.

La Secretaria de Derechos Humanos del Sindicato de Curtidores, Claudia Lazzaro, también manifestó que “cuando hablamos de cuidados, hablamos de que primero se reconozca como un trabajo”. “Los cuidados son el nudo crítico que tenemos en el desarrollo de nuestros trayectos laborales”, alegó.

Por último, Alejandra Angriman, presidenta del Comité de Trabajadoras de las Américas y Secretaria Gremial de la CTA Autónoma, denunció que “no hay voluntad del sector patronal de ponerse a discutir las condiciones de trabajo, porque lo único que quieren discutir son salarios y flexibilización laboral”.

“Lo que estamos discutiendo es el conflicto entre el capital y la vida. Esta Cámara tiene una responsabilidad central en avanzar en derechos para los trabajadores y trabajadoras, porque las desigualdades son enormes en Argentina”, dijo.

Argentina necesita una política de desarrollo que permita superar la profunda crisis económica y social que ha sumido al 40% de la población en la pobreza, incluyendo más del 65% de los niños y niñas del país. Al mismo tiempo, es imprescindible acortar las brechas de género que impactan en el nivel y la calidad de la ocupación de las mujeres reflejadas también en la diferencia de ingresos. Entre las personas más pobres del país, las mujeres representan el 64% con una inserción laboral que se concentra en los empleos informales, peor remunerados y de tiempo parcial.

El país necesita una política de desarrollo y las mujeres necesitan alcanzar la autonomía económica porque de esto depende no solo la posibilidad de vivir libres de violencia sino también su bienestar presente y futuro. Hay un hilo conductor entre un objetivo y el otro: avanzar en una política de desarrollo económico que permita potenciar el empleo, generar riqueza y mover la economía requiere contar con políticas de cuidados que permitan a las mujeres ser protagonistas de esa fuerza de trabajo integrada a un modelo de desarrollo para el país.

A veces es difícil transmitir la importancia de implementar políticas que contribuyan a una mejor organización social del cuidado, a redistribuir entre las personas y las instituciones de la comunidad esa infinidad de pequeñas (y complejas) acciones que suceden cotidianamente, de manera rutinaria, para que la vida funcione. Procurar la alimentación, el descanso, la higiene, la educación, la atención de la salud, la contención emocional, los traslados y movimientos de las familias no es algo que suceda solo. No está dado. Requiere mucho más que dinero: requiere tiempo, dedicación y esfuerzo. Pero es difícil transmitir la urgencia de generar políticas de redistribución del tiempo, de los recursos, de accesibilidad de los servicios y la infraestructura vinculados con estas actividades cuando lo cierto es que “de algún modo”, esto ya está pasando, ya está resuelto.

Lo que parece difícil de transmitir es que el modo en que se resuelven esas actividades cotidianas impacta distinto en mujeres y varones, y que las consecuencias de la sobrecarga por asumir ese trabajo se ven más en las vidas de unas que en las de otros. El costo se paga en esa inserción laboral desigual, en las mayores dificultades para acceder y sostener empleos de calidad, en menos oportunidades educativas, en menores ingresos, mayor vulnerabilidad a situaciones de violencias además de la sobrecarga emocional agravada por las condiciones de pobreza que tiene a los hogares de jefatura femenina. 

Hay un entramado complejo de regulaciones, de recursos y de políticas que componen eso que llamamos “sistema integral de cuidados” que debería ofrecer alternativas para las personas en sus distintas circunstancias y de acuerdo con las preferencias que correspondan a su sistema de valores. Construir de ese entramado un engranaje que involucre los tiempos para el cuidado (las licencias), el dinero (transferencias de ingresos) y los servicios (tales como espacios de cuidado infantil, escolaridad de jornada extendida, apoyos para que las personas con discapacidad puedan desarrollar sus vidas de manera independiente) y hacerlo de manera equitativa para todo el territorio, no es tarea sencilla.

El Congreso Nacional tiene finalmente la oportunidad de avanzar en alguna parte de este entramado: después de años de presentación de más de medio centenar de proyectos que sucesivamente iban perdiendo estado parlamentario, hace pocos días se comenzó en las Comisiones de Legislación del Trabajo y de Mujeres y Diversidad de la Cámara de Diputados el tratamiento de un conjunto de proyectos de ley que se enfocan en los tiempos para el cuidado: propuestas para mejorar algunas licencias que existen y reconocer otras que muestran desigualdades inaceptables como por ejemplo, que no haya días de licencia por adopción o que no se haya actualizado la legislación para reconocer ese derecho a las parejas del mismo sexo.

Entre los proyectos bajo análisis hay uno presentado por el Poder Ejecutivo que incorpora una propuesta integral de reforma de licencias en el marco de una iniciativa más amplia, que propone delinear las bases para un sistema integral de cuidados. Sin embargo, como explicó la Presidenta de la Comisión de Legislación del Trabajo se decidió comenzar por el tratamiento de las licencias para el cuidado reformando un régimen que involucra al sector privado formal en la Ley de Contrato de Trabajo (LCT), que tiene más de 40 años. 

Aún si se mantiene esta decisión de comenzar por el régimen de licencias, una propuesta más cercana a la estructura actual del mercado de trabajo debería procurar incluir a los 3.5 millones de personas que trabajan de manera autónoma, bajo el régimen de monotributo, monotributo social y autónomos que hoy no tienen ningún derecho vinculado con los tiempos para el cuidado. Por el momento, la propuesta del proyecto de Dictamen se concentra en otorgar más derechos a quienes ya tienen algunos, ignorando a quienes no tienen nada. Por supuesto, de todos modos sería un avance muy significativo reformar la LCT para dejar de discriminar a las familias por adopción y aumentar la licencia de paternidad (que hoy es de solo 2 días, mientras que se reconocen 10 días de ausencias justificadas para rendir exámenes universitarios) pero la decisión de avanzar no debiera ser a expensas de los sectores con menos derechos.

El mensaje que hoy da la legislación a través de la regulación del empleo es que el acceso al cuidado es arbitrario, desigual, que depende del tipo de familia, del lugar y modalidad de empleo de las personas. Esto es lo contrario a pensar el cuidado desde un enfoque de derechos, que es el compromiso que ha firmado nuestro país hace apenas unos meses.

Crear un sistema integral de cuidados requiere disponerse a revisar y articular un entramado de regulaciones, de políticas y servicios, en distintos niveles sectoriales y jurisdiccionales. Es una propuesta imprescindible pero compleja. Es admisible empezar por tramos y proponerse objetivos intermedios. La reforma de la legislación sobre las licencias para el empleo bien puede ser una de esas etapas intermedias. Ahora, para hacerlo de un modo que permita honrar un compromiso con la igualdad y el desarrollo, es preciso hacerlo mirando el horizonte más amplio para alcanzar al mayor universo de personas posibles, con criterios razonables.

En un contexto de restricción fiscal evaluar los costos para el Estado es relevante: por eso acercamos a las Comisiones de la Cámara de Diputados el ejercicio de costeo que llevamos adelante junto a UNICEF que muestra que el costo fiscal de incorporar a quienes hoy no tienen acceso a ningún derecho es marginal. Financiar una asignación especial para monotributistas, autónomos y trabajadoras de casas particulares de acuerdo con la propuesta presentada por el Poder Ejecutivo (que propone una implementación gradual e incremental) sería tan solo del 0.01% del PIB por cada año de ampliación. Si hay acuerdo en avanzar con la ampliación del régimen de licencias para quienes hoy ya tienen la protección de la LCT, reconocer estos derechos al grupo de trabajadoras y trabajadores independientes que actualmente no cuentan con ningún derecho representa menos del 10% del gasto total que se tendría que utilizar para cubrir todas las extensiones planteadas.

¿Por qué los cuidados deberían ser una prioridad en la agenda pública? Porque sin resolver el tema de los cuidados no podemos acompañar el desarrollo que Argentina necesita. La garantía de derechos requiere del compromiso político y económico del Estado. En un contexto de crisis económica y restricción fiscal estas decisiones implican la necesidad de priorizar, revisando la distribución de recursos del Estado a través de las exenciones y privilegios hoy contemplados en el presupuesto nacional.

La pregunta que debemos plantearnos es por qué resultaría aceptable elegir beneficiar sólo a una porción de la población cuando el costo adicional de ampliar ese derecho a los millones de personas que hoy no tienen reconocimiento de ningún derecho, es marginal. Toda decisión de política pública requiere un esfuerzo fiscal de un modo más o menos visible. El parámetro para decidir acerca de la priorización de los recursos públicos debería ser un criterio de justicia social para que las decisiones del Estado contribuyan a cerrar las brechas de desigualdad, no a ampliarlas.

 En una Argentina con una población cada vez más “envejecida”, la cuestión de la asistencia y del cuidado de los adultos mayores cobra una mayor relevancia en las discusiones familiares. Sin embargo, esta preocupación no se traduce en políticas públicas que piensen en un sistema de cuidados a largo plazo: esto genera un bajo nivel de institucionalización en geriátricos, una gran presencia de establecimientos “clandestinos” y una muy baja proporción de cobertura por parte de las obras sociales de algún tipo de asistencia. 

De acuerdo a cifras oficiales, en Argentina el 10% de las personas mayores de 60 años tiene algún tipo de dependencia para realizar actividades de la vida diaria básicas y un 22% de los mayores de 60 depende de un otro para realizar algún tipo de actividad instrumental (como manejar dinero o tomar un medio de transporte). Estos porcentajes se duplican entre las personas mayores de 75 años. 

 Para 2021 -última información disponible-, la población argentina de más de 60 años era de 7.279.394 personas, 15.9% de la población total: por lo tanto, se desprende que entre 700 mil y 1.600 mil adultos mayores necesitaría de algún tipo de asistencia en su vida cotidiana. Esto, en general, se traduce en una mayor carga de cuidados que recae sobre las familias. 

 “Cuando se habla de un ´sistema de cuidados´, en general se piensa en torno a la problemática del cuidado de niños. Sin embargo, el cuidado también es a personas mayores”, explica Sol Minoldo, investigadora del CONICET. “Respecto a las políticas para adultos mayores, puede llegar a confundirse la atención médica con el cuidado. Sin embargo, son dos dimensiones que tienen identidad por sí mismas: el adulto mayor puede no tener un problema de salud pero aun así requerir de cuidado, y cuando eso sucede, alguien tiene que poner su tiempo a disposición”. 

 ¿Quién pone el cuerpo y el tiempo para suplir las necesidades de  estos adultos mayores que requieren de algun tipo de cuidado? En muchos países de la región y de Europa, los geriátricos o “Residencias de Larga Estadía” son las instituciones primarias encargadas de proveer estos cuidados: en los países nórdicos, por ejemplo, alrededor del 10% de los adultos mayores se encuentra residiendo en instituciones. 

En Argentina, en cambio, el porcentaje de institucionalización del total de personas mayores de 60 años no alcanza al 2% de esta población, de acuerdo a datos brindados a eldiarioAR por Adriana Capuano, directora de Personas y Adultos Mayores del Ministerio de Salud de la Nación: de los 7 millones de adultos mayores que habían en la Argentina para 2021, solamente unas 94 mil residían en establecimientos de cuidados a largo plazo. Falta que se publiquen los números del Censo 2022 para saber con exactitud cuantas personas se encuentran hoy residiendo en geriátricos, dato que desde el INDEC aseguraron no tener aún ante la consulta de eldiarioAR. 

Según el Registro Federal de Establecimientos Sanitarios, del Ministerio de Salud de la Nación, las residencias habilitadas en todo el territorio nacional para el 2021 serian de 3.263. Por solo nombrar un distrito, en la Ciudad de Buenos Aires hay 441 establecimientos de este tipo, de acuerdo a datos otorgados por el GCBA a eldiarioAR. 

 La baja institucionalización de los adultos mayores en la Argentina comienza a colisionar, como bien explica Laura Acosta, investigadora del CONICET y del CIECS (Centro de Investigaciones y Estudios sobre Cultura y Sociedad) con los nuevos modelos familiares que se comenzaron a desarrollar en nuestro país en los últimos años. “Con una menor tasa de fecundidad ya desde hace décadas, se arma una conformación familiar donde es difícil para los pocos hijos hacerse cargo de sus padres”, sostiene Acosta. 

 Subregistro, informalidad y falta de acceso 

 Entre las causas de la baja institucionalización se encuentran, por un lado, el factor cultural que hace que muchas familias decidan que el cuidado quede en el seno del hogar del adulto mayor, a cargo de algún miembro o muchas veces contratando a algún cuidador a domicilio.

Sin embargo, para Capuano, el primer factor de la baja institucionalización es simplemente que existe un alto porcentaje de personas sin registrar. “Las cifras oficiales sobre las residencias solamente reflejan a un 50% de la población que efectivamente está institucionalizada”, sostiene Capuano ante la consulta sobre la cantidad de geriátricos. “Hay muchísimas residencias en todo el territorio argentino que se encuentran sin habilitar y sin fiscalizar, y por lo tanto las personas que allí residen tampoco están debidamente registradas”. 

La clandestinidad de una gran parte de los geriátricos se produce por la falta de reglamentación en Argentina de un sistema de cuidados a largo plazo. No existe un plan de cuidados a nivel nacional

Laura Acosta — Investigadora del Conicet

 “La clandestinidad de una gran parte de los geriátricos se produce por la falta de reglamentación en Argentina de un sistema de cuidados a largo plazo”, comenta Laura Acosta. “No existe un plan de cuidados a nivel nacional”. 

 Además de la fuerte presencia de geriátricos no registrados ni habilitados de manera formal, también está la problemática de que gran parte de los establecimientos son privados. “El problema es lograr el acceso a estos centros, y que PAMI cubra el servicio”, comenta Acosta. De acuerdo a datos del Ministerio de Salud, el porcentaje de residencias bajo convenio del PAMI oscila alrededor del 15% del total de instituciones de larga estadía. “El mayor gasto sale del bolsillo de la propia persona mayor o de sus familiares”, reconoce Adriana Capuano. 

En un país donde el 62% de los adultos mayores están incluidos dentro un sistema de seguridad social a través de PAMI, este no es un dato no menor. “Hay algunos beneficios que se gestionan a través de PAMI, pero gran parte del grueso de los cuidados corre a cuenta de las familias”, agrega Nicolas Dvoskin, investigador del CONICET y experto en seguridad social. 

Hay algunos beneficios que se gestionan a través de PAMI, pero gran parte del grueso de los cuidados corre a cuenta de las familias

Nicolas Dvoskin — Investigador del Conicet

Cuidadores 

“La formación en geriatría y gerontología es algo que escasea mucho en nuestro país, además de que no existe un colegio profesional que regule la actividad de los cuidadores”, sostiene Laura Acosta. “Todo esto genera que no se consigna personal capacitado, además de que estos sean explotados y que no se respeten sus condiciones”. 

Además de los cuidadores pagos, en gran parte de las familias el cuidado queda a cargo de algún miembro, en general de una mujer adulta de más de 55 años de edad. “Es muy importante cuidar a esa mujer que cuida a sus padres, porque seguramente está sosteniendo también a sus hijos y tal vez a algún nieto”, sostiene Capuano. 

AS/MG

En la Argentina las mujeres dedican, en promedio, el doble de tiempo por día que los varones a realizar trabajos domésticos y de cuidados no remunerados: 6,3 horas ellas, 3,4 horas ellos. Bajo las condiciones actuales, el costo de oportunidad de dedicar tiempo al cuidado es altísimo. Ese tiempo dedicado al cuidado de niños y niñas, personas mayores, personas con discapacidad, parejas, las tareas de limpieza, la gestión de traslados y turnos médicos, preparar comidas y hacer las compras, se traduce en menos tiempo para estudiar, menos tiempo para participar en política, menores posibilidades para insertarse plenamente en el mercado laboral, menos posibilidades a acceder mejores ingresos, menor acceso a la seguridad social contributiva. En definitiva, se traduce en desigualdad.

Sí, en nuestro país dedicar tiempo al bienestar de las personas y contribuir a sostener nada más y nada menos que la vida y permitir que funcione toda nuestra actividad económica, se paga con menos autonomía y peor calidad de vida. Una ecuación que por donde se la mire resulta injusta. 

La desigualdad en el uso del tiempo que hacemos mujeres, varones y diversidades entre el trabajo remunerado y no remunerado es el nudo de otras brechas de género. Si queremos construir una sociedad más equitativa donde todas las personas tengamos igualdad de oportunidades, es imprescindible ir a la raíz. Con la división sexual del trabajo actual no es posible la igualdad de género ni un desarrollo inclusivo. 

La creación de un Sistema Integral de Cuidados debe ser la próxima gran conquista feminista, el motor que empiece a cambiarlo todo.

Por eso la creación de un Sistema Integral de Cuidados debe ser la próxima gran conquista feminista, el motor que empiece a cambiarlo todo. 

Desde mayo del año pasado existe un proyecto de ley presentado por el poder ejecutivo que espera en el Congreso. Una propuesta que no fue tratada ni en comisiones. Un proyecto que reconoce explícitamente que los cuidados son una necesidad, un trabajo y un derecho fundamental para la reproducción social y económica de nuestra sociedad. 

Desde ELA consideramos que el proyecto tiene márgenes de mejora pero que, sin dudas, sienta bases sólidas para la discusión. Las mejoras deben ser el fruto de un debate parlamentario abierto, plural, participativo y profundo, luego de que legisladoras y legisladores escuchen a los distintos sectores involucrados y analicen la evidencia y argumentos disponibles. 

¿Por qué la Argentina necesita un Sistema Integral de Cuidados? 

En un contexto de fuerte crisis económica mucha gente puede preguntarse por qué sería prioritario avanzar con una ley de cuidados cuando el foco debería estar puesto en ocuparse de temas centrales como bajar la inflación, recuperar el nivel adquisitivo de las familias, bajar los altos niveles de informalidad o incrementar las reservas del Banco Central.

La discusión en torno a los cuidados es, en esencia, una cuestión económica crucial ya que se trata de una oportunidad para redistribuir la riqueza, generar empleos de calidad, impulsar el crecimiento económico y reducir los niveles de pobreza. En este sentido, los cuidados no sólo son una cuestión de justicia social y equidad de género, sino que también tienen un impacto directo en la economía y en la calidad de vida de la sociedad en su conjunto.

Se calcula que invertir en servicios de cuidado, como por ejemplo, los jardines de infantes o los servicios de larga estadía para personas mayores, y que se cubra para 2030 el déficit de los cuidados en cantidad y calidad generaría casi 2 millones de puestos de trabajo formales.  

Hoy 1 de cada 2 mujeres no tiene empleo ni lo busca. Hablamos de millones de mujeres que, por la imposibilidad de conciliar la vida familiar y laboral no pueden trabajar de forma remunerada. Como la calidad del empleo y los ingresos posibles para muchas de estas mujeres son bajos, ante las dificultades para resolver cómo articular responsabilidades familiares y laborales muchas veces encuentran que la única forma es dedicarse exclusivamente al cuidado. Si existieran servicios que cubran la demanda de cuidados existente, el porcentaje de mujeres que podrían insertarse en el mercado laboral crecería. El impacto podría ser enorme: la Organización Internacional del Trabajo señala que, si las mujeres tuvieran la misma participación que los varones en la economía a nivel regional, podría haber un aumento del 34% en el PIB de América Latina.  

Menos mujeres en el mercado laboral significa también menos ingresos en los hogares y más pobreza tanto para esas mujeres como para niñas, niños y adolescentes. Hoy en día 6 de cada 10 personas con menores ingresos, son mujeres. Esta situación se vuelve más urgente cuando hablamos de los hogares monomarentales, que representan casi 1 de cada 4 hogares del país y donde el nivel de pobreza llega al 59%, superando el promedio del resto de los hogares. 

Por esa razón, los cuidados se han convertido en el eje central de la próxima gran conquista para avanzar hacia una sociedad más igualitaria. Ya no podemos seguir ignorando la importancia de los cuidados y cómo estos afectan tanto a la vida de millones de mujeres como al tejido productivo de nuestro país. No solo es una cuestión de género y de derechos, sino también un factor clave para el desarrollo sostenible del país. 

En momentos de crisis, es importante dejar de repetir viejas recetas, reevaluar cuáles son nuestras prioridades y apostar por salidas novedosas y verdaderamente inclusivas.