El ministro de Defensa, Luis Petri, salió a desligarse de la baja de oficiales retirados de las Fuerzas Armadas que fueron condenados por delitos de lesa humanidad y aseguró que la medida no responde a una “decisión política” sino al “cumplimiento de sentencias firmes”. En el mismo posteo de su cuenta de X (Twitter) dijo que impulsa el cierre de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi), un organismo estatal creado hace 33 años considerado clave en el trabajo de resitutución de la identidad de personas secuestradas durante la dictadura.

“La historia completa es uno de los pilares de nuestra gestión. Homenajeamos e indemnizamos a nuestros soldados en Formosa y los reivindicamos en Azul y en Villa María. Desmantelamos los 'grupos de trabajo' parajudiciales que servían para perseguir a las Fuerzas. Impulsamos, junto al Ministerio de Justicia, el cierre de la Conadi”, tuiteó el funcionario de Javier Milei.

Sobre la baja de oficiales retirados, Petri buscó quitarse responsabilidad, después de que en algunos sectores cercanos a la visión negacionista del gobierno libertario cayera mal la medida, y señaló: “No es una decisión política sino el cumplimiento de sentencias firmes en procesos que han agotado todas sus instancias de revisión y apelación. Son bajas ordenadas por la Justicia”, remarcó.

“Con el liderazgo del presidente Milei, asumimos el desafío de reconstruir la Argentina desde sus cimientos, revalorizando el rol de nuestras Fuerzas Armadas. Muchos de los que hoy critican esta medida se rasgan las vestiduras hablando de división de poderes y República. Podemos estar o no de acuerdo con las decisiones judiciales, pero cumplir con la ley no es una opción: es una obligación”, dijo el ministro de Defensa.

El posible cierre de la Conadi viene siendo alertado por organizaciones políticas, civiles y de derechos humanos, que advierten que podría dificultar la restitución de identidad de cientos de personas secuestradas durante la dictadura y que implica borrar el pasado y favorecer la impunidad.

La Conadi es un organismo estatal creado en 1992 con el objetivo de colaborar en la búsqueda e identificación de personas apropiadas durante la última dictadura militar (1976-1983). Funciona bajo la órbita del Ministerio de Justicia, que actualmente conduce Mariano Cúneo Libarona.

El organismo fue importante en la identificación de personas que fueron apropiadas y criadas con una identidad falsa, muchas de ellas en familias vinculadas con las Fuerzas Armadas. Hasta la fecha, 139 nietos han recuperado su identidad gracias a investigaciones que incluyen análisis genéticos, documentación y testimonios.

Respecto de la baja de represores de las filas del Ejército, medida dispuesta el miércoles por Petri, se trata de cuatro generales y 19 coroneles, todos retirados, que habían recibido condenas firmes de la Justicia por delitos de lesa humanidad en una decisión que generó malestar en algunos sectores. La medida fue dispuesta mediante la resolución 72/2025, a instancias de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).

Entre los militares comprendidos en la resolución se encuentran el general de división Eduardo Rodolfo Cabanillas, condenado a prisión perpetua por su participación en el centro clandestino Automotores Orletti, y los generales de brigada Néstor Rubén Castelli, Teófilo Saá y Federico Antonio Minicucci.

Entre los fundamentos de la resolución firmada por Petri este lunes se señala que la Procuraduría de Investigaciones Administrativas solicitó el 30 de octubre del año pasado, mediante un oficio, “disponer la baja del personal de oficiales jefe y oficiales subalternos que han recibido sentencia judicial firme por causas de lesa humanidad”, de acuerdo con lo prescripto en la Constitución Nacional. Se cita, además, el decreto 721/2016, que delega en el ministro de Defensa la disposición de los “retiros y bajas obligatorias de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas”.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas le recordó al ministro de Defensa que “la obligación de separar de sus cargos a los agentes implicados en graves violaciones a los derechos humanos constituye una obligación autónoma del Estado argentino, conforme al derecho Internacional”. Sin embargo, trascendió que la medida no cayó bien en algunos sectores del Ejército.

A los cuatro generales dados de baja se suman los coroneles retirados Miguel Ángel Fernández Gez, Humberto José Román Lobaza, Mario Alberto Gómez Arena, Pascual Oscar Guerrieri, Oscar Lorenzo Reinhold, Ramón Ángel Puebla, Carlos Alberto Ozaran, Gustavo Fontana, Horacio Hugo Maderna, Jorge Omar Lazarte, José Héctor Fidalgo, Jorge Daniel Rafael Carnero Sabol, Héctor Salvador Girbone, Carlos Enrique Pavón, Horacio Losito, Ricardo Guillermo Reyes, Rafael Julio Manuel Barreiro, Carlos Alberto Arias y Luis Ángel Gaspar Zírpolo.

JJD

Una persona conoce el caso de alguien que podría ser hijo de desaparecidos, tiene algún dato, un papel, alguna conversación que escuchó. La duda persiste. Va a Abuelas de Plaza de Mayo y hace la denuncia. Se suma a las miles que tiene el organismo. Ellas son el puente con la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), que depende de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Allí corroboran la fecha de nacimiento, buscan más información, indagan en los registros oficiales, hacen entrevistas. Buscan en archivos y documentos de organismos del Poder Ejecutivo y de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Llegan a una hipótesis y la presentan al Poder Judicial, específicamente a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (Uficante). Ahí empieza un recorrido judicial que, posiblemente, llega a la resolución de un enigma, a la restitución de una identidad.

El gobierno de Javier Milei cerró esta semana la Unidad Especial de Investigación de la Desaparición de Niños como Consecuencias del Accionar del Terrorismo de Estado (UEI), un sector que depende de la CoNaDI y que en los últimos tres años originó el 60% de los casos que tramitó el Poder Judicial vinculados a esa temática. Es el principal organismo que deriva denuncias para que la Justicia investigue estos delitos cometidos durante la última dictadura cívico militar. 

“Desde que existe nuestra unidad fiscal, hace más de 12 años, la UEI es el principal organismo que remite casos para que investiguemos”, dijo a elDiarioAR Pablo Parenti, titular de la UFICANTE, dentro del Ministerio Público Fiscal. La UEI fue creada en el 2004, durante la presidencia de Néstor Kirchner, y hace investigaciones sobre posibles apropiaciones de niños y niñas a partir de denuncias espontáneas. Para eso accede a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional y las Fuerzas Armadas y de Seguridad.  

Hasta la publicación del decreto 727/2024, que lleva las firmas de Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, la UEI era un auxiliar del Poder Judicial que hacía investigaciones preliminares a las denuncias. En los últimos tres años, entre 2021 y  2024, el 60% de los casos que se iniciaron en la Unidad Fiscal llegaron desde la CoNaDI precedida por un trabajo hecho en la UEI. 

Una de las tareas más importantes del organismo era desmalezar la gran cantidad de información que llegaba a Abuelas de Plaza de Mayo: mails, cartas, papeles. Un volumen de datos muy grande que muchas veces se convirtieron en hallazgos, pero que previamente debieron ser procesados e investigados para delimitar una hipótesis y derivarlos al sistema de justicia. “Si se presentan las denuncias tal cual se reciben en Abuelas o CoNaDI se va a sobrecargar el sistema judicial porque gracias a la investigación de la UEI hay casos que se resuelven con la documentación de la persona sin necesidad de abrir una causa judicial. Agiliza la búsqueda de las nietas y nietos”, explicó a este diario Adriana Metz, integrante de Abuelas de Plaza de Mayo.

Adriana es hija de Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, militantes barriales secuestrados el 16 de diciembre de 1976 en Cutral Có, Neuquén. Al momento del secuestro, su madre estaba embarazada, y según testimonios de otros detenidos, dio a luz a un varón el 17 de abril de 1977, en el Centro Clandestino de Detención “La Escuelita” de Bahía Blanca. Sus padres están desaparecidos y Adriana busca a su hermano. “El papel de CoNaDI junto al Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG) es fundamental para que se concrete el abrazo con mi hermano”, agregó.

Esta decisión del gobierno se enmarca en el desfinanciamiento y desarmado de las políticas de Memoria, Verdad y  Justicia y en la búsqueda de impunidad para los  represores. Si el trabajo de la CONADI se debilita, los procesos se ralentizan, una persona con dudas tendría que ir directamente a un juzgado y debería intervenir la Justicia y encontrar motivos para pedirle al BNDG que haga la extracción y comparación del ADN de la persona con los grupos familiares allí guardados. Eso podría llevar meses o años como pasaba antes de la creación de la CoNaDI.

El reconocido genetista Víctor Penchaszadeh, integrante del equipo de científicos que creó el “índice de abuelidad”, clave para identificar a hijos e hijas de personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, también valoró la importancia de estos organismos. “La CoNaDI ha sido la puerta de entrada para la gente que duda de su identidad. Antes de su existencia, nadie podía podía ir directamente al BNDG a pedir un test, tenían que ir a la justicia y dependía de la voluntad del juez”, le explicó a elDiarioAR.

De las 20.000 pruebas genéticas que se hicieron en los últimos 30 años en el Banco Nacional de Datos Genéticos, la mayoría llegó desde la CoNaDI. “No solo fue la puerta de entrada, sino la que las vehículizaba”, agregó el investigador.

El argumento del Ministerio de Justicia para desactivarla es que la UEI violentaba “el régimen constitucional de división de poderes” porque realizaba funciones propias del Poder Judicial desde el Poder Ejecutivo y “violaba atrozmente el derecho fundamental a la intimidad de los argentinos”. Una premisa que se diluye si se tiene en cuenta otros organismos del Ejecutivo con funciones similares como la Oficina Anticorrupción (OA), la Unidad Fiscal AMIA o la Unidad de Información Financiera (UIF), el Banco Central o, más atrás en la historia, la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep). 

Según Cúneo Libarona, le corresponde al Ministerio Público Fiscal llevar adelante dicha investigación y orientar al juzgamiento de los delitos ante el Poder Judicial.  “De  ninguna manera el trabajo de CoNaDI se superpone con el trabajo de la Justicia, es un trabajo previo y fundamental para nosotros porque nos permite trabajar con alguna hipótesis mejor delimitada y eso hace que sistema no colapse, ¿Qué pasaría si el sistema de justicia recibe de repente de miles y miles de comunicaciones de esa naturaleza? Ya no podríamos, sería muy difícil procesarlas”, anticipó el fiscal Parenti.

Esta situación motivó varias respuestas. Por un lado, el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak emitió una resolución en la que le da 48 horas a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a cargo del exjuez Alberto Baños, para que explique cómo se custodiará el material que recolectó hasta ahora la UEI. En ese sentido, es importante agregar lo que sostiene el fiscal Parenti: “En todos estos años, decenas de jueces y fiscales recibieron denuncias originadas de esta manera y nunca hubo ningún cuestionamiento, ni siquiera por parte de alguna defensa”.

El senador nacional de Unión por la Patria Eduardo “Wado” de Pedro, hijo de desaparecidos, anticipó que presentará un proyecto junto a las Abuelas de Plaza de Mayo para restituir la oficina y así “contribuir con la búsqueda de los más de 300 nietos apropiados”. En la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof  anunció la creación de Unidad Provincial Especializada para la búsqueda de personas apropiadas durante la última dictadura cívico-militar. Lo anunció después de mantener una reunión con la presidenta de Abuelas, Estela de Carlotto. “Seguiremos buscando a los 300 nietos y nietas y defendiendo el trabajo que llevan adelante con amor hace más de 40 años las Abuelas de Plaza de Mayo. Seguiremos profundizando las políticas de Memoria, Verdad y Justicia”, escribió en X.

Se trata de acciones que buscan contrarrestar la avanzada del gobierno de Javier Milei en contra de las políticas de Derechos Humanos. “Es la desactivación de los instrumentos de Memoria, Verdad y Justicia”, reflexionó Penchaszadeh. “Lo que hace CONADI en conjunción con todas las otras cosas como los juicios, la conservación de los lugares que fueron centros de exterminio y demás se está desactivando y desfinanciando porque este gobierno no quiere que perdure en la memoria colectiva”, agregó.

CDB/DTC

El Gobierno de Javier Milei oficializó este miércoles la derogación del Decreto 715/2004, que había establecido la “Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado”.

Esta Unidad, creada en el ámbito de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CONADI), tenía como misión asistir en las investigaciones relacionadas con la desaparición de menores durante la última dictadura militar, accediendo a archivos y documentos de organismos dependientes del Poder Ejecutivo Nacional, así como de las Fuerzas Armadas y de Seguridad.

El decreto argumenta que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.

En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.

El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.

Asimismo, se subrayó que “la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales”.

Qué dijo Abuelas de Plaza de Mayo

En junio pasado, cuando la derogación de la Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado ya estaba en marcha, Abuelas de Plaza de Mayo manifestó “su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional”. Este era el comunicado:

“Abuelas de Plaza de Mayo manifiesta su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la ”Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado“ (UEI), de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Co.Na.DI). La Unidad fue creada en 2004 con el objetivo de investigar los casos de nuestras nietas y nietos desaparecidos en una instancia prejudicial que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad.

La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado. Como auxiliar de la Justicia, la Unidad evita la citación en sede judicial de hombres y mujeres –incluidos miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad–, así como también prevé la confidencialidad absoluta de estos procesos. Nunca, en estos 32 años de existencia de la Co.Na.DI, se filtró información acerca de alguna de las personas investigadas.

Esta Unidad asiste a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la justicia causas improcedentes. En Abuelas contamos con alrededor de 7000 denuncias de posible hijos e hijas de personas desaparecidas. Sin la existencia de la UEI, mañana deberíamos presentarnos ante los Tribunales Federales o a la Unidad Fiscal Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el terrorismo de Estado (UFICANTE) con las 7000 denuncias, algo absolutamente ineficaz e inviable. Existen muchos organismos del Estado que auxilian a la Justicia, con el objetivo de hacerla más eficaz, como la Oficina Anticorrupción y la CONADEP, dependencias del Poder Ejecutivo con atribuciones de investigación, que no la reemplazan ni ejercen funciones judiciales, sino que la auxilian en su tarea.

La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia, para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos y nietas. Nos duele tener que recordar que, en los primeros años de búsqueda, muchos jueces no nos atendían y los que lo hacían encontraban muchas dificultades para hacer avanzar las causas. Antes de la creación de la UEI, las causas en la Justicia podían demorar años, luego este instrumento permitió acelerar la búsqueda y desestimar casos antes de ser judicializados.

Este proyecto de decreto pretende eliminar un área clave del Estado y es un anticipo de lo que venimos advirtiendo respecto de las implicancias negativas de la Ley Bases, que otorgaría amplias facultades al Poder Ejecutivo para disolver unilateralmente organismos que fueron creados por ley. Resulta un ejemplo cabal de las medidas regresivas que se impulsan desde el Gobierno, que merecen especial atención y la adopción de medidas urgentes.

Reiteramos que la disolución de la UEI conllevará a una demora, un gasto innecesario de recursos para la Justicia y una obstaculización aún mayor en la restitución de identidad de los casi 300 nietas y nietos que estamos buscando, hace ya 47 años. Pedimos al Gobierno que revea la decisión y a la sociedad que nos acompañe en el reclamo“.

Algunos argumentos del Gobierno de Milei para cerrar la Unidad

Sobre la CONADI

La Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad es el Organismo dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos responsable de garantizar el cumplimiento de la Convención Internacional por los Derechos del Niño, en lo referente al derecho a la identidad (artículo 7, 8 y 11).

La CoNaDI fue creada en 1992 y sus alcances, objetivos y facultades fueron ratificados en 2001 por la Ley 25.457.

Algunas de las acciones que desarrolla la CONADI

Con información de agencias.

IG

La llamaban “La Negra”. Había nacido en el pueblo correntino de Saladas en 1953. En su juventud Dora Elena Vargas fue catequista, practicó vóley y básquet, cantaba en peñas hasta que conoció a la Juventud Universitaria Peronista (JUP) en la universidad, donde estudiaba para ser veterinaria. Todo cambió vertiginosamente: al poco tiempo pasó a Montoneros y se mudó a Buenos Aires cuando descubrió que era perseguida. Tenía 24 años y un embarazo de entre tres y cinco meses. Su hermana Olimpia Vargas, además compañera de militancia, la recuerda así: “Fue sumamente solidaria, sentía un profundo compromiso por cambiar la realidad de su ciudad y de su país. Tenía muchos sueños, como tantos jóvenes luchaba por una sociedad más justa, un país grande que mereciera ser habitado”.

Dora fue secuestrada cuando caminaba por la calle el 12 de noviembre de 1977. Estaba en San Francisco Solano, partido de Quilmes. Junto con su compañero, Juan Carlos Sofía, militaban en ese momento en la columna sur de Montoneros. Se conocieron allí, formaron pareja y ella quedó embarazada. La última vez que se vieron fue en el único control médico que llegaron a hacer por el embarazo, en el Hospital Finochietto de Sarandí. Toda la familia de Dora vivió un calvario. Su hermano, Juan Ramón, fue desaparecido junto con su esposa, Dora Beatriz Noriega, embarazada, cuyo hijo o hija las Abuelas siguen buscando. Su hermana Olimpia también permaneció secuestrada con su marido, aunque ambos sobrevivieron, al igual que su padre, que también estuvo preso.

Así como Dora Elena Vargas, también Olga Lilian Vaccarini, Hilda Margarita Farías y Liliana Beatriz Girardi no llegaron a dar a luz. Fueron asesinadas por la dictadura y así fueron reconocidas por Abuelas a fines del año pasado. En los medios se suele poner en primer plano los 133 nietos restituidos. Sin embargo, son 137 los casos resueltos porque se incluyen los de estas cuatro mujeres asesinadas antes de parir.

El camino de la pesquisa requirió años, sumado a los tiempos lentos de la justicia. Y, en el medio, los genocidas siguieron callando. “Son casos que han llevado grandes esfuerzos de investigación, trámites y reconstrucción. Y también tiempo de asimilación por parte de las familias que, en muchos casos, han decidido hacer el duelo en la intimidad”, dice Lorena Velázquez, que trabaja hace veinticuatro años en la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi) y coordina el  equipo de investigación de mujeres embarazadas y niñas y niños nacidos de padres desaparecidos. Dice que aunque los embarazos no hubieran llegado a su fin, para la Conadi la identificación permitió, de algún modo, cerrar cada caso. En las fichas de las mujeres operaron investigaciones documentales, exhumación de fosas comunes, comparación de huellas dactiloscópicas y decadactilares, entre otras pericias de alta complejidad. 

Pero a pesar del trabajo hecho por la Conadi, en los últimos tiempos el organismo no pudo avanzar en las investigaciones de nuevos casos de restitución de la identidad. Concretamente, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, se negó a entregar 70 expedientes relacionados con efectivos de las fuerzas para avanzar en la búsqueda de los bebés apropiados.

Por esa razón, Abuelas de Plaza de Mayo denunció que el gobierno de Javier Milei pretende así frenar la búsqueda de los nietos. Creen que el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona va a descabezar, más temprano que tarde, el organismo creado en 1992 y hay alarma por su futuro. En los últimos días circuló el proyecto de un decreto para que la Conadi no pueda investigar ni acceder a los archivos estatales. En un comunicado, Abuelas de Plaza de Mayo expresó “su profunda preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de eliminar la ´Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado´ (UEI), de la Conadi”.

El laberinto para llegar a la verdad

Los casos de las cuatro mujeres embarazadas asesinadas recorrieron un laberinto tan intrincado como resonante en las investigaciones de la Conadi. En los organismos estatales saben que los tiempos de la memoria se componen de circuitos inesperados, que van y vienen entre el pasado y el presente. Primero, no todos los casos habían sido denunciados. De los 60 casos de mujeres embarazadas registradas en la Conadep se pasó con el tiempo a 210 en el Banco Nacional de Datos Genéticos y a casi 300 casos compilados por Abuelas. Pero la certeza de la identificación requirió de un entramado complejo, más enfocado en lo cualitativo que lo cuantitativo. Hubo personas secuestradas en centros clandestinos de detención que vieron a mujeres embarazadas, aunque no conocían su identidad. Muchas de esas mujeres habían pasado a la clandestinidad en sus organizaciones políticas de los ´70. Sus familias tenían información de posibles embarazos, algunos tenían dudas, otros habían encontrado en sus casas ya abandonadas objetos referidos a bebés como cunas, chupetes y pañales. Otros familiares habían cortado el lazo con ellas cuando entraron en la clandestinidad, por lo que no sabían a ciencia cierta si estaban embarazadas. Y ex detenidos declararon que sus parejas habían sangrado o que habían hecho un aborto. 

Todos los indicios, en un principio acumulados en datos dispersos, fueron conduciendo a  hipótesis esclarecedoras. Las mujeres embarazadas que habían sido asesinadas por la dictadura se encuentran entre los casos más difíciles en identificar; especialistas aseguran que sin el sostén del Estado el trabajo se tornará imposible.  “El EAAF, en rigor, identificaba una mujer pero no tenía información si estaba embarazada –continúa explicando Velázquez–. Entonces llegamos a unificar con Abuelas un banco de datos. Las dividimos entre mujeres embarazadas detenidas y mujeres embarazadas asesinadas”. 

Las huellas de Dora

Conocer la historia de ellas supuso una odisea: algunos procesos tardaron más de veinte años. Se recorrieron, entre otros, archivos policiales, militares y de consejos de guerra, se contrastó con legajos de identidad. “Cuando no había restos óseos, la identificación fue por huellas dactilares”, revelan desde el EAAF, que tienen una suerte de banco propio de restos a los que, sin embargo, no pueden otorgarles identidad hasta que aparezca la muestra genética del desaparecido. Así fue el caso de Dora Vargas. 

Recién en 2005, y ante la sorpresa de los familiares, una comparación dactiloscópica entre las huellas impresas de un prontuario policial perteneciente a un NN y las impresiones decadactilares de Dora del Registro Nacional de las Personas, determinó que se trataba de la misma persona. El prontuario del que se extrajeron las huellas correspondía a una ficha del 12 de noviembre de 1977 enviada por la Comisaría 2da. de Quilmes –ubicada en Bernal–, con intervención del Área Militar 111. Vargas se convirtió en el caso 134 de restitución de Abuelas de Plaza de Mayo, y la institución lo comunicó en septiembre 2023 junto al de las otras mujeres embarazas asesinadas, Vaccarini, Farías y Girardi. 

El largo proceso de la identidad

Hilda Margarita Farías y Luis Fernando Uncal se conocieron en 1974, en un barrio de Berisso. Al momento de su desaparición, Hilda tenía 23 años y estaba recientemente embarazada. Militaba en la unidad básica “Antonio Quispe” de Villa Argüello e integraba la organización Montoneros. Además, estudiaba la carrera de Asistente Social en Caritas y trabajaba en una clínica en la ciudad de La Plata. El 20 de diciembre de 1976 fue secuestrada en la vía pública, en el trayecto de su casa al trabajo, junto a una compañera de militancia apodada “Gabriela”. Años después, Luis Uncal declaró ante la Conadep y dijo que Hilda podría estar embarazada al momento de su detención: estaban haciendo un tratamiento para ser padres. 

En diciembre de 2019, la Conadi tomó conocimiento de que los restos de Hilda habían sido inhumados como NN el 3 de febrero de 1977 en el Cementerio Municipal de San Martín; como causa de muerte se consignaba “disparos de arma de fuego”. El EAAF, en tanto, informó que el hallazgo y posterior exhumación refería a un hecho ocurrido el 3 de febrero de 1977 que apareció publicado en la prensa. Allí se hablaba sobre un supuesto enfrentamiento en la localidad de Ciudadela, zona oeste del conurbano bonaerense, en el que murieron cuatro hombres y tres mujeres. Se confirmó así que Hilda “La Flaca” Farías fue asesinada y su posible embarazo no pudo llegar a término.

Liliana Beatriz Girardi nació Santa Fe. Sus compañeros la llamaban “Flaca” o “Pochi”. Formó pareja con Alberto Scapuzzi. Ambos militaban en el PRT-ERP. La joven, de 20 años, fue secuestrada el 6 de agosto de 1976 en su domicilio de Rosario, embarazada de cuatro a seis meses. Por sobrevivientes, se supo que permaneció detenida en el centro clandestino “Quinta de Fisherton”. En mayo de 2012 sus restos fueron identificados por comparación decadactilar. Por la fecha de inhumación, en efecto, pudo saberse que fue asesinada antes de dar a luz. Alberto falleció al año siguiente de la identificación en Venado Tuerto. Supo que el embarazo, también, no había llegado a su fin.

“A diferencia de los nietos restituidos, que las Abuelas lo comunican casi de inmediato, en el caso de las mujeres asesinadas embarazadas la demora tiene que ver con la resolución de la justicia –aclara Lorena Velázquez–. Porque cuando el entrecruzamiento de muestras de ADN de los restos con un grupo familiar da positivo, la justicia restituye la identidad y rectifica toda la documentación, como la partida de defunción y otros papeles, y suele ser un trámite muy largo”. 

Y luego se explaya con lo delicado del descubrimiento: “Si bien se llega a la resolución del caso, es difícil comunicar eso y las dos ramas del grupo familiar tienen que estar al tanto. A veces se restituye la identidad de restos de una mujer embarazaba pero no la del compañero y eso genera expectativas en la rama paterna o hay que evaluar bien si el embarazo no llegó a término o si el asesinato se produjo cerca de la fecha de parto. Ahí juegan todos los elementos recolectados en la investigación preliminar y la relacionada con el momento de la muerte. Es decir, se repiensa desde el hoy cómo se ´legaliza´ esa clandestinidad previa”.

Reconstruir un árbol genealógico

Los otros casos también presentaron dificultades. En el de Vaccarini, por ejemplo, se encontraron sus huesos en una fosa común en el Cementerio de La Piedad Rosario pero faltaba la muestra genética de ella. En su proceso, desde la Conadi iniciaron una investigación donde reunieron una denuncia familiar sobre su embarazo, luego armaron el árbol genealógico de ella y su compañero, y hubo un relevamiento de testimonios para detectar si pasó por algún centro clandestino. También recurrieron al “índice de abuelidad” para reconstruir a los abuelos, los dos paternos y los dos maternos. En ese marco, se llegó a la exhumación de una de las abuelas de Olga Lilian Vaccarini. 

Todo representó un procedimiento tedioso: presentar el caso ante una fiscalía, el costo económico por los materiales técnicos, y la posterior vuelta a la inhumación del cuerpo. La muestra se introdujo en el Banco Nacional de Datos Genéticos y fue fundamental para reconocer la identidad de Olga Lilian Vaccarini. Ella y su compañero Gustavo Adrián Rodríguez militaban en el Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP). A él sus compañeros lo llamaban “Matías” y a ella “Marlene”. La pareja fue secuestrada el 16 de mayo de 1977, Gustavo mientras se encontraba internado en el Hospital Ferroviario de Rosario, y Olga en la misma ciudad, un rato más tarde, en la casa de su suegra. La joven, de 22 años, estaba embarazada de tres meses. Por testimonios se supo que Gustavo permaneció detenido en el centro clandestino “La Calamita”, en la localidad de Granadero Baigorria. De ella no se supo más nada.

“Hay que destacar que si bien su caso estaba en CONADEP, recién sus familiares hicieron la denuncia por su embarazo en 2006. Y hubo un vacío de información durante casi veinte años a partir de allí, tuvimos que viajar al interior, cotejar pruebas, armar el árbol genealógico con lo que fuimos encontrando. Pudimos constatar que lo que en su momento no se animó a denunciar un familiar, luego lo retoma la siguiente generación. Muchas de esas denuncias las hicieron una cuñada, como en el caso de Vaccarini, un sobrina, o ahora un nieto. O sea, familiares no tan directos. Y notamos que en las provincias y en los pueblos es extremadamente complejo, porque el cono de miedo y terror siguió vigente en la democracia y todavía no se eliminó. Allí se conocen entre todos, hay una intimidad y una cercanía densa, un hilo grueso e invisible difícil de cortar”. 

Los archivos públicos, hoy trabados en su acceso por la gestión Milei, fueron una herramienta fundamental para reconsiderar una versión extendida sobre el terrorismo de Estado. Aquella que presuponía que los militares dejaban a las mujeres secuestradas dar a luz, que luego quitaban a sus niños y los daban a una familia en adopción, y que finalmente, más acá o más allá en el tiempo, las terminaban asesinando. El patrón, por el arduo trabajo de instituciones como la Conadi y el EAFF, se amplió hacia otras zonas del horror: los genocidas también acribillaron brutalmente a mujeres embarazadas, sin esperar su gestación. Numerosos casos que aún restan identificar corren el riesgo de perderse para siempre en la bruma de la impunidad.

JMM/MG

Carlos González comenzó a sospechar en la adolescencia que era hijo de desaparecidos: en casa no había fotos de su mamá embarazada, quien, según la partida de nacimiento, dio a luz a los 50 años de edad. Además, en plena década del ’70, Lidia Lazarte, la supuesta mamá de este joven jujeño, era agente de la Policía Federal en Palpalá. Y su presunto papá, Ramón Vicente González tenía un cargo directivo de segundo nivel en la Dirección de Fabricaciones Militares de Altos Hornos Zapla, una compañía estatal dirigida por militares.

En los ’90, cuando ya se habían identificado cerca de medio centenar de bebés apropiados durante la dictadura cívico-militar, Carlos volvió a dudar sobre su origen. Lidia había muerto en 1984, cuando él tenía 12 años. Ramón González falleció en 1995. Ya radicado en Córdoba, donde llegó a estudiar diseño gráfico y se quedó a vivir, y sin el peso de que sus presuntos padres estuvieran con vida, Carlos envió un correo electrónico a Abuelas de Plaza de Mayo y contó su caso. No obtuvo respuesta.

Años después, ya en el siglo XXI, se acercó a Abuelas y contó su caso: “Me dijeron que no entraba en el rango de búsqueda, de 1975 a 1983. Según mi DNI, nací en 1972”, confió desesperanzado el muchacho a este cronista a principios de la década pasada. 

Carlos González, “Carlitos” o “Charly”, para los amigos que cosechó en Jujuy, Santiago del Estero y Córdoba, se enteró que en el espacio de la memoria del Cabildo de Córdoba -donde operó el centro clandestino de detención D-2 de la Policía cordobesa desde 1974 hasta bien entrada la dictadura del 24 de marzo de 1976-, funcionaba una delegación de la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y que allí podrían orientarlo en su búsqueda.

“Yo era hijo único. Después que se murió mi mamá, yo me quedaba solo en casa hasta que volviera mi papá de trabajar. Y entonces me ponía a buscar, hurgaba en los roperos, en las cajas cerradas, y no había fotos mías de chico. Después de la muerte de mi mamá, no hubo más contacto con los Lazarte, era raro. Otra cosa que me llamaba la atención, era que mis primos tenían 30 años, y yo tenía 5. Tampoco había relación entre las edades de mis papás con los papás de mis compañeros y de mis primos. Cuando murió mi papá, mis tíos dejaron de verme. Para esa familia, yo morí cuando murieron mis papás”, reconstruyó Carlos González en una charla en enero de 2018.

“El destino, la vida, la militancia por un mundo mejor, o la suerte, hizo que nos cruzáramos con Carlitos. Fue mi primer caso de búsqueda en la CoNaDi de niños víctimas de trata de persona. El 6 de julio de 2014 abrí su legajo. Y luego de meses de búsqueda, encontramos a su mamá biológica, Rosa Elena Mealla y los revinculamos. Y años después encontramos a su papá biológico y durante un par de meses, ambos se revincularon y disfrutaron”, recuerda María Gracia Iglesias, coordinadora del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. 

“En junio de 2014 la conocí a María Gracia. Un día salí al mediodía del trabajo y fui al espacio de la memoria donde funcionaba el D-2, María Gracia me pidió la partida de nacimiento. Le presenté la que tenía y faltaban datos básicos: el hospital donde nací y testigos. Además, con otra letra, estaba escrito un número de expediente”, detalló Carlos González.

Así comenzó la búsqueda de la CoNaDi para determinar quién era la madre biológica de este muchacho jujeño. Luego de ocho meses de trabajo, María Gracia Iglesias citó a Carlos González a una reunión. El hombre, que ya tenía 42 años de edad, fue a la entrevista “lleno de temores, era un mundo desconocido”: “Carlitos venía haciendo terapia, nuestro equipo cuenta con psicólogos y otros profesionales que arman una red de contención para ambos extremos de las búsquedas: las hijas y los hijos que buscan saber su identidad, de dónde vienen, quiénes son; y las madres, que muchas veces, debieron dejar a sus hijos por no poder mantenerlos, otras veces se los robaron y otras veces les mintieron que habían nacido muertos. Esa primera reunión en la que le dimos toda la información, fue muy especial, era devolverle a un hombre su historia”, detalla la funcionaria del Ministerio de Justicia y DD.HH. de la Nación a cargo del Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica. 

Iglesia y poder

La CoNaDi pudo reconstruir que Rosa Elena Mealla dio a luz a Carlos en octubre de 1972 en el hospital ‘Pablo Soria’ de San Salvador, la capital de Jujuy, ubicada a sólo 15 kilómetros de Palpalá. “Mi mamá biológica trabajaba en lo de una señora, Mary Ojeda, muy relacionada a los grupos católicos de Palpalá, que a su vez estaban muy relacionados con Paulino Arias, que después fue intendente de la dictadura. Cuando nací, mi mamá me anotó como Carlos Alberto Mealla, por lo menos, esta gente, me respetó el Carlos Alberto que me puso mi mamá. Cuando yo tenía tres meses, el cura de Palpalá y Paulino Arias, con esta señora Mary Ojeda, le dijeron a mi mamá, que era empleada doméstica, que no podía seguir trabajando en la casa conmigo. Y que lo mejor sería que me diera en adopción porque no iba a poder criarme. Imaginate, una empleada doméstica sentada, sola, pobre, sin familia, sin marido, frente a la patrona, el cura y uno de los hombres más importantes de Palpalá”, contó hace cinco años, Carlos González.

La mujer, con un bolso de mano, unos pocos pesos y un pasaje, fue obligada a abandonar a su hijo y a partir al destierro a Trelew, a 2.290 kilómetros de distancia. La ropa de Carlitos, que ella había tejido y comprado con sacrificio quedó en la casa de la patrona, y sólo la dejaron llevar con ella una pequeña almohada, donde escondió tres fotos de su bebé. Eran los primeros días de 1973 y gobernaba el dictador Alejandro Agustín Lanusse.

Cuarenta y dos años después, en febrero de 2015, el equipo de CoNaDi especializado en búsqueda de personas, virtualmente peinó Palpalá, buscando a quién podría ser la madre de Carlos Alberto González: “Fue un trabajo artesanal, porque en los casos de estas adopciones irregulares, el patrón es calcado: los bebés, que dados por muertos o aprovechando la vulnerabilidad de sus madres, fueron entregados a familias que los anotaban, presentando falsos certificados médicos y/o falsos testigos en los registros civiles a los que concurrían a inscribir el nacimiento, y consecuentemente se sustituía su identidad biológica. En ese mismo acto fueron borradas todas las huellas escritas despojando a los bebes de sus cadenas generacionales. Eso pasó con Carlitos, por lo que se hizo muy difícil dar con su mamá biológica”, detalla a elDiarioAR, María Gracia Iglesias.

Reencuentro

Pero en marzo o abril de ese año, las elecciones nacionales abrieron una luz de esperanza a través de la actualización de los padrones electorales: “Encontramos en Palpalá una mujer llamada Rosa Elena Mealla, y allá fuimos a buscarla. Nadie la conocía. Pero algunos vecinos del barrio nos dijeron que vivía una señora, Elena de Valdez. La entrevistamos y era la madre de Carlos González. La mujer nos contó que con el paso de los años se animó a regresar a Palpalá a buscar a su hijo, pese a que la habían penado, su patrona y Arias. Viajó desde Trelew a Capital Federal, primero, y luego regresó a Jujuy. Y para que no la descubrieran, se cambió el nombre, suprimió el Rosa y le agregó el apellido de su marido. También nos contó que su esposo sabía su historia de la apropiación de Carlos y que sus cuatro hijos no sabían nada”, explicó Iglesias.

“Yo primero no quería saber nada. Me había abandonado. Tenía sentimientos encontrados, por una parte, mucha bronca, pero por otro lado, la necesidad de saber qué pasó. Cuando me encontré con mi mamá, me pidió perdón, y me contó lo de la señora Mary, del intendente y del cura. También me contó que cuando volvió a Jujuy, se pasaba horas en las plazas, viendo chicos de mi edad, buscándome, diciendo ‘lo voy a reconocer, es mi hijo’. María Gracia, ya me había contado que yo tenía una familia, que mi mamá estaba casada con un señor, Valdez, y que tenía cuatro hermanos, Antonieta, Fernando, Ivana y María Elena. Después de ese primer encuentro con mi mamá allá en Palpalá, que fue un punto de inicio, bloqueé Facebook, bloqueé todo, no quería que nadie se acercara ni se relacionara conmigo. Era algo absolutamente nuevo, desconocido”, recordó Carlos González en 2018.  

Rosa también le contó a su hijo que cuando pasó toda esta tragedia, ella tenía sólo 20 años, que no tenía mamá, había muerto, y que su papá la echó de la casa y le prohibió a sus hermanos hablarle. La patrona le dijo que no podía trabajar embarazada y que cuando el bebé naciera ‘lo tenés que entregar, no vas a poder con él’; y que cuando nació Carlos, la mujer la intimó: ‘Con ese chico no volvés a esta casa’. También le dijo que su novio, que vivía en Campo Santo, Salta, no quería saber nada de ser padre.

En el hospital ‘Pablo Soria’ se apiadaron de Rosa y la dejaron estar internada durante dos semanas: “No tengo dónde ir”, les dijo la mujer a los médicos y enfermeras. Al regresar a la casa de Mary Ojeda, la mujer le dio un ultimátum: ‘Acá no podés estar con el bebé. Lo entregás o te vas’. Semanas después, le dieron una solución: ‘Ya tenemos una familia que está buscando un hijo’. Era el empleado administrativo de Fabricaciones Militares y la agente de la Policía Federal.  

Rosa Elena Mealla le contó a su hijo Carlos cómo ocurrió la apropiación: ‘Pensé que iba a demorar mucho y que no nos iban a separar. Pero un día, debe haber sido una semana después de volver del hospital, llegaron a la casa de la señora Mary, Paulino Arias y un doctor, un abogado. La señora me dijo ‘prestame el chico’ y te agarró. Mientras yo hablaba con el abogado, Paulino juntaba todo lo tuyo. Yo había escondido tres fotos. Después me hicieron ir a un estudio del abogado, ahí la conocí a tu mamá, la única vez que la vi. Ahí te agarraron, se lo dieron a ella y nos volvimos a lo de la señora Mary’.

La madre de Carlos regresó a la casa de su patrona y entró en depresión. No comía y mucho menos, trabajaba. Mary Ojeda también solucionó a su manera la situación: ‘Lo que podés hacer, es irte’, le dijo. En la terminal de ómnibus a punto de viajar al Sur, donde ya la habían advertido de que no regresara a Palpalá; no averiguara qué pasó con Carlitos y ‘no hiciera nada de nada porque ellos se iban a enterar’, Mary Ojeda sentenció a Rosa: ‘Nunca te olvides que tuviste un hijo y lo entregaste’.

“Mi mamá tenía miedo y culpa. Miedo por lo que le podía pasar; y culpa por haberme entregado. Yo ahora, la entiendo, entiendo su situación, sola, sin familia y con todos en contra. Me contó que le dio parkinson hace como diez años y que tenía miedo de no volverme a ver”, recordó Carlos a principios de 2018, cuando se decidió a contar su historia. Cuando madre e hijo se reencontraron, después de cuatro décadas, el parkinson disminuyó paulatinamente.

Ex directivo de Altos Hornos Zapla, ex intendente de Palpalá entre 1980 y 1983, en los tramos finales de la dictadura instaurada en marzo de 1976, coordinador general de Cáritas Diocesana Jujuy hasta su muerte en diciembre de 2021; intermediario en la apropiación irregular del hijo de Rosa Elena Mealla, Paulino Arias es omnipresente en Palpalá: “Mi hermana Ivana está casada con un nieto de Paulino Arias; y la coordinadora general del colegio donde trabaja mi hermana María Elena, es la hija de Mary Ojeda. Hasta hoy, esa gente sigue siendo poderosa”, marcó Carlos.

Entre 2015 y 2021 Carlos viajó a Jujuy a festejar sus cumpleaños en familia. También los Día de la Madre, los cumpleaños de sus hermanos y las fiestas de fin de año. Su hermana menor, María Elena –la más confidente-, “allanó el camino, pudimos asimilar todo y gracias a ella el camino fue más fácil. Mi mamá tenía miedo de que no la perdonara, pero yo le dije que lo importante era que ya estábamos juntos nuevamente”.

“La historia de Carlitos y Rosa, es la de miles de mujeres separadas de sus hijos. En los registros de la CoNaDi tenemos más de 12 mil hijas e hijos buscando a sus madres y padres; y sólo a 500 madres. Por eso la importancia de esta campaña ”Mamás que buscan“, para que ellas sepan que acá estamos para ayudarlas a encontrar a sus hijos. Rosa no supo cómo buscar a su hijo y como ella son miles de casos, porque fueron y son víctimas de un sistema que se aprovechó de su vulnerabilidad”, destacó María Gracia Iglesias.

A mediados de 2020 en plena pandemia por el Covid-19, los médicos le diagnosticaron un cáncer avanzado a Carlos. Sus hermanos lo buscaron en Córdoba y pasó sus últimos meses en Palpalá, con su mamá Rosa. Falleció en 2021.  

GM